Geopolítica y solución negociada en Venezuela

En una entrega anterior comentamos los problemas que se presentan para quienes se afanan en la búsqueda de una solución negociada y pacífica al conflicto en Venezuela, haciendo énfasis en el carácter profundamente desigual de las fuerzas y actores internos que se mantienen enfrentados. Se argumentó que, a diferencia de lo que sucede en conflictos armados, no hay una mínima equivalencia en cuanto a daños sufridos ni en cuanto a la legitimidad de los reclamos, objetivos y procedimientos que caracterizan a los grupos en lucha. Se trata, más bien, de una situación tiránica por la que un régimen ampliamente cuestionado por las naciones democráticas de Occidente obstaculiza el funcionamiento de los procedimientos constitucionales para el ejercicio de la voluntad ciudadana y la canalización pacífica del conflicto político.

Dicha situación complica en gran medida la labor de cualquier entidad mediadora, dado que en esencia toda labor de mediación implica algún grado de imparcialidad o neutralidad. La naturaleza de la emergencia venezolana demanda, por el contrario, una presión internacional orientada no solo a reencauzar al país por la senda de la democracia, sino incluso una agenda mínima de cooperación para la estabilización institucional de un país cuyas capacidades estatales (entendidas al menos como las capacidades de un Estado democrático para garantizar a sus ciudadanos el funcionamiento de las tareas y servicios básicos) se han visto severamente deterioradas. Máxime cuando dicho deterioro no ha sido fruto del conflicto, sino del ejercicio espurio y delictivo de las facultades del Estado.

De lo anterior se colige que la labor internacional no habría de estar enfocada tanto en conciliar las posiciones de los actores internos, procurando así sellar acuerdos en algún punto intermedio, como en propiciar más bien una transición (cambio de régimen) desde la autocracia hacia la democracia. Se trataría, en esencia, de acometer una tarea más o menos similar a la que en los años noventa desarrollaron muchas naciones democráticas con respecto al Chile que regía Pinochet o a la Sudáfrica en la que aún imperaba el apartheid. Lo ideal sería, por supuesto, hacerlo de modo que se neutralice y evite la violencia, estableciendo las bases para que los actores internos puedan acordar que nuevamente sean los procedimientos electorales y la primacía de la Constitución los que priven en la conducción de la conflictividad política.

Aunque con perspectivas e intereses distintos, tanto los Estados Unidos como Canadá y el Grupo de Lima, así como las naciones de la Unión Europea que participan en el Grupo Internacional de Contacto, han estado de acuerdo en ejercer la presión anteriormente descrita. Más allá de las iniciativas latinoamericanas y europeas, marcadas siempre por un afán de no intervención, han sido las sanciones estadounidenses (iniciadas por Obama y profundizadas por Trump) las que presionan al régimen venezolano para conversar privadamente en torno a su hipotética salida. Se asume en diversos ámbitos que esta creciente presión externa, ejercida por más de 50 gobiernos democráticos, estaría ya en capacidad de equilibrar las asimetrías que hasta ahora han estado presentes en el caso venezolano y obstaculizado la recuperación de su democracia.

No obstante, la complejidad geopolítica que al día de hoy reviste la realidad venezolana invita a revisar la idea de que ya se ha alcanzado el nivel y el tipo de presión suficiente para propiciar una salida negociada que verdaderamente modifique el actual statu quo.

A la luz de una cuidadosa revisión de los hechos, y desde una mirada que no pierda de vista el proceso en su globalidad, es evidente que el régimen revolucionario instaurado por el chavismo en Venezuela ha tenido siempre clara conciencia de la incompatibilidad que irremediablemente terminaría manifestando con respecto a las democracias liberales de Occidente. Desde fechas muy tempranas dicho régimen dio muestras de su vocación profundamente iliberal, contraria a los grandes consensos que el multilateralismo demoliberal había venido consolidando en el hemisferio durante la década de los noventa.

Ya en 2001 el gobierno de Hugo Chávez había despertado los recelos de Colombia por su actitud amistosa hacia las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN. Igualmente levantaba sospechas en España por el trato que brindaba a diversos personajes de la ETA. Ese mismo año se produjo un altercado diplomático entre Lima y Caracas por el caso de Vladimiro Montesinos, quien tras varios desmentidos del gobierno venezolano fue finalmente capturado en Venezuela y deportado al Perú. Ya para entonces había serios indicios de los vínculos de Chávez con la Cuba castrista, y este era también el único jefe de Estado democráticamente electo que para ese entonces se había desplazado hasta Bagdad a entrevistarse con Saddam Hussein.

La lista podría extenderse largamente, mencionando los intentos de Chávez para que Francia liberase a Ilich Ramírez Sánchez (El Chacal) o el singular papel ejercido por Ramón Rodríguez Chacín en la liberación (previo pago de rescate) de venezolanos secuestrados por las FARC. Aquí solo nos limitaremos a señalar que todos estos fueron tempranos indicios de una heterodoxa orientación geopolítica que la revolución bolivariana ha venido concretando con el paso del tiempo, y por la cual hoy en día cuenta con el respaldo público, notorio y efectivo de importantes aliados estatales (Rusia, China, Irán, Turquía y sobre todo Cuba) y paraestatales (como las FARC, ELN o Hezbolá), por no mencionar vínculos cada vez más documentados con el crimen organizado transnacional.

En virtud de todo lo anterior, Venezuela es hoy no solamente el vértice americano de potentes agendas geopolíticas extrahemisféricas, antidemocráticas e iliberales, sino un verdadero hub de actividades delictivas transnacionales. La revolución bolivariana no es una empresa exclusivamente venezolana; es un proyecto al cual se mantienen asociados jugadores globales muy poderosos que no comparten los mismos escrúpulos ni respetan los mismos límites que la mayor parte de los gobiernos democráticos de Occidente. Por lo tanto, la pregunta en torno a la posibilidad de alcanzar una solución negociada que permita recuperar la democracia en Venezuela pasa previamente por otra, más radical: ¿hasta qué punto están dispuestas las democracias occidentales a elevar la apuesta para reinsertar a Venezuela dentro de la órbita geopolítica de Occidente?