La segunda ola de coronavirus está enfrentando dos modelos distintos de gestión de la pandemia: limitar libertades al conjunto de la sociedad o transferir responsabilidades a los individuos. Por un lado, la nación gobernada por el peronismo y el kirchnerismo (Frente de Todos) decretó más restricciones; por el otro, la Ciudad de Buenos Aires, donde gestiona el espacio opositor, Juntos por el Cambio, ofrece más libertades a la ciudadanía. Y es muy probable que estas diferencias aumenten a lo largo del año, por las elecciones legislativas, mientras disminuye la confianza de la opinión pública.
Es entendible la incredulidad de la ciudadanía si se tiene en cuenta que para afrontar la segunda ola del covid-19 el presidente Alberto Fernández apeló en abril a la misma receta que cocinó durante casi todo el 2020. Al menos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), compuesta por localidades y barrios de la Ciudad de Buenos Aires y del Gran Buenos Aires, donde vive el 40 % de la población del país, rige un combo de lockdown, toque de queda nocturno y cierre de las escuelas. Estas medidas vencerían el 21 de mayo. Pero como la historia del año pasado es tan reciente, muchos descuentan que las restricciones se mantendrán por meses, hasta que pase el invierno.
El presidente toma medidas drásticas como respuesta al aumento de casos de covid-19, que está rondando los 20.000 infectados por día, y por temor a la ocupación de las camas de unidad de terapia intensiva, que llegó al 78 % en AMBA, según el Ministerio de Salud. Con más de 68.000 fallecidos por coronavirus, Fernández apela a las mismas restricciones que el año pasado pero en un terreno afectado por el lockdown de 2020. La pobreza subió 7 puntos desde que asumió y afecta al 42% de la población, y la inflación se mantiene en niveles muy altos, al punto de que los precios al consumidor subieron un 4,8 % de febrero a marzo, según el Indec. Entonces, la población queda a merced del Gobierno, que vuelve a centrar sus medidas en la supervivencia biológica de los ciudadanos. Y esto parece no conformar.
Así lo advirtió el índice de confianza en el gobierno (ICG) de la Universidad di Tella, que mide cómo la opinión pública percibe la labor de la Administración nacional. En abril, la confianza en la gestión de Fernández bajó a 1,73, y así marcó el piso desde que asumió como presidente en diciembre de 2019. El índice mide la capacidad que tiene la gestión presidencial de resolver los problemas del país, en una escala que va de 0 a 5, como máximo. También analiza si gobierna pensando en el bien general o en el de sectores particulares. Estos son temas candentes si se contrastan con la gestión de la pandemia. En los últimos meses salió a la luz cómo el exministro de Salud y otros funcionarios montaron un vacunatorio VIP para favorecer a familiares y conocidos. A su vez, el Gobierno nunca explicó por qué la Argentina no cerró un acuerdo con Pfizer para comprar más dosis, cuando hasta el momento consiguió solo 10 millones, con alrededor de 45 millones de habitantes. Al 1 de mayo, el 15 % de la población recibió una sola dosis y el 2 % obtuvo ambas.
Más conflicto, menos diálogo
La desconfianza no solo fluye desde la ciudadanía al Gobierno, sino también entre los dirigentes. La falta de coordinación política aumentó en los últimos días, y lo más probable es que se profundice, ya que la Argentina entrará en campaña por las elecciones legislativas.
En abril, el presidente Alberto Fernández prolongó el cierre a nivel nacional, con nuevos criterios que afectan principalmente a las grandes urbes, donde se registran más casos de coronavirus. Si bien una crisis podía ser el momento para que brote más coordinación, Fernández optó por el verticalismo y quiso ir a fondo. Sin consensuarlo previamente, tal como él mismo reveló, se arrogó la autoridad de decidir sobre la política educativa del distrito capital, a pesar de que en la Argentina rige un sistema federal. Justamente, Fernández quiso imponer su voluntad allí donde gobierna su principal opositor. Pero su autoridad quedó dañada, ya que el gobernante capitalino, Horacio Rodríguez Larreta, no acató.
El jefe de Gobierno porteño busca diferenciarse ofreciendo alternativas a la ciudadanía. Por ejemplo, dispone de tests gratuitos para tener más información sobre cómo circula el virus en la Ciudad, permite que los comercios no esenciales atiendan clientes puertas adentro y, principalmente, mantiene las clases presenciales en las escuelas, todos los días, en los niveles primarios e inicial, aun cuando la tasa de incidencia en la ciudad ronda los 600 casos cada 100.000 habitantes en los últimos siete días. Una tasa más que alta, si se tiene en cuenta que en Alemania las escuelas hoy cierran con más de 165 casos cada 100.000 habitantes. Puede ser que ante un presidente que aplica restricciones, Larreta reacciona hacia el otro extremo, con aperturas de escuelas de lunes a viernes.
Esta diferenciación es lo que busca evitar el Gobierno nacional. La crisis del covid-19 es un problema para los gobiernos porque no es un evento puntual, que irrumpe y desaparece. Esta pandemia es un proceso largo que va poniendo a prueba la capacidad de respuesta de los distintos gobernantes. Por tanto, la mejor estrategia para Fernández es que todos los distritos acaten las restricciones. En especial, la Ciudad, que se encuentra rodeada por la provincia de Buenos Aires, el distrito más popular del país. Para tomar noción del contraste entre ambos distritos lindantes: según el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), la pobreza representa al 16,5 % en la Ciudad, mientras que en los distritos limítrofes de la provincia trepa a 51 %. Justamente, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof (Frente de Todos), presiona por más restricciones. Si la Ciudad abre sus escuelas, muchos vecinos bonaerenses reclamarán al gobernador.
Si bien algunos consideran que una crisis debiera remover las diferencias para que prime la coordinación entre los actores, en realidad, las crisis tienden a reforzar las formas preexistentes de desconfianza, comentan Boint et al. en el libro La política de la gestión de crisis: el liderazgo público bajo presión (Madrid, INAP, 2007). En Argentina la desconfianza está ganando terreno no solo en la ciudadanía, sino también entre los sectores políticos.
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