El próximo martes 5 de noviembre se celebrarán los comicios en Estados Unidos para elegir el próximo presidente y además 435 congresistas y 33 senadores. Se renovará un tercio del Senado para los próximos seis años. Elegirán también 11 gobernadores de los estados de Delaware, Indiana, Missouri, Montana, New Hampshire, Carolina del Norte, Dakota del Norte, Vermont, Utah, Washington y Virginia Occidental. 

Donald Trump, que nombró al senador por Ohio J.D. Vance como su binomio presidencial, se presenta por el Partido Republicano. Kamala Harris, acompañada de Tim Walz, gobernador de Minnesota, se postula por los Demócratas.

Sus respectivas nominaciones respaldadas por las convenciones presentan marcos complejos en el escenario político de Estados Unidos. Trump trajo consigo controversias y un intento de magnicidio que marcó fuertes indicios de violencia política en las elecciones. También hubo fuertes presiones para que el presidente Joe Biden declinara su candidatura a la reelección. Principalmente por el desempeño en el primer debate y por el evidente deterioro en su estado de salud.

Con las campañas ya en curso, los candidatos han dado señales de lo que podrían ser los ejes en su gobierno. Esto implícitamente lleva el diseño de su política interior. Pero también el de la política exterior, su relación con el mundo y por supuesto con sus socios comerciales más importantes: Canadá y México. Esto se debe al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá conocido como T-MEC.

[Lee también: Así ganó Claudia Sheinbaum en México]

Lo anterior nos lleva a recordar que en México el próximo primero de octubre, Claudia Sheinbaum tomará posesión como presidenta de la República. Recibirá como herencia uno de los peores sexenios en términos de política exterior. Esto refleja un pésimo manejo de la relación bilateral con Estados Unidos.  

¿Qué pasó en los últimos años?

La relación con el vecino del norte abarca una frontera de más de tres mil kilómetros por la que diariamente cruzan más de un millón de personas. La agenda bilateral es una de las más complejas. Hay temas en diversos ámbitos: político, económico, comercial, social, medioambiental, energético, migración, administración de fronteras y seguridad.

Durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, la relación bilateral con Estados Unidos estuvo bajo la presidencia de Donald Trump pero también de Joe Biden. Sin embargo, en ninguno de los casos hubo una buena relación. Al contrario, con Donald Trump las amenazas de la construcción del muro y el discurso antiinmigración convirtieron a México en el “tercer país seguro”. Sin serlo, no recibió las garantías que como tal debía de haber tenido, creando el programa Quédate en México que convertiría a la frontera en uno de los lugares más inseguros. Incrementó las violaciones a los derechos humanos de los migrantes, los problemas de seguridad y el tráfico de personas.

Con la llegada de Joe Biden se esperaba que este programa desapareciera. Pero en la pandemia mundial por covid-19, el programa se quedó. Además, el gobierno de Biden, a pesar de algunos intentos, no logró profundizar en la relación con México por lo que se fueron desdibujando grandes logros alcanzados de otras administraciones. Por ejemplo, la cooperación en temas de seguridad vinculadas intrínsecamente a migración, a tráfico de personas, al crimen organizado y a la entrada desmedida de fentanilo. Esta situación provocó amenazas de enérgicas medidas, como incluir a los cárteles mexicanos en la lista de organizaciones terroristas.

También es importante destacar que se abrieron diferentes frentes. Como la invasión a Ucrania, el conflicto de la Franja de Gaza y el tema China-Taiwán que han significado importantes negociaciones, principalmente en el Congreso estadounidense.

Escenarios posibles

El próximo presidente de Estados Unidos tendrá como interlocutora a Claudia Sheinbaum. Aparentemente, según las últimas declaraciones, respaldará algunas acciones implementadas por López Obrador. Por ejemplo «pausar» las relaciones con la Embajada estadounidense por considerar que hay injerencia en temas que únicamente corresponden a los mexicanos como la reforma del Poder Judicial que pondría en riesgo el T-MEC.    

[Lee también: Laurence Pantin: “La reforma judicial es una captura política de los jueces”]

Las implicaciones de los resultados electorales estarán supeditados a las políticas que presenten en campaña para convencer al electorado. En caso de que gane Trump, el discurso y las políticas migratorias se endurecerán. Los migrantes serán culpables de los grandes problemas en la economía, la seguridad y la salud pública por culpa del tráfico de drogas. Son temas que los conservadores ven con buenos ojos y banderas antes usadas por Trump en contra de México.

En el supuesto de Harris llegue a la Casa Blanca, los temas tendrán que tomar un curso diferente a lo que se ha visto con Joe Biden. Debería buscar un acercamiento, sobre todo en materia de cooperación, y encontrar a los interlocutores que logren recuperar el terreno perdido. Por ejemplo, en la detención de uno de los narcotraficantes más buscados, Ismael “El Mayo” Zambada, considerado uno de los líderes más importantes del Cártel de Sinaloa, la operación se llevó a cabo sin la colaboración del gobierno de México. Esto indica que uno de los temas en la agenda demócrata es el combate contra el crimen organizado ante la inacción del Ejecutivo mexicano.

El rol de México

En ambos casos, el próximo secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, exrepresentante de México ante las Naciones Unidas, tiene una labor compleja. Está intrínsecamente vinculada a sus compañeros de gabinete, Marcelo Ebrard, en Economía y la actual Canciller, Alicia Bárcena, en Medio Ambiente. Los dos últimos tienen el récord de embajadores declarados persona non grata en Latinoamérica, por el apoyo desmedido a las dictaduras de Cuba, Nicaragua y Venezuela, la postura nula ante la invasión rusa a Ucrania y el falso discurso de la defensa de la soberanía. Esto ha puesto en peligro la destacada labor diplomática que solía caracterizar a nuestro país como uno democrático, a favor del Estado de Derecho, las libertades y el progreso.

Importará mucho lo que esté ocurriendo en territorio mexicano. Por ejemplo, el constante atentado contra las instituciones, el intento de desaparecer órganos autónomos y la propuesta de reforma judicial que podría poner en peligro la democracia, la certeza jurídica, la seguridad. Todos temas que se consideran violatorios del T-MEC. Hoy, la relación bilateral entre Estados Unidos y México va más allá de la Casa Blanca.

En la red X, Nayib Bukele se ha descrito a sí mismo como el “CEO de El Salvador”, “el dictador más cool del mundo mundial” o “Philosopher King”.  Entre sus jocosas autodescripciones, podría también llamarse “el carcelero de El Salvador”, lo que sería una presentación tan irónica como literal.

Si bien en su afán por controlar al país Bukele innova en el ejercicio del poder recurriendo a medios no tradicionales, como el hábil uso de plataformas digitales, su régimen tampoco desiste del uso de convencionales mecanismos de dominio como el populismo, la persecución política y, especialmente, la prisión.

[Lee también: La reelección de Bukele y el futuro democrático de El Salvador]

Como en las más férreas dictaduras, la cárcel sirve al gobierno salvadoreño para atemorizar a sus oponentes. Pero lo novedoso en el caso del joven presidente es que ha podido instrumentalizar la prisión para su beneficio personal logrando, por un lado, aumentar su popularidad, y por el otro, terminar con la oposición política.

La prisión como herramienta

En 2022, al cierre de su tercer año frente al gobierno Nayib Bukele tenía pocos resultados de gestión distinto a la propaganda. El Salvador de entonces (como el de ahora) seguía siendo un país con tasas relativamente altas de desempleo, en donde la pobreza crecía y la migración irregular no cesaba. Todo esto en el contexto de una situación de violencia decreciente, pero con la amenaza de las pandillas latente.

Contrario a la narrativa oficial, en la que el presidente salvadoreño insiste que gracias a su gobierno el país pasó de ser el más violento al más seguro del mundo, la verdad es que asumió un país con una tasa de homicidios que se reducía de manera exponencial.

Cuando Bukele asumió el poder, con casi 20 muertes por cada 100 mil habitantes, lejos estaba aquel país de 2016, con 106 muertos por cada 100 mil habitantes. El Salvador había alcanzado el macabro reconocimiento de ser el más violento del mundo.

Aunque la tasa de homicidios durante los primeros años del gobierno de Bukele tenía características epidémicas según parámetros de la OMS, la misma reflejaba un alivio a la situación de dónde venían los salvadoreños.

Tregua a las pandillas

En parte, los homicidios se mantenían controlados gracias a la ya conocida tregua,  documentada y reconocida tanto por la prensa como por el Departamento de Justicia de EE.UU.,  que el gobierno de Bukele mantuvo con las pandillas. Dicha tregua se rompió a inicios del 2022, y en vez de constituirse en crisis, se convirtió en una oportunidad que Bukele no dejó escapar. El presidente decidió entonces sacrificar a las otrora poderosas pandillas, convirtiéndolas en peones.

[Lee también: Milei y Bukele unidos por la inseguridad]

Para el ambicioso mandatario el rompimiento de la tregua significaba redimensionar a las pandillas como nuevo enemigo para apuntalar sus objetivos políticos. Y sería la cárcel el instrumento privilegiado para lograrlo.

Un poder legislativo con dependencia total del Ejecutivo facilitó decretar el Estado de excepción el 27 de marzo de 2022, vigente a la fecha. Bukele prometió que con la medida podría desarticular las pandillas. La sociedad, víctima de amenazas, extorsión, desapariciones y homicidios atribuibles a dichos grupos, recibió con alivio y esperanza el ofrecimiento del gobierno, aunque ello significaba renunciar a garantías constitucionales.  

El proceso de encarcelamiento masivo inició en abril del 2022. Los portadores de armas del Estado atendieron sin demora la orden del presidente. Según datos oficiales, El Salvador encarceló a 80 mil personas en dos años, lo que significa 70 mil más de los encarcelamientos esperados. Son estas 70 mil personas los presos de Bukele.   

Encarcelamiento masivo

¿Por qué y para qué sirve este encarcelamiento masivo? Creer que la respuesta es la benevolencia del presidente o una estrategia planificada por su equipo de seguridad, puede ser tan ingenuo como peligroso.

Incluso los más férreos críticos de Bukele deben reconocer la efectividad de la indiscriminada política de encierro del régimen salvadoreño para acelerar la reducción de los homicidios en el país. Existe una correlación positiva inversa (-.062; p<.02) entre el encarcelamiento y la reducción de las muertes violentas, así como otros crímenes como la extorsión y las desapariciones.

Aunque se trate de una decisión improvisada que responde a razones equivocadas, éste es el único logro palpable que puede atribuirse al gobierno de Bukele. Y constituye un terrible (mal) ejemplo de lo que significa en la práctica la disposición manifiesta de los latinoamericanos de sacrificar libertades democráticas a cambio de mayor seguridad ciudadana.

La lección es que, al menos a corto plazo, instrumentalizar la represión para satisfacer la necesidad de seguridad, brinda popularidad a los gobernantes.

Cárcel y poder

Otra función, ahora más perversa, es normalizar el comportamiento político de los salvadoreños.  En “Vigilar y castigar”, Michel Foucault (2003) definió a la prisión como un ejemplo de “tecnología del poder”, ya que ésta no se trataba de un simple lugar de encierro, sino de un mecanismo complejo que buscaba transformar a los individuos.

La cárcel es un poder que controla, disciplina y, especialmente, normaliza. En un país donde todo es político, el gobierno amenaza con el castigo a quienes se atreven a participar en política. Junto a los homicidios también se ha reducido la oposición al Ejecutivo. Toda oposición. Líderes de la izquierda salvadoreña, de dónde surgió Bukele, han entrado y salido de la cárcel (a cambio de servicio comunitario). Incluso se llegó a publicitar la captura de ex funcionarios y ministros, que de ser verdaderamente culpables, aún estarían en prisión. 

Actualmente, Ernesto Muyshondt, un político del conservador ARENA, que se atrevió a desafiar públicamente al presidente, está en prisión en condiciones crueles y denigrantes, en un viciado proceso judicial. 

Dichos encierros cumplen una función ejemplarizante. Incluso los al menos 10 mil inocentes que el gobierno llama con desdén “el márgen de error”, mandan un mensaje a los ciudadanos: todos pueden ser sujetos de cárcel, sin que los funcionarios de Estado tengan que rendir cuentas o explicaciones. 

No solo se juzga y castiga la transgresión de la ley, sino que se instruye el comportamiento que el Ejecutivo espera de sus ciudadanos: aceptar de manera acrítica a Nayib Bukele y su gobierno. 

Sin quejarnos, al pie de la letra

Embriagado de poder, el día de la toma de posesión de su segundo (e inconstitucional) mandato a donde llegó con más del 80% de la votación, Bukele exigió a los ciudadanos: “Hagamos un nuevo juramento para defender las decisiones que tomaremos en los próximos cinco años: juramos defender incondicionalmente nuestro proyecto de nación siguiendo al pie de la letra cada uno de los pasos, sin quejarnos […] y juramos nunca escuchar a los enemigos del pueblo”.

Todo aquel que hableo se considere “enemigo del pueblo”se sale de la normalidad de Bukele y la cárcel está entre sus posibles destinos.

Finalmente, es importante reconocer que el uso de la prisión requiere un sistema de justicia discrecional y un poder legislativo secuestrado, lo que revela la ausencia de poderes independientes. Si la cárcel es una extensión del poder judicial y éste a su vez es una extensión del Ejecutivo, estamos ante una democracia jaqueada.

Los salvadoreños deben advertir que las prisiones no están siendo utilizadas como mecanismos para sancionar delitos o medios a través de los cuales se busca la reinserción social. El presidente utiliza el sistema penitenciario a su conveniencia y parece ser que lo seguirá haciendo, convirtiéndolo en una herramienta para enquistarse en el poder.

La relación comercial entre América Latina y el Caribe e India se remonta a los primeros intercambios en los que frutas originarias de India—como el mango— llegaron a LAC en el siglo XVIII. De hecho, “mango” proviene del malayalam «mangga». México es hoy en día el mayor exportador de esta fruta del mundo.

Actualmente, el comercio total de India con LAC asciende 40.000 millones de dólares. Brasil, México, Argentina, Colombia y Perú son sus principales socios comerciales en la región. La ecuación comercial es la siguiente: 9 de cada 10 productos exportados desde LAC hacia India son materias primas. Destacan los combustibles minerales y las grasas y aceites animales o vegetales. Por su parte, India exporta tanto productos con valor agregado, como productos terminados (vehículos y autopartes), insumos industriales farmacéuticos, y materiales para la producción textil.

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe destacó que en los últimos diez años el comercio total entre ambas regiones creció un 145%. Sin embargo, para 2021 LAC representó solo el 3,5% del comercio total de India. El acercamiento con LAC va teniendo lugar de manera progresiva. India quiere posicionarse como una «potencia global líder«. Así lo pusieron de manifiesto las visitas del ministro de Asuntos Exteriores indio, Subrahmanyam Jaishankar, a varios países de la región en 2022 y 2023. LAC se encuentra en la «zona goldilocks» para el comercio internacional. Esto se traduce en que LAC ofrece un equilibrio ideal para los intereses comerciales indios, situándose a mitad de camino entre los mercados altamente competitivos y regulados de Estados Unidos y Europa de un lado, y, los de África —menos competitivos y con un menor poder adquisitivo—de otro.

Oportunidad americana

La diplomacia económica es la puerta de entrada para fortalecer las relaciones entre LAC e India frente al desconocimiento mutuo y la ausencia de diáspora.  También puede ayudar a ambas partes a reducir su dependencia comercial de China y diversificarse. Sin embargo, hasta la fecha, India no ha firmado acuerdos de libre comercio con los países de la región. China, mientras tanto, sí tienen con Costa Rica, Perú y Chile, y es el principal socio comercial en la región. Por su parte, India solo tiene acuerdos de comercio preferencial con Chile y Mercosur. Actualmente está negociando un TLC con Perú. Queda entonces un largo camino por delante para posicionarse como un socio principal en la región.

[Lee también: Cuando la India vaya a las urnas]

En cuanto a la inversión extranjera directa india, entre el 2001 y el 2022 solo el 6,7% de esta fue destinada a LAC. Las inversiones indias se enfrentan a regulaciones y trámites administrativos complicados que encarecen las inversiones y restringen el comercio. Preocupan también las dificultades para la movilidad de talento ante la difícil concesión de visados; las complicaciones añadidas a las empresas extranjeras para conceder créditos; y las confusas normativas para importar maquinaria en industrias como la automotriz, petroquímica y electrónica.

En definitiva, la relación LAC-India tiene potencial de crecimiento. Entre las potenciales sinergias a medio plazo entre India y LAC hay tres iniciativas clave que explicamos de inmediato:

Potencial Fintech

La iniciativa privada india en el sector de las Fintech podría cumplir una doble función en el contexto latinoamericano. Por un lado, puede ser una pieza clave en el proceso de inclusión financiera. Por otro, ayudar en la lucha contra la economía sumergida. Aplicaciones indias como Paytm y PhonePe han facilitado el acceso a servicios financieros a quien disponga de un teléfono sin necesidad de tener cuentas bancarias tradicionales. Su revolucionaria interfaz de pagos unificada es accesible (y de hecho promovida) en zonas rurales en India y reduce las barreras para quienes no están familiarizados con los servicios bancarios convencionales.

Estas aplicaciones han ayudado a las PYMEs a integrarse en el sistema financiero digital en India y sus servicios de microseguros y microfinanzas están al acceso de todos. Por otro lado, su uso reduce los movimientos de efectivo permitiendo la trazabilidad de las transacciones. Eso desalienta la evasión de impuestos y demás comportamientos relacionados con la economía sumergida, el lavado de dinero y la financiación del narcotráfico.

Energía y litio

Una política estratégica en LAC —como la Look East Policy respecto al sureste asiático— podría ayudar a India a mantener una relación clara y no esporádica con los países de la región, aportando amplios beneficios en una variedad de sectores. Un gran beneficiado sería el sector energético. India continúa siendo altamente dependiente del carbón. Este representa el 59% de las necesidades energéticas del país más poblado del mundo. Solo el 2,16% de su suministro energético proviene de energías renovables. En cambio, en LAC la energía eólica, hidroeléctrica y solar suplen hasta el 60% de las necesidades energéticas en la región. Brasil, México, Chile y Argentina son líderes en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica y eólica.

Adicionalmente, alrededor de dos tercios de las reservas de litio en el mundo se encuentran en LAC entre Bolivia, Chile, Argentina, Perú y México. El litio se utiliza en baterías y es un componente fundamental para la creación de vehículos eléctricos. Lo convierte en uno de los recursos más valiosos de la actualidad. Por ello, India puede encontrar en LAC un aliado en materia de seguridad energética en línea con sus compromisos con la economía verde. Además, la diversificación de sus fuentes de litio a través de acuerdos con países del “triángulo del litio” (Chile, Argentina y Bolivia) reduce la dependencia de proveedores como China y Australia, mitigando los riesgos geopolíticos. Una política estratégica en LAC permitiría a India tener un beneficio transversal en cuanto a seguridad energética, seguridad alimentaria y el sector de las nuevas tecnologías.

Incorporación en el BID

India puede ampliar la cooperación institucional regional con LAC para optimizar el comercio y la inversión. Los beneficios tras la firma de TLC y ACP con los países de la región superan los retos temporales que podrían causar a la económica interna india. De igual manera, la incorporación de India como país miembro no prestatario del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) conllevaría grandes beneficios para todas las partes.  El BID cuenta con 22 países bajo esta categoría, entre los que destaca Estados Unidos, China y Alemania. Dicha membresía permitiría a empresas indias participar en proyectos de desarrollo en la región. El BID es, además, la secretaría técnica de la iniciativa Renovables en América Latina y el Caribe (RELAC) que reúne a 16 países de LATAM, lo cual supone un incentivo adicional para la incorporación india en el BID.

En suma, si bien el aumento de las relaciones comerciales depende en gran medida de los intereses y capacidades de las compañías a título individual, una política exterior india respecto a LAC potenciaría la inversión extranjera en esta región y facilitaría el establecimiento de nuevas sinergias.

Hasta hace unos años la extracción de este mineral se realizaba a pequeña escala. El litio no era considerado un mineral que pudiera mover la aguja de la economía y la geopolítica mundial. Pero eso ha cambiado.

El cambio climático, considerado uno de los más importantes retos de la humanidad de acá al futuro, tiene una multiplicidad de soluciones. La transición a energías renovables es una de las principales. Pero ¿Cómo conservar la energía generada por la estacionalidad de la naturaleza?  ¿Cómo lograr la electrificación masiva de industria y uso indivicual con energía generada por fuentes renovables? ¿Cómo en un mundo globalizado que depende del transporte se logra reemplazar los motores de combustión por motores eléctricos que mantengan la productividad?

La respuesta a estos desafíos pasa por disponer de sistemas de almacenamiento eficientes. En la medida en que la energía eléctrica renovable se vuelva más estable, es decir disponible en cantidad suficiente de acuerdo a la necesidad, será más atractivo y crecerá su demanda. Es aquí donde aparece el litio.

¿Qué es el litio?

Las baterías de ión-litio fueron descubiertas hace más de medio siglo. En los últimos 20 años cobraron relevancia al comprobarse sus propiedades de almacenaje que superan a otro tipo de baterías tanto en densidad energética como en tamaño. Superan incluso en estas características a las baterías de ión-sodio, una competencia directa que dado la demanda proyectada al futuro sería más un complemento para satisfacer esa creciente necesidad.

Es esta portabilidad y capacidad energética de las baterías ión-litio que las convierte en piezas importantes para los vehículos eléctricos, principales demandantes de este mineral.

Las principales reservas de este mineral están China, Australia y el “triángulo del litio”. Esta última es el área geográfica andina de humedales y salares que comparten Argentina, Chile y Bolivia. Estos tres países andinos representan, al 2023, el 54% de las reservas de litio en el mundo con alrededor de 56 Mt. Bolivia posee 23 Mt, Argentina 22 Mt y Chile 11 Mt. (Anaya, 2024)

Agua y biodiversidad

Con la minería del litio se puede asegurar beneficios económicos, aunque al mismo tiempo genera impactos ambientales y sociales como los relacionados a la seguridad hídrica, la biodiversidad, las comunidades humanas cercanas a los proyectos y en el ajedrez geopolítico.

 La extracción de litio requiere enormes cantidades de agua, especialmente en la técnica de extracción por salmuera (la más usada en los salares del triángulo del litio), donde se bombean grandes volúmenes de agua subterránea a la superficie para luego evaporarla y obtener el litio. Este proceso puede llevar a la disminución de las reservas de agua en regiones áridas ya propensas a la sequía impactando a la biodiversidad y al consumo humano.

[Lee también: El árido rompecabezas del manejo del agua]

Al implicar la disminución de las fuentes de agua pueden generarse alteraciones en los ecosistemas locales. Los humedales son hábitats críticos para especies únicas en la región, así como diversas aves migratorias, mamíferos andinos y microbiota que sostienen estos ecosistemas. La disminución de las fuentes de agua y la fragmentación de sus hábitats contribuye a la degradación de estos ecosistemas. Además, la liberación de grandes cantidades de CO2, resultado de esa degradación, tiene implicaciones adicionales para el cambio climático.

Impactos en comunidades

El uso desmedido del agua puede impactar en las actividades agropecuarias y la vida diaria, generando tensiones sociales y económicas sobre todo en comunidades aledañas muchas de ellas indígenas. A esto se puede sumar la percepción de inequidad al no ver beneficios directos de la explotación del recurso en territorios de los que se consideran histórica y culturalmente propietarios.

El triángulo del litio contiene aproximadamente el 54% de las reservas mundiales. Se ha convertido en un área de interés estratégico para las potencias mundiales, en particular Chin. La potencia asiática es actualmente principal dominador de la cadena de valor del Litio. La siguen la Unión Europea y EE.UU. que buscan acuerdos públicos y privados para asegurar su abastecimiento.

Como consecuencia de esta demanda y competencia entre potencias cada país ha tomado estrategias diferentes: nacionalización (Bolivia), privatización o sistemas híbridos (Argentina y Chile). Esto tiene implicancias en la política interna al ser un recurso que puede ser utilizado para defender o criticar las acciones del gobierno.

Manejo y mitigación

Los impactos citados deben ser analizados desde visiones transversales y complejas con el fin de buscar soluciones orientados maximizar los beneficios y minimizar los impactos.

Podemos mencionar el uso de tecnologías de extracción directa que evite el uso de grandes cantidades de agua, así como investigar sobre el reúso y la circularidad de las baterías de litio.

Para mitigar el impacto ambiental sería necesario establecer estudios previos de impacto ambiental y social donde incluyan inventarios de biodiversidad y censos poblacionales para así determinar líneas base que luego deben tener constante monitoreo y medición. Estos estudios también pueden servir para delimitar las áreas de actividad minera y las de protección ambiental. A su vez pueden contribuir a diseñar estrategias de recuperación y restauración de áreas naturales afectadas.

[Lee también: El litio, un desafío que la política debe entender]

Desde lo social es fundamental implementar planes de participación comunitaria. Las poblaciones implicadas en la zona del proyecto deben dar la licencia social necesaria para los proyectos con información transparente, precisa y buscando el diálogo para el logro de consensos, así como definir beneficios a las poblaciones como construcción de infraestructura pública, capacitaciones laborales y ofertas de empleo.

Desde lo geopolítico la región puede promover acuerdos de cooperación multilateral y de asociaciones público-privadas que vayan desde lo académico hasta la industrialización y logística con el fin de fortalecer una cadena de valor que extraiga, industrialice y distribuya productos de exportación y consumo interno.

Conclusión

No hay solución única, ni caminos de una vía. Las soluciones en un lugar pueden ser no replicables en zonas que a simple vista son “iguales». Deben ser vistas como estrategias volubles e integradas que se adapten al territorio, los ecosistemas, su biología y sociedad.

El litio puede generar beneficios, sí. También puede generar daños. La discusión no está en extraer o no extraer sino en hacerse las preguntas correctas. Debemos atrevernos a complejizar las situaciones incorporar la visión de múltiples disciplinas y grupos de interés. Se trata de lograr que este mineral sea un aliado frente al cambio climático y una fuente de ingresos económicos para el desarrollo sostenible de la región.

Bibliografía

Anaya, F ( julio 2024) . “Desbloqueando el éxito de América Latina en la industria del Litio”. Fundación Konrad Adenauer. Disponible en: https://www.kas.de/es/web/energie-klima-lateinamerika/einzeltitel/-/content/desbloqueando-el-exito-de-america-latina-en-la-industria-del-litio-2

Deutsche Welle ( abril 2024). “Sodio, el invento chino que podría destronar a las baterías de litio.”. Disponible en: https://www.youtube.com/watch?v=cCxmYVfp0DI

Un sistema de justicia electoral eficaz es clave para el Estado de derecho. También, es una garantía fundamental para asegurar que las elecciones sean libres, justas y auténticas, conforme al principio democrático. La justicia electoral en Latinoamérica enfrenta desafíos complejos y multifacéticos en un contexto caracterizado por la diversidad sociopolítica y una alta polarización. Pero, ¿qué pasa cuando las mujeres sufren de manera diferenciada la violencia política? ¿Qué sucede cuando esas agresiones las saca de la arena pública y las reduce a estereotipos de género?

El aumento de la violencia en los procesos electorales de la región es cada vez más evidente. Se manifesta en intimidaciones, agresiones físicas y simbólicas, e incluso asesinatos de candidatas y candidatos. Las elecciones en México 2023-2024 han sido las más violentas en su historia. Se ha visto violencia electoral también en otros países de la región como Colombia, Ecuador y Brasil. Es fundamental implementar medidas de seguridad adicionales para prevenir la violencia política, proteger a las candidatas y candidatos, y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos políticos.

Un problema oculto

La perspectiva de género saca a la superficie la gravedad de esta violencia política en las sociedades democráticas. Aunque se puede notar un aumento de la representación de las mujeres en la política, se evidencian más casos de violencia contra ellas.

La violencia política de género en contextos electorales se manifiesta de diferentes maneras. Incluye la alteración o el retraso del proceso de votación, la intimidación coercitiva y las amenazas de daño físico, psicológico o sexual. Esta violencia se emplea con el objetivo de lograr fines políticos específicos. Puede ocurrir en cualquier fase del ciclo electoral, desde el registro de votantes, la campaña política, la jornada electoral, hasta el anuncio de los resultados y la formación del gobierno.

[Lee también: Hacia la erradicación de la violencia de género]

La violencia política de género es cualquier acción que busca obstaculizar o anular la participación política de las mujeres por su condición de género. Se diferencia de la violencia que enfrentan los hombres porque está basada en prejuicios de género que buscan perpetuar las desigualdades.

Violencia y discriminación

Mujeres que participan en la política muchas veces son víctimas de discriminación, por medio de comentarios sexistas y ridiculización de sus propuestas. Muchos partidos en Latinoamérica aún se resisten a proponer mujeres como candidatas presidenciales, relegándolas a roles de apoyo. Esto agrava las desigualdades sociales perjudicando a la democracia. Afecta el derecho de igualdad de las mujeres y previene que ellas y otros grupos históricamente discriminados se sientan representados.

Es importante analizar la violencia política contra mujeres desde la perspectiva de las violaciones a los derechos humanos. En muchos casos, faltan mecanismos o instancias de protección, investigación y sanción de las agresiones que ellas pueden enfrentar en la política. Esto invisibiliza el problema que existe a gran escala. Esta violencia no solo socava los derechos humanos fundamentales de las mujeres, sino también debilita la democracia y la integridad de los procesos electorales.

[Lee también: La relación entre justicia transicional y Estado de derecho]

Existen varios instrumentos internacionales y en los países de la región se ha logrado un avance considerable en la creación de marcos normativos que definen y sancionan la violencia política de género desde un enfoque administrativo. Sin embargo, sigue siendo necesario garantizar la sanción de estos actos de manera que se reconozca su impacto directo en la validez de los procesos electorales.

Fallo del TECDMX

Por ejemplo, un fallo reciente del Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX) anuló la validez de la elección en la alcaldía de Cuauhtémoc. La candidata de la alianza Va X la CDMX (PAN, PRI y PRD), Alessandra Rojo de la Vega, ganó la votación el pasado 2 de junio. Pero, en su sentencia del 31 de agosto de 2024, el pleno de la instancia electoral acreditó actos de violencia política contra las mujeres en razón de género, cometidos por Rojo de la Vega contra la candidata del partido Morena, Catalina Monreal.

Monreal afirma que, durante la campaña, Rojo de la Vega la invisibilizó y anuló al centrarse exclusivamente en su padre, Ricardo Monreal, exsenador de Morena, en lugar de hablar de ella como candidata.

El TECMDMX, en voto dividido, determinó que hubo “una violencia simbólica, invisibilización y familismo, ejercida a través de diversas manifestaciones, efectuadas sistemáticamente, con base en un nexo familiar y utilizando estereotipos negativos de género, negó la individualidad de la entonces candidata Catalina Monreal y con ella el reconocimiento de sus derechos político-electorales”. La decisión se refirió al artículo 114, X de la Ley Procesal Electoral de la Ciudad de México. Esta establece como una causa de nulidad de una elección cuando hay una existencia de violencia política de género.

La decisión ha sido objeto de críticas, más que por la sustancia de ésta, por la posible influencia indebida de actores políticos del entorno de la familia Monreal, históricamente influyente en la Ciudad de México. Esto destaca la necesidad de analizar cuidadosamente las dinámicas de poder involucradas.

Impugnación y revisión

Rojo de la Vega presentó una impugnación. La Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) la revisará y, si procede, también la Sala Superior. Si ésta, en última instancia, anula la elección, se convocarán elecciones extraordinarias sin su participación.

Antes del 1 de octubre, es necesario aclarar lo que ha sido uno de los casos de violencia política de género más debatidos en México. Podría crear un precedente importante en materia de sanciones en para este tipo de violencia, no solo para México, sino para toda América Latina.

Cabe destacar que no se trata de un caso aislado. Xóchitl Gálvez, excandidata presidencial de la oposición, alegó que el presidente López Obrador ejerció violencia política de género en su contra. Esto fue confirmado por el TEPJF. Sin embargo, la ley impide que el presidente sea sancionado por infracciones de índole electoral por lo que sólo se reconoció su responsabilidad, sin que afectó los resultados electorales. Además, Rojo de la Vega misma fue víctima de un intento de homicidio semanas antes de la elección, subrayando la gravedad de la violencia en este proceso electoral.

Estos casos resaltan la dificultad de la complejidad de identificar y sancionar adecuadamente la violencia política de género en un ambiente electoral tenso.

Paridad de género en MX y Colombia

De forma reciente, ha habido un aumento en la jurisprudencia sobre paridad de género en la política en países como México y Colombia. A pesar de las cuotas para impulsar la participación de mujeres en la política, la Corte Constitucional de Colombia reconoce que la paridad no se ha logrado por prejuicios persistentes y la desigualdad en el trabajo de cuidado. La Corte está revisando el Código Electoral y un proyecto de ley para prevenir la violencia política de género. En Bolivia, la Ley N° 243 de 2012 es la única en la región que sanciona la violencia política contra las mujeres, pero sigue habiendo impunidad en muchos casos, reflejando la falta de sanciones efectivas.

Aunque hay avances, es evidente que se necesita una mayor producción jurisprudencial por los tribunales electorales y constitucionales latinoamericanos para enfrentar de manera efectiva la violencia política contra mujeres en contextos electorales y asegurar una participación política equitativa y segura para todas las personas, especialmente con un enfoque en las sanciones de estos actos de violencia y en posibles medidas de reparación. Solo así se podrán garantizar los derechos humanos de todos los ciudadanos, especialmente los de las mujeres, porque su nula participación en política trae efectos nocivos para toda la sociedad. Es imprescindible que ellas participen en las tomas de decisiones, para así concebir mejores democracias y democratizar los regímenes políticos, socioeconómicos y culturales.

En política, el término transición se refiere a los cambios de régimen, al paso de un tipo de régimen a otro. Usualmente alude a la disolución de un régimen autocrático para dar paso a otro democrático. Aunque en un sentido más general también designa los cambios en dirección opuesta. Dado que la realidad precede a la teoría, los intentos de la ciencia política por comprender las transiciones a la democracia proliferaron con el declive de la Guerra Fría. El progresivo desmoronamiento de la Unión Soviética desencadenó una serie de cambios que facilitaron el desmontaje de muchas dictaduras y los consiguientes tránsitos a la democracia.

Sin embargo, el siglo XXI parece caracterizarse por el predominio de nuevas realidades políticas. Evidentemente siguen existiendo las autocracias, y sigue habiendo cambios de régimen político. Pero existen nuevos elementos y dinámicas que parecen afectar el desarrollo de las transiciones. ¿En qué consisten estos nuevos factores y cómo afectan los procesos de cambio político? ¿Cómo ha envejecido la teoría de las transiciones de finales del siglo XX en medio del contexto actual?

La teoría clásica

Ya los pensadores de la Grecia clásica se dieron cuenta de que todas las formas de gobierno tienden a corromperse y declinar, sucediéndose unas a otras de forma presuntamente cíclica (anakyklosis: ἀνακύκλωσις). Platón, Aristóteles, Polibio y otros célebres pensadores convinieron en que el declive dependía de cuán sólidas fueran las bases del régimen político y, sobre todo, de la corrupción de los gobernantes. Incluso los regímenes mejor constituidos en sus orígenes declinarán si quienes llevan las riendas del Estado se apartan del ejercicio virtuoso del poder.

Sin embargo, a quienes habitualmente se reserva hoy el título de transitólogos es a los científicos sociales que estudiaron la Tercera Ola Democratizadora. Fue el proceso por el que decenas de países transitaron a la democracia, principalmente, entre 1973 y 1993. Juan Linz, Guillermo O’Donnell, Adam Przeworski, Alfred Stepan, Samuel Huntington, Robert Dahl, entre otros, produjeron estudios emblemáticos para la comprensión de las transiciones a la democracia que tuvieron lugar en la Península Ibérica, Filipinas, América Latina y Europa del Este durante la segunda mitad del siglo XX.

[Lee también: El desencanto democrático, un incentivo para la corrupción]

Al estudiar estos múltiples casos, los transitólogos identificaron tres fases características en las transiciones desde la autocracia hacia la democracia. La fase de liberalización se caracteriza por una apertura relativa del sistema autocrático. Se permiten mayores libertades ciudadanas, se facilita cierta convivencia y se abren las puertas a un mínimo pluralismo político. Una segunda fase amplía las posibilidades para una consulta electoral. Finalmente la fase de consolidación se produce cuando la democracia se ha convertido ya en the only game in town.

Factores del cambio político

Asimismo, identificaron una serie de factores que, en principio, favorecen o dificultan las posibles transiciones desde la autocracia hacia la democracia. Entre las circunstancias que entorpecen la democratización encuentran: alto nivel de cohesión en el gobierno autocrático; elevada pobreza extrema; bajos niveles de articulación, movilización y protesta popular; un historial particularmente violento y agresivo por parte de múltiples centros de represión relativamente autónomos (que pueden incluir a fuerzas paraestatales); una mala relación civil-militar; la ausencia de un pasado democrático culturalmente arraigado y la presencia de cierta estabilidad económica.

Por su parte, O’Donnell observó que con frecuencia las transiciones a la democracia venían precedidas por lo que llamó un “despertar de la sociedad civil”. A menudo favorecido por una liberalización relativa, en donde más y más ciudadanos se vuelcan a trabajar por el cambio. Diversos autores han apuntado que la transición puede darse, bien por ruptura de la coalición dominante (cuando la autocracia se desmorona ante una crisis terminal), o por reforma y negociación progresiva (cuando la coalición autocrática se divide e impera un sector conciliador que favorece la apertura democratizadora). O bien por una combinación de ambas modalidades (ruptforma).

Por otro lado, un factor que influye sobre las posibilidades de una transición a la democracia es el tipo de régimen autocrático. No todas las autocracias son iguales. Por ejemplo, los regímenes pretorianos, que tanto proliferaron en América Latina durante el siglo pasado, no ofrecen tantas dificultades de cara a una transición como los regímenes totalitarios. Estos modifican profundamente la morfología social de una nación. De igual modo, las autocracias que privilegian el orden imponen menos obstáculos a la democratización que las que ejercen un dominio relativamente caótico. Levitsky y Way muestran cómo los regímenes revolucionarios a menudo derivan en totalitarismos que complican de modo extraordinario cualquier posibilidad de (re)democratización.

Nuevos tiempos, ¿nuevas teorías?

Ahora bien, mientras las dictaduras del siglo XX solían llegar al poder por golpe militar o revolución socialista, las del siglo XXI suelen iniciarse, paradójicamente, con una victoria electoral. Un líder carismático de verbo encendido gana las elecciones para debilitar a continuación el Estado de Derecho e ir imponiendo, progresivamente, una autocracia con visos de democracia. Los factores que conducen a este desenlace ocupan a muchos politólogos de nuestro tiempo. Pero en gran medida fueron anticipados ya por Juan Linz en La quiebra de las democracias.

[Lee también: Nicolás Saldías: “Mayor participación política es también un síntoma de un Estado en plena crisis”]

Proliferan hoy los llamados regímenes híbridos, donde las dinámicas autoritarias se van afianzando en medio de un entramado institucional formalmente democrático. En América Latina, los procesos constituyentes más recientes a menudo han facilitado un deterioro sostenido de la democracia, incorporando avances y derechos meramente formales mientras debilitan en la práctica los contrapesos al poder ejecutivo.

En tanto impera esta “hibridez”, lo que demanda la democracia no parece ser tanto una transición propiamente dicha, sino el fortalecimiento del Estado de Derecho. Implica la recuperación de un genuino orden constitucional y volver a enamorar a la ciudadanía con la idea de una verdadera democracia. Digamos que, en tales condiciones, más que operar al paciente, se mejoran los niveles saludables de sus signos vitales básicos mediante una dieta adecuada y ejercicios regulares.

El problema actual

Sin embargo, el hecho de que quienes gobiernan regímenes híbridos sigan realizando —y a menudo ganando— elecciones quizás nos esté haciendo pasar por alto que se trata de autócratas. Algunos se sienten forzados a entregar el poder cuando pierden una elección. Otros, en cambio, adulteran cada vez más las condiciones electorales para seguir en el poder mientras gozan de las ventajas de ser vistos y tratados como “híbridos”.

Por eso Leonardo Morlino se pregunta si los regímenes híbridos no son otra cosa. A fin de cuentas, ¿son regímenes híbridos o en transición? La frontera decisiva es la que separa a los regímenes considerados como híbridos (“autoritarismos competitivos”) de los que son abiertamente autocráticos (“autoritarismos hegemónicos”). Esa línea divisoria es muy delgada y no siempre está clara. Y el problema es que ciertos autócratas son capaces de pasar mucho tiempo instalados en ella, sin despertar la reacción generalizada con la que las democracias deberían responder ante una autocracia. Encontrar el modo de transitar a la democracia desde este tipo de regímenes es uno de los problemas cruciales de nuestro tiempo.

En semanas pasadas, el mundo conoció el caso de Irmgard Furchner. Se trata de una mujer de 99 años condenada como cómplice de más de diez mil asesinatos cuando actuaba como secretaria del comandante de las S.S. del campo de concentración nazi de Stuttof durante la IIGM. Allí ayudó al funcionamiento del campo cercano a Danzig. En este caso, el Tribunal Federal de Justicia confirmó la condena de dos años a de prisión condicional a Furchner impuesta en diciembre de 2022. Pues los jueces estaban convencidos de que Furchner apoyó deliberadamente el hecho de que 10.505 prisioneros fueran cruelmente asesinados mediante gaseamientos.

¿Qué crímenes que son imprescriptibles y hasta cuándo una persona puede ser perseguida por el actuar de su pasado? El derecho internacional, a través de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad de 1968, determinó que estos crímenes no prescriben. Los Estados parte están obligados a tomar todas las medidas necesarias para perseguir esos delitos  y sancionarlos.

La doble cara de la imprescriptibilidad

El principio de imprescriptibilidad de estos delitos se funda en el concepto de gravedad, “inherente a la vulneración del bien jurídico protegido, es decir, la Humanidad en su conjunto”. También responde a los orígenes del Derecho Internacional Humanitario (DIH) como el límite a la barbarie de la guerra y a la humanización del conflicto. Y es precisamente lo que reconoce la Convención antes mencionada.

Este principio ha sido ampliamente discutido desde antes de su reconocimiento en un instrumento internacional. En materia de derechos humanos ha sido una herramienta para combatir la impunidad por graves violaciones. A nivel regional de las Américas, la Corte IDH tuvo la oportunidad de asentar esta postura en el caso Barrios Altos versus Perú. Sostuvo que “son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y sanción de los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos”.

[Lee también: Laurence Pantin: “La reforma judicial es una captura política de los jueces”]

Por otro lado, la condición y el principio de imprescriptibilidad presenta otra cara muy distinta a la visión de herramienta para combatir la impunidad. Pues en muchos casos interfiere la mora judicial. Hay barreras administrativas de los mismos Estados en realizar una investigación que permita dar con los responsables de graves crímenes. No obstante, la Corte IDH en estos supuestos ha rechazado los obstáculos de facto y de iure. Ambos mantienen y promueven la impunidad, e impiden el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades individuales y colectivas. Así como las reparaciones a que haya lugar, defendiendo su tesis frente a la imprescriptibilidad de graves violaciones a derechos humanos.

Umbral de gravedad

Asimismo, debe recordarse que ese carácter de imprescriptibilidad de estos delitos es la regla excepcional en el derecho penal. Se contempla solo para los crímenes mencionados y que revisten ese umbral de gravedad. Por ello la aplicación de este principio en los crímenes cometidos por Furchner en Alemania dan lugar a su condena. Demuestran que, pese a su edad y los actos que cometió hace más setenta años, en el presente se reprocha su actuar y se permite su juicio y sanción por hechos gravísimos.

[Lee también: Universitarios contra Israel, la izquierda woke y la fascinación islamista]

Este caso manda un mensaje claro a la sociedad. Se traduce en frase coloquiales como: “La Justicia puede flaquear, pero llega tarde o temprano”. También puede  tener repercusiones en las democracias de los países latinoamericanos y del Caribe que hoy viven situaciones gravísimas de derechos humanos. Pues señala que las naciones deben tener cuidado en su actuar ya que toda conducta constitutiva de crímenes de guerra o de lesa humanidad no dejaran de perseguirse en el tiempo y desencadenarán en algún tipo de sanción y castigo.

El significado de la condena

La condena que recibió Furchner no es significativa en términos cuantitativos de su pena. Pero sí es representativa en el simbolismo que esta refleja para la comunidad internacional y los Estados. El caso alemán muestra las buenas prácticas del sistema judicial en reproche a actos de barbarie para no volver a revivir un pasado oscuro.

Y esto evidentemente tendrá repercusiones en los casos que aún se investigan en diferentes latitudes y que pueden desencadenar en procesos judiciales que den respuesta a sanciones y reproches significativos pese al paso de los años. Casos como el de Furchner fortalecen el discurso de derechos humanos, y recuerdan en el imaginario social que la justicia puede tardar, pero que siempre llegará.

En Latinoamérica hay democracias, pero en su mayoría de baja calidad o con un montón de tareas pendientes. Corrupción, debilidad institucional, violaciones de Derechos Humanos, baja participación ciudadana. La lista puede seguir. La ciencia política ha desarrollado las herramientas necesarias para comprender los procesos políticos de la región.

[Lee también: Gerardo Munck: “En Latinoamérica tenemos democracia, pero tienen muchos problemas”]

Sin embargo, existe una creciente preocupación en la academia por el aislamiento, lo que llaman la torre de marfil. Este concepto refiere a algunos investigadores y académicos, que están tan inmersos en la redacción de artículos y en el avance de sus carreras que se desconectan de los problemas reales que enfrentan sus sociedades.

¿Qué sucede cuando quienes deberían contribuir con su conocimiento se distancian del debate público? ¿Qué implica para la democracia y el progreso social que los intelectuales se encierren en su propio mundo? Hoy ponemos a la ciencia política Bajo la Lupa.

Participa de este episodio Gerardo Munck, profesor de ciencia política y relaciones internacionales de la Universidad del Sur de California.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político, un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.  

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts

«Corruptio optimi pessima,” rezaba el adagio latino. Referido a los regímenes políticos, evocaba la transformación de los buenos gobiernos en gobiernos pervertidos, corrompidos. La corrupción se veía como la alteración de algo en su esencia, hacia una versión ajena y extraña. Aunque la distancia entre lo público y lo privado difería de nuestra idea moderna de las relaciones entre Estado y sociedad, la percepción de corrupción implicaba el abuso del poder para el interés y beneficio particular de los bienes públicos por parte del depositario de la autoridad. Más allá de la apropiación de lo público, la corrupción también implicaba el abandono de lo público.

Curiosamente, la tradición clásica desestimaba a la democracia como un sistema inherentemente corrompido: el gobierno de las masas depauperadas por su propio interés, que debía ser moderado por una tutela de los mejores o por una mejora de la sociedad. Solo quienes defendían los gobiernos populares apelaban a las virtudes mínimas de la población, una noción que se volvió dominante desde las revoluciones ilustradas. Con éstas, la identificación de los monarcas o la aristocracia con el patrimonio público de uso discrecional fue vista como una aberración. Fue superada por la profesionalización de la función pública.

Democracia versus corrupción

El ideal democrático se fundamenta en la idea de que la dispersión del poder entre los individuos y las organizaciones que los representan salvaguarda contra la corrupción. La lógica es sencilla: el mandato de los funcionarios públicos deriva de la voluntad del electorado y no puede acumularse súbitamente. Diversas fuentes de influencia basadas en una pluralidad de intereses, junto con el escrutinio de votantes y rivales políticos, deberían prevenir que los funcionarios utilicen su posición para beneficio personal. Los controles constitucionales, basados en pesos y contrapesos y la división de poderes, han sido el arreglo mínimo en que se ha desplegado ese ideal. Hasta en las sociedades civiles complejas de las democracias contemporáneas. Los mecanismos institucionales e informales de transparencia y responsabilidad pública están diseñados con ese propósito.

Por ello, existe una correlación entre bajos niveles de corrupción y altos índices de calidad democrática. Los sistemas autoritarios pueden prometer orden, pero suelen permitir a sus gobernantes un nivel de beneficios y prebendas escandalosos para las sociedades abiertas. La expansión de su autoridad y la ausencia de controles facilitan este expolio por parte de los apparatchiks y los oligarcas.

Una democracia liberal es funcional cuando cuenta con mecanismos de limitación al poder: elecciones, un poder judicial independiente, prensa libre y una sociedad civil activa. La fortaleza de estas instituciones crea un entorno político donde el comportamiento corrupto es más probable de ser expuesto y castigado, llegando a ser también socialmente inaceptable.

Democracia y corrupción

Empero, la relación entre democracia y corrupción no es tan simple. El ideal democrático aspira a limitar la corrupción, pero la práctica muestra desviaciones y carencias. La atención a intereses particulares puede distraer del bien común. A fin de cuentas, los políticos democráticos, impulsados por la necesidad de asegurar votos o de lograr la aprobación de medidas, pueden recurrir a prácticas clientelistas o prebendas en favor de sus seguidores o aliados, utilizando bienes públicos. Esto incluye desde las burdas prácticas de la machine politics, hasta las sofisticadas relaciones de mercadeo, financiamiento de campañas y tráfico de influencias.

[Lee también: Gerardo Munck: “En Latinoamérica tenemos democracia, pero tienen muchos problemas”]

Un aspecto preocupante de la gobernanza democrática es que los incentivos al abuso pueden ser mayores que sus barreras, especialmente cuando quienes lo practican lo hacen en favor de un supuesto interés legítimo. Los numerosos escándalos públicos reflejados en los medios son casi tan abundantes como las codificaciones y salvaguardas vigentes.

Corrupción de la democracia

Las consecuencias de la corrupción en sistemas democráticos son profundas. Si los ciudadanos perciben a sus líderes como corruptos o subordinados a intereses especiales, se desilusionan con el proceso democrático. El desencanto no es infundado. En muchas democracias avanzadas, la desideologización y aversión al conflicto entre los partidos tradicionales, junto con un aumento en la desigualdad de recursos, sirven como fundamento material para esta creencia, exacerbada por la prensa libre y su persecución del escándalo.

El ascenso de los populismos contemporáneos es una manifestación saliente de ese desencanto: demagogos o profetas se posicionan como outsiders que mandarán con manos limpias. El fervor purificador les permite evadir límites a su propio poder, convirtiéndose rápidamente en beneficiarios de su nueva posición, típicamente más que las viejas oligarquías desplazadas.

Sin embargo, el efecto más pernicioso de la corrupción es el abandono de la ciudadanía del proceso democrático. Cuando los ciudadanos pierden la fe en la eficacia de sus votos o en la honestidad de sus líderes, pueden desentenderse del sistema. La apatía y el cinismo pueden verse como una forma de corrupción en sí misma. Al abdicar su papel como participantes activos en el proceso democrático, los ciudadanos pierden su cualidad intrínseca como seres políticos, dejando campo abierto a fanáticos y oportunistas.

El desafío democrático

Es evidente que la relación entre democracia y corrupción es multifacética y presenta numerosos desafíos. Si bien la limitación del poder puede servir como freno a la corrupción, no es inmune a ella. Los mismos mecanismos que hacen que la democracia funcione —elecciones, competencia política y la necesidad de apoyo público—también pueden crear incentivos para la corrupción.

[Lee también: Laurence Pantin: “La reforma judicial es una captura política de los jueces”]

La clave para abordar esta paradoja radica en fortalecer y hacer valer las instituciones que sustentan nuestra gobernanza. Esto incluye no solo marcos constitucionales y normativos, sino también una sociedad civil activa, una prensa independiente y una ciudadanía políticamente comprometida. Solo reforzando estos pilares podemos mitigar las influencias corruptoras que amenazan con socavar la esencia del ideal democrático, que sigue siendo la mejor promesa disponible.

El Índice de Democracia de 2023, estudio que The Economist realiza cada año, es titulado Era del conflicto. Mide cinco pilares claves para la democracia como lo son: procesos electorales y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política.

Nicolás Saldías, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Toronto, trabaja como analista senior para Economist Intelligence Unit. En esta entrevista con Diálogo Político profundiza sobre el estado de la democracia en el continente americano.

¿Puede explicarnos qué consideran ustedes como «democracias defectuosas»?

—Según nuestro índice, hay cuatro tipos de regímenes: democracia plena, democracia defectuosa, régimen híbrido y régimen autoritario. La mayoría de la población en América Latina y el Caribe vive en países con democracias defectuosas. Se define como una democracia con elecciones libres y justas, en la que la mayoría de los derechos básicos son reconocidos. Sin embargo, estos países tienen problemas en la manera en que el Estado defiende esos derechos, con sistemas de justicia poco eficientes y, normalmente, mayor corrupción que en una democracia plena. Además, es común en estos países que el populismo se manifieste como una forma de hacer política, como vemos en Argentina, Brasil, e incluso en Estados Unidos. 

[Lee también: Desacelera el populismo en América Latina, pero aún es destructivo]

Normalmente, la incapacidad del Estado para dar respuestas adecuadas a las demandas de la ciudadanía genera un alto nivel de desconfianza en las autoridades. Incluso escepticismo hacia la democracia como el mejor sistema. Pero en todos estos países hay poco riesgo de que el sistema democrático caiga en un régimen autoritario.

Hibridismo latinoamericano

Siete países de nuestra región aparecen como regímenes híbridos. ¿El hibridismo latinoamericano tiene particularidades respecto del resto del mundo?

—Primero, es importante definir qué es un régimen híbrido. Este régimen comparte las debilidades de las democracias defectuosas, pero a un nivel más intenso. Hay elecciones, pero existen serias dudas sobre si son libres o justas. La oposición normalmente enfrenta serias dificultades para competir con el oficialismo, que tiene control sobre los medios y los recursos estatales, como en Bolivia. Hay altos niveles de violencia política, como se observa en los asesinatos de candidatos en Ecuador o México. Además, existen serios defectos en la defensa de las libertades civiles, incluyendo abusos a los derechos humanos, como en el caso de El Salvador.

En estos países, la confianza en el gobierno y la fe en la democracia son bajas, y en algunos casos hay una valoración de líderes autoritarios. La degradación de la democracia en la región en los últimos años ha convertido a muchos países de democracias defectuosas a regímenes híbridos. Ejemplos incluyen México y Ecuador, en gran parte debido a los altos niveles de violencia que han afectado gravemente la capacidad de ejercer la política. En Perú, el fallido autogolpe de Pedro Castillo y su legado han transformado al país en un régimen híbrido. El Salvador también tiene un régimen híbrido, producto de la erosión de los derechos civiles y la reducción del espacio para la oposición y los medios críticos hacia Nayib Bukele.

Una particularidad de la región es que muchos de estos países con un régimen híbrido tienen altos niveles de inseguridad, lo que alimenta el surgimiento de líderes populistas con rasgos autoritarios. Estos altos niveles de inseguridad reducen la confianza en el gobierno y en la democracia, lo que abre la puerta a proyectos políticos antidemocráticos.

Antipluralismo

¿La región se encuentra amenazada ante el aumento del populismo?

—El populismo, entendido como una forma de ejercer la política mediante la demonización y castigo de la oposición como un enemigo, es una amenaza para la democracia en todo el mundo. Esencialmente, la democracia requiere que los actores políticos respeten el derecho de la oposición a pensar de manera diferente y desafiar al gobierno de turno (pluralismo). El populismo es, por definición, antipluralista. Desafortunadamente, la región tiene mucha experiencia con el populismo. Sin embargo, el populismo no siempre logra dominar el espacio político, como hemos visto en Argentina con el kirchnerismo, que, al final de cuentas, respetó el proceso democrático y cedió el poder dos veces (primero a Mauricio Macri en 2015 y a Javier Milei en 2023).

[Lee también: ¿El ocaso del kirchnerismo?]

En ese país existe una cultura democrática fuerte y suficientes instituciones para defender los principios de la democracia. Esto se debe, en gran parte, a la experiencia argentina de haber vivido una dictadura feroz y al lema «Nunca más», que forma parte esencial del ADN político de casi todos los argentinos. En otros países que no comparten ese mismo legado, el populismo tiene más posibilidades de transformarse en un régimen autoritario. Venezuela es un caso ejemplar. Ese país ahora está viviendo las consecuencias de proyectos políticos radicalizados con poca tolerancia hacia opiniones diferentes.

Participación política

El informe señala: «La mejora refleja un aumento de la participación popular en la política en las democracias desarrolladas y oleadas de protestas políticas en las economías en desarrollo, proporcionando una narrativa contraria a la narrativa predominante del declive democrático». ¿Hay más participación porque se percibe menos democracia?

—Nuestro índice tiene cinco categorías: proceso electoral y pluralismo, libertades civiles, funcionamiento del gobierno, participación política y cultura política. Dentro de esas cinco categorías, hay 60 preguntas que abarcan muchos aspectos de la democracia. En otras palabras, tenemos una concepción amplia de la democracia. La participación política es sólo un aspecto de la democracia.

Normalmente, un alto nivel de participación política es una buena señal sobre la salud de la democracia. En muchos casos, un alto nivel de participación política contrarresta el deterioro de otras variables. Sin embargo, en algunos casos, una mayor participación política también es un síntoma de un estado en plena crisis. Por ejemplo, actualmente vemos en Venezuela un altísimo nivel de participación política de la ciudadanía, pero el régimen es cada vez más autoritario. Entonces, es clave tener en cuenta que cada caso tiene sus propias dinámicas, y el modelo refleja un gran número de consideraciones para llegar a sus conclusiones.

Hace nueve meses, casi el 59% de los ecuatorianos dijeron “Sí” a dejar de explotar el petróleo del Bloque 43 – ITT (Ishpingo, Tambococha y Tiputini) . Parte de ese bloque está dentro del Parque Nacional Yasuní, territorio amazónico catalogado como Reserva de Biósfera,. Coincide también con algunas de las tierras donde viven los indígenas en aislamiento waorani.

A principios de año 2024 el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, planteó postergar la salida de la industria petrolera del Parque Yasuní. Activistas advirtieron que impulsarán la destitución de Noboa si incumple con el cierre petrolero en la reserva Yasuní. Estarán vigilantes del cumplimiento del mandato popular aprobado en votación nacional. Dos meses después de la votación fue cuando más barriles de petróleo se explotaron en el bloque. El balance anual que publicó la estatal Petroecuador sobre sus actividades en el 2023 muestra que octubre rompió los récords de producción en el Bloque 43 ITT, con 1.783 barriles en un solo mes.

Los ojos puestos en el Yasuní

En una carta abierta al presidente Noboa en agosto 2023 expertos independientes en derechos humanos han expresado su preocupación ante varios reportes sobre la perforación de nuevos pozos en la reserva. Han instado al gobierno y las empresas petroleras de aplicar urgentemente la voluntad popular y acelerar el proceso de transición. «A través del voto, la nación ecuatoriana envió un mensaje claro al gobierno. Ecuador debe dar prioridad a la protección del clima, del medio ambiente y de los Pueblos Indígenas que dependen de él, y alejarse de un modelo económico basado en el agotamiento de los recursos naturales y la extracción de combustibles fósiles», afirmaron los expertos.

[Lee también: Cumbre amazónica y política ambiental]

Ante la demora para diseñar la difícil tarea del desmonte, el Ministerio de Energía dijo que necesitarían por lo menos cinco años más. Se requiere retirar la infraestructura con la que explotan los hidrocarburos y frenar las licencias ambientales de las compañías petroleras que operan allí. Además se debe reparar la naturaleza, tal como lo determinó la Corte Constitucional. Se suma que el gobierno ha afirmado que “la moratoria es un camino viable”. En varias ocasiones ha mencionado que buscaría que la Corte le dé más plazo para cumplir los resultados de la  consulta popular.

¿Todo como antes?

Algunos actores, como la presidenta de la Asociación de Mujeres Waorani de Orellana, afirmaron que la explotación de hidrocarburos continúa “exactamente igual que antes de la consulta popular” . Por esto que solicita al presidente Noboa que cumpla la promesa que  hizo durante la campaña electoral, de ejecutar el mandato popular. 

Frente a ésta y otras voces, el presidente crea en mayo 2024 un comité conformado por cuatro ministros y el gerente de Petroecuador con el fin de ejecutar la voluntad popular del Yasuní ITT y comenzar a desmontar el bloque 43. Sin embargo, en esa misma fecha la explotación petrolera en el bloque continúa. Finalmente, en agosto, Noboa pide a la Corte Constitucional que realice el seguimiento al dictamen que dio la favorabilidad para la consulta popular. Reafirma así su compromiso de respetar la decisión popular de detener la explotación. De esta forma se dispuso que todas las instalaciones petroleras fueran desmanteladas un año después de la proclamación de los resultados oficiales, es decir hasta el 31 de agosto 2024.

El debate continúa

Paralelamente el debate continúa, pues el cierre anticipado de un bloque petrolero es una situación inédita en la industria. Es imprescindible identificar mecanismos técnicos, jurídicos, ambientales y económicos para alcanzar este objetivo. Estos desafíos deberán ser considerados por la Corte Constitucional.

Detractores de los resultados de la consulta y pese a lo sentenciado por la Corte Constitucional, cuestionan la viabilidad de los resultados. Siguen cuestionando la sentencia de la Corte Constitucional tachándola de haberse dejado inducir al error, solicitando que se revea la sentencia. Plantean que se debería realizar una nueva consulta no a nivel nacional sino local. Inclusive se ha planteado que el Ejecutivo dilate su cumplimiento ya que la producción de más 50.000 barriles de crudo al día producido por el Bloque 43 ITT, equivale a cerca del 11% de toda la producción petrolera nacional. Se trata del cuarto yacimiento más productivo en todo el país.

[Lee también: Guyana, cuando el petróleo lo puede todo]

Por otro lado, están los veedores del cumplimiento de la voluntad popular agrupados en diferentes colectivos especialmente quienes impulsaron la consulta como los Yasunidos, algunos grupos indígenas independientes y otros con tinte político, además de algunos sectores académicos. Todos ellos sostienen que sí hay alternativas para generar ingresos que podría compensar las que el Ecuador dejaría de percibir por el cierre el Bloque 43 ITT.

Plan de cierre

Luego de varias presiones de la sociedad civil, en agosto del 2024 el gobierno presenta el Plan de Cierre, Desmantelamiento y Abandono del Bloque 43 ITT. Este plan se completaría en cinco fases, que culminarían en agosto del 2034. Según datos de este Plan, el cierre anticipado del bloque 43 ITT representaría una pérdida de ingresos estimada entre $ 2.198 millones y $3.581 millones. A esto se suma el costo de cierre y abandono que se calcula en $1.345 millones. Para el 30 de agosto 2024 se previó se inicie el apagado, cierre y taponamiento de 246 pozos. Este proceso demorará hasta el 31 de diciembre de 2029. Noboa pidió que se convoque a una audiciencia pública con el plena de la Corte para exponer el informe sobre impactos y presentar documentación de soporte.

En definitiva se trata de dos visiones diferentes. Una propone seguir explotando y haciendo más de lo mismo. Es innegable el impulso que en los años 70 durante el boom, el petróleo dio al desarrollo del Ecuador. Sin embargo, en el contexto actual prima la corrupción, la rotación de autoridades, falta de liderazgo, la ineficiencia, falta de inversión en el sector, la falta de potenciación de la infraestructura existente. Estos problemas ha llevado  a una situación alarmante del desplome en la  producción petrolera del país, que desde el 2014 ha declinado  en un 23.8% según cifras de Petroecuador. Es decir, de 550.000 barriles diarios de aquella época, actualmente estaríamos produciendo 470.000 barriles diarios.

Por otro lado,  el petróleo es un recurso natural no renovable. Las cantidades disponibles son limitadas, sin posibilidad de regeneración a la velocidad en la que se lo consume. Se estima que Ecuador podría dejar de ser un país exportador neto de petróleo entre 2027 y 2031. Esto significa que, en los próximos diez años, alcanzaría para cubrir únicamente su demanda interna. Frente a esto, existen voces que proponen apostarle a la no explotación petrolera en un área protegida única en el mundo. Se apostaría a la conservación de los recursos naturales y biodiversidad promoviendo un desarrollo que se aleje del modelo de extracción petrolera.

Mirada al futuro

La verdad es que lo hecho, hecho está. Lejos de llorar sobre lo acontecido es prudente y de sabios mirar a futuro aprendiendo del pasado. Lamentablemente, es muy poco o casi nulo lo que Ecuador ha construido en más de 50 años de explotación petrolera para hacer frente a un inminente futuro económico post-petrolero. Las políticas de Estado no han sido con visión a largo plazo, sino políticas de periodos de gobierno electorales.

Es imprescidible que en el corto tiempo que queda se diseñe y ejecute un plan para esta transición. Se deben explorar soluciones y alternativas de ingresos que demanda el país con este nuevo rostro. Se trata de apostar por mantener el capital natural  y biodviersidad en un contexto mundial que literalmente está ardiendo por las altas temperaturas debido al cambio climático, sequías, falta de agua, contaminación, extinsión masiva de especies.

El mundo está hábido de escuchar ejemplos y liderazgos disruptivos. Una carta bien jugada como la que Ecuador tiene entre manos podría ser un ejemplo para la comunidad internacional. Se podría gritar al mundo sobre el gran sacrificio  que han  hecho los ecuatorianos por apostarle a un futuro diferente. Una carta que bien jugada podría significar ingresos económicos de cooperación internacional. Esto podría atraer inversión privada y alianzas público privadas. Y hacer posibles mecanismos económicos como canjes de deuda por naturaleza, de líneas de crédito por naturaleza positiva y biocomercio, entrar en los mercados de carbono, de innovación tecnológica para potenciar la producción, la agricultura y la ganadería. Se trata, finalmente, de sentar bases para una nueva economía.

En busca de alternativas

El gobierno actual y los candidatos aspirantes a ocupar el sillón de Carondelet deberán estar preparados para enfrentar este gran reto. Existen algunas propuestas de alternativas que deberán ser analizadas en su viabilidad por el mismo colectivo Yasunidos. La región amazónica podría convertirse en el laboratorio que provea al mundo de biomedicinas. Implicaría la acelaración de la industrialización de la biotecnología, el fortalecimiento de la agricultura familiar y campesina, el turismo comunitario y ecológico. Comprendería la recuperación mejorada de petróleo sin expadir la frontera petrolera, el procesamiento de gas, reciclaje y la ecuperación de minerales, electrificación del transporte público, la justicia fiscal.

Finalmente, haría posible el cierre de mecheros que queman de forma permanente cientos de metros cúblicos de gas producto de las operaciones de extracción petrolera afectando a la salud de las comunidades, agua y soberanía alimentaria. Según estudios podría representar su procesamiento y distribución comercial hasta 400 millones de dólares anuales de ingresos. Por otro lado está la racionalización de los subsidios. Es inconcebible que de los USD 4.500 millones que se destinaron a subsidios de combustibles en el 2022 representen cuatro veces el presupuesto destinado a la protección social.

La sustitución de los ingresos por el cierre del Bloque 43 ITT será sin duda el reto más importante para el gobierno nacional. Implicará un aumento de la inversión social sin depender de la explotación de los recursos naturales.

Los ecuatorianos votaron a favor de dejar de explotar los pozos petroleros de dicho bloque por el impacto ambiental en las comunidades indígenas. Y aunque la votación es de obligatorio cumplimiento con un tiempo límite para su desmonte progresivo, en la práctica aún no ha ocurrido nada al respecto.

Una oportunidad de cambio

El mundo sigue observando, los ecuatorianos también. El gobierno tendrá que tomar el “toro por los cuernos” y revertir el problema en una oportunidad única para construir las bases de un nuevo modelo de desarrollo que no este basado en la explotación de sus recursos naturales. Paralelamente deberá resolver los probelmas urgentes que aquejan al país como el combate al crimer organizado transancional, la generación de empleo, el combate a la corrupción, la inversión en educación de calidad, la cobertura y protección social, inversión en infraestructura.

¿Cómo enfrentar este reto? Tarea titánica, sin duda alguna. Cumplir una disposición como es un mandato popular, conjugar diferentes visiones en intereses dentro de un mismo país que enfrenta altos índices de pobreza, inseguridad, desempleo y una dura situación económica, será ardua tarea. El gobierno tendrá que saber navegar habilmente en aguas turbulentas. Deberá articular varios sectores para cobijarlos bajo una sola visión de país: una economía post-petrolera para Ecuador.

Cuando gran parte de la comunidad internacional estaba denunciando las irregularidades en el proceso electoral que tuvo lugar en Venezuela el pasado 28 de julio, Irán, con China y Rusia, fueron los primeros países en reconocer los resultados publicados por el Consejo Nacional Electoral que situaban a Nicolás Maduro como ganador de las elecciones presidenciales.

Irán ha sido uno de los pocos países que no ha cuestionado en ningún momento los resultados oficiales. Desde el día después de la celebración de los comicios, reconoció el triunfo de Maduro y le felicitó por revalidar el cargo. Este apoyo ciego de Irán ha quedado reflejado en la información difundida por HispanTV. Se trata del canal iraní de noticias en español controlado directamente por las máximas esferas del gobierno.

Respaldo a Venezuela

Los titulares de las noticias emitidas por la cadena iraní evidencian la interpretación sesgada con la que se analiza lo ocurrido en Venezuela.

HispanTV ha sido acusada en numerosas ocasiones de difundir noticias falsas y de generar desinformación. En este sentido, la interpretación realizada de los comicios celebrados en Venezuela da buena muestra de una forma parcial de difundir la información. Para Irán, cualquier país que se aleje de la órbita de Estados Unidos es su potencial aliado. En el caso de Venezuela, ambos países sellaron hace años una férrea alianza que ha convertido a Irán en un socio preferente del país caribeño.

La estrecha relación establecida entre ambos países hace que los titulares de HispanTV reflejen un apoyo incondicional al gobierno bolivariano. Más allá de analizar la situación poselectoral, se centran en resaltar al régimen venezolano como un ejemplo de democracia.

Entre las numerosas noticias publicadas en las últimas semanas cabe destacar: “Irán alaba: la democracia está institucionalizada en Venezuela”,  “Maduro proclama derrota de “golpe fascista criminal” en Venezuela”, o “Caracas avisa: EEUU busca imponer un gobierno títere en Venezuela”.

Narrativa iraní

Como se puede comprobar, Irán mantiene la línea de defender a su aliado y de atacar a Estados Unidos. Para Irán, las situaciones de tensión que se viven en Venezuela, en Cuba o en Nicaragua son solo consecuencia de los intereses de Estados Unidos y de su voluntad por controlar la región. Partiendo de esta premisa, las acusaciones de fraude electoral no serían más que una estrategia para deslegitimar a Nicolás Maduro y sustituir su gobierno por un gobierno títere que permitiera a Estados Unidos hacerse con el control de los ingentes recursos naturales y energéticos con los que cuenta Venezuela.

[Lee también: HispanTV y su cobertura mediática de las elecciones en Argentina y México]

Al observar las noticias emitidas por HispanTV resulta sencillo entender que cuando la información es presentada de manera sesgada, ignorando la realidad de lo que sucede en países como Venezuela o Cuba, la intención se aleja de la voluntad informativa que debería tener un medio de comunicación. En este contexto, Hispantv pasa a convertirse en un instrumento de propaganda y adoctrinamiento. Proyectan un mensaje único que señala a buenos y malos.

Una peligrosa cobertura mediática

Se puede llegar a pensar que Irán no es un actor relevante en América Latina. Su canal de televisión no cuenta con unas elevadas audiencias que puedan hacer que millones de personas sigan las consignas lanzadas desde Teherán. De hecho, si se analizan las cifras, se puede comprobar que Irán no es un socio preferente para Latinoamérica. De igual forma, son pocas las personas que conocen HispanTV y menos las que siguen su programación.

[Lee también: Sergio Castaño: “Irán estudió perfectamente a América Latina”]

¿Por qué hablar entonces de una peligrosa cobertura mediática?

Hacia un bloque alternativo

Irán creó HispanTV como una herramienta de poder blando. Su objetivo fue trasladar al mundo hispanohablante su particular manera de ver y de entender la realidad internacional. Es cierto que el medio orienta toda su información a alcanzar los objetivos políticos y económicos de Irán en América Latina. Sin embargo, el país persa no actúa en solitario. Una de las prioridades de Irán es alejar a los países latinoamericanos de la influencia de Estados Unidos y aproximarlos a un bloque alternativo de países que combatan la hegemonía estadounidense en el mundo. En este proceso, Irán ha caminado de la mano de Rusia y de China para proteger y promocionar gobiernos afines a sus intereses.

De esta forma, la mayor parte de las noticias difundidas por HispanTV están en la misma línea que las emitidas por el canal de noticias ruso RT, el chino CGTN o el venezolano Telesur. La cobertura mediática de Irán forma parte de una estrategia mucho más ambiciosa. Pretende relegar a un segundo plano a los países que apuestan por sistemas democráticos en América Latina, al considerarlos más próximos a los intereses de Estados Unidos. Por el contrario, apoya a regímenes alejados de estos principios. Pero comprometidos con el interés iraní, chino y ruso de conformar un solido bloque que frene la influencia internacional y el poder económico y político de Estados Unidos en el mundo. Por tanto, el respaldo iraní a estos gobiernos podría contribuir a socavar las democracias en América Latina.

La ola de migrantes latinoamericanos experimentada desde 2014 en adelante ha puesto a prueba a los gobiernos. Distintas estrategias se pusieron en marcha, algunas con resultados magros. A raíz de la crisis poselectoral en Venezuela y la continua migración desde Cuba, Nicaragua, Haití, República Dominicana y Colombia, son muchos los indicios para preocuparse por el tema migratorio.

Ronal Rodríguez es profesor e investigador de la Universidad del Rosario en Colombia, desde donde trabaja en el Observatorio para Venezuela. De acuerdo a su mirada, no hay duda de que la región vive un aumento de la movilidad de migrantes. Sin embargo, tampoco hay duda de que falta capacidad para gestionar la crisis desde el Estado.

Nueva ola migratoria

¿Estamos en puertas de una nueva ola migratoria en América Latina?

—Hay un movimiento migratorio importante, un auge. Colombia, que siempre ha tenido tradición expulsoria, continúa con esta. No se hablaba mucho de ella por todo el tema del arribo de población venezolana. Pero las cifras de Panamá, de población colombiana que sale, muestran que Colombia es el tercer país que expulsa más gente por el Darién. Las otras nacionalidades son venezolana y haitiana. Colombia en algunos meses llega a repuntar incluso por encima de la ecuatoriana, y se debe fundamentalmente a que muchos ciudadanos sienten que no hay estabilidad en su país.

A esto hay que sumar la falta de coordinación por parte de los Estados. No hay en este momento un liderazgo regional manejando el tema migratorio. Cada país está administrando el tema migratorio. Perú y Ecuador están cambiando las reglas migratorias. Y en Colombia, que es el país que tiene la mejor legislación migratoria y que ha sido más proclive a la recepción migratoria,  estamos encontrando en el último ciclo que no hay avance en el tema. 

En la región ha faltado coordinación en esa materia. En algunos momentos lo hemos logrado. La migración venezolana había permitido ciertos niveles de sincronía con el mecanismo de Quito. Ese ejercicio ya hoy no existe, ya hoy no hay diálogo. Muchos países tienen relaciones muy tensas, Colombia tiene relaciones tensas con Perú; Venezuela tiene relaciones tensas con todos los países e incluso expulsó a los cuerpos diplomáticos y no hay presencia consular de varios de ellos.

Hay una una lógica de desplazamiento de diferentes países en diferentes direcciones y no hay coordinación por parte de los gobiernos.

Gestión

¿Qué medidas están tomando los gobiernos de la región frente a la migración?

—Las medidas que están tomando los gobiernos se podrían catalogar en dos grandes bloques: primero, las de contención como las de Panamá y Chile. Por el otro lado, están las de no abordar el tema. Simplemente se deja el asunto ahí, como ocurre con Colombia, que era quizá el único país que tenía una distinción en querer hacer política propositiva.

[Lee también: Juan Carlos Bravo: “Los venezolanos tienen esperanza”]

Hoy el tema está adormilado y no hay articulación por parte de la institucionalidad. De hecho, a nosotros nos ha cuestionado los últimos datos que ha publicado migración Colombia, porque ellos hablan de una disminución de la migración. Son cifras con las que buscan argumentar que la política migratoria no es tan importante cuando, por el contrario, las cifras y los datos de la gente que está en las zonas de flujo migratorio dicen todo lo contrario. Las organizaciones de la sociedad civil están ya viendo flujos migratorios.

El papel de los gobiernos

¿Están preparados los gobiernos de la región para gestionar un nuevo movimiento masivo de migrantes?

—No. Básicamente porque también el tema migratorio tiene un costo político. Es el caso de Bogotá, por ejemplo. Durante la crisis política en Venezuela [de años pasados] hubo una gran actuación pública, pero cuando uno mira el comportamiento de los últimos ocho meses de gestión de la alcaldía, el tema migratorio prácticamente desapareció de la agenda. No se ve al alcalde hablando de integración. Es como si tuvieran un gran elefante en la habitación y no quisieran hablar de él en una coyuntura política como esta. Esto también pasa en Chile, con el gobierno de Boric, que tiene un discurso muy favorable en contra del régimen venezolano. Pero cuando uno  mira la política migratoria, esta ha sido de restricción, de bloqueo e, incluso, de retorno de población venezolana a su país.

¿Se puede decir que ya inició la nueva ola migratoria de venezolanos saliendo como en años anteriores en las carreteras?

—Ya hay una primera salida de población que sale por persecución. Pero una de las particularidades es que, a diferencia de otros momentos, donde el venezolano, por ejemplo, quería contar su relato, explicar qué era lo que le había pasado, no quiere hablar. No quiere hablar porque hay un temor a la persecución por redes sociales, para su familia en Venezuela.

Me dicen que hay un número importante que quiere salir rápido de la zona de frontera porque sienten que pueden ser víctimas de extracción y particularmente también por una amenaza que hizo Nicolás Maduro hace unos días. Dijo que tiene unos amigos en Colombia que lo ayudan mucho, entonces eso también genera unos temores adicionales. Si bien hay flujo migratorio, es sobre todo de población en condición de persecución, la clasificación clásica de refugiado internacional o de actor que necesita protección internacional.

Persecución

¿Colombia ya no es un sitio seguro para estas personas en condición de persecución?

—El tema con Colombia y con la salida actual es que la dinámica de los que, por ejemplo, son actores políticos, miembros de organizaciones de la sociedad civil o periodistas a los cuales se les han cancelado su pasaporte. Quedan bloqueados, trasladarse a los países vecinos, la movilidad hacia Estados Unidos o Europa quedó completamente bloqueada.

[Lee también: Las izquierdas latinoamericanas y el gen autoritario]

Tenemos casos de académicos, periodistas o políticos a quienes se les dio, durante el gobierno de Iván Duque [2018-2022], la categoría de refugio y  ahora no encuentran apoyo por parte del gobierno colombiano. Esto genera temores y sobre todo porque si bien el presidente está trabajando supuestamente en la negociación para que  la situación en Venezuela devenga en una salida hacia la democracia pero muchos de sus alfiles políticos están en otra dirección.

Protección e integración

Con el gobierno Duque inició un proceso de regularización de la población venezolana en Colombia que tenía un reto para este gobierno con la integración. Hay una sensación de que se congeló el tema.

—No hay discurso, ni acción en política pública concreta. El Estatuto es, sin lugar a duda, la medida más importante que se ha tomado no solamente en la región sino en el mundo en materia de regularización. Más de dos millones de personas lograron ser regularizadas con este instrumento. ¿Ahora qué sucede? En el caso del presidente Petro, el tema migratorio no es una de las prioridades en la agenda y queda completamente relegado. Eso tiene un efecto real sobre la población en temas como el acceso al sistema de salud o al financiero.

Paradójicamente, por ejemplo en Perú, que tiene un lenguaje terriblemente xenófobo, donde las autoridades desde la presidenta para abajo han hecho discursos claramente de xenofobia, en la práctica para un venezolano es muchísimo más fácil abrir una cuenta bancaria y acceder a un servicio financiero que en Colombia.

Selva del Darién

Medidas como la de instalar un muro de alambre en el Darién como se plantea en Panamá puede significar una disminución en la migración.

—En el reporte de Human Right Watch del primer semestre de este año, se muestra cómo la respuesta desde los Estados es absolutamente insuficiente para la dinámica de movilidad humana que se da en el área. Los gobiernos no son capaces de ponerse de acuerdo en instrumentos adecuados y no lo miran como una dinámica de protección de derechos humanos, sino como una dinámica de seguridad.

Esto genera respuestas que no son las adecuadas. En Panamá, por ejemplo, la salida de Médicos Sin Fronteras en gran medida se debe a que ellos estaban reportando que había violaciones por parte de autoridades panameñas. ¿Qué es lo que hicieron? Sacar a Médicos sin Fronteras en lugar de mejorar las condiciones para los derechos humanos.

Hay una lógica de no permitir el acceso de organizaciones de la sociedad civil, no porque estas organizaciones alientan la movilidad humana, como lo llegaron a decir estos funcionarios, sino básicamente porque dejan en evidencia lo que está pasando.. Les molestaba más el registro como tal, no que estuviera violando, sino que les dejaba el registro de violaciones, lo cual pues demuestra un poco la perversidad de la situación.

Y del otro lado, Colombia ha sido absolutamente insuficiente en la capacidad de generar instrumentos, por ejemplo de protección. Ese es el caso de los niños, niñas y adolescentes, no quedan registrados en su salida porque Colombia no lleva registros. Se invisibiliza esa salida. La capacidad de Migración Colombia es poca para una zona por la que pasan más de 500.000 personas. Apenas cuentan en ese lugar con 13 funcionarios. Esa no es la respuesta institucional que se esperaría. Es claro que el presidente Petro le ha dado prioridad a los temas que le interesan y todos sabemos que el tema migratorio no es un tema de su interés. 

Xenofobia

¿Una nueva ola migratoria traerá consigo nuevas dinámicas de xenofobia?

—La solidaridad latinoamericana es paradójica porque todos se alinean en su repudio hacia la dictadura en Venezuela y las violaciones de derechos humanos, pero hacen muy poco para empatizar con las poblaciones venezolanas que se encuentran en su territorio. En las grandes ciudades se responsabiliza a la población venezolana de los delitos, cuando la evidencia demuestra que no es así.  Las mujeres venezolanas están sufriendo altas dinámicas de sexualización. Tristemente es parte de lo que está pasando, también está la dinámica de muchos gobiernos ante la lógica electoral. Lo que pasa en Europa y en Estados Unidos, donde la migración se ve de forma perversa para los intereses de las comunidades receptoras, ya empieza a pasar en América latina.

Guyana, un pequeño país sudamericano con fuertes lazos con el Caribe, ha captado la atención mundial debido a su extraordinario auge económico. Con una población de menos de 800 mil habitantes, Guyana aún en los años noventa era uno de los países con el Producto Bruto Interno (PBI) per cápita más bajo de Latinoamérica y el Caribe. En 2013, todavía estaba al final de la lista en el Caribe anglófono. Sin embargo, y en un contexto pandémico y pos-pandémico, Guyana casi cuadruplicó su PBI desde 2020, registrando un crecimiento superior al 60% en 2022. Según estimaciones del Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2024 su PBI per cápita alcanzará los 26.590 dólares, muy por encima, por ejemplo, de los 11.350 dólares de Brasil para el mismo año.

El factor petróleo

El detonante de este fenómeno es claro: el petróleo. En 2015, la petrolera estadounidense ExxonMobil descubrió grandes reservas de petróleo económicamente viable en las costas guyanesas: unos 11 mil millones de barriles. Esto coloca a Guyana, en términos per cápita, solo detrás de Kuwait en cuanto al valor de reservas petroleras. Desde 2019, un consorcio entre las dos empresas estadounidenses ExxonMobil (45%) y Hess (30%) y la China National Offshore Oil Corporation (25%), comenzó a extraer petróleo mar adentro, exportándolo desde 2020. La exportación, gracias al acuerdo de reparto de ganancias entre el consorcio y el gobierno guyanés, le generará a Guyana unos 4.200 millones de dólares anuales hasta 2025, aunque el acuerdo ha sido criticado por ser más beneficioso para Exxon que para Guyana. Así, la riqueza encontrada brinda a Guyana la oportunidad de dar un impulso importante a su desarrollo económico y social.

Existen varios desafíos para el desarrollo de Guyana cuyos ingresos petroleros podrían ayudar a enfrentar. A pesar de que se sitúa en el continente sudamericano, Guyana es clasificado como pequeño estado insular en desarrollo. El 90% de su población vive en áreas costeras bajas, vulnerables al cambio climático y los temporales caribeños. Para 2030, Georgetown, la capital, podría quedar sumergida. Además, en 2021, el 43.4% de los guyaneses vivía por debajo de la línea de pobreza. Y las desigualdades entre la costa y el interior, dominado por la selva amazónica, son marcadas. La explotación petrolera ofrece los fondos necesarios para mejorar infraestructuras, salud y educación, pero esto requiere una gestión responsable.

Malos ejemplos

Guyana no necesita mirar muy lejos para ver cómo los Estados petroleros pueden fallar terriblemente. Su vecina Venezuela es el ejemplo perfecto de cómo la corrupción y una gobernanza inepta pueden convertir la riqueza petrolera en una paradójica maldición de los recursos, llevando el país a la pobreza e inestabilidad política. Guyana debe evitar caer en la llamada “maldición de los recursos”. Esta incluye el “mal holandés”, que describe como la afluencia de divisas del petróleo puede apreciar la moneda local por lo que se hacen relativamente más baratos las importaciones, perjudicando la competitividad de otros sectores productivos de la economía. En un círculo vicioso consecuente, aumenta la dependencia de la economía del sector petrolero y de los precios volátiles del recurso en el mercado internacional.

Buena gobernanza

Además, para evitar la “maldición de los recursos”, la buena gobernanza es clave. Sin un marco legal sólido, la corrupción podría desviar la riqueza hacia unos pocos y socavar las instituciones democráticas. Una mayor dependencia del Estado de los ingresos del petróleo puede debilitar el vínculo entre el gobierno y los contribuyentes, socavando el sistema de la rendición de cuentas y propiciando tendencias autocráticas.

En este sentido, surgen dudas con respecto a la estabilidad de la democracia guyanesa. En 2020, las elecciones presidenciales culminaron en una disputa por los resultados, en la cual ambos candidatos de los dos partidos mayoritarios reclamaban su victoria. Después de cinco meses se resolvió la crisis con la asunción del nuevo presidente. Sin embargo, persiste en Guyana una polarización étnica de origen histórico entre los indo-guyaneses y los afro-guyaneses. Con respecto a la gobernanza justa y responsable del petróleo, el afianzamiento de las políticas de identidad étnica representa un peligro real.

El ejemplo noruego

Sin embargo, Guyana ya introdujo políticas destinadas a evitar la maldición de los recursos, como la creación de un Fondo de Recursos Naturales (FRN) inspirado en el modelo noruego. Por ley, todos los ingresos de la exportación del petróleo guyanés terminarán en este fondo y cualquier retirada monetaria es limitada por topes anuales y la aprobación parlamentaria. Además, los capitales del FRN solo deben destinarse al financiamiento de las prioridades nacionales de desarrollo o la asistencia por catástrofes naturales. De este modo, el gobierno guyanés no solo ve en la producción petrolera la oportunidad para mejorar el estándar de vida de los guyaneses, sino también la entiende como principal promotor para su política de desarrollo sustentable y adaptación al cambio climático. Esto no puede hacer olvidar, sin embargo, que los combustibles fósiles son promotores de la catástrofe climática, de la cual Guyana se ve especialmente amenazada.

Potencial de conflictos

Internacionalmente, la aparición de otro proveedor petrolero favorable a Occidente puede asegurar el abastecimiento en contextos como la guerra en Ucrania y en el Medio Oriente. Sin embargo, también contiene potencial conflictivo, ya que el hallazgo de petróleo ya exacerbó la disputa territorial con Venezuela por la región del Esequibo. Aunque para el presidente venezolano el reclamo por el Esequibo también parece tener fines políticos de unidad nacional, la región posee un importante atractivo económico, debido a su proximidad a los campos petrolíferos.

En resumidas cuentas, Guyana se encuentra en una encrucijada. Habrá que ver si el oro negro de las costas guyanesas resulta ser un golpe de suerte o una maldición. Por un lado, la riqueza petrolera podría catapultar al país hacia un desarrollo sin precedentes, por el otro también conlleva riesgos significativos. La manera en que gestione sus nuevos recursos determinará si Guyana se convierte en un ejemplo de éxito o en otro caso más de maldición de los recursos.

El conflicto interno entre Elon Musk y el juez Alexandre de Morae puso a Brasil en los titulares internacionales. El expresidente Jair Bolsonaro apoya al dueño de X mientras que el presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, defiende la Suprema Corte.

Pero, además de las redes sociales, el gran campo de batalla es el territorio del Parlamento.

El Congreso brasileño tiene la peculiaridad de ostentar un poder descomunal sobre el presupuesto federal. Los congresos generalmente discuten y votan presupuestos. En Brasil, en cambio, el Congreso controla las partidas presupuestarias directamente por un mecanismo llamado enmienda parlamentaria, que se encuentra en la Constitución. Mediante esta enmienda, los legisladores se convierten, en los hechos, en un mini Poder Ejecutivo. Se trata de un tema árido, pero clave para la comprensión de los mecanismos de poder en Brasil.

La discusión sobre la gestión presupuestal tiene a la coalición oficialista enfrentada a los líderes del Congreso (conservadores) y la oposición bolsonarista.

El poder del Congreso brasileño

Las enmiendas parlamentarias presupuestales representan alrededor del 25% del presupuesto discrecional que reciben los gobiernos federales en Brasil. A modo de comparación, en Estados Unidos los congresistas también disponen del 1% del presupuesto discrecional.

Además, en la última década, el Congreso amplió bastante su parte en el presupuesto. En 2021, el presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, ideó una novedosa forma de acaparar partidas presupuestarias para él y para sus aliados. Lo logró mediante una enmienda que no pasaría por órganos de control, como los tribunales de auditoria, por ejemplo. Según esta, los parlamentarios podrían disponer libremente de esos fondos públicos. El diario Estado de São Paulo, lo bautizó como «presupuesto secreto» por la opacidad de la operación.

El entonces presidente Jair Bolsonaro, aliado de Lira, estuvo de acuerdo con ello a cambio de que el Congreso ignorara sus embestidas contra las instituciones de la República, a través del relato de fraude electoral, y su mala praxis durante la pandemia, que llamaba gripezinha.

Las élites y las enmiendas

Parlamentarios de todos los partidos se han beneficiado de este mecanismo. Es decir, las élites políticas se comportan de forma extractiva. Utilizan el presupuesto federal, que se financia con los ingresos fiscales de la sociedad, para sus propios proyectos políticos.

Las enmiendas parlamentarias también otorgan gran ventaja a los congresistas incumbentes y a sus aliados en las elecciones subnacionales, aumentando la barrera de entrada para la competencia.

Es común que parlamentarios destinen fondos a municipalidades gobernadas por familiares suyos, lo que además puede utilizarse para prácticas corruptas.

En 2022, la revista Piauí reportó que un pueblo del interior del estado de Maranhão, uno de los sitios más pobres de Brasil, en la región amazónica, recibió fondos parlamentarios para tratamientos dentales para la población. En Brasilia, la municipalidad declaró a la prestación de cuentas al Ministerio de Salud un número de consultas odontológicas más grande que la cantidad de habitantes. Los medios de comunicación especulan sobre cuándo saldrá a la luz un importante caso de corrupción provocado por este mecanismo.

Disminuir el poder parlamentario

En agosto, la Corte Suprema intentó disminuir el poder del Congreso sobre el presupuesto. El juez Flávio Dino congeló la transferencia de las enmiendas y convocó a los líderes del Congreso a una reunión a puerta cerrada, es decir, sin control de la sociedad civil. Se llegó al acuerdo de que el Congreso daría mayor transparencia al uso del dinero de las enmiendas.

El juez Dino fue ministro de Justicia de Lula hasta finales de 2023. A Lula le interesa reducir el poder del Congreso sobre el presupuesto, especialmente en un contexto en el que el Gobierno quiere recortar gastos para alcanzar la meta fiscal de estabilizar la deuda pública.

Lula y la Corte Suprema fueron blanco constante de los ataques de Bolsonaro y sus seguidores, que llamaron al golpe de Estado y desacreditaron el sistema de votación brasileño. El 8 de enero de 2023 destrozaron las oficinas del Ejecutivo y del la Suprema Corte, pidiendo un golpe militar para poner a Bolsonaro en el poder.

Crisis institucional y polarización

Por todo ello, Brasil está en una crisis institucional. Los ciudadanos de a pie no ven que la política resuelva sus problemas: seguridad, sanidad, educación. Esto es el caldo de cultivo perfecto para otro antisistema en las elecciones generales del 2026.

La polarización política impide cualquier acuerdo entre gobierno y oposición sobre la cuestión, lo que deja a todos con un resultado negativo.

[Lee también: Brasil y la polarización sin final a la vista]

Potenciales candidatos de la oposición a la Presidencia de la República en 2026, como el terrateniente gobernador de Goiás, Ronaldo Caiado, y el exministro de Bolsonaro y gobernador del estado de São Paulo, Tarcisio de Freitas, ya criticaron las enmiendas parlamentarias. Saben que podría limitar su gobierno en el futuro. Sin embargo, no pueden ser vistos por sus seguidores de derecha negociando con el líder de la izquierda, el presidente Lula, ya que esto podría disgustar a sus votantes antiizquierdistas.

La polarización distrae a la opinión pública de un problema real: el presupuesto federal brasileño tiene cada vez menos margen para inversiones que mejorarían la vida de la población, y los líderes del Congreso actúan para acaparar recursos de la sociedad con el fin de perpetuarse en el poder. Este statu quo facilita las prácticas corruptas y puede alimentar los molinos de candidatos antisistema que muestran desprecio por las instituciones de la democracia.

La reforma judicial de México busca someter a los jueces a elección popular. Ha generado controversias en el país y una fuerte oposición por parte de sindicatos y gremios vinculados al sistema de justicia. Abundan las voces críticas con el proyecto que impulsa el partido Morena bajo el liderazgo del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Para conocer los alcances de la reforma y los principales aspectos a tomar en cuenta, conversamos con Laurence Pantin. Es doctora en ciencia política y maestra en periodismo. Se desempeñó como responsable del servicio de prensa de la Embajada de Francia en México y como reportera del diario Reforma. También fue corresponsal en México para varios medios franceses y estadounidenses. Se ha especializado en independencia judicial, gobierno judicial, consejos de la judicatura, transparencia y corrupción en el poder judicial. Actualmente es la directora de la Fundación para la Justicia.

¿Cuáles son las razones que esgrimen quienes promueven que los jueces sean electos por votación popular?

—Lo que mencionan, como justificación para esta reforma judicial, es la necesidad de aumentar la legitimidad de los jueces. La necesidad de democratizar el Poder Judicial y la justicia. Lo interesante allí es que, hablando de la experiencia internacional, en particular en Bolivia y en Estados Unidos, se ha demostrado que el hecho de someter a los jueces a votación popular no necesariamente aumenta su legitimidad porque los jueces tienen que responder ahora a incentivos. Y tienen que adoptar prácticas propias de los políticos. Esto no necesariamente va en el sentido de aumentar la confianza ciudadana a en ellos. De hecho, hay que recordar que, en el mundo entero, y en México en particular, los políticos no necesariamente tienen una mayor confianza ciudadana que los jueces.

Captura política

Si el juez se debe a sus electores, la lógica de intereses cambia y se parecerá a la lógica de la representación política, en la que el gobierno y los parlamentarios responden a sus distritos y electores. Entonces, ¿cuánto cambiaría la independencia judicial?

—Esta reforma es un intento por capturar políticamente a los más altos cargos judiciales, pero también a los más bajos.

En muy pocos países se eligen a los jueces y cuando se hace es para ciertos niveles, no para todos. La reforma de México plantea renovar todos los juzgadores, desde el nivel federal y los de la Suprema Corte, hasta los jueces de apelación. Esto haría de México el único país donde todos los juzgadores son nombrados por voto popular.

[Lee también: Tres expectativas del próximo gobierno de Claudia Sheinbaum]

En Estados Unidos se eligen algunos jueces estatales en algunos estados, y de hecho cada vez menos estados tienen este método de elección porque se ha ido reduciendo con el tiempo. Y en Bolivia solamente los jueces de más alto nivel son electos. En Suiza solo eligen los jueces de paz en algunos cantones, que son mediadores, no realmente personas que emitan sentencias.

La reforma mexicana se trata de una captura política de los jueces porque en el contexto actual sabemos que Morena tiene un gran apoyo popular y busca que sus aspirantes sean elegidos.

Funcionamiento tramposo

¿La reforma plantea otro punto importante?

—Además del tema del voto popular, se plantea la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial completamente independiente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura, para que investigue posibles actuaciones indebidas y sancione a los funcionarios judiciales. ¿Por qué podría ser una buena idea? Porque significaría procesos abiertos y transparentes, que es el problema del sistema disciplinario actual, un sistema muy opaco.

Sin embargo, el dictamen que se aprobó en comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados hace unos días sigue teniendo problemas porque no establece realmente esa independencia entre la investigación y la resolución. Además, la primera instancia es una comisión de tres magistrados que también están en el Pleno de segunda instancia formado por cinco magistrados. Es decir: se mantiene la mayoría de quienes sancionan en primera y segunda instancia.

Jueces contra la reforma

El paro de funcionarios judiciales ha encendido una alarma sobre la concentración de poder en el en el oficialista partido Morena.

—Desde la Fundación para la Justicia que tengo el honor de dirigir y otras organizaciones unidas en el colectivo La justicia que queremos apoyamos este paro porque consideramos que no viene de la cúpula del Poder Judicial, sino de la base.

La Suprema Corte de Justicia está viviendo horas complejas porque dentro de su Pleno de once ministros, tres de ellos son personas muy cercanas al Poder Ejecutivo. Hay una división muy fuerte al interior de la Corte. Por eso decidimos apoyar a los trabajadores en los juzgados y tribunales federales.

[Lee también: México: la sociedad civil ante el populismo autoritario]

Me parece que los argumentos son justificados porque lo que dicen es qué pasaría con los derechos laborales de las personas que trabajan actualmente en el Poder Judicial porque se plantea la desaparición de los fideicomisos del Poder Judicial que tienen como propósito garantizar ciertos derechos laborales de los funcionarios.

Pero más allá de esto, lo que está en juego es la independencia judicial y la posibilidad de tener una división efectiva de los poderes.

Autocracia electoral

Se habla de “democracia hegemónica”. ¿Eso es efectivamente lo que sucede o es el tránsito hacia un ambiente más autoritario?

—En un evento, el académico Edgar Rubalcaba mencionó que lo que está pasando en México se asemeja a una autocracia electoral. Sea cual sea el nombre que utilicemos para describir lo que está pasando. Me preocupa muchísimo.

Hay que ver el contexto justamente en que se está presentando esta reforma judicial; de reelección de Morena y de alta popularidad presidencial. Por eso, la razón de esta reforma, más allá de democratizar el Poder Judicial, es su captura política.

Desde el inicio del sexenio del presidente López Obrador se ha atacado a la justicia y esto se ha intensificado en el último año y medio.

Lo que nos demuestran estos cambios es un intento por parte del Poder Ejecutivo de, por un lado, concentrar más el poder y por el otro, eliminar cualquier tipo de contrapeso que pueda todavía existir en nuestro país. Efectivamente, esto nos acerca a otros países de la región que han conocido este declive democrático.

Hay que recordar que la relatora especial de Naciones Unidas expresó mucha preocupación con respecto a esta reforma. Hubo pronunciamientos por parte de múltiples actores en el ámbito judicial, también por parte de los gobiernos de Estados Unidos y Canadá.

La CDU es el partido popular del centro político en Alemania. Todos los días asumimos la responsabilidad por el gobierno del país. Queremos una sociedad que viva en libertad, seguridad y solidaridad.

En este programa político hemos plasmado lo más valioso que poseemos los democristianos: nuestros valores fundamentales, nuestras convicciones y nuestras ideas para el futuro. Alemania, Europa y nuestro mundo están cerca de nuestros corazones.

Aceptamos a las personas tal como son. No queremos cambiarlas. Y lo sabemos que cada persona está sujeto al error y a la culpa. Por eso la capacidad de planificación y organización de la política tiene límites. Esta intuición nos protege de doctrinas ideológicas de salvación y de una comprensión totalitaria de la política. Crea una voluntad de reconciliación.

Renovación y modernización

La Unión Demócrata Cristiana de Alemania busca nuevos comienzos, renovación y modernización. Para lograrlo, debemos reconocer el cambio, conjugarlo con nuestros principios y seguir forjando de nuevo el futuro sobre la base de nuestros valores. Esto es lo que nos define como Partido Popular moderno. Nuestra esencia es unir a las personas. Construimos sobre una base sólida y así damos forma a la política para una sociedad que se mantiene unida.

Queremos un país libre y seguro, una sociedad unida que abra oportunidades, una economía que genere prosperidad para todos, una Alemania sostenible y soberana, un Estado que funcione y marque el camino.

[Lee también: Alemania del Este: los desafíos tras el ascenso del populismo]

Invitamos a todos y todas los que comparten nuestros valores y objetivos a unirse a nosotros para llevar a cabo esta tarea. Al igual que las mujeres y los hombres que fundaron nuestro partido en 1945, creemos en un futuro mejor para todos. Queremos dar forma a este futuro, con coraje, determinación y confianza. Queremos vivir en libertad y conducir a Alemania con seguridad hacia el futuro.

La atención internacional fue inusitadamente alta cuando a las 20:00 horas del 1 de septiembre aparecieron las primeras proyecciones de las elecciones en los estados federados de Turingia y Sajonia, en Alemania oriental. La razón fue el aumento de votos del partido «Alternativa para Alemania» (AfD), partido que se puede clasificar por lo menos en parte como de extrema derecha. La Unión Demócrata Cristiana (CDU) fue el único partido popular de centro que pudo mantener su posición relevante en el espectro partidario.

Las elecciones marcaron dos profundos cortes en la cultura política alemana. Por un lado, el derechista AfD en Turingia logró por primera vez convertirse en la fuerza más votada de un Estado federado alemán. Por otro, el recién fundado partido populista unipersonal «Alianza Sarah Wagenknecht» en su estreno logró más del 10% de los votos en ambos estados federados. En conjunto, los resultados electorales deben interpretarse como una expresión de la creciente polarización.

Triunfo electoral de la derecha

Tanto en Turingia como en Sajonia la AfD fue ganadora indiscutible. En Turingia, obtuvo el 32,8% de los votos, lo que la convierte, por lejos, en el partido más fuerte. En Sajonia, con un 30,6%, queda en segundo lugar. Para formar gobierno se necesita mayoría absoluta de escaños. Sin embargo, como todos los demás partidos han descartado cualquier cooperación con la AfD, en el futuro ésta permanecerá en la oposición.

La AfD ya había obtenido buenos resultados en los últimos años. Sin embargo, estas elecciones también marcan un punto de inflexión ya que la AfD en Turingia logró convertirse en la fuerza más fuerte con su organización regional más radical bajo el liderazgo del derechista Björn Höcke y obtener un tercio de los escaños en el Parlamento. Con este resultado, la bancada de la AfD puede bloquear ciertas decisiones, lo que la convierte en un factor de configuración política. Por ejemplo, los jueces constitucionales del Estado de Turingia se eligen con una mayoría de dos tercios. En el futuro habrá que llegar a acuerdos y pactos con los populistas de derecha para nombrar a los jueces constitucionales, modificar la Constitución estatal o elegir al presidente del Parlamento estatal. A un año de las elecciones al Bundestag, la AfD puede utilizar estos resultados como impulso para la próxima campaña electoral federal.

Dilema del centro político

Para hacer frente a la AfD, en los últimos años en particular la izquierda política ha propuesto el «cortafuegos». El centro democrático debería rechazar cualquier forma de acuerdo, cooperación o incluso votaciones conjuntas con la AfD. En el pasado, esto ha llevado a veces a que diputados votaran en contra de sus propias convicciones y mociones para evitar ser acusados de votar con la AfD. Desde la izquierda incluso se criticó realizar discusiones con la AfD, ya que estas serían aprovechadas por dicho partido como vidriera. Durante la campaña electoral el candidato principal de la CDU en Turingia, Mario Voigt, se apartó de esta estrategia y debatió con el candidato de la derecha extrema Björn Höcke. Sostuvo que la AfD debía enfrentarse en el debate y así privarla de la oportunidad de victimizarse.

El partido de una mujer

Las elecciones representan también un punto de inflexión, ya que, en la muy estable estructura de partidos alemana, la «Alianza Sarah Wagenknecht» logró superar el 11,8% en Turingia y el 14,5% en Sajonia . Este partido, el primero de características unipersonales, será por lo tanto necesario para formar gobierno en ambos estados. Sarah Wagenknecht, muy presente en los medios de comunicación alemanes, fundó su propio partido en enero de este año. Durante mucho tiempo formó parte del ala izquierda y fue miembro de la Plataforma Comunista de su antiguo partido «Die Linke» (La izquierda). Desde entonces se ha distanciado de su antiguo partido, ya que comparte posiciones conservadoras en materia de inmigración y cuestiones sociopolíticas.

[Lee también El día después: Europa eligió un nuevo Parlamento]

El partido hecho a su medida combina una política migratoria restrictiva con una política exterior favorable a Rusia y una política económica y social de izquierdas. En términos organizativos, Wagenknecht ha diseñado su partido como un pequeño partido de cuadros a la usanza leninista. Ni siquiera es posible afiliarse a este partido sino solamente formar parte de un círculo de simpatizantes. Recién tras un largo proceso de investigación y de dos cartas de recomendación de los pocos miembros del partido, se accede a la afiliación. Aunque la propia Wagenknecht no se era candidata en ninguno de los dos estados federados, aparecía en todos los carteles electorales de su partido.

Para su antiguo partido «Die Linke», este domingo significa un paso más hacia la insignificancia. Mientras que «Die Linke», el antiguo” partido personero de los intereses de Alemania oriental, fue la fuerza más fuerte en las últimas elecciones en Turingia y encabezó el gobierno, esta vez sólo alcanzó el 10% en Turingia. En Sajonia lograron entrar a duras penas en parlamento.

Derrumbe de la coalición de gobierno

Para los tres partidos que forman actualmente el Gobierno federal, socialdemócratas, verdes y liberales, en permanente disputa interna, las elecciones del domingo confirman una vez más la extrema impopularidad del gobierno. Los tres juntos no alcanzaron ni la mitad de los votos de la AfD. Con menos del uno por ciento el liberal FDP solo aparecía bajo el rubro «Otros» en ambos estados federados. Mientras tanto los Verdes solo lograron superar la barrera del 5% en Sajonia con un 5,1%, y quedaron afuera del parlamento en Turingia. Los socialdemócratas del canciller Scholz se tuvieron que alegrar con un 6,1% en Turingia y un 7,3% en Sajonia ya que esperaban algo aún peor.

Los efectos también pueden sentirse a nivel federal. Mientras que en el pasado el gobierno federal se ha visto a menudo paralizado por permanentes disputas internas, tras estos débiles resultados electorales se centrarán aún más en autoperfilarse en lugar de llegar a compromisos y a una acción de gobierno que funcione. La única razón por la que es improbable que se celebren elecciones anticipadas es porque los tres partidos temen sus propios resultados en las urnas. Todo apunta a un Parlamento colgado hasta las elecciones federales del 28 de septiembre de 2025.

Difícil formación de gobierno

Con un 31,9% en Sajonia y un 23,6% en Turingia, los democristianos (CDU), un partido de centro- centro derecha, lograron mantener o mejorar ligeramente sus resultados anteriores y con lo que es posible que el primer ministro en ambos estados sea de sus filas. Sin embargo, el hecho de que el principal partido de la oposición no haya podido beneficiarse más de la extrema impopularidad del gobierno federal es también una señal de alarma para ellos.

La CDU también se encuentra ahora en un dilema táctico en ambos Estados federados. Aunque todos los partidos han descartado formar una coalición con la AfD, la fuerza de esta última significa que formar gobierno solo será posible con el apoyo de fuerzas como la «Alianza Sarah Wagenknecht». Las posiciones de este partido son diametralmente opuestas a la CDU en muchos aspectos.

La CDU se encuentra en un dilema a un año de las elecciones federales. Para evitar que la AfD entre en el Gobierno, tendría que colaborar con partidos políticos y encontrar compromisos con los que tiene pocas coincidencias políticas. Esto debilita las diferencias entre los partidos del espectro democrático y amenaza con exponer a la CDU a críticas internas y externas. Negociar el próximo gobierno en Sajonia y Turingia será, por tanto, un difícil ejercicio de equilibrismo para la CDU. Si este desafío democrático puede superarse, al menos razonablemente y discretamente, Friedrich Merz saldrá fortalecido como líder del partido CDU y se situará en una posición fuerte en la carrera para suceder a la impopular canciller de la República Federal de Alemania.

Traducción: Manfred Steffen, de la oficina KAS Montevideo.

La moda de estudiar las derechas en América Latina oculta que la mayor parte de la región está gobernada bajo otro signo político. Mientras la élite académica y la prensa progresista han encontrado un nuevo placebo y denuncian el auge de la ultraderecha y su responsabilidad en el retroceso democrático, lo cierto es que vivimos otra etapa de predominio de la izquierda.

Esto se observa fácilmente al enumerar los países que gobiernan: Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Nicaragua y Venezuela. Incluso se podría mencionar a España, por su activo papel en la política regional. Esto marca una supremacía que no se vio ni en los años de auge de la “marea rosa”. Podría acentuarse si el Frente Amplio triunfara en las próximas elecciones uruguayas.

¿El retroceso democrático está correlacionado a la hegemonía política de la izquierda? La pregunta amerita, más aún, después de la elección en Venezuela y los distintos grados de cobertura que casi todos estos gobiernos han dado al régimen de Nicolás Maduro.

Los orígenes y decadencia de la izquierda europea

Uno de los problemas históricos para definir a la izquierda latinoamericana fue hacerlo con categorías provenientes de la experiencia europea. En el viejo mundo, la izquierda estuvo asociada al socialismo en sus diferentes versiones y al protagonismo de trabajadores y sindicatos.

Esas características acompañaron a la izquierda durante años y se mantuvieron después de la Segunda Guerra Mundial. La socialdemocracia predominó en Europa occidental con su modelo de alineamiento con Estados Unidos, reconciliación con el liberalismo político, economías mixtas y una ruptura definitiva con el comunismo. Por esta razón, sus relaciones con las izquierdas latinoamericanas también fueron conflictivas.

La primera señal de alerta para esta izquierda ocurrió en 1973, lo que Ralf Dahrendorf llamó el fin del siglo socialdemócrata. La crisis del petróleo afectó a su principal construcción, el Estado de bienestar, y tuvo como consecuencia inmediata durísimas derrotas electorales.

La socialdemocracia que superó esa crisis emergió con cambios. Menos alineada con Estados Unidos, en un proceso de revisión de sus vínculos con el liberalismo y aceptando la posibilidad de alianzas con organizaciones y regímenes políticos no necesariamente democráticos, pero legitimados por revoluciones populares. En América Latina, generó renovados vínculos con el Partido Comunista cubano, el socialismo chileno de Salvador Allende, el sandinismo y las diversas izquierdas de los países centroamericanos y caribeños.

[Lee también: Cuba: la mano invisible del miedo silencia la libre expresión]

El derrumbe del Muro de Berlín y la disolución de la Unión Soviética implicaron un duro golpe para la izquierda europea en sus diferentes versiones y formatos. También lo fue para sus intelectuales y grupos afines, que entraron en un proceso de fragmentación y revisión. Esto implicó devaluar la identidad internacionalista. Se perdió la iniciativa para guiar intelectual y políticamente a las izquierdas mundiales. La izquierda se encerró entonces entre fronteras nacionales y regionales. .

Versión latinoamericana

El ruido de la caída del Muro de Berlín no se escuchó tanto en América Latina. Para la izquierda, fue apenas un obstáculo más de los que abundaban en los años noventa. De hecho, el Foro de San Pablo data de esos años y con su creación la izquierda latinoamericana pasó a la ofensiva. En plena crisis del socialismo real, en Latinoamérica mostraba una renovación programática. Las ideas se proyectaban con iniciativa y capacidad para disputar el poder e, inéditamente, influir en otras regiones.

Esto ocurrió porque la izquierda latinoamericana en el siglo XX no estuvo conformada igual que en Europa. Para empezar, la influencia socialista y marxista fue una vertiente más y no siempre la más trascendente. También estaban presentes el nacionalismo, el catolicismo —sobre todo su rama jesuita—, el dependentismo, la CEPAL, las lecturas sobre la revolución cubana y un extendido sentimiento anticolonial.

A esto se sumaban las particularidades nacionales. Como las influencias de clases medias, campesinos, intelectuales y militares, según cada caso. Además de los liderazgos y las diversas personalidades locales.

Las izquierdas latinoamericanas del siglo XX formaron un mapa de organizaciones variopintas que  no se ajustaban claramente a los parámetros europeos o revolucionarios clásicos. Por recursos, liderazgos, redes transnacionales, apoyos populares y sindicales, estas organizaciones predominaron sobre el resto de la izquierda política regional. Mantuvieron, sobre todo, una identidad democrática que las diferenciaba y las hacía blanco de críticas de los más extremistas

Los partidos comunistas de la órbita soviética seguían su propio camino. Los sectores más radicalizados se agrupaban en torno a Cuba. Con las numerosas guerrillas que mantenían vínculos entre sí y con organizaciones armadas de otras partes del mundo. Sin embargo, en el universo de la izquierda latinoamericana hubo una posición secundaria con curas tercermundistas, artistas, universitarios e intelectuales atraídos por el aura romántica del guevarismo y el clima de época.

Hacia la ideología hegemónica

Esa heterogeneidad comenzó a reducirse significativamente durante los años del neoliberalismo. Principalmente porque muchos de los actores principales hasta entonces sufrieron significativas pérdidas de poder y hasta desaparecieron de sus escenarios nacionales. Por ejemplo, algunos partidos ligados a la socialdemocracia internacional como el APRA y AD.

[Lee también: Gerardo Munck: “En Latinoamérica tenemos democracia, pero tienen muchos problemas”]

De esa selección natural sobrevivieron los sectores más radicalizados. Pasaron a ocupar el centro de la escena a partir de grupos, dirigentes y organizaciones que habían bebido de las ideas de la izquierda de los años 70, el antiimperialismo y la oposición al liberalismo político.

El reemplazo hegemónico pasó a ser radicalmente diferente.

Izquierda en clave cubana

La nueva izquierda —una vez más—, con Cuba al frente, multiplicó su poder e influencia al cooptar la Venezuela bolivariana. Sumó organizaciones como el Partido de los Trabajadores brasileño, así como sectores intelectuales y movimientos sociales críticos de la experiencia comunista, pero más por su incapacidad de enfrentarse con mayor carácter e inteligencia al poder capitalista que por su autoritarismo.

La lectura de la izquierda en clave cubana vertebró ideológicamente este proceso de expansión. Dio nueva vida a aspectos del estalinismo, derrumbado del otro lado del océano. La resistencia a los años neoliberales dotó de identidad a las organizaciones latinoamericanas y de conciencia de una pertenencia común, más allá de las diferencias.

En este camino, la llegada de Hugo Chávez al poder —en el momento de mayor auge de los precios del petróleo— representó un paso cualitativo que supieron aprovechar en la construcción regional. El militar venezolano añadió también su sello populista y castrense. Sedujo a nuevos públicos, como el peronismo argentino, que nunca había integrado este grupo ideológico. La aparición del Movimiento al Socialismo boliviano le dio al colectivo un toque multicultural que resultó irresistible para el progresismo europeo.

Nueva vida a izquierdas globales

Con esta fusión de tradiciones y recursos ilimitados, construyeron un sólido corpus teórico (de la mano de Ernesto Laclau). Posteriormente, un entramado cultural y simbólico que les permitió presentarse ante el mundo como una sola entidad. Ese prestigio, pasado el tiempo y tras fracasos y retornos, sigue siendo parte del capital que la izquierda latinoamericana muestra al mundo.

Para entonces, la izquierda europea y parte de la norteamericana, que habían quedado huérfanas de ideología y política, también rearmaron sus estrategias y programas a partir de lo que emanaba de América Latina. Las academias, los movimientos sociales, culturales, feminismos y ambientalistas abandonaron sus influencias más liberales en el altar de esta propuesta regeneradora de la condición humana. El hombre nuevo había regresado. También los viejos vicios.

El latinoamericanismo de izquierda se convirtió así en la savia que dio nueva vida a las izquierdas globales. Al hacerlo, incluyó y difundió un ADN autoritario que, en diferentes grados, pero invariablemente, se expresa en todos los grupos, organizaciones y liderazgos de la izquierda. Es en este proceso, y no en ultraderechas fantasiosas, que hay que buscar las causas de un retroceso democrático que, hoy, es una realidad agobiante.

En noviembre de 2008, el entonces Procurador General de la República de Nicaragua, Hernán Estrada, dijo públicamente: “Si el Jefe de Estado y líder político del Frente Sandinista, Daniel Ortega, dispusiera llamar a sus partidarios a las calles, no quedaría piedra sobre piedra en este país, sobre ninguna emisora, sobre ningún canal de televisión o medio de comunicación que lo adverse. Hay que agradecerle que no lo ha hecho, por la sabiduría y la serenidad del gobernante que tenemos”.

En aquel momento la declaración fue interpretada en dos sentidos. Para algunos, como una clara y grave amenaza. Para otros, como una exageración que no tenía posibilidades de materializarse. Dieciséis años después, es claro que la declaración de Estrada era el cruel presagio de la desertificación cívica que Ortega ha provocado en Nicaragua desde 2018.

El gran capital social de Nicaragua

Durante más de cuatro décadas, el entretejido social de Nicaragua se pobló con miles de organizaciones sociales de diversa índole. Desde filantrópicas y religiosas, deportivas y culturales, hasta defensoras de derechos, las que promovían la participación ciudadana, protegían a poblaciones vulnerables y promovían proyectos de desarrollo productivo. Muchas de estas organizaciones existían en localidades de difícil acceso donde el Estado tenía poca, o ninguna presencia.

[Lee también: Nicaragua: cambio inesperado del escenario político]

A inicios del siglo XXI, se desarrollaron valiosas experiencias de diálogo y concertación entre el Estado y las organizaciones sociales. Se aprobó una Ley de Participación Ciudadana y prácticamente en todo el país existían espacios de consulta con la participación de actores organizados e instituciones públicas, dando vida a un valioso capital social.

Daniel Ortega dio muestras de su animadversión a las organizaciones de sociedad civil desde su regreso a la presidencia en 2007. Creó su propio modelo bajo la premisa de la “democracia directa” y los llamados Consejos del Poder Ciudadano (CPC), excluyendo de los espacios institucionales de participación a los actores independientes. La vigilancia, persecución y control sobre las organizaciones sociales comenzó desde temprano con campañas de estigmatización que las acusaban de “lavado de dinero” y de ser “agentes del imperio”. Como el caso de la supuesta investigación y el allanamiento al Movimiento Autónomo de Mujeres (MAM) y el Centro de Investigación de la Comunicación (CINCO) en 2008.

Desaparecer todo vestigio de ciudadanía

Los espacios se fueron cerrando poco a poco. En abril de 2018 cuando emergió la ola de protestas contra el gobierno de Nicaragua, el discurso oficial fue que se trataba de un “golpe de estado” promovido por organizaciones terroristas y por agentes internacionales. La persecución gubernamental se desató inmediatamente. En diciembre de ese año Ortega decidió la cancelación, allanamiento y confiscación de nueve organizaciones sin fines de lucro a quienes consideraba responsables de las protestas.

[Lee también: Gerardo Munck: “En Latinoamérica tenemos democracia, pero tienen muchos problemas”]

La mayor escalada fue en octubre de 2020. El régimen de Ortega aprobó la Ley de Agentes Extranjeros para controlar los fondos de cooperación que llegaban a las ONGs nicaragüense. También incrementó los niveles de control por parte de la oficina de registro localizada en el Ministerio del Interior.

Eliminación de organizaciones

Desde esa fecha hasta la actualidad, en agosto de 2024, Ortega ha ordenado el cierre de más de 5,300 organizaciones sociales. Y ha confiscado los bienes de más de 180. El golpe más brutal contra el espacio cívico se llevó a cabo el 19 de agosto cuando ordenó la eliminación masiva de 1,500 organizaciones. Entre las personerías canceladas están clubes de ajedrez, hípicos, culturales, deportivos; organizaciones religiosas, empresariales, filantrópicas, defensoras de derechos humanos, protectoras de animales; centros académicos, cooperativas, de comunidades indígenas; organizaciones internacionales como la Cruz Roja. Incluso ha mandado a cancelar oranizaciones creadas por sus propios simpatizantes.

De acuerdo con estimaciones realizadas en marzo de 2023, la cancelación masiva dejó a más de 23 mil personas desempleadas. Y al menos a 3.5 millones sin atención o servicios prestados por las organizaciones. Numerosas comunidades y grupos han quedado en absoluta vulnerabilidad considerando que el Estado no quiere, o no cuenta con capacidad para atenderlos.

Además, la decisión de Ortega ha llevado a la reforma de tres leyes para controlar cualquier tipo de actividad realizada por las pocas que quedan. Así como los fondos que maneja. Las leyes reformadas son la Regulación de Agentes Extranjeros, la Ley General de Regulación y Control de Organismos sin Fines de Lucro y la Ley de Concertación Tributaria.

Las reformas tienen como propósito forzar a las pocas organizaciones que quedan a trabajar únicamente con instituciones públicas en lo que el gobierno ha llamado “Alianza de asociación”. El modelo las obliga a presentar ante el Ministerio del Interior sus programas y proyectos para que sean aprobados. Además, deben canalizar los fondos y recursos que manejen hacia instituciones públicas designadas también por el Ejecutivo.

El control total y la sucesión dinástica

Son varias las razones por las que el régimen dictatorial de Ortega y Rosario Murillo, esposa y vicepresidenta, eliminaron la mayoría de las organizaciones. Una de las más importantes: creen que efectivamente son las responsables del estallido social de 2018 y la resistencia cívica que se mantiene hasta el día de hoy.

Temen que ese invaluable capital social sirva para canalizar el profundo descontento que persiste entre la ciudadanía y se ha vuelto cada vez más caudaloso por causa de la radicalización del régimen autoritario. Quieren evitar a toda costa un nuevo estallido social y tener bajo control a toda la sociedad nicaraguense. Su afán autoritario ya llega incluso hasta sus propios partidarios que no se han librado de la vigilancia, la persecución y los encarcelamientos.

El momento no es casual. El régimen se prepara para un escenario de sucesión dinástica. Por eso han derruido todo vestigio de ciudadanía silenciando las voces críticas de los medios de comunicación, eliminando cualquier expresión de oposición, limitando derechos y libertades fundamentales, como el derecho a las creencias y la libertad religiosa, y el derecho de asociación. Su círculo de poder es cada vez más estrecho y le temen hasta a su propia sombra. Pero en la medida en que más se radicalizan, más alimentan el descontento y el deseo de cambio en Nicaragua.

Hoy podemos afirmar con certeza que el mundo experimenta el aumento de los autoritarismos. Es una nueva ola autocratizadora. Es la tercera de este tipo, desde que la independencia de los Estados Unidos y el big bang de la modernidad política propiciaron el inicio de una democratización progresiva a escala global.

La primera gran ola de reversiones autoritarias coincidió con la Segunda Guerra Mundial, mientras que la segunda tuvo lugar durante la Guerra Fría.

[Lee también: Latinoamérica en su laberinto]

La posibilidad de perder la democracia liberal debe preocupar a todos. Se trata del régimen político que objetivamente le ha permitido vivir en mejores condiciones a una mayor cantidad de gente en todo el mundo. No solo limita el ejercicio abusivo del poder y amplía las posibilidades para el desarrollo personal de cada individuo. También ayuda a prevenir las guerras internacionales: no se conocen casos de conflictos armados sostenidos entre democracias liberales.

El propósito del presente manual es muy concreto: ofrecer al lector una anatomía general de los autoritarismos, con un énfasis particular en las autocracias de nuestro tiempo. Para ello se caracterizan su lógica, morfología y funcionamiento, al tiempo que se ofrecen algunas herramientas básicas para su temprana identificación y eventual neutralización. El texto está dirigido primordialmente al lector de habla hispana y concentra sus referencias en la realidad contemporánea de América Latina.

En octubre de 2024 se llevará a cabo las elecciones regionales y municipales en Chile. El proceso que sirve de termómetro de cara a las elecciones legislativas y presidenciales de noviembre del 2025. En los últimos años, el caso chileno ha presentado síntomas de agotamiento y deterioro de su sistema político. Un mayor número efectivo de partidos, incrementos en los niveles de fragmentación y problemas para procesar conflictos políticos mediante reformas de políticas públicas o leyes, son indicios de un problema mayor y que pone en tela de juicio la situación del país. Aquí, analizaremos estos elementos y proyectaremos los desafíos de la democracia en Chile.

Democracia y política en Chile

El caso chileno destacó por la persistente institucionalización de su sistema de partidos, la estabilidad de sus reglas electorales y una matriz de diseño de políticas públicas basada en la gradualidad y focalización. A partir de la reforma electoral de 2015, que reemplazó el sistema binominal por el denominado Sistema Proporcional Inclusivo, y los procesos constitucionales fallidos de 2021 y 2023, el paradigma del buen estado de salud del sistema democrático y político de Chile ha sido cuestionado. A esto se suma un nuevo antecedente: el proceso de inscripción de candidaturas para las elecciones regionales y municipales de 2024. 

Distintos medios de comunicación y analistas han mostrado interés en el número de candidaturas de independientes que corren por fuera de las grandes coaliciones. Al caracterizar el proceso, las elecciones regionales y municipales de 2024 serán novedosas. Por un lado, se elegirán de forma simultánea concejales, alcaldes, gobernadores y consejeros regionales por primera vez. Además, el voto será de carácter obligatorio.

[Lee también: Gerardo Munck: “En Latinoamérica tenemos democracia, pero tienen muchos problemas”]

Por esto, resulta difícil comparar los procesos de 2024 con el de 2021. Aunque ambos están marcados por el surgimiento de liderazgos por fuera de los partidos tradicionales. El aumento de listas electorales y partidos políticos en competencia contribuye especialmente a los problemas de coordinación entre los agentes. En esa línea, surgen una serie de preguntas: ¿es un fenómeno exclusivo de las elecciones de 2024? ¿Qué efectos puede tener el sistema político? ¿Qué espacio de mejora existe?

Fragmentación del sistema político

Luego de los dos procesos constitucionales, de 2021 y 2023, la reforma del sistema político y el problema de la fragmentación se han hecho cada vez más presentes en el debate nacional. Al referirnos a la fragmentación como uno de los problemas asociados al sistema político y el funcionamiento de la democracia, se pone el acento en el número de partidos que cuentan con representación parlamentaria principalmente. La siguiente tabla muestra algunas estadísticas descriptivas.

La reforma electoral de 2015 —puesta en marcha en la elección parlamentaria de 2017— generó efectos que contribuyeron al disminuir las barreras de entrada al sistema político y al surgimiento de nuevos partidos y coaliciones políticas. Un ejemplo la izquierdista Frente Amplio. Al contar el número de partidos que compiten en las elecciones y obtienen representación parlamentaria, recurrimos a la propuesta teórica de Laakso y Taagepera. Se enfoca en el Número Efectivo de Partidos (NEP) o los partidos más relevantes en términos de competencia electoral.

Si bien la tabla muestra un aumento entre 2009 y 2021, el NEP no es el único elemento en el debate. Otro de los argumentos de la discusión, tiene que ver con la debilidad de los partidos políticos y su representatividad en la sociedad. A la hora de pensar una reforma, no existe consenso en la academia chilena. Ha puesto su foco en esta segunda dimensión, mientras que otro grupo recalca principalmente las reglas del sistema electoral y sus efectos.

¿Cómo seguir?

Resulta crucial abordar las preguntas iniciales. Primero, la proliferación de candidaturas independientes son un reflejo de la realidad del sistema político chileno luego del 2015. Las reglas electorales vigentes, sumadas a las bajas barreras legales para la formación de partidos y la situación de debilidad de los partidos, generan los incentivos para ese tipo de candidaturas.

Esto tiene efectos en la democracia chilena. Contribuye a la erosión de la institucionalidad democrática del país y al debilitamiento del sistema de partidos. Un sistema de partidos débil, con altos costos de transacción y coordinación entre los agentes políticos genera problemas en distintos ámbitos. Lo más preocupante tiene que ver con la capacidad de respuesta del sistema ante problemas públicos y demandas de políticas públicas por parte de la ciudadanía. Un sistema político incapaz en una crisis de seguridad pública o de la seguridad social de los sectores más vulnerables de los países, contribuye a aumentar la distancia de la ciudadanía hacia la democracia. Da pie a la irrupción de liderazgos antiélites y antisistema.

El debate sobre la reforma del sistema político chileno está cruzado por una serie de intereses de parte de los incumbentes, que siempre buscarán asegurar su reelección. Debe haber una mirada sistémica al abordar el problema, que aborde tanto la dimensión de la gobernabilidad, asociada al número de partidos, y la de representatividad, vinculada a la debilidad de estos para no caer en problemas aún mayores.

El principal desafío no radica exclusivamente en la generación de propuestas. También en la capacidad de contar con el apoyo legislativo y político de forma transversal a la idea de legislar una reforma integral del sistema político, que incorpore el sistema electoral pero también medidas que cambien los incentivos del comportamiento de los actores luego del procesos de elecciones.

Reforma compleja

Dado el avance en el que se encuentra el gobierno del presidente Gabriel Boric, es difícil saber si se avanzará en esta reforma tan compleja. Si la falta de diálogo legislativo desincentiva la búsqueda de consensos mínimos y no se logra algún tipo de ajuste del sistema político, una vez instalado el nuevo gobierno la problemática de la fragmentación podría incrementarse aún más. En los últimos meses han surgido propuestas desde el Congreso chileno para abordar esta temática como la pérdida de escaños ante renuncia a partidos y la utilización de umbrales mínimos de votación más altos que los actuales para la obtención de escaños. Aunque sin suficiente apoyo de las distintas coaliciones con presencia en las cámaras legislativas.

[Lee también: La inteligencia artificial y su impacto en los procesos electorales]

Una forma de enfrentar la reforma debiese ser mediante el fortalecimiento de los partidos y el aumento de requisitos para la creación de nuevos partidos políticos. Por otro lado, una reforma sistémica (que exige una mirada de largo plazo) debiese ir acompañada de una revisión del sistema electoral, tanto del diseño de los distritos como del número de escaños a entregar por cada unidad electoral.

Sociólogo y educador peruano, fue ministro del Interior del Perú durante el gobierno de Ollanta Humala (2015). Fue profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú, la Universidad del Pacífico y la Universidad San Martín de Porres. Fue agente de pastoral carcelaria en el penal de Lurigancho. Es autor de numerosos libros como Pastores & políticos (2022) y Entre Dios y el César (2017).

Participó como exponente en la XXI Jornadas de Alternativas Religiosas en América Latina en la Universidad Católica del Uruguay. Allí conversamos sobre la evolución histórica de las iglesias evangélicas, su participación en la política y su rol en el establecimiento de la agenda moral.

Los evangélicos

¿Que significa evangélico?

—El término puede ser polisémico según la región y la época. En el contexto inglés, conocemos el término evangelical, que se caracteriza por un alto nivel de actividad misionera. Las iglesias que no evangelizan no son consideradas evangelicals. Además, se centran en Cristo y en la Biblia, y suelen tener una interpretación muy literal de esta. Estas Iglesias son participativas, lo que significa que tienen un altísimo nivel de vida comunitaria.

En América Latina, históricamente se utilizaba el término evangélico para describir a todos los grupos protestantes. Con el fin de la Corona española, a muchos países de la región llegaron los protestantes tradicionales europeos como anglicanos y luteranos. A fines del siglo XIX llegaron los primeros misioneros protestantes propiamente dichos y los hijos del protestantismo directo como bautistas, anglicanos, metodistas, episcopalianos, presbiterianos.

Evolución histórica

¿Protestantes o evangélicos?

—En 1910 se realizó el Congreso Mundial de Misioneros Protestantes en Edimburgo. Allí se dijo: «no vamos a ir a América Latina porque ya es católica, es cristiana». Sin embargo, hay un grupo disidente, que afirma que es católico, pero no es cristiano. No le reconocen la cristiandad al catolicismo. Por eso vienen a misionar y a cristianizar, porque el cristianismo —dentro de esa perspectiva evangélica— no es religión. En 1917, esos disidentes hicieron un congreso en Panamá. Hasta entonces tuvo sentido subdividir entre los evangélicos y los evangélicos tradicionales o protestantes.

[Lee también: Pastores y políticos: una relación dinámica en América Latina]

En paralelo, a partir del siglo XX comenzó el movimiento pentecostal como movimiento, pero no como denominación. Es un movimiento espiritual, como el movimiento carismático del catolicismo.

El pentecostalismo

¿Cuáles son las características de los pentecostales?

—Doctrinalmente son muy parecidos a los evangélicos, pero tienen actualmente un acento en la actuación del Espíritu Santo. Se considera que el Espíritu Santo continúa actuando hoy a través de los dones espirituales como hablar en lenguas, profetizar y sanar; afirman que Dios te puede hablar a ti directamente. Es un movimiento que se distingue por las liturgias cantadas, alegres. Visto desde fuera, podría ser gente que entra en éxtasis. Para el foráneo, la gente tiembla, baila, habla en lenguas. Hay mucha emoción.

[Lee también: ¿Por qué la democracia necesita de la religión?]

Las denominaciones institucionales evangélicas veían a los pentecostales como una secta. No las reconocen como suyas, sino más bien como fanáticos religiosos que dicen que el Espíritu Santo les hace bien. En América Latina, el pentecostalismo fue de populares, marginales, pobres. En portugués se hablaba de las «cuatro P»: pobres, periféricos, pretos y pentecostales. Si al comienzo del siglo los evangélicos eran marginales en América Latina, los pentecostales eran los marginales entre los marginados. Fueron precisamente ellos quienes lograron en los últimos cincuenta años convertirse en un movimiento de masas. Su atractivo es el canto, la oración, el compañerismo. Eran Iglesias populares de gente necesitada, pobre, migrante, de lugares donde la Iglesia católica, las autoridades y el Estado no llegaban, pero sí llegaban los pentecostales y formaban comunidades.

Entrada en la política

En los setenta, los evangélicos evitaban la política. ¿Qué cambió?

—Se pueden identificar tres líneas de explicación paralelas: un factor sociológico, uno político y uno teológico.

Sociológicamente, se puede entender el pentecostalismo como una forma de autocapacitación. El converso deja de tomar, se dedica a su esposa, tiene capacidad de ahorro y sus hijos van al colegio. Ahí comienza a cambiar el estatus económico. Finalmente, sus nietos van a la Universidad. El pentecostalismo va cambiando su estatus social de marginado religioso y social. Con este cambio de estatus llegó el apetito por la política.

Desde el punto de vista político, las condiciones marco cambiaron significativamente con la desaparición de las dictaduras a finales de los años ochenta. Entonces se lanzaron a la política. Primero pensaron en un partido confesional con una agenda social. Esos partidos confesionales de los ochenta, en todos los países de América Latina, fracasaron y desaparecieron. Se dieron cuenta de que no existía el voto confesional, de que los evangélicos no necesariamente votaban por el candidato evangélico.

Entonces cambió la estrategia: si como evangélicos no vamos a llegar, entonces vamos a unirnos con otras personas y a apoyar candidatos para poder llegar a la presidencia.

La tercera forma de participación política es la fracción evangélica: ya no queremos la presidencia, queremos llegar al Congreso. El modelo de partido fracción es más exitoso en términos electorales y en términos políticos. No necesitan tener mayoría en el Congreso sino una minoría calificada.

Cambios teológicos

¿Qué cambió en la teología?

—La perspectiva evangélica era muy escatológica. Esperaban que Cristo volviera pronto. En esta lógica, se dice: ¿para qué voy a entrar en el sindicato si lo que yo quiero es que venga Jesús en su segunda vuelta? Es más, cuanto peor estén las cosas, se va a cumplir todo lo está profetizado para el fin del mundo. El objetivo no es cambiar el mundo, sino salvar almas.

Ahí es donde cambia el acento. Teológicamente, se habla de un cambio del pre al posmilenialismo. Ahora enfatizan que Cristo ya está. Entonces se pasan de premilenalistas, es decir, primero tiene que venir el milenio. Cristo ya vino espiritualmente, ya estamos en el gobierno de Dios. Entonces, si Dios es el dueño de todo, sus hijos no tienen que huir del mundo, sino conquistarlo.

[Lee también: ¿Qué sucede con la religión en América Latina?]

El catolicismo de los sesenta y setenta casi glorificaba el sacrificio y la pobreza. Sobre todo, con la teología de liberación. Allí los pobres eran los santos. En cambio, los evangélicos proponían disfrutar de esta vida sin remordimientos. Surgió la teología de la prosperidad, no con base en el trabajo y el ahorro (Max Weber) sino en la promesa y la ofrenda. La promesa es que Dios te dará ciento por uno. «Voy a bendecirte a ti y a todas tus generaciones, te voy a llevar a tierra que mana leche y miel». El lado B es que si tú eres pobre es porque no tienes fe.

Ese enfoque es que, al menos, es una teología de la alegría, de la prosperidad. Observo que los cultos de neopentecostales no son ceremonias religiosas, son negocios, intercambios. Los testimonios ya no giran alrededor de tu conversión y cómo Dios ha cambiado tu vida.

Megaiglesias y prosperidad

¿Se trata de entusiasmo o de un negocio?

—Esto funciona en el sentido pragmático. Con entusiasmo y toda una comunidad que te apoya, te va a resultar, aunque al final termine en payasada.

El pastor es el primero en volverse millonario y promete a sus seguidores que pueden ser como él. Es lo que se llaman Iglesias aspiracionales: quieren otro estatus social, ser como el pastor.

Además, también tienen la teología de la guerra espiritual. Los pentecostales creían en demonios, exorcismos y liberaciones, y hacían oraciones. Ahora, ese demonio que entraba a nivel personal, se vuelve institucional y territorializado. Comienza la guerra espiritual en ámbitos dominados por el demonio: vamos a expulsarlo, vamos a entrar y a conquistar la paz.

En la medida en que los pentecostales y los evangélicos que se van juntando, tienen ascenso social, acceden a clases medias, comienzan a conquistar clases altas, construyen megaiglesias, tienen dinero y comienzan a entrar en la política. Pero no como una agenda social, sino como una agenda moral.

El discurso moral

¿Qué es la agenda moral?

—Provida y profamilia contra el aborto, contra la ideología de género y contra todo lo que tenga que ver con eso.

Cambiaron la estrategia y de temas. Con lo que ellos llaman ideología de género logran una unión que no se había logrado nunca. Esa agenda llamada moral es lo que unifica a todos los evangélicos. Interesantemente, el término ideología de género no lo crean los evangélicos, sino los católicos. Esta imagen del enemigo del marxismo cultural es fundamental para la movilización política de los evangélicos. Con este mensaje, Bolsonaro como católico logró ganar muchos votos evangélicos. Estas guerras ideológicas consisten en ponerle nombre a los enemigos. Juntan comunista, izquierdista, pobre, terrorista, traidor. Es como que dijeran que todo eso es el mal. Nosotros, en cambio, somos el bien. Estamos en una lucha ideológica, cultural y valorativa, espiritual. Vemos esto en los discursos de Bolsonaro, Milei, Bukele, pero también de AMLO. Todos tienen connotación religiosa.

Perspectivas del evangelismo

¿Ya pasamos el auge del evangelismo?

—Antes los evangélicos crecían a costa de los católicos. Era más fácil sacar a un católico no militante y convertirlo en evangélico militante. Ese católico bautizado en un hogar católico tenía los valores cristianos. Tenía el hardware, pero le faltaba el software. Los evangélicos le cambiaban el programa.

Ahora, en cambio, el catolicismo ya no forma católicos. Se da otro fenómeno que es el de los no afiliados, el grupo que está creciendo más. Por ejemplo, en Chile, el catolicismo ha bajado de 70 % a 40 %. Pero los evangélicos no han crecido. El grupo que está creciendo más es el de los que no tienen afiliación religiosa ni católica ni evangélica.

Finalmente, los evangélicos dejaron de identificarse como protestantes. Ahora son cristianos y ahora reconocen la cristiandad católica, porque necesitan de esa mayoría cristiana. Bolsonaro es un buen ejemplo de esta nueva alianza entre católicos y evangélicos. Afirma que el Estado es cristiano, que el presidente y la mayoría de los brasileños son cristianos. La conclusión es que vamos a legislar para la mayoría que es cristiana.

La nueva división ya no es más entre católicos y evangélicos, sino entre católicos y evangélicos conservadores y católicos y evangélicos progresistas. Se da un ecumenismo político que les permite unirse unos con otros. Tenemos un ala más radical de derecha conservadora, pero ya no se trata de un voto confesional, sino valorativo. Cambió el panorama religioso y político.

El panorama futuro

¿Qué rol juega el miedo respecto al futuro?

—Hay miedos muy elitistas. El pobre que está recogiendo basura no piensa en la inteligencia artificial o el cambio climático. «Un poco más de bronceador y ya está». No son temas que muevan la aguja. La gente no deja de dormir por la guerra. Pero no dormía por el covid-19, que sí fue democrático.

El miedo actual es a no tener trabajo el día siguiente. Ese es el miedo mayor para la gente.

La Fundación Konrad Adenauer recibió el miércoles al profesor español Sergio Castaño, que presentó el último DP Enfoque El poder blando de Irán en América Latina: HispanTV.

Castaño, que es analista político, doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Valladolid y profesor en la Universidad Internacional de La Rioja, ahora también es parte de la red de autores de Diálogo Político.

Sus estudios en el tema iniciaron al investigar la relación entre la Unión Europea y los países árabes y musulmanes y los movimientos políticos del islam. Cuenta que, así, recibió en 2015 un mensaje en X en el que el medio iraní HispanTV lo invitaba a colaborar como analista a cambio de “una oferta económica interesante”.

[Lee también: El poder blando de Irán en América Latina: HispanTV]

Algunas cosas llamaron su atención, como el apoyo al independentismo catalán en España o al partido político Podemos, que llevó a Pablo Iglesias a la vicepresidencia de ese país en 2020. “¿Cómo llega Podemos al gobierno?”, se pregunta Castaño. No duda que el espacio brindado por HispanTV haya influenciado la popularidad de Iglesias.

Mediante el medio de comunicación dirigido a los hispanohablantes, Irán lleva adelante una estrategia de poder blando que busca instaurar una narrativa a su favor ante el mundo hispano. ¿Cuál es su objetivo?

Ganar aliados

¿Por qué Latinoamérica debe mirar a Irán?

—Irán se está convirtiendo en un actor internacional muy relevante. Lleva veinte años buscando ganar relevancia. Irán tiene alianzas, sobre todo con China y Rusia, pero también en América Latina, como con Venezuela, Nicaragua y Cuba, incondicionales. Está desafiando Estados Unidos, que ya no tiene instrumentos más allá de las sanciones para poder arrinconar a Irán. Otros países, como ahora mismo Brasil o Colombia, también simpatizan con Irán por esa posición que han adoptado tanto Lula [da Silva] como Gustavo Petro contraria a los intereses de Estados Unidos. 

¿Cree que Irán estudia más a Latinoamérica que Latinoamérica a Irán? 

—Sí, muchísimo más. Irán tiene claro dónde tiene que desarrollar su actividad. No la puede desarrollar en Europa ni en Oriente Medio, porque está enemistado que la mayoría de los países vecinos, y tampoco en Norteamérica. Tiene un campo de acción en Asia y en América Latina. Irán ha estudiado perfectamente a todos los países de América Latina y sabe cuál es la estrategia que tiene que desarrollar. Por el contrario, en América Latina hay un total desconocimiento de Irán. No se diferencia lo que es Irán de Irak, no se diferencia lo que es un país árabe de Irán, un país persa. Esto también favorece mucho a que Irán pueda penetrar en América Latina. No hay una percepción negativa como la podemos tener en Europa o Estados Unidos, donde Irán se ha señalado como un enemigo a abatir. En Latinoamérica, no. Salvo el caso de Argentina, por los atentados del año 92 y 94 [ caso AMIA]. 

Contradicciones ideológicas

¿Cómo ha logrado Irán —confesional, conservador, muy dirigido hacia una sola orientación religiosa— generar vínculos con otros países que tienen sectores políticos más diversos, multiculturales? ¿Cómo se gesta ese vínculo?

—Irán lo tiene claro: hay que buscar un nexo, una narrativa para conectar con América Latina. Ese nexo está en la posición de los gobiernos de izquierda y de todos los partidos progresistas contra la hegemonía de Estados Unidos. Partiendo de esa lucha contra el imperialismo de países revolucionarios, como la revolución iraní, la revolución islámica y la revolución bolivariana, que impulsó Hugo Chávez, aunque no tengan nada que ver las dos revoluciones. Así fue construyendo estas alianzas. 

A partir de eso, Irán tiene que esforzarse para resultar atractivo. Hablamos de poder blando. Por eso hace tanta referencias al pasado persa, a la convivencia, a su modelo político basado en la religión, que intenta conectar con los países en los que hay una presencia de catolicismo mucho más fuerte. En comunidades basadas en principios de la familia, religiosos. Esas narrativas se va trasladando para que Irán pueda ser un país amable. Es muy difícil que una cultura tan distante como es la de Irán pueda resultar atractiva para el ciudadano uruguayo, argentino o venezolano, que la desconocen. Cuando les hablas de que en Irán hay una serie de normas que obligan a las mujeres a llevar la cabeza cubierta o que impiden ciertas acciones sociales, que son normales en sus países y que no se pueden llevar a cabo en Irán, esto les resulta chocante. 

Sin explicaciones

¿Qué concesiones internas hace Irán para que los ciudadanos toleren la cooperación con otros países tan diferentes?

—El régimen tiene un control total del país, que impide que la sociedad se pueda pronunciar. Cuanto hay manifestaciones, tienen los instrumentos para poder reprimir. Saben que hay una oposición importante dentro de Irán. El caso de Masha Amini fue clarísimo: hubo una semana de protestas y eso se cortó. No ha vuelto a haber nada más. Además, hay un control total de las redes sociales. Internet no funciona de forma libre, entonces para la población es muy difícil manifestarse, comunicarse. Es verdad que a través de VPN están empezando a tener cada vez más acceso al exterior, más contacto y más acceso a las redes sociales.

Pero para el gobierno no es necesario justificar sus acciones de política exterior. Es más, ni siquiera tienen que plantear la estrategia que están llevando a cabo en el América Latina, vinculándose con partidos de extrema izquierda que defienden unos postulados totalmente contrario a los principios de la República Islámica de Irán.

Igual que HispanTV en Latinoamérica, tienen muchos otros canales que todos dependen del líder supremo que es quien controla los medios de comunicación y la información. No hay medios alternativos, no hay medios de comunicación privados que puedan cuestionar lo que hace el gobierno. De modo que, salvo la información que puedan obtener del exterior a través de estas del software VPN, el resto de información la controla por completo el gobierno. Presentan una realidad internacional ajustada a los parámetros que quieren. 

En primera persona

¿Cómo ha sido la experiencia de trabajar para HispanTV?

—Nunca pensé que me fueran a llamar. Había terminado mi tesis doctoral dos años antes y en 2015 recibí un mensaje por Twitter en el que se me invitaban a trabajar en HispanTV. Irán todavía no había desplegado toda su estrategia, estaba en proceso. Tenía muchos intereses en España y América Latina. Pero, en este momento, no se presentaba como un canal tan sesgado, sino que querían dar voces a diferentes opiniones para confrontarlas. La idea siempre fue apoyar, en este caso, a Venezuela o partidos de izquierda. Pero intentaban que en sus programas hubiera cierta pluralidad.

A mí me extrañaba mucho que me siguieran llamando porque mis comentarios nunca fueron favorables ni al chavismo ni a Rafael Correa, en aquel momento todavía presente en Ecuador, ni a ninguno de los gobiernos progresistas o bolivarianos que había en América Latina. Tampoco a favor de Podemos, en España. 

¿Cómo fue el trato con el medio?

—Noté la opacidad de este canal en mi experiencia entre los estudios de Madrid, donde solía ir, y Tehran, en mi viaje de vacaciones a Irán. Me puse en contacto con la persona que me llamaba normalmente. Teníamos una comunicación bastante fluida. Pero cuando llegué a Irán, dejó de responder mis mensajes. No querían que fuera a los estudios de HispanTV. 

También me pareció extraño cuando, luego, desde HispanTV cada vez que me llamaban para una entrevista me avisaban: “Vamos a hablar de Palestina, sabes que la posición de la cadena es favorable Hamás, ¿vas a hablar en favor de Hamás?”. Apoyaban el independentismo catalán y me hacían lo mismo. Había una censura previa. Eso te impone una autocensura; saber que hay determinadas cuestiones en las que tienes que ser muy prudente para no ofender a nadie. Dejé de colaborar con ellos porque me dijeron que ya no tenían presupuesto para seguir pagando a los colaboradores. 

Bloque mundial alternativo

¿Cómo se proyecta que continuará esta estrategia de poder blando? 

—Va a seguir porque Irán necesita tener el apoyo del máximo número de países posible y la estrategia está funcionando. Es una estrategia conjunta con Venezuela, Rusia y China. La intención es apoyar la creación y la consolidación de un bloque internacional alternativo que le reste influencia a Estados Unidos.

En esa estrategia, Irán tiene unos intereses particulares: tener mayor presencia en algunos países y establecer relaciones comerciales. Está potenciando la diplomacia, han abierto embajadas. 

Creo que va a terminar dando sus frutos porque, a pesar de los cambios bruscos en América Latina, que hemos visto en Ecuador, Argentina, Brasil, siempre van a haber gobiernos que en algún momento van a tratar de alejar de Estados Unidos y aproximarse a ese bloque mundial alternativo. 

¿Por qué sucede eso?

—Hay muchos sectores en la sociedad de América Latina, sobre todo después de la Operación Cóndor y el apoyo a muchas dictaduras, que ven a Estados Unidos con cierta reticencia. También sucede en Medio Oriente, después de las invasiones de Afganistán y de Irak. Se señala a Estados Unidos como el culpable de muchas situaciones en estos países. Eso refuerza el poder de muchos gobiernos de izquierda. Irán, China y Rusia lo aprovechan para apoyar a estos gobiernos crear un respaldo internacional.