El gobierno de Tabaré Vásquez queda en la incómoda posición de presidir una de las pocas democracias históricas en el hemisferio occidental que se inhibe ante el reclamo democrático de las mayorías venezolanas. ¿Cuán viables son sus planteamientos ante los escenarios en liza?
Ilustración: Guillermo Tell Aveledo
La democracia uruguaya es uno de los más importantes regímenes políticos del continente. Tras las convulsiones decimonónicas posteriores a la independencia, Uruguay logró consolidar un sistema de partidos avanzado en la medida de las democracias de vanguardia, quedando para los manuales de ciencia política junto con las democracias escandinavas y de Oceanía como pionera de múltiples derechos civiles y sociales.
Su terrible y sombrío paréntesis dictatorial, expulsivo para miles de uruguayos a lo largo del continente, es aún una anomalía que rechazan todos los partidos políticos, y que los reúne en un espíritu republicano sin paralelo en la región. No por poco es Uruguay, a veces acompañado de Chile y Costa Rica, la única democracia latinoamericana consistentemente ubicada dentro del plano de los regímenes populares avanzados y las democracias plenas. Hay que decirlo, además, es el único país de la llamada marea rosa de la izquierda continental en la década anterior que contó con los contrapesos y la madurez política para no retroceder institucionalmente o reforzar sus tendencias autoritarias, más allá de las discusiones sobre las políticas públicas o la pureza administrativa de los gobiernos del Frente Amplio.
En ese sentido, no sorprende que Juan Guaidó, el joven presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela —encargado en funciones ejecutivas de acuerdo al Estatuto de Transición emanado de ese cuerpo, interpretando el artículo 233 constitucional—, ha indicado que la voz de Uruguay en esta etapa de la crisis venezolana es necesaria e importante. Es más, como indica en reciente nota, es frustrante para los demócratas venezolanos cómo este importante gobierno continental, y toda su auctoritas, haya sido hasta ahora tan indiferente con la lucha democrática de ese país. No se trata tanto de una deuda histórica —no obstante el apoyo de los gobiernos de la entonces democrática Venezuela a los exilados y presos políticos del Uruguay—, sino de la simple consecuencia de unos valores compartidos.
Y esto ha de reiterarse: la actual crisis venezolana, cuyo rasgo más ostensible es la compleja crisis humanitaria que ha expulsado a millones de compatriotas, tiene su origen efectivo en la concentración de poder y el subsiguiente abuso de poder ideológicamente celoso por parte del chavismo en las últimas dos décadas. Aquello que fue maquillado por el boom de las mercancías de hace unos años, permitió que, por medio de la destrucción institucional y el apoyo de mayorías estimuladas por la bonanza, se estructurase un aparato de control político, social y humano que sólo ha empeorado en su uso de fuerza desde el ascenso de Nicolás Maduro. Y esto tiene su cúspide en las elecciones de mayo pasado, consideradas fraudulentas por casi todo Occidente.
Si el caso de la postura de Uruguay correspondiese a sospechas de un gobierno moderado ordinario ante la imagen de una coalición internacional liderada por la potencia de Estados Unidos, acaso estas prevenciones serían tímidamente comprensibles. En esa franja de opinión, tratando de evitar un desenlace bélico —que parece provocar a cada coyuntura el chavismo—, se encuentra la posición de exigencia de la Unión Europea en su severidad, al exigir elecciones presidenciales en condiciones de competencia y supervisión que permitan restaurar la vigencia de la Constitución venezolana, facilitando un cambio de rumbo transicional que sea a la vez estable y democráticamente orientado.
Aunque el gobierno del presidente Vázquez se vio obligado a desmarcarse del Mecanismo Montevideo, que había planteado junto al nuevo gobierno de México un diálogo de agenda abierta, y ante este intento fallido hubo de vincularse a la posición al Grupo de Contacto de la UE —dirigido hacia el cambio político electoral—, lo hizo rechazando claramente que tales elecciones se hagan en condiciones de relativa apertura, negándose a las solicitudes de liberación de presos políticos, habilitación de partidos proscritos, creación de la circunscripción de emigrantes, autoridades electorales imparciales y observación independiente. Al contrario, el ministro Nin Novoa planteó que puso coto a pretensiones intervencionistas dentro del Grupo de Contacto. Es inevitable pensar que esta posición no responde solamente a principios de respeto al derecho internacional —aun si esto refleja una perturbadora contradicción con los valores republicano-democráticos de la región—, sino que viejas amistades ideológicas y nuevos vínculos materiales vinculan al Palacio Estévez con el Palacio de Miraflores. ¿Cómo podrá sostener Uruguay su pertenencia en el Grupo de Contacto promovido por Europa si se aleja del consenso mínimo en Occidente?
Dicho esto, permanece una gran incertidumbre en torno a las posibilidades de cambio político. Las expectativas de una transición política hacia la democracia sostenible y estable parecen precarias ante la política de extremos a la que el atrincheramiento de Nicolás Maduro y su statu quo invita. Al momento, el retorno de la democracia venezolana depende de actores que no están de manos de los demócratas venezolanos, sino de otros sectores, ya en un quiebre interno o en el aumento de una presión externa. El articular la posición de quienes proclaman la restauración democrática con aquellos factores de poder con intereses creados en torno a limitar esta apertura, se ha convertido en la cuadratura del círculo. Pero esto lo examinaremos en otra nota…
Dentro del agrio panorama, es reconfortante notar la confianza de los jóvenes demócratas venezolanos, y su claridad estratégica según la cual una transición responsable no puede crear un futuro que reedite la exclusión presente, atrayendo a potenciales aliados en la transformación del país. No está de más desear que un gobierno uruguayo pueda conciliar sus intereses con sus valores, y prestar una mano para la reconstrucción democrática de Venezuela.