El pasado 7 de abril se llevó a cabo en México el primero de los tres debates oficiales entre las candidatas Claudia Sheinbaum (Morena-PT-PVEM), Xóchitl Gálvez (PAN-PRI-PRD), y el candidato Jorge Álvarez Maynez (MC) a la Presidencia de la República. Los debates presidenciales en México han sido una parte fundamental del proceso electoral desde su introducción en 1994. Estos eventos han servido como plataformas clave para que los candidatos presidenciales presenten sus propuestas. También permiten confrontar ideas y discutir temas relevantes para el país. A lo largo de los años, los debates han evolucionado en términos de formato y alcance. Esto refleja los cambios en la política y la sociedad mexicanas. Han sido momentos cruciales para la toma de decisiones de los votantes y para la evaluación de los candidatos. Constituyen una contribución significativa al proceso democrático en México.

En el contexto actual, vale la pena analizar el debate más allá de la coyuntura y la pregunta que al calor de la pasión de la batalla electoral los equipos de campaña, medios de comunicación y electores afines buscan responder -¿Quién ganó el debate? También queremos plantearnos ¿para qué sirve un debate en el contexto de la campaña electoral y qué tanto contribuye a la democracia? Y si el ejercicio realizado el pasado 7 de abril ha servido en estos términos.

Conocer las opciones

En la democracia, el debate es un ejercicio de la mayor importancia porque permite al electorado conocer las opciones existentes y compararlas para tomar una decisión informada a la hora de votar.

De acuerdo con Janine Otálora, Magistrada y Expresidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de México, un debate político consiste en la exposición e intercambio de opiniones a partir de la ideología de los candidatos, su plataforma electoral y su programa político. Además, es un ejercicio democrático complementario que pone a disposición de los ciudadanos la información necesaria para ejercer sus derechos políticos. Sin embargo, en el ámbito político-electoral, el debate es considerado una herramienta más de la estrategia y la táctica de la contienda, debido al seguimiento que los medios de comunicación y la población en general dan a su contenido. (Otálora, 2014).

Según la autora (2014) una sociedad democrática es una comunidad fundada en la comunicación entre los poderes, los actores políticos y la población. Por lo tanto, todo aquel instrumento que permita el libre flujo de información, potencie la pluralidad ideológica y brinde herramientas a los ciudadanos para ejercer un voto libre, secreto y razonado —como es el caso de los debates—, resulta fundamental y merece el apoyo de las instituciones electorales, de los partidos políticos e, incluso, de los medios de comunicación. Es decir, el debate desde el aspecto normativo, en el deber ser es un espacio de intercambio de ideas y propuestas para que la ciudadanía —libre y racionalmente— elija racionalmente las que considere mejores o la que en su caso sienta que se ajustan a sus preferencias.

Derecho ciudadano

El debate es principalmente un derecho de la ciudadanía, es un ejercicio de interés público para que el ciudadano ejerza un voto informado. También es un derecho de candidatas y candidatos de contar con un espacio para expresar libremente sus ideas y propuestas en igualdad frente al electorado.

Parte de la premisa de que dialogamos. El punto de partida es que en la democracia la palabra reina por encima de la fuerza o la violencia. Y que en el diálogo público, de frente a la ciudadanía, se logra una mejor comprensión los temas de interés público para una construcción en consenso de soluciones para los problemas que nos afectan a todos.

Siguiendo a Otálora- el debate es la expresión, la más álgida y puntual, de la arena en la que se desenvuelve la batalla electoral. Es en donde la ciudadanía presencia la confrontación “cara a cara” de las personas que buscan el poder. A algunos sectores del electorado les disgusta la confrontación directa, el ataque personal entre candidatos. Otros sectores parecen disfrutar de la política como un “espectáculo” en el que debe haber claros ganadores y vencidos. Desde una postura realista, no olvidemos que la palabra «debate» está formada con raíces latinas y significa «discusión, controversia». Sus componentes léxicos son: el prefijo de- (dirección de arriba abajo, separación, disminución, alejamiento, privación) y battuere (golpear). La confrontación es un elemento constitutivo del debate. Pero cuidado, no confundamos debate con diatriba, la diatriba va mas allá de la confrontación o contraste, significa ‘ataque o crítica violenta’.

Intercambio y contraste

Sigamos entonces con la cuestión principal. ¿Nuestro debate ha servido como espacio de intercambio y contraste de ideas, como derecho ciudadano a un voto informado y derecho de las candidatas y el candidato para expresarse libremente frente al electorado?

El esquema del debate es por sí mismo un espacio de intercambio y contraste de ideas. Sin embargo se ha criticado por parte de expertos, comunicadores y los participantes del mismo que el formato fue ineficaz para lograr ese intercambio. Un mal manejo del tiempo, muchas preguntas y pocos espacios de verdadero diálogo entre ellos. No convenció y tendrá que ser mejorado para los siguientes ejercicios.

Por otro lado, de acuerdo con el primer reporte del Instituto Nacional Electoral, casi 13 millones de personas siguieron el primer debate presidencial 2024. Este fue retomado también por varias televisoras. El debate alcanzó en Facebook más de 7.4 millones de reproducciones; en X 536 mil 191 vistas, con 344 mil 214 espectadores.

En YouTube tuvo 823 mil visualizaciones en español; nueve mil 800 en maya; 15 mil 800 en náhuatl; 34 mil 700 en tsotsil y 164 mil 300 en Lengua de Señas Mexicana. Además, la compañía Nielsen IBOPE México reveló que la audiencia a través de televisión abierta fue de cuatro millones de espectadores. Estos estaban distribuidos en 28 ciudades del país. Esto quiere decir que el debate se convirtió en el segundo debate más visto de la historia, por detrás de uno de los encuentros de 2018. La noche del domingo 7 de abril la conversación en las redes sociales fue dominada por el debate. Para las 22:00 horas, el hashtag #DebateINE se retomó 470 mil 982 veces. El hashtag #Elecciones2024MX tuvo 24 mil 406 menciones, mientras que el hashtag #ElINEestálisto, 348 menciones, especificó el INE.

La audiencia

El Listado Nominal de México está integrado por 99,084,188 electores. Con datos preliminares es posible afirmar que aproximadamente 13% del electorado acudió a ver el debate. Prácticamente 9 de cada 10 electores no lo vieron. Habrá que investigar la razón de esta poca participación. ¿Lo consideran un derecho?, ¿Lo consideran un mecanismo efectivo para un voto informado? ¿El formato es adecuado? ¿La fecha y horario son idóneos? ¿Se convoca por los mejores medios?

El otro aspecto importante será analizar si el debate influye o no en la definición de intención del voto del elector. ¿Cambió el sentido del voto de los electores que ya antes habían decidido su voto antes del ejercicio? ¿Logró definir a los votantes indecisos? Eso lo sabremos cuando se publiquen las encuestas de opinión postdebate.

Una primera conclusión a reflexionar es que el debate cumple con la formalidad de ser un espacio de intercambio, exposición de ideas y contraste. Garantiza el derecho del electorado al voto informado y el de las personas candidatas a la libre expresión de sus propuestas en igualdad de condiciones. Pero los números son fríos: 90% de la ciudadanía no vió y no participó del debate. Nos queda a deber como ejercicio por lo menos, de la mayoría de los llamados al voto.

¿Qué falta para que este ejercicio se convierta en un mecanismo que convoque y motive a la ciudadanía para ejercer un voto informado? El formato debe configurarse para propiciar más y mejor diálogo y menos diatriba entre los participantes.

Los mensajes

Hoy vemos una exposición de mensajes inconexos por parte de los actores buscando comunicar a su segmento electoral objetivo en la lógica de la racionalidad estratégica: “convence a tu público objetivo”. Esta lógica de la estrategia electoral va a imperar en todos los casos -es natural- pero falta ritmo, veracidad, falta realismo y humanidad. Mientras los escenarios sean simulaciones de diálogo -por que claro, se ensaya hasta el cansancio- no habrá nunca una verdadera conexión con las personas a quienes se está convocando a informarse. No caigamos en el extremo o la ilusión de eliminar la técnica o la estrategia. Mejor probemos escenarios y formatos que realmente le demuestren al electorado quién es quién para gobernar, cómo serán los candidatos si llegan a ganar cuando enfrenten los grandes problemas del país.

Sigamos aprendiendo de las lecciones de la retórica aristotélica, el candidato debe cubrir el logos, que se refiere a la apelación lógica o racional en un discurso, basada en argumentos y evidencias. Los candidatos requieren mejorar su capacidad de persuadir a través de la razón y la lógica, brindando argumentos creíbles conectados con la realidad. Valoremos la verdad, sin ella no hay política de Bien Común posible. El candidato debe balancear y centrar el pathos. Este se refiere a la apelación emocional en un discurso, dirigida a los sentimientos del público para generar empatía, antiaptía o simpatía. Y, finalmente, debe concentrarse en el ethos, la apelación que se relaciona con la credibilidad, confianza y ética del lider, basada en su reputación, autoridad y carácter moral, la que influye en la persuasión del público al establecer la confianza en su discurso y su persona.

La autoridad personal

El electorado puede perdonar un error de lógica y desafortunadamente ha dejado de distinguir la realidad en el mundo de la posverdad. Pero queda el carácter, el ethos.Y el electorado no perdona una falla de carácter y de autoridad personal, de credibilidad. Los candidatos requieren construir credibilidad comprometiéndose al diálogo, hablando con la verdad y abriéndose a escuchar al otro genuinamente. Un sector de la ciudadanía quiere ver que las conclusiones aporten soluciones -en un ejercicio dialéctico- a una nueva comprensión de la verdad para resolver los problemas que a todos nos afectan.

En el debate que vimos el 7 de abril, lo que predominó fue la imposición de las racionalidades propias bajo el supuesto de que quien “gana” un debate es quien mejor posiciona su mensaje sin diálogo y bajo la lógica de que quien mejor ataca o se defiende es quien gana. Solo nuestra candidata Xóchitl Gálvez, del Frente Fuerza y Corazón por México, aportó propuestas concretas y contrastes claros reconociendo la grave realidad que vive nuestro país en materia de salud, corrupción y violencias. Llamó al diálogo a la candidata del régimen y cuestionó de frente, pero no obtuvo respuestas.

En un debate electoral, es estratégico para los equipos buscar ganadores y perdedores, pero no deben olvidar que la ciudadanía debe ser quien gane, y triunfará en la medida en la que les presentemos líderazgos realistas, comprometidos con la verdad, capaces de exponer ideas con lógica, con emoción y con autoridad.

Se avecinan las elecciones en Panamá, ¿cuál es el panorama? Según el politólogo e investigador Harry Brown, las instituciones y el sistema democrático del país atraviesan un proceso de cambio. Los partidos políticos tradicionales se ven desafiados por la habilitación de candidatos de libre postulación y, a su vez, la ciudadanía no confía en las instituciones, explica el director del Centro Internacional de Estudios Políticos y Sociales (CIEPS) en entrevista con Diálogo Político. 

Sin embargo, la democracia panameña dio señales de fuerza al condenar al expresidente, y principal candidato de cara a mayo, Ricardo Martinelli. En febrero, la sentencia determinó diez años y ocho meses de prisión por la compra de un grupo de medios de comunicación. Mientras tanto, su heredero político, José Raúl Mulino, lidera las encuestas que siguen la competencia de los ocho candidatos. 

Entre el debilitamiento del sistema y la señal —reciente— de que el estado de derecho panameño puede funcionar, los días pasan con incertidumbre hasta el 5 de mayo.

Condenar la corrupción

​​Ricardo Martinelli fue inhabilitado como candidato para las próximas elecciones tras ser condenado por blanqueo de capitales. ¿Qué dice esto de la salud democrática de Panamá?

—El mensaje es ambiguo. La Justicia panameña finalmente ha logrado una condena para un caso de muy alto perfil, lo habíamos visto en otros países como Costa Rica y El Salvador. Desde ese punto de vista, se fortalece el estado de derecho y por lo tanto la democracia. Por otro lado, las encuestas presentaban a Martinelli como el candidato con mayor intención de voto. Aunque la justicia tiene que prevalecer, una parte importante de la población se quedó sin su candidato favorito. 

En 2009, fue electo presidente con 60,3%, la cifra más alta en elecciones panameñas. Ante su apoyo, ¿cómo se discute el caso en la opinión pública?

—El sistema político de Panamá y el Ricardo Martinelli de 2009 son muy distintos a lo que tenemos ahora, casi como si fuera otro país. En ese momento, su discurso cuestionaba los dos principales partidos, el Partido Revolucionario Democrático y el Partido Panameñista. Era un sistema que estaba bastante mejor estructurado, porque había coaliciones políticas estables y reconocibles para la población. Martinelli buscaba convertirse en una tercera fuerza. No era outsider, ya había participado en un gobierno. Pero sí tenía el margen para cuestionar el sistema de competencia, que caracterizaba como excluyente y corrupto.

Hoy, pasó de señalador a ser uno de los actores cuestionados del statu quo. Lo paradójico es que una parte de la población, sobre todo un sector popular, tiene un buen recuerdo de su gobierno, por la bonanza económica y la política de subsidios. Fue un período de mucha obra pública, construyó la primera línea de metro de Ciudad de Panamá y se generó riqueza. Como candidato, Martinelli había prometido que el país podía convertirse en el principal centro de negocios de América Latina, y parecía posible. Por otra parte, el sector de clase media denuncia la corrupción de ese período. Esa paradoja está resumida en una frase: robó, pero hizo. Ambas cosas son ciertas.

Carácter populista

Una parte de la población ignora la condena. ¿De qué manera daña la percepción del sistema democrático? 

—Hay una identificación con el líder que va más allá de sus errores. Por otra parte, los líderes de opinión están alineados en no darle reconocimiento, por los niveles de corrupción de su gestión. Una investigación sobre populismo en Panamá, estudió lo que generó Martinelli: identidad popular. Es algo que no lograron los gobiernos anteriores ni posteriores. Logró articular a la población en torno a un proyecto de futuro con un planteo incluyente. Todo el que trabajara tenía la posibilidad de salir adelante, incluso los extranjeros. Hubo una inmigración muy fuerte, sobre todo de venezolanos. Y se generó esperanza sobre la idea de que el país avanzara. Las obras son importantes, pero, en la visión pública, también pesa la idea de salir adelante como país.

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Es característico de los populistas. 

—Totalmente, de eso se trata. Tiene mucho paralelismo con Trump: Martinelli es Trump antes de Trump. En su relación con las mujeres, su uso de los negocios, incluso su popularidad aumenta con cada juicio que enfrenta. Aún así, Martinelli, condenado, ha logrado traspasar los votos a José Raúl Mulino, su compañero de fórmula. Se dice que los votos no se heredan, pero ese tipo de político sí lo logra. En el momento que Martinelli endosó a su candidato a vicepresidente, se puso primero en las encuestas. Hay una lealtad muy fuerte de su electorado.

Salud democrática

¿La ciudadanía panameña confía en las instituciones?

—No. Las instituciones de la democracia —partidos, elecciones, organismo electoral, el órgano ejecutivo y judicial— tienen una baja confianza por parte de la población. La confianza más alta la disfrutan las iglesias, los medios de comunicación y los bancos.

En esa línea, el Latinobarómetro 2023 señala tres resultados sobre el estado de la democracia en Panamá: 46% (menos de la mitad) apoya la democracia, 83% está insatisfecho con la democracia y 12% dice estar de acuerdo con los partidos políticos. ¿El país atraviesa una crisis democrática? 

—En Panamá, esos datos se mantienen a través del tiempo, entonces es difícil hablar de crisis cuando la confianza en las instituciones siempre ha sido baja. En este momento, lo que sí está pasando es una rearticulación del sistema político. Los actores partidistas, que encabezaron la transición a la democracia, tienen identidades cada vez menos reconocidas por la población. Por lo que aumenta su dificultad para articularse como una oferta electoral coherente. Cada vez tienen menos apoyo de la población. Si a eso le sumamos los candidatos de libre postulación, exitosos, y que miembros de los partidos se están postulando por ese medio, vemos que hay una desarticulación del sistema que hace más difícil procesar los conflictos de manera democrática. Por lo tanto, la predictibilidad no es la misma. Hay mayor incertidumbre sobre quién podría ser el ganador de estas elecciones.

Valores panameños

¿Cuál es el panorama de cara al 5 de mayo?

—A finales del año pasado hubo manifestaciones por el tema minero. Fueron históricas. No solamente por su tamaño y duración, lo novedoso fue el contenido: el componente ambientalista. La oferta electoral había sido elegida unos meses antes. Por lo tanto, tenemos una disociación entre la oferta y la demanda de la población. Además, con la desconfianza en las instituciones, las posibilidades que tienen estas elecciones de procesar ese conflicto tan fuerte son todavía menores.

Asimismo, un estudio del CIEPS halló que los panameños priorizan el medioambiente ante el crecimiento económico. ¿Cómo se explica?

—Había señales bastante claras de que era un tema relevante en Panamá porque las movilizaciones más importantes en los últimos diez años han estado relacionadas con hidroeléctricas y minas. Es un elemento novedoso, pero no repentino, en la política panameña y es el marco de las elecciones de 2024.

El proyecto transitista de recuperación del canal, durante todo el siglo pasado, incluía la protección del medio ambiente. Para que los barcos puedan pasar se necesita agua y para que haya agua tiene que llover. Por lo tanto, el proyecto de país está vinculado con la protección ambiental. En los últimos años, las élites panameñas han girado su mirada hacia un proyecto de país distinto, minero. Pero esa actividad riñe con la protección medioambiental. En alguna medida, el año pasado la población puso límites, para rescatar y reivindicar la vocación transitista y ambiental del país.

Elecciones

¿Los candidatos tienen proyectos al respecto?

—Algunos han intentado adaptarse. En términos generales, les está costando asumir esa demanda de forma convincente. Hasta el momento, Lombana, Gordón, Torrijos y Roux, han dicho que van a cumplir con el mandato popular de cerrar la mina. Pero lo han dicho tímidamente.

Si se cumpliera esa promesa, ¿qué implicaría?

—La mina generaba casi el 5% del PIB. Implica buscar otras actividades económicas que generen eso. Sustituirlo.

El actual presidente, Laurentino Cortizo, fue elegido con 33% de los votos. Algo similar puede suceder en las elecciones de mayo dada la amplia oferta electoral. ¿Qué piensa sobre la mayoría simple? ¿Hay discusión sobre la segunda vuelta presidencial?

—En 1994, Ernesto Pérez Balladares ganó también con 33% y no hubo problemas de gobernabilidad, porque tenía mayoría en la asamblea. El sistema político panameño ha podido funcionar relativamente bien con presidentes elegidos con un porcentaje bajo de votos. Yo personalmente nunca estuve a favor de la segunda vuelta porque no me parecía necesaria. Pero, la fragmentación y pérdida de identidad de los partidos políticos abren la posibilidad de que un candidato gane con menos de 30%. Sería inusual para la política panameña y haría que valga la pena discutir cuáles serían las vías para darle un mayor respaldo a los candidatos ganadores. La segunda vuelta sería una de esas posibilidades.

El ministro de Asuntos Exteriores de Turkmenistán, Rashid Meredov, se reunió en Bruselas con Josep Borrell, encargado de los asuntos exteriores de la Unión Europea. Hubo fotos, sonrisas, diálogo y la firma del Protocolo de Acuerdo de Colaboración y Cooperación. El turcomano también mantuvo encuentros con empresarios, con los que habló del potencial comercial y el interés de su país en proveer de gas a Europa. Apenas una semana antes, había estado en Viena, en un encuentro similar para debatir sobre cooperación energética. No es casual, sino parte de un proceso.

Gurbanguly Berdimujamedov, expresidente y padre del actual presidente, Serdar Berdimujamedov, mantiene cierto control político administrativo, particularmente en lo que respecta a la producción y comercialización de gas. Es que los hidrocarburos, y sobre todo el gas, representan cerca de un 90% de las exportaciones de Turkmenistán. A comienzos de marzo, el exlíder viajó a Turquía y se encontró con el presidente Recep Tayyip Erdoğan para discutir sobre la provisión a ese país, pero también más allá, hacia Europa. Se firmó un acuerdo que dará inicio al intercambio comercial. Y los dos terminaron muy conformes.

Antecedentes críticos

¿Pero la Unión Europea realmente quiere comprar gas a uno de los diez países más represivos y autoritarios del planeta, no muy distinto a Corea del Norte o al Afganistán bajo control de los talibanes?

Los antecedentes de Turkmenistán en materia de derechos humanos son pésimos: no existe libertad de prensa, de religión, asociación, expresión, información o circulación. Según el último informe de Human Rights Watch, muchas personas “encarceladas injustamente siguen tras las rejas”, “aún se desconoce la suerte de decenas de víctimas de desapariciones forzadas” y persisten la tortura y los malos tratos”. No hay ninguna novedad en el asunto, ni la ha habido desde que declarara su independencia de la Unión Soviética en 1991. El país centroasiático tan sólo ha tenido tres presidentes. Saparmurat Niyazov murió en el poder en 2006 y tan sólo se presentó a dos elecciones, sin rivales, en 26 años. Gurbanguly Berdimujamedov fue sucedido por su hijo en 2022. En las cuatro elecciones, ni siquiera hubo un intento de mostrar cierta aspiración democrática. De hecho, en dos de ellas, 2007 y 2012, sólo hubo candidatos del partido oficial.

Pero hay algo que sí cambió en esta mayormente desértica república. En 2017, la empresa rusa Gazprom anunció que ya no compraría gas turcomano y lo sustituiría por producción uzbeka. El mismo año, Turkmenistán dejó de venderle a Irán por una supuesta deuda. Entonces pasó a depender exclusivamente de China. Aunque en los últimos años, Rusia pasó de comprarle cero gas a 10 mil millones de metros cúbicos (bcm) anuales, sigue siendo cerca de un 25% de lo que le compraba a mediados de los 2000. Y Beijing se constituye como el único cliente relevante de un país que cuenta con la cuarta mayor reserva de gas del mundo.

Relaciones con Rusia

Esto repercute en una extensa crisis económica que el gobierno turcomano simplemente oculta y, por lo tanto, no toma medidas para abordar la continua inseguridad alimentaria. Los datos oficiales son tan poco confiables o directamente inexistentes que el Banco Mundial no publica información sobre Turkmenistán. A esto se le suma que las relaciones comerciales con Rusia en materia energética no son las mejores. Moscú compra poco, pero pretende presionar políticamente para venderle gas a China. Para esto utiliza los gasoductos que atraviesan Turkmenistán, mientras reduce el precio a Uzbekistán y Kazajistán para que el feudo de los Berdimujamedov no pueda competir.

Pero los todopoderosos padre e hijo tuvieron un golpe de suerte. La invasión de Rusia a Ucrania en 2022 supuso la imposición de sanciones comerciales y que la Unión Europea pasara a comprarle a Moscú casi un 70% menos que en 2021. Europa necesita alternativas y Turkmenistán aparece en el horizonte, aunque la distancia geográfica constituya un obstáculo.

Para eso, la exrepública soviética cuenta con dos aliados. El primero es la Turquía de Erdoğan, cuyos estándares democráticos y respeto a los derechos humanos se han desplomado en la última década a medida que el actual presidente y exprimer ministro acumula más y más poder. La idea es que Turquía se constituya como un centro energético regional para la exportación de gas, que importe a través de gasoductos desde Rusia, Azerbaiyán e Irán, y pueda redistribuir hacia Europa, además de garantizarse el abastecimiento interno. Si Turkmenistán quiere entrar en ese juego, tiene dos posibilidades. La primera es pasar por Irán, una opción que no es la favorita de la UE. La otra es construir un gasoducto a través del mar Caspio para conectar con Azerbaiyán, a lo que Rusia e Irán se oponen. Aquí entra el segundo potencial aliado.

Otro aliado represor

Los índices de democracia de Azerbaiyán son peores que los de Turquía. De esto hablan la represión a disidencias, ataques y detenciones a críticos, torturas y restricciones a la libertad de prensa. Además, según el último informe anual de Freedom House, “la corrupción es omnipresente. En ausencia de una prensa libre y un poder judicial independiente, los funcionarios rinden cuentas por su comportamiento corrupto sólo cuando satisface las necesidades de una figura más poderosa o mejor conectada”.

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Este país tan sólo ha tenido dos presidentes desde su independencia en 1991: Gueidar e Iljam Aliyev. Padre e hijo. El primero murió en el poder en 2003. El segundo, cambió la Constitución para aumentar el término de mandato presidencial a siete años y permitir reelecciones indefinidas. Para comprender la situación general del país, bastará con decir que, en los últimos comicios, en febrero pasado, Aliyev obtuvo oficialmente más del 92%. Observadores de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa (OSCE) anunciaron que no hubo competencia real. Además existieron “graves fallas electorales y restricciones impuestas a los medios de comunicación”.

A pesar de esto, entre otros, felicitó al azerí por su muy esperable victoria Charles Michel, presidente del Consejo Europeo. Además, aprovechó para conversar respecto a la cooperación entre Azerbaiyán y el bloque continental en materia energética.

Dependencia del gas

En 2022, con el objetivo de romper su dependencia del gas ruso, la UE firmó un acuerdo con Azerbaiyán. Este implica duplicar las importaciones de gas azerí para 2027 hasta los 20 bcm anuales. Sin embargo, Bruselas no logró establecer condiciones para una cooperación futura que ayude a garantizar mejoras en cuanto a derechos humanos. Y el gobierno en Bakú se ha negado a permitir que la organización proporcione subvenciones a grupos locales de la sociedad civil.

Casi exactamente un año después de la firma, Azerbaiyán atacó a la población civil de Nagorno Karabaj. Se trata de una región en el este del país habitada casi completamente por armenios y fuera del control de facto del gobierno central desde la disolución soviética. En apenas un día, y argumentando la necesidad de emprender acciones antiterroristas, las fuerzas de Aliyev causaron la muerte de 27 armenios. Más de cien mil personas, casi toda la población étnicamente armenia de la zona, huyeron del país.

Fue el final de un proceso iniciado a finales de 2022, durante el cual Azerbaiyán bloqueó el acceso a Nagorno Karabaj, incluido el ingreso de ayuda humanitaria y el transporte de pacientes del Comité Internacional de la Cruz Roja, además de cortar los servicios de gas y electricidad. Dos veces la Corte Internacional de Justicia ordenó a Bakú terminar con el bloqueo, pero Aliyev desoyó el reclamo. Rusia, cada vez más alejada de Armenia, apoyó tácitamente. Y las elecciones de febrero fueron anticipadas para que pudiera votarse por primera vez en la retomada Nagorno Karabaj, una zona ya prácticamente deshabitada.

Sanciones y acuerdos

Entonces Bruselas impone sanciones y se distancia de un gobierno ruso que ataca civiles, reprime disidentes y proclama que, tal como sucedió a mediados de marzo, su presidente es reelecto con el 88% de los votos. Pero también firma acuerdos y negocia con un gobierno azerbaiyano que ataca civiles, reprime disidentes y proclama que, tal como sucedió en febrero, su presidente es reelecto con el 92% de los votos.

Y luego va más allá aún y firma acuerdos con un gobierno turcomano cuyos niveles de represión no están lejos de los de Corea del Norte.

Azerbaiyán se ha convertido en uno de los principales proveedores de gas de la Unión Europea. Al mismo tiempo, Rusia continúa vendiendo a Occidente. Lo hace en forma directa y también a través de Turquía, incluso a aquellos países que no compran productos abiertamente rusos. Algo similar, aunque a menor escala, sucede con Irán. Y Turkmenistán aparece como un próximo gran proveedor. Los Berdimujamedov pueden convertirse en los nuevos miembros de la hasta ahora tríada Moscú-Ankara-Bakú, que ejerce influencia política y comercial gracias a una dependencia europea de hidrocarburos. Esta no ha mermado, pese a los anuncios que siguieron a la invasión rusa a Ucrania.

La Unión Europea se enfrenta a un gran dilema moral. Pero si pretende ejercer cierta presión sobre Rusia y castigar a sus gobernantes por las violaciones al derecho internacional, de poco sirve que termine avalando a otros Estados que cometen crímenes igualmente graves y en forma tan sostenida. Cada vez son más los líderes autocráticos que entienden que sus hidrocarburos les significan una carta blanca para hacer lo que quieran. Con este aval implícito de la Unión Europea, un escenario como el de Ucrania podrá repetirse en el futuro cercano en otros países.

El 31 de marzo pasado se realizaron las elecciones municipales en Turquía y el resultado fue inesperado. El Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP por sus siglas en turco), del presidente Recep Erdogan, perdió las elecciones por primera vez en veinte años. Esto es una muy buena noticia y una señal de que, en Turquía, todavía persisten espacios, organizaciones, ciudadanos y líderes que enfrentan las políticas autocráticas y abren una luz de esperanza para el futuro de la democracia.

Pero tampoco hay que exagerar, el contexto no es el mejor. El índice de libertad en el mundo 2024 de Freedom House califica a Turquía con 33 puntos sobre 100. O sea, en la categoría de países no libres, sobre todo por el control que el gobierno ha mostrado sobre los medios de comunicación, la justicia, los cambios en reglas electorales y la violencia y las persecuciones a lideres opositores y disidentes.

La Unión Europea, a la que Turquía quiere ingresar infructuosamente hace mucho tiempo, no ha escatimado críticas. Remarcó el grave deterioro de la democracia, el estado de derecho y los derechos humanos. Sumó a esto la preocupación por el funcionamiento de la economía de mercado, en referencia al patrimonialismo que caracteriza al gobierno turco.

Derrota oficialista

En las recientes elecciones se escogieron alcaldes, concejos municipales, concejales y los llamados muthars, representantes vecinales muy importantes en las dinámicas políticas locales. Si bien el sistema turco es un complejo mapa cruzado de instituciones, el poder político radica en las municipalidades, gobernadas por alcaldes elegidos cada cinco años por voto popular.

En cuanto a los resultados, el AKP obtuvo 35,5% y el socialdemócrata Partido Republicano del Pueblo (CHP en turco) 37,8%. Así, el oficialismo pasó de conducir 38 provincias a 25. El opositor, CHP, a la inversa: de 23 a 35. A partir de ahora gobernará a casi el 60% de la población.

A diferencia de las elecciones presidenciales del año pasado, donde el CHP encabezó una amplia coalición con diferentes partidos, ahora debió concurrir solo. Debido a cortocircuitos con sus exaliados, se arriesgó a probar su fortaleza electoral, sobre todo, con el alcalde de Estambul, Ekrem İmamoğlu. Por otra parte, el AKP de Erdogan lo complicó el partido Nuevo Bienestar (YRP), de derecha. Su discurso islámico y conservador, crítico con la ambigüedad de Erdogan hacia la guerra de Gaza, obtuvo un importante 5% a nivel nacional.

Por zona

El partido de Erdogan perdió casi siete puntos respecto a las municipales de 2019, cuando, además, ocupó el primer lugar nacional. El triunfo opositor se consolidó en las principales ciudades del país. Ya dominaba Estambul, Ankara, İzmir y Antalya. Pero ahora también sumó Bursa, histórico bastión del AKP.

De todos modos, la distribución del voto en el territorio no cambió demasiado. El CHP se impuso en las regiones cercanas al mar Egeo, Mediterráneo y mar Negro. Aunque en Hatay, por ejemplo, triunfó AKP. En estas zonas, más modernas y laicas, se observa un desgaste respecto a Erdogan hace un lustro aproximadamente.

En las regiones del interior de Anatolia (zona central), el AKP predominó, pero no sin competencia del CHP y del Partido de Acción Nacionalista (MHP). Este último, con su ultranacionalismo, con aristas violentas, ha sido un importante apoyo electoral para Erdogan en la pasada segunda vuelta presidencial. En el extremo este, frontera con Irán e Irak, el AKP también fue derrotado en la mayoría de los distritos por el Partido de la Igualdad y la Democracia de los Pueblos (DEM), el CHP y el MHP.

La lucha por Estambul

La oposición socialdemócrata ponía en juego las ciudades que gobernaba, que son el corazón de su poder político. Particularmente en Estambul, la ciudad más importante de Turquía y que posee un formidable presupuesto, empresas públicas propias y repercusión política nacional. También es la más populosa del país, donde viven 16 millones de habitantes.  

El ganador, Ekrem İmamoğlu, obtuvo el cargo en 2019 convirtiéndose en el primer laico en lograrlo. De 53 años, es un empresario con una carrera política relativamente corta y dueño de un carisma que lo proyecta como principal rival de Erdogan. En esta ocasión, logró un contundente 51,1% contra 39,6% de su rival oficialista, a pesar de los constantes ataques y complicaciones a la gobernabilidad de la ciudad que le generaron desde el gobierno nacional.

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Fue una derrota muy importante para el oficialismo. El presidente turco hizo una apuesta personal para recuperar la alcaldía de Estambul, por lo que la derrota lo deja aún más expuesto. Erdogan había logrado un primer espaldarazo político como alcalde de esta milenaria ciudad.

El CHP es una formación fundada en 1923 por Kemal Atatürk, creador y primer presidente del país.  Es un partido que mantiene parte de la agenda de su fundador; centralista, paternalista y laica. En la actualidad, el partido pertenece a la Alianza Progresista, a la Internacional Socialista y está asociado en Europa con el Partido de los Socialistas Europeos.

Si bien el CHP salió derrotado en la segunda vuelta presidencial de 2023, en ese momento estuvo liderado por Kemal Kılıçdaroğlu quien es el actual presidente de la organización . Kılıçdaroğlu es un político con poco carisma y muy discutido por los propios dirigentes de su partido y los ex aliados. La presencia de İmamoğlu permite avizorar que en el futuro contarán con una candidatura mucho más competitiva.

Turquía en crisis

La situación social de Turquía es complicada. El aumento de los precios por la inflación, casi del 70%, la devaluación de la moneda y una serie de descontentos sociales se arrastran hace tiempo. Por ejemplo, con el aumento de la pobreza y la caída de las pensiones.

Más recientemente, Erdogan decidió abrir el país a la inmigración siria que, en apenas dos años, ascendió a cuatro millones de personas, sobre un total de 85 millones. Esto generó malestar en las ciudades donde se han instalado. Por otra parte, la pésima gestión de las consecuencias del terremoto del 2023, que causó más de 30.000 muertos, ha sumado al malhumor social.  

Esta crisis ha vuelto al país más necesitado de ayuda externa. El mismo Erdogan dio paso a una fase más pragmática de su gobierno y abierta a Occidente. Por ejemplo, con el levantamiento del veto al ingreso de Suecia a la OTAN y posiciones discursivas ambiguas frente a los conflictos en Ucrania y Gaza. Esto le ha valido críticas y pérdida de apoyos por derecha y, sobre todo, desde el islamismo radical.

¿Qué esperar del futuro?

El tiempo que empezó con esta elección y desembocará en las presidenciales del año 2028 no se anuncia sencillo. Consciente de la caída en su popularidad, Erdogan anunció hace unos meses que no buscaría permanecer en el poder después de 2028, quitándole peso a su partido en tiempos electorales. Sin embargo, para reelegir haría falta una reforma de constitución.

El cambio de reglas, incluso constitucionales, no es un problema que preocupe mucho a Erdogan. Pero para hacerlo necesitaba un triunfo importante en las elecciones que acaban de finalizar. Además, el anuncio de su retiro fue tomado con escepticismo. Nadie imagina a Erdogan jubilado y dando conferencias por el mundo.

No es irreal esperar una reacción autoritaria desde el poder mediante proscripciones, cambio de reglas y violencia. En las anteriores elecciones municipales (2019) se llegó a anular y reiterar la elección de Estambul, porque había sido derrotado el candidato de Erdogan. Las elecciones se repitieron y el opositor İmamoğlu revalidó su triunfo logrando cifras mayores. De hecho, la justicia ha comenzado a perseguir a İmamoğlu y ya lo han procesado por comentarios en un acto público.

En los próximos años los restos de la democracia turca se jugarán una partida clave por su supervivencia. Mientras haya vida, hay esperanza.

China atravesó un milagro económico que incidió en el ámbito comercial en Latinoamérica. La estrategia del gigante asiático es mucho más compleja y abarca aspectos diplomáticos, políticos y culturales que exceden la cuestión económica. En el último episodio de esta miniserie ponemos Bajo la Lupa a la relación entre China y Latinoamérica: ¿socios o rivales?

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En el especial Claves para entender a China, de Diálogo Político, Aya Adachi resalta: «Los países latinoamericanos se benefician de la ampliación de los mercados para sus materias primas. Al mismo tiempo, enfrentan la competencia de los productos chinos, que puede crear presión sobre las industrias locales». 

Occidente, un adversario

Pero además, los componentes clave del poder blando son la cultura, los valores políticos y la política exterior. El autor Vladimir Rouvinski advierte que «China busca reclutar gobiernos y pueblos de América Latina para apoyar sus nuevas iniciativas globales encaminadas a rediseñar la arquitectura del futuro orden mundial». La contracara del poder blando son las ambiciones militares de la potencia asiática. Meia Nouwens afirma que «el Ejército Popular de Liberación es el brazo armado de un partido político y no el ejército de un país». Respecto a la potencia de China, «la estructura de las reformas y los tipos de capacidades que China se ha centrado en desarrollar apuntan hacia la construcción de una capacidad que pueda lograr la reunificación por la fuerza si así lo requieren los dirigentes chinos».

David Merkle se pregunta cómo se puede lograr una recalibración exitosa de la política hacia China. Concluye que «China bajo Xi Jinping ha emprendido un rumbo que retrata cada vez más al propio Occidente como un adversario y busca contrarrestar reclamaciones universalistas con sus propios valores, ideas y normas». Esto hace indispensable poner el foco en la propia resiliencia para cualquier interacción con China.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

La presente publicación enfoca el análisis de las organizaciones civiles bolivianas durante el siglo XXI, desde el año 2000 hasta el año 2022. De este modo, se analiza la ciudadanía organizada y su vínculo con la democracia en Bolivia. En cada uno de los capítulos se hace un recuento breve de la historia de cada objeto de estudio.

Desde la Fundación Konrad Adenauer comprendemos que es vital la relación con las organizaciones de la sociedad civil, como fundamento, para lograr un sistema democrático saludable. Analizarlas nos permite renovar constantemente la conexión de nuestro trabajo con la misión de fortalecer la democracia a través de la comprensión de los hitos históricos con la actualidad.

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El marco temporal de los artículos se adscribe al siglo XXI. Relata cómo en 23 años los diez actores analizados se han comportado con el Estado, ya sea acercándose a él, formando parte de él u oponiéndose. Los autores de la obra, son: Dra. Maria Teresa Zegada, Dr. Huáscar Salazar, Dr. Roger Cortez, Mgr. Lupe Cajías, Dra. Gabriela Canedo, Dr. Daniel Moreno, Mgr. Diego Aguilera, Mgr. Franz Flores, Tikita Wara, Dr. Alejandro Carvajal, Dra. Rocio Estremadoiro.

La motivación, con el paso del tiempo, se convirtió en una necesidad: comprender la relación tan única entre la ciudadanía boliviana con el Estado, que se plasma en la publicación. Bolivia es un país con alto nivel asociativo entre sus ciudadanos. Como se podrá observar, ese mecanismo fortalece al ciudadano en su interacción con los distintos niveles del Estado.

Algunas organizaciones, como la Central Obrera Boliviana, tomaron relevancia en procesos que determinaron la recuperación de la democracia en Bolivia. En tiempos más recientes, organizaciones de corte agrario, por un lado, y de representación de demandas más urbanas, por el otro, han moldeado los procesos democráticos desde las calles y no desde las instancias formalmente establecidas por el paraguas normativo e institucional.

Organizaciones estudiadas

Los primeros cuatro capítulos analizan las organizaciones con relación más próxima al gobierno del Movimiento Al Socialismo. Resalta los momentos que habrían marcado su acercamiento, permanencia y/o distanciamiento con el partido de gobierno y con el Estado.

La segunda parte, analiza organizaciones más locales y departamentales. Se toma a Santa Cruz y Potosí como casos de estudio. Esta sección es un  espacio que resalta el rol más contestatario frente a la estructura estatal. Estudia la participación ciudadana a través de instituciones civiles que han logrado establecerse como núcleos de convocatoria ciudadana. Incluso llegan a sobrepasar las diferencias partidarias, lo que refleja la capacidad de espacios no gubernamentales para la movilización ciudadana.

El tercer grupo analizado es probablemente el espacio más heterogéneo, ya que engloba formas de participación ligadas al quehacer más ciudadano. Por un lado, hay formas de participación de denuncia a la acción y/u omisión del Estado. Por otro, se encuentra un grupo que busca más bien integrarse al parámetro institucional marcado por el Estado y por otras organizaciones no estatales. También se hace un análisis del espacio virtual como nueva plataforma de participación ciudadana. Asimismo, están las organizaciones de jóvenes caracterizadas por su relación con espacios de formación dotados por la cooperación internacional en Bolivia. Así como algunas instituciones estatales que agrupan a jóvenes.

La publicación cierra con la presentación de plataformas ciudadanas ligadas al movimiento ambientalista en Bolivia. Además, permite ver el entramado estructural de las plataformas ciudadanas. De cierto modo, responden a necesidades coyunturales y logran trazar barreras temporales, pero sin conciliar una forma única de organización interna.

Edita: KAS Bolivia.

Publicación: 2023.

ISBN: 978-99.

Las autoridades electorales —o Corte Electoral— son un pilar fundamental en los sistemas democráticos. No es casual que en el contexto político actual de la región, con una democracia en retroceso, los perdedores de las elecciones cuestionen la validez de los resultados electorales.

Los resultados presidenciales de 2022 en Brasil ilustran el escenario más dramático. Los partidarios de Bolsonaro salieron a las calles y acusaron un supuesto fraude electoral pidiendo la intervención militar. Este escenario tiene sus paralelismos. Por ejemplo, el asalto al Capitolio de los Estados Unidos en 2021 por parte de simpatizantes de Donald Trump, disconformes con el resultado electoral. En México, la reforma del poder del Instituto Nacional Electoral en favor del gobierno amenaza las garantías electorales del país. El estudio Desconfianza pública en elecciones disputadas: evidencia de América Latina (por Hernández y Cantú) evidencia que el cuestionamiento de los resultados electorales erosiona la percepción de la integridad electoral, particularmente entre los votantes que apoyan a un candidato perdedor.

Un siglo en Uruguay

Según el reporte del Barómetro de las Américas de 2023, Uruguay es el país de América que presenta la mejor valoración sobre «percepción de la integridad electoral». Lidera con 75%, seguido por Canadá (65%) y Chile (60%). La sólida base de apoyo con la que cuenta el sistema electoral uruguayo tiene raíces muy profundas.

La institución surgió en un período que los historiadores y politólogos identifican como la fase de construcción de la poliarquía uruguaya, en términos de Robert Dahl. De la mano del equilibrio de fuerzas entre blancos y colorados, tras años de levantamientos y revoluciones por voto popular, voto secreto y coparticipación, se fue consensuando la instauración de los pilares sobre los que se asentó la experiencia democrática uruguaya. En ese contexto, se erige el 9 de enero de 1924 la Corte Electoral como órgano autónomo, creado como cuarto poder del gobierno.

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La Corte Electoral es integrada por nueve miembros, cinco titulares y sus suplentes. Son designados por la Asamblea General en reunión de ambas cámaras por dos tercios de votos del total de sus componentes. Deben ser ciudadanos que, por su posición en la escena política, sean garantía de imparcialidad. Los cuatro restantes serán representantes de los partidos políticos. También elegidos por la Asamblea General por doble voto simultáneo de acuerdo con un sistema de representación proporcional.

Por los cien años de la Corte Electoral, el 7 de marzo se realizó el seminario El sistema electoral uruguayo: historia y perspectiva de los partidos políticos. Las reflexiones sobre su solidez institucional estuvieron acompañadas por comentarios de expresidentes. Ente ellos, Julio María Sanguinetti (Partido Colorado), Luis Lacalle Herrera(Partido Nacional) y José Mujica (Frente Amplio). La ocasión fue propicia para que representantes de los diversos partidos políticos pusieran sobre la mesa las referencias históricas que prestigian a esta institución. Pero, sobre todo, varios de los diversos desafíos que presenta el sistema electoral en la actualidad.

Cultura democrática

Uruguay suele ser ranqueado como uno de los países de mayor adhesión democrática y fortaleza institucional. Tras estos números hay una cultura del voto. Se fortalece de forma permanente con cada campaña de referéndum o plebiscito, cada ciclo electoral, el apoyo que brinda la Corte a muchas elecciones de organizaciones gremiales y sociales. Esta cultura democrática se sustenta, en buena medida, en una institución como la Corte. Por eso hablar de democracia en Uruguay es, también, hablar de la Corte Electoral.

El seminario fue una instancia propicia para conocer cuáles son los principales desafíos e inquietudes que visualizan los partidos políticos a través de sus representantes. La ley de financiamiento de los partidos fue el tema que más menciones presentó.

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Para el sociólogo Agustín Canzani (Frente Amplio) es preocupante el peligro de la «muerte en cámara lenta de las democracias si no hay consenso social y político y, sobre todo, prácticas que van contra la democracia». Hizo hincapié en la necesidad de una ley de financiamiento de los partidos políticos e instituciones que auditen esos financiamientos con capacidad de sanción.

Pablo Iturralde (Partido Nacional) compartió el mismo interés respecto a la ley. Como tema desafiante, resaltó la necesidad de «pensar la forma de renovación de la Corte Electoral». Actualmente es gobernada por un gabinete de nueve ministros (o rectores) entre representantes de partidos e independientes.

Piedra angular

Para Conrado Rodríguez (Partido Colorado) «la ley 7.690 que creó la Corte Electoral sigue siendo la piedra angular de todo nuestro sistema electoral». Señaló que «la modernización de determinados procedimientos en los que se viene avanzando en la Corte es clave, y el sistema político tiene que ayudar». Como uno de los desafíos, advirtió sobre la «libertad del elector en el cruzamiento del voto departamental y municipal». Y sostuvo que es un «reclamo de los ciudadanos».

Por su parte, Guillermo Domenech (Cabildo Abierto) puso en relieve que la Corte Electoral, incluso durante el gobierno de facto, ha sido una garantía del sufragio.  Como en el plebiscito de 1980. Señaló que «en las manos de los ministros de la Corte se sigue vigilando, de acuerdo con las mejores tradiciones del Uruguay, la emisión del sufragio con la más absoluta libertad».

Sergio Billiris (PERI) advirtió sobre las «dificultades tecnológicas que ponen en riesgo» la administración del sistema. Apuntó a «cambios tecnológicos en sistemas de registro en la Corte Electoral» que pueden ser una solución, pero también un «obstáculo» ante un sistema político que viene con desgaste.

Legislación pendiente

Marcelo Sosa (Partido Independiente) resaltó una serie de desafíos como el voto obligatorio en las elecciones primarias. También, la mayoría automática en elecciones departamentales, para considerar la elección del intendente con mayoría absoluta con segunda vuelta. Además, cuestionó la vinculación de las elecciones departamentales y las municipales, en desmedro de la importancia a nivel local.

En el intercambio entre panelistas, el periodista Emiliano Cotelo comentó sobre la capacidad real de la Corte para cumplir con las atribuciones que se le asignan. Sobre el punto, los disertantes coincidieron en que se debe dotar de más recursos o ir hacia cambios en la institucionalidad para cumplir, por ejemplo, con los controles de gastos de los partidos y de publicidad electoral. Son aspectos centrales porque en definitiva pueden dañar la credibilidad del organismo. Otro tema planteado fue la falta de capacidad para sancionar, necesaria para hacer cumplir la normativa.

Perspectivas

En el intercambio posterior entre el «sindicato de expresidentes», como se llaman cariñosamente, destacaron el rol histórico que cumple la Corte Electoral en el sistema democrático uruguayo.

Para Julio María Sanguinetti el organismo garantiza nada menos que el primer acto de gobierno: lograr una representación efectiva y eficaz. Dijo: «Lo más importante es la celebración como acto de afirmación, como acto ratificatorio, ratificación del compromiso cívico». Recordó el plebiscito de 1980, cuando la Corte estaba intervenida por la dictadura. No se discutió el resultado, más allá de que perdiera el gobierno de facto. Al respecto expresó: «No es algo usual, sino singularísimo de nuestra vida institucional».

Para Luis Alberto Lacalle Herrera, la Corte se vincula directamente con la legitimidad del poder del sistema uruguayo, porque lo garantiza. Señaló que el origen de la autonomía del Uruguay se sitúa en «la patria y poder legitimado, que se pueden unir para encontrar cada vez más causas nacionales y puntos de concordia e identidad por encima de los partidos políticos».

José Mujica destacó el reconocimiento de la gente sobre la institución, tildándolo de «curioso». La razón que esbozó es que ante las fallas humanas solemos cuestionar las instituciones: «Es como una descarga de nuestro subconsciente colectivo». «Es hora de darnos cuenta de que en toda América Latina la frágil democracia está perdiendo credibilidad porque se pide a las instituciones cosas que no son de las instituciones. (…) Vivimos en sociedades consumistas de enorme demanda».

Los apuntes que quedan en esa mirada al futuro seguramente sean un insumo necesario para que una institución tan central para la democracia como la Corte Electoral pueda seguir afrontando los nuevos desafíos que se le presentan.

Una clave para entender el regionalismo latinoamericano es el concepto del “regionalismo à la carte”. Se refiere a un enfoque flexible de la integración o la cooperación regional. En ella los países eligen selectivamente en qué aspectos o políticas regionales desean participar o adherirse. En lugar de comprometerse plenamente con un marco global de integración regional, los países pueden optar por participar en acuerdos o iniciativas específicas que se ajusten a sus intereses o prioridades, manteniendo al mismo tiempo la autonomía en otros ámbitos.

América Latina ha sido testigo de varios intentos de una integración regional a través de organizaciones regionales como la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR), la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) y la Comunidad Andina (CAN), entre otras. Esto dio lugar a una proliferación de organizaciones regionales que tienen diferentes propósitos. Se extienden desde proyectos ideológicos, como la alianza bolivariana ALBA, hasta organismos de cooperación económica y comercial, como la Alianza del Pacífico.

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En este sentido, la gobernanza regional latinoamericana difiere significativamente de los modelos europeos de integración regional. Mientras que la Unión Europea tiene un mandato de amplio alcance, en América Latina las competencias están dispersas en varias organizaciones regionales.

Organismos débiles

Durante las últimas décadas, en América Latina se han llevado a cabo varios intentos para fortalecer la integración regional mediante la instauración de parlamentos regionales, como el Parlasur, el Parlacen, el Parlandino, o el Parlatino. Sin embargo, a pesar de estos intentos, los órganos parlamentarios han enfrentado desafíos significativos para consolidarse como actores relevantes en el panorama político regional.

Uno de los principales obstáculos radica en la falta de capacidad ejecutiva de estos parlamentos. Tienen el potencial de desempeñar un papel en la toma de decisiones y en la promoción de políticas regionales. Sin embargo, su influencia práctica es muy limitada. En su mayoría, estos organismos se han limitado a funciones consultivas. Esto significa que carecen de autoridad para implementar o hacer cumplir las decisiones que toman.

En este contexto, las decisiones clave que afectan a la región aún recaen principalmente en los jefes de gobierno nacionales. A pesar de los esfuerzos por fortalecer la integración regional y la cooperación política, la soberanía nacional sigue siendo un principio fundamental que obstaculiza la transferencia de poder y autoridad a instancias supranacionales.

Los parlamentos regionales

Estabilidad institucional y crisis del regionalismo

Debido a la naturaleza intergubernamental y presidencialista de la política latinoamericana, muchas organizaciones regionales sufren un frecuente cambio del equilibrio de poder. Así, las elecciones nacionales pueden influir en el funcionamiento de las organizaciones regionales, como ocurrió en el Mercosur.

Los frecuentes cambios de jefes de Estado en los países latinoamericanos contribuyen significativamente a las dinámicas cambiantes de las organizaciones regionales. Esto suele dar lugar a políticas incoherentes y pone en peligro la cohesión de instituciones enteras, que dificulta las políticas de largo plazo.

Para ilustrarlo, tras la llegada de Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil, su administración supuso una amenaza sustancial para la continuidad de la participación de Brasil en organizaciones multilaterales, incluido el Mercosur. Bolsonaro contempló abiertamente la posibilidad de que Brasil se retirara de tales alianzas, introduciendo una atmósfera de incertidumbre e inestabilidad en el Mercosur. Similarmente, la elección de Javier Milei como presidente de Argentina se hizo eco de sentimientos similares, y su administración también consideró la posibilidad de abandonar el Mercado Común. Estos casos subrayan la susceptibilidad de las organizaciones regionales a las fluctuaciones políticas de los Estados miembros.

La influencia ideológica

La ideología desempeña un papel importante en la configuración de las organizaciones regionales latinoamericanas e influye a menudo en sus objetivos, prioridades y niveles de cooperación. Por ejemplo, organizaciones tal como la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) ejemplifican un grupo ideológico de la izquierda, que hace hincapié en la justicia social, el antiimperialismo y la solidaridad entre los estados miembros. Otras iniciativas como la Alianza del Pacífico se inclinan hacia una ideología neoliberal más orientada al mercado, dando prioridad a la liberalización económica, la facilitación del comercio y la promoción de la inversión.

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Otras organizaciones, que pretendían incorporar ideologías diversas, como Unasur o Mercosur, se encontraron igualmente enredadas en divisiones ideológicas. Unasur fue creada para fomentar la integración regional en Sudamérica. Fracasó en 2018 debido a enfrentamientos ideológicos internos, especialmente entre líderes de derecha críticos con el apoyo de Unasur al régimen venezolano. Esta desavenencia puso de manifiesto los retos de mantener la cohesión dentro de un organismo regional diverso. Ya que las diferentes perspectivas políticas chocaban por cuestiones fundamentales.

También Mercosur, principalmente un bloque económico que fomenta un mercado común entre Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay, experimentó cambios en su composición, influidos en parte por consideraciones ideológicas. Las incorporaciones y expulsiones de miembros del Mercosur reflejaron a menudo cambios ideológicos dentro de los estados miembro o desacuerdos sobre los objetivos generales de la organización. Estas dinámicas demuestran la compleja interacción entre la cooperación económica y la alineación ideológica dentro de las organizaciones regionales.

Gobernanza latinoamericana

La gobernanza en América Latina se caracteriza por una amplia gama de organizaciones regionales. Cada una tiene sus propios propósitos políticos y alcances geográficos. Esto contrasta con los modelos clásicos de integración regional observados en otras partes del mundo. Esta diversidad refleja la complejidad de la región y la necesidad de abordar una variedad de desafíos políticos, económicos y sociales. Sin embargo, esta multiplicidad de organizaciones también las hace más susceptibles a influencias ideológicas, lo que puede dificultar la cohesión y la cooperación regional. Además, la preponderancia de los intereses nacionales a menudo prevalece sobre los objetivos comunes, lo que afecta la efectividad y la continuidad de los esfuerzos de integración.

Las últimas campañas presidenciales en Estados Unidos han acentuado de manera tajante la relación entre el país anglosajón y su vecino del sur, México.

Al igual que en prácticamente todo el mundo, la búsqueda de oportunidades y la migración se has convertido en problemas profundos que no parecen tener solución sencilla. A ello se debe sumar que México y Estados Unidos tienen una sociedad comercial privilegiada que representa una codependencia prácticamente absoluta.

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Los dos candidatos que estarán en la boleta, Donald Trump y Joe Biden, ya fueron presidentes durante cuatro años. Más allá de los discursos violentos o de la polarización que exige cualquier campaña electoral, hay cuatro años de hechos que se pueden contrastar con las palabras.

La realidad durante la presidencia de Trump

Trump impulsó en su discurso y durante su presidencia la construcción de un muro fronterizo con México, hecho que generó tensiones y controversias en la región. Aunque se trataba de un ripio campañero, en muchas zonas ya existía un muro mucho antes de que Trump hablara del tema. Desde principios del siglo, se empezaron a construir tramos y en las grandes ciudades con cruces como Tijuana o Ciudad Juárez.

Se llevó a cabo el cierre de nueve puntos de tránsito desde México y una inspección exhaustiva de vehículos. Esto ocasionó grandes atascos de tráfico, quejas y pérdidas económicas, generando malestar en México.

Trump redefinió la naturaleza del asilo en Estados Unidos. Implementó políticas que dificultaron el acceso a este beneficio, incluyendo la separación familiar (“families belong together» como reclamo social) y la prohibición del ingreso de personas de ciertas nacionalidades.

El expresidente planeaba realizar redadas a gran escala y deportaciones masivas de personas que vivieran en Estados Unidos sin permiso legal, restringiendo tanto la inmigración legal como ilegal.

La realidad en el periodo de Biden

En su primer día en el cargo, Biden detuvo casi todas las deportaciones. Prometió finalizar las duras prácticas del gobierno anterior y mostrar compasión hacia los migrantes. De todas formas, esta postura se ha transformado completamente rumbo a las elecciones presidenciales en noviembre de 2024.

En diciembre de 2023, los cruces fronterizos ilegales desde México alcanzaron el registro más alto: 249.785 encuentros entre puertos de entrada a lo largo de la frontera suroeste. Asimismo, durante su gobierno, Biden impuso restricciones a las solicitudes de asilo en la frontera con México. Exigió que los migrantes soliciten asilo en otros países antes de hacerlo en Estados Unidos, lo que fue bloqueado por un juez federal en California.

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En 2022, los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador acordaron que México invertiría 1,500 millones de dólares en tecnología fronteriza inteligente en los siguientes dos años, así como la cooperación de México en temas fronterizos.

El tema no fue tomado durante su presidencia, pero recientemente ha expresado su intención de «cerrar la frontera con México». De esta manera, si el Congreso le otorga la autoridad, Biden pretende controlar el flujo migratorio. Por ello, pide a legisladores que se apruebe el acuerdo bipartidista del Senado sobre seguridad fronteriza, el conjunto de reformas más duras y justas para asegurar la frontera en décadas.

En julio de 2022, ambos presidentes acordaron mantener políticas de control fronterizo y garantizar la plena seguridad en la frontera.

Más allá de la coyuntura

Históricamente, México ha tenido mejor relación con presidentes Republicanos que con Demócratas. Mientras Trump vuelve a incluir el tema México en su agenda, como hizo en la campaña que le ganó la presidencia, el discurso se polariza entre ambos bandos. Pero es obvio que la migración y la relación comercial no son problemas con una solución única o sencilla.

A diferencia de las campañas pasadas, el fentanilo es el nuevo problema que preocupa en Estados Unidos. No se va a resolver deteniendo el trasiego de armas de norte a sur o el tráfico de drogas, ni con muros, ni expulsando migrantes. Esta droga ha generado cientos de miles de muertes en los Estados Unidos y no será un tema en el que bastará hablar de desplegar militares o negociar con México. El discurso de odio puede escalarse todavía más.

En la época de Obama, hubo más deportaciones que en los gobiernos posteriores. Pero no hubo un discurso de odio aparejado a las medidas implementadas y eso cambia profundamente el sentimiento social. Las declaraciones Trump en su campaña de victoria, la migración se convirtió en el problema central y la polarización se tornó en odio hacia México. Repetía: «México no se aprovechará más de nosotros. No tendrán más la frontera abierta. El más grande constructor del mundo soy yo y les voy a construir el muro más grande que jamás hayan visto. Y adivinen quién lo va a pagar: México» (11 de mayo de 2015). Con su vuelta, la elección podría convertirse en un concurso de posiciones radicales contra México. Mientras Biden propone cerrar la frontera.

La ley SB-4 que hoy se discute en Texas, permite la «criminalización» a partir del aspecto. Arizona lo hizo hace unos quince años (SB-1070) e incluso California mucho antes, y en ningún caso ha dado buenos resultados.  

Vecinos

México y Estados Unidos siempre serán vecinos y siempre se necesitarán mutuamente. Así como México no puede subsistir en la actualidad sin el gas que le compra a Texas, Estados Unidos necesita de México para todos los procesos económicos. Se trata de procesos productivos totalmente asimilados en los que hay productos que cruzan varias veces la frontera antes de ser comercializados. No es una cuestión de aranceles o de muros, es una cuestión de integración social, no sólo económica.

Los estudios democráticos sobre transición democrática estudian la teses que establecen que un proceso democrático entra en la fase de consolidación cuando se produce el recambio. Las primeras elecciones no confirman el statu democrático de una sociedad. Sino, aquellas en las que los perdedores entregan el poder pacíficamente a los adversarios. Sin sobresaltos. Esta tesis, revisada en época de recesión democrática, sigue siendo pertinente. Más cuando se aplica a los cambios que se producen a nivel social, a las mutaciones culturales, mentales y psicológicas que vienen desde abajo, donde el habitante-súbdito se transforma en habitante-ciudadano. Las recientes protestas en Cuba constituyen la entrada de la sociedad cubana al proceso de consolidación de lo que llamo ciudadanía fuerte. Se alcanzó a través de varios recambios.

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Camino hacia la consolidación

Entre el Maleconazo de 1994 y el Proyecto Varela de 2002 pasaron ocho años. De 2005, cuando comenzó la recuperación psicológica de la sociedad en Cuba, después de la dura represión de 2003, a 2018, con la eclosión del Movimiento San Isidro, van 13 años. Entre 2018 y 2021, con las manifestaciones de julio, corren tres años. Y de 2021 a 2024 van otros tres. Lo distintivo de todos estos recambios es el aprendizaje intergeneracional en un punto clave: la naturaleza del vínculo entre la sociedad y el Estado.

Esta lección definitiva ha sido aprendida y aprehendida en el último recambio (2021-2024), en el que la sociedad cubana acaba de asumir y de incorporar que las y los ciudadanos ocupan un lugar distinto del Estado, frente al Estado.

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Después de la represión de las manifestaciones de 2021, el gobierno en Cuba trató de cerrar el abismo con pueblo cubano al reafirmar con violencia su papel de padre representativo. Las protestas, nada más y nada menos que en el oriente del país, muestran con claridad cristalina que la ciudadanía cubana, en sus sentidos cívico y político, llegó para quedarse.

El levantamiento

Varios elementos merecen destacarse:

1. La revolución nació en el oriente.

2. Se extendió rápidamente.

3. Generó el colapso del país.

4. Hubo un quiebre de la comunicación entre el gobierno y la gente.

5. La protesta se normalizó a nivel social.

6. La violencia perdió legitimación política.

7. Se generó un vacío del relato oficial.

8. El gobierno perdió legitimación democrática.

9. El gobierno perdió el liderazgo sobre la sociedad cubana y sus alternativas de futuro.

«Latinoamericanización»

Santiago de Cuba, particularmente, se considera como la cuna de la revolución del 59. De hecho, en julio de 2021, el suceso más destacado en la segunda ciudad de Cuba por importancia fue la detención del líder prodemocrático José Daniel Ferrer. En 2024 la ciudad se une a la fuerte ola en las demandas de democratización.

El oriente del país despertó más protestas. El Cobre, Bayamo y Jigauní, en Granma, Cacocún, en Holguín, que en realidad precede a Santiago de Cuba en esta ola de protestas. Luego, se extendió al centro y parte del occidente del país.

Además, las demandas prebásicas de las protestas reflejan la condición fallida del Estado en satisfacer las condiciones mínimas sobre las que sustentar la gobernanza. En cuanto a la comunicación, el Estado sigue el canal de la ideologización impositiva. La ciudadanía solo entiende de necesidades y demandas mundanas concretas acumuladas. En ese sentido, el país incorporó que la presión en la calle es el medio más efectivo para conseguir la satisfacción de sus demandas.

Con las protestas pacíficas, la sociedad logró la deslegitimación de la violencia política, sostenida también en el duro Código Penal cubano. El tipo de violencia, específica de los totalitarismos, no produce rédito alguno en sus diversas pretensiones.

Por otra parte, el gobierno pierde su capacidad de justificar el régimen, explicar y transmitir esperanza ante los demandantes ante su canto: «No más muela», (no más discursos vacíos). En una de estas manifestaciones, la ciudadanía llegó a recordarle a las autoridades que nadie les había elegido.

En su hora más crítica, el gobierno transfirió sus responsabilidades a los Estados Unidos y al terreno de la irrealidad influyente del exilio cubano. Esto se llama contraliderazgo, el intento del Estado en dirigir la sociedad y sus alternativas de futuro.

Cuba se latinoamericaniza en dos direcciones fundamentales: en las desigualdades y en la incorporación de la protesta como herramienta de democratización. Latinoamérica debería escuchar a las y los ciudadanos cubanos. Ya llegamos. 

La inteligencia artificial (IA) se ha convertido en un tema ineludible en las discusiones empresariales y políticas de la agenda global. Su carácter disruptivo contribuye a la automatización de las economías. Por un lado, se vislumbra la promesa de estimular la economía mundial a través de la innovación y la mejora de los ingresos. El riesgo es el reemplazo masivo de empleos y la profundización de las desigualdades. El fenómeno podría impactar directamente en las personas menos calificadas y, así, en la distribución de los ingresos en los países de la región.

Según el IMFBlog, del Fondo Monetario Internacional, en los mercados emergentes, como Colombia, Chile o Perú, 40% del empleo sentirá el impacto de la IA. Mientras que, en los países de ingreso bajo, como Bolivia o Nicaragua, solo un 26% del empleo estará comprometido. Esta cifra se incrementa en economías avanzadas, con alrededor de un 60% de empleos afectados. Aunque el saldo parezca positivo, es clave comprender que los riesgos son menores debido al lento progreso de la adopción tecnológica en la región.

Latinoamérica exige soluciones a largo plazo para mitigar los efectos que la IA imponga en el futuro del trabajo. Los tomadores de decisión deben comprender la desaceleración de la economía global y las debilidades estructurales de la región, que se reflejan en fenómenos como el desplazamiento laboral y la polarización económica.

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Desaceleración económica regional

El Balance Preliminar de las Economías de América Latina y el Caribe 2023 (CEPAL) sostiene que “la ralentización del crecimiento económico pone en primer plano la persistencia de las debilidades estructurales”. La región se caracteriza por un “bajo nivel de inversión pública y privada, magra productividad, la predominancia de las economías informales y el insuficiente desarrollo de capital humano”. Aunque urge adoptar nuevas tecnologías para promover el crecimiento económico y fomentar la formalización, las innumerables necesidades superan las capacidades de los Estados latinoamericanos.

El pronóstico de la tasa de crecimiento regional para 2024 proyecta que será inferior a la de 2023, a su vez menor a la de 2022. Esto no solo desacelera el crecimiento del PIB (Producto Interno Bruto), sino que afecta negativamente la creación de empleo. Asimismo, también hay una reducción de la tasa de desocupación regional, 6,5% para 2023 y 6,9% para 2024. A todo ello se suma la desaceleración de la actividad económica a nivel global, que juega un rol significativo en la región.

Desplazamiento laboral parcial

Existe una preocupación global por la posible pérdida masiva de empleos debido a la automatización impulsada por la IA. Un reciente artículo de Forbes sugiere una transición gradual hacia la integración de la IA en la fuerza laboral. Y comprende las diferencias entre una automatización completa o parcial de tareas.

En este sentido, el informe global The State of AI in 2023: Generative AI’s Breakout Year de 2023, elaborado por McKinsey, señala que se pueden prever recortes de fuerza laboral en áreas específicas. Asimismo, resalta la necesidad de implementar programas de capacitación y reconversión laboral para que los empleados sean capaces de enfrentar las necesidades cambiantes. Y proyecta que la IA tendrá mayor impacto en las actividades basadas en el conocimiento en lugar de las que requieren trabajo físico.

Polarización en la economía

La polarización ocupacional se caracteriza por la disminución de trabajos de mediana calificación frente a las ocupaciones de alta y baja calificación. Si bien es un fenómeno que ha afectado principalmente a las economías desarrolladas, un informe de la OIT para países latinoamericanos explica que, con relación a los cambios tecnológicos, “existe un intenso debate en todo el mundo sobre el impacto de la automatización de tareas en la naturaleza presente y futura del trabajo”. Asimismo, señala que no necesariamente implicaría una polarización de ingresos, entendida como la formación de grupos con ingresos similares pero con marcadas diferencias.

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En este sentido, de acuerdo a Panorama Laboral 2023, de la OIT, los gobiernos reconocen los desajustes entre las habilidades de los trabajadores y los requerimientos del mercado, que limitan su crecimiento, productividad y bienestar. “Las deficiencias en la formación y capacitación tienen impactos en las personas a través de mayor desocupación, subempleo, dificultades en la transición de la escuela al trabajo para los jóvenes, desajustes de habilidades en el lugar de trabajo y a nivel social se reflejan en desigualdades e ineficiencias”, explica el informe.

IA en Latinoamérica

A nivel regional, sirve conocer el estado de la situación de la IA para facilitar la toma de decisiones. En un proactivo esfuerzo, se publicó el Índice Latinoamericano de IA 2023 (ILIA), que analiza la situación en 12 países. Expone, entre sus principales hallazgos, que, aunque han incrementado las habilidades en IA, en la región el ritmo es más lento comparado con el resto del mundo. “La penetración relativa de habilidades tecnológicas y disruptivas, asociadas a la IA, es menor en América Latina (2,16%) que en el resto del mundo (3,59%)”, sostiene el documento.

Solo tres países de la región —Brasil, Colombia y México— cuentan con programas públicos de formación en herramientas de IA. Brasil integra elementos de IA en el currículum escolar mientras que el resto de los países solo alcanzan hasta habilidades digitales y competencias TIC. Se afirma que, “pese a las brechas de capital humano en el mercado laboral y los riesgos que conlleva la automatización, no se aprecia que los estados estén impulsando medidas con la urgencia y escala que se requiere.”

En la sociedad contemporánea cada vez es más necesario tomar decisiones basadas en datos. Por lo que se deben reconocer estos esfuerzos para facilitar la toma de decisiones políticas informadas. Más aún cuando se tratan temas novedosos y complejos, como el impacto de la IA en la economía de los países y las personas.

Se realizaron las elecciones generales en Rusia y todo salió tal cual se planificó desde el Kremlin. El reporte formal de la autoridad electoral anunció que, luego de tres de días de votaciones, el candidato oficialista Vladimir Putin triunfó con más del 87% de los votos. Así, el próximo martes 7 de mayo de 2024, y a sus 71 años, comenzará a transitar su quinto mandato como presidente del país más grande del mundo. La constitución prescribe que el mandato se extenderá por seis años y podrá ser reelecto si también triunfa en las siguientes elecciones.

A pesar de algunos intentos opositores, ligados al asesinado Alexei Navalny, no se registraron protestas políticas. Ni en Rusia ni en el extranjero, donde, además, se pudo votar en las sedes diplomáticas, incluso en las zonas pertenecientes a Ucrania y ocupadas por las fuerzas armadas rusas. 

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El gobierno ruso afirmó que la participación electoral fue alta, incluso mayor que en las votaciones anteriores. También aseguraron que el voto electrónico y anticipado por correo no tuvo problemas, ni ocasionó reclamos. La antigua Agencia Rusa de Noticias (sobreviviente de la Unión Soviética) señaló que hubo 129 países observadores para certificar la transparencia de los comicios.

El candidato oficialista no fue el único disponible para ser electo. Tres partidos más compitieron con Rusia Unida, la organización fundada por Putin, que encabeza una coalición llamada Frente Popular Panruso. Sin embargo, ninguno de los candidatos de esas formaciones llegó a alcanzar el 5% de los votos (obtuvieron 4,31%, 3,85% y 3,20% respectivamente). Por otra parte, tampoco representaron una alternativa, siquiera moderada, frente al poder de Putin.

De hecho, lo que muestran como virtuoso en el proceso electoral, es que los tres candidatos que compitieron contra Putin reconocieron la legitimidad de la votación. Al día siguiente, se reunieron junto con el flamante ganador para comprometerse a trabajar en conjunto. Y se tomaron una fotografía que fue profusamente difundida por el gobierno ruso y sus agencias.  

¿La única verdad es la realidad?

La formalidad y las escenografías montadas desde el poder no pueden esconder la realidad. La Real Academia Española define “farsa” como una acción realizada para fingir o aparentar. Y es una excelente palabra para describir el proceso electoral que tuvo lugar en Rusia por estos días. Pero farsa no significa comedia ni que en la cima del poder ruso lo consideren poco importante. Todo lo contrario.

Las elecciones también escenificaron la necesidad de mostrar internamente la vigencia del poder de Putin y enviar un mensaje a la comunidad internacional. Sus pretensiones externas siguen en carrera y reforzadas. Paradójicamente, quizás sea más determinante para su futuro las elecciones en Estados Unidos que las propias. 

Aun sin competencia real, las elecciones ponen en cuestión el liderazgo frente a la élite que lo apoya, en este caso una alianza de sectores sociales, oligarquías regionales, grupos económicos, militares y de inteligencia. El líder se expone ante ellos y busca aumentar su autonomía. Más aún después de tanto tiempo en el poder, con el desgaste del paso del tiempo, y, sobre todo, porque comienzan a rumorearse sobre posibles sucesores. Por eso dedicó gran parte de los últimos cinco años a garantizar su triunfo y evitar sorpresas e imprevistos.

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Más allá del contexto, una convocatoria electoral puede generar incertidumbre ya que sus dinámicas no pueden ser totalmente controladas. En América Latina tenemos ejemplos muy gráficos. El plebiscito chileno de 1988, marcó el inicio de la transición y declive del entonces todopoderoso general Augusto Pinochet. O años antes, otro plebiscito, realizado en Uruguay en 1980, que hirió de muerte a la dictadura militar que entonces gobernaba el país con mano de hierro.

El Estado soy yo (por ahora)

Ya en 2020 Putin había agregado diversas enmiendas a la Constitución rusa que levantaron las barreras formales a la reelección. La reforma descartó considerar los períodos presidenciales previos como limitantes para volver a ocupar el cargo. Por lo que Putin podrá ser electo en 2030.

Además, incorporó otras normas para dificultar el camino de opositores. Incorporó la obligación de residir en Rusia durante veinticinco años mínimo (antes eran diez) y no haber tenido ciudadanía o residencia en terceros países. Estas medidas (que también incluyen a ministros y jueces) apuntan a bloquear dirigentes exiliados o a los que pretendan conducir sus campañas desde fuera. Posiblemente esta haya sido una de las motivaciones de Navalny para regresar a Rusia.

No conforme con eso, Putin se dedicó sistemáticamente a proscribir, perseguir y matar a cualquier líder o grupo de oposición o quien confrontara sus políticas. En este contexto resulta más entendible el crimen de Navalny. No solo era su principal rival electoral, sino también el posible sucesor en algunos pasillos del poder.

Boris Nadezhdin, otro conocido opositor y el único abiertamente pacifista, también quedó fuera de la oferta electoral. En declaraciones a Le grand continent, manifestó muy: “No quiero convertirme en bloguero, organizar manifestaciones, atacar directamente a Vladimir Putin o criticar muy duramente su régimen. Conozco los límites. No actuaré como Navalny. Quiero oponerme, pero quiero seguir vivo y libre. No quiero acabar en la cárcel, ni ser envenenado con novitchok. Así que conmigo no habrá revolución”.

Además, el sistema electoral organizado a partir de un software sin contralor, reforzó el temor de los opositores a ser identificados, y luego castigados, si no elegían al actual presidente. Por otra parte, ninguna organización de observación electoral independiente estuvo presente y aún menos avaló la transparencia del proceso. Los que sí se apresuraron a felicitar al ganador fueron Bielorrusia, Siria, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Irán y China.

Secuelas

Las elecciones se utilizaron para plebiscitar el conflicto bélico con Ucrania, reforzar el apoyo a la ofensiva militar y utilizar la confrontación con Occidente como forma de sumar y movilizar apoyos. También es preciso señalar que Putin cuenta con un nutrido apoyo popular señalado incluso por las pocas encuestadoras independientes que trabajan en el país. El nacionalismo y la reacción anti-occidental tienen su peso. Pero también una economía que aún no sufre el peso de la guerra y menos de las sanciones internacionales.

Sin dudas, en América Latina Venezuela es su alumno más aventajado. La persecución sobre los opositores, en especial a María Corina Machado y, sobre todo, el secuestro y muerte de Ronald Ojeda en Chile, evidencian que no estamos tan lejos de tener nuestra propia Rusia en la región. En ese escenario habrá que ver quién será Ucrania.

En este punto, las elecciones rusas ponen en primera plana lo que es la discusión fundamental que se debe encarar en el mundo de hoy. Se debe ahondar en el carácter de la democracia, su vinculación ineludible con la libertad y, sobre todo, en repensar el papel de todos los Estados, grupos y personas que están decididos a poner límites a este revival autocrático.

¿Democracias mediocres? ¿Estados que no funcionan? ¿Países jaqueados por el crimen? Estas preguntas hacen un guiño a Latinoamérica, una región que ha mantenido una creciente irrelevancia en el panorama mundial. Este argumento no es nuestro, sino de Andrés Malamud, doctor en ciencia política e investigador principal de la Universidad de Lisboa.

Durante una visita a Montevideo, en la que ofreció una conferencia organizada por el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Fundación Konrad Adenauer, conversamos con Malamud sobre las paradojas de la vida política en la región, el crimen organizado y el populismo.

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¿Qué tal irrelevante es América Latina en el concierto internacional hoy?

—La autonomía política de Latinoamérica creció con la irrelevancia. Porque la agenda regional era negativa. América Latina no era una promesa para Estados Unidos, sino más bien una amenaza porque mandaba droga o porque le mandaba inmigrantes. Estados Unidos siempre tuvo agendas negativas con América Latina, pero agenda positivas con Europa y con Asia Pacífico, de crecimiento y protección.

Esta región sigue siendo muy dependiente económicamente, porque depende de los precios de las materias prima que los fija China y Asia, y el precio de las tasas de interés que lo fija Estados Unidos. Pero, por otro lado muy autónoma políticamente.

Cuba no tiene que temer una invasión americana, ni Maduro. Ni hablar de Ortega. Esta región se puede dar el lujo de experimentar con Boric en Chile, Bolsonaro en Brasil, Pedro Castillo en Perú, Milei en Argentina. Cualquier cosa que hagamos el mundo nos va a mirar, y va a decir problema de ustedes. La irrelevancia nos autonomiza.

Democracias mediocres

¿Se está trabajando para romper con esa tendencia?

—En términos generales estamos retrocediendo. Brasil, había logrado blindar Sudamérica con Lula uno y Lula dos. Decía nosotros no podemos liderar América Latina, pero vamos a encargarnos de coordinar América del Sur. De Panamá para arriba, hasta México, es órbita norteamericana. Nosotros aquí [en el Sur] arreglamos nuestros propios problemas.

Cuando Colombia bombardeó la base de las FARC en Ecuador [2009], eso se resolvió en América del Sur. Pero ahora, cuando Venezuela amenaza con invadir Guyana, Brasil manda tropas a la frontera del lado brasileño para que no lo hagan a través de Brasil y no se mete dentro de la disputa militarizada entre dos todavía miembros de Unasur. ¿Quiénes sí se meten? Inglaterra y Estados Unidos. Es decir, con Lula tres las potencias extrarregionalas volvieron. América Latina retrocede.

No es que alguien a lo mejor quiere pensar en volver a ser, es que retrocede. América del Sur dejó de ser una región en la cual las potencias regionales se involucran. Brasil renunció al blindaje de Sudamérica.

¿La democracia está en retroceso o no?

—La cuestión fundamental es el concepto que utilizamos para definir las democracias que funcionan mal. Para algunos es fragilidad, porque se pueden romper. Para otros es baja calidad porque siguen funcionando, pero mal. Scott Mainwaring y Aníbal Pérez Liñán hablan de estancamiento democrático.

Llegas a una democracia de baja calidad y te mantienes en ella, no la mejoras, pero tampoco la empeoras. Los países no están dejando de ser democráticos, siguen siéndolo, pero de mala calidad. América Latina está viviendo la trampa de las democracias mediocres.

Crisis del Estado

¿Mediocres?

—Sí. Hay otros autores como Sebastián Mazzuca y Gerardo Munck que lo adjudican a una crisis del Estado. Guillermo O’Donnell decía que la democracia es un sistema para elegir gobernantes del Estado. Si el Estado no funciona, la elección de gobernantes limita su impacto. Si el Estado es un auto y el motor no funciona, no importa el chofer.

Un ejemplo es Perú, con la cuarentena más estricta del mundo y la cantidad de muertos per cápita del mundo. Setenta por ciento de informalidad, cincuenta por ciento de hogares sin heladeras. Es un fracaso del Estado. El Estado es la formalización de la tributación y del censo.

¿Dónde pueden terminar las democracias mediocres latinoamericanas con el impacto que está teniendo el crimen organizado?

—Hay zonas de Colombia, de México, de Perú, de Brasil, donde vos arriesgás la vida si haces política. Entonces, la democracia formalmente funciona, hay elecciones. Todos se pueden presentar y lo que se presentan pueden ganar o perder. Pero no todos llegaron en ese momento de la elección porque los limpiaron antes, o los intimidaron. Los que se quedaron, van a arriesgar la vida.

Populismo

Es tan o más peligroso el influjo del crimen organizado comparado con los populismos y otras tendencias que erosionan a la democracia.

—El populismo es un fenómeno ambivalente, cito literalmente a Cristóbal Rovira, que es chileno. Él muestra que cuando hay una casta esclerosada, el populismo rompe con eso y desoligarquiza quizá la democracia. Pero cuando lo que hay es pluralismo, el populismo lo que hace es reducirlo y amenazar la democracia.

En cambio, el crimen organizado siempre es malo. Ahora, si analizamos el populismo malo, el populismo como amenaza y no el populismo como correctivo, y el crimen nacional organizado, aun así, creo que el crimen organizado es peor que el populismo. El populismo malo por lo menos es transparente. Vos sabés quién está por detrás, ves al líder y ves al pueblo. En el crimen organizado hay opacidad, además de ilícitos. No sabes lo que está por detrás.

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¿Hay elementos para pensar que el libertarismo populista de Milei influirá en la región como lo ha hecho Bukele con su política de seguridad?

—Definitivamente sí. Si le va bien a Milei, vamos a ver muchos Milei en América Latina. Y si le va mal, vamos a ver poco liberalismo. Si él tiene éxito, es probable que sus modos se contagien. Si él fracasa, es posible que sus ideas desaparezcan. Y ese es el problema. No es que el éxito de Milei va a traer liberalismo a América Latina. Posiblemente va a traer autócratas competentes como Bukele. Pero si le va mal, va a desaparecer lo que tiene de bueno, que es la defensa de la libertad. Los dos escenarios son decepcionantes.

Hasta el momento, el presidente argentino Javier Milei ha utilizado un estilo de confrontación en su comunicación. Cuando se analiza el estilo de un gobernante se debe partir de tres cuestiones básicas:

1) No hay estilos buenos o malos per se. Depende de la personalidad de cada uno: la estrategia es un traje a medida.
2) Un determinado estilo no necesariamente da resultado todo el tiempo, sino que hay fases en las que algo funciona y en otras no.
3) A cada contexto le corresponde cierto estilo plasmado en un personaje especifico.

Dicho esto, no se debe generalizar. Para un momento de grave crisis económica, la gente necesita liderazgos fuertes que transmitan que se tiene el control del volante; Menem, Kirchner. Mientras que en otros, la mayoría reclama formas menos estruendosas; De la Rúa, Macri. Esto es independiente del balance final que los ciudadanos hacen de un gobierno, en el que el estilo influye pero no es el factor central.

Una cuarta cuestión considera con cuánto poder político llega cada uno, lo que hará también que un estilo de confrontación tenga mayor o menor sentido. Por ejemplo, a Néstor Kirchner le cuadraba por personalidad y por haber llegado con el 22% de los votos, sin haber podido reivindicarse en un balotaje, muy diferente a Carlos Menem 1989. Y aquí viene un quinto punto: de quién se quiere diferenciar. El riojano arribó con mucho poder, pero debía mostrarse con la garra que había perdido por el camino Raúl Alfonsín. El santacruceño, por su lado, estaba obligado a mostrar que no era De la Rúa, pero tampoco Duhalde.

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Como se ve, el esquema interpretativo de un determinado liderazgo es bastante complejo. El año pasado llegaron a la instancia final con mayores posibilidades tres personas de carácter fuerte, lo que ayudó a diferenciarse del desdibujado Alberto Fernández.

El encuadre de Milei

Los factores identificados se pueden utilizar para encuadrar estratégicamente al presidente Milei:

1. Tiene una personalidad fuerte, confrontativa y vehemente. Ergo, es lo que le sale.
2. Debe mostrar autoridad presidencial, decaída con Alberto Fernández.
3. Debe mostrarse fuerte desde una triple debilidad: a) su fuerza política e institucional es pequeña; b) se duda en función de su inexperiencia; c) llega en balotaje tras perder la primera vuelta.
4. La sociedad confía más en alguien de carácter frente a una mega crisis.
5. Los actores a los que se enfrenta no son “nenes de pecho” (UP, gobernadores, sindicatos, movimientos sociales, empresarios corporativos, etc.).
6. Parte de una idea de la refundación de la Argentina.

Los seis factores explican y justifican estratégicamente por qué es, en general, la confrontación y no más bien la moderación, parafraseando a Heidegger. Este fenómeno se da más, típicamente, en liderazgos que tratan de polarizar con el establishment político. Como los casos de Trump, Bukele, Bolsonaro o López Obrador, solo por mencionar algunos que llegaron al poder efectivamente.

Este tipo de liderazgos, por otra parte, tratan de relacionarse con sus seguidores antagónicamente. Buscan tener fans como si fuesen una celebridad, no militantes o adherentes tradicionales. Al igual que el expresidente americano Trump, Milei cultiva la cultura de la celebridad en la era del espectáculo, y así toma distancia de la política tradicional.

Su dinámica es la de nunca pasar desapercibido, creando una marca personal. En esa lógica, apela a dar una respuesta identitaria a un segmento de la población, de modo que el voto no se define tanto por lo acertado de las políticas, ni por sus intereses, ni por los resultados de la gestión, sino por la identificación con un liderazgo u opción política. El antagonismo es concepción y estrategia al mismo tiempo. Esa es la descripción de la dinámica relacional entre líder y votantes de Milei.

Caso de laboratorio

En el caso estadounidense y brasileño, la dinámica confrontativa no le permitió a los líderes permanecer en el poder. Por otro lado, todos los casos mencionados son figuras no outsiders, sino fuertes críticos del statu quo, que es distinto. En este sentido, Milei sería un laboratorio con sus propias peculiaridades.

Es un fenómeno fuera del patrón habitual que no puede examinarse con las reglas tradicionales de aquellos que hicieron el cursus honorum habitual dentro del sistema político. Su llegada al poder implica que los parámetros de la propia sociedad se han modificado, al menos coyunturalmente. Con Milei, la mayoría decidió correr un riesgo, por ser una figura sin mayor experiencia política y gestión estatal. Eso puede significar que la opción alternativa no daba suficiente confianza y que la oferta ganadora disparó una expectativa especial.

Pero, ¿es efectivo ese estilo presidencial? ¿Se puede sostener en el tiempo?

En los dos primeros meses, bajó la evaluación positiva de la nueva gestión y de su imagen personal. Si bien las variaciones de opinión no dependen solo de un factor, en una primera etapa la consideración sobre el estilo influye bastante. Pocos se animan a evaluarlo por sus resultados, mucho menos en una situación tan grave como la que atraviesa Argentina. Entonces, ¿la confrontación le hace perder imagen? Al menos es seguro que no le hace ganar, tampoco podríamos decir que es neutra.

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Las sociedades no pueden vivir en el clima de una revolución permanente, mucho menos en el contexto valorativo individualista del siglo XXI. Ergo, la mayoría social puede acompañar un tiempo, pero luego se desgasta en el fragor de la lucha. Tarde o temprano, en un marco democrático y libertad de opinión, predomina la evaluación por los resultados. En el caso argentino, se tratará de ver si afloja o no la inflación, y qué costo se hace soportable. Si los resultados no aparecen en un tiempo prudencial, el ojo ciudadano pasará por “peléate menos y ocúpate más de solucionar los problemas”. La sensación de distracción habitualmente es penalizada.

Liderar con un estilo confrontativo

¿Cuál es el contrato de Milei con el electorado? ¿Lo votaron para bajar la inflación, para sacar al kirchnerismo, o para terminar con los privilegios de la casta? La respuesta es, sobre todo, para lo primero. Lo segundo deriva del estado de insatisfacción con la administración anterior. Lo tercero, es la expresión del malestar, no el gran objetivo. Como indicador, debe considerarse que terminar con el kirchnerismo, lema central de la campaña de Bullrich, solo obtuvo el 24% de los votos.

¿La confrontación lo ayuda a polarizar galvanizando a su núcleo duro? Sí, pero está lejos de consolidar una mayoría electoral. ¿Eso puede hacer que supere el 30% del comicio general? Es posible, sobre todo si se considera la desarticulación —¿definitiva?— de Juntos por el Cambio. Tiene a favor que la alternativa más sólida es Unión por la Patria, perdedor frente a la opción de cambio. El resto del espectro, por ahora, es una eventual confluencia parlamentaria. Pero no se sabe si terminará por ser una coalición electoral y qué liderazgo la representaría.

Un aspecto más por analizar es la contradicción entre la necesidad identitaria y lo que le exige al presidente el proceso político–institucional al gobierno de La Libertad Avanza, parlamentariamente el más débil en cuarenta años de democracia. Dice un proverbio chino que quien persigue dos liebres, no caza ninguna. Todo ejercicio estratégico implica concentrarse y no dispersarse.

Nada le asegura al presidente que podrá consolidar una mayoría en la opinión pública con un estilo confrontativo.  De modo que puede ser pan para hoy y hambre para mañana. Al mismo tiempo, los socios eventuales no se sienten cómodos con que se los utilice públicamente al servicio de una estrategia discursiva y electoral.

Por lo tanto, pronóstico reservado para la estrategia de confrontación, aunque también es una concepción del poder, no solo una necesidad pragmática. Las cuestiones axiomáticas son más difíciles de modificar en un proyecto político como este.

Artículo publicado en Newsweek el 11 de marzo de 2024.

China es un país que en treinta años creció 10% por año, pasó de los mil dólares per cápita a los diez mil y sacó de la pobreza a 800 millones de personas. ¿Cómo lo llamarías? ¿Milagro económico? Sobre cómo lo ha conseguido se ha escrito mucho, pero ¿cuánto sabemos sobre el fin de este milagro? Esa pregunta la exploramos hoy en Bajo la Lupa.

En el especial Claves para entender a China, de Diálogo Político, Alicia García Herrero afirma que «el crecimiento sostenido ha mantenido bajos los costos laborales de China durante un período prolongado y le ha ayudado a seguir siendo competitiva a nivel mundial». Este es uno de los factores que explican el milagro económico chino y el logro respecto a disminución de la pobreza. La contracara es la represión de los derechos humanos que comenta la autora Alicia Hennig.

Tensiones geopolíticas

En la región latinoamericana la expansión económica china generó una oportunidad de ampliación de los mercados para sus materias primas, resalta Aya Adachi en la edición especial. «Al mismo tiempo, enfrentan la competencia de los productos chinos, que puede crear presión sobre las industrias locales», agrega. Por su lado, Juan Pablo Cardenal destaca que «los precios de las commodities estaban por las nubes y la demanda china tiró con fuerza del pib de muchos países». Y concluye que «el nuevo mundo surgido de la pandemia es el final de la globalización tal cual la entendíamos y la eclosión de dos bloques ideológica y geopolíticamente enfrentados».

China constituye un desafío a la democracia y a la libertad. Los logros económicos y tecnológicos la posicionan como una potencia ya no solamente regional sino mundial. Es notorio que detrás de la política blanda y de las irresistibles ofertas de su gigantesco mercado se esconden objetivos geopolíticos. Detrás de las oportunidades de exportación hay riesgos que conviene identificar a tiempo.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Con enfoque multidisciplinario, los autores exploran las economías criminales del Ecuador. Sus causas, impactos económicos, sociales y políticos, proponiendo estrategias integrales y destacando la necesidad de cooperación interinstitucional.

Esta obra no solo proporciona un diagnóstico detallado, sino también se erige como una guía indispensable para formuladores de políticas y profesionales interesados en abordar eficazmente el fenómeno de las economías criminales en Ecuador. Contribuye a la construcción de un entorno más seguro y justo en la región.

El equipo de autores está conformado, por: Patricio Carrillo, María Paula Romo, Mario Carrillo y Santiago Andrade.

A través de la visión, el estudio y el criterio de los investigadores, podremos entender que, para mitigar la crisis de seguridad, es necesario ver que lo que nutre y le da sostenibilidad a la delincuencia organizada es su inmensa capacidad económica.

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Si bien el criterio dentro del texto representa el trabajo de los autores, la Fundación Konrad Adenauer, como una organización que tiene como uno de sus pilares la seguridad, busca construir el diálogo entre diferentes actores, tendiendo puentes para el desarrollo de ideas y acciones que beneficien colectivamente a la sociedad.

El criterio de los autores que encontrarán en este libro representa un proceso investigativo minucioso, riguroso y equilibrado. Reconocemos que abordar temas tan delicados y profundos no es tarea sencilla. Pero también entendemos que, solo mediante el conocimiento objetivo podemos aspirar a erradicar las problemáticas que amenazan la integridad de nuestras comunidades.

Publicación: Marzo 2024

Edita: Fundación Konrad Adenauer, oficina Ecuador

El uso de la Inteligencia Artificial (IA) preocupa en el ámbito político por su potencial capacidad de generar desinformación. Esto es especialmente grave en contextos de elecciones democráticas. Siete países del continente americano tendrán elecciones en 2024. El Salvador, Panamá, República Dominicana, México, Uruguay, Venezuela y los Estados Unidos.

En febrero de este año se divulgó un audio en Estados Unidos en el que el presidente y precandidato Joe Biden desalentaba a los electores de New Hamphshire a votar en las elecciones primarias. ¿Es posible abordar este riesgo desde la legislación? En Uruguay, el diputado del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, presentó un proyecto de ley que pretende sancionar penalmente a creadores y difusores de deepfakes.

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«No solo genera confusión, además vamos a gastar nuestras energías —los ciudadanos, políticos y medios— en tratar de fundamentar si algo es cierto o no. No va a haber conversación, no va a haber diálogo. Va a haber desinformación generalizada. Cuando esas cosas se dan, no es posible la democracia ni un proceso electoral limpio», afirma el legislador en entrevista con Diálogo Político.  

Herramientas legislativas

Varios países y entidades trabajan en este tema. ¿Cuál o cuáles fueron los principales modelos para presentar el proyecto de ley?

—La IA generativa empezó a estar a disposición de las personas en marzo de 2023. La capacidad de falsificación y el alcance que tiene sobre las mayorías es un fenómeno nuevo. El Parlamento europeo, en su preámbulo de la ley de IA, expresa que la IA pone en riesgo la democracia y la transparencia. Hoy, varios parlamentos que tienen elecciones en 2024, como México o Estados Unidos, están abordando la legislación referida a las deepfake. Se han aprobado pocos proyectos, porque es nuevísimo. Pero van a ser muchos los aprobados porque tienen que llegar antes de las elecciones.

¿Cuáles son los elementos legislativos para regular deepfakes? 

—En primer lugar, la obligatoriedad de la divulgación; informar, advertir, a las personas que la imagen ha sido manipulada. En segundo lugar, la sanción penal, la más dura en los estados de derecho. Pero al sancionar penalmente se excluyen los casos en los que se señala que ese contenido es creado con IA. Ahora, yo creo que la obligación de etiquetar no es suficiente, porque el riesgo es muy amplio.

El proyecto también plantea sancionar a quienes difundan la desinformación, es decir medios de comunicación así como miles de usuarios que utilizan las redes sociales. ¿Cuál es el límite para aplicar la pena a terceros?

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—El proyecto establece que tiene que haber una intencionalidad de desinformar. Por supuesto que para aplicar una sanción penal en un estado de derecho siempre se tiene que determinar con pruebas si, en este caso, la persona lo hizo con ánimos de desinformar. El principal responsable es quien creó la falsificación. Hoy ponemos todos los mecanismos para que se identifique quiénes son los que ponen en circulación este tipo de imágenes. Los propios creadores de estos sistemas están trabajando para la identificación.

Evitar la campaña sucia

Las redes son escurridizas, los contenidos circulan de forma masiva e instantánea. Identificar al creador o difusor implica un desafío. ¿Cómo se piensa regular en la práctica? 

—Las leyes también son pedagógicas, en el mundo occidental al menos. Dicen lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, tienen cierta moralidad. En el mundo digital, cualquiera puede hacer un daño al apretar una tecla. Tiene que haber normas que señalen: ciudadanos esto no se puede hacer porque hace daño a la sociedad. Por eso, el que lo haga será sancionado penalmente. Las sanciones penales son utilizadas para indicar que un bien es demasiado importante. La norma también tiene un efecto preventivo. Si yo sé que al difundir la imagen de un candidato puedo tener una sanción penal, lo pienso dos veces. Cuando una conducta tiene un efecto muy dañino no puedo hacer y después ver qué pasa. El marco normativo indica que esta conducta puede destruir la convivencia y la democracia. Promueve que antes de difundir haya que verificar.

¿Quién se va a ocupar de la verificación y a través de qué herramientas se piensa aplicar?

—Las herramientas van a estar disponibles porque las plataformas están poniendo a disposición de los usuarios sistemas de verificación. Están interesadas en que no se les dañe el negocio; si en algún país hay elecciones cuestionadas por desinformación electoral o falsificación en alguna plataforma, esa plataforma va a estar en problemas. 

¿Tuvo conversaciones con agentes concretos? 

—Sí, trabajamos siempre en colaboración, es parte de la gobernanza del mundo de hoy. Conversé con Meta, Microsoft, Amazon. Estudian el tema desde hace un mes. Van a ser convocados todos a dar su opinión. Pretendo que sea un proyecto presentado por todos los partidos.

Además de las plataformas aliadas, ¿qué organismos del Estado van a asegurar el cumplimiento de la ley? 

—Cuando hay norma penal, siempre está la justicia y sus auxiliares, la fiscalía y la policía. Esos mecanismos están. Por supuesto, para este mundo digital, esos departamentos se tienen que ampliar muchísimo. Contra esos delitos, la gobernanza colaborativa realmente empieza a funcionar porque las plataformas están interesadas en que eso suceda.

Elevar la capacidad crítica

La pena es de seis meses a dos años de penitenciaría. ¿Cuál fue el criterio para determinar el castigo? 

—Es una pena que estaba establecida para delitos electorales graves. Las penas de menos de dos años pueden ser sustituidas por otras medidas alternativas que no sean prisión, pero también puede ser prisión. Si faltan tres días para una elección, alguien arma videos sobre un candidato, se los manda a los indecisos y cambia la tendencia… terminamos como Brasil o Estados Unidos. Es gravísimo. ¿Alguien puede decir que la mayoría de la gente no se queda con el primer video que ve y lo da como cierto aunque sea un disparate? Estamos en esa contexto, no poner foco en esto es de una ingenuidad que un legislador no puede tener.

El contenido falso es un problema en varias democracias en el mundo. ¿Tiene planes de colaborar con colegas en el extranjero?

—Trabajo en una ley modelo de IA para América Latina. Después, cada país tendrá que aplicarla. Además estoy en permanente contacto con parlamentarios europeos. Ellos tiene un camino un poquito más recorrido que nosotros y un montón de expertos que les permite estudiar estos temas mucho más rápido y en profundidad. Y también con congresistas estadounidenses. El consenso es que hay que legislar, sino pasamos al mundo de la confusión generalizada.

¿Hay desacuerdos?

—No, hasta China está de acuerdo.

Fue el primer país en legislar sobre el tema. 

—Fue el primero, paradójicamente, porque el sistema chino no prioriza los derechos humanos y la democracia. También tiene sanción penal. Pero debería cuestionarnos legislar. El bien a proteger es tan evidente: el derecho a informarse verazmente de la realidad. Es imposible la convivencia social. Si permitimos la falsificación no solamente se daña la reputación, también poder comunicarnos sobre la realidad. 

En el último año hemos empezado a vivir una nueva revolución digital, liderada por la Inteligencia Artificial. Me atrevería a decir que comenzamos una nueva era porque la IA nos abre un escenario sin límites. Todo parece ser posible mediante el desarrollo y entrenamiento de esta tecnología emergente.

La IA se ha usado durante décadas con distintos propósitos. Por ejemplo, para tareas de automatización en las grandes industrias. No obstante, debido al uso de la IA generativa, recién comenzamos a elogiar sus capacidades. Al mismo tiempo, cuestionamos su real impacto en la gobernabilidad democrática, convivencia ciudadana, seguridad de las personas y estabilidad global. Frente a esto, es necesario replantearnos qué forma comienza a adquirir la democracia digital mediante el uso de la IA. ¿Hacia dónde avanzamos? ¿Cuál es el futuro que nos espera?

Amenaza para la democracia

En los últimos años, las redes sociales y plataformas digitales dejaron de ser eficaces para ganar elecciones. Herramientas que sirvieron para convocar militantes, reclutar voluntarios, comunicar estratégicamente, segmentar mensajes, masificar ideas y propuestas de gobierno no fueron duraderas. Con rapidez veríamos surgir otro lado no tan amable. La fábrica de bots, trolls y noticias falsas comenzaron a ser tácticas comúnmente usadas para engañar y manipular votantes. 

La capacidad de crear contenido falso es cada vez más fácil por las características que ofrece la IA en herramientas de texto, video, imagen, audio, chatbots o avatars. También por la cantidad de data e información que fluye online, que se convierte en la gasolina que alimenta estas herramientas. 

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Lamentablemente, la IA generativa podría maximizar la desinformación y golpear aún más las democracias alicaídas. De acuerdo con el Índice de Democracia de The Economist, menos del 8% de la población global vive en democracia plena, mientras que casi el 40% vive bajo regímenes autoritarios. De los 167 países que incluye el estudio, 34 son regímenes híbridos, entre ellos Perú y otros países de Latinoamérica. Mientras que la subregión de Centro América es la que ha sufrido un mayor retroceso en el último año. Además, el informe confirma que es el octavo año consecutivo en el que se registra un declive democrático en América Latina y el Caribe.

Esta situación enciende alarmas. Más aún si proyectamos un futuro en el que las herramientas de IA generativa podrían agudizar este panorama. Especialmente las coyunturas electorales o procesos de participación democrática son realidades en las que la población puede ser fácilmente manipuladas y las instituciones del estado de derecho muy debilitadas.

Entorno digital saludable

Si esta tecnología no es empleada con ética y responsabilidad, el futuro de la democracia puede ser muy adverso.

La desinformación online se intensificaría así como las falsas narrativas, de izquierda o de derecha, que intentan desestabilizar el statu quo y generan caos e incertidumbre. Los deepfakes y audios falsos proliferarían. Sería más difícil determinar su veracidad, conocer su procedencia y autoría. También aumentaría la viralización del contenido falso a escalas inimaginables. Se utilizarían diversas plataformas de manera simultánea, empleando big data, para llegar a grandes poblaciones y luego poder segmentarlas según diversos criterios., mediante el uso de algoritmos que identifica nuevas audiencias y sus hábitos.

Los filtros burbujas se exacerbarían mediante los canales de mensajería, el espacio idóneo para intercambiar información con aquellos que piensan igual o parecido. Si este fenómeno se intensifica, habría incluso menos espacio de deliberación, alternancia de ideas y pluralidad de pensamiento. Reinaría la intolerancia. 

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Queda claro que los pilares y principios de la democracia podrían desvanecerse. Ante esta mirada, poco alentadora, la democracia digital parece boicoteada por la misma tecnología y por el uso que le dan los individuos. Sin embargo, en la promoción de la democracia digital en Perú y América Latina, que lleva más de diez años, soy testigo del buen uso de la tecnología. Principalmente, para fortalecer las libertades y derechos de los individuos, fomentar la construcción de la ciudadanía y favorecer el desarrollo de los Estados y sus poblaciones. Entonces, más que nunca urge la necesidad de actuar desde distintos frentes para no llegar a los escenarios descritos.

Se debe recobrar la confianza generando más transparencia no solo en el desarrollo y entrenamiento de la IA, sino en el uso que le otorgan los partidos políticos, líderes y autoridades. Debe existir un amplio compromiso de todos los actores políticos y también acciones por parte de las corporaciones de tecnología para evitar que estas herramientas desvirtúen su buen propósito. Se requiere mucha alfabetización digital para que la población conectada a internet no sea víctima de manipulación o vulnerable a la mentira. Tampoco cómplice de las malas prácticas digitales. Todos debemos actuar, porque la tarea no es fácil si queremos un entorno digital saludable al servicio de las democracias.

Los contactos con Venezuela durante la presidencia de Sayid Mohamed Jatamí (1997-2005) marcaron el inicio de la aproximación de Irán con América Latina. Desde el año 2005, el presidente iraní, Mahmud Ahmadineyad, comenzó a establecer una buena sintonía con Hugo Chávez. La alianza permitió que Irán comenzara a plantearse un plan mucho más ambicioso para ganar apoyo en Latinoamérica.

Irán se encontraba en una situación de aislamiento como consecuencia de su programa nuclear. El gobierno de Teherán necesitaba buscar nuevos socios. En las propuestas de la izquierda bolivariana encontró la unión para actuar frente a un enemigo común, que definieron como imperialismo de Occidente.

Para Irán, el gran reto era establecer relaciones duraderas con países distantes. ¿Qué puntos en común podían existir entre ambas realidades?

Puntos en común

La República Islámica de Irán es un régimen clerical chií en el que los líderes religiosos (ayatolás) establecen las líneas generales por las que se rige el país. El jefe del Estado es el Líder Supremo y cuenta con poderes políticos y religiosos. Atesora el poder junto con el Consejo de Guardianes, de 12 miembros. En gran medida, juntos limitan la capacidad que tiene el presidente del país para tomar decisiones. Por tanto, como república islámica, son los principios religiosos los que marcan el devenir de la vida política, social, económica y cultural.

La realidad de Irán contrasta con la de los países latinoamericanos. Es más, si se analizan las propuestas de varios grupos políticos de izquierda, a través de los que Irán trata de ganar presencia en América Latina, pueden encontrarse numerosas contradicciones. Cuestiones como el peso de la religión en la vida política, o aspectos defendidos por amplios sectores de la izquierda, como los como los matrimonios homosexuales, el cambio de sexo o la eutanasia, son castigados en Irán con la pena de muerte.

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A pesar de la gran distancia que separa a ambas realidades, los intereses comunes basados en el rechazo a Estados Unidos y la conformación de un orden mundial alternativo han permitido consolidar los lazos entre Irán y varios países latinoamericanos.

Por tanto, no existe ningún componente ideológico en esta aproximación. Sino que responde a una alianza pragmática motivada por la posibilidad de poder actuar contra un enemigo común. Además, Irán necesita aliados políticos y comerciales en América Latina para tratar de paliar las consecuencias de las sanciones y de las malas relaciones mantenidas con la mayor parte de sus vecinos en Oriente Próximo.

Instrumentos utilizados por Irán

La diplomacia desplegada en América Latina al comienzo fue complementada con otras acciones para que la sociedad observara a Irán como aliado. El gobierno desarrolló un programa de poder blando en tres niveles de acción: la actividad llevada a cabo desde las embajadas, el uso de los medios de comunicación y una fuerte presencia en las redes sociales.

Es llamativo que Irán centre parte de su estrategia en una intensa actividad en las redes sociales. La gran mayoría de ellas están prohibidas y bloqueadas dentro de sus fronteras. Las autoridades de Teherán son conscientes de la necesidad de ganar influencia sobre la opinión pública de América Latina para que la región apruebe los acuerdos a los que se puedan llegar con el régimen de los ayatolás.

Con el objetivo de acercarse a Latinoamérica, Irán elaboró una narrativa con la que pretende ensalzar los nexos entre ambas realidades. Hay permanentes alusiones a su posición contraria al imperialismo y a la necesidad de establecer un nuevo orden mundial. La llamada a luchar contra el imperialismo contrasta con los valores culturales que se tratan de transmitir, los que, de forma permanente, hacen referencia a las raíces del imperio persa. Los valores religiosos son siempre una constante en el mensaje iraní. Se exportan los principios del islam chií. Pero, a la vez, se destaca la importancia de la religión para consolidar otros valores, como la lealtad o la familia, con independencia del culto que se practique. También expresan su identificación con las propuestas de la izquierda bolivariana.

Hispantv, noticias en español

La estrategia iraní también incluyó el impulso de un canal de noticias en español que fue inaugurado por el presidente Ahmadineyad en el año 2012. En su discurso inaugural, Ahmadinejad dejó claro que Hispantv surgía como un instrumento ideológico destinado a confrontar a aquellos que buscaban dominar el mundo.

Desde el comienzo de sus emisiones, Hispantv ha sido señalado como un instrumento de propaganda del régimen iraní y criticado por difundir desinformación. No obstante, el enfoque alternativo que ofrece de la realidad internacional ha logrado conectar con amplios sectores de la izquierda latinoamericana. Aunque no se puede considerar Hispantv como un canal de noticias de referencia en América Latina, es un medio para que Irán cumpla su propósito. Los mensajes emitidos a través del canal son posteriormente difundidos por las redes sociales y llegan a diferentes grupos de la sociedad.

La evolución política latinoamericana de los últimos años señala que las propuestas progresistas lograron ganar varias elecciones en la región. México, Colombia, Perú o Chile son países que, de forma tradicional, permanecían más próximos a los intereses de Estados Unidos. Es evidente que no se puede considerar que Hispantv y el poder blando iraní hayan sido factores decisivos en este cambio, pero si contribuyeron a reforzar el mensaje de los grupos políticos de izquierda.

No hacía falta esperar al Supermartes (5 de marzo) para afirmar que Joe Biden, de 81 años, y Donald Trump, de 77 años, tendrán su revancha en las elecciones presidenciales del 5 de noviembre. La contienda es muy reñida, aunque los rounds de cara a las internas mostraron como favorito al postulante de la oposición. La única certeza es que el triunfador en las urnas representará al jefe de Estado de más edad de la historia de Estados Unidos y el fin de los liderazgos de una época.

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A continuación se presentan diez aspectos en torno a las primarias estadounidenses, a su resultado y los retos que enfrentan los candidatos.

1. El término hace referencia a las primarias de marzo durante el año electoral, en las que participan numerosos estados, algunos de gran población. Dada su magnitud, estas elecciones ofrecen a los candidatos la oportunidad de avanzar en la búsqueda de delegados para la convención de su partido, que determina la nominación, e incluso puede tener la fuerza de asegurar la candidatura.

2. En los quince estados con primarias, el Supermartes abarcó a millones de estadounidenses en diferentes zonas horarias. Debido a la previsibilidad de los resultados en ambos partidos, la contienda careció de las expectativas típicas de un Supermartes. Más bien, se trató de un Supermartes diluido, sin sorpresas.

Los resultados

3. El expresidente Trump fue declarado vencedor en 14 de los 15 estados en disputa. Alabama, Alaska, Arkansas, Colorado, California, Maine, Massachusetts, Minnesota, Carolina del Norte, Oklahoma, Tennessee, Texas, Utah y Virginia votaron a su favor. Solo perdió ante su rival Nikki Haley, de 52 años, en el estado de Vermont. «Ha sido una noche y un día increíbles, increíbles», afirmó el martes por la noche ante seguidores que se congregaron frente a su residencia en Mar-a-Lago, en Florida. En realidad, toda la campaña fue un tramo increíble para el republicano. Ganó casi todas las contiendas primarias, a pesar de enfrentar la acusación de incitar el ataque al Capitolio en 2021 y por tener unos 90 casos pendientes de gravedad ante la justicia.

4. El sólido respaldo a Trump llevó a que Haley anunciara este miércoles que se retiraba de la contienda republicana. Aunque la contrincante obtuvo mejores resultados de lo que sugerían las encuestas, no le alcanzó para mantenerse en la competencia, que demanda muchos recursos económicos.

5. En las últimas horas se reveló que el equipo de campaña del presidente Biden analiza el desempeño de Haley en las áreas suburbanas del Supermartes. En busca de la reelección por el Partido Demócrata, el oficialismo piensa cómo podría atraer nuevos votantes a las urnas. Haley no parece inclinada a respaldar a Trump, pero tampoco al candidato del otro partido. Tras los resultados de la elección, incitó a su rival interno a dirigirse a los republicanos moderados y a los votantes independientes. «Ahora es responsabilidad de Donald Trump ganarse los votos de aquellos dentro y fuera de nuestro partido que no lo apoyan, y espero que lo haga», afirmó en un discurso televisado en Charleston.

Compromiso vinculante

6. Haley avanzó en la carrera republicana como la antagonista más crítica de Trump y muchos de sus votantes la acompañaron para evitar el regreso del expresidente. Una pregunta que surge en estas horas es a quién apoyarían sus votantes. Una encuesta reciente realizada por la Universidad de Quinnipiac encontró que aproximadamente la mitad de los republicanos y los votantes de tendencia republicana que apoyaban a Haley votarían a Trump. Mientras que el 37% votaría a Biden. El 12% dijo que se abstendría y apoyaría a otra persona o que aún está indeciso.

7. Biden arrasó en los 15 estados y solo perdió en el territorio de Samoa ante un empresario. Sin embargo, su nominación está lejos de despertar el entusiasmo que ha suscitado Trump en la interna republicana. Un análisis detallado de las preferencias electorales en el estado de Minnesota, revela que el apoyo a Biden no implica un compromiso vinculante con las elecciones nacionales. Aparentemente, se debe a una reacción que cuestionan la actitud de Biden sobre la respuesta militar de Israel en la Franja de Gaza.

Factores decisivos

8. Aunque los asuntos internacionales pueden restar puntos en la competencia, en general son factores internos. El estado de la economía, entre otros, son los temas decisivos para los electores. Estos factores definen el voto y la decisión de acudir a las urnas en elecciones que no son obligatorias.

9. La economía parece jugarle en contra al presidente Biden, a pesar de la notoria mejora que se registró desde la pospandemia. La inflación alcanzó el 9,1% en 2022, y disminuyó a 2,4% 12 meses después. A su vez, el crecimiento anual fue de 3,1% en 2023 y el desempleo se encuentra en niveles históricamente bajos. Sin embargo, al final del día, lo que pesa es la percepción de los votantes. Un estudio reciente, sobre cómo influye la economía en los resultados electorales, reveló que los demócratas tienen 50% de probabilidad de ganar la Casa Blanca en noviembre. Las probabilidades son similares en la Cámara de Representantes.

10. La edad avanzada de Biden es otro factor que complica su campaña y posible reelección. Debido a deslices y errores verbales públicos, la opinión pública ha discutido el estado de sus facultades mentales, especialmente su memoria. Su extensa experiencia en el manejo de asuntos públicos, un valor apreciado que lo llevó a la Casa Blanca, podría desvalorizarse si se considera que su edad le impide liderar el gobierno. Trump también ha tenido momentos de confusión. Hay registros de discursos incoherentes, que podrían ser señales de un deterioro cognitivo, pero pasan desapercibidos en medio del ruido de su fanfarria proselitista.

El gobierno de Venezuela anunció este 5 de marzo, aniversario de la muerte de Hugo Chávez, la fecha de las elecciones presidenciales de este año. La jornada seleccionada para los comicios será el próximo 28 de julio, día del cumpleaños de Chávez.

En el contexto actual, el gobierno venezolano mantiene la inhabilitación de María Corina Machado, candidata y principal líder de la oposición. De igual forma, la privación de libertad de defensores de derechos humanos como Rocío San Miguel, y la persecución de dirigentes políticos arrecia los últimos días.

El cronograma electoral informado deja en duda el voto en el extranjero. Además pone en jaque el Acuerdo de Barbados (27/10/2023) donde el régimen de Nicolás Maduro se comprometía a reconocer y respetar a los diferentes actores políticos.

Respecto al empeoramiento de la situación política interna en Venezuela, el diputado Jürgen Hardt, portavoz de política exterior de la bancada parlamentaria de la democracia cristiana alemana (CDU/CSU), declaró:

«El régimen venezolano de Nicolás Maduro se comporta en forma cada vez más represiva.

Después de que la Deutsche Welle fuera calificada de «emisora nazi» y se prohibieran sus transmisiones, ahora se ha fijado la fecha de las elecciones presidenciales para el 28 de julio de 2024 sin consultar a la oposición. Es evidente que el régimen está intentando tomar por sorpresa a la creciente oposición.

En realidad, la fecha de las elecciones debería fijarse más adelante en acuerdo con todas las fuerzas políticas.

La bancada parlamentaria de la CDU/CSU reclama al régimen de Maduro que permita al pueblo venezolano votar sobre su futuro en elecciones libres y justas.

Venezuela debe encontrar el camino de regreso a la democracia. Ningún candidato debería ser excluido. Los presos políticos deben ser liberados inmediatamente».

Europa y Venezuela

En referencia al papel de la comunidad internacional y más concretamente el de la Unión Europea, el diputado Hardt sostuvo que «Para garantizar que las elecciones sean lo más libres y justas posible, la Unión Europea debería enviar una misión de observación electoral. Después de años de dictadura y decadencia económica, el pueblo venezolano tiene derecho a retomar las riendas democráticas de la acción y conducir a Venezuela hacia un futuro mejor».

Compromiso

La bancada de la CDU/CSU representa a los partidos populares de centro en el parlamento alemán. Está comprometida con la libertad, la cohesión social y la responsabilidad personal. Sobre la base de la visión cristiana del ser humano, la bancada de la Unión aboga por un Estado constitucional democrático, liberal y fuerte, una economía social de mercado y ecológica, la integración a la comunidad de los valores occidentales y la unificación de Europa. El presidente de la bancada parlamentaria de la CDU/CSU es el diputado Friedrich Merz.

Traducción no oficial del alemán realizada por Diálogo Político.

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El populismo es un concepto ampliamente debatido en la teoría política, sobre el cual no hay un consenso definitivo. Sin embargo, podemos aproximarnos a su definición considerando el contexto donde se produce el fenómeno. Este usualmente nos plantea una confrontación entre las nociones de liberalismo y democracia. En la discusión encontramos diversas expresiones relativas a su naturaleza. Por una parte, una corriente lo define como ideología, mientras otras lo conciben como movimiento político y social. Encontramos también que algunas de sus caracterizaciones reflejan las experiencias en Europa contrastando con las de Latinoamérica. Del mismo modo, en la teoría política, podemos distinguir la escuela norteamericana del populismo, la visión de Laclau y Mouffe, y la socioeconómica, ahora mucho menos prominente. De igual forma, no podemos olvidar la perspectiva de Germani como forma de dominación autoritaria en respuesta a la exclusión política.

El populismo, un concepto

En el argumento de Mudde encontramos la esencia del debate populista. Las contradicciones se presentan entre una identidad popular basada en la pureza, en oposición al poder de las élites.

«Un cuerpo ideológico delgado que considera que la sociedad está, en última instancia, separada en dos grupos homogéneos. y grupos antagónicos, “la gente pura” versus “la élite corrupta”, y que argumenta que la política debe ser una expresión de la volonté générale (voluntad general) del pueblo».

La categorización del populismo no se limita a la visión teórica. Mudde concibe una visión más pragmática del populismo como una estrategia centrada en el liderazgo carismático-personalista o folklórico con el propósito de movilizar a la población. Es un concepto lo suficientemente flexible como para expresarse desde diferentes tendencias ideológicas. Sin embargo, es posible encontrar elementos comunes en el lugar que ocupan el pueblo, las élites y la voluntad general. El destino común es la idea de la democracia radical (Laclau y Mouffe), donde la superación de la búsqueda de equilibrio entre la libertad y la igualdad permite que sea esa naturaleza conflictiva la que conduzca a la unificación de los movimientos plurales, y con ello, profundizando la democracia radical.

Reacción antidemocrática

El discurso populista presenta dimensiones claramente diferenciadas cuando se trata de caracterizar a su oponente. Por un lado, la veta nacionalista se expresa como un argumento moral en defensa de la soberanía (Chávez). Por otro, hay un componente claramente etnopopulista (Bolivia), a diferencia de los rasgos xenofóbicos excluyentes presentes en la versión europea del populismo nacionalista. En un escenario donde las élites representan intereses foráneos, el sentimiento nacionalista se traduce en la reacción anti-imperialista presente en Latinoamérica.

Más aún, la encarnación del poder del pueblo tiene como misión no solamente desplazar a las élites corruptas, sino traer la justicia social para corregir las profundas inequidades producto de la influencia de dichas élites sobre la economía y la sociedad. Es por tanto que podemos encontrar en la experiencia peronista de Argentina, como en la chavista de Venezuela, los elementos que sostienen a un modelo de inclusión social que progresivamente se alejó de las formas y prácticas democráticas para en nombre del pueblo abrogarse su representación exclusiva, argumentando la necesidad de protegerlo de las amenazas externas.

En la actual reacción antidemocrática hay elementos que se adscriben a la tradición discursiva del antiimperialismo. Sin embargo, coexisten otras causas. Están presentes la aspiración a la movilización social en contra de los intereses de las oligarquías, la superación de las inequidades sociales y el fortalecimiento de la voluntad popular. El contexto, indistintamente de la inspiración, es el de un alejamiento de la causa democrática al vincular sus prácticas con el fortalecimiento de la relación entre el pueblo y la encarnación del poder. El sacrificio de las formas democráticas se justifica en los esfuerzos por cerrar una brecha social al costo de la renuncia de las libertades democráticas.

Liderazgos populistas

La experiencia populista de Latinoamérica es amplia y diversa.

En la región podemos identificar una primera etapa caracterizada por la transición económica de base rural a una industrial. La política de sustitución de importaciones se contradice con los intereses de las élites políticas de la oligarquía terrateniente (Gratius), como en Argentina y Brasil.

En una segunda etapa, el advenimiento del neoliberalismo trajo consigo una renovada clase política (Perú y Argentina como casos emblemáticos). Bajo la promesa de reducir la pobreza, este modelo adoptó las premisas del Consenso de Washington en un intento por corregir las distorsiones económicas. Se aplicaron las llamadas terapias de shock que, lejos de cerrar brechas, profundizaron las dificultades de los sectores más vulnerables y desasistidos.

En la tercera etapa nos encontramos con el regreso de la izquierda populista de la mano del chavismo en Venezuela, lo que inició un tiempo de gobiernos democráticamente electos con una clara tendencia anti-imperialista, filiación de izquierda radical (Bolivia y Venezuela en principio), cuyo argumento central es el rechazo a las políticas reformistas neoliberales y el rescate del pueblo como actor político.

Populismo autoritario

La marea rosa expuso la práctica populista en su variante autoritaria, en varios casos, los más emblemáticos fueron Hugo Chávez y Daniel Ortega. Mientras, en el pasado Fujimori, y ahora Nayib Bukele y Javier Milei, representan la versión autoritaria de derecha de la vertiente populista Latinoamericana. La maleabilidad del populismo evidencia su capacidad de adaptación, indistintamente de si se trata de un gobierno de derecha o de izquierda. La guerra en Ucrania ha convocado a los populistas, reuniéndolos no en torno a Zelensky, sino en reverencia a Putin.

A diferencia de la época de bonanza económica que acompañó al chavismo en su onda expansiva por región, hoy estas expresiones devenidas en autoritarismos cerrados (Venezuela y Nicaragua) enfrentan profundas crisis económicas. Sin embargo, su encanto es tal que logran imponerse en contextos volátiles, como en El Salvador o Argentina, bien sea por la necesidad de conseguir seguridad a cualquier precio, o por la bancarrota que el populismo de izquierda deja a su paso.

El populismo sobrevive tanto en ambientes democráticos, como en aquellos autoritarios. Las causas que invitan su aparición van desde la debilidad de los sistemas de partidos, hasta la recurrencia de las crisis económicas que profundizan la brecha social.

El sentimiento que alimenta a los populismos puede ser revanchista o reivindicador. La democracia es vista de forma utilitaria, mientras permita el ascenso al poder, pero no hay lealtad hacia sus instituciones ni confianza en sus principios. En la tradición política Latinoamericana, el populismo ha sido una experiencia omnipresente que seguirá transformándose para atraer a aquellos defraudados por la democracia y sus limitaciones.

Pareciera ser imposible entender a China sin hablar de su competencia con Estados Unidos. Pero, ¿representa eso el equivalente al período de posguerra cuando el mundo era bipolar? ¿O para entender a China, más allá de su confrontación con Occidente, hay que mirar otros aspectos? ¿Su poder tecnológico? ¿Sus ambiciones militares? ¿Su cambio de estrategia? Hoy en Bajo la Lupa nos preguntamos sobre China y ¿una nueva guerra fría?

Los logros económicos y tecnológicos posicionan al país asiático como una potencia mundial. ¿Contraparte, competidor o rival sistémico? ¿O, tal vez, las tres cosas a la vez? Lo cierto es que la República Popular de China se convirtió en un factor ineludible en el ámbito internacional. Comercio, cambio climático, explotación de recursos, inversiones, redes, ninguno de estos temas puede tratarse seriamente sin tener en cuenta el papel creciente de China.

Provocar la reflexión

Es notorio que detrás de la política blanda y de las irresistibles ofertas de su gigantesco mercado se esconden objetivos geopolíticos. Detrás de las oportunidades de exportación hay riesgos que conviene identificar a tiempo. China constituye un desafío a la democracia y a la libertad.

Desde Diálogo Político queremos provocar la reflexión sobre este gigantesco desafío que parece no siempre ser reconocido suficientemente por las autoridades, los partidos políticos ni la opinión pública en América Latina. No es tiempo de creer ingenuamente en ofrecimientos de apariencia generosa. Por el contrario, es necesario leer la letra chica de contratos y acuerdos. La supervivencia de la democracia, del orden basado en reglas, de la vigencia irrestricta de los derechos humanos está en juego. Para enfrentar este desafío es necesario aprender. Conocer bien a China es el primer paso para relacionarse bien con ella.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo Político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

El periodista Thomas Traumman y el encuestador Felipe Nunes publicaron un importante libro para comprender el Brasil actual. Se llama «Biografía del abismo», y muestra el país polarizado en dos grupos con opiniones prefabricadas.

La última encuesta de la consultora Atlas Intel sobre el índice de aprobación del Presidente Luiz Inácio Lula da Silva expresa que el 42% considera al mandatario «excelente» o «bueno», el 39% «malo» y el 16% «regular». Las cifras son casi idénticas a las del inicio de su gobierno en enero de 2023. Es decir, ningún suceso del último año influyó en cómo la gran mayoría de los brasileños miran a Lula.

En referencia a lo anterior, la impresión que se desprende es que Lula y la izquierda están en estado de negación. La postura que mantienen los referentes del Partido de los Trabajadores (PT) e influenciadores digitales de la burbuja de izquierda es de triunfalismo. En las redes, simpatizantes de Lula han restado importancia al Holocausto judío y el presidente no condenó las dictaduras de Rusia y Venezuela. Son ingredientes que le quitan potencia al relato oficialista: «Frente amplio por la democracia». La izquierda parece creer que obtuvo una gran victoria en las elecciones de 2022. En verdad, esto sucedió porque sectores moderados querían sacar a Bolsonaro del poder y apoyaron la candidatura de Lula. Las elecciones se ganaron por un margen muy acotado.

PT, economía y seguridad

Las dos mayores preocupaciones del electorado no se han renovado. En la economía, el tercer Lula es un intento de repetir sus gobiernos anteriores. Casi todas las banderas del gobierno son reediciones de políticas adoptadas entre 2003 y 2016, cuando Lula y Dilma Rousseff gobernaron Brasil. Para los más pobres, el programa Bolsa Família provee más recursos. Para los empresarios, se generaron subsidios en la industria automotriz y un plan de fomento.

El programa Nueva Industria Brasil de 300 mil millones reales (unos 60 mil millones de dólares) es una idea ambiciosa, pero sin metas definidas para aumentar la productividad, la innovación y las exportaciones. Es un slogan basado en las políticas adoptadas por Lula y Dilma que no lograron reindustrializar el país.

El PBI de Brasil creció un 3% en 2023. Aunque es una cifra mediocre, es el mayor crecimiento entre las principales economías latinoamericanas. La agroindustria, con cosechas récord de soja y maíz el año pasado, fue responsable de la mayor parte del crecimiento. La paradoja de Lula es que la agricultura, que trae buenas noticias a la economía, es un sector conservador. La gran mayoría del campo votó a Bolsonaro en 2018 y 2022, y volverá a votar contra el PT en 2026.

La principal iniciativa del gobierno en materia de seguridad ha sido deshacer la liberalización de portación de armas de fuego, que habilitó la presidencia de Bolsonaro. Expertos temen que armas compradas legalmente hayan sido destinadas al crimen organizado por medio de testaferros.

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No parece existir una estrategia nacional de combate al crimen. Ante la incapacidad de dar respuestas respecto a la inseguridad, el gobierno federal asume el riesgo político de que la sociedad crea que todo vale contra la delincuencia. Así nacen los Bukeles.

La herencia bolsonarista

La Policía Federal ha revelado pruebas de que el entonces presidente Jair Bolsonaro, junto con cuatro generales del ejército y el comandante de la Armada, planificaron un golpe de Estado hacia fines de 2022. El complot consistió en difundir desinformación sobre las urnas, forzar una revuelta del pueblo e instaurar un gobierno militar.

El 42% de los brasileños cree que Bolsonaro es perseguido y el 40% cree que es culpable. El expresidente ya está inhabilitado para disputar elecciones por ocho años, según una decisión del Tribunal Supremo Electoral en una penalidad justamente sobre fake news.

El 25 de febrero, Bolsonaro convocó una marcha para defender su relato. El gobernador de São Paulo, principal estado de la federación, Tarcisio de Freitas, asistió al acto. Los grandes medios han construido la imagen de un gobernador moderado, pragmático, de centro derecha, como si estuviera a medio camino entre Bolsonaro y Lula. Los hechos demuestran que eso no es así, ya que fue uno de los miembros del gabinete más cercanos a Bolsonaro. Además, estuvo con el entonces presidente en sus apariciones en Facebook, cuando compartía fake news sobre la pandemia y la integridad de las elecciones de 2022. En ese sentido, De Freitas califica como heredero político de Bolsonaro y la derecha dura. Sin embargo, la gran pregunta es quién será el candidato apoyado por el expresidente para confrontar a Lula en su camino hacia la reelección de 2026. Aunque queda mucho por recorrer, una hipótesis plausible es De Freitas.

¿Cómo queda el centro?

El centro político participa en el gobierno de Lula a través del vicepresidente Geraldo Alckmin afiliado al Partido Socialista Brasileño —que también ocupa el Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio—. De igual forma, se encuentra Simone Tebet, ministra de Planificación y Presupuesto.

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Alckmin fue uno de los que impulsó la idea de reactivar la industria nacional sin presentar metas. El ministerio de Tebet es clave para la política pública, sin embargo, tiene poca visibilidad. Además, más del 90% del presupuesto federal de Brasil se compone de gastos obligatorios en salarios de empleados públicos, pensiones, planes sociales, transferencias a gobiernos subnacionales, pagos de la deuda y financiación del Poder Judicial y Legislativo.

Hay poco espacio en el presupuesto para Alckmin y Tebet. Todos sus logros serán los que el gobierno de Lula prometió: un «frente amplio por la democracia y contra el fascismo». En realidad, es un gobierno de izquierda cuya idea más potente es activar la economía por medio de mayor gasto público en un intento de revivir los logros del pasado.