La Constituyente que impone el Partido Socialista Unido de Nicolás Maduro contra las grandes mayorías venezolanas puede ser un error arrogante, o el último paso para imponer un modelo totalitario.
Imagen: Guillermo Tell Aveledo
En ninguna medida ha sido una jornada electoral normal. Venezuela acaba de pasar por un fraude inusual: una elección no competitiva en un país que, al menos formalmente, debe ser una democracia pluralista. Esta elección, cuyos procedimientos han sido opacos y no tiene medidas ordinarias de verificación, no solo ocurre con una baja participación sino además con el recrudecimiento de la violencia estatal contra las protestas de la oposición y la sociedad civil.
Son, así, nuestras primeras elecciones plenamente autoritarias, promotoras de una Asamblea Constituyente que se propone reescribir la Constitución venezolana al uso de un socialismo totalitario, imponiendo el dominio único del oficial Partido Socialista Unido de Venezuela y anulando los espacios políticos controlados por la oposición y la disidencia.
Han sido unas elecciones que muestran de lo que es usual en Estados totalitarios: sustituye el padrón electoral histórico por uno determinado desde el Ejecutivo, hace prohibitiva la postulación de candidatos contrarios al gobierno, distribuye los escaños entre las diversas facciones oficiales y sirve como mecanismo de monitoreo poblacional, vinculando el voto directa y groseramente a las redes asistenciales del Estado y a las nóminas de empleados públicos. El presidente Maduro, sin disimulo alguno, mostró su «Carnet de la Patria», la tarjeta de acceso a bienes y servicios racionados por el gobierno, tras ejercer su voto.
La dualidad es evidente: la Asamblea Constituyente avanzaría bajo la negativa de millones de venezolanos, mientras el Poder Legislativo legítimamente constituido, la Asamblea Nacional, corre el riesgo de ser anulada por aquel cuerpo. Mientras el proyecto de institucionalizar de modo permanente el programa económico, social y político del PSUV avance, es probable que aumente la conflictividad política, inspirados como se encuentran decenas de miles de venezolanos en ejercer el mandato constitucional de restaurar la Constitución vigente.
El contumaz cierre de los canales institucionales y electorales por el gobierno de Maduro ha invitado a un aumento de la protesta hacia la rebelión, que puede terminar imponiendo medios no pacíficos. Si nos atenemos a las víctimas de la jornada, que se cuentan por varias decenas en todo el país, el terrorismo de Estado anuncia su ejercicio más ominoso.
Ante esto, las reacciones de la comunidad internacional han sido notorias. Por una parte, casi todas las naciones comprometidas con la democracia pluralista condenan el proceso electoral como írrito y de resultados nulos. Los autoritarismos de alcance e influencia globales, como China, Cuba y Rusia, demandan respeto a la soberanía del Estado venezolano por encima de su población disidente. Esta división será explotada por la propaganda chavista, buscando con ello atizar un sentimiento nacionalista ante su menguada popularidad.
El fraude constituyente no parece ser el fin del conflicto político en Venezuela, sino el prólogo de un período terrible, que lleve a un enfrentamiento más acusado, a la imposición definitiva del totalitarismo, o a una creciente anomia anarquizante. El futuro de la libertad de la nación suramericana está gravemente comprometido.
Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas