Las elecciones presidenciales venezolanas refuerzan las fundadas críticas hacia su sistema electoral y, aunque sus resultados abren las puertas de una reunificación opositora, dejan la amarga sensación de un recrudecimiento autoritario. ¿Hay oportunidad para la restauración democrática?
El anuncio, esta vez, fue temprano: el presidente Nicolás Maduro fue declarado electo con un 68 % de los votos, en la elección presidencial venezolana con más baja participación de electores en toda su historia contemporánea, menor a la mitad de los electores. Entretanto, los dos candidatos importantes a la zaga, el exgobernador Henri Falcón y el pastor protestante Javier Bertucci, denunciaron las irregularidades del proceso y solicitaron la repetición de las elecciones.
Es difícil comentar las cifras de los resultados intrínsecamente, puesto que el sistema electoral planteado desde el chavismo, tras la derrota electoral parlamentaria de 2015, ha implicado la escalada de abusos de poder habituales de amedrentamiento, coerción y uso sesgado de reglas electorales, con una estructura de control social perversa, que aprovecha la miseria impuesta por las políticas socialistas como herramienta para la movilización partidista: a cambio del voto, se ofrecen beneficios sociales directos en una red de distribución estatal que exacerba el control sobre los individuos: el carnet de la Patria y los comités locales de alimentación. Puesta a prueba, la movilización no habría funcionado: ni los millones inscritos en el partido de gobierno ni los millones suscritos a esta red asistencial politizada habrían asistido a sufragar. En una elección en la que la abstención fue la norma, se refuerza el maquillaje de datos.
Y esta es la matriz que forzó la división opositora en esta ocasión. El núcleo de partidos de la Unidad Democrática, asistentes a las rondas de negociación a finales del año pasado en República Dominicana en pos de garantías electorales que corrigieran estas iniquidades sistemáticas, optó por no participar, rompiendo una línea de crecimiento electoral de más de una década. El exgobernador Falcón, apostando al descontento de las bases con esta decisión, y al descontento general hacia el gobierno, decidió participar con una pequeña coalición de partidos periféricos de oposición dentro y fuera de la alianza opositora y con un importante programa modernizador; su postura, al final del proceso, lo coloca en el bando del escepticismo acerca de las elecciones. El Frente Amplio, la unión entre la Unidad Democrática y sectores importantes de la sociedad civil, denunció la ausencia de transparencia de los resultados. Es una oportunidad para que la oposición se reunifique en torno a la petición de más democratización, con la bandera abierta de un nuevo proceso electoral. Pero, ¿tiene los recursos para exigirlo? ¿Son unas nuevas elecciones suficientes como medio para este cambio?
Otra lectura del proceso está en que la abstención electoral no es solo desfavorable al gobierno, sino que también implica un descontento hacia el liderazgo opositor, y no una aceptación de su línea política. De acuerdo con esta postura, estas elecciones nos dejan en un vacío que solo el vértigo de una emergencia antipolítica podrá llenar, atizado por la amargura que la más profunda crisis social y económica en Venezuela ha generado. El gobierno socialista pareciera haber vaciado de contenido al voto, toda vez que logró derrotar eficazmente a la protesta social, allanando riesgos inmediatos.
Lo cierto es que el presidente Maduro amanece con un nuevo sexenio, y que ha logrado desafiar todos los pronósticos sobre su final político. Pero los problemas con los que llega la alianza gubernamental no son escasos: las políticas públicas de empobrecimiento de la sociedad y de destrucción económica existen para el enriquecimiento del grupo gobernante, de manera que toda política pública alternativa sensata sería cara para la coalición, que es su verdadera base electoral. Pero también las sanciones personales del mundo occidental han afectado las capacidades de riqueza del círculo gobernante y su despliegue. Nótese además que, pese al alza de los precios petroleros, la crisis de la estatal energética venezolana PDVSA hace que no lleguen nuevos recursos a las arcas venezolanas. Fuera del financiamiento chino o ruso, y de rutas ilegales o heterodoxas de obtención de moneda dura —como el narcotráfico y las criptomonedas, alternativamente—, la estrechez y el desgaste de su propia burocracia no parecen tener solución.
Sin embargo, el gobierno tiene enormes ventajas. Pese al descontento, y sobre este, ha logrado acelerar la partidización de todo el Estado, incluyendo a las fuerzas armadas, en la cual más oficiales y tropas regulares salen a buscar nuevos destinos, siendo sustituidos por milicias cercanas al Partido Socialista. Pese a su falta de recursos, el gobierno cuenta con más herramientas que la sociedad civil y los partidos, desarticulados, perseguidos y empobrecidos. Pese a la crisis social, el gobierno ha mostrado que el costo humano de su permanencia en el poder no le es relevante. Pese al golpe de la abstención como muestra de la ebullición de la protesta social, puede ser también muestra de una decepción hacia toda oportunidad de cambio, la que se refleja en la creciente y comprensible emigración. El actual régimen chavista es uno donde la desesperanza y la represión son instrumentales para su dominio, y la legitimidad de origen o de ejercicio un asunto de menor importancia.
Esto nos lleva a considerar el ambiente internacional adverso. Para un sector de la opinión, la solución al problema venezolano —que es esencialmente uno de seguridad hemisférica, dada la crisis de emigración masiva y la circulación de tráficos ilícitos por el país suramericano, cabeza de playa de la inserción de Eurasia en el continente— es la intervención extranjera. Ciertamente, América Latina parece no estar dispuesta a tolerar al gobierno de Caracas, y los Estados Unidos han escalado su retórica contra el país; pero China y Rusia son protectores poderosos, y las venideras elecciones mexicanas pueden dar un respiro regional a Maduro y sus aliados que cambie el tono de los últimos años.
La resiliencia del sistema venezolano, en su primer sexenio abiertamente pos-Chávez, nos da cuenta de un régimen que buscará consolidar el liderazgo de Nicolás Maduro, el más ortodoxo de los socialistas, hacia un modelo donde el totalitarismo no sea ya un proyecto, sino una realización efectiva por encima de toda oposición social. ¿Tendremos los venezolanos cómo resistir o estamos condenados a vivir la realidad de los países sometidos bajo este peso ideológico?
