Tampoco en 2020 Bolivia encuentra la tranquilidad. Desde fines de marzo se intensifica una lucha por el poder entre el gobierno y la oposición, signada por la emergencia sanitaria, por la búsqueda de una fecha para nuevas elecciones y debido a las dificultades económicas de la población. La tarea del gobierno interino de pacificar el país dividido y organizar nuevas elecciones lo más rápido posible se convierte en una tarea gigantesca debido al estallido de la pandemia del coronavirus.
Consecuencias políticas de la pandemia
La pandemia del coronavirus golpea a Bolivia en el inadecuado momento de una transición política. La tarea del gobierno interino, de iniciar la pacificación del país y lograr nuevas elecciones, se torna extremadamente difícil. Los opositores políticos que en marzo y abril se mantenían cautelosos debido a la impresión de la aprobación generalizada de la población, ahora están haciendo todo lo posible para torpedear el trabajo del gobierno.
Los errores del Poder Ejecutivo dan aliento a los críticos. Queda en evidencia la fragilidad de la unión del gobierno multipartidario. Declaraciones y acciones no coordinadas, en particular por parte de los intransigentes anti-MAS en el Ministerio del Interior y Defensa, obligaron más de una vez a la presidenta a actuar. Además, hubo escándalos grandes (pagos excesivos por respiradores)
El partido del expresidente Morales ha perdido cohesión desde su partida en noviembre de 2019. Aunque sigue siendo la fuerza política más importante, pero ahora se divide en al menos tres fracciones:
- Los cocaleros del Chapare y sus representantes políticos, algunos de los cuales utilizan protestas violentas y armadas contra el gobierno.
- Representantes del MAS que, apoyados verbalmente por el exiliado Morales, que propagan la obstrucción política.
- Políticos más moderados del MAS, especialmente de El Alto, que critican al Gobierno interino, pero cooperan de manera limitada con él.
En el Poder Legislativo, estas tres facciones se encontraron recientemente, después de meses de profundo desacuerdo, particularmente para evitar que el FMI otorgue 327 millones de dólares en ayuda para combatir el COVID al gobierno, y para aprobar una nueva ley sobre el estado de emergencia que limita drásticamente la posibilidad del ejecutivo de sancionar a alborotadores mediante multas y encarcelamiento, y otorga al Poder Legislativo posibilidades de derogar dichas sanciones.
Así se combinan en el país más pobre de América del Sur tres objetivos difíciles de conciliar, y conforman una mezcla compleja. El interés por la protección de la salud choca con la voluntad de evitar una recesión y los efectos económicos y sociales resultantes. A esto se agrega la necesidad de elecciones anticipadas a las que debe llamar un gobierno interino, que no tiene la legitimidad de un gobierno electo, en un contexto signado por un cambio de era política, fragmentación, polarización, desconfianza e instituciones débiles.
Panorama
Para el gobierno de Jeanine Áñez, la situación actual lo coloca en el filo de una navaja, y comprende un potencial y también grandes riesgos. A pesar de los problemas descritos, el gobierno interino se benefició de la crisis durante mucho tiempo porque, en opinión de la mayoría de la población tomó decisiones sensatas en el terreno médico y técnico. Luis Arce y Carlos Mesa, principales oponentes de Áñez en la campaña electoral detenida, sufrieron durante mucho tiempo la omnipresencia de la presidenta y su valoración positiva de su gestión de la crisis.
Según una encuesta realizada en abril
- Jeanine Áñez (coalición de centro derecha “Juntos”, el candidato a la vicepresidencia es el político y empresario Samuel Doria Medina),
- Luis Arce (partido de izquierda MAS, el candidato a la vicepresidencia es el excanciller David Choquehuanca)
- Expresidente Carlos Mesa (coalición de centro izquierda “Comunidad Ciudadana”, el candidato a la vicepresidencia es el abogado Gustavo Pedraza).
Los otros candidatos, entre los que está Luis Fernando Camacho de Santa Cruz, solo tienen una importancia regional, no decisiva en el próximo evento electoral.
El Gobierno interino se encuentra en una situación difícil hasta que se confirme el 6 de septiembre propuesto por la OEP, como fecha para las elecciones presidenciales y legislativas finalmente. También es concebible que una escalada de pandemia pueda imposibilitar también esta fecha. Aunque pueda presentarse como administradora de crisis en la pandemia, esto solo tendrá éxito mientras los efectos económicos y sociales sean limitados. Además, desde una posición vulnerable, el gobierno interino debe mantener equilibrios difíciles entre la lucha contra la pandemia, los derechos democráticos, y el bienestar social y económico.
Que, a pesar de la tensa situación, hasta ahora no se hayan producido grandes disturbios o brotes de violencia se debe principalmente a las múltiples divisiones en el MAS y a la persistente paciencia de la mayoría de los bolivianos. Sin embargo, el estado de ánimo tenso puede cambiar rápidamente con el inicio de una recesión, aumentando las discusiones sobre la administración del gobierno, la demanda creciente de nuevas elecciones y la reactivación de la economía. Las amenazas desde los sindicatos y las organizaciones de su entorno cercanas al MAS no dejan ninguna duda al respecto.
La resolución de este dilema boliviano es, por lo tanto, extremadamente difícil. Para el gobierno de Áñez el camino estará signado por decisiones fundamentales respecto a la salud, la democracia y la economía, que deben tomarse en forma rápida y decisiva para evitar que el país sucumba al caos.
Este texto fue publicado originalmente en alemán por la oficina KAS-Bolivia: https://www.kas.de/de/web/bolivien/laenderberichte/detail/-/content/zwischen-neuwahlen-pandemie-und-rezession
Autores: Dr. Georg Dufner y Steffen Behme
Traducción al español de Manfred Steffen, oficina KAS-Uruguay
