Esta ley desata una gran polémica y despierta sospechas en la sociedad de Honduras. Se plantea la pregunta: ¿se trata de bienestar para todos o de un seguro para corruptos?
Con el establecimiento de las llamadas zonas de empleo y desarrollo económico (ZEDE), el Gobierno de Honduras quiere atraer inversiones e impulsar la economía del país. Sin embargo, también existe la sospecha de que las ZEDE pretenden crear un Estado dentro del Estado, permitiendo que los políticos corruptos y sus «socios» escapen a la acción judicial sin tener que huir al extranjero. La legislación que permite la creación de las ZEDE se remonta a 2013, cuando el actual presidente de la República, Juan Orlando Hernández, se desempeñaba como presidente del Congreso Nacional (2010-2014). Este emblemático proyecto logró la aprobación de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que fue nombrada de manera arbitraria por el Congreso Nacional en 2012.
Este año, el presidente Hernández ha retomado el proyecto con renovado vigor. Por un lado, puede referirse al hecho de que Honduras ha sido particularmente golpeada económicamente por la pandemia de covid-19. Por otro lado, puede tener que ver con el hecho de que el presidente se está acercando al final de su mandato y quiere crear un retiro para sí mismo, sobre todo, si se diera el caso de que los organismos nacionales e internacionales de justicia realicen investigaciones sobre las acusaciones de apoyo al negocio internacional de la droga.
Las ZEDE
En cualquier caso, el partido de gobierno es la única fuerza política que sigue apoyando el concepto de ZEDE. No obstante, se está formando una oposición política y social, porque temen que el ansiado desarrollo económico sólo beneficie a unos pocos, de por sí, ya privilegiados.
La sociedad hondureña se debate en torno a las ZEDE, destacando que su marco normativo se instauró en medio de controversias y sus efectos comienzan a emerger. Por una parte, sus detractores manifiestan que estas representan un alto peligro para la soberanía, integridad y seguridad del territorio nacional. Las zonas especiales están autorizadas para establecer sus propios sistemas de educación, salud, seguridad social y promoción de la ciencia, de modo que su aplicabilidad beneficiará a segmentos privilegiados de la sociedad, mientras la mayor parte de los hondureños continuarán desarrollándose en situaciones de vulnerabilidad. Se estima que entre el 60 y 70 % de la población vive en condiciones de pobreza.
En otra dirección, los promotores de las ZEDE declaran que el objetivo general es incentivar y atraer la inversión extranjera para generar nuevas fuentes de empleo, destacando que el territorio hondureño posee diversas riquezas naturales que impulsarán la inversión y la rentabilidad. Por lo tanto, se deben propiciar estas zonas independientes y autónomas con normativa especial para estimular el capital transnacional.
Diversos sectores de la sociedad se han presentado ante la Corte Suprema de Justicia y el Congreso Nacional para interponer recursos de inconstitucionalidad y derogar estas zonas especiales. Sin embargo, esto no ha sido obstáculo para que en algunos territorios del país se comiencen a edificar proyectos bajo esta normativa. En consecuencia, aumenta la tensión y la polarización social.
Aún se desconocen los alcances de este proyecto y sus efectos a futuro. Se espera que los congresistas del próximo período constitucional asuman un rol decisivo sobre la continuidad o anulación de las ZEDE.
Consideraciones finales y perspectivas
Ante el escenario que gira en torno a las zonas de empleo y desarrollo económico, es necesario preguntarse también qué tipo de inversionista vendría a depositar sus recursos financieros en este proyecto.
Según el marco constitucional de Honduras, el 28 de noviembre de 2021 se debe desarrollar un nuevo proceso de elecciones generales y designar a las autoridades de los cargos de elección popular para el período 2022-2026. De los 14 partidos políticos inscritos para la contienda, solamente el Partido Nacional de Honduras (partido de gobierno) ha manifestado su aceptación y continuidad con las ZEDE.
En la actualidad se tiene previsto desarrollar cabildos abiertos en diferentes comunidades y municipios para establecer la aceptación o rechazo a las ZEDE. Entre los principales temas a tratar figuran los vinculados con la expropiación de tierras de alta y baja densidad poblacional.
Aunado con lo anterior, ha trascendido que en el municipio de Roatán (departamento de Islas de la Bahía), sus autoridades locales analizan si es posible convertir el municipio completo en una ZEDE. De esta manera, todos los pobladores podrían gozar de las mismas oportunidades y beneficios que ofrece la normativa. Esta nueva condición no se concibió cuando se emitió la Ley Orgánica de las ZEDE y surgen nuevas interrogantes: ¿los inversionistas estarán dispuestos a incluir en sus proyectos a todos los residentes del municipio?, ¿la máxima autoridad de Roatán será el alcalde municipal o el secretario técnico de la ZEDE?
Referencias
Acuerdo n.º CSJ-01-2021. Establecimiento de la jurisdicción especial de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 14 de junio de 2021.
Decreto n.º 120-2013. Por medio del cual se expide Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). 6 de septiembre de 2013. Diario oficial La Gaceta n.º 33,222.
Decreto n.º 9-2013. Por medio del cual se ratifica el decreto n.º 236-2012 de fecha 23 de enero de 2013. Diario oficial La Gaceta n.º 33,080.
ONU. (2021, 8 de junio). Naciones Unidas Honduras. Obtenido de las ZEDE podrían suponer serios riesgos para la garantía de los derechos humanos por parte del Estado de Honduras. https://honduras.un.org/es/130598-las-zede-podrian-suponer-serios-riesgos-para-la-garantia-de-los-derechos-humanos-por-parte
UNAH. (2021, 22 de junio). Blog de Facultad de Ciencias Jurídicas. https://blogs.unah.edu.hn/cienciasjuridicas/carta-publica-zedes/
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