En América Latina existen grandes sectores de la población que, debido a características inherentes a la diversidad humana, enfrentan desigualdades estructurales que se traducen en exclusión e impiden, anulan o reducen el goce o ejercicio pleno de sus derechos humanos. Mientras que «la asimetría en la distribución de recursos, servicios, privilegios y responsabilidades, prestigio y poder» explican la situación de desigualdad de poblaciones en histórica vulneración, la consecuencia directa en la realidad de estas comunidades, grupos sociales y colectivos es que reciben un trato desfavorable en comparación con el resto de los miembros del entorno al que pertenecen. La discriminación entra en juego limitando oportunidades y accesos y determinando la manera en que personas de estos colectivos participan en la sociedad. Este es el caso de los pueblos indígenas.
Discriminación socioeconómica de pueblos indígenas
En Latinoamérica hay 54,8 millones de indígenas, que constituyen casi el 30% de las personas en pobreza extrema. Entre algunos indicadores socioeconómicos que ilustran su situación, se conoce que su tasa de informalidad laboral es de 82,6%, 31,5 puntos porcentuales más que la de las personas no indígenas. Las probabilidades de que tengan un sueldo son 12,4 puntos porcentuales menores que las de sus homólogos no indígenas.
En la educación también enfrentan una situación de desigualdad, puesto que el 31,7% de la población ocupada indígena en la región no ha tenido ninguna formación, frente al 12,8% de los no indígenas. Y menos del 30% han tenido educación intermedia y avanzada, frente a más del 48% de los no indígenas (CEPAL, 2020). Su profunda vinculación con el ambiente también se ha visto afectada por la situación de degradación ambiental en sus territorios, que impide la obtención de medios de subsistencia tradicionales. Esto también se traduce en situaciones agudas de inseguridad alimentaria para estas poblaciones.
Subrepresentación política de los pueblos indígenas
Esta situación de desigualdad socioeconómica también tiene su correlato a nivel político, puesto que las personas indígenas tienen, además de desfavorables indicadores socioeconómicos, una situación de subrepresentación en las posiciones de toma de decisiones. En América Latina, su origen étnico-racial impacta en la posición que estas personas ocupan dentro de la estructura social y política. La discriminación y la exclusión permiten que un grupo dominante mantenga y justifique su exclusión social y económica, pero también política.
Esta situación no ha sido ajena a los debates en el seno de la Organización de los Estados Americanos (OEA). En la Asamblea General celebrada en República Dominicana en 2016, tras 17 años de negociación, este cuerpo político interamericano adoptó la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas (DADIN). Aunque no tiene rango de convención, la DADIN es el primer instrumento en la historia de la OEA que promueve y protege los derechos de los pueblos indígenas en las Américas.
Un año más tarde, en 2017, la Asamblea General aprobó también el Plan de Acción para la Implementación de la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas (2017-2021), el cual tiene como objetivo principal contribuir al pleno reconocimiento, ejercicio y disfrute de los derechos los pueblos indígenas en el plano nacional, así como en el plano hemisférico, mediante el apoyo de la OEA y otras instancias del sistema interamericano.
I Reunión de la DADIN y Mecanismo de Seguimiento
Dos acciones de los Estados miembros de la OEA merecen ser reconocidas. Por un lado, y en vista de las dificultades para avanzar más rápidamente en la implementación de los contenidos del Plan de Acción, la Asamblea General de la OEA decidió en 2021 extender la duración del Plan y continuar animando a los Estados miembros, la Organización y otras instancias del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) para avanzar en su implementación. Por otro lado, en 2023 y después de siete años de aprobada la DADIN, los Estados lograron reunirse en La Antigua, Guatemala, del 20 al 22 de marzo de 2023 para evaluar la viabilidad de un mecanismo de seguimiento de la Declaración Americana sobre los Derechos de Pueblos Indígenas, al igual que del Plan de Acción.
Esta primera reunión de la DADIN convocó a autoridades de política pública para pueblos indígenas, representantes de pueblos indígenas y funcionarios públicos de las Américas, además de funcionarios de organismos y cooperación internacional. Tuvo dos principales objetivos: por un lado, conocer los avances y los desafíos de los Estados miembros en la implementación del Plan de Acción 2017-2021 de la Declaración y, por el otro, analizar la posibilidad de crear un mecanismo de seguimiento institucional en el marco de la OEA.
La reunión fue exitosa en producir un documento para el funcionamiento de este mecanismo, denominado Documento de Consenso sobre la creación del Grupo de Trabajo para la Implementación del Plan de Acción, el que fue analizado del 21 al 23 de junio en Washington DC, cuando se celebró la 53 Asamblea General de la OEA. En la Resolución Ómnibus sobre Derechos Humanos, considerada por los Estados miembros, se estableció un grupo de trabajo de seguimiento a la implementación de la DADIN, que tendrá la función de diseñar y luego operativizar el proceso de seguimiento. Se espera que próximamente los países designen a sus representantes en este mecanismo.
Retos del proceso de seguimiento
Este proceso no deja de enfrentar algunos retos, de los cuales es válido resaltar al menos dos. En primer lugar, el desafío de una plena representación de los actores que deben ser parte del proceso de designación, que harán los Estados, de las personas participantes de ese Grupo de Trabajo. El mandato que se consideró en la Asamblea General establece que los Estados deberán «presentar candidaturas de expertos al más alto nivel, y encomendar a la Secretaría de Acceso a Derechos y Equidad a convocar a la presentación de candidaturas de las organizaciones legítimas de los pueblos indígenas». La elección se realizará sobre la base de una terna y los nombramientos respectivos para integrar el Grupo de Trabajo.
El segundo reto es de naturaleza práctica, a saber, las dificultades en la identificación de recursos para operativizar los trabajos de este grupo de trabajo. Tenemos claro que para lograr resultados que impacten las realidades de comunidades históricamente excluidas o subrepresentadas es clave invertir en programas, proyectos y políticas que ayuden a traducir compromisos en la cotidianeidad. Sin embargo, no siempre es fácil identificar y acceder a esos recursos.
Superar estos retos va a requerir una combinación de creatividad, para cumplir con el trabajo que se necesita en una situación de recursos limitados, y mucha voluntad política para mover la agenda, invertir en acciones concretas y, también, rendir cuenta sobre los avances e impactos de este proceso en la realidad cotidiana de los pueblos indígenas en las Américas. Más allá de estos retos, cumplir con este mandato no puede ser más relevante, considerando la situación de discriminación y exclusión que los pueblos indígenas de las Américas aun enfrentan.
* Las opiniones son personales. No representan a la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Publicación original en Agenda Estado de Derecho, el 8 de agosto de 2023.
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