COVID-19 y la pandemia de la corrupción

La crisis del COVID-19 pone en evidencia diversos problemas de las sociedades latinoamericanas. Entre los desafíos que deben enfrentar los […]
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21 Jul, 2020

Articulo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.

La crisis del COVID-19 pone en evidencia diversos problemas de las sociedades latinoamericanas. Entre los desafíos que deben enfrentar los Estados está la corrupción.

La importante cantidad de recursos que se han “movilizado” para hacer frente a la crisis sanitaria y de derechos humanos generadas por la pandemia, hacen urgente el fortalecimiento de los mecanismos tanto de fiscalización de la población, como de control administrativo/judicial por parte de los Estados para evitar que aniden prácticas corruptas perjudiciales para la democracia y los derechos humanos. El combate a la corrupción en estos momentos críticos que vivimos debe ser permanente y comprometer a todos los actores políticos y sociales, nacionales e internacionales y será decisivo para evitar que se sigan socavando tanto el Estado de Derecho como los derechos humanos en los distintos países de Latinoamérica.

1- Planteamiento general

La crisis del coronavirus ha obligado a varios Estados latinoamericanos a gestionar recursos, para afrontar de manera integral las múltiples amenazas y desafíos en materia de derechos humanos, que enfrentan frente a la pandemia.

La experiencia latinoamericana en el manejo de situaciones equivalentes está ensombrecida por el fantasma de la corrupción. La corrupción es una práctica ilegal que se encuentra extendida en nuestra región y que forma parte de la mala cultura política latinoamericana. Tanto su prevalencia, como sus efectos en los derechos humanos de las personas ya han sido estudiados por la CIDH.

En nuestra región, el mal manejo de las crisis y de los recursos que se movilizan detrás de ellas, ha terminado enriqueciendo a una élite política y empobreciendo a la sociedad en su conjunto, que paga durante generaciones, préstamos para ayudas que no siempre llegan a quiénes realmente lo necesitan. La corrupción es una práctica nociva para la democracia que se da tanto “desde arriba” como “desde abajo”. Por lo tanto, la transparencia en todos los niveles estatales será fundamental para asegurar que el dinero gestionado, se utilice en aquello para lo que de verdad se necesita, y la ayuda llegue a los más vulnerables de la sociedad.

La transparencia es la mejor respuesta a la corrupción. Es una herramienta y una práctica que utilizan los gobiernos democráticos para poner a disposición de la ciudadanía información relevante sobre su gestión, que puede ser utilizada con diferentes fines y propósitos, dentro de ellos la fiscalización del buen manejo de los recursos. Como buena práctica esta información debería brindarse de manera oficiosa y en aquellos casos en los que no se produzca de esa manera, al menos se debería permitir el acceso a la ciudadanía mediante procedimientos sencillos y de fácil acceso. La transparencia es necesaria tanto en la administración de los recursos como en el manejo de la información pública sobre el avance de la enfermedad, y desde la primera perspectiva, es fundamental en el combate contra la corrupción.

Como lo ha recordado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el derecho de acceso a la información pública y el principio de transparencia en la gestión estatal están protegidos por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos que literalmente dice “[t]oda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.  Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole (…)”

La información relacionada con el manejo de esta gran cantidad de recursos no puede ser administrada a discreción de los Estados, y debe transparentarse de manera pública. Los organismos financieros internacionales y los países involucrados con los préstamos o donaciones que benefician a los Estados latinoamericanos, deben exigir a los gobiernos beneficiados, la puesta en práctica de mecanismos para asegurar la administración transparente dichos recursos, como una condición para los próximos desembolsos, pues el combate contra la corrupción compromete no solo a los Estados y sus ciudadanías, sino también a la comunidad internacional que abarca a otros Estados y a organismos internacionales.

El manejo transparente de las donaciones, cooperación o préstamos permite combatir tanto la corrupción macro como la micro corrupción, entendida por esta última, las prácticas corruptas que ejecutan funcionarios públicos de bajo rango en la distribución de los beneficios destinados a la ciudadanía. Los Estados latinoamericanos, así lo recomienda la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, deben “fortalecer sus capacidades para garantizar de manera proactiva el acceso a la información pública, clave en la lucha contra la corrupción; y fortalecer sus mecanismos de transparencia activa y rendición de cuentas”.

El rol de la ciudadanía, periodistas, organizaciones de derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, es importante en este ámbito, sobre todo frente a Estados que se caracterizan por su poca apertura al escrutinio público o que enfrentan crisis institucionales agravadas por la existencia de esquemas de corrupción como Venezuela, Honduras, Nicaragua, Bolivia, por mencionar algunos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en sus resoluciones 1/17 sobre corrupción e impunidad y 1/18 sobre corrupción y derechos humanos, ha resaltado la importancia del control ciudadano que ejercen todos los actores sociales, en los procesos de investigación y denuncia de los actos de corrupción.

La ciudadanía y todos los actores sociales como parte de su ejercicio democrático deben fiscalizar los actos de las instituciones públicas, desde las compras hasta la distribución de las ayudas. En algunos países gracias a esta fiscalización permanente ya se han detectado anomalías en compras realizadas, tal es el caso de Honduras, Argentina y Bolivia, donde se han adquirido productos médicos o alimenticios a un precio mayor al del mercado. Algo similar ocurre en Centroamérica y otros lados del continente. Las leyes de emergencia que se han aprobado, en la mayoría de los casos contemplan, no solo medidas de confinamiento y de restricción de libertades, sino también procedimientos simplificados de compras públicas, como las compras directas u otros equivalentes. La no existencia de los filtros habituales nos obliga a ejercer un mayor rol fiscalizador para evitar que la corrupción encuentre en estos procedimientos una ventana de oportunidad.

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Según ha recordado la Corte IDH en el caso Claude Reyes versus Chile “[e]l control democrático, por parte de la sociedad a través de la opinión pública, fomenta la transparencia de las actividades estatales y promueve la responsabilidad de los funcionarios  sobre su gestión pública. Por ello, para que las personas puedan ejercer el control democrático es esencial que el Estado garantice el acceso a la información de interés público bajo su control. Al permitir el ejercicio de ese control democrático se fomenta una mayor participación de las personas en los intereses de la sociedad”

2- Algunas obligaciones de los Estados a la luz de los estándares internacionales sobre transparencia y corrupción

 Existen varios instrumentos internacionales (declaraciones, tratados, convenciones) que contemplan disposiciones relacionadas con la transparencia y el acceso a la información pública como prácticas democráticas que contribuyen entre otras cosas a la lucha contra la corrupción, dentro de ellas se encuentra la Convención de Naciones Unidas contra la corrupción que establece los siguientes lineamientos que deben ser tomados en cuenta por los Estados:

  • Sobre las políticas y prácticas para prevenir la corrupción, señala que los Estados deberán promover políticas “contra la corrupción que promuevan la participación de la sociedad y reflejen los principios del imperio de la ley, la debida gestión de los asuntos públicos y los bienes públicos, la integridad, la transparencia y la obligación de rendir cuentas”.
  • Sobre la contratación pública y gestión de la hacienda pública, señala que los Estados deben establecer sistemas de contratación pública basados en la transparencia que deben incluir como mínimo la información relativa a procedimientos de contratación pública, incluida información de licitaciones e información oportuna sobre la adjudicación de contratos
  • Sobre la información pública, señala que los Estados para combatir la corrupción deben promover la transparencia en su administración, esto incluye la adopción de procedimientos de acceso a la información pública; la simplificación de los procedimientos en los casos que proceda; y la publicación de información oficiosa.

No basta con fortalecer los mecanismos de transparencia y acceso a la información pública, sino que los Estados a su vez deben fortalecer los mecanismos de control preventivo, así como los sistemas de administración de justicia. La CIDH ha señalado que sería incompleto implementar estrategias de transparencia y de acceso a la información pública en el combate contra la corrupción si estos no vienen acompañados de estrategias judiciales para procesar a responsables de actos de corrupción; y por tanto, señala que los Estados deben fortalecer la independencia, la imparcialidad, la autonomía y la capacidad del sistema de administración de justicia, y de las otras instituciones de control administrativas, para hacer frente a la corrupción.

También ha dicho que la cooperación entre los sistemas de administración de justicia de los Estados juega un papel fundamental en el combate contra la corrupción, así como en la recuperación de los activos por lo que se debe “promover una respuesta regional a la corrupción desde un enfoque de derechos humanos”.

3- Reflexiones finales

 En estos tiempos convulsos la corrupción debe estar en el centro del debate público. Debemos insistir en la implementación de mecanismos de transparencia que garanticen una vigilancia permanente de la ciudadanía sobre la actuación pública, a los fines de evitar actos de corrupción. La pandemia no puede distraernos de nuestro rol de fiscalización, sobre todo cuando la región tiene graves antecedentes en materia de corrupción como problema estructural.

Los Estados por su parte, deben implementar todas las medidas que estén a su alcance para promover la transparencia, el acceso a la información pública y la participación ciudadana en las labores de fiscalización y control de la gestión pública, sobre todo, aquellas relacionadas con el manejo de recursos, como donaciones y préstamos. Congruentes con su vocación democrática deben transparentar toda la información, sin necesidad de que sea solicitada por la ciudadanía, aplicando de esta manera lo dispuesto en sus legislaciones nacionales y cumpliendo de buena fe sus compromisos internacionales de promover y publicar información oficiosa. A su vez se deben fortalecer los sistemas de control administrativo como los sistemas de justicia, los primeros para prevenir la corrupción y los segundos para perseguirla y sancionar a los responsables.

La lucha contra la corrupción debe comprometer también a la comunidad internacional que por un lado debe exigir la implementación de mecanismos de transparencia a los países receptores de préstamos o donaciones y por otro, colaborar con estos países y sus sistemas de justicia, en los procesos en contra de funcionarios corruptos y en la recuperación de activos provenientes de la corrupción.

Lo cierto es que el coronavirus pasará pronto, mientras que la corrupción y sus estragos parece que todavía no.

Abogado nicaragüense, maestrando en derechos humanos y democracia. Director Instituto Centroamericano de Estudios Jurídicos y Políticos de la Universidad Politécnica de Nicaragua

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