El pasado martes 6 de diciembre Cristina Fernández de Kirchner (CFK) fue hallada culpable de una serie de delitos de corrupción durante sus gestiones como presidenta de la Argentina. Así lo fijó un tribunal de primera instancia, con lo cual ahora vendrá un proceso de apelación segura de su parte, lo cual hace que el tema de fondo no se resuelva en el corto o mediano plazo.
La actual vicepresidenta no se ve por ahora impedida de presentarse para cualquier cargo electivo en 2023. Sin embargo, una vez conocido el fallo, ella dijo que «mi nombre no va a estar en la boleta del 2023. No voy a ser candidata, no voy a tener fueros». Eso causó políticamente más impacto que la crónica de una sentencia anunciada.
Teniendo en cuenta las circunstancias, lo más razonable es tomar con pinzas dicho anuncio, ya que de aquí a la inscripción de candidaturas faltan casi siete meses. Solo para tomar un parámetro, ella anunció que formaría fórmula presidencial con Alberto Fernández y la conformación del Frente de Todos el 18 de mayo de 2019, a un mes de la fecha de presentación, generando una sorpresa en todo el espectro político.
Cristina utilizó en su defensa los típicos argumentos conspirativos de la teoría del lawfare: poderes económicos y mediáticos concentrados que controlan el poder judicial juegan en contra de gobiernos populares que han distribuido la riqueza. A esto le agregó un acento importante en la proscripción, dado que el fallo judicial la inhabilitaría como candidata. Así trata de emparentarse con las situaciones que han vivido Lula, Rafael Correa y Evo Morales. En este caso tildó al tribunal de «pelotón de fusilamiento». Su objetivo es politizar por completo el proceso judicial de modo de quitarle total legitimidad.
Un largo desgaste
Dado el desgaste que viene arrastrando en la opinión pública hace mucho tiempo, los argumentos de la expresidenta solo están destinados a nutrir de un relato a su dirigencia más fiel y a su voto duro. Fuera de eso no tiene impacto, ya que el 70 % de la ciudadanía cree en su culpabilidad en las causas de corrupción. Su alto rechazo le impide trascender a votantes independientes y moderados que la apoyaron en el comicio de 2019.
En las semanas previas al fallo judicial había comenzado un operativo clamor para que ella sea candidata a presidenta. Sin embargo, en el mundo político, periodístico y empresarial nadie creía que eso fuese a concretarse. En primer lugar, porque sus posibilidades de derrota son altas y así perdería el invicto. Segundo, si perdiese, su capacidad de liderazgo dentro del oficialismo se vería mellada de modo profundo. Tercero, porque la situación que deberá administrar el próximo mandatario es altamente compleja en lo económico y social, y no habría buenas noticias para dar.
Este anuncio quizá le dé algún brío al presidente Alberto Fernández de intentar su reelección, aunque el balance de estos tres años de gobierno es altamente negativo para la mayoría y tampoco goza de mucho apoyo interno, además de que su relación con Cristina está en punto muerto.
Pero el oficialismo no tiene alternativas competitivas. Los nombres que circulan son los del actual ministro del Interior, Wado de Pedro —muy fiel a la vicepresidenta—, el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Capitanich —quien ya fue jefe de gabinete de CFK— o el mandatario de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Una mención aparte merece el actual superministro de Economía, Sergio Massa, exopositor a CFK, quien depende de que la inflación baje sustantivamente para lograr consenso interno y externo. Como se puede apreciar, un panorama bastante aciago. De todos modos, ninguna de esas figuras tiene posibilidades de desplazar el fuerte liderazgo de Cristina dentro del Frente de Todos. Así, la suerte oficialista está totalmente atada a las decisiones que ella tome.
La política exterior
Un detalle relevante en todo esto es la política exterior argentina, que muestra una clara ambigüedad debido a las urgentes necesidades económicas del país. Por un lado, mantiene posiciones de solidaridad con gobiernos afines ideológicamente, como lo marca su alineamiento con el Grupo de Puebla y la CELAC (aunque hubo un conflicto con López Obrador por la definición de la presidencia del BID). Por el otro, el ministro Massa que hace gala de su buena relación con Estados Unidos y los organismos multilaterales de crédito, sobre el todo el FMI, que audita trimestralmente las metas del programa económico. Sin el visto bueno político del gobierno de Biden y el Departamento del Tesoro, la Argentina entraría en un tembladeral de corto plazo.
Con un oficialismo que se reconoce perdedor para 2023, la corriente populista de la Patria Grande está en retirada o atravesando situaciones muy complicadas: Cristina Kirchner en el panorama descrito, Evo Morales distanciado del presidente Arce, Correa en el exilio escapando de la justicia ecuatoriana, Maduro obligado a hacer un gran ajuste económico, Ortega convertido en dictador absoluto y Castillo recientemente destituido. Más allá de su solidaridad pública con CFK, Lula está destinado a jugar en el centro, en función de su coalición. Boric trata de moderarse para no perder los logros de Chile en treinta años y Petro no parece querer tirar demasiado de la cuerda.
En función de todos estos elementos, quizá se esté frente a un punto de inflexión político, que no solo marcaría una derrota del oficialismo argentino el año próximo, sino también un desgaste estructural del liderazgo de Cristina Kirchner en el marco de la coalición formada en 2019.
.
