El reconocimiento de Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela (enero 2019), por más de 50 gobiernos democráticos, marcó el inicio de un significativo cambio de enfoque en la gestión multilateral de la cuestión venezolana.
Con dicho paso, verdaderamente audaz, se ha materializado la progresiva aceptación de que 1) el problema de Venezuela ameritaba una mayor atención internacional, dadas sus crecientes implicaciones internas e internacionales; 2) no tenía sentido que los gobiernos democráticos siguieran brindando al régimen de Maduro el mismo tratamiento que a un régimen respetuoso del derecho nacional e internacional; 3) no hay ninguna posibilidad de que el país recupere su funcionamiento democrático sin fortalecer la posición política de la oposición venezolana mediante un decidido respaldo multilateral. No obstante, y a pesar de lo mucho que se ha avanzado, aún parece haber obstáculos importantes de cara al definitivo encauzamiento de dicho país hacia la recuperación de su democracia.
En recientes entregas hicimos referencia a dos aspectos que marcan los intentos multilaterales por canalizar positivamente la conflictividad política en Venezuela. Por un lado, señalamos la necesidad de cambiar el formato de las negociaciones que, con asistencia internacional, han venido teniendo lugar durante los últimos años. Se requiere pasar de facilitaciones del diálogo que implícitamente otorgan un tratamiento equivalente a las partes enfrentadas —siempre con miras a alcanzar un punto medio entre ellas— a, por el contrario, apostar decididamente por la defensa de la democracia y los derechos humanos. Indicamos también que lo anterior implica desarrollar acciones en pos de un cambio de régimen político, lo cual a su vez requiere medidas orientadas a fracturar la cohesión de la coalición imperante en el país. Afortunadamente, la tendencia creciente parece ir apuntando en esa dirección.
Pero, por otro lado, explicamos que la heterodoxa orientación geopolítica de la Revolución bolivariana —marcada por su expresa y constante voluntad de asociarse con regímenes autocráticos y movimientos subversivos que comparten su decidido rechazo a la democracia liberal— ha sido fundamental para que la coalición política imperante en Venezuela cuente con alianzas que, hasta ahora, le han permitido resistir la diplomacia coercitiva y multilateral a la que gradualmente la han sometido las principales democracias durante el año 2019. Por lo tanto, sostuvimos que semejantes circunstancias le plantean a las naciones de Occidente la necesidad de definir hasta qué punto estas están dispuestas a extremar sus esfuerzos para impedir que Venezuela se siga consolidando como un hub de actividades delictivas y agendas geopolíticas de potencias extrahemisféricas. Un indicio al respecto lo ofrece la reciente activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por la mayoría de los 19 países que actualmente lo integran, incluyendo a Venezuela luego de que, en julio pasado, la Asamblea Nacional de ese país —controlada por la oposición al chavismo— aprobara su reincorporación al tratado. En otras palabras, esta ruta de acción constituye un paso de extraordinaria relevancia que solo ha sido posible en tanto Guaidó y la Asamblea Nacional siguen siendo reconocidos por dichos países como, respectivamente, jefe de Estado y única rama legítima del poder público en Venezuela.
La activación del TIAR, obviamente repudiada por Maduro y sus aliados dentro y fuera de América, ha recibido también cuestionamientos de distintos actores políticos en el continente, quienes argumentan que no están vigentes los supuestos de activación de un tratado que, por lo demás, consideran obsoleto y peligroso. Según ellos, no están dadas las condiciones previstas en el artículo 6 del TIAR, cuyas especificaciones fueron consideradas para la activación del mecanismo. No obstante, la realidad es que la inviolabilidad o integridad territorial de Venezuela, así como su soberanía e independencia política, sí vienen siendo profundamente afectadas desde hace años por agresiones al pueblo venezolano que, sin constituir ataques armados, afectan además la paz y la seguridad del continente.
No otra cosa representan los miles de funcionarios cubanos que desde hace más de 15 años operan en Venezuela al servicio de una alianza que ha contribuido directamente a generar una emergencia humanitaria compleja por la que ahora millones de migrantes y refugiados venezolanos inundan los países vecinos. Del mismo modo, la creciente cooperación económica y militar con la que Rusia y China permiten a Maduro resistir todavía —a pesar de conducir un régimen que ha ocasionado una reducción superior a un 50% del PIB venezolano en cuestión de seis años— materializa su creciente involucramiento geopolítico y estratégico en una zona del planeta cuya seguridad ha tenido mucho que ver, precisamente, con la histórica lejanía de ese tipo de actores. Tampoco dejan de representar amenazas a la región (no convencionales, si se quiere) el apoyo explícito que el chavismo brinda a la subversión colombiana, por no mencionar los fuertes indicios de su cooperación con Hezbolá, su participación en diversos casos de corrupción transnacional y el hecho de que Venezuela se haya convertido en canal primordial de la exportación de drogas desde Sudamérica hacia otros destinos.
Sin ser perfecto, el mecanismo del TIAR es la vía seleccionada por la región para seguir debilitando la posición de fuerza que aún mantienen Maduro y sus aliados. Lejos de implicar la posibilidad de una guerra inminente o de entorpecer una salida negociada, como alertan sus detractores, el TIAR representa la posibilidad de sancionar multilateralmente a los perpetradores de crímenes masivos en Venezuela y de fortalecer el sistema de incentivos necesarios para una negociación eventualmente eficaz, extremando así las vías legales y pacíficas para un cambio político. Tal como ha señalado recientemente Joaquín Villalobos, las sanciones son la vía pacífica. Ya sabemos que opciones alternas, por lo general basadas en diálogos prolongados sin aplicación de la fuerza, han sido probadas hasta la saciedad y no conducen sino a la perpetuación del statu quo, lo cual significa en este caso la acelerada destrucción de un país, la profundización de la emergencia humanitaria compleja y el mayor éxodo de refugiados que se recuerda en el continente.
La duda, más bien, estriba en saber si la vía abierta con la activación del TIAR resultará suficiente tal como ha sido planteada hasta ahora, o si, por el contrario, cabe esperar una resistencia aún más pertinaz de Maduro y sus aliados internacionales. Ante esa posibilidad, es preciso examinar la factibilidad de movimientos que permitan adelantarse a sus posibles respuestas. En otras palabras, el problema no estriba en saber si la activación del TIAR es pertinente —que lo es— sino en determinar si la estrategia a seguir debe ser gradual o anticipatoria, asunto que esperamos desarrollar en un próximo artículo.
