En la mayor parte del mundo, la integración económica se produce principalmente en el seno de las regiones y entre países que comparten ciertas características más allá de la proximidad geográfica. América Latina no es una excepción a esta tendencia. Las economías latinoamericanas se integran en subunidades más pequeñas. Esto sucede porque las geografías y economías, desde el Río Grande hasta el extremo sur de la Patagonia, varían sustancialmente.

Los países de Latinoamérica se agrupan en tres unidades principales: los centroamericanos, principalmente organizados en el Mercado Común Centroamericano (MCCA); los caribeños, a través del CARICOM; y los sudamericanos, que se organizan principalmente en la Comunidad Andina (CAN) y el Mercado Común del Sur (Mercosur). Aunque existen algunos acuerdos bilaterales entre estas subregiones, como el Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Uruguay y México, las economías sudamericanas no están profundamente integradas con las de Centroamérica o el Caribe. No obstante, se destaca una excepción. Los tres países sudamericanos que integran la Alianza del Pacífico (Chile, Colombia y Perú) mantienen relaciones comerciales sólidas con Centroamérica.

Mercados comunes

Los Mercados Comunes son una de las formas más avanzadas de integración económica o relaciones comerciales en América Latina. Estos representan un paso más allá de los tradicionales TLC, ya que implican una integración más profunda. En Latinoamérica, destacan dos ejemplos de este tipo de integración: el MCCA, que abarca a Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y Honduras; y el Mercosur, conformado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, y ahora Bolivia.

La esencia de los mercados comunes radica en la armonización de políticas económicas, normativas e instituciones entre los estados miembros. Esto puede implicar, por ejemplo, el establecimiento de un arancel exterior común, como se ha llevado a cabo en el caso del Mercosur. Además, suelen contar con instituciones conjuntas encargadas de la gobernanza económica, tales como Consejos Ministeriales, comités económicos y mecanismos de solución de diferencias.

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Por otro lado, aunque de una manera menos integrada, la Comunidad Andina representa una Zona de Libre Comercio en la región. Aunque también se busca la armonización de políticas y normativas, el enfoque principal de esta entidad reside en la eliminación de aranceles y contingentes sobre el comercio de mercancías. En comparación con los Mercados Comunes, la Comunidad Andina sigue un modelo que permite una cierta flexibilidad en la aplicación de las políticas comerciales de cada país miembro.

Tratados de Libre Comercio

Los TLC representan los nexos comerciales más sólidos después de los mercados comunes en América Latina. Abordan una amplia gama de asuntos económicos, incluyendo el intercambio de bienes y servicios, inversiones y derechos de propiedad intelectual. Por lo general, implican medidas extensas para liberalizar el comercio en diversos sectores e industrias, y son negociados directamente entre dos o más países o en el marco de organizaciones de integración regional.

Un ejemplo notable de TLC multilateral es el CAFTA-DR (en vigor desde 2006), un acuerdo entre Estados Unidos, el Mercado Común Centroamericano y la República Dominicana. Tras el fracaso de la propuesta del Área de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 2005, este acuerdo fue el primero que un grupo de naciones latinoamericanas estableció con los Estados Unidos. Abrió los mercados, eliminó aranceles y liberalizó el comercio. Panamá quedó fuera por no pertenecer al Mercado Común Centroamericano, aunque ha suscrito TLC con todos los Estados miembros, manteniendo sus propias políticas comerciales. De forma similar, México ha establecido TLC con todos los Estados centroamericanos, pero su principal intercambio comercial está ligado a la Zona de Libre Comercio que conforma con Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Chile se destaca en el escenario regional. Aunque es parte de la Alianza del Pacífico, no forma parte de ningún mercado común. En cambio, ha establecido una extensa red de TLC bilaterales con todos los Estados centroamericanos. También con los miembros de la Alianza del Pacífico, México, Perú y Colombia. A pesar de que estos últimos dos países pertenecen a la Comunidad Andina, también tienen TLC con numerosas economías centroamericanas.

Los TLC desempeñan un papel significativo en la política interna de bloques comerciales como el Mercosur. Se han suscitado tensiones entre los Estados miembros debido a los distintos intereses dentro del bloque. Mientras que Uruguay aboga por una flexibilización de las normas comerciales y busca establecer TLC bilaterales con países como China, otros miembros siguen bloqueando esta propuesta.

Acuerdos de alcance parcial

Una forma más flexible de cooperación económica y comercial entre los Estados latinoamericanos se manifiesta a través de acuerdos bilaterales, denominados Acuerdos de Alcance Parcial. Estos acuerdos tienen como propósito principal facilitar la cooperación en el ámbito comercial y económico entre los países de la región. Son promovidos mediante el mecanismo de integración regional de ALADI y generalmente contienen disposiciones menos exhaustivas que los TLC.

En Sudamérica, todos los países que no establecieron vínculos comerciales a través de un mercado común o TLC tienen establecidos Acuerdos de Alcance Parcial entre sí. Las únicas excepciones son los casos de Ecuador-Venezuela y Perú-Venezuela. A pesar de que Venezuela fue aceptada en Mercosur en 2012, posteriormente fue suspendida de la organización en 2017. No obstante, junto con Bolivia, mantiene una alianza dentro de la organización ALBA junto con Cuba y Nicaragua.

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Otro aspecto relevante es la participación comercial de Cuba en Sudamérica. A pesar de estar considerablemente aislada de la economía global, Cuba mantiene Acuerdos de Alcance Parcial con todas las naciones sudamericanas. Sin embargo, este acuerdo ha tenido una influencia limitada en las relaciones comerciales entre los países latinoamericanos y Cuba. Con excepción de Venezuela, los volúmenes comerciales con los demás países de la región son mínimos. Esto ejemplifica que la mera existencia de un Acuerdo de Alcance Parcial no garantiza un aumento significativo en los volúmenes comerciales.

Poca integración

A pesar de la robusta red de lazos comerciales entre las economías latinoamericanas, el nivel de integración económica sigue siendo relativamente bajo. Por ejemplo, aunque el Mercosur se menciona a menudo como un modelo de integración económica en la región, aún persisten barreras internas que complican los esfuerzos para una integración más profunda.

En los últimos años, la tendencia sugiere que no ha habido cambios significativos en el panorama comercial de la región. Aunque Bolivia se ha incorporado recientemente al Mercosur, en el resto de la región se han mantenido los acuerdos comerciales vigentes. Por lo tanto, no dominan el discurso político regional. En cambio, las discusiones sobre las relaciones comerciales con países externos tienen una mayor presencia en el debate político. Estos incluyen los TLC con economías como Emiratos Árabes Unidos o Singapur, pero principalmente el acuerdo UE-Mercosur, así como la creciente presencia de China en la región.

Diálogo Político presentó el manual Cómo producir pódcast políticos el martes 23 de abril con el redactor del texto, Franco Della Donne, podcaster y narrador en Bajo La Lupa, y Silvia Viñas productora ejecutiva del pódcast El Hilo, de Radio Ambulante. 

El manual ofrece las herramientas básicas para construir desde cero un pódcast político de referencia, desde la concepción hasta la comunicación del producto. Asimismo, acompaña el taller Cómo producir un podcast político de DP Campus, aún con convocatoria abierta.

Sebastian Grundberger, director del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina por la KAS, destacó la importancia de que Diálogo Político ayude a “chicos y chicas que quieren influenciar en debates, porque de eso se trata la democracia”.

Podcasters con experiencia

Como especialista en el área, para Della Donne esta herramienta logra “poner a la política en un lugar de relevancia», mientras hay “cierto rechazo” a la actividad en el contexto actual. “Sin política no podemos cambiar los problemas que tenemos”, reflexiona. Destaca que el formato audio “permite llegar de una manera diferenciada a la gente”.

Por su parte, Viñas valoró la creación del manual porque, desde que existe el pódcast, los comunicadores están “aprendiendo sobre la marcha”, piensa. La productora de El Hilo, que además será una de las exponentes en el DP Campus, se involucró con el formato de periodismo en audio hace 11 años, cuenta, como pasante en Radio Ambulante. 

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Por otra parte, al reflexionar sobre su trabajo, también destaca las distintas posibilidades del audio. Previo a las elecciones presidenciales de El Salvador, publicó Central con Radio Ambulante, un podcast de investigación sobre Nayib Bukele. En ese sentido, Della Donne apunta a una cuestión presente en el manual: los diferentes procesos entre producir un tira de una serie. 

Viñas también resalta la importancia de “pensar en la audiencia” del pódcast en la preproducción y “dar tiempo antes de lanzar” para poder pensar una promoción estratégica del producto al final del proceso.

DP Campus

La diferencia entre hacer un podcast cualquiera y hacer un podcast político de referencia reside en conocer, explorar y manejar las cuestiones estratégicas, técnicas y comunicacionales de esta industria. Este taller ofrece las claves para conseguirlo y poder convertir tu idea en una realidad.

DP Campus es un programa de eventos regionales de formación y capacitación para influenciadores políticos que aspira a promover una política responsable y a fortalecer la democracia en América Latina. Es parte de la plataforma Diálogo Político, proyecto del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

El 22 de febrero de este año, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador decidió filtrar el teléfono de la periodista del New York Times Natalie Kitroeff en su tradicional conferencia «Mañanera». El mandatario hizo pública una carta en la que Kitroeff solicitaba la versión oficial del gobierno para una publicación sobre presuntos nexos del mandatario con grupos criminales.

«Casta divina, privilegiada», son apenas dos de los adjetivos que usó López Obrador para referirse a los periodistas que cuestionaron su actitud como un atentado contra la seguridad de la corresponsal del medio estadounidense. «Si está preocupada, que cambie su número de celular», sentenció.

Esta escena se da en uno de los países más peligrosos para ejercer el trabajo de prensa. En 2023 se registraron 561 agresiones, incluyendo asesinatos y desapariciones. En promedio, un ataque cada 16 horas, según la organización Artículo 19. El 2022 se sigue manteniendo como el año más sangriento en México, con 17 reporteros asesinados.

A nivel mundial, los recuentos muestran una disminución significativa de la violencia letal respecto al año anterior. Una buena noticia inicialmente. Aunque plantea un cuestionamiento sobre el trasfondo de esta reducción y no necesariamente significa una mejora de las condiciones laborales.

Las coberturas de riesgo pueden estar siendo aplacadas por la autocensura para evitar escenarios complejos. Pero también más ataques diversificados, incluso a nivel digital, con campañas de desprestigio y acoso, estarían impactando en las decisiones de los periodistas. Por otro lado, medios y asociaciones han asumido mecanismos de protección para hacer frente a los ataques.

En Latinoamérica y el Caribe, los organismos internacionales evidenciaron también esta tendencia descendente. Aunque es importante precisar que las cifras difieren de acuerdo con las metodologías aplicadas y cuándo se toma en cuenta el asesinato vinculado al trabajo específico del periodismo.

Cifras alarmantes en el mundo

Contrario al descenso global de los asesinatos, en las zonas de conflicto ha habido un incremento alarmante. Según el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), 78 periodistas perdieron la vida en todo el mundo, un incremento de casi el 44% en 2023 respecto a 2022. Para la organización, este periodo fue «el más letal» desde el inicio de su registro en 1992. A más de seis meses de la guerra en Oriente Medio, entre el grupo extremista Hamás y el gobierno de Israel, la devastación en Gaza está dejando heridas profundas. En otro conflicto bélico latente, desde la invasión rusa a Ucrania, el 24 de febrero de 2022, Reporteros Sin Fronteras (RSP) contabiliza 11 reporteros asesinados, muchos otros heridos, encarcelados o desaparecidos.

Los periodistas en zonas de conflicto desafían la violencia por un trabajo esencial en tiempos de incertidumbre y desinformación.

Pero los asesinatos no son la única muestra de violencia. Quienes se encuentran en terreno también sufren agresiones físicas, detenciones, confiscación de equipos y restricciones para acceder a lugares de conflicto. En este contexto muchos optaron por huir, pues no tenían garantías para seguir informando. Así se profundizan las denominadas «zonas de silencio», lugares claves para obtener testimonios de primera mano, pero sin accesibilidad.

Los filtros correctos para evitar el morbo, las voces balanceadas, las historias desapercibidas: las audiencias necesitan conocer los matices de la guerra y dependen del periodismo responsable para combatir las narrativas radicales del bueno y el malo.

En la mira del poder

El presidente Javier Milei, ¿tiene cuatro o cinco perros? Esta duda aparentemente trivial ha evidenciado una fuerte tensión entre el mandatario argentino y la prensa. Incluso, el tema viene desde cuando él era cronista económico. «Que haya cuatro o cinco perros ya no es el problema del presidente sino de todos los argentinos, porque si el presidente tiene cuatro y ve cinco estamos hablando de una persona que ve algo que no se condice con la realidad; por eso nos interesa el número de los perros», insiste Jonathan Heguier, corresponsal de El Destape TV en Casa Rosada.

Cuando los temas incómodos se ponen en agenda, cuando las investigaciones develan irregularidades, cuando se pide rendición de cuentas, las autoridades cuestionadas tienden a evadir o desprestigiar al emisor. Desde su espacio de poder durante una conferencia mañanera, detrás de las redes con ataques anónimos o con órdenes de captura, la intimidación es la respuesta que mejor se acomoda a los gobiernos o regímenes que no están dispuestos a la fiscalización.

En diferentes niveles, la restricción a la libertad de prensa es una realidad con la que deben lidiar los periodistas. No solo cuando se cuestiona al sector público, sino también al empresariado y con mayor riesgo al crimen organizado. A esto se suma, en muchos países, las dificultades para acceder a información pública, aun teniendo leyes que respaldan las peticiones y la transparencia.

De acuerdo con la clasificación mundial de libertad de prensa 2023 de RSF, Cuba, Honduras, Venezuela y Nicaragua son los países de la región donde existen menos condiciones para el ejercicio del oficio. El primero, con 29 puntos, se encuentra en una situación «muy grave» y los demás categorizados en una «situación difícil».

En Nicaragua, prácticamente quienes no son periodistas oficialistas son considerados enemigos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Como el comunicador Víctor Tikay, que fue encarcelado hace un año solo por transmitir una procesión religiosa en vivo. Para quienes todavía creen que es posible un periodismo de convicción y servicio solo les queda el exilio.

¿Qué motiva a un periodista a seguir?

El auge del autoritarismo, la profundización de los conflictos sociales, el fortalecimiento del crimen organizado, y la polarización política abonan un escenario de riesgo para el periodismo independiente.

Pero hoy se enfrentan más desafíos que la valentía de cuestionar. Hacer buen periodismo en América Latina cuesta y mucho. La precariedad laboral no es un tema menor cuando están en juego la supervivencia de los medios y la capacidad de sustento financiero de los trabajadores. Viviendo estas condiciones adversas, ¿qué motiva a un periodista a seguir? Tal vez saber que aún es posible lograr cambios desde el «mejor oficio del mundo».

La polarización del campo político a lo largo de un eje izquierda-derecha continúa dominando los discursos políticos en América Latina. En el contexto de las tentaciones autoritarias en muchos países latinoamericanos, esta equivocada polarización dificulta la visión de lo que es esencial.

En respuesta a los recientes éxitos electorales y al alto potencial de movilización de candidatos carismáticos antisistema como Jair Bolsonaro en Brasil, Javier Milei en Argentina y Nayib Bukele en El Salvador, se ha generado una lucha sobre la interpretación política de este fenómeno. Especialmente desde la izquierda, estos candidatos antisistema están vinculados de manera difusa a la derecha o apresuradamente al conservadurismo. El debate sobre la naturaleza del conservadurismo ha ganado nueva prominencia en los editoriales y en el debate político del continente.

Telón de fondo

Justamente en la izquierda, poner la etiqueta de «conservador» al competidor político promete generar un importante potencial de movilización política. Cuando el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador advierte sobre los «gobiernos de derecha, gobiernos conservadores» demuestra la mezcla intencional de los términos «derechista» y «conservador». En la imprecisión creada deliberadamente, se agrupan en un bloque supuestamente monolítico diferentes personas y posiciones, como José Antonio Kast en Chile o Javier Milei en Argentina, la candidata de la oposición democrática en Venezuela, María Corina Machado, y el expresidente de centroderecha de Argentina, Mauricio Macri.

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Esta vaguedad intencionada sólo distingue entre «progresistas» o «de izquierda» por un lado y «conservadores», «de derechas» y «reaccionarios» por el otro. Con esto, no sólo polariza aún más a las sociedades. Sobre todo les nubla la vista frente a la crucial distinción entre posiciones democráticas y autoritarias. Entonces parece que vale la pena recurrir a herramientas más precisas para analizar el concepto y la esencia del conservadurismo.

Conservadurismo

La disputa sobre su naturaleza acompaña al conservadurismo desde su surgimiento a principios del siglo XIX. Las otras dos grandes corrientes políticas de la modernidad, el liberalismo y el socialismo, han formado un extenso cuerpo teórico. Sin embargo, determinar y definir el conservadurismo es mucho más difícil. Por un lado, el conservadurismo se ha definido principalmente a través de su demarcación de un movimiento que se percibe como progresista. Esta característica le ha convertido a menudo en un blanco fácil para sus críticos.

Por esto, para la izquierda el conservadurismo desempeña el papel de fondo negativo para sus propias ideas. Conceptos como progreso, emancipación, internacionalismo, antiimperialismo e igualdad se contraponen con los de nacionalismo, racismo, imperialismo y capitalismo. La oposición al conservadurismo para la autodefinición de muchos izquierdistas en América Latina es central. Esto queda en evidencia al mirar las páginas web del Grupo de Puebla, el Foro de São Paulo o la Internacional Progresista.

Si bien para los propios conservadores la contraposición también es central para su propia imagen, a menudo se esfuerzan por enfatizar el carácter atemporal del conservadurismo y por definir su propio contenido en forma positiva. Se entiende por conservadurismo un conjunto de ideas universalmente válidas como orden, Estado, familia o normas como la moderación o la prudencia. Así es que el Partido Conservador colombiano, uno de los pocos grandes partidos latinoamericanos que lleva la palabra conservador en su nombre, escribe: «El conservatismo no es dogmático, lo que ofrece es un pensamiento coherente y lógico sobre la vida, acerca del cosmos, sobre Dios, sobre el hombre y la sociedad». El conservadurismo se convierte entonces como tal sólo en un fenómeno antropológico de comportamiento que reconoce estas normas como verdaderas y las adopta y defiende.

Sistema de alerta temprana

Sin embargo, las diferentes formas que adoptó el conservadurismo en la historia muestran por sí solas que es difícil reducirlo a valores fundamentales atemporales. Existió un conservadurismo democrático y otro antidemocrático, uno favorable y otro escéptico respecto al mercado, uno liberal y otro antiliberal. Por lo tanto, lo que es conservador sigue siendo, incluso más que en otros corrientes políticos, resultado de un proceso de negociación constante. La pregunta: «¿Qué significa ser conservador hoy?» conduce directamente al corazón del conservadurismo. Si es posible identificar una constante, ésta es la relación desacelerada y relativizadora respecto al cambio. El conservadurismo confía en la evolución en lugar de la revolución. En este contexto, es absurdo clasificar de conservadores a figuras carismáticas antisistema que prometen un cambio radical y quieren romper con todo lo que ha existido, como lo representa en forma ejemplar el nuevo presidente argentino, Javier Milei.

Más que otros movimientos políticos el conservadurismo dispone de una aguda sensibilidad respecto a los cambios. De esta forma, el conservadurismo se consolida particularmente cuando el consenso político y social se debilita en las sociedades. Este entendimiento considera al conservadurismo emergente como un sistema de alerta temprana. Es también un indicador de crisis para procesos de cambio político y social percibidos como amenazadores.

La brújula correcta

Ya no es necesario un sistema de alerta temprana para percibir los profundos y, para muchas personas, insatisfactorios acontecimientos sociales y políticos en América Latina durante los últimos años. La aprobación de la democracia se ha visto afectada desde hace algún tiempo en muchos países latinoamericanos. Esto lo documenta, el indice de democracia de The Economist. En este contexto, queda claro cuán ineficaz son el reduccionismo y la falsa polarización entre la derecha y la izquierda política en la situación política actual. Este falso dualismo facilita que regímenes autoritarios como los de Venezuela o Cuba, que se consideran de izquierda, se sitúen como parte del «bloque progresista» y, a la inversa, identifiquen a sus rivales políticos como figuras «reaccionarios».

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Por lo tanto, la tarea de un conservadurismo que se considere democrático debe ser alinear su brújula más estrechamente con la distinción entre ideas y actores democráticos y autoritarios. Con esto se deja en evidencia la duplicidad de la izquierda. Ya que actores como el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva no temen el contacto con sus compañeros autocráticos en Venezuela, Cuba o Nicaragua. Por otro lado, esa brújula ayuda a diferenciarse claramente de actores autoritarios como Jair Bolsonaro y Nayib Bukele, que se han consolidado del lado derecho como ganadores de la polarización. La respuesta de los conservadores a la pregunta de su naturaleza debería ser preservar la democracia y la libertad.

Según Latinobarómetro (2023), Uruguay es el segundo país sudamericano con mayor satisfacción democrática, con el máximo acuerdo respecto a que «los partidos políticos funcionan bien» y de que «no puede haber democracia sin partidos políticos». Se habla mucho de Uruguay como una partidocracia: un país con una alta institucionalización y estabilidad de sus partidos políticos. Con una identificación partidaria encima de la media del contexto regional según LAPOP.

Sin embargo, la estabilidad de la democracia uruguaya no está exenta de que entre cada ciclo electoral —largos, de un quinquenio— se produzcan cambios. Los actores políticos pueden alterar su manera de enfrentar la campaña electoral para asegurar su acceso a cargos para el siguiente período. La campaña de 2024 trae una novedad para el contexto local que se ve en el resto del mundo: la incursión de la política en TikTok. O, se podría decir, la llegada de la lógica de TikTok a la política.

La esencia de TikTok

La plataforma TikTok, propiedad de la compañía china ByteDance, existe desde 2016 y empezó a ganar tracción durante la pandemia. Su formato audiovisual de corta duración y su poderoso algoritmo basado en visualización le han otorgado un crecimiento exponencial. En 2023 alcanzó 1.5 mil millones de usuarios activos, y casi el 52% tiene menos de 24 años.

En Uruguay, el último Perfil del Internauta de Grupo Radar (2023) indica que TikTok es la tercera red social más popular (Instagram y X ocupan los primeros puestos). Es también la que más crece para seguir influencers uruguayos (con un aumento de 7% respecto a 2022). Entre el público uruguayo menor de 30 años, solo es superada por Instagram en cuanto a cantidad de usuarios. Muchos de los miembros de este segmento, que pertenecen a la generación Z, votarán por primera vez en la elección de 2024.

Los Z, una generación que valora las identidades individuales y que no conoce un mundo sin internet. Nacieron entre mediados de los 90 y 2010. Las redes sociales se convirtieron para ellos en la portada de las noticias y su formato predilecto el de los videos cortos. TikTok supo captar a este segmento como plataforma de entretenimiento en primer lugar, pero su uso se expandió. Esta generación, que los estudios afirman está desencantada de la política «acartonada», espera encontrar autenticidad en su terreno. La política, y en particular los candidatos en campaña, buscan lo que buscaron siempre: nuevas maneras para lograr lo mismo. TikTok se convierte, así, en el espacio de encuentro para ambos.

Ir al territorio

Aquí entran en juego dos factores clave que aporta la plataforma: la priorización del contenido audiovisual corto, y un poderoso algoritmo basado en inteligencia artificial, que personaliza los contenidos para cada usuario según lo que mira, lo que comparte y también lo que produce. El scroll infinito se potencia con contenidos aparentemente íntimos, con creadores que hablan directo a cámara, que utilizan los audios en tendencia y suman a la experiencia colectiva de pertenecer a algo más grande, pero que no está sobreproducido. Los nuevos votantes viven aquí: se informan, se entretienen e incluso a veces deciden sus posturas sobre los temas que dividen a la sociedad. Y es ahí que el país de la partidocracia y de los mítines tiene una decisión para tomar: cuándo y de qué manera encontrarse con esta generación en su propio ágora.

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Para la política local, TikTok no es ni buena ni mala noticia sino una realidad. Las campañas mantienen sus objetivos. Pero las novedades de las redes sociales sigue sumando capítulos. La generación Z, en su gran mayoría, no buscará a los candidatos en los lugares que componen su zona de confort. Por lo que tendrán que asumir que esta es, desde ahora, otra forma de ir al territorio. Asimismo, el lenguaje propio de esta plataforma permea las demás, y afecta la campaña.

Campaña personal

Elegir entre Tini y Bizarrap, caminar por la playa en La Paloma, hacer un chivito, preparar el desayuno o controlar, junto con sus colaboradores, cuándo la cuenta llega a un número determinado de seguidores no forma parte de ninguna plataforma programática. No se relaciona con las líneas estratégicas de los partidos ni con los modelos de país que se proponen. Pero responde a una tendencia –que trasciende a esta plataforma– en la que la campaña gira alrededor del candidato, para construir una imagen simpática, confiable y auténtica. Buscan que sea atractiva no solo para los convencidos, sino para los que aún no han definido a quién elegir y qué buscan un líder.

Las cuentas de los precandidatos en TikTok parecen enfocarse en la construcción de su marca personal, en lograr presentar a la persona antes que al político. Eso implica adoptar códigos de humor y de tendencias que no siempre son cómodas. Pero empiezan a ser un componente indispensable de la campaña electoral.

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¿Existe el riesgo de banalizar la campaña? El fenómeno de espectacularización o politainment no es nativo de esta red social. Vaciar las campañas de contenido no es una cuestión de plataformas solamente sino de planificación. Lo que existe, más bien, es un imperativo de ser estratégico con los mensajes y de hacer convivir las necesidades de los votantes –cercanía, autenticidad, información personal– con los propósitos de los políticos. Uno es imposible sin el otro. Es demasiado pronto para decidir si TikToks virales se traducirán en votos. Pero demasiado tarde para evadir lo inevitable: la campaña se trata de estar donde está el electorado.

La eficacia de las plataformas para generar interacción son un primer paso necesario para que el electorado escuche. Pero a partir de ahí los deberes no los puede suplir el algoritmo. Si se parte de esa premisa, se abre el potencial de hacer lo importante interesante y no la amenaza de vaciar a la política de contenido.

Luego de que Tabaré Vázquez asumiera la presidencia en Uruguay en 2005, un periodista estadounidense acuñó el término «marea rosa». Utilizó el concepto para describir el auge de la izquierda política en América Latina en los inicios del siglo XXI.

Con el tiempo, la idea se volvió más compleja, densa y posiblemente más difícil de abordar. Los actores de la primera marea rosa se han convertido en una «galaxia rosa» que hoy en día comprende actores, instituciones y asociaciones de izquierda que, detrás de una fachada progresista, socavan los principios de la democracia liberal. El concepto se aborda en la nueva publicación de Diálogo Político.

[Descarga: La galaxia rosa]

¿Qué significa para la región esta galaxia rosa? ¿En qué se diferencia de aquella época de inicios de siglo? ¿Cuáles son sus aliados dentro y fuera de la región? Son algunas de las preguntas que responde el libro La galaxia rosa de Sebastian Grundberger, y que hoy ponemos Bajo la Lupa.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.  

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

América Latina es «la región con más homicidios en el mundo», afirma el informe Riesgo Político en América Latina de 2024. Incluso donde solía haber buenos niveles de seguridad, como Ecuador, Chile y Uruguay, la violencia e inseguridad aumentó. Según explica el estudio, el deterioro de la seguridad en la región se debe al desarrollo del crimen organizado y narcotráfico.

Además, el Banco Interamericano del Desarrollo informó que Latinoamérica tiene una tasa de 18 homicidios cada cien mil habitantes. Esa cifra es tres veces superior al promedio mundial, que es de 5,6 entre la misma cantidad de personas. Además, el 50% de estos delitos se asocia al crimen organizado.

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Juan Pablo Luna, politólogo especializado en narcotráfico, explica en entrevista con Diálogo Político que es «utópico» pensar en soluciones. En Política criminal y desarrollo fallido en América Latina contemporánea, estudio que publicó con Andreas Feldmann, explora los dilemas normativos que el crimen organizado le genera al Estado y explica por qué es un problema estructural.

Diferentes escalas

¿Cuáles son las diferencias entre el micro y el gran narcotráfico?

—El gran narcotráfico tiene que ver con la producción y logística internacional y el lavado de dinero a gran escala. Esta actividad es fuertemente intensivas en capital. Está operada por grandes redes internacionales, a veces con derivados locales. Opera en torno a enclaves funcionales; puertos, aduanas, fronteras, sistema financiero. Usualmente no generan violencia y es poco visible para la población. 

El microtráfico se da sobre todo en sectores populares y marginales. Es una actividad que requiere de cierto control territorial y, por lo tanto, es más intensiva en coerción. A nivel local se da competencia entre bandas que disputan violentamente el territorio o que tienen situaciones de control territorial mediante la corrupción de autoridades. No necesariamente genera altas rentas ni requiere de una inversión de capital tan elevada. Mucho de lo que vemos hoy tiene que ver con la disociación entre ambos.

¿En qué situaciones pueden cruzarse?

—A veces no se cruzan. Cuando un país se vuelve un puerto de acopio de mercadería se requiere contratar gente que la cuide. En estos casos pueden generarse articulaciones entre las bandas locales y las que necesitan asegurar su cadena logística. Eso también genera pagos en mercadería que luego entra en el microtráfico.  

Entonces las noticias sobre incautaciones de droga en Europa, por ejemplo, ¿son solamente la punta del iceberg?

—Absolutamente. Ese tipo de narcotráfico no genera noticias. El mercado ilegal, no solo el narcotráfico, es capaz de generar crecimiento en las economías latinoamericanas cuando la plata entra al sistema financiero a sectores como la construcción y el comercio, por ejemplo. Pero el origen delictivo de esos recursos no se ve. Lo que a la política le complica la vida y a la sociedad le preocupa es la violencia del microtráfico, por eso es más visible.

Pactos

¿Podría existir el narcotráfico sin acuerdos de silencio con actores estatales?

—No. El crimen organizado no funciona sin acuerdos tácitos o implícitos con la política y agentes del Estado. Hay una política de protección a estos mercados. Muchas veces los políticos están comprados por los operadores de este negocio. Puede que no sean políticos de gran nivel, sino actores estatales que se encargan de mirar qué pasa en los puertos, la frontera y el sistema financiero. 

La Policía es una de las instituciones estatales más cercanas a los actores del narcotráfico, con más riesgo de cometer actos corruptos. ¿Cómo puede el Estado fortalecer esta institución para evitarlo?

—La Policía es clave en la supervivencia democrática latinoamericana. Hay que invertir en control civil y en tecnológica que permita generar mejor análisis de cómo funcionan estos mercados. En toda América Latina hay actores ilegales que se mueven rapidísimo. Los Estados tienen muy poca capacidad de seguirles el paso. También es importante dignificar la carrera policial. Ser policía es probablemente una de las últimas opciones laborales. Mejorar su reclutamiento y formación es sumamente relevante. Hay que apostar a tener policías más profesionales. También las aduanas, las unidades de análisis financiero. Hay distintas tuercas y tornillos en la institucionalidad para controlar mejor esta actividad. 

¿Soluciones?

¿Cómo puede mejorar el control financiero?

—Ninguno de nuestros estados tiene la capacidad de generar inteligencias sobre las grandes operaciones financieras del crimen organizado. Siempre se habla de ir tras la huella del dinero como una forma de bajar los incentivos. Eso supone invertir en tecnologías de investigación y análisis de datos. 

¿Ese es el punto clave?

—Son varios. Yo no creo que esto tenga mucha solución. No quiero ser pesimista, pero me cuesta mucho no serlo. Si bien el paradigma de legalización de los mercados ilegales no logró terminar con estos negocios, el paradigma de persecución y lucha solo generó subir los márgenes ganancia. No tenemos estrategias probadas que logren reducir la corrupción y la violencia que genera el narcotráfico. 

Una de las soluciones en boga es el modelo Bukele, sumamente problemático, porque termina con la democracia. Solo conocemos el marketing oficial, hay mucho que no sabemos sobre lo que pasa hoy en El Salvador. El problema es que, mientras este modelo es cada vez más efectivo para ganar elecciones y sumar liderazgo a quienes tienen una posición débil, como Noboa en Ecuador, los sectores democráticos, que debieran contar con alternativas de política pública para este tema, no la han encontrado.

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Si la solución no es tan evidente y la producción de droga subsiste porque se compra, ¿debería haber mas control en el consumo?

—Hay mucho que hacer respecto a la prevención del consumo. Pero la especie humana siempre ha consumido drogas y es muy difícil eliminarlo. Hay múltiples mercados ilegales, si no es la droga, es otra cosa. Cuando en Colombia se apretó más la producción de cocaína, varias de las bandas empezaron a moverse al mercado de la minería ilegal de oro. Obviamente la droga es muy relevante por la cantidad de dinero que genera. Yo creo que es difícil, utópico, pensar que podemos terminar con los mercados ilegales. Se pueden coordinar para que sean menos dañinos para la población. 

Corrupción y crimen

Respecto a la coordinación, ¿los políticos tienen que asumir que deben tranzar con los narcos para tener paz relativa?

—El caso más pacífico en América Latina, con menos violencia homicida, es Argentina. Tiene un tercio de los homicidios, cada 100 mil habitantes, comparado a Uruguay. Salvo en Rosario, donde los homicidios están disparados, en el resto de Argentina hay una coordinación policial del mercado ilegal. La política delega la gestión de esos mercados a la Policía, que pone ciertas condiciones a las bandas para mantener baja la violencia. Eso genera otros delitos, por ejemplo el robo de autos; la policía libera zonas para que las bandas operen esos mercados. En Rosario la Policía perdió la capacidad de coordinación. Si se fragmenta, las bandas empiezan a tener más poder relativo y aumenta la violencia. En el caso europeo o estadounidense también se coordina a quién perseguir, pero no hacen parte del sistema a la corrupción policial. 

¿Qué políticas puede tomar un Estado para evitar ser un país de tránsito?

—Controlar los puertos, aduanas, bancos. En América Latina hay países que tenían buenas condiciones, como Costa Rica, Chile y Uruguay, pero empezaron a tener problemas al ser puertos de operación de las bandas. Los puertos chilenos y uruguayos tienen muy buena reputación en Europa, tradicionalmente pasó menos droga que por otros. Pero la mejor reputación hace que los embarques sean menos revisados en Europa y lo hace más atractivo para las bandas. Cuanto más exportan los países, más fácil es pasar embarques de droga.

Problema estructural

En Política criminal y desarrollo fallido en América Latina contemporánea conciben al narcotráfico como un problema de desarrollo. ¿Cómo se explica?

—Hay una masa en América Latina que tiene muchos problemas para insertarse en los mercados legales. Ven pocos retornos de su inversión educativa y terminan insertándose en ambientes laborales bastante precarios. En ese contexto, de informalidad e ilegalidad hacen mucha plata en comparación a lo que podrían hacer en el mercado legal. A esa gente le cambia la vida. Los mercados legales tienen poca capacidad de incorporar socialmente a sectores importantes de la población. Por lo tanto la actividad ilegal se vuelve atractiva como vehículo de movilidad social.

¿De qué trata el trilema que plantean en la investigación?

—Es una idea de Benjamin Lessing que argumenta que no se pueden bajar la corrupción, violencia y narcotráfico al mismo tiempo. Investiga las estrategias de mano dura que se implementan en Brasil, México y Colombia, y observa que la violencia aumenta porque se rompen los pactos de protección y eso genera inestabilidad en el mercado ilegal. Cuando el Estado reacciona con mano dura, el policía comprado por la banda, que pasa información de los operativos del Estado, puede cobrar más caro en un contexto de más persecución.

En Brasil, por ejemplo, el gobierno habilita que las bandas gobiernen las periferias. Hay un pacto de gobernanza criminal. Hay actores más eficientes que el gobierno para controlar ciertos territorios. Implica asumir que el Estado no tiene tanto poder ni legitimidad. El trilema sirva para perder la inocencia, hay dilemas normativos complicados.

Se habla mucho de ellos, pero poco se sabe. El Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla fueron protagonistas y son herederos de la llamada “marea rosa” de gobiernos de izquierdas que se extendió por la región a principios del milenio. Mientras que los gobiernos afines a estos espacios han marcado la pauta la región durante las últimas dos décadas, también se constata una erosión dramática de la institucionalidad democrática. Ambos fenómenos son estrechamente entrelazados.

Los actores de la primera marea rosa se han convertido en una galaxia rosa que hoy en día comprende actores, instituciones y asociaciones de izquierda que, detrás de una fachada progresista, socavan los principios de la democracia liberal.

El Foro de São Paulo, hoy la organización de partidos políticos con más gobiernos en América Latina y el Grupo de Puebla, un grupo de activistas de izquierdas, son solamente dos de varias instituciones de la galaxia rosa. También cabe mencionar, entre otros, al Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso) como difusor de comunicados y publicaciones académicas altamente sesgadas y la Internacional Progresista (Progressive International) que conecta las organizaciones de izquierda latinoamericana con sus pares fuera de la región.

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Si bien en todas estas constelaciones se unen estrellas democráticamente legítimas con planetas autoritarios, son claramente estos últimos quienes las dominan. Así, la galaxia rosa forma una plataforma de apoyo a dictaduras. Destaca particularmente el rol central que sigue desempeñando Cuba en este contexto. La Habana es una especie de vaticano socialista, un elemento unificador cuyos dogmas no se cuestionan.

Ideología compartida

La galaxia rosa funciona en algunos ámbitos según la lógica de un partido transnacional de izquierda autoritaria. Comparte una base ideológica sólida, tiene canales de coordinación formalizadas e institucionalizadas y un instinto corporativo del poder. Su extensa red de personas y organizaciones de le sirve tanto para apoyarse mutuamente vía cartas de apoyo, para interceder en conflictos con la justicia o para apoyar candidaturas afines en organismos internacionales. Se opone al “neoliberalismo” y al “imperialismo” desde los Estados Unidos. Rechaza la concepción de la democracia liberal y exige su reemplazo por una democracia más “radical” o “participativa”. Es muy hábil para difundir sus narrativas.

Una de ellas es el llamado “lawfare”, una supuesta persecución política contra líderes de izquierda como la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa o el expresidente golpista peruano Pedro Castillo. Al mismo tiempo, los actores de la galaxia rosa ignoran o defienden el pisoteo de los derechos y libertades de opositores políticos en Cuba, Nicaragua o Venezuela. En este contexto, es significativo el silencio atronador respecto a la exclusión de María Corina Machado de las elecciones presidenciales en Venezuela.

Actores globales

Esta constelación además es tierra fértil para potencias extranjeras autoritarias como Rusia, China e Irán. Ellos comparten con la galaxia rosa su rechazo a los valores liberales occidentales y particularmente a Estados Unidos. Un singular rol en este contexto ha adquirido el Kremlin. Sus medios encabezados por Actualidad RT muestran, igual que el canal iraní HispanTV, una alineación absoluta con la galaxia rosa. Esta cercanía entre Rusia y la galaxia rosa se muestra en numerosas ocasiones.

Ejemplos son la falta de condena de la invasión rusa a Ucrania en declaraciones del Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo, la organización conjunta en plena guerra de Foros académicos por Clacso y la agencia rusa Sputnik en San Petersburgo o la participación masiva de personas de la órbita de la galaxia rosa en un Foro parlamentario Rusia-América Latina organizada por el parlamento ruso en octubre 2023 en Moscú con participación de Vladimir Putin.

Una red extensa

La cercanía con Rusia, China e Iran ayuda a entender mejor algunos comentarios geopolíticos recientes por líderes de izquierda. Así, Lula da Silva, como cofundador del Foro de São Paulo una de las figuras fundamentales de la galaxia rosa, puso en duda la responsabilidad de Vladimir Putin en la muerte del opositor ruso Alexej Navalny mientras el presidente Gustavo Petro comparó, igual que Lula, la guerra de Israel en Gaza con el genocidio por parte de la dictadura nazi en Alemania. Este último es una narrativa difundida por Irán.

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La galaxia rosa en sí es un actor que daña gravemente a la democracia en América Latina mientras construye puentes para que actores autoritarios extranjeros puedan utilizar la región para sus fines geopolíticos. Al estar en permanente modo de ataque y apelar a emociones primarias negativas como el miedo, la ira o la frustración, la galaxia rosa a menudo consigue eludir sorprendentemente bien las críticas a su propia falta de coherencia democrática.

Por esto es fundamental transparentar los actores, aliados y modos de actuar de la galaxia rosa. Es tiempo para los demócratas de todos los colores de unir filas contra esta amenaza.

Una nuevo forma de gobierno sorprende a Latinoamérica: el llamado modelo Bukele, promovido por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele. En algunos países, como en el actual gobierno de Argentina, se ve con entusiasmo y admiración. Durante los últimos cuatro años, el salvadoreño logró disminuir sensiblemente los homicidios. Pasó de ser uno de los países más violentos del mundo, con una tasa de 106,3 homicidios cada 100 mil habitantes en 2015, a 2,3 en 2023. Incluso menos homicidios que en Costa Rica, considerada durante mucho tiempo una democracia estable y bastante segura en la región centroamericana.

El éxito del modelo salvadoreño radica en una política de seguridad punitiva en contra de las maras o pandillas, identificadas como las principales responsables de la violencia e inseguridad. El presidente Bukele ha expresado su «guerra contra las pandillas». Desde la implementación de la política, numerosas localidades han recobrado sus espacios públicos, la tranquilidad y la libre circulación de personas.

Estado de excepción dos años después

El Salvador vive desde hace dos años en un estado de excepción permanente. De acuerdo con diversas organizaciones sociales, permitió una constante violación de derechos humanos. La aplicación del estado de excepción desde el inicio fue acompañada de masivas redadas y detenciones de personas en diferentes lugares del país. La mayoría de ellos fueron señalados como integrantes o colaboradores de las maras. Los reportes elaborados por organizaciones sociales y medios independientes han denunciado que estas redadas constituyen en su mayoría, detenciones arbitrarias y han incluido allanamientos ilegales.

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Desde que se decretó, el 27 de marzo de 2022, hasta inicios de 2024, se estima que más de 75 mil personas han sido detenidas. El gobierno reconoce que siete mil fueron detenciones arbitrarias. También se conocen denuncias públicas sobre maltratos, torturas, desapariciones y otras violaciones graves de derechos humanos. Las masivas detenciones han tenido como consecuencia un incremento exponencial de la población penitenciaria, aun cuando el presidente Bukele inauguró una mega cárcel en febrero de 2023 con capacidad para albergar cuarenta mil personas. Además, esto produjo una sobresaturación de los tribunales de justicia. El Estado ha pretendido subsanar esta situación con la aprobación de una disposición legal transitoria para realizar juicios colectivos. El primero se realizó de manera virtual a 492 personas acusadas de integrar maras.

En El Salvador, ciertamente, se redujeron los homicidios y se incrementó la percepción de seguridad. Pero en cambio elevó sustancialmente la cantidad de personas detenidas y enjuiciadas. La gran pregunta es: ¿las pandillas tenían más de 70 mil integrantes?

El proyecto detrás de la «guerra a las pandillas»

Nayib Bukele asumió su primer mandato como presidente de El Salvador en 2019. Antes había ejercido como alcalde en dos municipios importantes con el respaldo del Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN). Es uno de los dos partidos más importantes junto con Alianza Republicana Nacionalista (ARENA). Llegó a la presidencia como outsider autodenominándose el «dictador más cool». Durante su presidencia mantuvo altos niveles de popularidad, tal como se constató con los resultados de las elecciones efectuadas en febrero de este año, cuando fue reelecto a pesar de que la Constitución del país lo inhabilitaba.

La política de seguridad punitiva de Bukele es parte de su estrategia para apalancar un proyecto político personal y autoritario. Tiene como rasgos sobresalientes la concentración de poder y exaltación de la figura presidencial, especialmente a través del uso eficiente de las tecnologías de la comunicación, tal como se puede observar en el manejo de la imagen de Bukele y su constante presencia en las redes sociales.

Concentración del poder

También controla los demás poderes del Estado a través del Ejecutivo. Bukele logró imponer una bancada mayoritaria en el parlamento. A partir de allí, inclinó a su favor la balanza de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia para nombrar al fiscal general. Este paso fue clave para aprobar y reformar leyes convenientes a sus intereses, así como para dar paso a su reelección presidencial.

La corrupción y baja transparencia en la gestión estatal está presente en la administración Bukele. Basta mencionar el secretismo con el que maneja el financiamiento para la construcción del llamado Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT), la mega cárcel inaugurada a inicios de 2023. Además, el gobierno se negó a responder las denuncias de favoritismos y corrupción que involucra a la familia del presidente.

El estado de excepción supone la suspensión de garantías y derechos, de tal manera que hay muchas restricciones e incluso persecución en contra de periodistas, organizaciones sociales y personas defensoras de derechos humanos. En ese contexto, se aplicó un instrumento jurídico que sanciona a los periodistas o cualquier persona que se refiera públicamente a las pandillas o maras, mientras que a los familiares de los detenidos no se les brinda información sobre su ubicación o su situación.

¿Un modelo exportable?

Los éxitos del modelo Bukele en su guerra contra las pandillas son evidentes. Se han traducido en un cambio real de las condiciones de seguridad y las percepciones de la población que antes sufría por la violencia y la criminalidad de las pandillas. El propio presidente se encargó de divulgar y promover esos resultados en todos los espacios posibles disparando sus niveles de popularidad entre los salvadoreños.

Otros gobiernos latinoamericanos, países donde la inseguridad y la violencia son problemas de primer orden para la ciudadanía, observan con mucha atención e interés a El Salvador. Funcionarios de alto nivel expresaron la posibilidad de implementarlo en sus países para frenar los altos índices de criminalidad. Como Ecuador y la ministra Patricia Bullrich en Argentina. En Centroamérica, Honduras ha emulado a su vecino salvadoreño con la aplicación del estado de excepción desde finales de 2022, aunque con resultados muy pobres en cuanto a la reducción de la criminalidad, pero con igual incremento de denuncias por violaciones a los derechos humanos.

De una masacre diaria y un país controlado por las maras (bandas criminales) a una sociedad donde se cuida la vida. Una experiencia donde se cuida a la gente y el delincuente no es bienvenido. ¡Hacia allí vamos! pic.twitter.com/IPEVvWXyIv

— Patricia Bullrich (@PatoBullrich) February 23, 2024

Diversos análisis advierten tempranamente sobre los riesgos de implementar este modelo en otros países latinoamericanos. Eso solamente reforzaría las tendencias autoritarias, reforzaría el lado más opaco de las políticas de seguridad, pondría en riesgo las libertades y derechos ciudadanos, y comprometería la democracia sin garantías reales de éxito. En ese caso, se sacrificaría la democracia y derechos por seguridad, tal como ha sucedido en El Salvador.

Transcurrida ya casi una cuarta parte del siglo XXI, se constata que muchos países en Iberoamérica han sido o son gobernados por actores políticos provenientes de la izquierda revolucionaria. Hace algunas décadas rechazaban absolutamente las reglas de la democracia liberal. Su repertorio de acción cambió de manera notable. Al tal punto, que abandonó la lucha armada para pasar a convertirse en fuerzas muy competitivas en el plano electoral. Lo que quizás sea más importante: estos actores de la llamada nueva izquierda latinoamericana demostraron su disposición para entregar el poder al perder una contienda electoral. Por desgracia, esta disposición a permitir la alternabilidad en el poder cuenta con varias excepciones, tales como Venezuela, Nicaragua o Bolivia. ¿Cómo se han producido estas reversiones autoritarias y qué opciones hay para detenerlas?

Elecciones y lucha armada

Con el desmoronamiento de la Unión Soviética sobrevino un importante cambio en el orden mundial. Los gobiernos y movimientos revolucionarios que durante décadas encontraron en Moscú a su principal socio y valedor quedaron súbitamente huérfanos. Sin el apoyo soviético, la revolución armada dejó de ser vista como un camino viable para alcanzar el poder. Mientras, las dictaduras militares fueron perdiendo también el respaldo estadounidense que recibían en el contexto de la Guerra Fría.

De este modo, la Tercera Ola Democratizadora, experimentada en buena parte de Europa y América Latina, dejó a la democracia liberal como the only game in town en casi todo Occidente. Mientras los militares volvieron a sus cuarteles, los diversos actores de la izquierda revolucionaria enfrentaron la necesidad de jugar bajo las reglas recién implantadas. Crearon nuevas organizaciones políticas dispuestas a medirse en el plano electoral. Promovieron asambleas constituyentes, auspiciaron diversas formas de movilización popular —aunque no siempre pacíficas— y con alguna frecuencia promovieron el surgimiento de liderazgos populistas. Esta reinvención de la izquierda revolucionaria ha sido notablemente exitosa en Iberoamérica. No solo por la vía electoral lograron desplazar a la socialdemocracia. También lograron alcanzar —y abandonar, lo que tiene su mérito— la presidencia en casi todos los países iberoamericanos.

La vocación totalitaria

Sin embargo, en algunos casos ese giro favorable a la democracia no se ha terminado de consumar. Antes, al contrario, las victorias electorales y los cambios realizados en el orden constitucional solo han servido para ejecutar un desmontaje progresivo de las instituciones propias de las democracias liberales. Los procesos constituyentes y demás iniciativas de gobierno han estado más bien orientadas a remover toda clase de límites y contrapesos constitucionales con el objetivo de perpetuarse en el control del Estado. Esto ha implicado el desconocimiento de la voluntad de los pueblos a los que dicen representar y la evidente destrucción del régimen democrático.

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En Venezuela o Nicaragua, el control social ejercido por sus regímenes autocráticos es cada vez más férreo. En ambos países se ha detenido a cientos, incluso miles de personas por motivos políticos. Mientras, los candidatos de oposición son sistemáticamente vetados para competir en elecciones, a sabiendas de que su participación conllevaría la derrota de los autócratas. En Nicaragua, Daniel Ortega ha vuelto por sus peores. Llegó al extremo de detener, privar de nacionalidad, expulsar del país y expropiar de sus bienes a figuras destacadas de la oposición, incluyendo a sacerdotes. Por su parte, en la Venezuela de Nicolás Maduro se encuentra en proceso de aprobación una ley «antifascista» que contempla penas privativas de libertad para cualquier persona que según las autoridades promueva el «neoliberalismo» o el «conservadurismo moral».

No por casualidad los gobiernos autocráticos de Managua y Caracas son abiertamente solidarios con el de Moscú. El régimen de Vladimir Putin condena como «fascista» casi toda manifestación pública de oposición. La ley que tramita actualmente el chavismo-madurismo contempla, además, el desarrollo de mecanismos de cooperación internacional. En el marco de esta supuesta «lucha antifascista», la situación que resulta particularmente preocupante. Hace pocas semanas fueron asesinados en inciertas circunstancias el teniente venezolano Ronald Ojeda en Santiago de Chile y el capitán ruso Maxim Kuzminov en Alicante. Ambos eran militares disidentes de sus respectivos gobiernos.

Cooperación democrática versus cooperación autocrática

A veces, el común origen revolucionario de los gobiernos de la nueva izquierda latinoamericana parece complicar la posibilidad de que las prácticas autocráticas sean claramente denunciadas y rechazadas cuando las ejecutan antiguos camaradas. Por desgracia, no todos los gobiernos de la izquierda regional se muestran igualmente dispuestos a exigir el cumplimiento de los mínimos estándares democráticos a los vecinos cuando éstos se encuentran en la misma orilla ideológica.

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La línea más clara al respecto corresponde, sin duda, al gobierno de Gabriel Boric en Chile. Siempre procuró hacer del respeto a los derechos humanos un eje de su actuación política. Incluso en los episodios más polémicos, su postura ha tendido a mantenerse en el tiempo. En un segundo plano se ubican mandatarios como Manuel López Obrador, Lula Da Silva o Gustavo Petro, quienes se lo piensan más a la hora de cuestionar a sus pares de Venezuela, Nicaragua o Bolivia, y ello cuando no relativizan sus conductas autocráticas. No obstante, sus distintos caminos no les impidieron entenderse de maravilla para crear una organización en la que esa polémica cohabitación persiste en el tiempo hasta convertirse en una marca de la casa.

Lo que realmente importa a todos dentro de este matrimonio es consolidar una hegemonía continental de izquierdas, donde los más respetuosos de la democracia cierran un ojo ante los desmanes que cometen sus colegas más brutales.

Publicamos el libro La galaxia rosa. Cómo el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina.

Cuando la marea rosa de gobiernos de izquierda se extendió por América Latina a principios del milenio, muchos esperaban una mayor participación política. Dos décadas después, esta esperanza democrática ha dado paso a la decepción. El apoyo a la democracia está en su punto más bajo. La antigua marea rosa se ha convertido en una galaxia rosa en la que se mezclan fuerzas autoritarias y otras con legitimación democrática.

Organizaciones como el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla, la Progressive International o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales están dominadas por sus planetas más autoritarios. Así, forman una plataforma de apoyo para dictaduras.

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Al mismo tiempo, actores externos como Rusia, China e Irán están posicionando a la galaxia rosa en la lucha de poder geopolítico contra las democracias occidentales.

Este libro ofrece un panorama de los actores, objetivos, aliados y formas de acción de la galaxia rosa y arroja luz sobre su influencia en la democracia latinoamericana.

Publicación: Abril, 2024

ISBN: 978-9915-9633-3-4

El pódcast es mucho más que un mero formato de comunicación para transmitir contenido. A lo largo de los últimos años la expansión del pódcast ha desarrollado un consumo cultural propio en torno al audio. Se trata de una cultura en la que los nichos y la segmentación dominan la escena y permiten la conformación de comunidades de oyentes. Estos se comprometen de forma mucho más profunda que una audiencia típica de cualquier otro medio de comunicación.

Este escenario abre una gran oportunidad para la producción de pódcast políticos. Es un tipo de pódcast que puede fortalecer la democracia. Logran generar más acceso a la información, debates y discusiones sobre la política y las cuestiones relacionadas. A la vez, logra establecer un contacto más estrecho con la ciudadanía respecto al contenido político y académico. Así, se pueden robustecer las estrategias comunicacionales de partidos y organizaciones políticas.

[DP Campus Cómo producir podcasts políticos]

Este manual cuenta con las herramientas básicas para aprovechar la oportunidad que ofrecen los pódcast políticos, para construir uno desde cero o mejorar. Se explica el proceso desde la concepción hasta la comunicación. Partiendo de la producción, se expresan todos los consejos necesarios que pueden convertir un pódcast cualquiera en un pódcast político de referencia.

DP Campus es un programa de eventos regionales de formación y capacitación para influenciadores políticos que aspira a promover una política responsable y a fortalecer la democracia en América Latina. Es parte de la plataforma Diálogo Político, proyecto del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina de la Fundación Konrad Adenauer.

Coordinador: Franco Delle Donne

Publicación: Abril, 2024

ISBN: 978-9915-9633-2-7

La oficina peruana de Konrad Adenauer Stiftung, junto al respaldo institucional de la Facultad de Letras y Ciencias Humanas de la Pontificia Universidad Católica del Perú, presenta el libro Construyendo la República, un proyecto académico y cultural.

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Cuatro autores muestran una visión sintética del complejo proceso de constitución del estado moderno en el primer siglo republicano. Sus planteamientos se convertirán en un material educativo para maestros, jóvenes escolares o universitarios en todo el Perú.

200 años de vida republicana

En esta publicación se reúnen cuatro textos independientes con la argumentación principal de cada conferencista.

«Los Ilustrados peruanos y la independencia», de Víctor Peralta, presenta los dilemas de la Ilustración en el Perú. Lo narra mediante las trayectorias de vida de Juan Pablo Vizcardo Guamán, Toribio Rodríguez de Mendoza, Hipólito Unanue y Manuel Lorenzo de Vidaurre. Los cuatro ilustrados que destaca, representan diversas dimensiones: patriotismo criollo, proyecto educativo moderno, conocimiento científico médico y opciones jurídicas de gobiernos postcoloniales.

En su texto, «El mundo de los caudillos. Violencia y legitimidad: las revoluciones», Cristóbal Aljovín sostiene que los caudillos peruanos viven fascinados por la idea de la revolución y creen tener una doble representación.

Gustavo Montoya en «Instalación, auge y crisis del estado castillista. Guerra, política y legitimidad en el siglo XIX» traza la emergencia de la primera formación estatal consistente. Se dirige al momento posterior a las guerras de independencia, el caudillismo y las intermitentes guerras civiles de la iniciación republicana.

«Reformas al interior del Estado peruano en el tránsito del siglo XIX al XX» de David Velásquez Silva explora la modernización del estado peruano, en las décadas posteriores a la Guerra con Chile

Con la publicación, la academia y la fundación Konrad Adenauer contribuyen con las celebraciones del bicentenario y las reflexiones sobre un pasado que nos sigue interpelando y desafiando.

Edita: KAS Perú

Publicación: 2023

La gravísima crisis económica, política y social que vive Venezuela desde hace una década ha ocasionado la mayor migración en la historia de nuestro continente. Alrededor de 6,1 millones de venezolanos se vieron forzados a dejar su patria y de ellos por lo menos 1,5 millones han llegado a Perú. De alguna manera, motivados por el Gobierno del expresidente de Pedro Pablo Kuczynski. En Marzo de 2018 en unas declaraciones públicas manifestó: “Vengan al Perú y les pagaremos los sueldos de ley”.

La aceleración migratoria generó serios problemas, riesgos y amenazas contra la seguridad nacional, situación que se vio agravada desde marzo del 2020 con la llegada de la pandemia de la COVID-19 al Perú. Este panorama sombrío propició que el Perú se haya convertido en el segundo país con la mayor población migrante venezolana sólo por detrás de Colombia. Esta situación generó una serie de retos a un Estado como el nuestro, que no estuvo ni está preparado para atender las necesidades de un éxodo de tal magnitud.

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La KAS Perú junto a la Escuela Superior de Guerra del Ejército presentaron el libro La crisis migratoria en Perú: Implicancias para la seguridad nacional. Es una investigación sobre la migración venezolana y sus implicancias para la seguridad nacional.

El libro presenta diversos temas que permiten tener una visión amplia de lo que ha significado la llegada de los migrantes a nuestro país y los desafíos que se deberán asumir de cara al futuro.

Edita: KAS Perú

Publicación: 2023

Si las elecciones son el corazón de la democracia representativa, las actividades de la observación electoral constituyen un elemento generador de confianza y legitimidad. Aporta en la resolución pacífica de los disensos y conflictos así como en la disuasión de comportamientos que contravengan los marcos normativos. Este tipo de observación lleva a cabo una revisión del nivel de cumplimiento de los estándares democráticos y de los derechos humanos. Debe ser conducida de forma objetiva, bajo los fundamentos de imparcialidad y no intervención en el proceso.

Actualmente, el mundo experimenta un retroceso democrático donde sólo el 6,4% de la población global disfruta de una democracia plena. En reiteradas ocasiones se han evidenciado ciertos gobiernos que restringen derechos y
anulan los controles democráticos. Frente a esto se vuelve imperativo velar por el cumplimiento de los cuatro atributos básicos que deben contemplar las elecciones democráticas: ser inclusivas, limpias, competitivas y con cargos públicos electivos.

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El texto resalta la importancia de la observación electoral internacional y nacional. Sirve como recordatorio sobre la necesidad aunar esfuerzos para proteger su trabajo, garantizar su autonomía, libre desplazamiento y acceso irrestricto a la información. Sin duda, este aporte contribuye a la reflexión y al intercambio de experiencias en clave comparada para que la participación de grupos de observación electoral no dependa de decisiones discrecionales de la autoridad de turno. Promueve que avancemos hacia la institucionalización normativa para la plena inclusión de la observación electoral rigurosa e independiente en todo proceso electoral.

Edición: María Cecilia Galiñanes
ISBN 978-987-47707-3-8

En su discurso de apertura de las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, el primero de marzo, el presidente Javier Milei, propuso un «nuevo pacto fundacional para la República Argentina». Deberá firmarse el 25 de mayo en Córdoba, «corazón productivo de nuestra Patria».

La invitación presidencial está dirigida a las 23 provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es decir, a los 24 estados subnacionales que estructuran la forma federal que adopta la Constitución Nacional. Por las partes involucradas, debe ser un «pacto federal». No es detalle.

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Es bueno recordar que el presidente ganó con más del 55% de los votos en un balotaje, luego de perder la primera vuelta con menos de un 30%. No tiene mayorías en el Congreso (menos del 15% en Diputados y menos del 10% en Senadores). Tampoco tiene gobernadores que provengan de su partido político. A pesar de esa debilidad política, hasta el primero de marzo, había hostigado a la «casta política», sin distinguir entre opositores seguros (el kirchnerismo) y potenciales aliados (el resto). Por eso, la iniciativa es una gran oportunidad de diálogo político en un país destrozado por los antagonismos.

Al analizar los diez ítems, se observa que una agenda incompleta e imprecisa. Aunque minimalista, es una agenda a debatir y eso vale, e ignora temas centrales como la educación, la producción, la disminución de la pobreza y la erradicación del hambre.

Ideología económica

1- La inviolabilidad de la propiedad privada

No puede haber discusiones ideológicas ni políticas sobre esto, a pesar de algún comunismo extemporáneo. Así lo dispone la Constitución Nacional, desde 1853. Aunque, desde la Doctrina Social de la Iglesia, se podría alegar, con razón, a favor de su “función social”.

2- El equilibrio fiscal innegociable

Hay un amplio acuerdo sobre la imposibilidad de sostener el déficit fiscal mediante emisión monetaria o endeudamiento externo. Recordemos que los superávits gemelos (fiscal y comercial) fueron una de las principales banderas de la gestión de Néstor Kirchner.

3- La reducción del gasto público en torno al 25% del PBI

Sin este requisito, el equilibrio fiscal es imposible. Se prevé reducirlo en torno al 25% del Producto Bruto Interno. ¿Es poco o es mucho? Depende del tiempo que llevaría, los gastos a reducir y, sobre todo, cómo hacer crecer el PBI, uno de los grandes temas ausentes.

4- Una reforma tributaria

Desde ya, es necesario reducir la presión impositiva, simplificar la vida de los contribuyentes y promover el comercio, como bien se plantea. Luego, hay que definir cuáles serían los impuestos a eliminar, a mantener y, eventualmente, a crear, sin descuidar cómo se recaudarían.

5- La rediscusión de la coparticipación federal de impuestos

Es un problema irresueltodesde la reforma constitucional de 1994. Hay que establecer las competencias de la Nación y de las 24 jurisdicciones subnacionales y, luego, reasignar los recursos. El modelo actual es “extorsivo” para las provincias no alineadas al poder central de turno.

Problemáticas locales

6- Un compromiso de las provincias en la explotación de los recursos naturales

La explotación de los recursos naturales puede ser uno de los motores del desarrollo argentino, sin dudas. Ahora, es necesario reconocer las autonomías provinciales, definir a qué recursos naturales se refiere, la participación de las provincias y las garantías de sostenibilidad socioambiental.

7- Una reforma laboral moderna que promueva el trabajo formal

La modernización del régimen laboral es clave para la promoción del trabajo formal y la consiguiente disminución de la pobreza, otro de los grandes temas ausentes. Hace falta un equilibrio entre los derechos laborales y la rentabilidad de las empresas, porque son estas las generan empleo.

8- Una reforma previsional

El actual sistema previsional no es sustentable y los jubilados pagan las consecuencias. Hay que respetar los derechos adquiridos de los aportantes, desde ya. La posibilidad de un sistema privado no debería descartarse de plano, siempre y cuando sea voluntario.

9- Una reforma política estructural

La desalineación entre los intereses de representantes y representados es tremenda. Ninguna reforma legal lo arreglará del todo, pero sería una contribución. No se puede mantener el zafarrancho de boletas electorales ni la oscuridad del financiamiento de las campañas.

10- La apertura al comercio internacional

Esto puede significar el aumento de exportaciones con valor agregado o, al contrario, vender productos primarios e importar el resto. Hace falta un equilibrio entre el proteccionismo que destruye la competitividad y el librecambismo a ultranza que arruina la producción nacional.

Antes y después

El Pacto de Mayo debe ser entendido como un acuerdo entre partes que privilegian sus coincidencias sobre sus diferencias. Un punto de inflexión, ni de partida ni de llegada. Falta definir el para qué y el cómo, nada menos. Las finalidades de cada ítem y los medios para alcanzarlos.

Antes, el Congreso debe aprobar la nueva versión de la ley Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, enviada por el Poder Ejecutivo. Gracias a la posición de gobernadores de todos los partidos políticos, es mucho mejor respecto al proyecto original.

A la vez, hay que avanzar en un nuevo pacto fiscal que defina los roles de la Nación y de las 24 jurisdicciones subnacionales (las 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires). Sin esto, no hay chances de avanzar hacia otros acuerdos. No es lo principal, pero sí es lo primero.

Mientras tanto, hay que iniciar un diálogo intersectorial que defina una «alianza público-privada para el desarrollo productivo». Sin esa alianza, el Pacto de Mayo será insostenible social y hasta fiscalmente. La oportunidad está dada, ojalá el gobierno y la oposición estén a la altura.

El lunes pasado comenzó un juicio histórico que ubica al expresidente, y casi seguro candidato presidencial republicano, Donald Trump, en el banquillo de los acusados. Este caso, que se remonta al 2006 y estalló 10 años después, parece parte de un guion de una serie de streaming. Un magnate inmobiliario y exitoso presentador de reality shows, convertido en un político famoso de una personalidad divisiva, enfrenta acusaciones de ocultar gastos mediante la falsificación de registros comerciales y contables, con el propósito de encubrir una presunta relación íntima con una actriz porno. La trama se desarrolla en un tribunal de Manhattan, generando un interés público y mediático sin precedentes.

El caso y la campaña

Trump, figura controversial y líder indiscutido del Partido Republicano, se encuentra en una encrucijada. Mientras, compite contra el actual presidente demócrata, Joe Biden, en las elecciones de noviembre. Dividiendo su atención entre mítines de campaña y cuatro acusaciones penales, junto con una demanda civil, busca mantener su base de apoyo y ganar la contienda electoral.

Hasta el momento, el líder populista no ha visto disminuir el apoyo a su postulación. Sin embargo, el desafío ahora es reforzar su electorado. Especialmente cuando el caso se ventila en un estrado de Nueva York, con la participación crucial de un «jurado popular», muy cerca en el tiempo de la Convención Nacional Republicana que definirá al candidato.

Este primer caso penal contra el exmandatario estadounidense tiene consecuencias imprevisibles. No solo para él, sino también para la Justicia y la convivencia democrática en una sociedad fuertemente polarizada.

Un veredicto de culpabilidad podría tener derivaciones legales y políticas significativas para Trump. Un veredicto de inocencia podría reforzar su imagen y darle impulso político. En cualquier caso, el juicio probablemente será un tema importante en el ámbito político y mediático durante algún tiempo. Esto podría afectar el clima político y la dinámica de poder en los Estados Unidos.

Desde este lunes, Trump deberá comparecer ante el Tribunal Supremo de Nueva York. Se espera que el proceso dure entre seis y ocho semanas. Incluso podría extenderse más, mientras se resuelve la acusación presentada por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Un jurado de doce miembros y seis suplentes, presidido por el juez Juan Merchan, será el encargado de considerar el caso.

El pago a una actriz porno

En 2016, el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, pagó 130 mil dólares de su propio bolsillo a la actriz porno Stormy Daniels. Buscaba que guardara silencio sobre una relación sexual que había mantenido con el magnate inmobiliario diez años atrás. La cuestión central que se dirime desde esta semana en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York es si la Organización Trump contabilizó como honorarios legales las transferencias a Cohen por el pago a la estrella de cine para adultos con el objetivo de evitar que el asunto saliera a la luz durante la campaña electoral de 2016. En ese entonces, el líder republicano derrotó a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Trump, acusado de encubrir el propósito del pago, insiste en que se trató de un gasto legal y se declara inocente de todas las acusaciones.

Los presuntos delitos penales

El reembolso a Cohen, presentado como un acuerdo de anticipos por sus servicios legales en documentos de la Organización Trump, se lleva a cabo como un caso penal que involucra 34 cargos de falsificación de registros comerciales. De estos, 11 están relacionados con cheques, 11 se refieren a facturas mensuales que Cohen presentó a la compañía y otros 12 implican asientos contables en un fideicomiso de Trump. Para demostrar que Trump es culpable de los cargos, se debe comprobar que el expresidente actuó con la intención de defraudar y cometer o promover otros delitos. El fiscal del distrito de Manhattan, Bragg, responsabiliza a Trump de maniobras fraudulentas que constituyen «una conspiración para influir en las elecciones presidenciales y mentir en documentos comerciales para ocultarlo». Para el fiscal el accionar de Trump supone violaciones a leyes electorales y de campañas electorales.   

La posibilidad de la prisión

Si el virtual candidato republicano fuera declarado culpable de todos los cargos, considerados delitos graves, técnicamente podría enfrentar la posibilidad de prisión. Aunque esta es una eventualidad poco probable.

La falsificación de registros comerciales, por lo general, se consideraría un delito menor y, por ende, no acarrearía penas de prisión. Sin embargo, en el caso de Trump, estas infracciones legales fueron elevados a la categoría de graves debido a la presunta intención de cometer u ocultar otros delitos, según afirmó el fiscal Bragg. Cada cargo de delito grave conlleva un máximo de cuatro años de prisión. Pero, dado que se trata de delitos no violentos y considerando que el expresidente tiene más de 70 años y no tiene antecedentes penales, el juez podría contemplar una pena sin prisión.

La cárcel y la candidatura

Es cierto que la Constitución de los Estados Unidos no establece limitaciones basadas en antecedentes penales para postularse para el cargo de presidente. Sin embargo, la posibilidad de que un convicto gane las elecciones presidenciales y asuma el cargo mientras está encarcelado plantea ciertas incertidumbres legales y desafíos prácticos.

En el caso hipotético de que Trump ganara las elecciones presidenciales, asumiera el cargo y se encontrara en prisión, surgirían varias cuestiones que podrían desencadenar una crisis. Sería el jefe de Estado y de gobierno, pero no podría ejercer efectivamente sus funciones desde la cárcel. En esta situación, se requeriría una transferencia de autoridad al vicepresidente, respaldada por el gabinete, para que asuma las responsabilidades presidenciales.

Sin embargo, es poco probable que el círculo de poder cercano a Trump tome una decisión para apartarlo del cargo en estas circunstancias. Es probable que Trump busque ser liberado mediante una demanda para poder cumplir con sus obligaciones constitucionales. Eso podría generar una controversia sobre la separación de poderes y la autoridad judicial frente al Poder Ejecutivo.

Otra posibilidad sería que Trump, en su calidad de presidente, firmara un indulto para sí mismo, algo controvertido que podría requerir la intervención de la Corte Suprema. También podría ser una decisión del gobernante saliente, el demócrata Joe Biden, competidor del postulante republicano.

 El caso penal en sí mismo, así como sus repercusiones jurídicas, políticas, junto con los entretelones revelados por los medios en estas días, son un claro reflejo de la división política y social que atraviesa Estados Unidos. Esta fractura que podría profundizarse aún más si el curso de los acontecimientos termina sofocando al carismático e influyente líder populista.

Luego de las dictaduras militares en Latinoamérica, la recomposición democrática tardó varios años en producirse. Hoy esa democracia es cuestionada por el autoritarismo creciente en la región. Algunos índices reciente señalan un crecimiento de la tolerancia hacia regímenes autoritarios. ¿Acaso el surgimiento de radicalismo tanto a la izquierda como a la derecha del espectro político poseen el poder suficiente para poner nuevamente en jaque a la democracia de la región? En Bajo la Lupa, el podcast de Diálogo Político, analizamos si el autoritarismo ha cambiado y cómo se hace presente en Latinoamérica.

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Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.    

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

Cuando el 5 de abril las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron en la embajada mexicana en Quito, hubo una gran indignación internacional por la violación de la inmunidad de una misión diplomática. Sin embargo, la historia previa, aunque mucho menos discutida, es picante. Mexico había concedido asilo político a Jorge Glas, exvicepresidente ecuatoriano condenado dos veces por corrupción en el contexto del escándalo Odebrecht en su país. Este último había huido a la embajada mexicana para evadir la persecución penal. Lo curioso de la acción: su solicitud de asilo en México había sido fundamentada por Glas con referencia al «lawfare», una supuesta persecución jurídica. De esta manera, una narrativa central de la izquierda política en el continente latinoamericano se convirtió en el centro de la cobertura internacional.

Perpetradores se convierten en víctimas

La palabra «lawfare» se compone de «law» (ley) y «warefare» (guerra). El término describe originalmente el uso del sistema legal para dañar, deslegitimar o arruinar financieramente a un oponente a través de largos procesos legales. Ni obstante, la izquierda política en el continente latinoamericano ha dado un nuevo sentido a este término. A los activistas agrupados en el «Grupo de Puebla» les sirve como consigna para describir una supuesta «guerra judicial» injustificada por parte de los medios hegemónicos y la presuntamente justicia conservadora para dañar a proyectos políticos supuestamente «progresistas». Distintos líderes como el expresidente boliviano Evo Morales, el expresidente ecuatoriano Rafael Correa o la exvicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner ahora enfrentan condenas o investigaciones por corrupción, fraude electoral o represión de la prensa.

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La narrativa de «lawfare» les sirve como excusa y justificación para enfrentar esta obvia pérdida de confianza política. Los perpetradores, que usaron sus cargos para enriquecimiento personal, se convierten así en víctimas, perseguidas injustamente por una justicia supuestamente politizada. Siempre según la consigna atribuida a Benito Juárez: «Para mis amigos, todo, para mis enemigos la ley.»

Narrativa bien orquestada

Es notable lo bien orquestado que está esta narrativa de «lawfare» dentro de las organizaciones transnacionales de izquierda como el Grupo de Puebla o también el Foro de São Paulo. En el sitio web del Grupo de Puebla, se publican regularmente comunicados que expresan solidaridad con camaradas afectados por el supuesto «lawfare». Además, se creó una organización subsidiaria del Grupo de Puebla llamada «Consejo Latinoamericano para la Justicia y la Democracia» (CLAJUD) dedicado a este tema. También se publicó un libro titulado «Guerras Jurídicas contra la democracia. El lawfare en América Latina».

Y no parece casualidad que Glas haya huido justamente a la embajada mexicana. Podía albergar esperanzas de que el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y su canciller Alicia Bárcena, integrante central del Grupo de Puebla, no lo abandonaría. Después de la captura de Jorge Glas, el Grupo de Puebla trató de asegurar su impunidad exigiendo un salvoconducto para el para salir a México.

Las verdaderas víctimas del «lawfare»

Para las democracias inestables o los regímenes híbridos, tan comunes en el continente latinoamericano, la narrativa del «lawfare» socava aún más la confianza en el Estado de derecho y la clase política. De hecho, la corrupción se ha arraigado profundamente en los sistemas políticos de muchos países latinoamericanos, lo que conduce tanto a una politización de la justicia como a una judicialización de la política. Tanto la política como la justicia pierden independencia y credibilidad como resultado. La narrativa del «lawfare» es ejemplar para esta mezcla poco saludable de política y justicia, y agrava este ciclo aún más. Sin duda, muchos países latinoamericanos sufren de una justicia imperfecta y politizada. Sin embargo, las verdaderas víctimas del «lawfare» pierden un argumento poderoso debido al uso extensivo e injustificado de esta narrativa por parte de políticos convictos por corrupción como Jorge Glas.

No parece una tarea difícil obviar la selectividad brutal de la narrativa del «lawfare» pergonado por el Grupo de Puebla. Mientras este lo manipula para defender a los suyos contra toda evidencia, no levantan la voz para defender a los perseguidos, silenciados y encarcelados miembros de la oposición democrática en Cuba, Nicaragua o Venezuela. El silencio ensordecedor del Grupo de Puebla sobre la exclusión de María Corina Machado de las elecciones presidenciales en Venezuela habla por sí solo. 

Según la definición del diccionario de Cambridge, ser woke implica ser consciente de los problemas sociales y políticos, especialmente en lo que respecta al racismo. Desde esta perspectiva, el concepto no debería llevar consigo connotaciones negativas, ya que implica una mayor conciencia del entorno y una disposición a adoptar perspectivas diferentes. Ser woke puede ser visto como un camino hacia la reflexión sobre temas serios como las desigualdades arraigadas en la sociedad. En un sentido más amplio, implica estar alerta y comprometido con la búsqueda de la justicia social y la equidad.

Sin embargo, en los últimos años, hemos observado que el #staywoke está acompañado de una creciente polarización, incomprensión y, en algunos casos, de odio hacia los demás. Esta paradoja plantea una pregunta: ¿por qué un concepto que debería fomentar empatía y comprensión se envuelve en controversias y divisiones?

Un adjetivo debatido

Para algunos, la percepción de esta palabra describe a personas que se consideran moralmente superiores, convencidas de tener un entendimiento más profundo de la sociedad. El término woke refiere al despertar ideológico.

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Sin embargo, esta percepción puede radicalizarse, convirtiéndose en una actitud que rechaza todo lo que difiere de sus propias convicciones. En este sentido, ser woke se asocia con la cultura de la cancelación, en la que aquellos que no se expresan de manera políticamente correcta, o que no consideran todas las posibles interpretaciones que un mensaje público puede tener, son objeto de cancelación. A pesar de defender el discurso antirracial y antisexista, para algunas personas ser etiquetado como woke es uno de los insultos más despectivos en la actualidad. Esto refleja una percepción negativa hacia aquellos que abogan por una igualdad de derechos. Sugiere que ser consciente de las injusticias y luchar por cambiarlas es motivo de burla o menosprecio.  

Nueva interpretación de lo woke

La palabra woke ha experimentado una transformación en su significado, desviándose de su sentido original. Antes, se refería a personas informadas y conscientes de las injusticias y tensiones raciales. Ahora implica una inclinación hacia la acción política asociada a la izquierda identitaria. El politólogo Francis Fukuyama, crítico destacado de la ideología, argumenta que la izquierda liberal, especialmente en los Estados Unidos, contribuyó a fragmentar aún más la sociedad en vez de unirla en torno a metas comunes. En lugar de promover la solidaridad entre amplias comunidades, se ha centrado en grupos cada vez más pequeños y específicamente marginados. Esto alimentó una guerra cultural e identitaria que está dividiendo la sociedad. La polarización extrema también se manifiesta en América Latina y se refleja en la fragmentación social y política de la región.

La división en particular toca la izquierda identitaria y progresista contra los conservadores. Ambos grupos se acusan mutuamente de ser excluyentes, agresivos e intolerantes, y de querer imponer una dictadura del pensamiento.

Según la autora Susan Neiman, en su libro La izquierda no es woke, el enfoque exclusivo en ser y actuar woke llevó a una política de símbolos en lugar de promover un cambio social real. Esta tendencia ha marginado los principios universales de justicia y la confianza en el progreso, que solían ser fundamentales en los objetivos progresistas.

Si la corriente política de izquierda persiste en este curso actual identitario, existe el riesgo de que los electores, desencantados con lo que perciben como excesos antirepublicanos y antidemocráticos, opten por apoyar al campo político opuesto. Esta reacción podría llevar a las derechas radicales al poder. No solo buscarían desmantelar el wokeismo y sus ideales, sino que también podrían suprimir otras luchas legítimas por la igualdad y contra la discriminación. Esta situación representaría un peligro para los avances logrados en términos de justicia social y derechos civiles. Las políticas de derecha populista podrían revertir los progresos alcanzados en estos ámbitos, dejando a ciertos grupos marginados y vulnerables frente a la discriminación y la desigualdad.

Cultura popular

Una crítica significativa en las redes sociales hacia los representantes del wokeismo es la inconsistencia en las posturas que a veces adoptan. Un ejemplo superficial pero ilustrativo es la etiqueta #shutupgringo. La campaña surgió en 2022 en las redes sociales latinoamericanas para contraatacar a los estadounidenses que criticaron a un artista japonés por representar a los protagonistas (latinoamericanos) de la película Encanto con un tono de piel demasiado claro. El mensaje (cállate gringo) busca responder a esos críticos que, desde una supuesta superioridad moral, sienten el derecho de juzgar una obra de arte. Este ejemplo ejemplifica la ironía de aquellos que abogan por la inclusión y la justicia social, pero a veces terminan adoptando posturas excluyentes y contradictorias.

El fenómeno del wokeismo también fue objeto de críticas en el arte y en el entretenimiento. Un ejemplo notable es el gigante Disney. Acompañó a generaciones durante su infancia con historias que, si bien pueden ser criticadas por algunos mensajes obsoletos, perduraron como clásicos. Sin embargo, desde que adoptó una postura más woke, parece haber perdido su capacidad de hacer contenido de calidad y de generar nuevos clásicos. En lugar de centrarse en la pura narrativa y en la capacidad de contar historias, ahora prioriza un mensaje evidente y forzado por encima del arte de la narración.

El wokeismo dicta qué es lo mejor para contar y recibir. Pero, en realidad, puede resultar en una lección moral que nadie desea y que arruina la experiencia de la obra que se presencia. No es la razón por la que el público acude al cine para ver una película de entretenimiento de Disney. Especialmente si dicha lección es simplemente un cambio de dirección que Disney intentó realizar únicamente con el fin de vender más. El efecto que se obtiene es precisamente el contrario.

Complejidad woke

El fenómeno del wokeismo presenta un complejo panorama donde se entrelazan percepciones y contradiciones con consecuencias políticas y culturales. La etiqueta de «woke» ha sido tanto un llamado a la inclusión como un arma de división. La transformación del arte y la cultura bajo la influencia del wokeismo plantea desafíos sobre cómo abordar temas actuales manteniendo la esencia artística sin comprometer la libertad creativa y la calidad del contenido.

Los conservadores ven a los wokes como una amenaza para la tradición y la moralidad, mientras que los wokes ven a los conservadores como una amenaza para la igualdad y la justicia social. Disentir con la postura woke no implica automáticamente ser racista, sexista o clasista. Del mismo modo, aquellos que se oponen al wokeismo no deberían generalizar, considerando a todos los defensores de causas sociales como radicales.

Es importante recordar que la justicia no se logra persiguiendo a aquellos que son diferentes y que el odio en las redes sociales obstaculiza cualquier intento de diálogo constructivo.

Irán había avisado de una dura respuesta contra Israel, después de que un ataque contra el consulado de Irán en Damasco acabara con la vida de siete personas, entre las que se encontraban altos mandos de la Guardia Revolucionaria iraní. Israel estaba preparada y esperando una acción militar que ha alertado a la comunidad internacional, pero que ha sido repelida sin mayores consecuencias. La gran incógnita es qué va a pasar a partir de ahora.

Tensas relaciones

Desde que en 1979 se constituyera la República Islámica de Irán, Israel fue situado como su principal enemigo en la región. En estos años, Irán ha tratado de presionar a Israel de forma indirecta. Utilizó las milicias islamistas que operan cerca y dentro de sus fronteras. Sin embargo, nunca se había producido un enfrentamiento directo entre Irán e Israel.

En la madrugada del 14 de abril, Irán impulsó una ofensiva aérea contra Israel. La ofensiva respondió al ataque perpetrado el 1 de abril en Damasco que fue atribuido a Israel. El 99% de los artefactos lanzados fueron neutralizados por los sistemas de defensa israelíes.  

¿Es Irán una potencia militar?

Irán siempre ha tratado de mostrarse como una potencia militar y nuclear con el objetivo de disuadir a sus adversarios. No obstante, desde la guerra con Irak de los años ochenta, el país no había lanzado ninguna ofensiva militar.

La reciente muerte de algunos de los más destacados mandos de su Guardia Revolucionaria en Damasco obligaba a Irán a responder si quería mantener su papel de potencia hegemónica en la región. Sin embargo, la compleja estructura defensiva de Israel ha dejado en evidencia el poderío militar iraní y su capacidad de destrucción.

La gran duda que se plantea ahora es si Israel va a ignorar este ataque, o si por el contrario también responderá de forma contundente. Hay que tener en cuenta que Israel realiza una permanente inversión en armamento y capacidades de defensiva. Eso lo ha llevado a situarse como uno de los ejércitos más poderosos del mundo. La tecnología militar israelí se presenta hoy como un referente y otorga un gran prestigio al país que podría llevarle a plantear acciones ofensivas. Además, Israel puede aprovechar este ataque para recuperar el apoyo estadounidense resquebrajado por la dura acción llevada a cabo en Gaza, y plantear una acción conjunta contra Irán.

La reacción internacional

La internacionalización del conflicto parece inevitable. En este sentido, el posicionamiento de Estados Unidos ha sido claro apoyando de forma incondicional a Israel. De igual forma, los países de la Unión Europea han adoptado una postura unánime de condena a Irán. Salvo el presidente español, Pedro Sánchez, que ha tardado algo más en ofrecer una posición firme. El mandatario parece estar influenciado por la presión que ejercen sus socios de gobierno, situados en los postulados de la izquierda más radical.

Rusia y China mostraron preocupación ante la escalada de violencia. Rusia reconoció el derecho de Irán en atacar a Israel, amparado por el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas. Por el contrario, China continúa con su intención de actuar como mediador en el conflicto por lo que no es previsible su implicación.

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La reacción en Latinoamérica ha sido variada. Las declaraciones del presidente colombiano, Gustavo Petro, fueron llamativas. Pidió al pueblo de Israel que “frenara la locura de su gobernante”. Por lo general, se puede observar un gran contraste entre los países gobernados por la izquierda, que simpatizan con Irán, y el resto.

México, Argentina, Uruguay y Paraguay han condenado el ataque. Además, lanzaron un llamamiento a la comunidad internacional para garantizar la seguridad del Estado de Israel. El más determinante ha sido el presidente argentino Javier Milei que ha cancelado su gira internacional para conformar un gabinete de crisis.

Por su parte, Chile condenó el uso de la fuerza y apeló al derecho internacional humanitario. Nicolás Maduro expresó su preocupación por la escalada de violencia, pero no ha condenado los ataques, mientras que otros de los tradicionales aliados de Irán en la región, Cuba, Nicaragua y Bolivia, de momento no se han pronunciado al respecto.

¿Internacionalización del conflicto?

Ante este escenario ¿se podría asistir a una internacionalización del conflicto? La situación es muy delicada, el apoyo otorgado por Estados Unidos y Reino Unido a Israel para repeler el ataque sienta un precedente que podría invitar a otras potencias a apoyar a Irán. Cabe destacar que las relaciones entre Israel y Rusia no pasan por su mejor momento, y que Irán lleva años buscando reforzar sus alianzas con Moscú. Por ello, podría producirse un apoyo ruso a Irán. No obstante, las prioridades de Rusia en este momento son otras y dicho apoyo sería indirecto y no llevaría a Rusia a involucrarse en el conflicto.

Por su parte, la posición de China es clara. El plan de China para ganar influencia internacional se basa en potenciar las relaciones económicas y evitar los conflictos, por lo que China tampoco va a prestar un apoyo directo a Irán.

¿Cuál es la solución?

Las diferencias entre Irán e Israel son irreconciliables y brotarán en cualquier tensión regional. Partiendo del origen del conflicto en Palestina, se plantean dos posibles soluciones:

1. El reconocimiento del Estado palestino, una propuesta que no sería aceptada ni por Hamas ni por Israel.
2. Algunos consideran que, si Israel acaba con Hamas esto llevaría al fin del conflicto en Gaza y rebajaría las tensiones entre Israel e Irán. No obstante, se debe tener en cuenta que Hamas no es más que una organización inspirada en los principios islamistas que son apoyados por millones de personas en el mundo. Por tanto, aunque se logre acabar con Hamas, surgirán nuevos grupos que seguirán reivindicando las mismas aspiraciones.

En este contexto, Irán seguirá apoyando a todos los grupos que puedan suponer una fuente de inestabilidad para Israel, y las tensiones entre ambos países continuarán siendo uno de los mayores puntos de inestabilidad en la región, por lo que una solución se plantea complicada.

La educación es uno de los factores más importantes para el desarrollo de un país. Si su calidad es óptima mejora el desarrollo humano e impacta positivamente en el crecimiento económico. Pese a la importante inversión en infraestructura, las disminuciones de la tasa de mortalidad, del analfabetismo en adultos y las reformas educativas implementadas en las últimas décadas, en Bolivia los avances en el desarrollo humano en los siglos XX y XXI han sido paradójicamente modestos.

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Innumerables estudios han mostrado que estos avances mejoran positivamente el bienestar de la población, en especial de la gente con escasos recursos. La educación de las mujeres, en particular de las que viven en el área rural, mejora su capacidad para aumentar sus ingresos, su salud reproductiva, aumenta la probabilidad de tener hijos sanos, reduce la mortalidad materna e infantil y beneficia al bienestar del hogar. También permite que la gente administre mejor los recursos escasos y que las familias tengan un menor número de hijos. Una mejor educación permite proteger el medio ambiente para hacerlo sostenible. En la esfera de los derechos, la educación permite que la gente conozca mejor sus derechos y obligaciones lo que les permite ejercerlos plenamente y expresar sus necesidades.

El libro

La oficina Bolivia de la Fundación Konrad Adenauer, presenta en esta oportunidad el sexto aporte de la serie «Colección Bicentenario». Analiza dos siglos de Bolivia como Estado independiente, desde su fundación en 1825 al presente, a partir de diferentes miradas y perspectivas. En esta versión, se analiza una variable clave para el desarrollo, como lo es la educación. Por lo que el libro es titulado: El estado de la educación en el Estado. Realidad de la educación en Bolivia (1825- 2022). Esta publicación está dividida en tres secciones de análisis. Primero se evalúa la educación sus reformas y sus datos históricos. Segundo, las políticas públicas de la educación y su financiamiento. Finalmente, se estudian algunos tópicos de educación vinculados al rol de los jóvenes, empleo, pandemia y medio ambiente.

Edita: KAS Bolivia.

Publicación: 2023.

La génesis de la OTAN se produjo después de la Segunda Guerra Mundial, entre la incertidumbre y el temor. El optimismo de los Aliados triunfantes ante un humillado fascismo. La promesa de un mundo en paz era negada por una atmósfera de decepción y desconfianza entre las potencias dominantes, los países liberados y aquellos ocupados. Enfrentaban una miríada de desafíos: cómo atender la intervención soviética en los frágiles gobiernos de Europa Central mientras fomentaban la estabilidad en países que reconstruían sus destrozadas economías sin que Estados Unidos volviera a su tradición aislacionista. Como lo planteó en lacónicas palabras el general y diplomático británico Hastings Ismay, primer secretario general del bloque: “mantener a los soviéticos fuera, a los americanos adentro, y a los alemanes abajo.”

Tras el remoto antecedente de la Carta del Atlántico de 1941 y los precedentes más inmediatos de los tratados de Dunkerque y Bruselas, la cooperación entre democracias liberales como comunidad de seguridad parecía lógica. Así, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Islandia, Italia, Luxemburgo, Países Bajos, Noruega, Portugal, Reino Unido y Estados Unidos firmaron el Tratado del Atlántico Norte en Washington el 4 de abril de 1949.

Defensa mutua

Inicialmente se lo presentó como un compromiso de defensa mutua contra cualquier agresión externa por parte de sus firmantes. Por entonces solo eran democracias liberales: “…salvaguardar la libertad, la herencia común y la civilización de sus pueblos, basados en los principios de la democracia, las libertades individuales y el imperio de la ley.” Sin embargo, la protección de la democracia sólo fue explícita en su preámbulo. La lucha de poder, la Guerra Fría, y el predominio político y económico de Estados Unidos, corrían el riesgo de eclipsar constantemente las aspiraciones europeas.

Durante la Guerra Fría, la OTAN funcionó como una excelente institución disuasiva de conflictos internos en Europa occidental. También constituyó un fuerte elemento de desestímulo a una agresión externa. Para sus críticos, especialmente aquellos cercanos a la URSS, la alianza era un agente violento del capitalismo, no de la democracia. Después de todo, sus estados miembros de regímenes autoritarios y desiguales. Desde esa perspectiva la amenaza de una hostil alianza de derecha habría forzado a Moscú a crear el Pacto de Varsovia con sus estádos satélite. A diferencia de la OTAN, aquél pacto funcionó más una ocupación militar que una alianza. Sin embargo, la alianza se mantuvo sin dar lugar a una acción militar directa sobre el espacio que resguardaba.

Nuevas incorporaciones

A lo largo de las décadas, la OTAN se expandió, adaptándose a las cambiantes realidades tecnológicas y geopolíticas. Con la adhesión de nuevos miembros, extendió su alcance e influencia por toda Europa. Durante el apogeo de la Guerra Fría, Alemania, Grecia y Turquía se unieron a la organización. España se unió en los años cercanos al final del primer Détente y como consecuencia de su propia transición a la democracia. Pero sería la caída del Muro de Berlín y el colapso de la Unión Soviética los fenómenos que impulsarían la expansión más significativa de la OTAN en los años siguientes, durante la era de las guerras en la ex Yugoslavia, así como los conflictos surgidos a raíz de los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 y la Guerra contra el Terror en Irak y Afganistán.

La amenaza del expansionismo comunista disminuyó, pero la OTAN siguió siendo el ancla de la estabilidad europea y la participación democrática en esta nueva era de “nation-building”. Chequia, Hungría, Polonia, Bulgaria, Estonia, Letonia, Lituania, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Albania, Croacia, Montenegro y Macedonia del Norte se unieron a la organización en oleadas entre 1999 y 2007.

Tensiones con Rusia

La interpretación sobre esta expansión ha sido una de las fuentes principales de las tensiones con la Rusia postsoviética. Este país ha declarado esto como una traición más dentro de las promesas vacías que Occidente habría impuesto a un país humillado a costa de sus intereses históricos. No obstante el modo en que la adhesión voluntaria de nuevos países deriva de las suspicacias históricas de países intervenidos militarmente por un viejo hegemón mientras recibían una renovada autonomía al zafarse de la cortina de Hierro. La mirada báltico-balcánica de la OTAN ha conducido al deterioro diplomático y generado un ambiente que rememora aspectos de la Guerra Fría.

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La anexión de Crimea y el conflicto actual en Ucrania sirven como pesados recordatorios del desafío pertinaz planteado por las aspiraciones reales o percibidas de Moscú. Estas impulsan a naciones otrora neutrales a ingresar en el ámbito de la OTAN, con la adhesión de Finlandia y Suecia como respuestas directas a la actual crisis.

Hoy, la OTAN enfrenta un panorama complejo de amenazas convencionales y no convencionales. Las crisis de seguridad derivadas de la emergencia climática, las amenazas latentes de células de terrorismo extremista y su penetración hacia Occidente, el resurgimiento militar de Rusia delineado en el prolongado mandato de Vladimir Putin que ha reavivado las tensiones en Europa Central, y hasta el ascenso de China como la única superpotencia global con recursos e intereses comparables a la alianza presenta nuevos retos. Retos cuya resolución parece siempre complicarse por las divisiones internas y las debilidades que aún hoy continúan plagando a la alianza, desde disputas sobre el reparto de la carga hasta percepciones divergentes de amenazas entre los estados miembros.

Pilar de seguridad global

Sin embargo, en medio de estos desafíos, la OTAN ha permanecido como un pilar resiliente e indispensable de seguridad global. Su garantía de defensa colectiva es planteada como un elemento disuasorio contra la agresión que fomentaría la estabilidad. Esta garantía está apoyada en capacidades defensivas y ofensivas totales que eclipsan hoy a cualquier adversario potencial más allá de sus esferas de influencia.

La interoperabilidad de las fuerzas de la OTAN y las de sus socios globales, como Australia, Colombia, Irak, Japón, Mongolia, Nueva Zelanda, Pakistán y Corea del Sur, crea una imponente capacidad militar. En teoría permitiría una respuesta rápida a diferentes crisis potenciales. Ha de admitirse, sin embargo, que sus cuantiosos recursos están distribuidos de manera desigual dentro del complejo ámbito territorial de la alianza. Esto lo evidencian los nudos y deficiencias en puntos específicos de discordia con sus adversarios en el Ártico, el Mar Báltico y Europa del Este.

Diálogo y cooperación

Empero, podría decirse que la fortaleza de la OTAN no radica en su infraestructura armada. Por el contrario se sitúa en su condición de foro para el diálogo político y la cooperación, fortaleciendo los lazos transatlánticos y fomentando una comunidad de naciones presentes y aspirantes que se identifican en su mayoría con sistemas de ideas similares en su compromiso con los valores democráticos y el estado de derecho. Sin embargo, este compromiso ha sido puesto en duda incluso en nuestros días. Después de todo, la OTAN toleró gobiernos autoritarios entre sus miembros durante la Guerra Fría. Hoy en día, algunos de sus miembros pueden ser caracterizados al menos como iliberales. Además, la respuesta de la OTAN a las amenazas emergentes ha sido con frecuencia desestimada como tardía, tibia y desarticulada. Esto destaca la necesidad de una mayor cohesión y visión estratégica.

Diferentes líderes a lo largo de la historia de la alianza manifestaron posiciones de “autonomía”, desafiando la necesidad de la asociación. El caso más famoso fue el líder francés Charles De Gaulle, quien separó a su país del mando Atlántico debido a desacuerdos sobre su preeminencia. Sin embargo, existe una tendencia creciente a hablar en contra la organización más allá de la tentadora tradición de demagogia electoral.

Es significativo que el actual líder y candidato del partido Republicano, Donald Trump, haya vociferado largamente su desdén hacia la OTAN y sus aliados. Esto es parte de su narrativa del aislacionismo y excepcionalismo americano, la percepción de una sobrecarga económica de su país en los gastos y compromisos militares globales, y su escepticismo general hacia el multilateralismo. Declaraciones a ese nivel prenden las alarmas en distintos círculos de decisión alrededor del mundo ante la percepción de que el expresidente de Estados Unidos comparte criterios con sus adversarios estratégicos.

Resiliencia y vulnerabilidad

Lo más preocupante, sin embargo, es que mientras el apoyo a la defensa común sube y baja entre los diferentes electorados de los países socios, en última instancia la voluntad de los ciudadanos de involucrarse directamente en la seguridad de sus aliados e incluso en la de sus propios países parece espectacularmente débil. ¿Mostrarán los liberales y pacíficos ciudadanos de Occidente determinación ante una agresión directa de un enemigo externo? ¿Podrían las democracias europeas defenderse sin el marco y el apoyo de la organización y los Estados Unidos? Las imágenes de los heroicos ucranianos enfrentando obstáculos insuperables podrían alertar y vigorizar a una nueva generación. Sin embargo, una victoria de los autoritarismos podría resultar irreversiblemente desalentadora.

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La OTAN nos presenta la contradictoria realidad de su evidente resiliencia y sus complejas vulnerabilidades. Los desafíos que tiene por delante son formidables y requieren mantener un renovado sentido de su propósito histórico. Al final éste sólo será tan fuerte como la solidaridad entre sus miembros. Fortalecer la disuasión contra posibles adversarios, abordar las divisiones internas y reafirmar su compromiso con sus valores originales seguirán siendo esenciales para navegar en las aguas inciertas que se avecinan. Como en 1949, de lo que se trata es de trazar un rumbo hacia un futuro más seguro, próspero y, esperemos, democrático.

La velocidad de los anuncios y las peleas del presidente colombiano, Gustavo Petro, tienen siempre corriendo al país. Corren los políticos de la oposición para hacerle frente a sus anuncios. Los analistas tuiteros discuten las afirmaciones presidenciales en hilos o comentarios. Corren políticos e influenciadores petristas para salir a defender y justificar al mandatario. Corremos los periodistas con esta vorágine de noticias.

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Expresiones

En el último mes, la escalada de anuncios presidenciales no ha parado. El viernes 15 de marzo, en un discurso público en Cali, Petro dijo que Colombia tiene que ir a una Asamblea Nacional Constituyente para «transformar las instituciones». Luego, en un tuit, explicó que no se trataba de una constituyente para reemplazar la del 91 ni para perpetuarse en el poder.

A la constituyente le siguió, solo dos días después, una alocución presidencial en la que  insistió con el metro elevado para Bogotá. Esta vez, en una de modificar la primera línea, basado en un estudio de la Sociedad Colombiana de Ingenieros.

El punto álgido de este boom de anuncios fue el martes dos y miércoles tres de abril, con las intervenciones por parte de la Supersalud de dos de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) con más usuarios. La medida administrativa se tomaba justo cuando el Congreso hundía la reforma a la salud. Después, el jueves cuatro, con su intervención en la Gran Asamblea Nacional Cafetera, dijo que «el Estado tiene que tomar las riendas del Fondo Nacional del Café para proteger y dar un buen uso a recursos públicos, que deben estar al servicio de asociaciones de pequeños caficultores con el objetivo de cultivar más, industrializar el grano y llevar paz a los territorios cafeteros».

A este frente de pelea se le sumó días después la decisión de nombrar como gerente del sistema de medios públicos (RTVC) a  Hollman Morris. Es uno de sus aliados fieles pero sobre el que pesan varias denuncias de acoso laboral y de acoso sexual. Morris era uno de los vicepresidentes de RTVC. Pero la salida de Norida Rodríguez, luego de una serie de denuncias, le permitió a Petro nombrar a uno de sus mayores defensores como líder de los medios públicos. En su anterior cargo, Morris ya había impuesto una línea afín al petrismo.

Frentes abiertos

Analizar los frentes que Petro ha abierto mediante sus anuncios podría terminar en un libro tan largo como el Ulises de Joyce. Tendría capítulos de sus peleas con los presidentes de El Salvador, Argentina e Israel. O los problemas de su apuesta a la paz total, cada vez más enredada con las ocho negociaciones con diversos grupos ilegales. Sus recurrentes peleas y descalificaciones contra algunos medios de comunicación y periodistas. Y sus ideas acerca de la transición energética y el cambio climático.

Por eso, en este artículo nos centraremos en dos de los frentes más recientes y coyunturales de este gobierno: la propuesta de una constituyente y la reforma a la salud.

La constituyente: ¿un globo?

Petro habló de la constituyente en el monumento a la resistencia de Cali, símbolo del estallido social de 2021. Habló frente a miembros de las comunidades indígenas, que llegaron a la ciudad para reunirse con él, y cientos de sus seguidores.

En la plaza pública, habló del mandato del pueblo y se quejó por la imposibilidad de llevar a cabo sus reformas por la oposición de las instituciones. Como en sus épocas de candidato, se declaró perseguido y anunció la necesidad de una constituyente.

Varios analistas coinciden en que la propuesta de Petro no tiene un plan estructurado, sino que es parte de su improvisación. El politólogo Camilo Cruz Merchán, investigador en el Instituto de Estudios Políticos de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, publicó un análisis en el que opinó que «fue una alusión. No es un proyecto político concreto. Fue un comentario en el marco de un acto en un lugar simbólico (…) que responde al deseo constante del mandatario de ser validado en la tribuna pública».

Tres analistas invitados al panel de Hora 20 de Caracol Radio llegaron a una conclusión similar. Rodrigo Uprimny, exdirector de Dejusticia, aseguró que la asamblea constituyente es un debate innecesario, que distrae al presidente de sus tareas de gobierno. La abogada constitucionalista Liliana Estupiñán cree que se trata de un globo, un escenario de la campaña de 2026 en el que todos los actores políticos cierran la posibilidad de consensos y acuerdos.

Uprimny resume que Petro cambia su discurso frente a este tema: «En Cali, su intervención daba a entender que su propuesta era la de una asamblea refundacional. Luego dice que es una constituyente acotada, a veces para seis temas. Luego en su trino habla de ocho. Muestra una enorme ambigüedad y para la mayoría de esos temas no se requiere ni siquiera una reforma constitucional. Como en el proceso de paz, que solo requiere ser implementado».

El proceso constituyente convocado no es ni para cambiar la constitución del 91 , ni para perpetuarme en el poder.

En las más de tres décadas que han oasado desde 1991, los poderes constituidos por el constituyente del 91, no han podido resolver varios problemas fundamentales… https://t.co/BRxPF3qrYZ

— Gustavo Petro (@petrogustavo) March 18, 2024

La propuesta no parece tener capacidad ni en el Congreso ni en las calles. Sus palabras generan incertidumbre en un escenario convulso. Y sobre todo, evidencian cómo Petro se radicaliza cada vez más.

Reforma a la salud: el castillo de naipes

El periodista Daniel Coronel recordó las palabras del presidente en una entrevista de abril de 2023: «¿Si yo quisiera acabar las EPS sabe qué hago? No presento el proyecto. Dejo que pase lo que está pasan (…) Y chu-chu-chu, eso es un dominó. Ni siquiera hay que demorar pagos. Simplemente EPS quebrada, sus afiliados, como lo han hecho hasta ahora, tienen que pasar a las que quedan. Y esa se cae».

Ante la decisión de intervenir dos EPS, más la carta en la que Compensar pedía ser liquidada por la compleja situación financiera, el Gobierno será el directo responsable del servicio de salud de 25 millones de personas.

El exministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, expresó en una entrevista con María Jimene Duzán que el estado no está en capacidad de asumir el control del sistema de salud y necesita un acuerdo con los agentes de las principales EPS para evitar la crisis total.

César Caballero, director de la encuestadora Cifras y Conceptos, tiene la misma percepción. «No creo que el gobierno tenga un plan luego de la intervención de las dos EPS con más usuarios. Esto va a tener un costo político y económico para el gobierno, y lo más grave es que tendrá un costo de vidas. Este podría ser el talón de aquiles del presidente».

El efecto dominó, o de castillo de naipes, al que refiere Petro con las EPS puede reflejarse en él. La reforma a la salud fue justamente la razón por la que se dinamitó su coalición. Inició su mandato con mayorías en el Congreso, que le permitieron realizar una ambiciosa reforma tributaria, la Ley de la Paz Total y la creación del Ministerio de la Igualdad, dirigido por la vicepresidenta, Francia Márquez. En el cronograma quedaban otras reformas vitales para su proyecto —laboral y pensional—que podrían hundirse por la mala relación con los congresistas y la falta de un espíritu de diálogo.

Mucho anuncio, poco cambio

En sus tuits y en sus intervenciones públicas, Petro culpa al sistema y a las élites por la imposibilidad de llevar a cabo sus reformas y cumplir su promesa de cambio.

Como explica César Caballero: «Petro tiene un estilo similar al de Uribe [Álvaro, expresidente], logran imponer los temas. Uribe imponía los temas de la agenda y el teflón de su buena imagen le duró los ocho años de su gobierno, pero a Petro no. Todos estos anuncios que hace le generan protagonismo pero al mismo tiempo da la sensación de desorden».

Y cita varios ejemplos de anuncios que no se concretan: «Propuso un tren eléctrico entre Buenaventura y Barranquilla y tuvo a todos hablando sobre la imposibilidad de realizarlo.  Dijo que iba a ordenar que se hiciera un subterráneo entre la salida de Bogotá y Soacha. No pasó nada. No prepara medidas, él solo va anunciando. A veces, los ministros le hacen caso, otras no porque parte del gran problema es que no pasa nada. Llega tarde a todo, presentó los proyectos tarde, ejecuta el presupuesto tarde, nombra a la gente tarde».

Mientras todos corremos frente a cada nuevo anuncio del presidente, él va dejando a su paso temas inconclusos que luego retoma inesperadamente en un tuit o en un discurso. El tiempo corre, solo quedan dos años y tres meses para su ambicioso plan de reformas. Al final, el cambio anunciado parece no llegar para los electores de Petro. Cada vez lo acompañan menos en las calles y en las urnas, como se evidenció en las elecciones regionales, o se declaran decepcionados en redes sociales.