Después de veinte meses del presidente Luis Lacalle Pou en el cargo, la pandemia de covid-19 está perdiendo importancia en la percepción pública.
Otros escenarios políticos cobran visibilidad. Después de un período de debilidad, la oposición ha recuperado contundencia y ve la oportunidad de lograr un impacto en el próximo referéndum sobre un paquete legislativo del gobierno. El Gobierno confía en su popularidad y trata de ganar, a través del referéndum, legitimidad para una agenda de reformas de aún mayor alcance. Hasta entonces, será tiempo de campaña electoral.
El presidente Luis Lacalle Pou describe como «popular, urgente, bueno y justo» el paquete de leyes mediante el cual su gobierno está implementando importantes elementos del programa electoral de la coalición gobernante. Con toda probabilidad, el presidente tendrá que volver a defender la reforma. Contrariamente a las expectativas de muchos, la oposición logró reunir 800.000 firmas, más de una cuarta parte del electorado uruguayo, para un referéndum. En caso de que estas firmas sean declaradas válidas por la Corte Electoral, se espera que los ciudadanos sean convocados a las urnas en marzo de 2022. Dado que casi no hay ninguna duda sobre la validez de las firmas, la campaña ha comenzado entre bastidores hace mucho tiempo.
Este pequeño país entre Brasil y Argentina (con algo menos de 3,5 millones de habitantes y una superficie que equivale a la mitad de Alemania) es considerado un remanso de calma política y se apoya en una larga tradición republicana con los partidos más antiguos de América Latina. Una cultura política claramente orientada al consenso, una baja brecha de riqueza en comparación con la región y un bajo índice de pobreza contribuyen a la cohesión social, por lo que el país a veces es visto como un ancla de estabilidad en la región. El presidente Luis Lacalle Pou gobierna desde el 1 de marzo de 2020 con una coalición de cinco partidos que abarcan desde el centroizquierda hasta fuerzas conservadoras-populistas, reemplazando en el gobierno luego de 15 años a la alianza de izquierdas Frente Amplio (FA).
Reformas complejas
En línea con su anuncio de la campaña electoral, poco después de asumir, el Gobierno promulgó una ley, cuyos 476 artículos entraron en vigencia el 9 de julio de 2020. La ley fue llevada al Parlamento en un procedimiento de urgencia, es decir, como la Ley de Urgente Consideración (LUC). Las disposiciones de la LUC van desde la seguridad pública (más derechos de intervención para la policía, endurecimiento del derecho penal juvenil por delitos graves, introducción de nuevos delitos penales, endurecimiento del derecho penal en general) hasta la economía (exenciones fiscales para las pymes, reducción de regulaciones, vuelta a la autorización del pago de salarios en efectivo), la legislación laboral (garantía a los no huelguistas del libre acceso a sus puestos de trabajo, lo que corresponde a la prohibición de que los sindicatos ocupen los lugares de trabajo —los llamados piquetes—) y la vivienda (facilitación de los contratos de alquiler y flexibilización de la protección contra el desalojo), hasta la creación del Ministerio de Ambiente, la simplificación del derecho de adopción y el permiso para mantener el propio número de teléfono móvil al cambiar de proveedor.
Aunque la adopción de un paquete legislativo tan monumental es constitucional y en gobiernos anteriores hicieron algo similar en menor medida, rápidamente surgió una discusión sobre si dicho paquete no debería discutirse y aprobarse en partes separadas. En particular, en opinión de la oposición, el enfoque del Gobierno carecía de transparencia y era democráticamente deficiente. El Gobierno respondió que el paquete legislativo ya era conocido antes de las elecciones y que el Parlamento lo había debatido adecuadamente en un proceso acelerado. En términos de contenido, fue sobre todo la influyente organización sindical paraguas Plenario Intersindical de Trabajadores-Convención Nacional de Trabajadores (PIT-CNT), estrechamente vinculada al Frente Amplio, que se movilizó contra la LUC y, junto con el FA, inició la recolección de firmas para un referéndum contra 135 de los 476 artículos de la LUC.
El sorprendente éxito de esta recolección de firmas insufló nueva vida a una oposición que hasta entonces había estado buscando su papel y parecía desarticulada. En particular, la perspectiva de un referéndum también ayudó a unir a los grupos ideológicamente muy diferentes dentro de la alianza de izquierda detrás de una causa común. Al mismo tiempo, sin embargo, la votación también supuso que la heterogénea coalición gubernamental, que hasta ahora había funcionado en gran medida sin mucho ruido, estrechara filas.
La pandemia pierde importancia
El gobierno está entrando en la campaña electoral con confianza, pero no sin preocupación. Las encuestas predicen un resultado incierto, aunque la tendencia favorezca al gobierno. El factor decisivo será hasta qué punto el gobierno logre mantener sus índices de aprobación positivos hasta la fecha del referéndum y vincular estrechamente un voto negativo en el referéndum (es decir, contra la derogación de los artículos de la LUC en cuestión) con el apoyo a la administración del presidente. Este apoyo oscila entre el 49 y el 60 %, dependiendo del instituto de encuestas. Por lo tanto, los niveles de aprobación cayeron entre un 5 y un 10 % en comparación con las cifras de abril y mayo.
Los demóscopos explican este descenso por el hecho de que la pandemia de covid-19 está desapareciendo cada vez más de la discusión política y ya no está en lo más alto de la lista de prioridades de la gente. Con la exitosa campaña de vacunación, la situación pandémica en Uruguay se ha estabilizado en un nivel bajo. Por lo tanto, el presidente, elogiado en todos los ámbitos por su gestión del covid-19, está siendo evaluado cada vez más por su balance en los campos políticos habituales, como la seguridad, la educación, el crecimiento económico o la evolución de los salarios. La discusión actual sobre si pronto se levantará el estado de emergencia por la pandemia, que rige desde marzo de 2020, va de la mano de una normalización de la política uruguaya.
Apertura de la economía
A pesar de una pérdida neta de 35.000 puestos de trabajo en comparación con el período anterior a la pandemia, la economía uruguaya se está recuperando notoriamente. Según cifras del Gobierno, crecerá un 3,5 % en 2021. Después de un crecimiento inesperadamente fuerte en el segundo trimestre de 2021, para fines de año se espera un nivel económico similar al de antes de la pandemia. El crecimiento está siendo impulsado en particular por los sectores de agroexportación e inmobiliario. La situación es mucho más difícil para el turismo y el comercio, dos sectores que recibieron un apoyo especial del Gobierno durante la pandemia. A pesar de que la tasa de pobreza aumentó de 8,8 a 11,6 % entre 2019 y 2020, tanto su aumento como su nivel son muy bajos en comparación con los estándares latinoamericanos.
En términos regionales, Uruguay está principalmente comprometido con la flexibilización del Mercosur, con sede en Montevideo. La alianza de cuatro Estados formada por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay en realidad no permite que los miembros celebren individualmente acuerdos de libre comercio con terceros países sin el consentimiento de los demás, lo que el Uruguay ve como una gran desventaja por su dependencia de las exportaciones. En este contexto, el Gobierno uruguayo está particularmente frustrado por la resistencia europea a la ratificación del acuerdo comercial UE-Mercosur, que Uruguay apoya enfáticamente.
El rol de China
El vacío resultante es llenado cada vez más por China. A principios de septiembre de 2021, el presidente Lacalle Pou anunció que entablaría conversaciones bilaterales con Beijing para concluir un acuerdo de libre comercio. Uruguay espera particularmente que esto genere más oportunidades de colocación para sus agroexportaciones. Hasta ahora, apenas se ha producido un debate crítico sobre las implicaciones geopolíticas de una asociación más estrecha con China. Analistas y voces de todo el gobierno aseguran que el avance hacia China también pretende dejar en claro al Mercosur, y sobre todo a la proteccionista Argentina, la urgencia de flexibilizar la asociación y dar un sacudón que despierte a actores como Estados Unidos y la UE para que firmen acuerdos comerciales con Uruguay.
Uruguay no solo se está abriendo con respecto a los tratados de libre comercio. El jefe de Estado Lacalle Pou está fomentando activamente la presencia de inversores de la vecina Argentina, que se encuentra permanentemente en problemas, lo que se reflejó en varias entrevistas en canales de televisión argentinos. Al mismo tiempo, el Gobierno simplificó las condiciones para los compradores de vivienda extranjeros.
Además, está previsto que las restricciones de viaje por el covid-19 disminuyan en gran medida y el país vuelva a la normalidad. Dado que los propietarios de bienes raíces han podido viajar a Uruguay nuevamente desde el 1 de septiembre de 2021, los turistas deberían poder ingresar al país a partir del 1 de noviembre, justo a tiempo para la temporada principal de viajes. El requisito previo es la protección mediante la vacunación completa.
Perspectivas
Después de dos de los cinco años en el gobierno, este se enfrenta a una especie de elección de mitad de período con el referéndum sobre la LUC. Probablemente se trate menos de los detalles de un paquete legislativo difícil de entender y más del balance del gobierno de coalición encabezado por Lacalle Pou.
El gobierno se encuentra en una posición favorable gracias a la gestión de la pandemia, el liderazgo del presidente, las buenas cifras de las encuestas y los datos económicos bastante positivos, el próximo referéndum plantea un peligro que no debe subestimarse. Si los distintos grupos de oposición lograran movilizar a la mayoría del electorado contra la LUC, esto constituiría un sensible golpe de efecto que podría alterar seriamente la agenda de reformas del Gobierno.
Si los cálculos del Gobierno cerraran y obtuviera una clara victoria en el referéndum, dependiendo de la claridad del resultado es probable que la posición del presidente en particular gane impulso, no solo entre la gente sino también dentro de la coalición gobernante. Esto podría motivar a Lacalle Pou a seguir adelante con algunas reformas sobre las que aún no ha habido unidad dentro de su propia coalición. En particular, está en la agenda la flexibilización de algunos monopolios estatales, especialmente en las importaciones de petróleo. Por el momento, Gobierno y oposición están empeñados en convencer a los votantes de su propia visión de la LUC. Hasta entonces, reinará la campaña electoral en Uruguay.
Publicado en la página web de la Oficina Uruguay de la KAS, el 18 de octubre de 2021
Traducción: Manfred Steffen
