El gobierno cubano se centra en la apertura económica, mientras que las reformas políticas quedan en el camino.
En Cuba, el 2018 no solo estuvo marcado por el traspaso de la presidencia de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, sino también por una reforma de la Constitución de 1972. A pesar de los cambios constitucionales de 1992 y 2002, la carta cubana se remonta esencialmente a los tiempos de la guerra fría, cuando Cuba todavía dependía económicamente de la URSS. En ese período, el cultivo del azúcar desempeñaba un papel dominante y no se permitía a los particulares poseer ninguna propiedad privada ni dirigir empresas privadas.
Mucho ha cambiado en Cuba desde entonces: el turismo se ha convertido en una fuente principal de ingresos, la apertura económica gradual bajo Raúl Castro permitió la inversión internacional y el número de pequeñas empresas privadas crece constantemente.
Ahora el gobierno cubano quiere adaptar la Constitución a la nueva realidad y al futuro previsible de Cuba. A primera vista, destaca que el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, introduce el derecho a la propiedad privada y refuerza la apertura económica al mundo exterior y al sector privado. Sin embargo, no hay lugar para reformas políticas de gran alcance. Así, el socialismo está anclado como la base irreversible del sistema político, económico y social, y el Partido Comunista se confirma como el líder supremo sobre el Estado y la sociedad, mientras que los derechos políticos y civiles casi no se mencionan.
El proceso de reformas
El abordaje del llamado diseño constitucional fue iniciado por un grupo de trabajo del Partido Comunista presidido por Raúl Castro. En junio de 2018, tras la aprobación del Comité Central del Partido Comunista, la Asamblea Nacional nombró una comisión para preparar el diseño constitucional, que a su vez se reunió bajo la presidencia de Raúl Castro. Esta comisión elaboró un diseño del nuevo texto constitucional, que fue sometido a la consulta del pueblo cubano. Del 13 de agosto al 15 de noviembre de 2018, el proyecto de constitución se examinó en aproximadamente 135.000 reuniones y foros en toda la isla, y se presentaron observaciones y enmiendas. También los cubanos exiliados en el extranjero pudieron presentar sus propuestas en línea. La Asamblea Nacional se encarga ahora de incorporar las propuestas y de redactar un diseño de constitución definitivo. Por último, en febrero de 2019 se celebrará un referéndum sobre el diseño modificado y se aprobará la nueva constitución. Sin embargo, algunos sectores de la oposición ya consideran ilegítimo este referéndum, ya que no existe una supervisión electoral independiente, presencia de observadores electorales internacionales o posibilidad de llevar a cabo campañas.
Intervención cosmética en estructuras establecidas
El diseño constitucional de la Asamblea Nacional atrae la atención en el debate internacional, sobre todo mediante la disposición del matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la propiedad privada, la apertura económica al mundo exterior y la promoción del sector privado. Estos son, sin duda, temas importantes para el desarrollo futuro de Cuba. Otras innovaciones positivas son la limitación del cargo presidencial a un máximo de diez años, la separación del cargo presidencial del cargo de presidente del Consejo de Estado y la introducción del cargo de primer ministro. Sin embargo, no prevé ninguna reforma política profunda ni el fortalecimiento de los derechos políticos y civiles de la población cubana.
Aunque en el nuevo proyecto de constitución por primera vez no aparece el concepto de comunismo, el artículo 3 establece claramente que el socialismo seguirá siendo obligatorio e irreversible como sistema político. El preámbulo también deja claro que las ideas políticas y sociales de Marx, Engels y Lenin sirven como directrices ideológicas y que el socialismo y el Partido Comunista son pilares fundamentales del orden político, económico y social. El artículo 5 del diseño de constitución confirma que el poder político se concentra únicamente en el Partido Comunista como líder único sobre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, Cuba sigue siendo un Estado de un solo partido fundamentalmente socialista. Los disidentes tienen serias consecuencias que temer: el artículo 3 concede a los ciudadanos (literalmente) el derecho a luchar por todos los medios —si es necesario, de manera violenta— contra cualquier intento de derrocar el orden político, económico y social existente. Esto puede y debe ser entendido como una amenaza contra miembros de la oposición política, activistas y periodistas.
Otra innovación es que el artículo 21 reconoce ahora explícitamente la propiedad privada de las personas como una de las posibles formas de propiedad. Además, el artículo 28 establece una apertura a las inversiones extranjeras con el fin de promover el desarrollo económico. Sin embargo, también queda muy claro que el orden económico se basa en principios socialistas, que la economía planificada socialista y las empresas estatales son el fundamento de la economía cubana (artículos 26 y 27) y que el Estado impedirá la concentración de la propiedad en personas físicas o jurídicas no estatales mediante su regulación (artículo 22). Esto, a su vez, lleva al absurdo la supuesta apertura de la economía.
El título IV del proyecto de constitución trata en seis capítulos los derechos, obligaciones y garantías de todos los ciudadanos cubanos. Sin embargo, el enfoque especial está puesto en los derechos sociales, económicos y culturales enumerados en el capítulo III, mientras que se da poco espacio a los derechos políticos y civiles enumerados en el capítulo IV. Si bien el artículo 92 otorga a los ciudadanos cubanos el derecho de participar en elecciones y referendos, esto no se refleja en una participación democrática verdadera, debido al sistema de un solo partido, la falta de supervisión electoral independiente y la prohibición de las campañas políticas. Los derechos políticos y civiles otorgados por el diseño de constitución tampoco se complementan significativamente con los tratados internacionales ratificados sobre derechos humanos reconocidos como válidos en el artículo 39.
Los tratados de derechos humanos ratificados por Cuba regulan principalmente los derechos del niño, así como la protección contra la tortura y la discriminación. Cuba ni siquiera ha ratificado el acuerdo sobre derechos políticos y civiles ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Los derechos individuales (capítulo II, título IV), como el derecho a un juicio justo, la protección contra la detención arbitraria y la invasión a la esfera privada (integridad del hogar, secreto de la correspondencia), la protección contra la confiscación arbitraria de bienes y la libertad de viajar, de expresión y de reunión, están formalmente garantizados, pero restringidos de manera desproporcionada. El proyecto de constitución establece que estos derechos individuales pueden restringirse en cualquier momento por razones de orden público y por decisión de las autoridades responsables.
En Cuba, donde todo el sistema está regulado por el Partido Comunista, estos derechos individuales de los miembros de la oposición y de los disidentes a menudo se restringen masivamente. También en este caso existe una enorme diferencia o contradicción entre la apertura y la concesión de libertades en el marco de esta reforma constitucional y la restricción selectiva y masiva de estas libertades para los ciudadanos que no se ajustan a la opinión del Estado y del Partido.
Conclusión y perspectivas
En general, se puede constatar que las innovaciones establecidas en el diseño de constitución no irán acompañadas de reformas políticas y económicas de gran alcance. A pesar de las libertades y derechos que se conceden superficialmente, la reforma constitucional no permitirá a los ciudadanos cubanos exigir responsabilidades al Gobierno en su papel de ciudadanos y participar en la toma de decisiones democráticas. También es cuestionable hasta qué punto la Asamblea Nacional cubana incluirá los comentarios y propuestas de la población en el diseño final de constitución. Se esperan ajustes superficiales que sugieran tener en cuenta la voluntad de la población, mientras que los principios fundamentales del sistema económico y político apenas cambiarán.
En cambio, este diseño constitucional parece ser más bien un intento del Gobierno de legitimarse ante la población cubana y la comunidad internacional y de consolidar las bases del sistema político y económico. Si el nuevo proyecto de constitución se aprueba por referéndum en febrero —lo que actualmente se considera probable—, el gobierno cubano puede arrogarse el apoyo de su propio pueblo. Si es rechazado, la antigua Constitución con los principios del comunismo, la prohibición de la propiedad privada y la concentración del poder político en el presidente, seguirá en vigor.
Independientemente de los resultados del referéndum, el proceso «democrático» de reforma constitucional permitirá en el futuro al Gobierno cubano rechazar cualquier cuestionamiento del sistema y las críticas de la oposición.
Traducción: Jenny Schürmann, practicante en la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo
