El escándalo conocido como “la Casa Blanca de Peña Nieto” sacudió la política mexicana en 2014. La investigación de la periodista Carmen Aristegui y su equipo develó un conflicto de intereses entre el entonces presidente mexicano y su contratista, beneficiado con varios contratos en su administración. Durante más de un año de exhaustiva revisión de documentos de acceso público y reportería, se logró establecer conexiones entre la vida pública y privada de Peña Nieto que sustentaron la publicación. Los datos obtenidos fueron tan contundentes que prescindieron de fuentes anónimas o indirectas.
En este proceso, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de México fue clave. Garantizó que las múltiples solicitudes realizadas tuvieran una respuesta positiva y la posibilidad de revisar documentos clave, como contratos gubernamentales de la empresa constructora implicada que vendió la famosa casa. Ahora, este ente será reemplazado oficialmente por Transparencia para el Pueblo. El órgano dependerá directamente del Ejecutivo Federal con la pretensión de que sea “autónomo”.
El gobierno de la actual presidenta, Claudia Sheinbaum, argumenta que el cambio hará más eficiente el acceso a la información y fortalecerá la seguridad de los datos personales. Pero queda una duda sembrada. ¿Podrá la transparencia sobreponerse a otros intereses? ¿Es posible ser juez y parte cuando se habla de transparencia?
En los últimos años, varias iniciativas ciudadanas en Latinoamérica promovieron el acceso a la información pública como un valor irrenunciable para la rendición de cuentas y la protección de los sistemas democráticos. Muchas de ellas han derivado en la consolidación de normativas.
Pantanos para acceder a información
En varios países, incluso con legislación establecida, se generan pantanos para acceder a la información. La escalada del autoritarismo y el deterioro de las libertades limitan seriamente la fiscalización pública.
En el El Salvador, la ley vigente desde el 2011 permitió evidenciar casos de corrupción a través de investigaciones periodísticas de gran impacto. En 2018, un reportaje de la Revista Factum sobre maternidad precoz reveló que el 30% de las embarazadas eran menores de edad. Todos los datos se obtuvieron bajo solicitudes de información pública, que ahora ya no proporciona el Ministerio de Salud. Desde la llegada del presidente, Nayib Bukele, varias solicitudes fueron incumplidas en el plazo o negadas, algunas bajo el argumento de reserva. Se hace casi imposible acceder a documentos oficiales, obligando a periodistas y organizaciones cívicas a asumir otros caminos para fiscalizar.
En Argentina también suenan las alarmas. La tensa relación entre el presidente, Javier Milei, y la prensa, condiciona varias libertades del ejercicio profesional. Por ejemplo, el mandatario propuso que los periodistas que accedan a las conferencias de prensa presenten un declaración jurada, para que, según él, “puedan ser sometidos al escrutinio público al que los periodistas someten al resto de la sociedad”.
Sin embargo, un hecho que avivó el debate es el Decreto 780 que Milei firmó en 2024 y que reforma la propia Ley de Acceso aprobada por el Congreso. Amplía las excepciones a la obligación general de entregar datos y aumenta los requisitos para que los ciudadanos puedan solicitar información. Preocupa porque se les otorgaría a los funcionarios públicos la capacidad de definir qué datos son considerados de interés público y cuáles no, profundizando esferas de secretismo y opacidad.
Most governments don’t want USAID funds flowing into their countries because they understand where much of that money actually ends up.
While marketed as support for development, democracy, and human rights, the majority of these funds are funneled into opposition groups, NGOs… pic.twitter.com/bXpdK29zH5
— Nayib Bukele (@nayibbukele) February 2, 2025
Contextos más adversos
En Guatemala y Honduras, con leyes vigentes de acceso a la información pública e iniciativas para la divulgación estatal, organizaciones ciudadanas reportan que existen dificultades administrativas y financieras para implementar de manera eficiente las plataformas digitales. A esto se suma el crecimiento de una cultura de la opacidad en la que funcionarios públicos se blindan para negar información. Especialmente aquella que consideran sensible y puede dar pie a mayor fiscalización.
En Nicaragua, la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo cercenó todas las libertades del espacio cívico y la fiscalización que, generalmente, se realiza desde el exilio. Periodistas y organizaciones cívicas debieron salirse del país, pero no han renunciado al derecho de obtener información. Está vigente desde 2007 la Ley de Acceso a la Información Pública, pero con una aplicación casi nula. Las Oficinas de Acceso a la Información Pública, que inicialmente fueron establecidas en varias dependencias estatales, hoy se encuentran desmanteladas o convertidas en órganos de propaganda gubernamental.
Esta misma figura se da en Venezuela, también con una Ley de Acceso a la Información Pública desde 2001 sin una contribución a la transparencia debido a las condiciones del régimen de Nicolás Maduro.
A pesar de estas condiciones adversas y la fuerte censura, ambos países demostraron ser un ejemplo para la región respecto al ejercicio periodístico. Grandes investigaciones develaron corrupción en todos los niveles de gobierno.
¿Qué pasa cuando ni siquiera hay ley?
Haití y Bolivia no cuentan con una ley de acceso a la información pública y, hasta julio de 2024, ese también era el caso de Cuba. Sin embargo —una decisión histórica— la Asamblea Nacional aprobó esa normativa que, según sus promotores, ayudará a “regular la transparencia y establecer obligaciones que deben cumplir sus responsables”. Expertos observan que incluso podría tener un efecto contrario, pues no contribuye a buenas prácticas en el contexto internacional. Más bien, podría establecer mayores restricciones debido al control estatal y a los canales de desinformación.
En el caso de Bolivia, a pesar de varias iniciativas legislativas, periodísticas y ciudadanas no se ha podido consolidar una normativa. En 2024 el Senado aprobó el Proyecto de Ley de Acceso a la Información y Documentación Pública, el avance más importante hasta el momento. Pero aún debe ser revisado y aprobado por la Cámara de Diputados para su promulgación.
Saber para decidir
Sin importar el gobierno en funciones, la ley debe responder a los ciudadanos y su legítimo derecho a estar bien informados para tomar decisiones. Pero, en los últimos años, en algunos países donde la normativa parecía sólida, los órganos garantes no mantuvieron independencia. También, hay más trabas en las solicitudes de información o son respondidas con discrecionalidad por los funcionarios.
Que exista una ley es importante, pero la realidad demuestra que no es garantía de una implementación efectiva.
El desafío es el Estado abierto, un modelo que por definición hace referencia a la “gobernanza y la apuesta de los gobiernos por la transparencia, la participación ciudadana y la colaboración con la sociedad civil, utilizando la tecnología y la información pública de manera accesible y eficiente”.
En América Latina hubo avances, sobre todo impulsados por proyectos internacionales y acuerdos como la Iniciativa de Gobierno Abierto que aún no logró un desarrollo equitativo para todos los países miembros.
¿Dónde están los avances?
En 2024, y luego de más de una década de intentos, Costa Rica aprobó una ley histórica de acceso a la información pública. Aunque, de hecho, su constitución garantizaba estas prácticas. El logro es que la normativa hace efectivos procedimientos y sanciones para quienes infrinjan este derecho.
Por otro lado, Uruguay, a pesar de contar con una normativa consolidada, impulsa acciones para el fortalecimiento de la transparencia y mantiene vigentes organismos de control, como la Junta de Transparencia y Ética Pública y el Tribunal de Cuentas que audita los Fondos Públicos.
Chile es otro buen ejemplo de control eficiente y marco legal sólido. Cuenta con un Consejo para la Transparencia que está encargado de fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. Al igual que Uruguay, una de las principales fortalezas radica en la institucionalidad que funciona con independencia y permite la fiscalización en diferentes niveles.
Según el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de 2024, elaborado por Transparencia Internacional, la mayoría de los países lograron pocos o nulos avances en la lucha contra la corrupción. Uruguay y Chile son considerados los referentes positivos mientras, al otro lado, están Venezuela y Nicaragua. Además, México cayó al puesto 140 de 180 países, su peor posición histórica en el índice.
En la región la mayoría de los países tienen una puntuación por debajo de 50 (en una escala de 0 a 100). La realidad demuestra que se profundiza la corrupción estructural, la falta de independencia judicial y el debilitamiento institucional.
