La primera vuelta de las elecciones nacionales (27 de octubre) dejó el camino hacia el balotaje y al descubierto la existencia de dos bloques políticos bien definidos y en pugna por el futuro de un país que parece rechazar las polarizaciones extremas y la violencia política.

Con una participación superior al 90%, los uruguayos reafirmaron su tradición democrática. No hubo denuncias de incidentes ni actos de violencia durante la jornada, lo que consolidó una vez más la imagen de estabilidad política que caracteriza al país.

Sin embargo, lo más interesante de este ciclo electoral no son las figuras en competencia —dos candidatos de perfil moderado y con dilatada trayectoria pública—, sino lo que cada uno representa en términos de modelos de gestión y visión de país.

Uruguay, fiel a su pragmatismo, se volvió a dividir entre dos bloques sólidos electoralmente: por un lado, el Frente Amplio, que aglutina a la izquierda bajo una bandera unificada; por otro, la Coalición Republicana, un conglomerado de partidos de centroderecha que busca continuar el rumbo trazado por el gobierno de Luis Lacalle Pou.

Fórmulas de función pública

El balotaje del 24 de noviembre no será una disputa entre un candidato outsider y otro del sistema, sino entre dos hombres con amplia experiencia política. Tanto Orsi como Delgado han recorrido un largo camino en sus respectivos partidos. Orsi, como intendente del departamento de Canelones, se ha consolidado como una figura de destaque en el FA. Delgado, por su parte, fue senador y ocupó el cargo de secretario de la Presidencia bajo la administración de Lacalle Pou, convirtiéndose en uno de sus hombres de mayor confianza.

La campaña ha sido relativamente tranquila, sin grandes sobresaltos, y ambos candidatos han mantenido un perfil bajo en los medios. Sin embargo, el verdadero trasfondo de esta elección va más allá de sus personalidades. Lo que está en juego es la continuidad o el cambio del modelo de gestión que ha prevalecido en los últimos cinco años. La ciudadanía deberá decidir si ratifica el rumbo que ha seguido el país con la CR o si opta por regresar a un gobierno del FA, que estuvo en el poder entre 2005 y 2020.

Coalición Republicana

En la primera vuelta, la CR sumó el 47,3% de los votos, mientras que el FA obtuvo el 43,9%. Esto marca una recuperación de más del 4% para la izquierda en comparación con las elecciones de 2019, pero no fue suficiente para alcanzar la mayoría que esperaban. Por otro lado, los resultados evidencian un reacomodo dentro de la Coalición Republicana, ya que Cabildo Abierto, uno de sus partidos aliados, perdió sus tres bancas en el Senado, mientras que el Partido Colorado recuperó dos.

Este cambio en la configuración de fuerzas dentro de la CR tiene consecuencias importantes para la forma de negociar y el liderazgo de Delgado, quien deberá gestionar nuevas dinámicas si logra acceder a la presidencia: su principal interlocutor serán los colorados.

A pesar de estos ajustes internos no menores en la CR, Delgado ha quedado bien posicionado para el balotaje, con un respaldo significativo gracias a la gestión de Lacalle Pou, que mantiene una popularidad superior al 50%.

Por su parte, la votación de Gustavo Salle, un candidato antisistema que creó el partido Identidad Soberana, caracterizado por oponerse abiertamente a la agenda 2030 y a las vacunas del COVID-19, generó sorpresa. Su performance le valió dos escaños en Diputados, lo que podría complicar la aprobación de futuras leyes. Salle ya ha adelantado que votará anulado en el balotaje, lo que refuerza la incertidumbre sobre los resultados finales.

Poco clima de cambios

En las generales de Uruguay también se votaban dos plebiscitos. Uno contra la reforma de la seguridad social realizada por la administración de Lacalle Pou y otro para aprobar la posibilidad de realizar allanamientos nocturnos en las casas bajo orden de un juez. Ambos no lograron el 50% para ser aprobados. Más allá de las cifras, el contundente rechazo al plebiscito sobre la derogación del actual sistema de pensiones celebrado fue un indicador claro de hacia dónde parece inclinarse la mayoría del país. El revés con más del 60% de las voluntades en contra de la derogación impulsada por la central obrera y los sectores más radicales de la izquierda refuerza la idea de que los uruguayos prefieren mantener la estabilidad del rumbo.

Este plebiscito representó una clara victoria para Lacalle Pou, quien defendió una reforma a todas luces impopular pero necesaria, que incluyó entre otras cosas el aumento de la edad jubilatoria de 60 a 65 años.

La izquierda

A pesar de que el oficialismo con Delgado a la cabeza salió bien parado de la primera vuelta, no es ni por asomo garantía de triunfo en noviembre. El FA cuenta con una base electoral sólida, y su líder, Yamandú Orsi, tiene el apoyo explícito del expresidente y líder del Movimiento de Participación Popular, José “Pepe” Mujica, quien sigue siendo una figura influyente en la política uruguaya.

El FA logró asegurarse 16 bancas en el Senado. Esa mayoría simple le otorga una capacidad de veto sobre decisiones clave, como el nombramiento de embajadores o el ascenso de generales en el Ejército, lo que no es menor.

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Ambos bloques enfrentan un desafío mayor hacia el balotaje: movilizar a los votantes del otro bloque o a los que votaron en blanco o anulado en la primera vuelta. Estos electores tendrán la lleve para definir el resultado en noviembre.

Por otro lado, Delgado cuenta también con la ventaja de representar a un gobierno que, en general, es bien valorado por la mayoría de la opinión pública. También a su favor la percepción de que no hay un ambiente de cambio en el país. Orsi, por otro lado, deberá convencer de que su proyecto de gobierno representa una renovación, pero sin caer en los discursos radicales populistas tan tentadores por estos días en América Latina.

Cuatro semanas decisivas

Las próximas semanas hacia el balotaje serán decisivas. La capacidad de ambos candidatos para captar votos fuera de sus bases tradicionales, sumada a un debate obligatorio al que deben acudir los dos candidatos, marcará el rumbo y el destino de la campaña.

Al cierre de la noche de la primera vuelta hubo alegría en filas coalicionistas y caras preocupadas entre los opositores del FA. Unos festejaron con cautela, otros respiraron hondo y se dedicaron a analizar los números finos que tampoco son malos. El final es incierto y define un electorado no cautivo muy volátil e impredecible. Los dados no están echados. En estos momentos se agitan nerviosamente en el vaso.

Lo que parece quedar claro es que, gane quien gane en noviembre, Uruguay seguirá demostrando al mundo su compromiso con la democracia y la estabilidad institucional.

En su edición número 76, el Estudio Económico de América Latina y el Caribe, 2024 la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) hace foco en el “bajo crecimiento, cambio climático y dinámica del empleo”.

Se trata de uno de los principales informes económicos anuales de la institución, en el que realiza un balance de las economías latinoamericanas en los últimos meses y actualiza sus estimaciones de crecimiento para cada uno de los países en el próximo año.

Desaceleración económica

En la primera sección del informe, entre otros indicadores, se analiza el desempeño económico regional y su evolución en los primeros meses de 2024, así como las perspectivas de crecimiento para 2024 y 2025. Se destacan los factores externos e internos que han incidido en el desempeño económico de la región y que condicionarán el crecimiento económico en los próximos años.

En esta sección, hay una comparación interesante: dado el bajo crecimiento de la actividad económica, el PIB per cápita de la región se encuentra en los mismos niveles que hace diez años. Se ve en el siguiente gráfico.

Por otra parte, indican que la inflación continúa a la baja en las economías de la región, luego de alcanzar un máximo en junio de 2022, del 9,2%, la mediana de la inflación regional cerró en diciembre de 2023 en un 3,7%. Asimismo, la proyección de la Cepal para la región se mantiene en torno al 3,6% para finales de 2024 y mediados de 2025.

Dinámicas de empleo

Respecto a la tasa de crecimiento de empleos, observan que en el primer trimestre de 2024 la cifra fue menor que en el primer trimestre de 2023. Experimentó una reducción de 1,9 puntos porcentuales. Pasó de un 2,8% a un 0,9%. Con ello, se mantiene la tendencia a la desaceleración de la tasa de crecimiento del empleo. El valor observado en el primer trimestre de 2024 es el menor que se ha registrado desde el primer trimestre de 2022.

En este ámbito, indican que el menor crecimiento del número de ocupados ha sido generalizado en las diferentes ramas de actividad.

Pero también hay datos más esperanzadores. La tasa de desocupación registrada en el primer trimestre de 2024 fue menor que la observada en igual período de 2023. Al mismo tiempo, observan que la tasa de ocupación informal promedio se redujo en el primer trimestre de este año.

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Más adelante, en el segundo capítulo del informe, “Crecimiento y dinámica sectorial del empleo en América Latina”, se explica que existe una estrecha relación entre el estado del crecimiento económico y la creación de empleo, tanto a nivel agregado como sectorial. Y concluyen que la desaceleración observada en la tasa de crecimiento económico ha resultado en una caída en la tasa de crecimiento del empleo en la última década. Entre 2014 y 2023, el crecimiento promedio del empleo en la región fue del 1,3%.

Esta información se complementa en el tercer capítulo, “Empleo informal en América Latina de 2013 a 2022: evolución y tendencias”. Entre los principales resultados, se destaca la importancia del empleo informal en la explicación del crecimiento de la ocupación. Entre 2013 y 2022, el crecimiento del empleo total fue del 10%, con un crecimiento del 18,6% en el caso del empleo informal y del 3,3% en el del empleo formal. Al desagregar por sexo, se observa que el empleo informal entre las mujeres creció un 22,8%, mientras que entre los hombres el incremento fue del 15,7%, lo que confirma un sesgo de género en la informalidad.

La influencia del cambio climático

En el cuarto capítulo, “Impacto del cambio climático sobre la creación de empleo en las economías de América Latina”, se analiza cómo el cambio climático podría afectar la dinámica de crecimiento y la creación de empleo en la región.

Señalan una elevada vulnerabilidad de América Latina frente a este fenómeno. Esto se debe principalmente a su ubicación geográfica y dependencia de sectores vulnerables. Algunos de estos son la agricultura, la minería y el turismo. Aunque también observan efectos de decaída sobre el número de ocupados en general. El riesgo laboral en estas áreas se proyecta en los siguientes gráficos.

Para evitar los efectos adversos en el crecimiento económico y el empleo, la Cepal llama a aplicar políticas adecuadas de adaptación y mitigación. Asimismo recomienda complementar estas medidas con políticas activas de empleo, que fomenten la creación de empleos de calidad para mejorar las oportunidades laborales y facilitar la inserción o reinserción de los trabajadores en el mercado laboral.

Modelos estimados muestran que, en un escenario sin mitigación, el PIB y el empleo podrían sufrir reducciones significativas hacia 2050. Esto deja en evidencia la necesidad urgente de contar con políticas que promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo en la región.

Latinoamérica en una trampa económica

De los resultados de estos tres capítulos se desprende «la trampa de bajo crecimiento» en la que se encuentran las economías de la región. Se refieren a la reducción en la capacidad de creación de puestos de trabajo. En particular los formales. Además, los jóvenes, mujeres, personas mayores, personas con bajo nivel educativo, migrantes y quienes viven en zonas rurales, son más propensos a ser trabajadores informales.

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Además, resaltan la urgencia de adoptar medidas de adaptación y mitigación al cambio climático para evitar la reducción del número de empleos en el mediano plazo. Para abordar estos desafíos y atenuar los efectos sobre los mercados laborales, la región debe articular políticas de desarrollo productivo, empleo y macroeconómicas. Esto requiere un aumento significativo en la inversión pública y privada, así como reformas estructurales para promover un crecimiento económico sostenible y equitativo.

En Perú, como en gran parte de América Latina, la presencia de China ha aumentado espectacularmente en las dos últimas décadas. Con el comercio y las inversiones vinculadas a las industrias extractivas en el centro de la relación de China con Perú, el país asiático se ha convertido en un actor importante de la economía peruana. De hecho, es ahora el mayor socio comercial de Perú. Y no sólo eso: una quinta parte de la inversión china en Sudamérica se destina a Perú y sólo Brasil recibe más.

Más comercio, no necesariamente mejor

Se cita con frecuencia el creciente volumen de las exportaciones peruanas a China como ejemplo de los beneficios que aporta esta relación. La tasa media de crecimiento anual en las exportaciones ha sido del 12,7%. Es decir, las ventas a China pasaron de 5.580 millones de dólares en 2010 a 20.670 millones en 2022. Durante los 13 años de vigencia del TLC, el valor de las importaciones peruanas desde el país asiático creció a una tasa promedio anual de 11,6%. Acumuló un total de 115.860 millones de dólares.

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Sin embargo, no es seguro que la caída de aranceles que contempla el TLC entre China y Perú se traslade a los consumidores. «En mercados altamente concentrados, como los monopolios y oligopolios, la reducción de aranceles no necesariamente se traduce en precios más bajos para los consumidores. Pues, el intermediario no tiene incentivo para hacerlo. Y América Latina está plagado de monopolios y oligopolios», apunta Julio Guzmán, economista peruano.

¿Retórica de ganar-ganar?

La relación comercial entre China y Perú ha contribuido decisivamente a la consolidación de un patrón primario exportador. Según datos oficiales, los minerales y la harina de pescado representan más del 95% de las ventas peruanas a China.

Con ello, Perú no sólo ha reforzado con China su posición como exportador de productos mineros e importador de bienes manufacturados. También se ha unido a la larga lista de países que no han sido capaces de convencer a China para invertir más en industrias de valor añadido. Son las que realmente contribuyen al desarrollo por la vía de transferir tecnología y conocimiento, así como la creación de puestos de trabajo.

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Además, no podemos obviar que Pekín tiene una necesidad estratégica que atender en Perú: garantizarse su futuro abastecimiento de recursos naturales. Perú y otros países ricos en recursos han sido fundamentales para alimentar dos de los motores de la economía doméstica china: la industria manufacturera (la llamada fábrica del mundo) y la urbanización de China.

El mito de la diversificación

Las exportaciones de bienes de sectores no tradicionales disminuyeron en términos porcentuales durante este periodo. Desde el 2010, pasaron del 4,9% al 3,7% en 2013.

El hecho de que China sea el principal destino de las exportaciones peruanas de bienes de sectores tradicionales y, sin embargo, que no sea siquiera uno de los cinco principales compradores de sus exportaciones no tradicionales, plantea la cuestión de si ambos países se benefician por igual de su relación comercial.

Una fuente cercana a los negociadores de la parte peruana explica que «las barreras fitosanitarias han sido un factor perjudicial para el acceso al mercado chino» de los productos agrícolas peruanos. Paradójicamente, las comunidades indígenas peruanas cercanas a las concesiones mineras donde invierten las compañías chinas no han podido beneficiarse significativamente de un mayor acceso al mercado chino de los productos que producen de forma sostenible en sus tierras.

La diversificación comercial con China parece por el momento un objetivo inalcanzable. Mientras, los flujos comerciales de Perú con Estados Unidos y la Unión Europea muestran la tendencia contraria. Es decir, hubo un importante incremento en el volumen de exportaciones no tradicionales y un descenso paulatino en la venta de productos mineros y otros bienes tradicionales.

El hecho de que Perú haya sido capaz de diversificar sus exportaciones a Estados Unidos y la Unión Europea, pero no a China, sugiere que su relación comercial con los dos primeros es más beneficiosa para Perú que la que mantiene con China, la cual está muy vinculada a los productos mineros

Un acuerdo sin regulaciones

Otro perjuicio es que el TLC no cuenta con salvaguardias para garantizar que el comercio y las inversiones se realicen con protección del medio ambiente y los derechos de los trabajadores.

Hay otra diferencia significativa. Mientras que los grupos civiles peruanos pudieron trabajar con grupos equivalentes en Estados Unidos y Europa para presentar las denuncias, en el caso de China no hay interlocutores. China incluyó capítulos verdes en sus acuerdos comerciales con Nueva Zelanda y Suiza. Pero ni China ni Perú propusieron disposiciones de este tipo durante las negociaciones de su TLC. Los negociadores peruanos evitaron hablar de salvaguardias ambientales para evitar que la parte china se sintiera incómoda si se le proponía un capítulo así, explican fuentes peruanas.

Durante las negociaciones para optimizar el TLC, que comenzaron en 2019 y estaban por concluirse en 2024, cuatro organizaciones peruanas enviaron cartas en 2021 y 2022 al gobierno chino y peruano instándoles a aprovechar la revisión en curso para incluir un capítulo verde en el TLC. Ninguno de los dos gobiernos contestaron.

Este artículo es una adaptación de un informe publicado por Cadal.

La crisis cubana es sistémica, como todas las padecidas por sociedades lastradas por el modelo y legado totalitarios. Abarca todas las esferas de la vida individual y colectiva, apuntando a diversos grados de implicación, afectación y responsabilidad. En esas redes y nexos hay jerarquías, dentro de las cuales las víctimas que la padecen —la mayoría del pueblo empobrecido— apenas ocupan el nivel inferior. Por lo que solo pueden ser, con mucha temeridad —por no haber podido o sabido rebelarse de modo masivo y eficaz ante el statu quo— culpadas por su trágico destino.

Colapso eléctrico

La causa inmediata de la crisis que ha padecido Cuba con el colapso de su sistema eléctrico puede ser vista como una «contingencia técnica«: deterioro y colapso de la capacidad de generación y transmisión eléctricas. Sin embargo, detrás de ella hay una responsabilidad humana. No es un «apagón» derivado de un desastre climatológico imprevisto o un accidente tecnológico puntual. La crisis no es «neutral», no es «natural» y adquiere ya, como la venezolana, el carácter de una «emergencia humanitaria compleja«. Al igual que en Venezuela, ninguna sanción o «bloqueo» explica o justifica semejante desastre, derivado de la acción de una camarilla depredadora y —ahora que todos hablan de Acemoglu y Robinson, Nobel mediante— del desempeño de sus instituciones extractivas.

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La causa profunda de la crisis cubana es directamente política. Emana de un sistema fracasado y su cúpula, una camarilla que ha hecho de la corrupción oligárquica, la lealtad mafiosa, la simulación cortesana y la represión a propios y ajenos sus atributos fundamentales. Desde la pandemia y hasta el presente, las estadísticas —oficiales y estimadas— de créditos, préstamos o inversiones orientadas a la construcción priorizada de hoteles, por sobre todo lo demás, ha sido noticia. Simplemente han usado el presupuesto —alimentado por créditos rusos, cooperación europea, comercio chino, pagos venezolanos y mexicanos…— para estafar a sus socios e ignorar las necesidades del pueblo.

Hotelería como prioridad

Como ha analizado el economista Mauricio de Miranda, en Cuba los recursos son asignados por una clase burocrática que se usufructúa la propiedad que supuestamente es de todo el pueblo. Utilizando los datos oficiales de inversiones publicados por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), Miranda demostró que entre 2021 y 2023 el total de inversiones públicas fueron de 226.656 millones de pesos, de los cuales 81.117 millones (35,8%) se dirigieron a actividades inmobiliarias, hoteles y restaurantes. Un sector turístico que en 2023 apenas tuvo una tasa de ocupación de apenas del 25%. 

Mientras tanto, los suministros de electricidad, gas y agua totalizaron apenas 20.882 millones de pesos (9,2% del total). La industria no azucarera 16,6%, industria azucarera 0,4%, agricultura 2,9%, salud y asistencia social 1,9% y educación 1,3%. Para el periodo de enero a junio de 2024 las actividades inmobiliarias, hoteles y restaurantes recibieron el 37,8% del total de inversiones, sumando 43.120 millones de pesos. Mientras tanto, el suministro de electricidad, gas y agua recibió el 10,6%; la industria no azucarera 19,5%; azucarera 0,5%; agricultura 2,5%; salud y asistencia social 1,8% y educación 1,0%. Obsérvese en particular estos dos últimos rubros, usados como emblemas de la «Justicia Social» de la llamada «Revolución cubana». 

Esta política inversionista claramente va en contra del interés nacional y en un país democrático en el que existieran contrapesos de poderes ya se habría iniciado una investigación para determinar cuáles son las razones por las que los escasísimos recursos del país se destinan con ese fin según los datos de la ONEI.

Limosnas de los enemigos

La camarilla (des)gobernante del castrismo tardío y decadente combina lo peor de las formas políticas autoritarias del mundo actual. Es tan controladora como el «modelo chino», sin su capacidad de crear riqueza. Tan ideológica como el putinismo, sin que propaganda oficial y mentalidad popular coincidan. Tan parasitaria de las remesas de sus emigrados como muchos países periféricos. Sin dejar de chantajear y administrar a aquellos sus derechos en su país natal. Y es que los “tardocastristas” presumen de «soberanía» pero imploran, como gobierno y como particulares, las limosnas de sus «enemigos», sean otros gobiernos o parientes. Sin esos dólares, Cuba sería ya un símil de Haití….aunque por el deterioro de todos los indicadores, excepto la represión y control estatales, parece ir en camino hacia allí. 

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Esa camarilla estatal, luego de acumular y consumir privadamente la riqueza nacional, gasta millones de dólares y horas en armar redes de influencia global. Que, contando con la complicidad de portavoces extranjeros, venden la imagen de un país irreal, «revolucionario» y «solidario». Dedicado a la «justicia social». Si la dictadura de Corea del Norte gasta millones en armas nucleares, a costa del hambre de su pueblo, la cubana hace otro tanto con la diplomacia, propaganda y cooptación de aliados en todo el orbe. Por eso es clave que, pese a lo que repiten los propagandistas de Clacso y otras redes de la «galaxia rosa», ante la crisis de Cuba como caso histórico de socialismo de estado, asumamos también su agotamiento paralelo (y concomitante) como modelo de gestión y desarrollo social para el Sur Global. 

El valor de alzar la voz

La cúpula del Partido Comunista Cubano y sus agentes —nacionales o extranjeros— defensores de la «Revolución» son los beneficiarios del statu quo y responsables directos de la actual crisis. Son quienes responder por los reclamos y acciones que se produzcan ante el malestar popular que se ha expresado en los últimos días en forma de protestas esparcidas por todo el territorio nacional. Protestas que, como han dicho recientemente analistas como Cecilia Boves, Carlos Malamud o Hilda Landrove, llegaron para quedarse dentro de una población que, lentamente y pese a la represión, ha descubierto in extremis el valor de alzar la voz. 

Dada la magnitud de la crisis, el daño humano que genera y su renuencia a asumir la responsabilidad que les corresponde, esa cúpula y sus agentes son criminales. Y deberán, en un escenario ideal, responder por ello ante una Justicia —nacional o internacional— que les juzgue con todas las garantías que nos han negado a sus opositores y críticos. Pero, de seguir bloqueando cualquier apertura pacífica y democrática, la cúpula y sus agentes son y serán responsables de lo que les suceda en una eventual revuelta popular. Han causado demasiado dolor y eso tiene que cesar. 

La persecución por razones políticas es una práctica común en los regímenes menos democráticos. En América Latina, esa situación caracteriza sobre todo a Cuba, Nicaragua y Venezuela, cuyos gobiernos son actualmente considerados autocracias por los principales índices de medición de la democracia. Es también el caso de Bolivia, que a pesar de ser considerada todavía como un régimen híbrido registra una pronunciada deriva hacia la autocracia a lo largo de los últimos años. Cuando aún faltan dos meses para cerrar el 2024, la dinámica experimentada hasta ahora es extremadamente preocupante.

Un dramático repunte

Venezuela encabeza ahora la lista de países con mayor número de presos políticos en el hemisferio occidental. El repunte ha sido abrupto y exponencial. De acuerdo con las cifras ofrecidas por el Foro Penal, el 2023 cerró con algo más de 250 personas detenidas por razones políticas. Esa cifra se fue incrementando paulatinamente durante la campaña electoral de 2024. Para el 28 de julio, el día de las elecciones presidenciales, la cifra rondaba en los 300 prisioneros políticos. Por lo general, las nuevas detenciones se concentraron en miembros de los comandos de campaña de la oposición en todo el país.

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Pero si la situación ya era preocupante, la jornada electoral se convirtió en un punto de inflexión particularmente negativo. La discordancia entre los resultados electorales emitidos por el Consejo Nacional Electoral y los que divulgó la oposición generó un gran revuelo en la población. El organismo estatal no publicó el desglose de los resultados por cada mesa. Por su parte, los opositores lograron recabar, escanear y publicar en un sitio web cerca del 84% de las actas oficiales impresas por las máquinas de votación. Las protestas populares que estallaron durante los días siguientes fueron rápidamente reprimidas por los organismos de seguridad del Estado venezolano. Desde entonces, han detenido a cientos de activistas y manifestantes hasta llegar a 1916 personas.

Cuba y Bolivia

Para finales de noviembre de 2023, y de acuerdo con la organización Prisoners Defenders, el régimen castrista era el que mantenía en prisión a una mayor cantidad de presos políticos en el hemisferio occidental. Para aquel momento, 1.062 personas se encontraban privados de libertad por razones de orden político. Entre la cantidad de cargos que se les imputó, destacan aquellos que le adjudican a los reos la tendencia a cometer futuros delitos. El Artículo 72 del Código Penal vigente hasta diciembre de 2022 señala que se debió a “la conducta que observa en contradicción manifiesta con las normas de la moral socialista”.

Diez meses después, la situación se mantiene casi igual. Según la misma fuente, la cifra de presos políticos para el 16 de septiembre ascendía a 1.105. Con 31 encarcelaciones, el mes de marzo del presente año fue el que registró un mayor número de nuevos detenidos. 62 del total de presos políticos padecen trastornos de salud mental. Es una situación que lógicamente los hace mucho más vulnerables a las torturas y carencias de alimentación y atención médica a las que son sometidos los detenidos por razones políticas en la isla.

En Bolivia, la lista de presos políticos tampoco ha experimentado grandes cambios a lo largo del 2024, luego de que aumentara sensiblemente durante 2023. El número de personas que permanecen encarceladas por motivos políticos es notablemente alto para tratarse de un país al que no se suele considerar todavía como una autocracia. Según la Global Human Rights League, para el 31 de octubre de 2023 el número de reos por razones políticas ascendía a 279, incluyendo a la expresidenta Jeanine Áñez, que recibió una condena de 10 años y ya lleva tres en prisión. Para octubre de 2024, el número total se mantiene en 269.

Expatriados en Nicaragua

En el caso de Nicaragua, la lista de presos políticos ha experimentado dos abruptos descensos durante los últimos dos años. Básicamente, como consecuencia de dos oleadas de expatriaciones. La primera tuvo lugar en febrero de 2023, cuando unos 222 presos políticos fueron excarcelados y deportados a los Estados Unidos. La segunda sucedió hace pocas semanas, en septiembre de 2024, al expulsar a otras 135 personas hacia Guatemala.

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Los expatriados nicaragüenses suelen despojados de su nacionalidad, mientras que sus bienes en el país a menudo son expropiados. Muchos de los expulsados han sido recibidos en España, país que les ha otorgado su nacionalidad. Según la lista mensual el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas, se constata que tras estas dos grandes oleadas de expatriados, a finales de octubre de 2023 había en Nicaragua unos 91 presos políticos. Mientras que, para julio de 2024, la cifra total actualizada quedó reducida a 45, de los cuales 37 son hombres y 8 son mujeres.

Patrones preocupantes

Los datos aquí enunciados permiten concluir que la evolución de la situación de los presos políticos en América Latina durante el 2024 es sumamente grave. El brutal aumento de la cifra de prisioneros por razones políticas se debe, sobre todo, al repunte de la represión en Venezuela. Sin embargo, la falta de mejorías en Bolivia y Cuba, así como los patrones registrados en Nicaragua, no permiten hablar de ninguna verdadera mejoría.

En general, se observa que los repuntes más pronunciados en el número de presos políticos suelen producirse tras ciclos de protestas particularmente concurridas (Venezuela 2017; Nicaragua 2018; Bolivia 2020; Cuba 2021). También, tras episodios electorales muy controvertidos (Bolivia 2019; Venezuela 2024). En otras palabras, la represión es empleada de forma masiva en estos cuatro países cada vez que la ciudadanía se expresa masivamente contra estos regímenes autocráticos.

Quienes siguen la política estadounidense, y sus elecciones en particular, pueden recordar la famosa frase que definió la victoria de Bill Clinton sobre George H. W. Bush en la campaña electoral de 1992: “The economy, stupid.” En el resultados de las urnas, siempre se presta atención al impacto de los datos del mercado laboral o de la evolución de la inflación.

Sin embargo, en las elecciones de Estados Unidos (EEUU) del próximo 5 de noviembre, donde se enfrentarán la oficialista Kamala Harris (demócrata) y el opositor Donald Trump (republicano), las “cuestiones culturales”, que han dividido y polarizado a la sociedad estadounidense durante años, serán decisivas, según el académico colombiano Javier Mejía, doctor en economía y profesor del Departamento de Ciencias Políticas de la Universidad de Stanford.

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Mejía, que también realiza una estancia posdoctoral en Stanford, afirmó que la votación presidencial reflejará posturas sobre temas como la convivencia racial y los derechos reproductivos, asuntos que actualmente se expresan en bloques divididos.

Temas definitorios

¿Cuál es su análisis sobre la campaña en EEUU?

 —Es una elección muy reñida. No anticipo una victoria de ninguno de los candidatos por un margen muy amplio. Siento que el elemento que definirá el resultado será la política en cuestiones culturales. La dimensión de política económica, que tradicionalmente ha sido importante, va a pasar a un segundo plano. Las discusiones sobre cuestiones culturales, como la actitud ante los problemas raciales o los derechos reproductivos, serán las que predominen. Son los aires de nuestro tiempo y en la sociedad americana se ha vuelto predominante. Un elemento adicional, en comparación con la elección anterior, es la aparición de nuevas fracturas dentro de lo que antes era un mundo bimodal, un escenario polarizado con dos frentes muy claros. Ahora, hay fracturas en cada uno de esos bloques. Aunque todavía no logramos predecir con precisión cómo se reflejarán en los resultados electorales, estas fracturas estarán presentes y seguramente serán fundamentales.

Es decir, los dos bloques polarizados están, a su vez, divididos en esta elección.

—Exactamente. Lo veo en el conflicto árabe-palestino y el palestino-israelí que ha fracturado profundamente a la comunidad. A tal punto que puede llevar a electores a considerar abstenerse y esto pueden ser clave.

Una elección dividida por cuestiones culturales, ¿es una señal de que los electores no están preocupados por la economía?

—Puede ser una de las explicaciones. Lo cierto es que llevamos al menos diez años sobre esta evidencia más o menos robusta de una desconexión entre las preferencias electorales y el sentimiento alrededor de la economía. Durante todo el siglo XX, se observó una relación muy robusta entre desempeño económico y preferencias electorales. Hubo un desacople de esas dos variables en los últimos quince años. Lo curioso es que, en otras partes del mundo, como en los países de Europa Occidental, esa relación se mantiene.  

Identidad hispana diversa

¿Qué puede decir sobre el votante hispano?

—La clave del asunto está en reconocer que la identidad hispana es mucho más diversa de lo que se suele pensar. Sobre todo desde los ojos del liberalismo o la izquierda americana. La comunidad hispana agrupa con frecuencia a inmigrantes recién llegados y a personas de varias generaciones que se identifican a sí mismas como hispanas, aunque nunca hayan vivido en un país de Latinoamérica. Una vez que se reconoce que la comunidad hispana es muy diversa, se pueden reconocer fracciones dentro de ella.

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A la comunidad cubana de Miami, sobre todo la a la primera generación, no le preocupa mucho la narrativa antiinmigración. Lo que más le importa es la actitud hacia el régimen cubano. Y en eso identifican en Trump una figura mucho más cercana con sus preferencias. Si se considera a otras comunidades que también llevan mucho tiempo en EEUU, como la mexicana, que se identifica como clase media, se observa que están sufriendo en la búsqueda de empleo. Compiten en una economía globalizada donde China ha tomado muchos de los trabajos manufactureros. Estas personas tienen sus preferencias influenciadas por la narrativa de Trump.

Oportunidades económicas

Los candidatos rivales defienden una política económica proteccionista. Trump tiene una agenda más radical que Harris, pero finalmente los dos son proteccionistas por intereses geopolíticos. ¿Se perjudicará América Latina?

—Independientemente de quién gane las elecciones, habrá un desacoplamiento de las cadenas productivas chinas, lo que implica la búsqueda de sustitutos. El nearshoring es una de las estrategias que consiste en trasladar parte de la producción más cerca del mercado americano. Esto, que ha beneficiado profundamente a México, podría ser aprovechado por el resto de los países latinoamericanos. ¿Qué tanto se puede aprovechar? No es completamente claro debido a las dinámicas locales. El caso colombiano, que conozco bien y que presenta particularidades interesantes, muestra que el gobierno no está muy dispuesto a aprovechar las oportunidades. Su actitud ha sido extremadamente contraproducente para atraer inversión extranjera y promover el aparato productivo exportador, especialmente el que se concentra en el mercado americano. En América Latina, los sectores manufacturero y agrícola tienen un gran potencial. Todo dependerá de la actitud de la política local.

América Latina entonces puede perder oportunidades nuevas por un prejuicio ideológico.

—Sí, totalmente. El principal enemigo para aprovechar esas oportunidades es de orden ideológico. Aprovechar las oportunidades implica apostar por el gran capital y acercarse diplomáticamente a EEUU. Sin embargo, no todos los gobiernos de la región tienen el pragmatismo necesario. Hay que reconocer una actitud mucho más pragmática de Lula [da Silva], el presidente de Brasil. La política comercial de AMLO (Andrés Manuel López Obrador) en México fue bastante pragmática, y aún no es evidente cómo será la actitud de la nueva administración.

¿Y el impacto de la agenda proteccionista estadounidense?

—Puede haber algunos sectores específicos donde esto resulte problemático. Sin embargo, en general, es muy difícil que EEUU pueda cerrarse de la forma tan extensa como sugieren los discursos de Trump. En todos los casos, se trata de una respuesta para alejarse de China y buscar cadenas de suministro más cercanas.

Prioridades de la política exterior

Lo cierto es que EEUU se distanció de América Latina durante bastante tiempo. ¿A qué atribuye esta indiferencia que, a esta altura, parece convertirse en una política de Estado?

—Es posible que haya varias respuestas, pero la mayoría de ellas se relaciona con el hecho de que la política exterior de una superpotencia es mucho de apagar incendios. La tensión de la política exterior con frecuencia está guiada por la urgencia de los eventos. A pesar de que Latinoamérica pueda parecer muy convulsionada, es una región bastante estable, a diferencia de otras zonas del mundo, como el Medio Oriente o el Sudeste Asiático. La atención de las administraciones de EEUU se centra en los lugares donde ocurren los incendios. Un elemento adicional es la cercanía de la región a EEUU. Es mucho más fácil de proteger e intervenir en caso de ser necesario.

¿Quiénes son los influencers? Aquellos líderes de opinión digitales cuya fama se gestó en las mismas redes sociales donde ejercen influencia. Allí puede rastrearse el camino de meros usuarios a referentes, que los vuelve cercanos y queribles para sus audiencias. No valen entonces los políticos, los activistas o las celebridades, que le deben a los medios tradicionales su popularidad. Como el “líder de opinión” del siglo veinte, los influencers encarnan valores, cuentan con múltiples lazos sociales y un gran conocimiento —o interés— en ciertos temas.

El estadounidense Mr. Beast invirtió parte de la fortuna conseguida gracias a sus 300 millones de seguidores en pozos para que comunidades africanas no bebieran agua contaminada. Todo debidamente documentado en su canal de YouTube, el número 1 en cantidad de suscriptores de toda la plataforma. En Argentina, el influencer Santiago Maratea organizó en 2022 una colecta multitudinaria entre sus seguidores para apagar los incendios forestales en Corrientes. Y Uruguay, con menos despliegue financiero, también tiene sus fichas en la esfera pública verde.

Influencers y participación política

Algo que tienen en común estos casos es el mantenerse por fuera de las formas político institucionales de ejercer la ciudadanía. La acción solidaria —directa o mediada por un influencer— es una forma de incidir en el bienestar de la comunidad. También generarse el propio, pero dar una respuesta contundente y generalizada a la magnitud de los problemas sociales y ambientales requiere políticas y política.

Sin ser activistas, hay una serie de actividades políticas que corresponden a la idea de ciudadanía ambiental. Va más allá de votar verde e incluye también acciones como firmar una petición, donar a una organización ambientalista o ser miembro de una. La relación de estas conductas con el deterioro ambiental es indirecta. Igual, tiene el potencial de afectar estrategias más ambiciosas de cambio social y políticas a nivel local o nacional, internacional incluso.

De cómo los influencers pueden generar un impacto en este tipo de comportamiento proambiental, sabemos menos. Uno de los pocos casos documentados es el del youtuber alemán Rezo. Llamó a las juventudes a votar en las elecciones europeas de 2019 para castigar la inacción de los gobernantes frente al cambio climático y a las desigualdades. Con un video de 55 minutos, logró 5 millones de visualizaciones y embarcó a otra serie de influencers en la campaña. Al “efecto Rezo”, se le atribuyó que el Partido Verde capturara más de un tercio de los primeros votantes alemanes. El partido conservador, liderado por Angela Merkel, sufrió pérdidas considerables en la elección. 

Sin embargo, la participación en la política formal —la vinculada a procesos, actores e instituciones del sistema democrático— va dejando paso a una política más personalizada. El compromiso y la acción política pasan también por las opciones de estilo de vida y el apoyo a las causas como el racismo o el cambio climático. Este es uno de los tres rasgos que definen la forma en que las generaciones jóvenes tienden a participar en política: a corto plazo, en períodos determinados y por causas específicas.

Influencia ambiental

El caso de Rezo inspiró un estudio muy sólido sobre la socialización política de los jóvenes en la era digital, que logra comprobar relaciones entre el consumo de influencers, la preocupación ambiental y los comportamientos políticos proambientales. El seguir a un influencer que publica contenido proambiental aumenta la preocupación ambiental en las personas y esto incide en su decisión de protestar en la calle cuando se presenta la oportunidad. En temas de política formal, como las elecciones nacionales, la exposición a influencers impacta también en el comportamiento político on line, como el firmar peticiones digitales. 

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¿Un Rezo en Latinoamérica? YouTube fue identificada como la red más fuertemente asociada a la conciencia climática en nuestra región. Sin embargo, seguramente la cultura política del continente y de cada país en particular tenga algo que decir en cómo aterrizan estos fenómenos. En Uruguay, por ejemplo, un análisis de 200 publicaciones de ecoinfluencers locales encuentra que sólo un 6% alude al ámbito político. Un tímido 16% adicional al ámbito comunitario. La amplia mayoría de los posts de Instagram sitúan las respuestas a la crisis ambiental en el estilo de vida individual de la ciudadanía. En esta recae principalmente el deber de actuación y las posibilidades de transformación.

Estos hallazgos coinciden con otros en España, de los que nace el término ecoinfluencer. Refiere a un tipo de activista ambiental independiente de movimientos sociales que busca un cambio a partir de la promoción, con su ejemplo, de comportamientos individuales alineados a la sostenibilidad.

Oportunidades y riesgos

La asociación indiscutible entre el fenómeno del influencer y la masificación de las redes sociales digitales pone sobre la mesa cuestiones que separan esta esfera pública digital de la que concebía Jürgen Habermas. Lo que tiene lugar en estos escenarios son relaciones de intimidad entre influencers y seguidores, en la que se juegan afectos más que razones. Esto es muy potente y, a la vez, tiene sus riesgos.

Una serie de estudios recientes respaldan la tesis del rol simplificador de la política por parte de estos nuevos jugadores. O sea, a mayor exposición a influencers, más percepción de que logran hacer simples los temas difíciles. La forma en la que presentan los temas políticos genera más interés y atrae a las audiencias hacia temas que no considerarían de otro modo. Incluso hacia conductas políticas nuevas como logró Rezo.

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Sin embargo, aumenta también la desconfianza de estos ciudadanos en un sistema político que no logra resolver lo que se les ha presentado como mucho más fácil de lo que en realidad es. Aumenta la brecha con los representantes democráticos y el cinismo ante un discurso político que perciben como innecesariamente complejo.

Más allá de los prejuicios generacionales, si consideramos a los influencers como intermediarios nuevos entre el sistema político llamado a actuar frente a la crisis ambiental y la población joven, hay tela para cortar.

Claudia Sheinbaum asumió el 1 de octubre como la primera mujer presidenta de México para el sexenio de 2024 a 2030. El inicio del periodo siempre es motivo para fijar posiciones de acuerdo y diferencia respecto al mandatario anterior. En su toma de protesta, Claudia Sheinbaum no le habló a su oposición política o partidista. Pero sí a quienes ponen en duda su capacidad de gobernar de manera distinta al expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El discurso que dio Sheinbaum al recibir la banda presidencial en el Congreso estuvo lleno de elogios a su antecesor. Describió la Cuarta Transformación, pasó por una versión maniquea de la historia de México y hasta dedicó una sección entera a los “principios” del gobierno anterior. En su discurso, repitió las frases (y algunas mentiras) de López Obrador, al grado de que el oficialismo coreaba las expresiones de la presidenta.

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Tres puntos del mensaje de asunción de la nueva presidenta marcaron diferencias de forma y fondo con el estilo imperante en Morena. Al menos, puede verse como un cambio de actitud.

¿Cambio de estilo?

En materia económica, les habló a los empresarios y específicamente a los socios comerciales de Estados Unidos y Canadá. “Promoveremos la inversión pública y la inversión privada. Lo digo con toda claridad: tengan la certeza de que las inversiones de accionistas nacionales y extranjeros estarán seguras en nuestro país. (…) Aprovecharemos la relación del tratado comercial con Estados Unidos y Canadá para seguir impulsando la relocalización de las empresas, mientras se promueve el desarrollo regional con bienestar y cuidado del medio ambiente. (…) Es claro que entre nosotros no competimos. Nos complementamos y, además, generamos las condiciones para una mayor consolidación de la economía de todo el continente”, dijo en su discurso.

En materia energética, marcó una diferencia mayor. “El objetivo fundamental de la producción de petróleo con Pemex seguirá siendo el consumo nacional y este se limitará a una producción de 1.8 millones de barriles diarios. Vamos a promover la eficiencia energética y la transición hacia las fuentes renovables de energía para absorber, a través de estas fuentes el crecimiento de la demanda de energía. Recuerden que la reforma energética proponía una producción de tres millones de barriles diarios, eso es ambientalmente imposible, es mejor promover la eficiencia y las fuentes renovables”.

También se refirió a las formas de actuación desde la presidencia. “Aprovecho para decir que el día de mañana por la tarde estaremos en Acapulco para dar continuidad a la atención inmediata [por la catástrofe natural] que ha dado el gobierno de México y apoyaremos, como siempre lo hemos hecho, como gobiernos humanistas a todas y todos los damnificados de Guerrero y otros estados”.

Marcadas diferencias

Más allá de las loas y las frases de promoción electoral, estos tres puntos marcan un mensaje de diferencia.

El presidente López Obrador nunca acompañó in situ a las víctimas de una catástrofe natural. Cuando lo intentó (irónicamente en Acapulco un año antes) se quedó varado en el camino sin posibilidad de continuar. Fue una escena francamente triste; un presidente que hizo todo lo posible por no ir y aparentó lo contrario. Que la nueva presidenta anunciara en su primer mensaje que un día después acompañaría a los damnificados (y fuera) fue una marca de diferencia. Y, a juzgar por el carácter del presidente saliente, una especie de menosprecio político.

El sexenio de López Obrador se caracterizó en materia energética por la regresión al monopolio estatal y la apuesta por las energías fósiles. El punto de quiebre se dio en 2020, cuando se le hizo una modificación al Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques para prohibir el uso de combustóleo en las embarcaciones. Con ello, buena parte de la producción que se genera en las refinerías en México pasó a ser “invendible”. Por eso López Obrador emitió un acuerdo para que dicha sustancia (una de las más tóxicas de los hidrocarburos) se pudiera usar en la generación de electricidad. Todo esto además pasó en medio de la tempestad de la pandemia de covid-19 y poca gente se enteró.

Volver a hablar de energías limpias y hacerlo en la transición puede significar un punto de quiebre entre la política del sexenio de López Obrador y el nuevo. Habrá que ver cómo se dan las cosas. Por el momento, y a partir de las reformas presentadas por la presidenta Sheinbaum, no se ve muy claramente que lo dicho en discurso vaya a ser congruente con lo que se hace. Pero el beneficio de la duda ahí está.

Por último, la certeza para las inversiones en el tratado de América del Norte es de suma importancia. Alrededor de ocho de cada diez pesos de exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. Lo curioso es que se limitó a la certeza jurídica y, si se analiza de fondo, el arbitraje para las grandes inversiones está garantizado en Estados Unidos. O, dicho de otra manera, no serían tribunales mexicanos los que solventen controversias. Sin embargo, no se puede desdeñar el mensaje a los empresarios, porque es necesario generar certezas. Aunque la inversión extranjera está actualmente limitada por la falta electricidad y de agua, la certeza jurídica es un punto central en las inversiones.

Opacar las sombras

México tiene nueva presidenta y aunque desde la campaña se dejó claro que no se cambiaría nada, en los matices se pueden encontrar diferencias que mejoren (o empeoren) la realidad de un país que actualmente tiene problemas serios en todos los rubros importantes: seguridad, inversión, salud y muchos otros.

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La responsabilidad es mayor. Las luces deberán ser muy visibles si se quieren opacar las sombras que se mantuvieron por seis años y hoy, más allá de los tres mensajes del discurso inicial, la insistencia en una reforma judicial que acaba con la división de poderes, la ratificación de los monopolios estatales en materia energética y la disputa con España por el legado histórico, merman las esperanzas de un cambio de rumbo.

El periodista nicaragüense Víctor Ticay no imaginó que transmitir una procesión religiosa el 5 de abril de 2023 sería el detonante para que un día después el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo ordenara su aprehensión. Fue condenado a ocho años de cárcel por los delitos de propagación de noticias falsas y conspiración para cometer menoscabo a la integridad nacional, considerado “traición a la patria”.

Ticay era director del medio digital La Portada y también colaboraba con Canal 10, uno de los más importantes de ese país. Su labor informativa se mantenía firme, a pesar de la arremetida contra la prensa y la imparable vulneración de derechos humanos.

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El 5 de septiembre fue excarcelado junto a otros 134 presos políticos y, desde Guatemala, conversó con Diálogo Político sobre los 17 meses de privación de su libertad, el despojo de la ciudadanía nicaragüense, la represión del régimen, el exilio de los periodistas y la esperanza del retorno.

Persecución religiosa

¿Por qué difundir un evento religioso le costó la libertad?

—En ese momento, la gente en la región de Nandaime, al sur de Managua, salió como en años anteriores a participar de la procesión. Es algo tradicional y, como es mi trabajo, di cobertura al evento. El video está en la plataforma. Pensé que la Policía lo había borrado, pero no y es la prueba fehaciente de lo que se vivió ese día. Eso me costó 517 días privado de mi libertad. Estuve secuestrado, esa es la realidad. En ninguna parte del mundo te van a acusar, procesar y sacar de tu país por eso. La Constitución Política lo avala en su Artículo 66 porque todo nicaragüense tiene derecho a ser informado, así como nos avala a nosotros, los periodistas, a informar.

¿Cómo se da el deterioro de las libertades religiosas en Nicaragua?

—A partir de 2018, cuando surge la crisis sociopolítica en Nicaragua, hubo un levantamiento social. La gente ya no soportaba más arbitrariedades y engaños, por eso se autoconvocaron y salieron a las calles. El gobierno no quería que se supiera de la protesta y la Iglesia Católica albergó a muchos ciudadanos que huían de la represión, de las balas. Les abrió las puertas. Hubo muchos pronunciamientos, como del monseñor Silvio Báez, en el exilio ahora, y el monseñor Rolando Álvarez. Hay un centenar de sacerdotes que fueron apresados y desterrados.

Existe una persecución a la Iglesia Católica. Han cerrado conventos, colegios y todo lo que derive del catolicismo. También se arremetió contra el sector evangélico. Pastores fueron apresados porque hicieron un mega evento en Nicaragua.

De la prisión al exilio

Ahora, desde Guatemala, ¿cómo percibe la situación de su país?

—El círculo político de la familia Ortega- Murillo se viene reduciendo porque, incluso, ya ha alcanzado a su propia cúpula. El régimen quiere controlado todo, las ONG, la iglesia Católica, sociedad civil, periodistas. Con las recientes reformas a las leyes, en las que ha ampliado y legalizado el espionaje cibernético, todo es una paranoia. En Nicaragua no puedes hacer nada con libertad. Si das like a una publicación, lo que te espera es la cárcel. Hay personas que fueron desterradas, enjuiciadas y ahora están sin nacionalidad solo por dar un like.

¿Cómo fueron esos días en la cárcel? ¿Tenía la esperanza de ser liberado?

—Hacía un calor fuerte, soportábamos altas temperaturas. Al principio me costaba dormir, no conciliaba el sueño, me levantaba todas las noches asustado por cómo hacían el recuento en la cárcel. Iban a contarte en la celda y te levantaban a las tres de la mañana. Se formó un trauma y, de hecho, estuve tomando sesiones psicológicas porque no es nada fácil. Pero estoy muy agradecido con el gremio periodístico nicaragüense e internacional, hacían mucha campaña por mi liberación. También agradecido con Estados Unidos y Guatemala, estoy contento de pasar del infierno al paraíso. Así me siento.

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Te quitaron la nacionalidad nicaragüense. ¿Qué sentimientos le genera y cuál es su situación ahora?

—Imagínate, es muy duro. Para mí Nicaragua lo es todo, es un paraíso. Actualmente está pasando por una situación fea, pero yo espero regresar. Tengo la confianza en Dios, así como confié en mi libertad. Sé que terminarán estos días oscuros y vendrán días nuevos para toda la gente que está en el exilio. Ahora tengo una sensación agridulce. Estás libre pero no puedes regresar a Nicaragua, al país que te vio nacer, donde te formaste, donde trabajaste y dejaste todo… Aquí, en Guatemala, tengo un proceso migratorio. Hay que esperar. Pero estaba en peores condiciones, así que no me puedo quejar.

La encrucijada de los periodistas

Ante la represión, cada vez más fuerte, la prensa ha sido clave para denunciar la vulneración de los derechos. Pero este oficio ya no es una opción para muchos. ¿Cómo sobrevive el periodismo nicaragüense?

—No se puede hacer periodismo crítico en Nicaragua. Fui una víctima del régimen y otros colegas también sufrieron la cárcel y están en la misma condición que yo. Es muy riesgoso, por tu vida y la de tu familia. Aunque hay que reconocer que con el periodismo independiente no han podido. Hay muchos periodistas que están en el exilio y así han seguido informando. El régimen ha perdido esa batalla. Al final, la verdad sale a la luz, encarcelen o no a los periodistas. Somos un gremio bastante unido y cuando la verdad prevalece no hay nada que la pueda ocultar.

¿Piensa volver al periodismo?

—Son más de diez años trabajando, me gusta ser la voz de los que no tienen voz y es un compromiso con la verdad. Por eso pienso que, si Dios me lo permite, seguiré haciendo periodismo.

La pota (calamar gigante) era antes un recurso marino abundante y una fuente barata de proteínas en Perú. La historia es larga, pero fácil de entender. Hasta el cierre del año pasado, Perú era el país que desembarcaba la mayor cantidad de ese recurso en todo el mundo. Por detrás, sin embargo, venía China. ¿Dónde pescan los chinos? Principalmente frente a las costas de América del Sur.

Lo que pasa ahora mismo en Perú debería prenderle una alarma al resto del continente. La armada peruana se ha puesto oficialmente a los pies de los intereses comerciales de China. En vez de proteger los recursos marinos de su país, decidió alinearse con la embajada del régimen comunista para librar de toda culpa a sus barcos, conocidos mundialmente por depredar los océanos sin mayor resquemor.

Testimonios de los pescadores

Antiguos pescadores peruanos cuentan que hace 20 años la flota que llegaba a sacar pota era, más bien, la coreana. La modalidad era muy parecida a la que se observa ahora.

Las imágenes satelitales muestran un manchón perenne de naves extranjeras posicionadas al borde de las 200 millas marítimas que corresponden al Perú. Una zona que hace frontera con aguas internacionales. En teoría, pescan justo fuera del límite, pero todos los hombres de mar saben que no es así.

Hoy se apilan las denuncias de los pescadores peruanos contra barcos chinos por entrar a las 200 millas, prender sus luces de pesca y tirar sus líneas poteras para llevarse el calamar. Es una actividad absolutamente ilegal. Según estas fuentes, los coreanos eran «bebés de pecho» al costado de la flota china. Su operación era pequeña comparada con la del país comunista y la cantidad de pota que sacaban no alteraba la pesca local.

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Pero la cosa ha cambiado. Hoy China sí está dejando sin pota al Perú. El kilo de ese producto, que antes costaba cuatro soles, en los últimos meses ha llegado a superar los 24 soles. Significa un golpe a las familias más pobres, porque la pota era una fuente de proteína barata en la mesa peruana. Pero ya casi nadie puede pagarla. Sale más cara que el pollo.

Y todo es por escasez. Desde hace meses que no se encuentra en los mercados. En redes sociales abundan los videos de pescadores quejándose porque se han visto obligados a recolectar conchas de abanico para sobrevivir, ya que no hay pota para pescar. Los han dejado sin trabajo.

Por las aguas latinoamericanas

Expertos del Calamasur están muy preocupados por la supervivencia del recurso en este lado del continente. Es el Comité para el Manejo Sustentable del Calamar Gigante en el Pacífico Sur, que componen pescadores de Chile, Ecuador, México y Perú. Pero ojo: los barcos chinos no solo operan en el Pacífico. Cuando la temporada acaba aquí, se dan la vuelta por el Estrecho de Magallanes hasta la otra cara de América. Y allí pescan frente a las aguas de Argentina y Uruguay.

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De hecho, una investigación publicada en La Contra, ubicó que el barco Hong Pu 16 había sido detectado por la armada argentina pescando ilegalmente en sus aguas antes de entrar en los astilleros de la marina peruana, según consta en el registro del portal de periodistas marítimos, The Outlaw Ocean Project. Allí, lo intervinieron y se lo llevaron escoltado al puerto de Bahía Blanca.

A los pies de China

Mediante rastreo de imágenes satelitales, la investigación ubica el ingreso de al menos una decena de barcos chinos a los astilleros de los Servicios Industriales de la Marina (SIMA). Es la empresa pública que se encarga de dar mantenimiento a los barcos. Las naves chinas que recibe, que pagan muy bien, son parte de la flota que saca pota ilegalmente de aguas peruanas.

La armada peruana no solo es incapaz de vigilar sus 200 millas de las incursiones extranjeras. También le da servicios de mantenimiento a los barcos que componen la flota china. Y ha decidido defender sus intereses, tanto ante el Congreso de la República como ante la opinión pública. A inicios de septiembre, representantes de la Marina fueron al Congreso en Perú a pedir que no se aprueben mayores exigencias a los barcos chinos. Dijeron que más exigencias podían ser consideradas como “barreras burocráticas”.

A mediados de septiembre, el director de la Dirección de Capitanías y Guardacostas (Dicapi) de la Marina, Rodolfo Sablich, viajó a China para firmar un memorándum de amistad con la guardia costera de China. Las relaciones entre la armada peruana y el partido comunista parecen ir viento en popa. Tanto es así que, ante el escándalo nacional que desató el aumento de los precios de la pota y la asociación con la flota china, la Marina aseguró públicamente que ningún barco chino pesca ilegalmente en aguas peruanas.

El 1 de octubre, el embajador de China en Perú dio una entrevista —una de las pocas que ha dado—al diario Gestión y aseguró exactamente lo mismo: que no hay pesca ilegal de la flota de su país y que lo que denuncian los pescadores es producto de su imaginación. Casi como si se hubiera coordinado una respuesta conjunta de dos socios comerciales. ¿Acaso se guardan las espaldas?

Discurso oficial

Ambos —la Marina y la Embajada de China— alegan lo mismo: que la escasez de pota se debe solo al Fenómeno El Niño. El Niño de este año ha sido mucho más débil que el de años anteriores. Y, además, los pescadores se preguntan por qué estaría afectando solo la pesca de pota, cuando otros recursos estratégicos —como la anchoveta— están registrando cifras saludables de desembarco.

Además, la investigación de La Contra exhibe una lista larga de irregularidades detectadas en la flota china que opera frente a las costas del Perú. Por ejemplo, que los barcos apagan sus radares anticolisión justo cuando están al borde de las 200 millas. También, cuando salen de los puertos peruanos, se les observa avanzando a menos de dos nudos, lo que se conoce en todo el mundo como velocidad de pesca. ¿Por qué en Argentina sí se descubre la pesca ilegal china y en Perú no? ¿Es que justo aquí decidieron respetar las normas de navegación?

Pese a que hay indicios fuertes de que la flota china es responsable de la ilegal depredación del recurso, la armada peruana ha decidido defenderla. Sus barcos le pagan cuantiosas sumas por mantenimiento todos los años. Mientras, los pescadores locales exigen que alguien los defienda.

Los datos y reflexiones presentes en el libro Seguridad, Integración y Transición Energética en América Latina: Desafíos y Perspectivas son contribuciones sólidas para el examen de una realidad dinámica, que exige de los países nuevos arreglos institucionales en medio de la transición energética y los cambios climáticos.

El libro tiene dos objetivos centrales. En primer lugar, se propuso ofrecer una fuente de investigación capaz de señalar posibles soluciones para el desarrollo sostenible del escenario energético latinoamericano. Además, busca concretar la cooperación técnica entre países en pos de la seguridad energética, estrechamente vinculada a la integración energética que debe estar alineada con la transición energética y los compromisos de sostenibilidad para mitigar los cambios climáticos.

Los posicionamientos aquí reunidos evidencian la necesidad de armonizar dispositivos legales y operativos de países cuyos recursos y demandas relacionados con el sector energético están insertos en contextos de interdependencia.

ISBN: 978-85-99499-09-2

Publicación: Belo Horizonte, 2024

Edita: Programa Regional. Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA) y Fundación Konrad Adenauer

La presidencia pro tempore de Uruguay busca revitalizar una de las discusiones más recurrentes en el bloque: la posibilidad de concretar un acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y China. Esta iniciativa, que recurrentemente aparece sobre la mesa de discusión, genera tanto entusiasmo como escepticismo. Por un lado, se presenta como una oportunidad estratégica para estrechar lazos con un socio clave para los países de la región. Por el otro, despierta temores sobre una potencial profundización de la desindustrialización y la reprimarización de las economías sudamericanas. No obstante, el acercamiento a China plantea interrogantes que no solo son de carácter comercial, sino también político.

Mientras los miembros del Mercosur parecen haber encontrado un tímido consenso para encauzar las negociaciones, uno de los socios fundadores mantiene una particularidad única que desafía al bloque. Paraguay es uno de los pocos países del mundo que no reconoce diplomáticamente a la República Popular China (RPC). Esto le impide entablar relaciones formales con la potencia económica. Esta singularidad introduce una variable adicional en la búsqueda de un acuerdo regional.

Triángulo Paraguay, Taiwán y China

Desde 1957, Paraguay mantiene relaciones diplomáticas con la República de China (Taiwán). Aunque nunca estableció en su historia relaciones formales con la República Popular China (PRC). El último miembro del Mercosur en cambiar el reconocimiento había sido Uruguay en 1988. Incentivó la posibilidad de ampliar el comercio con un mercado prometedor, aunque aún no potencia. Hasta el día de hoy, Paraguay no tiene ningún vínculo formal con la RPC e incluso carece de oficinas comerciales o culturales en ese territorio. No obstante, eso no significa que no haya comercio.

China es el principal proveedor de Paraguay, con un intercambio que supera los 4.330 millones de dólares en importaciones. Asimismo, una parte considerable de las exportaciones paraguayas tienen como destino final China. Aunque la mayor parte es realizada por medio de triangulaciones comerciales a través de los países vecinos. Esto se debe a las barreras que impone China a los productos de naciones aliadas a Taiwán. Esta situación torna difícil dimensionar el flujo de comercio oficial entre Paraguay y China. En la actualidad tiene un carácter sumamente deficitario para el país sudamericano.

Tensiones y presiones

El gobierno paraguayo ha denunciado en numerosas ocasiones la existencia de motivaciones políticas que limitan unilateralmente el comercio. Desde la incorporación de la República Popular China y de Taiwán a la Organización Mundial del Comercio (OMC) en 2001 (con solo 24 horas de diferencia), las relaciones comerciales de estos actores se rigen bajo las reglas y principios del sistema multilateral. Esto significa que, en principio, no existen barreras normativas que impidan los intercambios comerciales, haya o no reconocimiento diplomático. Sin embargo, la estrategia de la RPC hacia los aliados de Taiwán es clara: si estos países no cambian su reconocimiento a favor de China, no obtendrán acceso irrestricto a su atractivo mercado ni a sus inversiones.

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La decisión de limitar el acceso directo a su mercado es una jugada deliberada de Beijing. De hecho, una de sus cartas más fuertes en la negociación. Al obstaculizar el ingreso de productos provenientes de países aliados a Taiwán, la RPC apuesta a que la presión de los sectores económicos internos de esos países genere la necesidad de abrir el debate sobre el cambio de reconocimiento diplomático. Beijing no pierde en términos comerciales ya que, al no haber restricciones normativas, sus productos sí ingresan a esos mercados. Por el contrario, los países aliados de Taipei deben asumir mayores costos logísticos. Están obligados a triangular su producción o deslocalizar sus industrias a países vecinos. En última instancia, el costo recae en el país aliado a Taiwán, mientras que China espera que los cuestionamientos internos pesen a su favor.

Paraguay, China y Mercosur

Frente a este escenario marcado por dificultades en el comercio directo con China, las negociaciones a nivel del Mercosur le ofrecen a Paraguay la oportunidad estratégica de acceder a ese mercado como parte de un bloque. En diversas ocasiones, los mandatarios paraguayos han expresado su disposición a acceder a un acuerdo con la potencia asiática en el marco del Mercosur. No obstante, Paraguay mantiene una única condición: que el acuerdo no esté supeditado a un cambio en su reconocimiento diplomático hacia Taiwán.

Taipei, por su parte, ha optado por no oponerse a que sus aliados busquen nuevas opciones comerciales con China. Ante la inmensa diferencia de sus economías, el oponerse es una batalla perdida. Sin embargo, la posición de la RPC es mucho menos flexible respecto a este punto. Para Beijing, el cumplimiento del principio de Una sola China es un requisito indispensable para acceder a su mercado y sus inversiones. Su política conlleva la condición de no reconocer a Taiwán de manera oficial.

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Bajo estas condiciones, la reapertura de negociaciones entre China y el Mercosur supone un desafío formidable. Paraguay se muestra dispuesto a avanzar en lo económico, pero firme en su postura política. En este contexto, será China quien decida cuál es su prioridad principal. Si el interés comercial prevalece, Beijing podría estar dispuesta a flexibilizar su posición y sacrificar un mecanismo clave de presión diplomática en favor de un acuerdo con el bloque regional. Sin embargo, si la cuestión de Taiwán sigue siendo su máxima prioridad, como parece serlo, es poco probable que acepte los términos de Paraguay tal como están planteados.

En ese caso, China podría recurrir a los otros miembros del Mercosur para ejercer presión sobre Paraguay, una estrategia que ya utilizó en negociaciones anteriores hace dos décadas atrás. Si esto no resulta efectivo, es probable que Beijing opte por desistir del acuerdo con el Mercosur, prefiriendo mantener el statu quo de los intercambios bilaterales actuales, en los que la RPC conserva su ventaja estratégica.

Intereses delicados

En definitiva, el rol de Paraguay en las negociaciones entre China y el Mercosur es tanto central como delicado. Su interés en acceder al mercado chino choca con su lealtad diplomática hacia Taiwán, lo que sitúa al país en un equilibrio entre sus principios políticos y sus ambiciones económicas. Si bien las oportunidades comerciales son innegables, la inflexibilidad de Beijing respecto al reconocimiento de Taiwán plantea un dilema para el país sudamericano.

El desenlace dependerá de si China está dispuesta a priorizar los intereses comerciales por encima de su política exterior, o si el Mercosur puede encontrar una fórmula que permita a Paraguay mantener su posición sin bloquear un acuerdo beneficioso para el bloque. De no alcanzarse un consenso, Paraguay podría enfrentar crecientes presiones internas y externas para reconsiderar su postura. El éxito de las negociaciones dependerá de la habilidad de los demás miembros del Mercosur para actuar como intermediarios y de la disposición de China a ceder en sus exigencias diplomáticas. Si esto no ocurre, es probable que Paraguay tenga que decidir entre mantenerse fiel a sus principios o adaptarse a la presión comercial y política del bloque regional.

La adicción a los opiáceos es un grave problema en los Estados Unidos desde la década de 1990. Es la primera causa de muerte entre los estadounidenses de 18 a 45 años. Más de 78.000 habitantes murieron entre septiembre 2022 y agosto 2023 por sobredosis de fentanilo que en la Guerra de Vietnam entera. Por eso se ha convertido en la amenaza más grande para la salud, mientras siguen aumentando las muertes cada año. La droga se encuentra con más frecuencia en América Latina. ¿Estos países seguirán el camino de Estados Unidos?

¿Qué es el fentanilo?

Fentanilo es un opiáceo sintético 100 veces más fuerte que la morfina y que normalmente se utiliza en el ámbito médico como analgésico y anestésico. Hay que distinguir entre el fentanilo farmacéutico, que se fabrica en un laboratorio oficial y por lo tanto controlado, y el fentanilo ilícito, fabricado por actores no autorizados en laboratorios improvisados y después vendido ilegalmente. Aunque teóricamente se trata de la misma molécula en ambos tipos, la pureza del fentanilo ilícito suele estar contaminado con otros ingredientes. Además es fabricado con precursores (compuestos necesarios para fabricarlo) desconocidos. Por eso, su uso conlleva un mayor riesgo de provocar una sobredosis y, consecuentemente, la muerte.

El papel de China en la crisis

Los carteles mexicanos de Sinaloa y Jalisco son los principales fabricantes y distribuidores de fentanilo hacia Estados Unidos. Debido al proceso químico —relativamente sencillo—, al traslado fácil y a las pequeñas cantidades de droga necesarias para proporcionar a un usuario, el fentanilo artificial se ha convertido en uno de sus negocios más lucrativos que resulta difícil de contrarrestar.

De todas formas, se sabe que la inmensa mayoría de los precursores provienen de empresas químicas chinas, que a menudo lo venden como un negocio secundario. Hay quienes lo vinculan directamente al gobierno Chino. Aunque el asiático firmó un acuerdo bilateral en noviembre 2023 para luchar contra el tráfico ilegal de fentanilo. De hecho, según un comité especial de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, China alimenta la crisis del fentanilo en ese país. ¿Cómo? Subvencionando directamente a las empresas que venden los precursores a los carteles mexicanos.

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Investigadores afirmaron haber accedido a una página web gubernamental china que revelaba rebajas fiscales para la producción de algunos precursores del fentanilo. Esas las empresas las vendieran fuera del país. China toma muy en serio las políticas antidroga en su propia región. Pero se la ha acusado de no tomarse en serio la criminalidad que no dañe directamente los intereses del Partido Comunista de China (PCCh). De ser cierto, esta táctica encajaría lógicamente en la doctrina china de guerra híbrida y demostraría que ellos ven la lucha internacional contra el narcotráfico como una mera herramienta al servicio de sus propios intereses estratégicos. El PCCh, por su parte, rechaza tales acusaciones, argumentando que ha tomado las medidas necesarias para cumplir el acuerdo. Culpa la epidemia de opioides a los fallos internos de Estados Unidos.

¿Amenaza América Latina?

Aunque el principal foco de atención en relación con esta crisis han sido los Estados Unidos en Latinoamérica la cantidad de las incautaciones de fentanilo también ha aumentado. Por tanto, igualmente se ha convertido en motivo de preocupación en estos territorios. En 2022, 24 personas murieron en Argentina después de haber consumido cocaína. Sin saberlo, estaba mezclada con carfentanilo. Es una forma aún más fuerte del fentanilo estándar. Pese a las pequeñas cantidades necesarias para ser letal y la facilidad de su fabricación, se puede argumentar que el fentanilo no tiene que convertirse en un problema tan grave en América Latina como en Estados Unidos.

La historia de Estados Unidos es singular y ahondar en ella aclara por qué este país es específicamente susceptible al abuso de fentanilo. En los 90, el uso de los opioides fue promovido activamente tanto por la industria farmacéutica como por los médicos mediante agresivas campañas de marketing. Subestimando o ignorando deliberadamente la posibilidad de adicción, esto condujo a la primera crisis opioidea con OxyContin, que hizo adicta a mucha gente. La segunda ola, en 2010, implicó heroína. Luego, entre 2013 y 2015, hubo una tercera ola con, por primera vez, opioides sintéticos. Actualmente el pueblo estadounidense padece la cuarta ola, en la que el fentanilo asume el papel central. Sin las anteriores crisis de opiáceos, la vulnerabilidad de la población estadounidense en cuanto al fentanilo no hubiera sido tan ardua.

Pese a que pocas personas mueren por fentanilo farmacéutico, es llamativo que en Estados Unidos usen 20% de todo el fentanilo medicinal en el mundo. De esta forma, uno puede hacerse adicto por la vía médica, recurriendo después a la sustancia ilegal. Sin embargo, los carteles mexicanos, por lo que se sabe, no han extendido sus actividades al resto de la región. Se ve que el uso de fentanilo en Latinoamérica se trata más de alijos médicos desviados que el fentanilo producido ilegalmente.

Situación en Latinoamérica

Como ejemplo, sirve una de las primeras incautaciones de fentanilo en Uruguay este 2024. Era de origen médico y por eso provenía de un hospital o laboratorio médico. Tales casos ocurren con cantidades mejores conocidas y con ampollas de baja concentración, en comparación con el fentanilo ilícito. Los casos mortales en Latinoamérica parecen, hasta ahora, deberse a la mezcla de fentanilo con otras drogas. Lo que más inquieta a la región al momento es que la gente ingeste drogas mezcladas con fentanilo sin saberlo. Introducir la droga de esta forma podría enganchar a la gente y facilitar su propagación en el futuro. Este temor ha sido pronunciado por general Laura J. Richardson, jefa del Comando Sur estadounidense. Según ella, es sólo cuestión de tiempo que el fentanilo se extienda por los continentes americanos si no se toman las medidas correctas contra los cárteles.

De cualquier manera, la población latinoamericana es menos propensa a empezar a consumir fentanilo. Esto significa que la prevención sigue siendo una opción viable e importante para proteger a sus gentes, tanto limitando la cantidad de fentanilo recetado como aplacando eficazmente la influencia de los cárteles.

La violencia de género no solo se manifiesta de manera física, sino que está incrustada en sistemas y estructuras que perpetúan el miedo y la opresión. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha reportado que una de cada 25 mujeres experimenta violencia por parte de una persona cercana, y que el temor a ser agredidas es mucho más prevalente entre las mujeres que entre los hombres. Este miedo se intensifica en situaciones como caminar solas de noche. Esto subraya cómo la violencia de género moldea la vida cotidiana de las mujeres.

Un aspecto alarmante de esta violencia es su normalización, especialmente en el ámbito doméstico. Según la OCDE, una de cada diez mujeres justifica la violencia ejercida por su pareja. Esto refleja la profunda internalización de normas patriarcales que restringen la autonomía femenina. Este tipo de violencia, arraigada en la discriminación y el machismo, es una forma de control que utiliza el miedo y la coerción para limitar las libertades de las mujeres. En las Américas, países como Colombia, Costa Rica y México, con tasas de violencia contra las mujeres superiores al promedio de los países de la OCDE, evidencian la urgencia de abordar este problema desde una perspectiva global y multisectorial.

Causas y factores en la violencia de pareja

Para comprender la violencia de pareja, numerosos estudios, como el realizado por Organización Mundial de la Salud  desde 2012, emplean el modelo ecológico. Este enfoque explica la violencia como el resultado de la interacción de factores en cuatro niveles: individual, relacional, comunitario y social. A nivel individual, algunos factores que aumentan el riesgo de que un hombre sea violento incluyen ser joven, tener bajo nivel educativo, haber vivido o presenciado violencia en la infancia y el abuso de alcohol o drogas. En el caso de las mujeres, su vulnerabilidad a la violencia aumenta cuando tienen bajo nivel educativo, fueron expuestas a violencia entre sus padres o sufrieron abuso sexual en la infancia.

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En las relaciones, factores como los conflictos, la insatisfacción en la pareja, el dominio del hombre en la familia y el estrés económico pueden aumentar el riesgo de violencia. Además, cuando la mujer tiene un nivel educativo superior al de su pareja, esto puede generar desequilibrios de poder que también pueden derivar en violencia.

A nivel comunitario y social, factores como las normas de género desiguales, la pobreza, la falta de sanciones legales fuertes contra la violencia doméstica y la aceptación de la violencia como forma de resolver problemas agravan la situación. Estos factores muestran la importancia de políticas que no solo se centren en la violencia, sino también en las causas profundas que la perpetúan.

Violencia simbólica

En algunos contextos comunitarios, la violencia de género no se manifiesta únicamente de manera física. Sino, adopta formas simbólicas y políticas, como lo demuestra el caso de Irán. En 2022, el asesinato de Mahsa Amini, una joven que fue arrestada y fatalmente golpeada por no llevar el velo de acuerdo con las normas impuestas por el régimen, desató un movimiento feminista bajo el lema «Mujer, Vida, Libertad«. Este movimiento es una respuesta a décadas de opresión y desigualdad de género en Irán. Allí las políticas de control sobre los cuerpos y la autonomía de las mujeres son una forma de violencia sistémica.

El caso de Amini y las protestas subrayan cómo la violencia de género también puede ser utilizada como una herramienta de control social. Las mujeres son castigadas no solo por sus acciones, sino también por desafiar las normas impuestas por un régimen patriarcal. Aunque el régimen iraní utiliza la violencia para mantener el control, las mujeres continúan resistiendo. Eso demuestra que el cambio es inevitable. La lucha por la igualdad de género es una batalla que se libra tanto en el ámbito político como en el personal.

Violencia en línea

Un ejemplo reciente de la intersección entre género, racismo y violencia es el caso de la boxeadora argelina Imane Khelif. Durante los Juegos Olímpicos de París, Khelif fue objeto de una campaña de acoso cibernético basada en rumores falsos sobre su identidad de género. A pesar de haber ganado una medalla de oro en la categoría de peso wélter femenino, su éxito fue eclipsado por afirmaciones infundadas de que era transgénero o incluso un hombre. Figuras públicas como Donald Trump y Elon Musk amplificaron estas mentiras, lo que desencadenó una «campaña misógina, racista y sexista» contra la deportista.

Es evidente una tendencia en el deporte femenino, donde las mujeres, especialmente aquellas de origen no europeo, son sometidas a un escrutinio desproporcionado. En lugar de celebrar sus logros, enfrentan acoso y difamación que ponen en duda su valía e identidad. A pesar de que el Comité Olímpico Internacional defendió a Khelif y denunció la desinformación en su contra, su caso refleja la constante lucha de las mujeres por la igualdad y la aceptación en espacios tradicionalmente dominados por hombres.

Misoginia en la política

La violencia y discriminación de género también se manifiestan en la política. Un claro ejemplo es el caso de Kamala Harris. Es la primera mujer afroamericana en ocupar la vicepresidencia de Estados Unidos y actual candidata a la presidencia. A lo largo de su carrera, Harris ha sido objeto de ataques racistas y misóginos que buscan deslegitimar su credibilidad y capacidad para ejercer el poder. Algunos políticos republicanos incluso la han calificado como una «contratación DEI» (Diversidad, Equidad, Inclusión). Insinúan que su éxito no se debe a su capacidad, sino a cumplir con una cuota de diversidad.

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Estos ataques reflejan un patrón más amplio en la política global. Las mujeres, especialmente aquellas pertenecientes a minorías étnicas o raciales, deben enfrentar una doble carga. Se les exige probar constantemente su competencia y legitimidad. Y también se ven obligadas a navegar en un entorno de misoginia y racismo que intenta socavar su lugar en el poder. Esta realidad pone en evidencia las profundas desigualdades sistémicas que persisten en la política. El mérito de las mujeres a menudo es puesto en duda por razones que van más allá de su capacidad o desempeño.

Rompiendo el ciclo de la violencia y la exclusión

A pesar de los numerosos ejemplos de violencia y exclusión que enfrentan las mujeres en todo el mundo, es importante reconocer la resiliencia y fortaleza de quienes siguen luchando por sus derechos. Esta violencia se perpetúa debido a factores como la desigualdad de poder, las normas patriarcales arraigadas y los estereotipos de género que justifican el control y la subordinación de las mujeres. Romper este ciclo de violencia requiere un cambio cultural y social profundo,

Debe desafiar estas estructuras de opresión y educar a las nuevas generaciones para que no solo eviten ser víctimas, sino que rechacen convertirse en perpetradores. La educación del presente y futuro debe enseñar a los niños a respetar la igualdad de género y a desmantelar las normas violentas que han perdurado por generaciones. En última instancia, la violencia de género no es un problema exclusivo de las mujeres, sino una cuestión que impacta a toda la humanidad. Abordarla requiere un esfuerzo colectivo y un compromiso con la justicia y la equidad para todos. Esto comienza en el hogar, con madres y padres como primeros educadores.

El reciente fallecimiento de Humberto Ortega, fundador y primer comandante en jefe del ejército de Nicaragua, sugiere repensar el desafío de las transiciones complejas. Lo mismo podría pensarse luego de los resultados electorales en Venezuela, con Edmundo González Urrutia como ganador. Ambos países enfrentarán transiciones, en un futuro que parece lejano, pero que llegará en algún momento.

Aunque los procesos político venezolano y el nicaragüense son distintos, de manera similar a las transiciones en España, Chile y Argentina, la nicaragüense muestra esas complejidades y el papel influyente de algunos actores para decidir sus derroteros.

Tres procesos convergentes

Todas las transiciones de regímenes autoritarios a la democracia son procesos políticos complejos que no inician ni se agotan con el traspaso de gobierno. La transición de Nicaragua en 1990 cabe en esa categoría. ¿Por qué? Significó la convergencia de tres subprocesos, cada uno con sus propias complejidades.

El primero fue la construcción de la democracia. Eso implicaba el cambio del proyecto político de la revolución sandinista a un régimen de tipo democrático liberal. Las tareas principales incluyeron asegurar el traspaso de gobierno, promover un clima de estabilidad para el país y reestructurar la institucionalidad estatal para que fuera coherente con el régimen democrático.

El segundo fue el tránsito del largo conflicto militar interno hacia una sociedad posconflicto. Los cien mil excombatientes de ambos bandos, estimados en más de cien hombres, tuvieron que dejar las armas, desmovilizarse y reinsertarse en la sociedad, sin contar con cientos de miles personas afectadas directamente por la violencia armada que requerían atención. La desmovilización de excombatientes transcurrió en medio de una gran desconfianza y sin el apoyo gubernamental necesario para su reinserción.

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El tercer subproceso se relacionaba con el cambio del modelo económico mixto de la revolución por uno más liberal. Además, se trató de la reconstrucción económica después de la destrucción provocada por el conflicto armado, el restablecimiento de las relaciones comerciales de Nicaragua con otros países del mundo y su inserción en la economía globalizada.

La noche del 25 de febrero de 1990, cuando la tendencia de los resultados electorales era irreversible, la candidata ganadora era Violeta Barrios de Chamorro, de la Unión Nacional Opositora (UNO). La alianza opositora, que logró concitar los votos, y el propio gobierno sandinista, estaban conscientes y mucho menos preparados para el desafío que representaba esa transición política.

El traspaso y la viabilidad del nuevo gobierno

El traspaso de gobierno y un mínimo de estabilidad para gobernar se convirtieron en un aspecto clave a lo inmediato. La transición inició antes del 25 de abril de 1990, cuando Violeta Barrios de Chamorro tomó posesión de la presidencia. El clima de guerra, la desconfianza y la alta polarización que prevalecían hacían suponer que los sandinistas no entregarían el gobierno a pesar de que reconocieron los resultados electorales. Para procurar la estabilidad y confianza en el país, ambas partes decidieron negociar el traspaso de gobierno. Los equipos negociadores estaban encabezados por Humberto Ortega, comandante en jefe del ejército y hermano de Daniel Ortega, presidente saliente, y Antonio Lacayo. Era una de las personas de confianza de la presidenta electa Violeta Barrios de Chamorro.

El Protocolo para la Transferencia del Mando Presidencial del Gobierno de la República de Nicaragua, conocido como Protocolo de Transición, se firmó en marzo de 1990. Tuvo el propósito de asegurar el traspaso presidencial y procurar un clima de estabilidad política al nuevo gobierno. Los acuerdos más importantes establecían la vigencia de la Constitución Política; la permanencia y subordinación de las fuerzas de defensa y de orden público, y la reducción de efectivos; fortalecer la independencia de los poderes del Estado; el traspaso ordenado de la Presidencia en un marco de mutua seguridad y confianza.

Gobierno de transición

La presidencia de Barrios Chamorro transcurrió en un clima de numerosos conflictos políticos y sociales. La mayoría estuvieron asociados con la transición y los cambios que implicaban cada uno de los tres procesos convergentes. Uno de los más notorios se presentó el 2 de septiembre de 1993 cuando la presidenta anunció el retiro del jefe del ejército como parte de los acuerdos y la “profesionalización” de la institución militar. Aparentemente el anuncio tomó por sorpresa a Humberto Ortega. Provocó un airado reclamo suyo y de su hermano, Daniel Ortega, entonces en la oposición. Finalmente, Humberto Ortega se retiró de su cargo como comandante en jefe en 1995, después de aprobarse el Código Militar y una reducción sustantiva de efectivos militares.

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El gobierno de Chamorro también lidió con los conflictos de la UNO por las visiones diferentes que tenían los actores de la alianza en relación con la transición misma y la existencia del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). La UNO se rompió tempranamente y algunos partidos integrantes se convirtieron en opositores.

Los desafíos actuales de una nueva transición

En la actualidad, las perspectivas de una transición política en Nicaragua no parecen tan cercanas. El afán de continuidad del régimen de Ortega con la sucesión dinástica y la radicalización autoritaria continúan. Pero es evidente que en el momento en que se presente la oportunidad de cambio político, la oposición tendrá desafíos que enfrentar, algunos incluso más complejos que los de 1990.

Desmontar el entramado político e institucional instalado por Daniel Ortega es uno de los primeros desafíos. Para eso será necesario, mínimamente, hacer cambios en el marco jurídico que restablezcan la naturaleza democrática del régimen político y del Estado. Además, devolver la pluralidad del sistema político y restablecer la independencia entre los poderes estatales y reorganizar el aparato estatal.

Otro desafío planteado es el cambio entre el estado policial ante un proceso de justicia para las víctimas de los crímenes de lesa humanidad. Implica el desmontaje de los aparatos institucionales y paraestatales de persecución y vigilancia. También el establecimiento de las bases para la no repetición.

El ámbito económico cuenta los altos niveles de endeudamiento del país, el debilitamiento de una buena parte de los actores económicos y el acelerado empobrecimiento de la población.

Llegar al punto de abrir una nueva transición no es tarea fácil. Se requieren esfuerzos conjuntos y sostenidos, en primer lugar de los actores de la oposición democrática. La mayoría de la población en Nicaragua desea y espera un cambio. Pero, de manera similar a los 90, el contexto de la transición no va a estar exento de conflictos tanto entre los actores prodemocráticos como con los que defienden el régimen de Ortega. Por eso, uno de los retos más importantes es conformar una alianza más allá de las coyunturas políticas y se plantee como objetivo sentar las bases de un régimen democrático.

Las elecciones del domingo 27 de octubre definirán la composición del Parlamento en Uruguay. Aunque no se puede afirmar que en esta instancia de votación se defina el próximo presidente.

A menos que el partido opositor, el Frente Amplio (FA), obtenga más del 50% de los votos en octubre, el escenario que prevén los analistas para la segunda vuelta en noviembre es una competencia cerrada entre el exintendente de Canelones, Yamandú Orsi (FA), y el exsecretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, del Partido Nacional (PN).

Apatía electoral

Los comicios se desarrollan en un ambiente de apatía. Son las elecciones con menos atractivo de los últimos 35 años. Los dos principales candidatos no generan pasiones ni por sus propuestas ni por sus discursos. Ambos son uruguayos tranquilos, que no parecen incomodar a nadie.

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Tanto Orsi como Delgado son experimentados políticos profesionales que conocen muy bien los intrincados vericuetos de la administración pública en Uruguay. Eso los hace tan normales como predecibles. De Delgado se dice que seguro será mejor presidente que candidato. Sin embargo, la sorpresa en esta elección es el presidenciable colorado, Andrés Ojeda, quien se ubica tercero en las encuestas.

Los candidatos

Álvaro Delgado, el candidato del oficialismo, es veterinario y comenzó su carrera política en la militancia gremial universitaria, convirtiéndose en una figura clave del actual presidente Luis Lacalle Pou. Ha sido diputado, senador y secretario de la Presidencia, destacándose por su gestión durante la pandemia de covid-19.

En las internas de su partido, arrasó con una votación de 72%, mayor a la de Lacalle Pou cinco años antes (55%), lo que le permitió decidir el nombramiento de su candidata a vicepresidenta: Valeria Ripoll, una controvertida sindicalista excomunista.

La designación de Ripoll, quien no pertenecía al Partido Nacional y había criticado públicamente a Lacalle Pou, causó sorpresa y dejó a algunos desconcertados. Existen opiniones divididas entre los analistas. Para algunos, fue una decisión audaz de Delgado; y para otros, un error.

Yamandú Orsi, el candidato del Frente Amplio, es profesor de historia y ha desarrollado su carrera en Canelones, uno de los departamentos más grandes de Uruguay. Fue secretario de la intendencia durante diez años y luego electo intendente, cargo en el que fue reelecto. Apoyado por el expresidente José Pepe Mujica, Orsi ganó con facilidad las internas del FA, obteniendo un 60% de los votos frente a Carolina Cosse, quien es su compañera en la fórmula.

Fuera de la política municipal, Orsi ha mostrado cierta ambigüedad en temas clave, como el plebiscito sobre la reforma del sistema de seguridad social, que promovió la central sindical (PIT-CNT) y al que el FA dejó a sus votantes en libertad de acción. Y aunque se ha mostrado contrario a esta iniciativa que los economistas consideran riesgosa para el país, no ha sido contundente en sus declaraciones, lo que le ha valido críticas por su falta de firmeza en temas importantes.

La sorpresa de la campaña es Andrés Ojeda, un abogado penalista de 40 años que, con escasa estructura, ganó las internas del Partido Colorado, principal socio del PN en la coalición oficialista.

El FA y la Coalición

Hoy, el Uruguay político está dividido en dos bloques casi equivalentes: el Frente Amplio, una coalición de izquierda que incluye socialistas, comunistas y ex tupamaros; y la Coalición Republicana, formada por cuatro partidos de centro, centro derecha y derecha: Nacional, Colorado, Independiente y Cabildo Abierto. Estas dos alianzas definirán la elección y el panorama político del país para los próximos cinco años.

El FA, con múltiples facciones, se fundó como coalición de fuerzas de izquierda en 1971. Por otro lado, la CR es una alianza electoral que se unió en 2019 para derrotar al FA, tras 15 años de gobiernos de izquierda. Lacalle Pou ha gobernado en coalición, superando las dudas sobre la durabilidad de la plataforma.

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A pocas semanas de las elecciones, Ojeda es el único que ha crecido en las encuestas. En filas coloradas, se especula con la posibilidad de que alcance el balotaje en noviembre, desplazando a Delgado. Sin embargo, esto requeriría un cambio abrupto de la opinión pública.

Aunque Ojeda representa la nueva forma de hacer campañas electorales, es poco probable que supere las estructuras partidarias tradicionales del PN, especialmente en el interior del país donde los blancos controlan 15 de 19 departamentos.

Temas y preocupaciones

En todo el país se percibe una falta de voluntad para un cambio de rumbo. Uruguay vive un clima tranquilo de convivencia política. Aunque en las últimas semanas hubo cruces discursivos, no hay enfrentamientos en las calles ni sectores movilizados.

La inflación es baja, el salario real se ha recuperado tras la pandemia y el desempleo se encuentra en niveles razonables. Uruguay sigue siendo una de las pocas democracias plenas del mundo.

Los temas que más preocupan a los uruguayos son la pobreza infantil, el costo de vida y la seguridad pública, especialmente el aumento de la violencia vinculada al narcotráfico en barrios carenciados y el deterioro de las cárceles. Estos temas requieren de un gran acuerdo nacional, pues cada año que pasa, el Estado pierde terreno y la delincuencia avanza.

No se prevén grandes cambios de orientación económica ni por parte del oficialismo ni de la oposición. Sin mucho margen de maniobra en el Mercosur, Uruguay se aproxima a las elecciones con probada estabilidad económica y jurídica.

Lo único que parece alterar este escenario es el plebiscito impulsado por la central sindical y una minoría del FA para derogar la reforma del sistema de seguridad social que aumentó en 2023 la edad jubilatoria a los 65 años. De aprobarse, el plebiscito (que elimina las Administradora de Fondos de Ahorro Previsional) sería un golpe para la credibilidad del sistema político y un espaldarazo para el PIT-CNT y el Partido Comunista del Uruguay.

Los principales candidatos y hasta el presidente Lacalle Pou han rechazado el plebiscito por el daño que causaría al país de ser aprobado.

Conclusiones

El Frente Amplio parece ser el favorito para ganar, pero el alto número de indecisos (más del 10%) genera incertidumbre. Aunque la sorpresa de Andrés Ojeda podría alterar el tablero, sigue siendo improbable que llegue al balotaje.

La aprobación del plebiscito, que revertiría las reformas del sistema de seguridad social, complicaría la credibilidad internacional del país y viabilidad económica del próximo gobierno.

Por su parte el presidente Lacalle Pou termina su mandato con altos índices de aprobación personal, proyectando su liderazgo hacia el futuro. Este activo lo capitaliza Álvaro Delgado del PN.

Aunque no haya un ambiente de cambio, esto no significa que los ciudadanos no quieran cambiar de elenco en el gobierno. Las próximas semanas serán clave para consolidar perfiles y ganar el apoyo de los indecisos, quienes definirán en las urnas con un ánimo unánime de que las cosas en Uruguay podrían estar mejor pero no están tan mal.

A cinco años del estallido social en Chile es posible rescatar algunas lecciones sobre la democracia. En su momento, Chile transitó por dos procesos constituyentes para dar una nueva carta magna. Ambos fracasaron. ¿Qué evaluación se le da a esa experiencia?

Carlos Peña es uno de los intelectuales chilenos de mayor importancia. Escritor, abogado, filósofo y desde 2005 es el rector de la Universidad Diego Portales (UDP). Lo invitamos en Diálogo Político para que nos ayudara a pensar sobre los alcances de la democracia, las debilidades de validar sin resortes la opinión de la mayoría y el riesgo de obviar las garantías del liberalismo, los límites y la solidaridad.

Se cumplen cinco años del estallido social en Chile. ¿Qué lecciones dejó a la sociedad?

—Tengo la impresión de que en Chile sigue habiendo dos diagnósticos contrapuestos respecto de lo que ocurrió en octubre de 2019. Hay uno hoy día minoritario, apagado, empalidecido, pero con sectores sociales que lo mantienen, y es que hay quienes creen, y esta era la visión del Frente Amplio, que en octubre del 2019 la sociedad chilena despertó de un sueño neoliberal. Y advirtió que detrás del proyecto de modernización capitalista se escondía en el fondo una estructura profundamente injusta, distante de los intereses de las personas. Ese diagnóstico ha tropezado con la realidad ya dos o tres veces. Pero hay quienes todavía porfiadamente lo mantienen.

En cambio, se ha vuelto predominante la idea de que el malestar que padeció Chile fue la expresión del proceso subyacente a la modernización, del cambio de las condiciones materiales de la existencia que Chile había experimentado. Y que, en vez de ser un malestar de rechazo, el proyecto modernizador es un malestar producto de la aparición de nuevos actores, de nuevas sensibilidades y expectativas que han sido creadas justamente por el éxito de este proyecto modernizador.

Aspiraciones de Chile

Se debió a nuevas aspiraciones de la sociedad…

—Exactamente y en consecuencia, siguiendo este segundo punto de vista, que la ciudadanía no rechazó el proyecto modernizador. Sino que aspira a que las patologías que tiene en temas como salud y pensiones se mejore la provisión pública y se comparta mejor ese riesgo. Es decir que las patologías del proceso modernizador se corrijan, pero sin abrogar ni derogar el proyecto modernizador como tal.

Yo diría que este segundo diagnóstico ha movido a buena parte de los intelectuales y académicos a una visión, digámoslo así más ponderada de lo que ocurrió en octubre de 2019, abandonando la idea que aún persiste, pero minoritaria, de que octubre del 2019 había sido más bien el inicio de una revolución, un rechazo radical contra las tres décadas que Chile había experimentado bajo la concertación.

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Dos procesos constituyentes que fracasaron.

—Y ambos de signo opuesto. El primero era radicalmente de izquierda, plural y nacionalista, partidario del decrecimiento en alguna medida. De derechos reproductivos muy radicales, etcétera. Por otra parte, el segundo proyecto, muy enraizado en la tradición más conservadora de Chile, enfatizaba la unidad del Estado nacional. Hablaba de la autonomía de las familias respecto del Estado y cuestiones que era más bien restrictivas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Ambos proyectos fueron rechazados.

¿Y qué rol jugó la política de identidad en esos procesos?

—Fue muy fuerte en el primer proceso, incluso en algún momento a la hora de inaugurarse una de las reuniones oficiales de la convención constitucional originaria se puso frente al Congreso Nacional una seguidilla de banderas. La bandera chilena era una bandera, entre otras. Cada una representaba de una cierta identidad. Creo que no hubo nunca una impresión más plástica y evidente de esta idea de que la política de la identidad había infectado, digamos, a la política chilena.

Instituir la sociedad

Usted ha dicho que la política no interpreta la sociedad, sino que la instituye. ¿Qué ocurre cuando la política dedica su esfuerzo a interpretar la sociedad y no a instituirla?

—La política tiene una dimensión que importa mucho, que es la dimensión del policy making, de diseño y ejecución de políticas públicas. Pero al lado de ella tiene otra dimensión, que la de introducir un cierto ascetismo en la vida colectiva, de orientar las preferencias de las personas, modelar las expectativas, enseñar una cierta renuncia, ordenar, gestionar el tiempo.

Esto requiere tener un buen diagnóstico de lo que ocurre en la sociedad, pero no simplemente para amplificar lo que ocurre en la sociedad, no simplemente para reproducir lo que la sociedad siente, quiere o piensa. Sino para moderar eso que parece verdad. Entonces la tarea del político no es interpretar la sociedad para reproducir fielmente lo que ella es. La tarea del político es comprender la sociedad para modelarla, para dominarla, para “domesticarla” con una cierta dosis de racionalidad. Esto es fundamental que se recupere porque en América latina tenemos del lado de la derecha un énfasis a veces muy marcado hacia las virtudes de las buenas políticas públicas que son indispensables. Y del lado de la izquierda y también de cierta derecha más bien populista, tenemos una dimensión de la política como una mera representación fidedigna de lo que la gente quiere.

El político amplifica las demandas ciudadanas, a veces incluso las exagera, y promete satisfacerlas. Pero brilla por su ausencia esa dimensión del político como un sujeto que más bien apacigua las expectativas de la sociedad. Enseñarle un cierto ascetismo, una cierta renuncia proveyendo un relato que ayude a ordenar el tiempo.

Y ese sentido del ejercicio político lo hemos abandonado efectivamente.

Factores externos

Los reveses democráticos son tendencias y ya no excepciones. ¿Hay una respuesta que lo explique?

—La democracia exige factores internos, pero también externos. Se requiere una prensa independiente, sectores económicamente autónomos que puedan promover agendas propias y participar del debate público… Pero también factores externos que favorecen o lesionan la democracia.

Uno de los factores externos clásicos es la escena internacional, la existencia de potencias que se empeñan en deteriorar la democracia de otro país. Esto no ocurrió con la gran ola democrática de los años noventa. ¿Se acuerdan cuando cae el muro? Hoy esa escena internacional que contribuye a que la democracia florezca, ha cambiado, porque hay potencias como China, Rusia, Irán que se comprometen en deteriorar la democracia y no fortalecerla. En eso han caído algunas élites latinoamericanas, financiadas por estas potencias. Esto es exactamente así. El caso de Venezuela es un caso paradigmático porque sin el apoyo de Irán, China, Rusia, Maduro no existiría. Nicaragua también habría caído. Los experimentos de Bolivia descabellados en algún momento no se habrían realizado.

Democracias mayoritarias

En México aún con un gobierno mayoritario se decidió aprobar una reforma judicial que jaquea la división de poderes. ¿Por qué la insistencia en crear una nueva democracia que se parece más al autoritarismo?

—La democracia es el gobierno de la mayoría. Pero para que sea genuina y sea estable y valga la pena, la democracia por sí sola no es suficiente. La buena democracia es la democracia liberal, o sea, la democracia que, junto con afirmar el derecho de la mayoría, afirma, al mismo tiempo que hay principios que limitan la voluntad de la mayoría.

En la democracia populista puramente mayoritaria, la empresa de masa no tiene límite. Entonces hay que apostar por una democracia liberal. Es decir, una que frente a la pregunta de ¿quién debe gobernar?, responda: la mayoría en base a una regla de competencia política. Y frente a la pregunta, ¿pero tiene algún límite en la mayoría? responda: sí, tiene el límite de los derechos fundamentales, de la alternancia en el poder, de los derechos humanos básicos. Pero si uno nada más afirma el ideal democrático mayoritarios sin los contenidos sustantivos de los principios liberales en el sentido más clásico de la expresión, la democracia conduce a esos excesos.

Desde el punto de vista del ideal democrático ¿quién le podría reprochar algo a México? Si la democracia fuera nada más que la pura voluntad mayoritaria del pueblo, ¿qué tendría de malo que el pueblo consintiera en suprimir la independencia del Poder Judicial? Nada. La única manera que tenemos de juzgar moral y políticamente a las democracias, impidiendo los excesos como lo que se están cometiendo en México no es reivindicar el ideal democrático a secas, sino reivindicar el ideal de una democracia liberal. Porque hay democracias liberales que son las que valen la pena y democracia iliberales que conducen o pueden conducir a los peores errores.

Los límites del sistema

Hay un descontento con la democracia y con la política en general. Se define con palabras muy negativas, con un sentimiento sombrío, negativo, de rabia, ira, frustración.

—Hay que poner de arriba el valor del ejercicio democrático. El de subrayar el hecho de que la democracia es la única forma de gobierno. Que permite, aunque suene a lugar común que no hay ni triunfos definitivos ni derrotas totales, sino que en el juego democrático una persona accede al Estado, pero no hace suyo el Estado, sino que administra el Estado en nombre de la comunidad política y lo hace comprometiéndose con ciertos límites.

Me parece que tenemos que ser capaces de poner de relieve y subrayar el valor moral de la democracia.

¿Por qué nos cuesta entender que la mayoría no tiene ninguna ventaja epistémica? No porque las cosas sean adoptadas por mayoría son mejores. La democracia tiene la gran ventaja que es la única forma de gobierno que nos permite tratarnos como personas iguales.

Este el valor democrático es un valor moral. La democracia importa porque es la única forma de gobierno que nos permite reconocernos recíprocamente como sujetos iguales dotados de la misma capacidad de incidir en los asuntos públicos.

Xenofobia y democracia liberal

La solidaridad se ha puesto a prueba en la región con la migración masiva. ¿Qué opinión le merece la gestión migratoria que se da en una América Latina que ahora tiene muchos brotes de xenofobia?

—Lo más relevante es que pone a prueba no tanto la capacidad de gestión de los países, que también desde luego, pero sobre todo el compromiso de los países con los valores democráticos y con los valores liberales. Porque si algo enseña la democracia liberal es que la xenofobia es simplemente inaceptable. No hay ningún motivo para sostenerla. No hay pretexto alguno que, en un régimen democrático, en una cultura liberal, permita que la xenofobia se expanda.

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El gran problema que vemos, por lo menos en Chile, pero también en el resto de América Latina, es que junto con la migración de personas orientadas al logro y animadas por un buen desempeño, migran también culturas criminales. De pronto se empieza a estigmatizar a los migrantes por el solo hecho de serlo, instituyendo una especie de categoría social de personas que merecen un mayor control social. Yo creo que esto transgrede los valores igualitarios que son propios de una democracia liberal. El desafío de los Estados consiste en gestionar la migración, formalizar las masas que se incorporan a los mercados laborales de cada uno de los países, por ejemplo, en el caso de Chile. Incorporar al mercado formal y hacer todo esto a la altura.

No hay que olvidarse que los valores de una democracia liberal no tienen por objeto homenajear los deseos inmediatos de la ciudadanía. Sino habría que hacer lo que hace [Nayib] Bukele ¿verdad? Pero los demócratas liberales creen, en cambio, que la democracia liberal tiene momentos contra-mayoritarios, contra el anhelo de la mayoría. Allí donde la mayoría quiere linchar a un delincuente, la democracia liberal dice ¡no! Hay que someterlo previamente a un proceso racional y ofrecerle la posibilidad que se defienda.

Hezbollah (el Partido de Dios) es una organización islamista que inicia su actividad en 1982, coincidiendo con la guerra civil en el Líbano. En su surgimiento, el objetivo de Hezbollah fue proteger a la población chií en el sur del Líbano mediante la creación de un grupo armado. De esta forma, pretendía actuar de forma contundente en el conflicto que asolaba al país y, a la vez, repeler los ataques que llegaban desde Israel.

Desde la creación de Hezbollah, los enfrentamientos con Israel han sido una constante. Como el conflicto desatado en 2006, en el que la milicia libanesa consiguió frenar la ofensiva israelí. La Resolución 1701 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas permitió abrir un paréntesis y poner fin a las hostilidades. No obstante, las tensiones y las disputas han continuado hasta nuestros días.

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Hezbollah cuenta con una estructura sólida dividida en tres cuerpos claramente definidos por su brazo asistencial, su brazo político y su estructura militar. Desde el año 1992 la organización ha estado liderada por el clérigo chií Hassan Nasrallah, asesinado el pasado 28 de septiembre de 2024 por fuerzas israelíes.. A pesar del duro golpe asestado por Israel en las últimas semanas, con el asesinato de Nasrallah y de varios de los miembros de su cúpula, Hezbollah continúa siendo la milicia no gubernamental más poderosa del mundo. Sin embargo, la muerte de Nasrallah abre un incierto futuro para la organización.

Apoyo de Irán a Hezbollah

En el DP Enfoque El poder blando de Irán en América Latina se resaltan los intereses del país persa en la región. Además de la estrategia de poder blando, desde sus orígenes, Hezbollah ha estado vinculada con Irán. Tras el triunfo de la revolución iraní, el régimen de los ayatolás quiso extender su influencia sobre aquellos territorios en los que habitaban musulmanes chiíes, cuyos principios religiosos se encontraban en sintonía con los promovidos por Irán.

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En este contexto, Irán ha utilizado a Hezbollah para actuar contra Israel, el principal enemigo de Teherán en Medio Oriente. Por eso los permanentes enfrentamientos que han tenido lugar en las últimas semanas, entre Israel y Hezbollah, han obligado a Irán a reaccionar. Como consecuencia, el pasado 1 de octubre Irán lanzó una dura ofensiva sobre territorio israelí. Lanzó 200 misiles balísticos que no lograron el efecto deseado. Irán no consiguió frenar la incursión de Israel en el sur del Líbano.

Hezbollah en América Latina

La presencia de Hezbollah en América Latina se remonta a la década de 1980. Parte de la diáspora libanesa radicada en Latinoamérica comenzó, en estos años, a establecer lazos con la nueva organización chií impulsada por Irán. La vinculación con el Partido de Dios llevó a desarrollar estructuras orientadas a favorecer la financiación de las actividades Hezbollah en el Líbano desde Latinoamérica.

En la actualidad, gran parte de la acción de Hezbollah en América Latina está relacionada con el narcotráfico, el contrabando y la falsificación, actividades que reportan importantes beneficios económicos. El dinero obtenido de estos negocios ilícitos es posteriormente blanqueado a través de empresas legales que han situado a la comunidad libanesa vinculada con Hezbollah en una posición social y económica relevante en sus áreas de influencia.

Presente en la Triple Frontera

El foco principal de sus actividades se sitúa en la Triple Frontera entre Argentina, Brasil y Paraguay. Además de los vínculos que han establecido con las grandes redes del narcotráfico, también han invertido parte del dinero en la construcción de mezquitas, centros culturales y escuelas islámicas. Buscan que las comunidades musulmanas se alineen con los postulados de Hezbollah.

Si bien, hoy en día, la actividad principal de los grupos próximos a Hezbollah está más vinculada con el crimen organizado, en los años 90, algunos de estos grupos mantuvieron una actividad armada destinada a atacar los intereses de Israel y de la comunidad judía en Argentina. En este sentido, uno de los episodios más trágicos en los que estuvieron implicados grupos chiíes vinculados con Irán y, en consecuencia, con Hezbollah, fueron los atentados de 1992 y 1994 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA).

Años más tarde, el refuerzo de las relaciones entre Venezuela e Irán también contribuyó a reforzar la posición de Hezbollah en la región. La identificación de Hezbollah con la República Islámica de Irán ha permitido que los grupos conectados con la organización libanesa hayan encontrado oportunidades para explotar algunos de los recursos naturales venezolanos. Así, incrementan sus ingresos y su relevancia en América Latina.

La muerte de Nasrallah en América Latina

La muerte del líder de Hezbollah, Hasan Nasrallah, abre un periodo de incertidumbre que puede afectar a as estructuras que operan en Latinoamérica. No obstante, la desaparición de su líder no debería afectar, de forma significativa, a los grupos que operan en América Latina. Sus actividades se centran en aspectos económicos y de proselitismo.

En realidad, Hezbollah opera en América Latina como una organización criminal. Ha desplegado un importante tramado delincuencial con objetivos económicos que favorecen, a su vez, la difusión de los principios ideológicos islamistas que rigen en el movimiento chií. De modo que, la ausencia de un líder en el Líbano o, incluso, el debilitamiento, o la casi desaparición de Hezbollah, no debería afectar a la red urdida por los grupos vinculados con Hezbollah en la Triple Frontera y en Venezuela.

El carácter jerárquico de la organización en el Líbano difiere de la estructura celular desplegada en América Latina. Se trata de una rama de la organización, de grupos afines a Hezbollah que operan en Latinoamérica. No obstante, el vacío de poder podría dar lugar al surgimiento de facciones en el Líbano que llevaría a los grupos latinoamericanos a decantarse por alguna de estas subdivisiones.

La reforma judicial propuesta por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), generó un fuerte debate tanto dentro como fuera del país. Con la promesa de democratizar el sistema judicial y acercar la justicia al pueblo, esta reforma pretende generar cambios profundos en todos los niveles de gobierno. Sin embargo, ¿es realmente este el camino hacia una justicia imparcial, o estamos presenciando una peligrosa concentración de poder?

La reforma se hizo sobre el Poder Judicial Federal, el encargado de interpretar y aplicar las leyes a nivel nacional. Se compone de la Suprema Corte de Justicia, los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y los Juzgados de Distrito. Su función principal es resolver disputas que involucran leyes federales y garantizar el respeto a la Constitución (recursos de casación).

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Ningún Poder Judicial en el mundo es perfecto. Ciertamente hay grandes áreas de oportunidad para mejorar tanto la justicia como la percepción de la justicia. Sin embargo, fingir que «democratizar» la justicia es la solución no beneficia a nadie. Reformas estructurales y mejoras institucionales son necesarias. Pero politizar el proceso judicial bajo la fachada de una democratización solo pondría en riesgo la independencia de los jueces y la imparcialidad del sistema.

En América Latina, la experiencia con elecciones judiciales ha demostrado ser problemática. Países como Bolivia han implementado modelos similares con resultados mixtos. Y las críticas a la politización de la justicia han sido constantes.

La justicia según las encuestas

La encuesta de percepción sobre el desempeño de las autoridades de seguridad pública y justicia (INEGI, 2024) revela que siete de cada diez personas consideran al Poder Judicial como algo efectivo o muy efectivo. Mientras que cinco de cada diez le tienen algo o mucha confianza. Sin embargo, seis de cada diez lo perciben como corrupto, un nivel similar al registrado en la Encuesta Nacional de Victimización y Seguridad Pública de 2018 (INEGI, 2018). En contraste, el Índice Global de Impunidad 2022 (UDLA PUEBLA, 2022) destaca que México tiene cuatro veces menos jueces (4.36 por cada 100 mil habitantes) que el promedio mundial (17.83). Esto provoca una sobrecarga de trabajo del 400% para los jueces.

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Estos valores no pueden generalizarse. Existen pocos estudios que evalúan de manera específica la incidencia del Poder Judicial. Entre los análisis más destacados está el Índice de Estado de Derecho de México del World Justice Project (WJP, 2023-2024). En su versión de 2023, evaluó la justicia civil y penal a nivel local. Los puntajes, que van de cero a uno (en el que uno representa la máxima adhesión al Estado de Derecho), muestran que, en justicia civil, Guanajuato lidera con 0,47. Los peores resultados son de Quintana Roo, Morelos y la Ciudad de México, con 0,31. En justicia penal, Querétaro encabeza con 0,51. La Ciudad de México se sitúa en último lugar con 0,32. Sin embargo, estos aspectos no fueron el foco principal de las reformas del grupo en el poder.

Preocupaciones de la reforma

Primero, preocupa la reducción de ministros de la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que argumentan desde la perspectiva de la “austeridad”. El número se reduciría de once a nueve jueces. Hay que considerar que, al día de hoy, cuenta con el apoyo incondicional de cinco ministros y ministras, lo que garantizará su mayoría en cualquier votación.

El segundo punto que preocupa es la intención del presidente mexicano de crear un nuevo órgano de administración judicial. Controlaría la carrera judicial de magistrados y jueces. No es posible omitir el hecho de que uno de sus ministros incondicionales, al ser presidente de la Corte, fue acusado de persecuciones políticas y amenazas a jueces y magistrados. Esta medida debilita los contrapesos dentro del Poder Judicial. Además, pone a los jueces bajo un nuevo sistema administrativo con posibles lazos políticos.

Preocupa también la implementación del sistema de elección popular para estos cargos. Se trata de jueces, magistrados y ministros. En palabras de quienes proponen: “El juez va a ser nombrado por la gente, no le va a deber el favor a nadie; va a ser elegido por los ciudadanos y esa es la democracia”. La justicia electoralizada corre el riesgo de priorizar la popularidad sobre la legalidad. El riesgo es transformar a los jueces en actores políticos más que en defensores imparciales del Estado de Derecho.

Otro punto alarmante de la reforma es la introducción de la figura de los jueces sin rostro en casos de crimen organizado. Aunque este mecanismo se ha utilizado en países como Colombia, Perú y Brasil, ha sido duramente criticado por violar el derecho a un juicio justo y contravenir los principios de debido proceso establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La justicia anónima no es una solución viable para un sistema judicial que necesita ser transparente y justo. Al ocultar la identidad de los jueces, se impide una defensa adecuada y se socava la confianza pública en el sistema de justicia.

¿Se podría aplicar?

La primera parte de la reforma contempla el voto del 50% del Poder Judicial. En Ciudad de México, los ciudadanos tendrían que votar por 145 cargos federales, cada uno con nueve candidatos, tres por cada poder (Ejecutivo, Legislativo, Judicial), lo que equivale a 1.305 opciones solo en el ámbito federal. Además, se suman 236 cargos de jueces y magistrados locales, cada uno con nueve candidatos. Esto añade 2.124 opciones. En total, el votante tendría que elegir entre 3.429 candidatos solo en el ámbito judicial.

A lo anterior habría que sumarle la renovación del Congreso federal, con 500 diputados federales. Se realizan dos elecciones a gobernador. Se eligen congresos locales, ayuntamientos, juntas municipales y alcaldías, lo que añade una inmensa cantidad de cargos y candidatos.

Considerando sólo las elecciones del Poder Judicial, un votante enfrentaría a 145 boletas. Si se considera un minuto por planilla como base para emitir un voto razonado, un votante necesitaría alrededor de dos horas y cuarenta minutos solo para completar la votación. Este cálculo no incluye el tiempo que tomaría la logística de entrega y revisión de boletas. Entonces, en una casilla ordinaria se contempla la votación de 750 personas distribuidas en cuatro mamparas en una jornada de diez horas. Se necesitaría, de inicio, 52 días de votación sólo para la mitad del Poder Judicial en la Ciudad de México.  

Esta duración y complejidad no solo desincentivaría la participación ciudadana. También pondría en jaque la logística electoral del Instituto Nacional Electoral (INE). A nivel práctico, la legitimidad del proceso electoral estaría en duda. Sería prácticamente imposible garantizar que cada votante pueda completar su papeleta de manera informada y eficiente, afectando profundamente la calidad democrática del país.

Se suma la prohibición de cualquier tipo de financiamiento. Existen serias lagunas sobre el manejo de radio y televisión, si habrá o no representación de los partidos políticos, entre otras.

La reforma judicial que México no necesita

Es posible considerar que el verdadero objetivo de la reforma al Poder Judicial es la concentración de poder y politización de tribunales como respuesta a las resoluciones de jueces valientes que han salvaguardado, en la medida de lo posible, derechos fundamentales de mexicanos. Ha sido visto por el Ejecutivo como obstáculos, en lugar de herramientas para garantizar el Estado de Derecho.

El 23 de septiembre inició el contador del primer día para la primera elección judicial. Queda un marco jurídico por hacer, ante la total incertidumbre de cuáles serán las reglas.

Para México, y para América Latina en general, este no es el camino hacia una justicia imparcial y efectiva. Lo que México realmente necesita es una reforma judicial que fortalezca la independencia de sus jueces, garantice la transparencia y ponga fin a la impunidad. La justicia mexicana no puede permitirse retroceder bajo el pretexto de una democratización mal entendida.

El presidente argentino, Javier Milei, expuso por primera vez en la Asamblea General de las Naciones Unidas, en la Cumbre del Futuro en Nueva York. Enunció un discurso crítico hacia la orientación ideológica (a su juicio) de la Asamblea.

Milei llegó a esta reunión con una serie de conflictos acumulados con mandatarios de la región latinoamericana. Entre ellos, México, Colombia, Brasil, Chile, Bolivia, Venezuela y Nicaragua. Varios por meras razones de diferencias ideológicas, no por conflictos concretos. Además, se suman su adscripción a la candidatura de Donald Trump y el enfrentamiento con el gobierno español de Pedro Sánchez. Además, ha tensionado las relaciones hacia el interior del principal acuerdo comercial de la región, el Mercosur.

Es decir, había antecedentes sobrados de un estilo vehemente del manejo de las relaciones internacionales con los países cercanos, y en otros de cierta frialdad, como Uruguay.

Posición disruptiva

Como era de esperarse, Milei desarrolló un discurso llamativo, acorde con su deseo de erigirse en ser un líder global libertario, no político, enfocado en la economía. Pero claro, esto no evita que él sea el representante legal y legítimo de la República Argentina, con todas las lecturas y consecuencias que eso conlleva.

Las características de origen de Milei en la vida pública hacen que todo sea tomado con disrupción. Tanto desde el estilo como desde el contenido. En ese sentido, el máximo foro internacional era un espacio perfecto para que el mandatario aprovechara para dar su visión sobre el devenir del mundo y de la organización.

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Milei cuestionó el Pacto para el Futuro, al que suscribieron la enorme mayoría de los miembros de la organización (75%). Curiosamente, entre aquellos que se opusieron figuran naciones como Rusia, Venezuela, Nicaragua, Corea del Norte, China o Bielorrusia, a quienes el presidente argentino detesta. En la región se abstuvieron El Salvador, Bahamas, Haití y la Argentina. Es decir, la gran mayoría de los países latinoamericanos votaron a favor.

Dejando de lado los Estados que se han transformado en autocracias —Venezuela, Nicaragua— además del régimen cubano, lo interesante en este caso es evaluar las consecuencias que podrían tener la aparición de liderazgos claramente disruptivos. Especialmente para la articulación de políticas públicas regionales que colaboren con la solución de problemas globales. Por ejemplo, el cambio climático, la paz, el desarrollo sustentable, entre otras cuestiones sociales.

Discurso mileista

El mandatario argentino, además, cargó las tintas contra la ONU como un organismo burocratizado, supranacional y “de corte socialista”. Adoptó una posición muy similar a la que en su momento expresó Trump cuando fue presidente de Estados Unidos. Más allá de la interpretación ideológica que hizo, decidió poner a la organización mundial como parte de una “casta” que cercena la autonomía de decisiones de los países. En su lógica, la libertad de las naciones y las personas está por encima de todo tipo de cooperación.

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Además del discurso soberanista, similar al de líderes europeos que critican el poder concentrado de la Unión Europea, Milei va delineando un distanciamiento respecto a la región y al mundo. Esto complicaría su objetivo de convertir a la Argentina en un socio confiable para la cooperación en distintos aspectos. Es bien sabido que, sin la ONU, es muy complejo ser exitoso en políticas locales respecto a temas de alto impacto.

¿Con quién juega Milei?

¿Qué efecto tendrá el experimento Milei sobre la opinión pública en otros países de la región? ¿Hasta qué punto puede ayudar a moderar o exacerbar las posiciones políticas en cada nación? Demás está decir que será clave la lectura que se haga respecto a los éxitos o los fracasos de este proceso que recién comienza.

Este año hay elecciones presidenciales en Uruguay. Las habrá en Chile y Bolivia el año que viene. Además de las regionales y locales de Brasil en pocos días. Es importante observar cómo se irá dando todo ese cuadro para proyectar cuán aislado o no transitará Javier Milei los tres años restantes de su mandato.

El Pacto para el Futuro fue recientemente adoptado por las Naciones Unidas. Representa un intento ambicioso de trazar un camino hacia un futuro más inclusivo, sostenible y justo para la humanidad. La iniciativa fue discutida y aprobada en la Cumbre del Futuro en septiembre de 2024. Se propone como un mecanismo integral para enfrentar una variedad de desafíos globales, desde el cambio climático hasta las crecientes amenazas a la democracia. Sin embargo, a pesar de su visión esperanzadora, el pacto ha suscitado tanto apoyos genéricos, como entusiasta escepticismo. Especialmente en lo que respecta a la interacción entre la soberanía nacional y la gobernanza global.

La Cumbre del Futuro

La Cumbre del Futuro, celebrada en Nueva York, reunió a líderes mundiales y representantes de la sociedad civil con el fin de debatir una agenda global que responda a las crisis interrelacionadas que enfrenta el mundo. Los problemas son varios. Desde el pertinaz conflicto árabe-israelí, como las secuelas de la pandemia de covid-19, las presiones del cambio climático y la transición energética, hasta la creciente desigualdad económica y la erosión de los derechos democráticos. Los organizadores, encabezados por el Secretario General António Guterres, reconocen que los problemas del siglo XXI no pueden abordarse a través de soluciones fragmentadas o estrictamente nacionales. Guterres ha subrayado repetidamente la importancia de una acción multilateral coordinada para resolver estos problemas sistémicos. Podría decirse que fue una ocasión más para debatir lo importante.

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El pacto, central en esta cumbre, se basa en más de cincuenta acciones concretas que buscan garantizar un futuro más prometedor para la humanidad. Su cuarta cláusula resume el propósito: “Resolvemos iniciar ese camino, esforzándonos por conseguir un mundo que sea seguro, pacífico, justo, igualitario, inclusivo, sostenible y próspero, un mundo en el que el bienestar, la seguridad y la dignidad y la salud del planeta estén garantizados”. Destaca entre sus prescripciones, correlativas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, la creación de un marco más robusto de gobernanza digital y la promoción de un desarrollo sostenible que responda a las desigualdades. Además, el pacto incluye un llamado urgente para la reforma del sistema financiero internacional. Además, la creación de mecanismos que permitan a los países en desarrollo afrontar mejor sus deudas y responder a crisis globales.

¿Globalidad de democracias o democracia global?

El Pacto para el Futuro menciona también, de manera limitada pero directa, el retroceso que sufre la democracia. La declaración ha reconocido que las amenazas a las democracias, tanto por factores internos como externos, son un peligro creciente. Las acciones autoritarias, la desinformación y la creciente represión política amenazan con socavar décadas de progreso hacia sociedades más libres y abiertas.

Esta mención está hecha explícita en la necesidad de un «pacto digital» global. Su objetivo es regular la creciente influencia de las plataformas tecnológicas en la política y en los derechos humanos. En su tercer objetivo, que busca fomentar un espacio digital inclusivo, abierto y seguro que respete, proteja y promueva los derechos humanos, se propone “proteger la integridad de los procesos democráticos”. A través de este acuerdo, la ONU busca evitar que las tecnologías digitales sean utilizadas como herramientas de represión, censura o manipulación electoral, especialmente influyentes sobre democracias frágiles.

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Sin embargo, ¿acaso pueden las Naciones Unidad, con su estructura actual, realmente garantizar el respeto a los principios democráticos cuando muchos de sus miembros son regímenes autoritarios? No es infrecuente que las declaraciones sobre democracia en contexto de la ONU se refieran a las presiones poscoloniales y al deseo de disminuir la influencia de las potencias fundadoras. Especialmente si son las democracias liberales. El argumento se plantea de este modo: si la mayoría de los Estados del planeta son distintos a la minoría pluralista, la mayoría de la ONU debería apuntalar esa diferencia.

Gobernanza global y soberanía local

Uno de los principales desafíos que enfrenta el Pacto para el Futuro es su implementación efectiva. La soberanía nacional sigue siendo una barrera significativa para la gobernanza global. Pese a que las Naciones Unidas nacen con un espíritu de defensa del multilateralismo, la falta de compromiso de algunos estados miembros, y sus intereses encontrados, son un frecuente obstáculo para su despliegue.

China ha actuado como una potencia colaboradora. Mantiene una actitud usualmente responsable en los foros internacionales mientras sus temas clave no se vean afectados, porque es claro que será protagonista de cualquier esquema de gobernanza global.

Entretanto, Rusia apela a su posición más desestabilizadora. Argumenta en contra del pacto por cuanto ciertas propuestas, como la reforma del sistema de gobernanza digital, pueden amenazar su soberanía nacional. Moscú ha manifestado su oposición abiertamente. Calificó el pacto como una «injerencia disfrazada» en los asuntos internos de los países, usando como ariete la asimetría del “Colectivo Occidental” frente al “Sur Global”. Esta negativa fue acompañada por Irán, Bielorrusia, Corea del Norte, Nicaragua, Sudán y Siria. Para Rusia, cuyo ascendente sobre la ONU no refleja la realidad geopolítica contemporánea, la apuesta contraria a una gobernanza global más fuerte tiene sentido. Activamente promueven un enfoque basado en el respeto a la soberanía estatal como un principio inviolable. Limitan así las capacidades de la ONU para hacer cumplir sus compromisos.

Latinoamericanos en contra

Por otro lado, una tendencia en auge es la expresión del antiglobalismo, ayer de izquierdas, hoy de derechas, en más y más gobiernos. En esa tendencia, destaca la decisión del gobierno argentino y su presidente Javier Milei, de desvincularse del pacto. Lo alineó con presiones globalistas-socialistas de una élite internacional que promueve una creciente intervención de tecnócratas globales en asuntos locales. Lo llamó un “Leviatán de múltiples tentáculos” que va más allá de sus orígenes de promoción de la paz. Y agregha “sido reemplazado por un modelo de gobierno supranacional de burócratas internacionales que pretenden imponerle a los ciudadanos del mundo un modo de vida determinado”. Subrayó que el pacto es “la profundización de ese rumbo trágico que esta institución ha adoptado”.

Otros países de la región, como Venezuela y El Salvador, también mostraron escepticismo en adherirse por completo a la declaración, adoptada sin votación. En el primer caso, el gobierno bolivariano adujo que el pacto estaba alejado de los intereses de los países en desarrollo. En el caso del país centroamericano, su canciller expresó reservas ante la eficacia del pacto. Aunque el controvertido mandatario salvadoreño, Nayib Bukele, no aludió al documento en su intervención ante la Asamblea General, sí diferenció la trayectoria reciente de su país de la realidad de un mundo que a su juicio ha decaído por la desatención a circunstancias locales de los consejeros foráneos.

Dicha sea la verdad, lo que puede parecer un prejuicio exagerado y hasta performativo, muestra una preocupación real sobre el equilibrio entre la autonomía nacional, la indefensión de la opinión local, y la participación en proyectos de gobernanza global, que da credibilidad a los críticos del máximo foro multilateral.

Viabilidad y efectividad

La ONU tiene un historial de promover acuerdos ambiciosos, como los objetivos de desarrollo sostenible. Igualmente, cabe preguntarse si el Pacto para el Futuro será más que un conjunto de aspiraciones nobles. Esto se debe a la relativa efectividad en la implementación de sus acuerdos. Parecen tener éxito solo en la medida que se atan a tendencias ya existentes. En un mundo cada vez más polarizado, donde la cooperación internacional se asume más necesaria que nunca, pero también más difícil de alcanzar, los foros multilaterales enfrentan serios desafíos para garantizar que sus propuestas se conviertan en realidad.

Una de las principales limitaciones será siempre la falta de mecanismos efectivos de presión que asegure que los estados cumplan con los compromisos asumidos. A diferencia de los acuerdos comerciales o los tratados vinculantes, el Pacto para el Futuro dependerá de la buena voluntad de los cambiantes y diletantes gobiernos nacionales. Esta dependencia de la cooperación voluntaria es, en muchos casos, la mayor debilidad del sistema multilateral actual.

Reflexión imperiosa, e imprecisa

A pesar de las limitaciones estructurales y los desafíos geopolíticos, el Pacto para el Futuro representa una visión necesaria ante las tendencias globales más críticas. Es un llamado urgente a la cooperación internacional para abordar problemas que ninguna nación puede resolver por sí sola. Sin embargo, la resistencia de los actores no democráticos y los gobiernos que priorizan la soberanía nacional sobre los acuerdos globales plantea serios interrogantes sobre la viabilidad del pacto.

El éxito final del Pacto para el Futuro dependerá de la capacidad de los Estados para conciliar la tensión entre la soberanía estatal, los intereses de su población y la necesidad de soluciones globales. El camino es incierto, la urgencia de los problemas que enfrenta el mundo no deja otra opción que intentar un cambio profundo y coordinado.

Las elecciones del 28 de julio en Venezuela son un parteaguas en materia de control electoral partidario. En un contexto de ausencia de Estado de Derecho y violación a los derechos humanos, la oposición logró quitar el miedo a miles de personas para integrarlos a los llamados comanditos. Estas personas se apersonaron en los casi 16 mil centros de votación para cuidar el voto.

No fue una tarea fácil. Por el contrario, debieron poner en juego su integridad física dado que los militares y “colectivos” afines al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) actuaron como una amenaza latente. Durante largas horas siguieron el desarrollo del proceso electoral para concluir su tarea con la obtención de las actas físicas de mesa que imprimía la máquina de votación.

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Abundan las anécdotas acerca de cómo tuvieron que hacerlo. Algunas personas escondieron sus actas entre su ropa interior para evitar que se las quiten. Así la oposición se hizo de más del 83% de las actas. Ante la falta de información de la autoridad electoral pudo mostrarle al mundo los resultados de los comicios del 28 de julio. Hoy existe un consenso generalizado en la comunidad internacional democrática acerca del resultado favorable para Edmundo González Urrutia sobre Nicolás Maduro. El oficialismo no pudo confrontar la documentación electoral que ofreció la oposición, validándose indirectamente estos resultados.

A pesar de toda la violencia institucional y la represión, con una persona en cada mesa de votación se obtuvo un conteo de votos paralelo al oficial. Se pudo hacer control electoral en un proceso que estuvo viciado en todo su ciclo. Es decir, en la etapa preelectoral, la jornada de votación y la etapa poselectoral.

Beneficios del control partidario

En este clima de polarización en aumento la institucionalidad electoral se ha resentido. Algunas de sus capacidades se han debilitado. Por ejemplo, al ofrecer resultados electorales fidedignos que sean, a su vez, aceptados sin objeciones. Ante ello: la recesión democrática que reflejan en los índices mundiales, ¿se vincula con el debilitamiento del control electoral partidario?

El control electoral partidario, en tanto control cruzado realizado de manera eficiente, es un instrumento que contribuye a disminuir los niveles de conflictividad al generar certidumbre entre los actores que compiten y confianza entre los electores. Por lo tanto, las autoridades electorales de América Latina deben, además de reforzar los controles propios, brindar todas las garantías y facilidades para que los partidos pueden ejercer esta tarea que tantos beneficios conlleva.

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Cuando estudiamos el desarrollo de los procesos electorales en América Latina advertimos que en la etapa previa a la profesionalización de las autoridades electorales el control electoral era exclusivo de los partidos políticos que competían. Era una suerte de control cruzado que se realizaba en estas democracias incipientes o en construcción de principios del siglo XX. En estos sistemas de partidos la competencia era poco institucionalizada y se daba mayoritariamente entre dos partidos.

La demanda de contar con una autoridad electoral profesional surge ante el agotamiento de este sistema de control cruzado partidario. Generaba mucha desconfianza ciudadana y daba lugar a conflictos políticos permanentes, tensiones e inestabilidad política, cuando no golpes de Estado.

En definitiva, el control electoral partidario, por un lado, y la profesionalización electoral, por el otro, no deberían ser instancias excluyentes sino complementarias a los efectos de fortalecer la confianza en los procesos electorales.

Otros procesos electorales con control partidario en contextos democráticos en América Latina dejaron algunas dudas y mucha conflictividad.

Casos reales

El Salvador 2014. Fue una elección presidencial muy cuestionada. Se registró un llamativo aumento de la participación entre la primera y segunda vuelta. El candidato de izquierda, Sánchez Cerén, se impuso por menos de un 0,22% de los votos al candidato de derecha Norman Quijano; una diferencia de 6.364 votos sobre un total de casi 3 millones de votos emitidos. Al frente del Tribunal Electoral estaba Eugenio Chicas, un personaje muy vinculado al partido que resultó ganador. Por tal motivo fue centro de las críticas y las denuncias de ARENA, el partido derrotado. En el último bastión de los sistemas bipartidistas de América Latina, un partido fuerte, competitivo y movilizado no pudo lograr un buen control electoral de mesa de votación.

Ecuador 2021. En la primera vuelta presidencial se produjo un resultado muy cerrado entre Guillermo Lasso y Yaku Pérez. Competían por acceder al segundo puesto. Se infería que el pase de cualquiera de ellos a la segunda vuelta implicaba un triunfo asegurado ante el candidato del expresidente Rafael Correa, Andrés Arauz. Así ocurrió. La diferencia entre Lasso (19,74%) y Pérez (19,39%) fue de 32.115 votos en un total de 10.616.263. Hubo protestas por parte del partido que se quedó afuera de la segunda vuelta. Este prácticamente no ofreció documentación obtenida del control electoral partidario para avalar esas denuncias.  

Perú 2021. En primera vuelta de las presidenciales ganó un candidato ignoto con los votos de una zona periférica, el departamento de Cajamarca. El trabajo de presencia partidaria en mesa de votación fue determinante. En la segunda vuelta ese trabajo de control de mesa se nacionalizó. Hizo valer su peso en el escrutinio final: una diferencia de 44.263 votos en favor del izquierdista Pedro Castillo (50,13%) sobre la candidata de derecha Keiko Fujimori (49,87%), sobre casi 18 millones de votos. Fujimori impugnó ante la Justicia Electoral 802 mesas, pero cayó en la nada. El sistema electoral peruano no contempla la revisión de votos. Se rige bajo la norma de “acta mata votos”. Por lo tanto, la posibilidad de “fraude en mesa” que se lleva a cabo manipulando o modificando actas podría ser factible. De allí la importancia del control electoral partidario.

Herramienta necesaria

En definitiva, los partidos políticos de Latinoamérica deben revisar y fortalecer el control electoral en mesa. Se torna trascendental en un contexto de recesión democrática y pérdida de confianza de la autoridad electoral. El caso Venezuela confirma que es posible hacerlo de modo eficiente aun en contextos restrictivos. Por último, corresponde realizar un llamado a las autoridades electorales de la región para que ofrezcan nuevos recursos, instrumentos y garantías a los partidos políticos para que puedan ejercer esta tarea de control electoral tan necesaria en los tiempos que corren.

“Dictadura parlamentaria”, dos palabras que, en general, no suelen escucharse juntas. Augusto Townsend, curador del podcast Comité de Lectura, utiliza esos términos para explicar lo que sucede en Perú.

En conversación con Diálogo Político, el abogado y periodista cuenta que el Congreso peruano “intenta capturar cada vez más poder” al avasallar otras instituciones. ¿Cómo? Hace especial énfasis en cuatro leyes de esta legislatura que escudan al Legislativo ante investigaciones judiciales y casos de corrupción en un frente de batalla contra el sistema judicial.

Son la ley 32107, sobre la prescripción de delitos de lesa humanidad, la 32108, que modifica la ley contra el crimen organizado, la norma 31990, que modifica la colaboración eficaz, y la ley 31751, que propone la reducción de los plazos de prescripción de los delitos.

Congreso versus sistema judicial

En Perú se aprobaron leyes que preocupan desde el punto de vista democrático. ¿Qué antecede estos cambios?

—En los últimos meses en el Congreso actual se aprobaron varias leyes que básicamente flexibilizan la persecución del delito y le hacen las cosas más fáciles a los delincuentes. Yo pondría la fecha de inicio en el escándalo Lava Jato.

¿Por qué? 

—Con el Lava Jato, en Perú aparecieron una cantidad enorme de acusaciones contra políticos vinculadas a corrupción. Se minimizó un poquito la responsabilidad penal de los empresarios involucrados en estos casos. Con bastante razón, porque un buen número de políticos peruanos en efecto estaban involucrados en casos de corrupción muy evidentes. Pero, si bien el proceso tenía mucho sustento de fondo, también se cometieron excesos. 

Por ejemplo, a los políticos se les imputó el delito de lavado de activos, que en la mayoría de los casos no parece que vaya a sostenerse. La Fiscalía sostiene que los políticos recibieron donaciones para el financiamiento de campaña y, en la medida que provenían de dinero ilícito, de empresas como Odebrecht, configura como delito de lavado de activos.  Pero tendrían que demostrar que el político que recibió el dinero sabía cuál era el delito fuente de ese caso de dinero ilícito. Creo que cometieron errores de tipificación, de dar prisiones preventivas con mucha ligereza. En el discurso, la Fiscalía ha hecho que sea muy fácil identificar el ensañamiento.

Como se han visto contra la pared, [con las nuevas leyes] los políticos contragolpearon contra la Fiscalía y el Poder Judicial al atacar y deslegitimar instituciones vinculadas.

¿Dictadura parlamentaria?

Entonces, ¿hay un desbalance de poderes?

—Es una situación bien particular. En otros países, donde están yendo por un camino autoritario, normalmente concentran el poder en el Ejecutivo, ¿no es cierto?, en la figura del presidente. En Perú pasa algo bien curioso: tenemos un gobierno que es muy débil, que es el resultado de una sucesión constitucional producto del golpe de Estado de Pedro Castillo. Subió Dina Boluarte, que era su vicepresidenta, y ahora busca sostenerse con el apoyo de las bancadas del Congreso, sobre todo las más ubicadas a la derecha.

Entonces, la supervivencia del Poder Ejecutivo básicamente depende del apoyo del Congreso, que puede bajar a la presidenta en cualquier momento, si logra conseguir los votos suficientes. 

El poder está concentrado en buena medida en el Congreso. Por eso, aquí en el Perú hablan —es un poco extraño de decir— de la dictadura parlamentaria. Obviamente es una contradicción en términos, pero lo que pasa es que tienes una coalición de bancadas en el Congreso que son ideológicamente diversas, tienen ideas diferentes sobre lo que hay que hacer con el país, pero tienen intereses alineados en salir bien librados de los procesos judiciales o de las investigaciones fiscales. Quieren protegerse entre sí. Por eso se aprueban este tipo de normas. Súbitamente todos los partidos están de acuerdo en aprobar estas cosas, porque hay varios investigados. El frente de batalla es entre el Legislativo y el Judicial, con estas leyes que buscan debilitar al Poder Judicial o a la Fiscalía. 

Crimen organizado

Hablemos de estas leyes. ¿Cuáles son los cambios fundamentales?

—Hay cuatro leyes que son importantes para tener en cuenta.

La más cuestionable de todas, es la ley que tiene que ver con el crimen organizado, una regulación mucho más exigente. Para poder imputar a una organización criminal tiene que haber un delito que tenga una pena mayor a seis años. Es decir, se excluyen delitos como cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible, que son típicos delitos de corrupción. Así se intenta evitar que se investigue a ciertas personas como organización criminal. Lo que es realmente indignante en este caso en particular es que, al flexibilizar la regulación de la organización criminal, se flexibiliza también para todas las otras organizaciones criminales del país, vinculadas al narcotráfico, la minería ilegal, al sicariato, la extorsión. 

Hay cosas que son escandalosas. Por ejemplo, la nueva ley dice que si la policía hace un allanamiento en un domicilio vinculado a una investigación de organización criminal, para poder hacerlo, tienen que notificar a la parte allanada y esperar a que llegue su abogado. 

Prescripción de delitos

¿Cuál es la segunda que le preocupa?

—Hay otra ley que reduce los plazos de prescripción de los delitos, entonces es más fácil que los procesados puedan utilizarla al aplicarla de manera retroactiva. Se establece que si no se abre formalmente una investigación dentro de un plazo determinado [depende de cada delito] el caso no puede continuar. 

Esta ley fue impulsada por el anterior presidente del Congreso [Alejandro Soto], que tenía un proceso por estafa en Cusco. Apenas se aprobó la ley, él fue al juzgado donde lo estaban procesando y pidió que le archivaran el caso porque había pasado el plazo de prescripción. 

¿Se lo archivaron? 

—No, y ahí viene la parte curiosa de este caso. El Poder Judicial se dio cuenta de que había un conflicto de interés muy claro. Entonces empezó a aplicar control difuso. ¿Qué hizo el Congreso? Buscó sacar una ley de interpretación auténtica para tratar de reforzar la vigencia de la ley original, para evitar que el Poder Judicial la inaplique. Están todavía en ese pleito legal. 

Colaboración eficaz y lesa humanidad

¿De qué van las otras dos leyes? 

—Una tercera ley regula la colaboración eficaz: cuando una persona investigada acepta un delito, da información y obtiene beneficios penitenciarios por eso. Ahora, para poder tener validez, han reducido los plazos de la colaboración. Yo, como abogado, entiendo también que hay cierta lógica, porque pueden haber excesos. Las colaboraciones eficaces tampoco pueden ser interminables. Y ahí hay cuestiones vinculadas a cómo se comporte la Fiscalía. 

La cuarta norma tiene que ver con la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. Académicamente hablando, es la más discutible. Perú es firmante del Estatuto de Roma, que define la imprescriptibilidad de los delitos de lesa humanidad. La nueva ley determina que no podría aplicarse retroactivamente ese tratado, porque se firmó en 2002. Lo único que podría definir como imprescriptible es cualquier hecho vinculado a un delito de lesa humanidad cometido después de la firma de ese tratado. 

Hay una disputa entre los abogados penalistas e internacionalistas. Por un lado, se argumenta que las normas no se pueden aplicar retroactivamente. Por otro lado, se señala la prohibición de los delitos de lesa humanidad, como una norma de validez universal. En lo personal, creo que sí se debe respetar la imprescriptibilidad porque el Estado peruano soberanamente firmó ese tratado. 

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¿Cómo se vincula esta discusión con la realidad peruana?

—Hay partidos políticos muy relacionados, por ejemplo, con las Fuerzas Armadas y quieren estar en buenos términos. Estamos hablando de hechos, probablemente delitos de lesa humanidad, cometidos, por ejemplo, en la lucha contra el terrorismo.

El problema de fondo

El fomento de estas leyes no deja muy bien parado al Congreso peruano. Por el contrario, sugiere un vínculo directo con la actividad ilícita. 

—En 2019 se prohibió el financiamiento privado de la política. Cuando se secó esa fuente de ingresos, voltearon la mirada hacia las economías ilegales. Esto cambió un poco la dinámica política, porque antes el poder relativo que tenía el sector empresarial privado era mayor. Ahí tenemos un problema a solucionar. Si las fuentes privadas transparentes dejan de tener relevancia en la matriz de financiamiento electoral, van a tener más espacio las economías ilegales. Y quién sabe qué puede terminar pasando.

Perspectiva democrática

¿Qué consecuencias para la democracia traen estas nuevas normas? 

—Perú ya es considerado un régimen híbrido. Es una democracia agonizante muy, muy, frágil, con un Congreso que intenta capturar cada vez más poder avasallando otras instituciones. El Poder Judicial parece ser la última barrera para evitar que eso siga dándose.

Se ha perdido el sentido de representación del sistema político hacia la ciudadanía. Me preocupa muy fuertemente que el electorado peruano, que no tiene convicciones democráticas muy fuertes, se vuelva más antidemocrático en rechazo a esos políticos que ven. Por ejemplo, en las marchas que hubo cuando cayó Castillo, se veían pancartas que decían: “Cierren el Congreso”. 

Lo que pasa en Perú, ¿puede ser una amenaza para la estabilidad regional?

—Debería ser un ejemplo para la región: de cuán rápido se puede deteriorar la política y la democracia si la sociedad genera apatía e indiferencia hacia la política, dejando que hagan sin ningún contrapeso o control.

Recientemente, 76 diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) solicitaron incorporar a Rusia como observador permanente del órgano. Esto supone riesgos geopolíticos para la región, su estabilidad y su democracia, según coinciden analistas consultados por Expediente Público.

Los 76 diputados del Parlacen, integrado por unos 120 representantes de cinco países de Centroamérica, más República Dominicana, argumentan que Rusia tiene un “historial de amistad” con la región. En 2023, una iniciativa similar integró a China como observador permanente, expulsando a Taiwán.

¿Quiénes maniobran a favor de Rusia? El 11 de septiembre de 2024 se firmó la solicitud y la encabezó el diputado nicaragüense, Guillermo Daniel Ortega Reyes, una de las fichas políticas del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en el Parlacen. En abril de 2023, Ortega Reyes fue condecorado con la “Orden de la Amistad” por Rusia.

El régimen Ortega-Murillo es uno de los principales promotores para que se apruebe la incorporación del parlamento ruso como observador en el Parlacen. Los 20 diputados nicaragüenses lideran la propuesta. Se destacan el sindicalista José Antonio Zepeda, Doris Tijerino Haslam, exjefa de la Policía en los años ochenta, y Elida María Galeano Cornejo, mejor conocida como la comandante Chaparra.

Rusia, un peligro para la democracia

En entrevista con Expediente Público, el especialista en derecho internacional Alonso Illueca señala: “La dictadura nicaragüense va a tener un aliado más dentro del Parlamento Centroamericano para continuar erosionando la democracia en la región (…). Y ahí un blanco perfecto también puede ser la Honduras de Xiomara Castro, incluso la Costa Rica de (Rodrigo) Chaves y la Panamá de José Raúl Mulino”.

Para Ignacio Montes de Oca, periodista y analista internacional, Rusia quiere “vender la idea de que se puede renunciar a cierto grado de democracia y de derechos humanos”. Y añade: “Tengo la certeza absoluta de que Nicaragua está ofreciendo ese modelo, y el riesgo es claro”.

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Una vez que se instalan estos regímenes autocráticos —como el de Cuba, Venezuela y Nicaragua— es “muy difícil dar un paso de regreso”, advierte Montes de Oca.

Venezuela también es otro de los observadores permanentes del Parlacen, además de México, Puerto Rico y Marruecos. Los observadores originales son la Eurocámara, el Parlamento Latinoamericano y el Parlamento Andino.

Posición de Guatemala

Carlos Barreda y Guillermo Castillo, ambos diputados guatemaltecos, aseguran que esta propuesta no fue conocida en su bancada. Aunque sí lograron obtener una copia de la solicitud. Ambos parlamentarios dicen que, por ahora, se abstendrán de votar.

“Por el número de firmas que lleva hasta ahora, que son más de 70, es casi un hecho que Rusia se incorporará al Parlacen. Pareciera que es más un tema de trámite el que falta, puesto que para aprobarse se podría dar con un quórum reducido”, comenta Barreda en entrevista con Expediente Público.

Por su parte, el exvicepresidente de Guatemala y actual diputado del Parlacen, Guillermo Castillo, dice que desconoce la propuesta y evita decir si la apoyará o no.

Por ahora, solo tres de los 22 diputados que conforman la bancada de Guatemala en el Parcalen apoyan la propuesta.

Una diputada de Guatemala que prefirió hablar con Expediente Público bajo anonimato no descarta que más parlamentarios se unan y tengan una relación más cercana también con Nicaragua. La fuente sostiene que, en la región, Nicaragua es vista como un escape. Por ejemplo, si fueran acusados en sus países por actos de corrupción.

Honduras y El Salvador, fiel a Rusia 

Nueve de 20 diputados de Honduras firmaron el documento para que Rusia se incorpore en el Parlacen.

Expediente Público se comunicó con Ángel Edmundo Orellana Mercado, del Partido Liberal, para preguntarle por qué firmó la petición. Pero derivó la consulta con el diputado Jorge Fernando Jiménez Reyes. Pertenece al Partido Frente Amplio y forma parte de la secretaría del Parlacen e integra el Grupo de Izquierda Parlamentaria (GPI). En Honduras, es presidente de la Asociación de Jóvenes Promotores y Defensores de Derechos Humanos (Joprodeh). Expediente Público se comunicó con Jiménez el 18 de septiembre y, aunque aceptó brindar una entrevista, no lo hizo.

Según Jorge Gonzales Salinas, diputado suplente de Nedis Adrián Licona Reyes de Libertad y Refundación, la participación de Rusia en el Parlacen es de “vital importancia”. En entrevista con Expediente Público, dice: “Es bien vista (Rusia) por nosotros (Libertad y Refundación), porque esa es la línea que tiene de alguna u otra forma el Gobierno” de Xiomara Castro. Agrega que, si además de observador hubiera otra categoría para Rusia en el Parlacen, la apoyarían.

Encabezados por el vicepresidente del Parlacen, Carlos René Hernández Castillo, los 14 diputados del partido oficialista Nuevas Ideas de El Salvador respaldan la propuesta.

Para David Hernández, coordinador del Consejo de Becas de Posgrado de la Universidad de El Salvador (UES), “hay un creciente interés en la cooperación científica y tecnológica con Rusia”.

Los siguientes diputados son los 25 más relevantes del grupo de 76 parlamentarios que apoyan el ingreso de Rusia al Parlacen:

Disputa global

El Parlacen es un organismo político creado en 1983 como un esfuerzo del Gobierno panameño para buscar una solución al conflicto centroamericano. Actualmente lo integran Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua, Panamá y República Dominicana.

Para Montes de Oca, la eventual incorporación de los rusos busca crear un “ambiente de confrontación con Estados Unidos” en la región. “Lo único que puede animar semejante incorporación sería el alineamiento de este grupo en una disputa global entre occidente y el eje en el que se integra Rusia, Irán y eventualmente China”, agrega.

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En Nicaragua, Rusia estableció un sistema de monitoreo satelital conocido como Glonass, la alternativa al Sistema de Posicionamiento Global (GPS) desarrollado por Estados Unidos. Con esta incorporación, el parlamento ruso aportaría 350 mil dólares anuales, además de la cooperación y las donaciones al Parlacen.

¿Cómo frenar a Rusia en el Parlacen?

Entrar al Parlacen es el movimiento ruso más reciente en la región. También busca convertirse en observador del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) y establecer vínculos con el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

Para Illueca, aún se puede evitar el intervencionismo ruso en el Parlacen, puesto que la votación es hasta el 25 de septiembre. El analista advierte de un panorama desalentador para el Parlacen. Sostiene que China ya demostró que pudo ingresar a la organización como observador, revocando a Taiwán para este papel.

“Lo que corresponde hacer es defender las otras dos instituciones que nos quedan, que es el Banco Centroamericano de Integración Económica y el Sistema de Integración Centroamericana”, puntualizó. 

Este artículo fue publicado originalmente por Expediente Público.