Hay que reconocer que la cultura de la cancelación no es un fenómeno nuevo. Desde tiempos antiguos, aquellos que desafiaban el statu quo enfrentaban represalias, exilio o muerte. Sin embargo, en la era de la globalización y de las redes sociales, este fenómeno adquiere nuevas dimensiones y alcances, con consecuencias potencialmente devastadoras para la sociedad y la democracia.
¿Quién cancela a quién?
En la era digital, Internet se nos presentó como un faro de libertad y progreso. En este espacio la información fluía libremente y las voces de todos eran escuchadas. A medida que las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la interacción humana en línea, quedó al descubierto su lado oscuro: la fragmentación social, la proliferación de noticias falsas, la desconfianza en los medios. La dinámica de las redes sociales favorece a aquellos que reciben más apoyo público. Esto puede llevar a una polarización, donde las opiniones más populares dominan el debate. En cambio, aquellos con menos respaldo corren el riesgo de ser silenciados o marginados.
La libertad de pensamiento y expresión, pilares fundamentales de la democracia, se ven así amenazados por esta cultura de la cancelación. El miedo a ser objeto de cancelación lleva a muchos a autocensurarse. De esta forma coartan la diversidad de opiniones y la posibilidad de un debate público saludable. En este sentido, la cancelación no solo limita la libertad individual, sino que también socava la esencia misma de la democracia.
En estos casos, el poder juega un papel central y desafiante. Aquellos con una mayor plataforma, influencia o recursos financieros tienen más capacidad para imponer sus opiniones. En última instancia, determinan quién es cancelado y quién no lo es.
Tácticas intimidatorias
En Alemania, se han registrado casos en los que individuos con más poder intentaron silenciar a pequeños medios de comunicación a través de denuncias judiciales, simplemente por llevar a cabo su labor de periodismo investigativo. Estas denuncias, conocidas en la Unión Europea como demandas estratégicas contra la participación pública (SLAPP, por su sigla en inglés), son una táctica intimidatoria utilizada por empresas para reprimir a críticos públicos. El término slap se traduce como cachetada. Constituye una metáfora reveladora del mensaje que estos individuos buscan transmitir a aquellos que se atreven a expresar opiniones contrarias.
Por ejemplo, el periódico universitario Luhze, de Leipzig, enfrentó una de estas demandas después de publicar un artículo crítico sobre una empresa inmobiliaria. Afortunadamente, con los pocos recursos de los que disponían, la organización sin fines de lucro detrás de Luhze logró generar una atención mediática considerable en torno al caso. Finalmente, la empresa retiró su demanda. Estos casos plantean la preocupación sobre cuántas otras situaciones similares pueden haber ocurrido, especialmente donde los medios pequeños no tienen capacidad de resistencia frente a poderosos intereses corporativos.
Rol de la prensa
Los medios de información como la prensa juegan un papel crucial en el escenario de la cultura de la cancelación. Sobre todo los grandes periódicos, que tienen capacidades de influir en la opinión pública y su responsabilidad de informar de manera imparcial. La prensa puede ser tanto un bastión de la democracia como un vehículo para la manipulación y el sensacionalismo. Es fundamental que asuma su papel de forma crítica y ética, garantizando la diversidad de voces y la veracidad de la información que proporciona.
En particular, cuando se trata de cuestiones de gravedad, es importante que el público esté debidamente informado. Todos los ciudadanos tienen el derecho de conocer los problemas y desafíos que afectan a su comunidad, su país y el mundo. Por ejemplo, las declaraciones del expresidente estadounidense Trump, quien incitó a Rusia a atacar a cualquier país de la OTAN que no pagara sus gastos de defensa. Aquí es crucial que la prensa desempeñe su papel en la difusión de información precisa y relevante, y que ofrezca espacio para críticas.
Prohibición del partido AfD
Otro ejemplo conectado con la representación, en este caso política, es la propuesta de prohibir el partido Alternativa para Alemania (AfD por su sigla en alemán). Esto surge de la preocupación por su naturaleza extremista y su impacto negativo en los valores democráticos y los derechos humanos. El partido realiza declaraciones públicas que son racistas, antisemitas y niegan el Holocausto, todo ello con el objetivo de atraer la atención mediática. Estas prácticas son una amenaza para la cohesión social y la estabilidad democrática del país.
Si bien la prohibición de este partido político puede parecer una propuesta digna de consideración, su implementación representa una intervención significativa en la democracia. Dado que el objetivo primordial es precisamente proteger este sistema, tal intervención podría resultar contraproducente. Es legítimo que, considerando el número significativo de personas que en Alemania eligen a AfD como su representante político, ellas cuenten con el derecho de hacerlo en un sistema democrático. Aunque una prohibición debilitaría al partido de manera considerable, no resolvería la insatisfacción de los votantes.
El denominador común entre los votantes de AfD es su preocupación y descontento con los desarrollos sociales actuales. Sus realidades y preocupaciones no están siendo abordadas por los otros partidos políticos. Por lo tanto, en lugar de buscar la prohibición de este partido, los demás partidos políticos deberían reflexionar sobre por qué AfD ha ganado tanta popularidad y qué medidas políticas pueden implementarse para abordar las inquietudes que llevan a los votantes a optar por ellos.
Reflexionar sobre cancel culture
La cultura de la cancelación plantea serias preocupaciones sobre la libertad de expresión y el pluralismo en la sociedad contemporánea. Sin embargo, es importante reconocer uno de los efectos positivos que ha traído consigo: abordar comportamientos inaceptables o problemáticos. Un ejemplo es la creciente conciencia de que los comentarios sobre el aspecto físico de personas públicas son cada vez menos aceptables. La forma en que se lleva a cabo la cancelación puede tener consecuencias negativas como la autocensura, la radicalización del pensamiento y la exclusión de voces importantes en el debate público.
Es fundamental encontrar un equilibrio entre la responsabilidad individual y la tolerancia hacia la diversidad de opiniones. La cancelación no solo erosiona la confianza en las instituciones y en la prensa, sino que también puede socavar los fundamentos mismos de la democracia, como la crítica constructiva.
