Los votantes ecuatorianos, tras una campaña signada por la crispación y las amenazas del pasado, nos han dado una lección institucional a todos los latinoamericanos.
Durante la ola democratizadora de los ochenta, y en pleno auge liberal, las nuevas democracias latinoamericanas enfrentaron convulsas transiciones. La crisis económica heredada de las malas políticas autoritarias, la reactancia de élites desplazadas, sumada a la deuda social tras décadas de regresión, amenazaban a los nuevos gobiernos. También, la memoria de la fragilidad democrática de la posguerra, o de su carácter incoado en muchos países, traía consigo la necesidad de apuntalar a las jóvenes instituciones.
Tomó fuerza entonces, entre los académicos proclives a la reforma del Estado influyentes en los procesos de revisión constitucional, la noción según la cual debían reducirse los períodos constitucionales y promover la reelección inmediata, con el fin de que los nuevos presidentes tecnocráticos pudiesen dar continuidad a sus reformas y salvaguardarse de la supervisión electoral, dada la ventaja que la ciencia política había demostrado para los incumbents. El argumento era que no podía dejarse la suerte de una política de reforma al azar de un sucesor que podía desmontarla; era mejor la continuidad.
La ironía era aún mayor por cuanto las presidencias eternas de los caudillos decimonónicos, y los llamados al «sufragio efectivo, no reelección» fueron las banderas de los movimientos democratizadores radicales de finales del siglo XIX y la primera mitad del XX. América Latina es el continente de las repúblicas, y de los «señores presidentes», que aprovecharon la debilidad institucional y el riesgo social prevalente para imponer constitucionalmente su largo dominio, en esa tendencia tan nuestra al formalismo vacuo.
Pero la tecnocracia no cree en la historia: con una lectura descuidada y academicista de las reelecciones en sistemas parlamentarios y el presidencialismo estadounidense, se fue reimponiendo la reelección como norma casi general, con la Argentina menemista y el Perú de Fujimori como puntas de lanza. Era el fin de la historia, y las instituciones de la democracia liberal eran su propio contrapeso. Ya no perpetuábamos personalismos, sino que reelegíamos demócratas sin escándalo.
Al llegar la ola rosa del socialismo populista en la década del 2000, estas reformas alcanzaron a estos movimientos, y allí donde había débiles límites institucionales se impuso la nueva reelección: siguiendo a la Venezuela chavista, los socialistas del siglo XXI empujaron esta barrera en Bolivia, Nicaragua, y Ecuador, derribando la tímida muralla que establecían los límites a las reelecciones consecutivas, mientras se creaban verdaderas dinastías en Brasil y Argentina. Pero no era Este un problema circunscrito a los populismos de izquierda: sin reiterar los casos peruano y argentino en los 1990, la Colombia de Uribe y Santos ha sido testigo de una puja en torno a la reelección.
¿Por qué es la reelección un riesgo para la democracia? Porque socava el principio de elecciones competitivas de manera tal que el récord es absolutamente abrumador a favor de los presidentes que optan por la reelección, incluso mediata. En nuestra tradición presidencial y centralista, los hilos de poder manejados desde el palacio, los recursos y el reconocimiento público son tan asimétricos que difícilmente un competidor puede hacerse con el poder. Solo la muerte, la destitución o la renuncia truncan la perpetuación. Sí, se ha superado la inestabilidad dogmáticamente vinculada a las frágiles democracias de antaño, multiplicando la potencia de las modernas presidencias que pueden tender a una mayor concentración de poder y competencias. Si el poder corrompe, el poder prolongado lo hace por más tiempo.
En ese sentido, la apuesta audaz del presidente Lenin Moreno para recuperar «el mandato de la Constitución de Montecristi» tiene un significado trascendental. No es un movimiento reaccionario —en el sentido de estar liderado por sectores implícitamente opuestos al exmandatario Rafael Correa—, sino que intenta fortalecer los orígenes democráticos de la Revolución ciudadana evitando su deriva personalista. La feroz oposición del expresidente Correa, acaso uno de los más exitosos y económicamente sensatos mandatarios de la ola rosa, recordó que el problema no era de gestión, sino del rescate de principios políticos y republicanos. La alternabilidad no implica el abandono de políticas públicas correctas, sino el evitar el enquistamiento de élites que pronto podrían olvidar sus propias lecciones. La prevención frente a las prácticas autoritarias del exmandatario no debe pasar desapercibida.
Al separar el legado revolucionario moderado del movimiento político de 2007 de su fundador, Moreno y los ecuatorianos no solo han mostrado madurez, sino que han dado la oportunidad a que emerja un nuevo pluralismo anclado en sus propios valores. Los demócratas latinoamericanos debemos saludar este hecho, no solo porque se trata del fin pacífico de una eventual dinastía autoritaria de un signo contrario al nuestro, sino por el carácter intrínsecamente riesgoso de la reelección. Es momento de un nuevo reformismo político.
Guillermo Tell Aveledo | @GTAveledo
Profesor en Estudios Políticos, Universidad Metropolitana, Caracas
