Los resultados de las elecciones regionales venezolanas, que arrojan la primera victoria electoral del Partido Socialista venezolano desde 2013, fueron tan sorprendentes como previsibles. El problema son sus consecuencias.
Imagen: Guillermo Tell Aveledo
Si se observa desde la simple lógica electoral, la victoria del chavismo el pasado domingo 15 no debía haber ocurrido. Un gobierno con una popularidad muy baja no suele lograr que sus candidatos sean electos en las regiones; las encuestas nacionales arrojaban una mayoría para la opinión opositora, y una relativamente alta participación daría más gobernaciones a la Unidad Democrática. Sin embargo, el Partido Socialista fue adjudicado con 17 de 23 estados (con uno sin declarar al momento de redactar esta nota).
En los datos parece una derrota decorosa. La Unidad obtuvo casi la mitad de los votos nacionales, victorias abultadas en Occidente, y su mayor número de gobernaciones desde que se forjó como coalición. Los demócratas venezolanos cuentan aún con activos políticos importantes (un tercio de las alcaldías del país, dos tercios del poder legislativo) y con la simpatía de la comunidad internacional. Pero, al esperarse mucho más, y en el contexto de lucha existencial planteada este año, que convertía a esta elección en una especie de plebiscito sobre la Constituyente, el desconcierto ha hecho mella en esa observación.
Ante la sombra que proyectan los datos, estaría tentado a descontarlos como un burdo fraude más. Pero la realidad política que proyectan es demasiado poderosa y grave como para ignorarla, pese al consenso en la comunidad democrática internacional en torno a las dudas sobre el proceso.
¿Cómo se convierte una minoría en mayoría? Esencialmente, hay tres maneras. La primera, dividiendo a la mayoría contraria; en Venezuela, los votantes opositores vienen de la doble frustración de la derrota de las protestas que sacudieron el país entre marzo y julio, así como la imposición subrepticia de la Constituyente, por lo que un grupo suficiente —especialmente nutrido en las clases medias urbanas— optó por no participar, decepcionado del poco rédito del voto. Ello, sin contar los miles de venezolanos que han emigrado desesperadamente en los últimos meses, habría mermado el voto por la Unidad, especialmente en estados opositores como Carabobo, Lara y Miranda. La segunda manera es impedir que esa mayoría existente se exprese: como siempre, pero de manera más acusada, se usó al Consejo Nacional Electoral para obstaculizar las postulaciones y el voto opositor: se distorsionó el proceso de candidaturas, el desplazamiento de centros electorales de último minuto y el hostigamiento físico hacia testigos y votantes. El tercer modo es, bueno, simplemente crecer como minoría: el chavismo se dedicó a buscar al votante decepcionado de sus filas que no se había pasado a la oposición, postuló a candidatos con campañas moderadas y hasta jocosas, y además acrecentó la percepción de amenaza sobre el «retorno de la derecha», en una población que está agobiada por la crisis pero que también sufrió durante las protestas. Otros analistas han dado más peso a la fabricación de votos fantasmas, pero hasta ahora no ha sido fácil demostrar ese criterio.
Claro está, todo esto ocurre en el creciente contexto autoritario del chavismo. Desde el año 2013, sólo el PSUV tiene acceso a medios de masas (especialmente la red estatal de comunicación y propaganda), y ejerce enormes controles sobre la actividad proselitista opositora. Las redes clientelares, menos holgadas por la crisis, se hacen sin embargo más influyentes ante la agobiante carestía: hoy la promesa de bolsas de alimentos cada quince días era suficiente. La lección de la derrota parlamentaria del 2015 pesó sobre el partido dominante, que ha trabajado para vaciar de contenido al voto entre los opositores, y reactivar su base identitaria, nunca desahuciada (y ciertamente más popular que el presidente Maduro).
Esta situación de derrota objetiva crea múltiples problemas a la oposición democrática en los meses por venir. Por una parte, la crítica más radical al régimen político, que ha promovido la abstención electoral, y estaría dispuesta a jugar fuera de las reglas vigentes, percibe que no puede ser desmentida, y que esta derrota le abre un espacio político que puede acaudillar, aun con una estrategia imprecisa. Por otro lado, la Unidad Democrática, que ha sido leal a las reglas vigentes —pese a la deslealtad del Estado-PSUV— con la expectativa de que el crecimiento electoral y la crisis lograran traer el cambio político, queda en entredicho: sin la demostración del fraude electoral, y con criterios divergentes sobre la aceptación de resultados, ¿puede conciliar una acción política unitaria y urgente? El votante opositor, que en su mayoría ha seguido fielmente la ruta electoral, se siente frustrado y expectante. ¿Será capaz de asumir la realidad de su situación?
Así las cosas, ¿significa esto un retorno irreversible del chavismo y una ruta definitiva a la instauración de un Estado Socialista con una Asamblea Constituyente ensoberbecida? Posiblemente, si no hay una reacción política de las fuerzas opositoras y si no se quiebra la alianza en el poder. Mucho de esto no depende de la población venezolana. Sin embargo, las fuentes estructurales del descontento hacia el chavismo, como lo es la crisis económica, permanecen sin que el gobierno tenga la capacidad de resolverla. El autoritarismo venezolano es, empero, resiliente, y puede ser flexible si eso le permite estar en el poder.
No es imposible que el chavismo juegue con la selectiva elasticidad acostumbrada hacia los procesos electorales para apurar las elecciones municipales y presidenciales ante el desánimo y división opositora. El gran dilema para los demócratas venezolanos es si acudirán o no a estos procesos. ¿Hay alguna alternativa realista desde lo local?
Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas