En México, fruto del hartazgo ciudadano, llegó al poder Andrés Manuel López Obrador y su proyecto político, conocido como la cuarta transformación (4T). Apostando a un cambio radical que daría continuidad a las tres grandes transformaciones nacionales: la Independencia de inicios del siglo XIX, la reforma liberal de mediados de la centuria y la revolución del primer cuarto del siglo XX.
A partir de los estudios del proyecto V-Dem, [1] se ha advertido sobre el advenimiento de una tercera ola autocratizadora. Esta arrancó a mediados de los años noventa y ha afectado a una mayoría de democracias establecidas. [2] Dentro de esta, los aspirantes a autócrata llegan al poder legalmente —mediante elecciones— y gradualmente degradan, sin suprimirlas, las normas e instituciones democráticas. Este proceso erosionador se conecta con otros hallazgos recientes, que revelan la relación existente entre la hegemonía presidencial —entendida como la capacidad del Ejecutivo para controlar los poderes Legislativo y Judicial— y los procesos de deterioro democrático en Latinoamérica. El estudio concluye que la hegemonía presidencial ha sido un factor relevante en la inestabilidad de las democracias latinoamericanas. [3]
Estos fenómenos —erosión de la calidad democrática, empoderamiento presidencial, captura electoral de las instituciones por un proyecto político— se están produciendo en México, a partir del resultado de las elecciones del pasado 1.º de julio de 2018, que encumbraron un nuevo partido (Morena) y un liderazgo veterano (Andrés Manuel López Obrador) al frente del Estado mexicano. Lo cual no podría explicarse sin repasar, aunque sea sucintamente, los antecedentes y desempeños de la democracia mexicana en el pasado cuarto de siglo.
La democracia frágil (2000-2019)
El régimen político mexicano emanado de la transición del año 2000 puede ser definido como una democracia de baja calidad y un frágil Estado de derecho, donde se combinaban, en el orden federal, niveles modestos de cumplimiento de los elementos básicos que definen una poliarquía —entre ellos la calidad de las elecciones y la vida partidista— con sistemas políticos subnacionales, que incluyen casos de democracia delegativa —con gobernadores cuasi omnímodos capaces de imponer la pauta de la vida política regional— y autoritarismo —con su cuota de represión y uso de la violencia—. [4] Todo lo anterior dentro de un cuadro político complejo que, si bien muestra los avances de los últimos años, aún ubica a México por debajo de naciones comparables dentro de la región.
Gráfico I. Índice comparativo de poliarquía [5]
Todo ello es resultado de un proceso democratizador dilatado, fundamentalmente enfocado en lo electoral e insuficiente para sustituir a cabalidad los cimientos constitucionales, institucionales y culturales del viejo régimen. En el proceso, los otrora partidos opositores —la derecha panista, que alcanzó el gobierno nacional, y la izquierda perredista, triunfadora en varios estados incluida la capital— reprodujeron, de forma cada vez mayor, los usos y costumbres de la forma priista de hacer política. En particular, se propagó la cultura política tradicional —con su clientelismo, particularismo y corporativismo generalizados—, misma que había sido el fundamento de la relación entre el régimen autoritario priista y la sociedad posrevolucionaria.
La continuidad de las instituciones y de la cultura autoritaria fue favorecida también por la falta de proyectos alternativos para las estructuras básicas del Estado mexicano. La creación de organismos autónomos —un logro de la transición— para asuntos de relevancia democrática, como el acceso a la información y la regulación electoral, devinieron disfuncionales dada su colonización por los grandes partidos —mediante la distribución de puestos— y su poder acotado.
Los mecanismos de participación ciudadana, como los consejos en diversas áreas de las políticas públicas, y las instancias institucionalizadas para la rendición de cuentas en diversas dependencias y niveles de gobierno han tenido magros resultados, producto en buena medida de su creación apresurada —como respuestas a tendencias globales, ligadas a los foros y entornos internacionales donde se inserta el Estado mexicano— y su empleo como entes legitimadores de figuras y agendas políticas. En fecha reciente, iniciativas como las candidaturas independientes y los mecanismos de democracia directa, si bien han significado la promesa de una reforma (parcial) del monopolio de la representación política, acusaron la amenaza de su utilización por antiguos políticos —salidos de los partidos tradicionales— identificados con formas (neo)populistas de gobernar, a la vez que generan resistencias de los ejecutivos, congresos y partidos amenazados por la emergencia o irrupción de nuevos actores y demandas ciudadanos.
Semejante estado de cosas permite explicar por qué el estado de la ciudadanía en el país presenta, en la actualidad, una serie de claroscuros. Tanto en la dimensión individual como colectiva de la ciudadanía —y en sus expresiones civil, política y social— estos abarcan la distribución desigual de recursos, la distancia entre los derechos formales y las prácticas reales y las diferencias entre el progreso en derechos políticos asociados al proceso de transición a la democracia y el estancamiento (y retrocesos) en lo referente a los derechos civiles y sociales. A nivel nacional, con particular arraigo en ciertas zonas, el ejercicio de la ciudadanía se ve suplantado por formas de reconocimiento y acceso a bienes y servicios con marcados signos particularistas, corporativos y clientelares que profundizan la exclusión de los más débiles, pobres y desorganizados. [6]
Por otra parte, diversos poderes fácticos —criminales, mediáticos, eclesiásticos— ganan terreno frente a la debilidad y omisión del Estado a la hora de ejercer funciones regulatorias en diversos ámbitos de la vida social. Situación particularmente grave en el caso del crimen organizado, que deviene actor dominante en zonas grises de la institucionalidad, la territorialidad y la sociedad mexicanas, en las cuales la legalidad formal coexiste —o es suplantada— por mecanismos paralegales y violentos de resolución de conflictos, redistribución de recursos y regulación de la vida comunitaria.
Este es el escenario en el cual, fruto del hartazgo ciudadano, llega al poder Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y su proyecto político, conocido como la Cuarta Transformación (4T), en alusión a un cambio radical que daría continuidad a las tres grandes transformaciones nacionales: la Independencia, de inicios del siglo XIX; la reforma liberal de mediados de la centuria; y la Revolución del primer cuarto del siglo XX.
Notas
[1] Iniciativa conjunta del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Gotemburgo, Suecia, y el Kellogg Institute en la Universidad de Notre Dame, Estados Unidos, que mide siete formas de democracia: electoral, liberal, participativa, deliberativa, igualitaria, mayoritaria y consensual. En adición, reconstruye la trayectoria de los regímenes políticos del mundo, de 1902 al presente.
[2] Lührmann, A., y Lindberg, S. I. (2019). A third wave of autocratization is here: what is new about it?, Democratization. doi: 10.1080/13510347.2019.1582029 https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1582029
[3] Pérez-Liñán, A., Schmidt, N., y Vairo, D. (2019). Presidential hegemony and democratic backsliding in Latin America, 1925-2016. Democratization, 26 (4), 606-625. doi: 10.1080/13510347.2019.1566321 https://doi.org/10.1080/13510347.2019.1566321
[4] Russo, J., y Chaguaceda, A. (2016). México: contexto y dimensiones de una ciudadanía precaria. En K. Rodríguez., C. Rea., y J. Russo (Ed.), Ciudadanía y grupos vulnerables en México, Guanajuato: Universidad de Guanajuato, Fontamara.
[5] V-Dem Institute (2018). V-Dem, global standars, local knowledge. Gotemburgo, Suecia: Departamento de Ciencia Política de la Universidad de Gotemburgo. Recuperado de: https://www.v-dem.net/es/analysis/VariableGraph/
[6] Instituto Nacional Electoral y Colegio de México (2015). Informe país sobre la calidad de la ciudadanía en México. Recuperado de https://portalanterior.ine.mx/archivos2/s/DECEYEC/EducacionCivica/Documento_Principal_23Nov.pdf; Olvera, A. (2014). Ciudadanía y participación ciudadana en México. En E. Florescano y J. R. Cosío (eds.), Hacia una nación de ciudadanos, Ciudad de México: Fondo de Cultura Económica; y Ríos, V., y Wood, D. (eds.) (2018). The Missing Reform: Strengthening Rule of Law in Mexico. Washington: Woodrow Wilson Center Press.
