Las recientes protestas en Perú pusieron al país en el epicentro de la agenda regional. Movilizaciones masivas colmaron los noticieros para mostrar el rechazo de la sociedad hacia el gobierno interino de Dina Boluarte, quien asumió al frente del Ejecutivo luego de que el presidente Pedro Castillo diera un golpe de Estado anulando al Congreso de la República el pasado 7 de diciembre. Castillo está preso y Boluarte, quien fuera su vicepresidenta, se enfrenta a un clima hostil con un bajo respaldo político.
Dos narrativas chocan. Por un lado, el hecho real del mensaje televisado de Castillo liquidando las instituciones democráticas. Por el otro, un relato articulado por la llamada prensa alternativa que busca instalar que Castillo fue víctima de una componenda del Congreso y la élite política tradicional, donde se cuelan grupos al margen de la ley que se beneficiaron durante el mandato de 18 meses de Castillo. Si bien esta última narrativa es difícil de sostener, ha ganado terreno no solo dentro del Perú, sino a nivel internacional. Mandatarios como el colombiano Gustavo Petro han mostrado solidaridad con Castillo.
Para comprender las claves de la crisis peruana y las posibilidades de un llamado a nuevas elecciones como alivio a las tensiones políticas, conversamos con el congresista independiente Carlos Anderson, economista, experto en finanzas y electo para el periodo 2021-2026.
Crisis a la peruana
La palabra crisis es la que determina la conversación sobre política en el Perú desde hace cinco o siete años. ¿Por qué no obstante debemos tener esperanza?
Carlos Anderson: En términos históricos, la democracia peruana es un hecho bastante reciente. Es una democracia joven. Tiene una estructura política y económica con huecos por todas partes. Eso hace que cuando ha habido bonanza económica, la sociedad se ha sentido satisfecha porque ha tenido crecimiento sin mayores cambios sustantivos en la estructura del país. Y descuidando que hay una división terrible entre el mundo urbano y el rural, y controlando la captura del Estado por parte de los intereses privados y no por los de las grandes mayorías.
Perú, por ejemplo, aparece como un país de ingresos medianos altos, pero cuando examinamos con calma vemos que 35 % de la población no tiene acceso al agua ni desagües. Por un lado, hay gente en San Isidro (Lima) con indicadores de calidad de vida y desarrollo humano similares a los del primer mundo, con expectativa de vida de 80 años o más. Pero, a la vez, en la misma Lima hay gente con expectativa de vida que apenas pasa los 60 años.
Hemos llegado tarde a la creación de nuestras instituciones. Esto también puede ser una oportunidad, como dice Thomas Friedman, porque ya sabemos las cosas que no funcionan. Tenemos una clase política que ya tiene treinta años en el poder, que ahora debe salir de ahí.
Castillo y el golpe fracasado
¿Por qué fue golpe el accionar de Pedro Castillo y por qué fracasó?
CA: Sencillo. El presidente representa a la nación, es el jefe supremo de las fuerzas armadas. Este es un sistema presidencialista. Entonces, cuando el presidente sale en televisión a decir que va a cerrar el Congreso, los tribunales y pide captura de la fiscal de la nación, se pone al margen de la ley.
Interrumpir el trabajo del Congreso ya lo pone fuera de la Constitución. Como en muchas cosas del gobierno de Castillo, todo se hacía sin autoridad y sin organización. Por tanto, salió mal, y eso no me extraña.
Fuera del Perú y en el interior del país se ha vendido una idea de que se dio un golpe del Congreso hacia Castillo, fundamentalmente impulsada por partidos de izquierda, pero nada más lejos de la realidad.
La batalla de los relatos
¿Qué o quién organiza la movilización social contra el gobierno interino? ¿Es contra la presidenta Dina Boluarte o contra el sistema político?
CA: Es una combinación de varias cosas.
Durante treinta años se generó una narrativa del «milagro» peruano, con el crecimiento económico. Pero esto no era coincidente con la realidad, porque al mismo tiempo había gente en el mundo rural sin servicios ni oportunidades. Esto fue generando un caldo de cultivo para el descontento. Luego el Estado vivió un proceso de descentralización que, en vez de acercar la política a la gente, descentralizó la corrupción, generando frustración por todas partes.
Cuando Castillo da el golpe y asume Dina Boluarte, personas del sur y de la sierra que habían votado por Castillo reaccionaron contra eso, en parte, porque vivían de esa narrativa de que el Congreso y la clase política habían dado un golpe contra Castillo.
En los 18 meses que duró el gobierno de Pedro Castillo la producción de coca creció como nunca, también la tala ilegal, no hubo captura de nadie. Dentro de ese mundo rural también había gente que se beneficiaba de eso, de actividades ilegales, digamos «en negro», que salieron a reaccionar contra eso. Fue una confluencia del relato instalado en la periferia y de grupos al margen de la ley que reaccionaron contra el gobierno instalado por mando constitucional. Y la protesta no fue inocente, sino con una estrategia y recursos pensados para poner contra las cuerdas al gobierno, con la toma sistemática del aeropuerto, el cierre de carreteras y el bloqueo a las cadenas de suministro, que tuvieron como objeto asfixiar la capital del país. No fue una movilización espontánea con gente que solo tenía ganas de protestar. Hubo estrategia detrás.
La debilidad de Boluarte
¿Cómo evalúa la actuación de Boluarte y de su gabinete en este contexto?
CA: La conformación del gabinete ha sido mejor con respecto del anterior, más técnico y propicio, pero con menos capacidad política. De tal manera que ha sido igual de ineficaz que el anterior. Ha ignorado la batalla de las narrativas en el plano político y no ha tenido operadores que puedan responder a eso. De igual forma, hubo un fracaso total en el uso de los servicios de inteligencia.
Cuando recién asumió la señora Boluarte yo tuve una reunión con ella. Le dije: «Usted debe reconocer la extraordinaria debilidad que tiene su gobierno y su poco respaldo político. Usted no tiene el apoyo de los partidos, de las organizaciones sociales, empresariales, de las fuerzas vivas del país. Usted fue expulsada de su partido, el que la llevó al poder. Así que creo debe hacer de eso una oportunidad poniéndole una fecha de caducidad a su gobierno y llevar al país hacia unas elecciones. No deje que los violentistas lo hagan». Pero ocurrió todo lo contrario y, en consecuencia, los violentos fueron los que marcaron la pauta del gobierno.
El Estado no se preparó para contener y desarmar la protesta violenta, con todo lo que pagamos en inteligencia y en seguridad. El gobierno del Perú, por ineptitud, no tuvo capacidad de organizar la respuesta a esa guerra avisada.
La Constitución y el choque de poderes
¿Qué posibilidades tiene el sistema político de hacer cambios para volver a aglutinar las demandas de la sociedad peruana?
CA: Este Congreso ya no puede hacerlo porque se ha deslegitimado. Son 130 voluntades que no hemos sido capaces de ubicar puntos de encuentro en función del interés nacional.
La Constitución peruana es un híbrido entre régimen presidencialista y régimen parlamentario, donde existe el voto de confianza para el gabinete de gobierno, que es una tontería, porque le pide al Congreso que sancione a gente que no conoce y que ha sido elegida por el Ejecutivo. Si, por alguna razón, se niega dos veces seguidas al gabinete, el presidente tiene la capacidad de cerrar el Congreso. Esa es una espada de Damocles sobre el Parlamento.
De igual manera, la Constitución instala que la única forma de vacar
Partidos y militares
¿Qué rol están jugando los partidos políticos y las fuerzas armadas?
CA: Las fuerzas armadas no tienen absolutamente ningún rol. Su participación con la parte más nefasta del régimen de Fujimori las deja fuera de esto. No tiene participación institucional en la crisis ni en su solución.
Por otra parte, prácticamente ya no existen partidos políticos en el Perú; lo que existen son dueños con partidos. Están totalmente en otra era y por lo tanto imposibilitados de recaudar y seguir los requerimientos de la ciudadanía. Luego, ha habido una serie de reformas que no ayudan a la operatividad de los partidos, con diversas exigencias que los hacen inviables en lo organizativo. Son tareas pendientes para un nuevo Congreso.
¿Nuevas elecciones pueden ayudar a resolver la situación de crisis?
CA: Una elección es mejor que nada porque sin eso no hay posibilidad de hacer reformas mínimas e ir desactivando la falta de legitimidad presente en la actual legislatura.
La frase «cada Congreso es peor que el otro» la dice por lo general la gente del Congreso anterior. Yo creo que el Congreso, tal como está instrumentado en la Constitución, representa bien al país. Somos un país desunido, desintegrado territorialmente, con desigualdades enormes en lo educativo y profesionales, y entre lo urbano y lo rural. La democracia ha permitido que cualquier persona mayor de 18 años pueda acceder a votar y a ser representante.
Tenemos que empezar a entender que en el Congreso tenemos una imagen fiel de lo que somos. No nos gusta vernos en ese espejo. De tal manera que, si algo debemos cambiar y mejorar, es la educación y las condiciones de vida de la sociedad para tener un mejor reflejo de nosotros mismos.
Cuando yo veo el plan de gobierno de Perú Libre
La comunidad internacional
¿Qué rol juega y debe jugar la comunidad internacional en la situación del Perú?
CA: Creo que la comunidad internacional debe abstenerse de intervenir en los asuntos internos del Perú y, en todo caso colaborar para que los caminos constitucionales sigan su curso. La OEA ha tenido observaciones y crítica en lo que ocurre, amén de que sus embajadores ahora son mayoritariamente de izquierda y algunos de ellos comulgan con Castillo. Un ejemplo es el embajador de México, que opera constantemente como apoyo a Castillo.
Los partidos de izquierda no han tenido ningún empacho en crear narrativas sin ningún tipo de evidencia sobre lo que está ocurriendo con Castillo y ayudar a instalar que fueron el Congreso y el sistema político quienes le dieron un golpe al «inocente» expresidente.
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