El canal de televisión iraní HispanTV ha actuado como la voz de Irán para su audiencia en español desde que inició sus emisiones en el año 2012. La creación del medio se enmarcó en el programa de política exterior de Irán. Surgió a raíz de las sanciones que aislaron por completo al país, como consecuencia del desarrollo de su programa nuclear.

La búsqueda de alianzas

Para Irán, se presentaba muy complicada la tarea de encontrar nuevos aliados internacionales. Sin embargo, la relación previa con Venezuela llevó a entender que América Latina podría ser considerada una región idónea para aproximarse a nuevos países.

Salvo para Argentina, donde los atentados perpetrados por grupos terroristas chiíes contra intereses judíos en los 90 dejó una huella imborrable, Irán se presentaba como un país lejano sobre el que no se tenía mucha información en Latinoamérica. Además, la buena sintonía con el gobierno de Hugo Chávez facilitó que Irán pudiera extender una completa estrategia de poder blando en América Latina.

El desembarco en Latinoamérica cumplía un doble propósito. Por un lado, permitía a Irán conseguir nuevos apoyos internacionales. Por otro, ganar peso en una región en la que Estados Unidos mantenía una fuerte influencia. De esta forma, Irán conseguía presionar a su principal adversario en su mismo patio trasero.

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Con este propósito, Irán estableció nuevas embajadas. A la vez, incrementó la actividad de las ya estaban presentes en Argentina, Brasil, Uruguay, Venezuela o México. No obstante, la actividad diplomática y cultural no resultaba suficiente a través de sus embajadas para ganar simpatías en Latinoamérica.

Siguiendo la estrategia desplegada por otros países, como el canal ruso de noticias RT, el gobierno de Teherán creó HispanTV. A través de su propio canal de televisión en español, Irán despliega su narrativa y trata construir un relato destinado a personas de habla hispana.

Objetivos de HispanTV

Más allá de transmitir los valores de la cultura iraní y su posición con respecto a los acontecimientos internacionales, HispanTV se configura como una herramienta de influencia capaz de impulsar cambios políticos en América Latina y España.

El objetivo se centra en persuadir y conseguir que su particular visión e interpretación de la realidad internacional cale en diferentes foros. De este modo, el país busca influir en la opinión pública para que se incilne por sus propuestas políticas alternativas.

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Desde que el presidente iraní Mahmud Ahmadineyah estrechó lazos con el gobierno venezolano de Chávez, el régimen iraní encontró una creciente aceptación entre los gobiernos latinoamericanos de izquierda. Por ello, uno de los propósitos de HispanTV es apoyar a los candidatos que defienden los postulados de la extrema izquierda en Latinoamérica. Busca ayudarles a ganar las elecciones y, con ello, encontrar gobiernos afines a sus intereses en el mayor número de países.

Para encontrar alianzas en América Latina, Irán debió desplegar una narrativa adaptada a las inquietudes que mueven a la izquierda bolivariana. Pero, los principios ideológicos que inspiran el funcionamiento de la República Islámica de Irán se encuentran en las antípodas de las propuestas de la izquierda en Latinoamérica. A pesar de ello, la política exterior iraní ha sabido potenciar los puntos que unen al régimen con los principios de la extrema izquierda. En este sentido, los mensajes emitidos por HispanTV se centran en una férrea posición contraria a los intereses de Estados Unidos y sus aliados europeos. Realiza una crítica permanente a las economías capitalistas y de mercado.

Tratamiento de la información

El accidente de helicóptero que acabó con la vida del presidente iraní Seyed Ebrahim Raisi en mayo de este año muestra la forma en la que HispanTV maneja la información. El canal se esforzó por presentar a su presidente como un mártir. A su vez, desde los estudios centrales en Teherán se intentó mostrar una respuesta internacional masiva en apoyo a Irán.

Se han podido leer titulares como: “Representantes de países extranjeros rinden homenaje a Raisi”, o “Eco mundial del funeral del presidente mártir y su comitiva”, “La embajada iraní en Caracas celebra una ceremonia en homenaje a Raisi”. Incluso, uno de los titulares plantea: “Caída de helicóptero presidencial iraní, ¿ataque o accidente?”.

Se podría pensar que el principal impacto internacional provocado por la muerte de Raisi es su papel de mártir por defender los valores contrarios al “imperio de occidente”. Así se le denomina desde Irán como desde los gobiernos bolivarianos. Con este tipo de mensaje se pone sobre la mesa la probable intencionalidad detrás del dramático accidente que provocó su muerte. El manejo de la información, en la mayoría de los casos, termina convirtiéndose en propaganda para favorecer los intereses de Irán en el mundo.

Sin embargo, dejando de lado el particular encuadre informativo iraní, los países de la comunidad internacional, que observan a Irán como una amenaza, deben analizar y prevenir las consecuencias de Irán en un contexto internacional de máxima tensión.

La declaración de culpabilidad contra Donald Trump tiene profundas implicaciones para el futuro de la democracia en Estados Unidos (EEUU) que trascienden las responsabilidades de las instituciones del Estado de derecho. Las organizaciones políticas, los partidos, la opinión pública en una sociedad polarizada y el electorado en esta época de la posverdad, ahora tienen en sus manos la defensa de la integridad del sistema de gobierno, especialmente de cara a las elecciones del próximo 5 de noviembre.

El papel de la justicia

Un expresidente de EEUU sentado en el banquillo de los acusados y una sucesión de testimonios escandalosos en su contra conforman un hecho sorprendente. Aún más impactante es la inédita decisión unánime del jurado en el icónico distrito neoyorquino de Manhattan. Hallan a Trump culpable de 34 cargos de falsificación de registros comerciales con el propósito de influir a su favor en las elecciones presidenciales de 2016. Esta desagradable situación, que revela conductas perversas en el quehacer político, también resalta el papel crucial de la justicia como guardián de la democracia.

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Luego de dos días de deliberaciones, los 12 miembros del jurado ofrecen un poderoso mensaje sobre la igualdad de los ciudadanos ante la ley. En ausencia de tribunales verdaderamente independientes, sin favoritismos ni privilegios, las democracias plurales se convierten en meras cáscaras vacías.

En este caso, la importancia es doble. Trump, enjuiciado penalmente por hechos del pasado, también aspira alcanzar la Presidencia en las elecciones nacionales de este año. En primer lugar, honra la tradición estadounidense de la rendición de cuentas. En segundo lugar, ciudadanos activos en la justicia que desempeñan un papel fundamental al proporcionar información significativa sobre la conducta pública de un líder político.  

Camino al fallo

Además, el magnate inmobiliario estuvo obligado a estar presente durante las cincos semanas en las que se extendió el caso, en medio de la campaña electoral por las primarias, en una “sala lúgubre y sin ningún glamour”, sin control sobre la situación como él está acostumbrado y teniendo que respetar estrictas normas de procedimiento.

El juez Juan Merchan programó el fallo para el próximo 11 de julio. Trump fue sentenciado —falta conocer la condena— cuatro días antes de que la Convención Republicana eligiera a su candidato. Posteriormente, el equipo legal dispone de 30 días para apelar y seis meses para completar este proceso. Es probable que extienda el procedimiento más allá del 5 de noviembre. Esto significa que Trump podría ganar la elección y luego confirmarse la sentencia, que técnicamente podría incluir una pena de prisión. Sin embargo, es poco probable que esto ocurra. El expresidente está muy cerca de cumplir 78 años y que se trata de un delincuente primario, de delitos que se ubican en el nivel más bajo de las leyes de Nueva York.

Los aliados de la democracia

La buena salud democrática requiere adecuados mecanismos de control. Derivan del andamiaje jurídico reflejado en la Constitución y en un conjunto de leyes, con el fin de evitar abuso del poder. Sin embargo, esto no es suficiente para proteger a la democracia, como advierten los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt en Cómo mueren las democracias.

Las «reglas no escritas» de la política desempeñan un papel crucial en la salud del sistema. Estas normas actúan como «guardarraíles» que previenen la degradación democrática. Las decisiones en asuntos de gobierno o las conductas que validan actos de corrupción contribuyen a su deterioro. No solo se limita a delitos de carácter económico. Abarca también acciones que  erosionan la ética y buenas prácticas del ámbito político.

Ejemplos históricos ilustran que las prácticas informales han sido fundamentales para preservar a la democracia. Las élites demócratas, por ejemplo, impidieron que Henry Ford, el fundador de la compañía Ford y líder industrial de enorme popularidad en el primer cuarto del siglo XX, se convirtiera en candidato del partido. Ford: conocido por su prédica contra banqueros, judíos y bolcheviques, elogiado por el propio Hitler.  

Avance del populismo

En los tiempos que corren, es notorio el declive de los mecanismos de control a nivel de los partidos. De esta manera, se abren las puertas a liderazgos como el de Trump, advierten los politólogos que analizan el avance del populismo en los sistemas democráticos.

En este sentido, de cara a la convención partidaria del 15 al 18 de julio, al haber arrasado a sus competidores republicanos en las primarias, Trump supera con creces el umbral de 1.215 delegados que aseguran la nominación presidencial.

El partido ha perdido su condición guardiana de la democracia. Por lo menos en filas republicanas, había un gran valor procedimental. Este es un fenómeno difícil de revertir con prácticas verticalistas como las que existían en el siglo XX.

El veredicto popular

De todos modos, el final de esta historia no depende de la palabra del juez Merchan ni de la apelación de los abogados de Trump. Ni siquiera de la convención republicana, aunque cargue con una parte de responsabilidad. La llave la tiene el electorado estadounidense, igual que en las elecciones de 2016 cuando el líder republicano triunfó ante la demócrata Hillary Clinton.

Esta vez, en la eventualidad de que Trump vuelva a la Casa Blanca, el mensaje es mucho más grave debido a su actitud autoritaria como jefe de Estado. Hay múltiples muestras de su hostilidad hacia servidores públicos, que tenían la tarea de investigar asuntos que lo involucraban en casos reñidos con la ley. Además, su diatriba contra la prensa independiente o crítica.

¿Presidente?

A juzgar por la tendencia que han mostrado las encuestas, Trump aventaja levemente a su adversario, el presidente Joe Biden, de 81 años. Es improbable que haya cambios  en el núcleo duro de sus votantes. Al contrario: son los electores convencidos de que Trump es una víctima del establishment de Washington, que también se expresa en los tribunales. Incluso, es posible que los más fieles seguidores consideren sospechoso la rapidez y unanimidad del jurado.

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La interrogante que perdurará en los próximos meses es el impacto del caso judicial en el electorado independiente o indeciso que preferiría no votar a Biden, cuestionado por su edad (terminaría su segundo mandato con 86 años) ¿Los convencerá Trump con su narrativa? Sostiene que no lo persiguen a él, sino al pueblo. Y que, pese a que es culpable de delitos penales por atentar contra la limpieza del proceso electoral, y que técnicamente podría enfrentar la cárcel, es el líder indicado para estar al frente de la democracia estadounidense. Es demasiado pronto para saberlo con certeza.

El 31 de mayo, a las 7:10 de la tarde, un día después de conocerse la culpabilidad del expresidente republicano, Biden escribió en la red social X: “Nadie está por encima de la ley”. La labor de la Justicia es una prueba de ello. Pero, a todas luces, es insuficiente para salvaguardar la democracia de la política del rencor y el malestar que encarna Trump, la versión más auténtica de la protesta populista del siglo XXI.

El cambio climático, la pérdida de biodiversidad y la contaminación desafían las condiciones de habitabilidad del planeta que mejor conocemos. Hoy las Naciones Unidas lo catalogan como una “triple crisis ambiental” que nos impone “hacer las paces con la naturaleza” de forma urgente y decidida.

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Pero estos problemas llevan varias décadas apuntándose desde las esferas científicas y, ni qué decir, activistas. Por ahora, contrario al reclamo de la fundadora del movimiento juvenil Fridays for Future, Greta Thunberg, no estamos reaccionando masivamente como si nuestra casa estuviera en llamas. Nos parecemos un poco más a la sociedad parodiada en la película de Hollywood No mires arriba (2021). ¿Por qué? Aquí las ciencias de la naturaleza se quedan cortas y necesitamos del auxilio de las ciencias sociales y políticas para dar cuenta del fenómeno. También de las humanidades, para comprender a fondo esta especie capaz de destruir y construir con igual fuerza.

Decidir e influenciar

La agencia del ciudadano común en la crisis ecológica es doble en los sistemas democráticos. Sus decisiones domésticas y de consumo comportan una huella ambiental, mientras que elige y puede ejercer presión en quienes toman decisiones políticas a distintos niveles. Dentro de las opciones disponibles, votamos con la papeleta y con la billetera. El ciudadano puede también organizarse colectivamente para incidir y para crear alternativas de producción, consumo y convivencia. Protestamos, impulsamos campañas, nos afiliamos a organizaciones ecologistas, creamos ecoaldeas.

Todo esto vuelve indispensable atender el proceso y las tendencias de la opinión pública sobre los temas ambientales. Leva a comprender la naturaleza tanto como la profundidad y la fuerza de las preocupaciones de las personas sobre la sostenibilidad ecológica, así como su articulación colectiva mediante la comunicación.

Percepciones en Latinoamérica

La opinión pública sobre el cambio climático, por tomar el problema ambiental más estudiado en los últimos años, aparece dividida o casi unánime según qué país miremos. En comparación con el debate inicial, la opinión pública se ha alineado en general al consenso científico. Aunque el fenómeno es aún minimizado o incluso negado en algunas sociedades. Latinoamérica presenta una conciencia climática alta, en comparación con otras regiones, por encima del 70% de personas preocupadas o muy preocupadas. Lidera el ranking en designar a los humanos como responsables del cambio climático y vincularlo con los desastres “naturales”. Por otra parte, al hacer doble click en esta preocupación generalizada, el reciclaje aparece como la principal acción que señalan los latinoamericanos para combatir el cambio climático (World Values Survey 2024). Es una respuesta más vinculada a la contaminación. O que los jóvenes no son los más preocupados como solemos pensar.

Uruguay es uno de los países latinoamericanos donde hay una aceptación mayor de la gravedad del problema. El estudio Percepción Social el Cambio Climático (PNUD, 2021) confirma las tendencias internacionales y regionales; registra altos niveles de conciencia declarada del problema. Al mismo tiempo, revela una distancia percibida del cambio climático respecto de la vida cotidiana de los uruguayos. Cuando hay oportunidad de ahondar en los significados que se le atribuyen al cambio climático y la competencia con otras preocupaciones, comienzan a aparecer esos matices que sirven para entender la distancia entre conciencia y acción.

Por otra parte, al estudiar los actores clave vinculadas a la acción ambiental en Uruguay, nos encontramos con que para las juventudes el cambio climático no es el foco de sus preocupaciones y trabajo. Lo mismo ocurre al analizar el discurso de eco-influencers uruguayos en redes sociales como Instagram.

El rol de la comunicación

Aunque el cambio climático se presente como un problema global en el que estamos todos embarcados, vemos que las respuestas sociales varían. Para comprender estas variaciones, resulta fundamental analizar los vínculos de la opinión pública con los valores ambientales y sociales en cada lugar. Asimismo, la intersección con factores como la raza, la clase social, el género y las diferencias intergeneracionales. Necesitamos considerar también los fenómenos de liderazgo, la socialización política y los anclajes histórico-culturales del ecologismo en cada región. Tenemos que mirar los discursos, los diálogos y los vínculos entre actores diversos. Todas tareas en la que las ciencias exactas se quedan cortas.

En línea con el modelo de Crespi, el proceso de la opinión pública ambiental involucra la comunicación y las tecnologías emergentes. Aportan a la construcción de un conocimiento común, facilitan la participación en universos de discurso compartido y vehiculizan el liderazgo de opinión. Más aún, la comunicación es central en la conformación de lo que se conoce como “ideología ambiental”. Es un modo de pensar sobre el mundo natural que le da al individuo un marco interpretativo tanto de las experiencias vividas como de los contenidos periodísticos, publicitarios, cinematográficos, institucionales que consume.

Las redes sociales

En el campo de la comunicación ambiental, se cuestiona si el uso de las redes sociales. ¿Produce slacktivismo, y refuerza el escepticismo ambiental, o ayuda a promover creativamente el reconocimiento del problema y fomenta la ciudadanía verde? A nivel latinoamericano, encontramos que, controlando por múltiples variables sociodemográficas, el consumo de redes sociales tiene un impacto positivo en la conciencia climática. Esto es más fuerte para el caso de YouTube, lo que puede considerarse un triunfo del contenido por sobre las funciones de sociabilidad de las plataformas cuando se trata de la generación de conciencia ambiental. En tanto, la cobertura periodística en la prensa digital más leída en Uruguay, que circula también por redes sociales en la actualidad, deja prácticamente fuera el uso del video como recurso cuando reporta sobre cambio climático.

En definitiva, la mayoría de los ciudadanos tiene una versión mediada de los problemas ambientales y de las respuestas en curso. Sucede que, aunque estemos geograficamente cerca de un conflicto ambiental en territorio, lo vemos lejos si no nos la acerca un medio de comunicación. Las historias, reales o ficticias, ofrecen ese puente que los humanos podemos utilizar para acercarnos a los problemas abstractos o lejanos del deterioro ambiental, creando imágenes que nos ofrezcan referencias concretas, tangibles, emocionantes. Sin desdeñar los factores geopolíticos y económicos que estructuran esta triple crisis ambiental, es cada vez más necesario atender a los procesos de comunicación que pueden ayudarnos a imaginar, a cocrear y a exigir un mundo sostenible desde la ciudadanía.

El cambio climático es uno de los principales problemas que enfrenta la humanidad. El calentamiento global y el aumento de frecuencia e intensidad de los eventos climáticos son visibles y medibles. Si bien persiste la discusión sobre la incidencia de las actividades humanas en estos fenómenos, en la última década la cuestión ambiental se instaló en la agenda política.

La gestión ambiental y la generación de energía limpia aparecen en los programas de casi todos los partidos políticos. La pregunta es si la política va a liderar la transición hacia la sostenibilidad o se limitará a correr detrás de los problemas. Porque los extremos parecen indicar que no estamos controlando los problemas en forma adecuada.

Las recientes inundaciones en el sur de Brasil pueden servir de ejemplo para analizar el problema. La explicación meteorológica sería que mientras el centro del país padecía una ola seca y caliente, en el sur se produjeron lluvias intensas. El resultado fue que el río Guaiba superó la cota de inundación de 3 metros y alcanzó, después de nueve días de lluvia, los 5,33 metros. Los meteorólogos hablan de una tempestad perfecta.

Territorio arrasado

El resultado fue el mayor desastre climático en la historia de Brasil, en términos de extensión de territorio y cantidad de personas afectadas. Más de 150 fallecidos, 108 desaparecidos y cerca de 620.000 desplazados constituyen el balance provisorio. La superficie afectada es mayor que la del Reino Unido. La reconstrucción de la infraestructura llevará décadas.

Si los partidos políticos pretenden liderar la transición hacia una economía sostenible, deben hablar a texto claro. No es posible seguir fingiendo que las catástrofes son excepciones y que tarde o temprano retornará algún tipo de confortable normalidad. Definitivamente, no alcanza con mencionar la sustentabilidad de vez en cuando o adherir a alguna noble causa ambiental para volver a la agenda habitual.

Una gestión ambiental responsable, acorde con los desafíos que enfrentarán realmente las sociedades, implica hacerse cargo de algunos temas. Estos no son necesariamente atractivos, sino por el contrario incómodos, ya que desafían las certezas del presente.

Emergencia climática

Los eventos extremos llegaron para quedarse. El ejercicio del liderazgo obliga a decir esto claramente. Si anteriormente ocurrían en un siglo, es probable que en el futuro ocurran en una década. Para enfrentar situaciones como la de Río Grande del Sur hay que preparase. Es necesario disponer de planes para las emergencias climáticas.

Esto tiene implicaciones en la asignación de dineros públicos para enfrentar inundaciones e incendios cada vez más intensos y frecuentes.

Adaptación

Los eventos climáticos no pueden ser evitados. Es una ilusión pretender que siempre habrá una solución ingenieril para un desborde de un río, o un muro para contener la suba del nivel del mar. La adaptación a los extremos futuros implica un replanteo en la valoración de los ecosistemas.

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Las dunas no son montones de arena improductiva. Por el contrario, constituyen un ecosistema dinámico y disipan la energía del mar. Son, por lo tanto, la defensa más eficiente contra la suba del mar.

Valoración del ambiente

Los humedales no son barriales con mosquitos. Son ecosistemas ricos por su biodiversidad. También cumplen con una función clave que es absorber excesos de agua durante las lluvias y tenerlos disponibles en épocas de sequía.

La sistemática destrucción de estos ecosistemas trae consecuencias a mediano plazo que ningún muro podrá amortiguar. Es necesario incluir seriamente las consecuencias ambientales en la evaluación de muchos emprendimientos inmobiliarios construidos sobre humedales desecados, indudablemente atractivos desde el punto de vista económico y en contiendas electorales.

Recursos limitados

Después de cada catástrofe surgen promesas de disponibilidad ilimitada de recursos. La respuesta a la sequía no debería ser la búsqueda de otra fuente de agua que permita seguir con el uso irresponsable. La clave de la sostenibilidad es el uso responsable, que asegure la disponibilidad del recurso en el futuro.

Finalmente, las catástrofes no son una maldición. En el caso de Brasil están asociadas a prácticas agropecuarias, concretamente a la desforestación y al aumento de los monocultivos de soja. En las últimas décadas, en Río Grande del Sur, un millón de hectáreas de bosques fueron transformadas en cultivos de soja. También se perdieron tres millones de hectáreas de pastizales. Esto cambió la capacidad de absorción y retención del agua.

Los partidos políticos tienen la legitimidad del voto y responden frente al electorado por su gestión. Si pretenden seguir liderando el quehacer social, deben actualizar tanto el discurso como la práctica. Las promesas de crecimiento ilimitado, de emprendimientos valorados solamente en función del monto de la inversión, llevarán a situaciones dramáticas. Se trata de prevenirlas y, si ocurren, de tener planes de contingencia.

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Es inevitable que en el futuro se repitan las inundaciones. Podemos evitar construir en las planicies de inundación para que, cuando se produzcan, no haya gente que lo pierda todo. La mejor defensa contra la suba del nivel del mar o de los ríos no los muros, son las dunas, los bosques ribereños y los humedales.

Los partidos políticos no solo se deben a sus votantes. Como gestores de la cosa pública, son responsables también del bienestar de las generaciones futuras. La catástrofe en el sur de Brasil es un aviso claro. No deberíamos ignorarlo, ni el Día del Ambiente, ni los demás días.

México se encamina a otro periodo de gobierno bajo el liderazgo de Morena tras la victoria de Claudia Sheinbaum en las elecciones nacionales del 2 de junio. ¿Qué detalles debemos tener claros? ¿Cuáles son las claves para el análisis de este proceso?

Fueron las más grandes en la historia del país: 20.708 cargos, 500 diputados y 128 senadores. Casi 55 millones de ciudadanos participaron con su voto, el 60% de la población. De ese porcentaje, con 95% del escrutinio, al menos 33 millones de mexicano eligieron a Sheinbaum, 3 millones de votos más de los que recibió López Obrador en 2018. Además de ser la primera mujer en asumir la Presidencia del país, también es la más votada en la historia de México. 

Diálogo Político organizó una mesa de análisis electoral para repasar los resultados. Participaron Julio Castillo, director de la Fundación Rafael Preciado Hernández, Ana Lucía Medina, activista de la sociedad civil mexicana, y Marco Levario, editor de la revista Etcétera. 

Jornada electoral

La victoria de Sheinbaum fue calificada como “avasallante”, por el poder a nivel nacional respecto a todas las entidades del país.

Los exponentes contaron que al publicarse los resultados anticipados, por parte del Instituto Nacional Electoral (INE), grupos opositores al oficialismo exigieron fraude en redes sociales. De todas formas, Castillo, Medina y Levario, coinciden en que no hubo fraude aunque sí consideran que fueron unas elecciones con falta de equidad.

Con base en los resultados de los conteos rápidos anunciados por el @INEMexico y los OPLE de #CDMX, #Chiapas, #Guanajuato, #Jalisco, #Morelos, #Puebla, #Tabasco, #Veracruz y #Yucatán, este sería el nuevo mapa político de #México, y esta también la evolución desde 2018.

Morena… pic.twitter.com/6O7Vmg9TG3

— Laboratorio Electoral (@Eleccionesymas) June 3, 2024

Julio Castillo lo explica como “elecciones de Estado”, porque identifica un uso indiscriminado de los programas sociales, un “INE fragmentado”, con poco presupuesto, y un contexto de violencia creciente por parte del crimen organizado. Una semana previa a las elecciones, 37 personas que aspiraban alcanzar un cargo público en México fueron asesinadas. La cifra representa 26 candidatos y 11 autoridades de elección popular según el estudio Votar entre balas de Data Cívica. La víctima pública más reciente fue un candidato del oficialismo al municipio de Cuitzeo, asesinado a balazos el sábado previo a la elección.

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Estas circunstancias no aseguran que las condiciones de voto hayan sido las mismas para todos los ciudadanos. Para Medina, la jornada y campaña electoral estuvo “llena de irregularidades”. Como activista, considera que hubo una “distracción del órgano electoral” al no dedicarse a “perseguir” la “intromisión” del Poder Ejecutivo durante la campaña.

Autocrítica

¿Por qué el mexicano votó como votó? Para el periodista Marco Levario, la respuesta se encuentra en el “descrédito de los partidos políticos opositores”, que no obtuvieron la voluntad necesaria para darle una oportunidad a la alternancia. Considera necesaria la autocrítica y el deber de “asumir” que “no todo es culpa de López Obrador”. En esa línea: “Me niego a decir que el electorado es tonto y punto”. 

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Desde la sociedad civil, Ana Lucía Medina coincide. En un contexto de “polarización”, se torna recurrente la descalificación y la confrontación de quienes piensan diferente. Aunque a través del movimiento Marea Rosa Medina cree que hicieron “una gran labor”, también piensa que la sociedad civil se habló a sí misma. “Nos faltó abrirle la puerta a quienes se sentían inconformes con el gobierno, no les representamos una opción viable”. 

Desafíos

Para “salir de la caja de espejos”, fenómeno conocido como filtro burbuja, Julio Castillo piensa que es esencial fortalecer el sistema de partidos para lograr una estabilidad democrática a largo plazo. “El problema de la democracia mexicana”, dice, radica en las “estructuras partidarias débiles”. Y agrega: “La respuesta sobre si Sheinbaum se apartará o no del regado de López Obrador es incierta. Sin embargo en este país no ha existido un régimen que no sea parricida”. Al mismo tiempo, espera que la doctora en física, futura presidenta, tenga un “conocimiento más amplio” que López Obrador.

Los tres exponentes coinciden en que México corre el riesgo de sufrir un “desmantelamiento” de las instituciones públicas. Con la elección, Morena ganó la mayoría en el Congreso y eso habilita a los legisladores a realizar reformas constitucionales. La que más preocupa es el Plan C, el tercer esfuerzo del oficialismo en cambiar organismos públicos como el Poder Judicial. En esa línea, para Levario los mexicanos se enfrentan a “un régimen político de corte autoritario” que, como también opina Medina, “no está en función de dialogar”. 

Medina concluye que el esfuerzo de la sociedad civil seguirá el mismo camino: salir a las calles, fijar posturas, ser combativos y unirse en la lucha. “Le pedimos que se abra al dialogo porque necesitamos construir entre todos”.

Según el conteo rápido del Instituto Nacional Electoral en México, la candidata de Morena, Claudia Sheinbaum se impuso con casi el sesenta por ciento en la elección presidencial. Con este resultado, se inicia un nuevo período de gobierno que deberá enfrentarse a grande desafíos para el país.

El crimen organizado, los niveles de violencia y el rol de las fuerzas armadas son algunos de los temas que aquejan el país. Hoy los ponemos Bajo la Lupa.

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Participan María Elena Morera, presidenta de Causa en Común y Julio Castillo,  director de la Fundación Rafael Preciado Hernández.

Te invitamos a lerr una entrevista que hicimos a Morera junto a Ana Lucía Medina, fundadora de Sociedad Civil México, y María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, aquí.

Bajo la Lupa es un podcast de Diálogo político. Un proyecto de la Fundación Konrad Adenauer.  

Conducción y realización: Franco Delle Donne | Rombo Podcasts.

El G20 fue concebido como un foro informal de coordinación entre los ministros de Economía y Finanzas y los dirigentes de los Bancos Centrales de las 19 principales economías mundiales y de la Unión Europea. Los primeros encuentros sucedieron en el contexto de la crisis económica de los años noventa. Afectó inicialmente a las economías periféricas y luego se expandió para el centro del capitalismo global. El desequilibrio macroeconómico puso de manifiesto la necesidad de incluir a los países en desarrollo en los debates internacionales sobre estabilidad económica y financiera, más allá del G8.

En conjunto, los miembros del G20 representan aproximadamente el 85% del producto interno bruto mundial. También, más del 75% de los flujos comerciales internacionales, alrededor de dos tercios de la población mundial y el 75% de las emisiones de gases de efecto invernadero del planeta. En el pasado, el grupo surgió para responder a las crisis. Actualmente, el foro es un espacio noble para anticipar las inestabilidades y crear soluciones conjuntas.

Como el G20 no posee una secretaría o equipo fijo, el país que ocupa la presidencia rotatoria anual es responsable de coordinar las actividades. Desde diciembre de 2023 a noviembre de 2024, Brasil ocupa el cargo con el apoyo de la presidencia anterior y la siguiente. El sistema es llamado “la troika”. Las actividades se organizan en torno a dos tracks de negociación. El Sherpa Track es responsable de las cuestiones socioeconómicas, dirigida por los ministerios de Asuntos Exteriores. El Finance Track se dedica a las cuestiones de política monetaria, coordinada por los ministerios de Economía.

Prioridades de Brasil

Si el país en la presidencia tiene libertad de ordenar las actividades, depende de él elegir los temas de debate. Brasil declaró que el G20 adoptará el lema “Construyendo un mundo justo y un planeta sostenible” con tres temas prioritarios: la transición energética, el desarrollo justo y sostenible (con énfasis en la lucha contra el hambre, la pobreza y la desigualdad), y la reforma de las instituciones multilaterales.

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Para cumplir este objetivo, Brasil anunció la creación de la Fuerza de Tarea para la Alianza Global Contra el Hambre y la Pobreza, la Fuerza de Tarea para la Movilización Global Contra el Cambio Climático y la Iniciativa de Bioeconomía. Para aumentar la participación de la sociedad civil, anunció también el G20 Social y la Cumbre Social del G20. Busca fortalecer la participación de actores no gubernamentales en las actividades y procesos de toma de decisiones del G20.

Perspectivas para el Sur

Para Brasil, las agendas que unen el Sur Global son centrales para que la presidencia del G20 sea exitosa. Se puede observar en la selección de temas prioritarios. Tenemos un contexto oportuno. Como India lideró el grupo en 2023, y Sudáfrica asumirá la Presidencia en 2025, Brasil lidera una troika de países en desarrollo. Ambos cooperan en foros como BRICS y IBAS. También, en grupos estratégicos de negociación, como es el BASIC bajo la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). Además, Brasil extendió convites para que Paraguay y Uruguay participen como observadores, con el objetivo de aumentar la representación de los países en desarrollo y fortalecer el Mercosur.

La cumbre de 2024, bajo la presidencia brasileña, señalará también la primera participación formal de la Unión Africana, después de la aprobación de su afiliación en 2023. Comparte el interés de proponer temáticas como las vulnerabilidades de la deuda exterior y la reforma de los bancos multilaterales de desarrollo.

Desafíos

Mientras tanto, Brasil tiene que manejar un escenario externo que trae múltiples desafíos a la gobernanza global. Para que el G20 concluya sus actividades con compromisos claros, es importante que la agenda del desarrollo no sea “secuestrada” por temas que dificultan la toma de decisiones colectivas, como los conflictos en curso en Ucrania y Gaza.

Es igualmente relevante que Brasil deje en claro los objetivos finales de las agendas climáticas, dado que el país acogerá la COP30 en 2025. Una agenda exitosa en el G20, por medio de los grupos de trabajo y tambien de la Fuerza Tarea Clima, será esencial para crear un espacio de apertura para avanzar en los debates del CMNUCC. Especialmente en transición energética y financiamiento climático, para la mitigación y la adaptación. Las señales que demos al G20 marcarán el tono de la COP30 y el potencial del país para liderar la transición que el mundo necesita.

La izquierda autoritaria latinoamericana representada por el Grupo de Puebla y el Foro de São Paulo tiene en el Partido Comunista chino (PCCh) a un nuevo aliado. China apuntala así su influencia en América Latina. En apenas 25 años, se ha convertido en un jugador principal en la región gracias a sus inversiones, al volumen de comercio, a la concesión de préstamos y a la construcción de infraestructuras. Este poderío económico le concede ya un peso considerable.

Suma una estrategia de poder blando en la que invierte ingentes recursos financieros y humanos para difundir una imagen positiva de China, legitimar internacionalmente al  PCCh, impulsar sus objetivos de política exterior y tener una red de aliados influyentes en la región.

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Detrás de la melodía de seducción lo que hay es dinero. Proyectos académicos, alianzas con medios y partidos políticos, becas, capacitaciones y viajes a China con gastos pagados. El objetivo no es otro que exponer a personas influyentes y a potenciales aliados a la propaganda del régimen. Una parte de estos esfuerzos son legítimos. Otros, como monopolizar el discurso sobre China, silenciar las críticas o censurar voces disidentes, incorporan la nocividad de su sistema autoritario.

Esfuerzo coral

Este despliegue de recursos implica un esfuerzo coral. Participan el PCCh, distintos órganos del Estado e instituciones y entidades más periféricas en la estructura del Partido-Estado. Muchas veces son percibidas por sus interlocutores latinoamericanos como parte de la sociedad civil china. Think tanks, universidades, empresas, asociaciones de amistad, medios de comunicación.

No sería exacto catalogarlas como núcleo del régimen, pero obviamente no son independientes. No existe en China nada parecido a una sociedad civil como se entiende en el mundo libre. Esta interlocución acontece en medio de un desconocimiento general de las élites sobre China. Élites, en especial las políticas, que no solo se vinculan con Pekín por incentivo económico sino muchas veces también por afinidad ideológica con el PCCh y por su sentimiento antiestadounidense.  

Aparte de lo anterior, desde hace dos décadas el PCCh practica en la región una diplomacia silenciosa con partidos políticos de toda ideología. Celebra encuentros habituales a puerta cerrada y establece vínculos estrechos sin transparencia ninguna. Más recientemente, el PCCh tiene nuevos aliados: el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Los partidos y mandatarios de la izquierda autoritaria y populista latinoamericana que promueven el socialismo del siglo XXI y la consolidación de una hegemonía izquierdista en la región.

Galaxia rosa

La naturaleza autoritaria de ambas plataformas, que incorporan también a actores del ámbito jurídico y académico, se describe a la perfección en La Galaxia Rosa: Cómo el Foro de São Paulo, el Grupo de Puebla y sus aliados internacionales socavan la democracia en América Latina, el nuevo libro de Sebastian Grundberger, director para América Latina del programa de partidos políticos de la Fundación Konrad Adenauer. “Detrás de su fachada progresista, la galaxia rosa socava los principios de la democracia liberal”, explica. 

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Esta alianza llega en mal momento porque es un peligro evidente para la democracia en medio de los datos que arrojó el Latinobarómetro de 2023. Solo el 48% de los latinoamericanos apoya la democracia, 15 puntos menos que en 2010. Un 28% considera que da igual vivir bajo un sistema democrático o autoritario y, más preocupante, el 54% cree que no importa que sea no democrático “si resuelve los problemas”. 

Enemigo común

En este contexto, camaradas de alto rango del PCCh han participado desde 2020 en los encuentros de la galaxia. Pekín da su beneplácito como interlocutores a dos plataformas hermanas en las que abundan los exmandatarios salpicados por la corrupción. Además tienen deudas pendientes con la justicia y abogan por la toma de las instituciones del Estado con la falsa legitimidad de las urnas. Son los mismos que blanquean a las dictaduras de Venezuela, Cuba y Nicaragua mientras censuran a las democracias.   

En realidad, esta alianza se fragua con el propósito principal de combatir y poner en jaque al enemigo común: Estados Unidos. Lo dijo uno de los ideólogos del movimiento, que incorpora a otras autocracias como Rusia. El expresidente español Rodríguez Zapatero expresó que hay que poner a Estados Unidos “en una situación imposible”.

China aplaude. Enfrascada en un pulso ideológico y geopolítico contra Occidente, con pandemia, la crisis de Hong Kong, la guerra comercial y el incierto futuro de Taiwán como telón de fondo, su vínculo con un movimiento político que en 2019 tenía el poder en una mayoría de países de América Latina se antoja como un gran paso adelante en su objetivo de ampliar su influencia en la región y arrastrar a su órbita a los aliados del sur global que no quieren un mundo basado en reglas.

A pesar de la gran distancia que separa a Irán de los países de América Latina, el gobierno de
Teherán ha redoblado sus esfuerzos para ganar presencia en este continente. Para ello, desarrolló una completa estrategia de poder blando basada en un relato que pretende conectar con los intereses de la izquierda latinoamericana.

Irán, con su aproximación a los países de América Latina, busca ganar apoyos internacionales que permitan reforzar el discurso antiestadounidense y contribuyan a conformar un orden mundial alternativo.

Latinoamérica no representaba una prioridad para la política exterior iraní antes de la revolución de 1979. Tan solo la participación de Irán y de Venezuela en la Organización de Países Exportadores de Petróleo impulsó una aproximación entre ambos países.

HispanTV, instrumento de Irán

Sin embargo, en los últimos veinte años, y debido a los movimientos que han alterado el tablero geopolítico, el interés de Irán por América Latina ha ido en aumento y ha llevado al gobierno de Teherán a estrechar lazos políticos con algunos países y a establecer sólidas relaciones comerciales con otros.

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La importancia del idioma español y la posibilidad que ofrecía de conectar con millones de personas, favoreció que surgieran canales en español impulsados desde diferentes países. Así, siguiendo la estela de otros países, Irán también creó sus canales de noticias: PressTV, en inglés, en 2009, e HispanTV, en español, cuyas transmisiones se iniciaron en 2012.

Los invitamos a la presentación de este documento el miércoles 26 de junio. Toda la información aquí.

La creación de esta plataforma mediática suponía un impulso a la estrategia trazada desde Teherán para ganar presencia en Latinoamérica. El propio presidente Ahmadinejad inauguró las emisiones, el 31 de enero de 2012, con un discurso en el que presentaba el canal como una iniciativa para unir a Irán con los pueblos de habla hispana, y como un instrumento ideológico destinado a confrontar a aquellos que pretendían dominar el mundo.

De esta forma, HispanTV y su sitio web se convertían en la principal herramienta de poder blando de Irán en los países de América Latina.

Publicación: Mayo, 2024

ISBN: 978-9915-9633-3-4

Pasó un cuarto de siglo desde que se iniciaron en 1999 las negociaciones que prometían establecer la mayor zona comercial del mundo entre la Unión Europea y el Mercosur. A pesar de que en 2019 se llegó a un acuerdo de principio entre ambos bloques, aún no entró en vigor. Su aplicación sigue siendo difícil, obstaculizada por las objeciones de varias partes implicadas.

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El Parlamento Europeo, en su resolución del 7 de octubre de 2020, subrayó que «el acuerdo UE-Mercosur no puede ratificarse en su estado actual«. Sin embargo, cualquier posible acuerdo con el Mercosur requiere de la aprobación tanto del Consejo de la UE como del Parlamento Europeo. Se hicieron esfuerzos para ratificar el acuerdo antes de las elecciones de junio, reconociendo las posibles complicaciones que podrían surgir. En particular, la Presidencia española del Consejo dio prioridad al acuerdo en su agenda y presionó para que avanzara. Aunque sin mucho éxito. Los proponentes temen que las próximas elecciones de junio puedan complicar la alianza, que parece encontrarse en un punto muerto.

Renovación de bancada

Según una encuesta del 24 de mayo de 2024, las próximas elecciones europeas verán un aumento de los partidos de extrema derecha en el Parlamento de la UE. Estos partidos, que se presentan con una plataforma nacionalista y antiglobalista, podrían utilizar su peso político para obstaculizar el acuerdo.

Cabe destacar que la oposición se manifiesta no solo a través de los partidos de la derecha y extrema derecha, pero también de los partidos verdes y de la izquierda. Su rechazo expresa la preocupación de que la alianza acuerdo cause mayor destrucción al medio ambiente y vulnere los derechos laborales. Por lo tanto, el panorama político actual en el Parlamento refleja un equilibrio considerable entre partidarios y detractores del acuerdo. Se prevé que el aumento de los partidos de extrema derecha amplíe aún más el número de opositores al acuerdo en el Parlamento.

La extrema derecha y el sector agrícola

Los partidos de extrema derecha de la Unión Europea se unen en los grupos de Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) e Identidad y Democracia (ID). Además, existen otros partidos de extrema derecha que no pertenecen a ningún grupo político específico, como Fidesz, del primer ministro húngaro Viktor Orbán, y la AfD, que recientemente fue suspendida del ID. Aunque estos partidos tienen mucho en común, no son necesariamente grupos homogéneos. Representan posiciones políticas de muchos Estados miembros diferentes y sus programas políticos varían. No obstante, están unidos por una retórica nacionalista, euroescéptica y antiglobalista. Encontraron un terreno político común durante las protestas de los agricultores que sucedieron en toda Europa a principios de 2024. Se manifestaron contra los bajos precios de los alimentos, la normativa medioambiental y el comercio de productos agrícolas con países externos, como Ucrania y los países miembros del Mercosur.

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El sector agrícola teme que una liberalización del comercio con Mercosur abra el mercado a productos agrícolas sudamericanos más baratos. En particular, la carne vacuna. Sobre todo los agricultores franceses e irlandeses temen no poder competir. Tras las protestas, la política agrícola pasó a ocupar un lugar prioritario en la agenda y los actores de la derecha supieron capitalizar la creciente frustración del sector. Por lo tanto, una alta proporción electoral de los partidos de derecha y extrema derecha podría poner en peligro el acuerdo, ya que su aprobación en el Parlamento Europeo sería menos probable.

¿Por qué importa?

Los procedimientos legislativos en la Unión Europea son complejos y incluyen diversos órganos. Así, el Parlamento Europeo es solo uno de los patos que tienen que estar en fila. Sin la aprobación del Consejo de la Unión Europea, el acuerdo con Mercosur no se materializará.

La iniciativa está obstaculizada ya que los gobiernos de Francia, Irlanda, Austria y los Países Bajos expresaron su falta de voluntad para aceptarla en sus términos actuales. Además de las presiones internas de la industria agrícola, también se debe a presiones políticas. Por lo que, tanto la aprobación por parte del Parlamento Europeo como del Consejo son necesarias.

Además, el resultado de las elecciones podría complicar la formación de una nueva Comisión Europea. La presidenta Von Der Leyen expresó su disposición de colaborar con el grupo ECR para asegurar su reelección. El ECR está compuesto por partidos de derecha y extrema derecha, como Fratelli d’Italia en Italia, VOX en España y PiS en Polonia. Si una nueva comisión incluye a estos partidos nacionalistas, que han respaldado enérgicamente las protestas de los agricultores, las posibilidades de llegar a un acuerdo rápido con Mercosur se verían reducidas.

Aunque algunos proponentes se esperan un nuevo impulso después de las elecciones, por lo que parece ahora, el resultado de las elecciones disminuirá la probabilidad de una ratificación exitosa en un futuro próximo.

De cara a las elecciones presidenciales en México el 2 de junio, grupos de la sociedad civil se organiza contra la continuidad de Morena. No solo la oposición política, unida en coalición Fuerza y Corazón por México, busca impedir la victoria de Claudia Sheinbaum, candidata del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Diálogo Político conversó con organizaciones de la sociedad civil en Ciudad de México. Entre las voceras estuvieron Ana Lucía Medina, fundadora de Sociedad Civil México, María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, y María Elena Morera, fundadora de Causa en Común.

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En México, la unión de las organizaciones ciudadanas lograron, por ejemplo, defender la institucionalidad del Instituto Nacional Electoral (INE) a través de manifestaciones masivas. La última fue en el Zócalo de Ciudad de México el 18 de febrero de 2024, con el apoyo en otras ciudades.

Ana Lucía Medina, que además lidera Unid@s, organización que convoca las llamadas Marea Rosa, explicó que en su última movilización “más de noventa organizaciones leyeron un decálogo para que el presidente deje de intervenir en el proceso electoral”.

Perspectivas

Para Medina, la participación ciudadana en México es “paupérrima”. Como activista, cree que el gobierno “no los toma en cuenta para dialogar” sobre reformas legislativas que afectan a comunidades específicas. 

Por su parte, María Amparo Casar contó que desde su organización el objetivo es “vigilar el ejercicio” del poder y “estar pendientes de la rendición de cuentas”. Considera que el gobierno de AMLO representa un “proceso de desinstitucionalización”. Explicó, durante el gobierno actual, se disminuyó 27% del presupuesto de los órganos autónomos, por ejemplo. “Lo que nos queda es denunciar este retroceso democrático”.

Desde su punto de vista las presidenciales del 2 de junio tienen la necesidad de que representantes de la comunidad internacional participen como “observadores” de las elecciones presidenciales. En esa línea, denunció “la intervención del presidente en el proceso electoral”.

AMLO tiene al menos cuarenta irregularidades amonestadas por parte del INE. De acuerdo con Casar “podría decirse que ya habría motivos para anular la elección”.

Seguridad y justicia

La perspectiva de María Elena Morera, que en 2002 fundó Causa en Común, organización en defensa de la seguridad y justicia luego de que secuestraran a su esposo, es poco esperanzadora. A veinte años de la marcha ciudadana que lideró a favor de la seguridad, dice: “Hoy tenemos un país muchísimo más violento”.

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Manifestó su preocupación por la militarización en los cargos de jefes policiales y directores de seguridad pública con la creación de la nueva Guardia Nacional en 2019. “No están preparados para tareas de seguridad, su misión es diferente a la de la Policía”.

Del Congreso al Zócalo

En 2021 México celebró elecciones intermedias para renovar diputados. En esa instancia, “el oficialismo tenía la mayoría para renovar la Constitución sin acuerdos con otras fuerzas políticas”, narró Ana Lucía Medina.

La activista fundó Sí por México en 2020 para solicitar una alianza a los principales partidos de oposición y “poner un alto” a la mayoría oficialista. De este modo, se unieron las bancadas del Partido de Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD).

AMLO intentó otra reforma constitucional en 2022, que buscó “desaparecer” la autonomía del INE. Le restaba independencia, dependería del Ejecutivo y su Consejo General, definido en diputados, sería sometido a una elección popular. Además, Medina enfatizó que el INE es “el instituto con mayor aprobación ciudadana” en el país. Por eso, explicó que es grave reformar una institución que genera “confianza” en los electores. 

Diecisiete días previos a la discusión de la reforma en el Congreso, Unid@s comenzó a convocar una manifestación para “exigir un alto”. El 13 de noviembre del 2022, 700 mil personas salieron a las calles en 64 ciudades. Las redes sociales fueron el principal “vehículo” de difusión, mediante la consigna: “El INE no se toca”. Lograron que la oposición votara en contra. “Nos dimos cuenta que podíamos incidir en la agenda legislativa”, dijo la activista.

A pocas horas, el oficialismo aprobó su Plan B, una alternativa que “desmembraba” las capacidades técnicas del INE. Nuevamente, el 23 de febrero de 2023, Unid@s convocó a manifestarse en el Zócalo de Ciudad de México. Pedían que la Suprema Corte de Justicia declarara inconstitucional el paquete de leyes aprobado sin el debido proceso legislativo. Además, las organizaciones civiles presentaron 360 mil firmas mediante un amicus curiae y en junio la Justicia declaró la anulación.

Violencia y desinstitucionalización

A seis días para las elecciones, 37 personas que aspiraban alcanzar un cargo público en México fueron asesinadas en 2024. La cifra representa 26 candidatos y 11 autoridades de elección popular según el estudio Votar entre balas de Data Cívica. También identifican 12 homicidios a familiares de los dirigentes. Este tipo de delitos por parte del crimen organizado atentan contra la estructura democrática en el país. Como consecuencia, varios postulantes se han dado de baja por los riesgos que implica la competencia electoral para ellos y sus familias.

Para las voceras de la sociedad civil, el debilitamiento democrático detrás de iniciativas defendidas por López Obrador, como la del INE, facilita el camino a las organizaciones criminales, que se benefician de organismos débiles que no logran impedir su funcionamiento.

Casar piensa que Morena es un problema para la democracia mexicana por su “forma de ejercer el poder”. Explicó que el gobierno ejerce un “monopolio de la información” con una “opacidad enorme”. Según registra, siete de cada diez bases de datos de las dependencias del gobierno han desaparecido o se encuentran desactualizadas. De esa forma, los investigadores y periodistas pierden herramientas para vigilar el comportamiento institucional.

Resume la gestión de López Obrador como “cinco años de gobierno, de concentración de poder, de desinstitucionalización, desmantelamiento del sector público y retroceso democrático”. Y agrega: “Que todo esto lo conozcan en el extranjero nos es muy importante”.

El tiempo de la fe ciega en la prensa ha llegado al ocaso. La desconfianza avivada desde la política y los ciudadanos volcados a las redes no tienen límites cuando se trata de criticar y también desinformar. Los medios y los periodistas están cometiendo errores y muchos. Pero también están tratando de mantener viva la esencia del oficio y no es fácil.

La ética en el periodismo no está en debate ni es una elección. Los desafíos son diarios y no tienen salidas únicas. Hay necesidad de reflexión. Seguir el sensacionalismo de la noticia con réditos inmediatos o contribuir a la construcción de sociedades y democracias más estables, no pareciera una dualidad razonable, aunque hay muchos matices en la cotidianidad del oficio. La colombiana Yolanda Ruiz, maestra del periodismo, columnista y responsable del Consultorio Ético de la Fundación Gabo sabe muy bien de esto.

Era digital

¿El periodismo de hoy vive una crisis ética?

—Pasa como en todos los gremios, hay trabajo muy bien hecho y hay trabajo muy mal hecho. La era digital nos abrió una oportunidad inmensa para que miles de periodistas puedan tener sus propios medios y canales. Pero, al mismo tiempo, ha puesto en evidencia y de manera muy grande los errores que se cometen y los problemas éticos. Es un terreno abonado para lo bueno y lo malo porque exacerba las emociones y el periodismo se tiene que hacer con razones y argumentos.

En la era de la inteligencia artificial, ¿los periodistas se apoyan más en la tecnología que en sus propios criterios o principios para ejercer el oficio?

—Las herramientas son muy buenas y están permitiendo muchas cosas, pero tienen los riesgos evidentes de que se privilegia la forma sobre el fondo. El trabajo del periodista, hay que decirlo, siempre ha estado mucho en la superficie en la medida en que hablamos de todo y no sabemos de nada. Pero nuestro trabajo es investigar cada tema, buscar distintas opiniones, contexto, datos, estadísticas. Este trabajo digital de hoy, en el que los periodistas, además, se han convertido en influencers, termina jalando un poco hacia esos escenarios en los que se está buscando más clics, más me gusta. Eso se convierte en un incentivo perverso, porque el periodista tiene que hacer lo que tiene que hacer, aunque a la gente no le guste.

Y tiene que hacer y decir lo que a la gente no le gusta y ahí viene también el escenario del matoneo hacia los periodistas con críticas demasiado fuertes a la falta de ética, pero también de manera injustificada. Las redes generan una polarización que hace que la gente busque aquello que le confirma su prejuicio; que le diga lo que quiere oír y no necesariamente la verdad. Es un escenario muy difícil porque todo está hecho para que retroalimente la emocionalidad. Ese también es un elemento para la crisis de la democracia.

Política y buen periodismo

En un contexto de polarización, ambientes electorales cada vez más violentos y un ruido mediático ensordecedor, ¿en qué se debe apoyar el periodista cuando hay más presiones del poder?

—Yo siempre digo que ante la duda, periodismo. Es una frase que he aprendido de un colega. Hay que aplicar los criterios tradicionales y el rigor del periodismo aunque se trabaje en el universo digital. No mentir deliberadamente es elemental. Si tienes dudas no la publiques hasta que estés plenamente segura.

Y actualizarse permanentemente. Tengo cuentas en todas las redes y trato de hacer periodismo en ellas, intento hacer lo que el periodismo enseña: confirmar, dar contexto, decantar. Y si te enfrentas a la política, el periodismo te invita a ser responsable a la hora de informar, a ser equilibrado. No es lo mismo ser objetivo porque la objetividad no existe. Uno de los grandes problemas del periodismo de hoy es sacar de contexto los hechos. Justamente, ese pedacito de vídeo que publicas es algo que se volvió viral y se convierte en una noticia sin saber qué pasó antes o después. El contexto lo es todo y lo hemos perdido.

¿Qué límite se debe poner entre el periodismo y la política?

—Hay una línea muy delgada entre cumplir los estándares éticos dentro de un línea editorial y pasar a hacer política o propaganda política. Tú haces periodismo desde tu sesgo, puede ser de centro, de derecha, liberal, conservador, confesional, ateo, en fin. El periodista reconoce que hay otras miradas, opiniones, interpretaciones de los hechos y las registra. El que cruza la línea comienza a tergiversar la realidad dejando que sea su prejuicio el que prime. En los medios se ve hacer apología política, por decir algo, aunque muchas veces con buenas intenciones, los periodistas dicen: ‘Es terrible lo que está pasando con este gobierno, con este candidato, con esta situación y yo tengo que salvar la democracia’. Y en el camino terminamos perdiendo una de las esencias de la democracia que es el ejercicio del buen periodismo.

Coberturas polémicas

Un tema desafiante para abordar es el narcotráfico. Hay presiones por conseguir más rating, más audiencia, pero también una responsabilidad al dar cabida a fuentes tan controversiales. ¿Cómo encarar este tipo de entrevistas o coberturas?

—Al narcotráfico, como todo fenómeno de violencia, hay que asumirlo con suma responsabilidad por el impacto que tiene en la sociedad. Yo creo que no hay fuentes vedadas, de hecho yo entrevisté a Pablo Escobar hace muchos años. Lo que sí debe tener claro el periodista es para qué habla con una fuente que está en la ilegalidad. No necesariamente narcotraficantes, pueden ser personas acusadas o con procesos de corrupción. Son decisiones editoriales que, en principio, se deben discutir al interior de los medios de comunicación: qué ‘pacto’ —entre comillas— o no pacto con la fuente.

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Lo que no se puede hacer es pactar con la fuente la edición o el enfoque de una entrevista. Hay colegas que lo hacen. Pero, a mi juicio, no puedes pactar lo que tú vas a decir porque en ese punto puedes ayudar a lavar la imagen de un delincuente o convertirte en un propagandista de la delincuencia. Debes pensar con qué otras fuentes vas a confirmar, de qué manera vas a contrastar. Que no te metan los dedos en la boca y no te utilicen porque es lo que puede pasar con cualquier fuente, pero sobre todo con las que están en la ilegalidad. Debemos plantearnos esas preguntas, saber cómo responderlas y entender que no hay una respuesta única.

Criterio personal

Cada caso tiene su complejidad, ¿cómo se asumen estas decisiones difíciles?

—Creo que no hay fuente vedada, pero yo misma en mi fuero interno he aplicado vetos a fuentes con las que no sería capaz de hablar. Aquí (Colombia) tuvimos un asesino y violador de niños, y a veces conversando con colegas digo nunca entrevistaría a (Luis Alfredo) Garavito. No me sentiría en la capacidad de abrir el micrófono para respetar lo que él tenga que decir o tratar de entender porque no quiero entender. Hay unas decisiones muy personales, pero la sociedad ni el periodismo pueden cerrar las puertas a ninguna fuente, ya lo que viene después es cómo lo haces. El trabajo del periodista es un servicio a la sociedad y en ese camino nos podemos equivocar o acertar.

Desafíos para la democracia

¿Cómo impacta la falta de ética en la democracia?

—El periodismo responsable y libre es uno de los pilares que sostiene la democracia. Esta era nos está abriendo muchas oportunidades para la proliferación de medios. Obviamente, si la ética falla es un problema inmenso para la democracia. Si se pierde la confianza en la prensa como en la justicia o en los organismos de poder, la sociedad misma puede colapsar. Hoy no sabemos qué es verdad y qué es mentira, por lo que circula en redes, por los algoritmos, por la inteligencia artificial. No sabemos si esto que estamos viendo es real o no es real, no sabemos si la prensa miente o no. Antes, de alguna manera, la gente decía ‘lo vi en la prensa, lo oí en la radio’, y era como un sello de fiabilidad y calidad. Eso, por supuesto, ayuda a minar la confianza que se tiene en la democracia y es tremendamente grave.

Si algo ha sido permanente en gran parte de la historia electoral presidencial de República Dominicana es la reelección. Este domingo 19 de mayo quedó claro con el triunfo del actual presidente Luis Abinader. El mandatario ha tenido el aval de los votos en la mayoría de los procesos electorales desde la reforma constitucional de 1994, cuando se recortó el último periodo presidencial de Joaquín Balaguer tras un cuestionado sufragio.

Todos los mandatarios han repetido periodos como gobernantes desde ese año, salvo el expresidente Hipólito Mejía. En ese momento, en el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), perdió la reelección frente a Leonel Fernández en 2004, candidato por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y también expresidente de la República.

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De acuerdo con los cómputos, hasta el lunes 21 de mayo, Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), sumaba 57,45% de los votos. Eso representa un total de 2.502.220 votos de un universo de 4.355.265 con el 99,89% del sufragio revisado. La población habilitada para votar es de 8.1 millones. Al superar el 50% más uno, como establece la Constitución dominicana, el resultado evitó un balotaje.

La continuidad

En su primera elección, en los comicios de 2020 celebrados en plena pandemia del covid-19, Abinader obtuvo 52,5% de los votos. La reelección del empresario, ligado a la política desde joven y que se presentó por primera vez como candidato presidencial en 2016, había sido vaticinada por las principales firmas encuestadoras. Proyectaban resultados de entre 57% y 64%. Su triunfo también fue arrollador en cuanto a la intención del voto por partido. El suyo, el PRM —que nació luego de la división del PRD, de tendencia socialdemócrata— logró la mayoría de los votos en todas las provincias del país.

 “Esta victoria electoral, en mi caso, es la última porque respetaré los limites en la Constitución en los términos de reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, mi compromiso y será parte de mi legado”, dijo en sus primeras palabras dirigidas a la población dominicana la misma noche del domingo pasado.

Su discurso parece ser un guiño crítico a la constante aspiración de volver a gobernar que tuvieron algunos de sus antecesores. Y agregó una promesa: no volver a reformar la Constitución para optar por otro periodo presidencial, una acción que llevaron a cabo sus antecesores en 2002, 2010 y 2015.

“Estas elecciones también fijarán un punto de inflexión en nuestra institucionalidad.  Porque garantizaré al país promover una reforma constitucional, que espero que sea la última, que evite que la continuidad en el poder dependa del capricho personal del presidente de turno”, aseguró.

En la actualidad, el artículo 124 establece “el Presidente o la Presidenta de la República podrá optar por un segundo período constitucional consecutivo y no podrá postularse jamás al mismo cargo ni a la Vicepresidencia de la República”.

Poder concentrado

Las elecciones presidenciales dominicanas también incluyeron la de los miembros del Congreso Nacional (bicameral). Los resultados le dan al oficialista PRM casi la totalidad de los escaños: 29 de 32 en el Senado y una considerable ventaja en las diputaciones [de 110] entre 190 representantes legislativos.

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Esta concentración de poder también se suma a la alcanzada en las pasadas elecciones municipales del 18 de febrero. El PRM obtuvo 121 alcaldías de 158 a nivel nacional.

Pero este arrollador triunfo también está enmarcado en una tasa de abstención que alcanzó alrededor de un 46%, la más alta desde 1996. El registro fue superior a 2020, de un 44.7%, con elecciones realizadas  aun bajo las medidas de restricción por la pandemia. En el 2016, la tasa de abstención alcanzó el 30.4%.

Oposición reconfigurada

Durante dieciséis años el Gobierno dominicano estuvo dirigido por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD). En 2020, su candidato presidencial Gonzalo Castillo perdió ante el actual presidente Abinader y quedó en segundo lugar con 37.4% de los votos. El PLD convirtió en la segunda fuerza política de República Dominicana y encabezó la oposición. Eso cambió drásticamente en el reciente torneo electoral. Su candidato Abel Martínez quedó tercero con un 10.39% de los votos.

La debacle del PLD también lo ha dejado sin representación en el Senado, donde no logró ningún escaño. Algo que ocurre por primera vez desde 1986. Entre 2016 y 2020, el PLD tuvo una representación de 29 senadores y ganó a nivel presidencial en todas las provincias. Eso significó un triunfo electoral para Danilo Medina, entonces reelecto con 61.74%.

Este escenario le otorgó nuevamente el liderazgo de la oposición al expresidente Leonel Fernández. Se presentó como candidato presidencial en estos comicios por quinta vez, desde 1996. Ocupó la presidencia en tres ocasiones (1996-2000/2004-2008/2008-2012) y se separó del PLD luego de perder el proceso interno para ser candidato presidencial por ese partido en 2020. Concurrió a las elecciones de ese año por Fuerza del Pueblo, un nuevo partido.

En comparación con 2020 y contrario a lo ocurrido con el PLD, en estos comicios la Fuerza del Pueblo experimentó un fortalecimiento relevante. Hace cuatro años, Fernández quedó tercero en sus aspiraciones presidenciales, con 8.9% . Mientras, ahora, de acuerdo con los cómputos más recientes, obtuvo un 28.85% del sufragio, en segundo lugar. Además, su hijo, Omar Fernández, alcanzó el Senado del Distrito Nacional, la segunda demarcación con más votantes en República Dominicana, luego de la provincia Santo Domingo.

Tanto Martínez como Fernández felicitaron a Abinader por su reelección a pocas horas de cerrado el proceso.

¿Qué se espera de Abinader?

El gobierno de Luis Abinader no ha marcado gran diferencia frente a las gestiones anteriores del PLD. Sus principales políticas se concentraron en la recuperación económica luego de la pandemia, con especial atención en el sector turístico. También, la política migratoria frente a la crisis del vecino Haití.

En el discurso de su reelección, tras su triunfo electoral, el presidente dominicano llamó a una unidad “por encima de las diferencias políticas”, para “seguir construyendo ese país que nos merecemos”.

Quedaría por conocer si su anunciada intención de reforma constitucional incluirá más que descartar su posibilidad de reelegirse.

Las manifestaciones y campamentos contra Israel y en apoyo a los palestinos por parte de universitarios en Estados Unidos, Canadá, Francia, España, México y otros países revelan una tendencia más profunda que la simple circunstancia geopolítica o humanitaria. Los estudiantes y profesores movilizados para apoyar lo que ellos consideran la resistencia palestina, representan una corriente de radicalización.

En aparente paradoja, coinciden la defensa de los derechos de las comunidades LGTBQ+ y el radicalismo islamista. Uno pensaría que donde se aplica la sharía (ley musulmana) gays y transexuales sufren represión, cárcel y muerte (Irán, Arabia Saudita, Afganistán, etc.). Pero eso no parece importar a los militantes universitarios pro-Hamás. Ellos ven en la resistencia islamista contra el sionismo el fuego revolucionario necesario para poner de cabeza al occidente “hetero-patriarcal”. Me imagino que por ingenuidad o ceguera ideológica no ven que detrás del fundamentalismo religioso viene el “hetero-patriarcado” musulmán.

Pensamiento posmoderno

Ya Michel Foucault, uno de los padres del posmodernismo que ha inspirado a muchos de estos militantes anti-Israel, había expresado el mismo entusiasmo en los prolegómenos de la revolución liderada por el Ayatolá Jomeini. El ateo homosexual de izquierdas que fue Foucault escribió con visión casi profética en 1978 lo siguiente sobre la emergente revolución islámica iraní (la dinastía Pahlavi caería en 1979):

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“Quizás su importancia histórica no residirá en su conformidad con un modelo ‘revolucionario’ reconocido. Más bien, su importancia se derivará de su capacidad de trastornar la actual situación política en el Medio Oriente y, por lo tanto, el equilibrio estratégico global. Su singularidad, que ha sido hasta ahora su fuerza, amenaza con crear la expansión de su poder. Incluso, es correcto decir que, como movimiento ‘islámico’, puede encender toda la región, derrocar a regímenes inestables y causar disrupciones a los más sólidos. El islam, que no es simplemente una religión, sino todo un modo de vida que corresponde a una historia y a una civilización, tiene probabilidades de convertirse en una poderosa palanca expresada en cientos de millones de hombres”.

La fascinación islamista se ha apoderado de movimientos universitarios en occidente que piden la liberación de Palestina “desde el río hasta el mar” y que propugna “revolución–intifada” en Medio Oriente y el mundo. Se podría argumentar que no es entusiasmo fundamentalista, sino reclamo de justicia e indignación ante la muerte de palestinos inocentes en la guerra entre Israel y Hamás. Sin embargo, hay varios indicios que confirman la confluencia del radicalismo de izquierdas y del maximalismo islamista palestino. Muchos de ellos están en el discurso global, muy uniforme y sincronizado, de los militantes universitarios pro-Hamás. Igualmente, en sus omisiones y en sus silencios.

Antisionismo

La demonización del sionismo, la idea madre del movimiento nacional que propugnó la creación de un estado judío en la tierra de Israel donde nació el pueblo judío y fue alguna vez soberano, es el tema que cohesiona la retórica de estos universitarios. Las consignas son simplistas, pero “impactantes”. El “sionismo es nazismo” (la inversión de los roles de víctimas y victimarios). El “sionismo es racismo” (vieja acusación promovida por la desaparecida URSS que ha ganado fuelle entre la progresía actual). “Es genocida”; los exterminados se convierten en exterminadores). El “sionismo es colonialista” (los judíos serían “blancos europeos” que colonizaron las tierras de los “verdaderos” aborígenes palestinos).

La otra estrategia discursiva exige que las universidades corten sus relaciones de cooperación e intercambio y que dejen de invertir en empresas relacionadas con Israel. Han logrado que profesores sionistas sean excluidos de la universidad, como ocurrió en la Universidad de la República en Uruguay, o que se plantee que la afiliación o simpatía con el sionismo sean consideradas pecados académicos. El objetivo, como lo ha pretendido el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) durante años, es convertir a Israel en el paria de las naciones.

Guion global de la resistencia

El guion global de la resistencia universitaria pro-Hamás hace omisiones significativas. La masacre y los horrores del 7 de octubre de 2023 perpetrados por Hamás y la Yihad islámica en territorio israelí no se mencionan. No existen tampoco los rehenes israelíes, vivos y muertos, que todavía están en mano de los terroristas palestinos. El silencio es consistente sobre la participación del régimen islámico de Irán con apoyo financiero, logístico, de inteligencia y de armas a los islamistas palestinos. No se habla del papel desestabilizador de Hezbolá en la región, milicia pro-iraní que ataca el norte de Israel. Incluso si el Estado judío no ocupa ya ninguna porción del territorio libanés.

No existen, tampoco, los matices de un largo conflicto que además de la ocupación israelí de Gaza y Cisjordania (producto de la guerra de 1967 que los países árabes perdieron), incluye muchísimas acciones terroristas contra israelíes y judíos perpetradas por las diferentes facciones palestinas. Ni sucedieron los atentados de Hamás durante la segunda intifada que contribuyeron, entre otros factores, al fracaso del proceso de paz entre Israel y la Organización de Liberación de Palestina (OLP) que se había abierto en Oslo. El silencio del discurso pro-islamista presenta un conflicto en blanco y negro donde los palestinos son las eternas víctimas sin agencia alguna. Los israelíes (los judíos) son siempre monstruos sedientos de sangre.

Un fenómeno generacional

Las raíces del conflicto israelí-palestino se remontan a más de cien años y recorren la historia del siglo XX. Allí se incluyen los horrores del Holocausto y la colaboración con los nazis del líder palestino Amin Al-Husseini (1897 – 1974). Desde Berlín hacía propaganda anti-judía en árabe a favor del eje fascista. También se dio el vaciamiento de las comunidades judías de los países árabes, sometidas a persecución, ataques y en ciertos casos, expulsión. Cientos de miles de esos refugiados judíos fueron integrados en el nuevo Estado de Israel. Pero la nueva generación de estudiantes, formados por profesores que los adoctrinan en la versión posmoderna del radicalismo de izquierdas, no conoce esa historia. Se quedan con las consignas “impactantes”.

Además, sobre todo en el caso de universitarios en Estados Unidos y Canadá, una población más diversa en lo social y étnico ha ingresado a las universidades, cambiando la composición demográfica de los campus. Bajo la influencia de la política de las identidades, que hoy se expresa en las iniciativas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI), estos jóvenes tienden a ver el mundo desde la dualidad opresores y oprimidos. Y encuentran en los palestinos, no sin razón, a las víctimas por excelencia. Aunque no puedan diferenciar entre las injusticias cometidas por Israel (que existen) y las responsabilidades del liderazgo palestino en la situación de su propio pueblo.

La comunicación

No se puede tampoco descartar el papel de las redes sociales en estas movilizaciones. Moldean las percepciones sobre los conflictos en el mundo con su carga de desinformación, imágenes terribles (a veces manipuladas), y una alta emocionalidad que produce indignación. La instantaneidad de los medios digitales y una buena dosis de propaganda, han servido para que la narrativa islamista se haya ido imponiendo. Hay poco tiempo e interés para informarse más allá de la superficie. La atención es un bien escaso en la economía digital. Mientras más chocantes sean las imágenes más micro-atención capturarán, formando ideas de un mundo dualista de malos y buenos. Israel, más allá de las diferencias que existen entre los propios israelíes sobre el gobierno y las políticas de Netanyahu (basta ver las manifestaciones en Tel-Aviv y otras ciudades), es siempre retratado como un país racista y agresivo.

El judío «bueno»

Una de las características de todas estas movilizaciones es que cuentan con la participación de grupos judíos antisionistas. En Canadá, por ejemplo, se conoce la Jewish Faculty Network que está muy activa en los eventos y campamentos contra la intervención de Israel en Gaza y denuncia al “Estado sionista” y su política de “apartheid”. En Estados Unidos existen organizaciones judías antisionistas como las Jewish Voices for Peace.

Instancias similares están involucradas en la causa propalestina en España, México y Francia. El antisionismo no es nuevo en las comunidades judías. En su vertiente religiosa ultraortodoxa se expresa en la secta conocida como Neturei Karta, la más radical. Sus representantes viajan a Irán para denunciar a Israel y retratarse con líderes islamistas. Y en el mundo jasídico, otra corriente religiosa nacida en el este de Europa, es el grupo de Satmar, menos rabiosamente anti-israelí).

También ha existido entre judíos ubicados a la izquierda. Los más notorios son el profesor del MIT Noam Chomsky y la experta en estudios de género Judith Butler. Tanto los religiosos como los de izquierdas servirían de “prueba” para mostrar que los movimientos que apoyan la resistencia palestina no son antisemitas. Ellos serían los judíos “buenos” que limpiarían de toda sospecha anti-judía a los militantes que gritan de “del río al mar, Palestina será libre”. Entiéndase que el río es el Jordán y el mar el Mediterráneo, lo que incluye no solo los territorios ocupados por Israel después de la guerra de 1967 (Gaza y Cisjordania), sino el territorio donde vive la mayoría de los israelíes judíos.

Ignorancia informada

Una lectura posible del coreado lema es la siguiente: “Del río al mar, Palestina estará libre de judíos soberanos”. El sueño islamista de mantener a los judíos como dhimis —la palabra en árabe que los designa como súbditos de segunda clase que pagan tributo al Sultán para que los proteja— estaría muy vivo entre los progresistas universitarios. No descartemos, sin embargo, que los estudiantes ni siquiera entiendan verdaderamente lo que corean. Sería muy propio de esta era de ignorancia “informada”.

El 21 de abril pasado, los ecuatorianos votaron sobre 11 preguntas propuestas por el Ejecutivo presidido por Daniel Noboa Azín. El mandatario obtuvo un importante apoyo de los votantes sobre una serie de medidas de seguridad para combatir la delincuencia.

Noboa Azín es hijo de Álvaro Noboa Pontón, uno de los hombres más ricos de Ecuador, con empresas en el sector bananero, agrícola, del plástico, los seguros, entre otras. Llegó a la Presidencia de la República en noviembre de 2023 tras un convulso período de  inestabilidad. Su predecesor, el exbanquero Guillermo Lasso Mendoza, declaró la muerte cruzada al ser incriminado por corrupción, un mecanismo que rige el proceso de destitución del presidente y el Congreso. Noboa Azín deberá completar el período presidencial para el que Lasso fue electo, que termina en mayo de 2025.

Con claras intenciones de candidatarse nuevamente, el actual presidente logró convocar a una consulta popular y referéndum en el que puso a consideración de los ciudadanos diez preguntas relacionadas a la seguridad, al sistema de justicia y a la economía.

Derrota en medidas económicas

Noboa pretendía que el Estado ecuatoriano reconozca el arbitraje internacional como método para solucionar controversias en materia de inversiones contractuales o comerciales. También buscaba reformar el Código de Trabajo para que se posibilite el trabajo por horas. En ambos ganó el no y el gobierno, sin mayor esfuerzo de vocería, esperaba un resultado favorable.

Con pocas y confusas intervenciones ante medios y funcionarios del régimen, como la ministra de Trabajo, se intentó convencer a los ecuatorianos de que el trabajo por horas sería beneficioso. Sin embargo, las organizaciones y vocerías de jóvenes, cercanos a la defensa del medioambiente, lograron posicionar que, en en un país en el que uno de cada dos trabajadores tiene un empleo formal, la posibilidad de que haya una contratación por horas solamente ahondará las condiciones de precarización. Eso significaría, por tanto, mayores dificultades en acceder a derechos laborales como jubilación o pago por vacaciones o enfermedad. 

Algo similar ocurrió con la pregunta que pretendía aprobar el arbitraje internacional como método para resolver controversias. Las vocerías contrarias a esta pregunta advertían que podría ser una decisión contraria a los intereses soberanos del país que podrían ubicar a las transnacionales por encima del Estado. 

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Además, se revivió un viejo fantasma judicial: el caso Chevron, por el que Ecuador podría pagar una millonaria suma tras un laudo en La Haya en 2018. Según este, el país habría denegado justicia a Chevron en un juicio con serias denuncias de irregularidades, ventilado en una corte local. Ese proceso condenó a la empresa estadounidense a pagar nueve millones y medio de dólares por supuestos daños ambientales en la Amazonía ecuatoriana.

Foco de violencia

Históricamente, Ecuador ha estado alejado de las dictaduras de América del Sur y de los conflictos armados que vivieron por años sus vecinos Perú y Colombia. En 2018, empezó a convertirse en un foco de violencia. Masacres carcelarias dejaron más de 500 personas asesinadas. Hubo ataques con explosivos en distintos puntos del país y al menos 14 políticos asesinados en los últimos dos años.

Aunque ya en 2022, el país se había situado como el décimo más violento en América Latina, en 2023 logró superarse. Ese año cerró con índices históricos: más de 40 muertes violentas por cada cien mil habitantes. En ciertas zonas, incluso superó las 100 muertes por cada cien mil habitantes.

A principios de 2024, además, se dio un hecho sin precedentes: un grupo armado atacó la sede de uno de los principales canales de televisión de Guayaquil, de las ciudades que concentra más violencia. Hombres encapuchados apuntaron con armas al personal y sometieron con granadas a un presentador de televisión. Todo fue transmitido en vivo. El hecho provocó que el presidente decretara un conflicto armado interno nombrando a una veintena de organizaciones como terroristas.

Cambio de paradigma en seguridad

Con ese contexto, no resultaba extraño que los ecuatorianos votaran a favor de que las Fuerzas Armadas se hagan cargo de la seguridad alrededor de las cárceles. También se permitió la extradición de ecuatorianos que hayan cometido crímenes. Se aumentaron las penas para ciertos delitos como el narcotráfico, terrorismo o lavado de activos. Y se prohibió la prelibertad, un cumplimiento de la pena fuera de la prisión por un período determinado, para ciertos delitos.

Para un país sin antecedentes de violencia extrema, esto es un cambio de paradigma. Evidencia, además, que la seguridad se convirtió en un asunto de supervivencia. Los ciudadanos se mostraron dispuestos a entregar más poder a las fuerzas policiales y militares, a cambio de la posibilidad de garantías para su vida.

Eso, a pesar de que hay indicios de que la Policía y Fuerzas Armadas podrían también estar infiltradas por el crimen organizado. Los casos Metástasis y Purga, que investiga la fiscalía ecuatoriana, han revelado en los últimos meses, una estructura compuesta por jueces, fiscales y oficiales de la Policía, al servicio de organizaciones delincuenciales.

Además, en febrero pasado, apenas días después de un pico de violencia, se registró un caso que pone en duda el trabajo del Ejército: Javier Vera, un joven de 19 años murió tras un confuso incidente con militares, en medio de una requisa en Guayaquil. Su familia denunció al estado por ejecución extrajudicial.

La narrativa desde Presidencia ha tendido a utilizar lenguaje de guerra y a posicionar como “enemigo” a quien cuestione a las Fuerzas Armadas o las decisiones del Ejecutivo en materia de seguridad.

Mirada acotada

El objetivo parece más bien político: simplificar un problema muy complejo a un asunto de buenos versus malos. En un año preelectoral para Ecuador, en el que el Presidente de la República ya ha anunciado sus intenciones de ir a la reelección, esa narrativa puede ser rentable.

Sin embargo, deja de lado las soluciones a largo plazo y con una mirada regional. La respuesta militarista puede ser parte de las medidas a tomar pero sin propuestas de fondo para la desigualdad, la falta de servicios básicos, el fortalecimiento institucional del Estado, el ataque a las economías ilegales y el trabajo coordinado en el combate al crimen transnacional, resultará insuficiente.

El 1 de mayo 2024 cerró en La Habana un congreso internacional sobre un nuevo orden económico mundial con un discurso del dictador cubano Miguel Díaz-Canel. El encuentro conmemoró una declaración impulsada hace 50 años por los países no alineados en el contexto de la lucha descolonizadora. Aunque el planeta se ha vuelto más complejo que nunca, la organización convocante de este congreso, la Internacional Progresista, sigue predicando la descolonización. Desde el corazón de la dictadura más longeva de la región, se impulsó un “plan para una insurgencia del Sur Global para rehacer el sistema mundial a través de nuevas y alternativas instituciones.”

En el Capitolio de La Habana, lugar donde sesiona la Asamblea Nacional unipartidista de Cuba, múltiples representantes de la izquierda regional aplaudieron esta iniciativa. Entre ellos se encontraban el expresidente colombiano Ernesto Samper, el excandidato presidencial ecuatoriano Andrés Arauz, el coordinador chileno del Grupo de Puebla, Marco Enríquez-Ominami, y muchos representantes del régimen cubano.

Internacional Progresista

La Internacional Progresista es una estrella ascendente de la “galaxia rosa” de organizaciones transnacionales de izquierda. Algunas son el Foro de Sao Paulo, el Grupo de Puebla o el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (Clacso). Entró en la escena política aproximadamente en 2020 como iniciativa del Sanders Institute de Estados Unidos. Está ligado al Senador independiente Bernie Sanders y el Movimiento por la Democracia en Europa (DiEM25), del exministro de Finanzas griego de izquierda Yanis Varoufakis para construir un “frente común” de la “izquierda global”.

Entre los impulsores de este grupo estuvieron el conocido intelectual de izquierda estadounidense Noam Chomsky y el exlíder laborista británico, Jeremy Corbyn. De América Latina participaron desde el inicio Fernando Haddad, ministro de finanzas de Brasil; el exvicepresidente de Bolivia, Álvaro García Linera; el exministro de Relaciones Exteriores brasileño Celso Amorim; y el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. En el consejo de esta organización se encuentran actualmente la diputada de la Asamblea Nacional de Cuba e hija de Raúl Castro, Mariela Castro Espín, y Mônica Valente, secretaria ejecutiva del Foro de São Paulo.

¿Lucha de clases?

La Internacional Progresista basa su orientación en una declaración de principios impregnada de una retórica de lucha de clases. Esta llama a “erradicar el capitalismo en todas partes». El capitalismo sería un «virus» en cuyo ADN están implantados “la explotación, el despojo y la destrucción ambiental”. También es digna de mención la exigencia de “revolución, no cambio de régimen”. Como «política feminista» se exige romper con la “estructura binaria de género” y “con el patriarcado”.

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En el sitio web de la Internacional Progresista figuran 76 organizaciones miembros de todo el mundo. En América Latina se encuentran el partido Convergencia Social, que participa en el gobierno del presidente chileno Gabriel Boric; el partido Libertad y Refundación (LIBRE) de la presidenta hondureña Xiomara Castro; el partido de izquierda Frente Amplio de Costa Rica, y el Movimiento Semilla, partido del presidente guatemalteco Bernardo Arévalo. Asimismo, participan el Movimiento Brasileño de los Sin Tierra o los Socialistas Democráticos de América (DSA) quienes difunden propaganda cubana en Estados Unidos.

Miembro de la PI también es CLACSO. De hecho, ambas instituciones lanzaron hace poco un proyecto de investigación sobre una supuesta “Internacional Reaccionaria”. Acompañando de una gráfica, insinúan que personas como el premio nobel Mario Vargas Llosa, el expresidente argentino Mauricio Macri o la líder de la oposición democrática de Venezuela, María Corina Machado, forman parte de una red reaccionaria que peligra la democracia en la región.

Fiel a su simpatía con la izquierda más autoritaria, la Internacional Progresista vende en una tienda virtual por diez dólares estadounidenses pegatinas de varias «figuras legendarias de la historia de nuestra lucha por un mundo mejor». Entre ellas, Fidel Castro, la comunista española y admiradora de Josef Stalin, Dolores Ibárruri (conocida como La Pasionaria), Karl Marx o Vladimir Lenin.

La coordinación

El coordinador general de la PI y admirador del expresidente chileno Salvador Allende, David Adler (Estados Unidos), expresa sus ideas políticas en muchos editoriales. En el diario británico The Guardian, celebró el primer proyecto de Constitución chileno identificado con la izquierda. Esta fue rechazado en un referéndum en 2022, como “un documento visionario que no solo actualizaría ampliaría y promovería los derechos básicos de los chilenos a la salud, la vivienda, el aborto, el trabajo decente y un planeta habitable, sino que además sentaría las pautas para la renovación democrática”. Según su óptica, Estados Unidos, cuya identidad democrática al menos cuestiona, debería tomar este ejemplo. Para el coordinador general de la PI, el borrador constituyó un documento que “finalmente convierte a Chile en una democracia plena”.

Adler participó además en la IX Reunión del Grupo de Puebla en México. También acompañó a los representantes demócratas progresistas estadounidenses Alexandria Ocasio-Cortez, Nydia Velázquez, Maxwell Frost, Joaquín Castro y Greg Casar en un viaje a Brasil, Chile y Colombia en agosto de 2023, que incluyó entrevistas con representantes gubernamentales de alto rango.

Los mismos

En América Latina, la Internacional Progresista se basa esencialmente en el mismo grupo de personas que el Grupo de Puebla. Son el Foro de São Paulo, Clacso y otras organizaciones de la “galaxia rosa”. Comparte con estas dos organizaciones la ambigüedad frente a valores democráticos que solo ve amenazado desde la derecha.

La página web del congreso de la Internacional Progresista en La Habana fue titulada con una cita del difunto dictador cubano Fidel Castro, quien para la organización sigue siendo una inspiración para las transformaciones que aspira para el mundo. La Habana, así, figura como una especie de vaticano socialista cuyos dogmas se difunden, no se cuestionan.  Aspirar a cambiar el mundo desde La Habana implica un deseo de cambio y reorganización del sistema internacional desde el sur global que es todo menos democrático. Rusia y China lo verán con buenos ojos mientras que los demócratas deberíamos estar atentos.

Gabriela Gorostieta, candidata a diputada por el Partido de Acción Nacional para el distrito mexicano de Morelos, vio a su tío, Teodoro Gorostieta, cuarenta minutos antes de que lo mataran fuera de su casa de campaña. En una ronda con periodistas, de la que participó Diálogo Político en México, cuenta que a las 9:37 del jueves 11 de abril el hombre mandó un mensaje al grupo de la familia que decía: “Ahí va otra barda”. Ayudaba a su sobrina con la publicidad de campaña, pintaba murales y llevaba adelante la gestión de los “rotulistas”. 

Un rato antes, al salir del pueblo en el que el hombre pasó el día “pintando” y “coordinando el tema de las bardas”, la candidata vio agentes “patrullando esa zona”. Entonces se pregunta: “¿Cómo es posible que cuando llego a mi casa un rotulista me diga que habían herido a mi tío?”. Según explica, una camioneta se acercó al auto de Gorostieta y, desde ahí, le dispararon dos veces. 

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Al volver, el hombre ya estaba muerto y la policía había acudido al lugar, cuenta. Gorostieta le adjudica el delito al crimen organizado y que, en esos casos, la policía que coopera con las bandas se adelanta en llegar y “levantar la evidencia que los vaya a incriminar”. “Saben [los criminales] que si nosotros llegamos al gobierno, se les va a acabar ese apoyo por parte del municipio. No quieren dejarnos ganar”, agregó. Con “apoyo”, se refiere a los agentes comprados por las bandas criminales, que, según dice, habilitan que operen con libertad.

México bajo amenaza

Según Forbes, al 13 de mayo del 2024, van 37 homicidios en el marco de la campaña presidencial en México, con candidatos, colaboradores, funcionarios y familiares como víctimas. Gisela Gaytán, candidata a la alcaldía de Celaya, fue una de ellas, asesinada el primero de abril. 

Gaby Goros —como se presenta ante los periodistas— se cuestionó si debía encaminarse en una carrera política en este contexto: “Por no poner en riesgo a mi familia”. Se lo cuestionó por segunda vez luego del asesinato de su tío. Sin embargo, decidió permanecer en campaña porque su familia la animó a defender que la muerte de su tío no fuera “en vano”. 

Luego de lo ocurrido, el viernes por la mañana, Gorostieta activó el protocolo de seguridad. A la noche, el Instituto Nacional Electoral (INE)  ya había enviado agentes de la Guardia Nacional como escoltas. Aunque explicó que el organismo no suele dotar de seguridad a los candidatos hasta que no se demuestra que se encuentran bajo amenaza. Por lo que se encuentran en una posición vulnerable ante la violencia política. 

Según Gorostieta el problema del crimen organizado está presente en todo Morelos y ha permeado la administración de los municipios. “Ellos [los narcos] les pagan una nómina a los policías del municipio”. En esa línea, criticó la inversión en seguridad y el sueldo policial, de 10.000 pesos mexicanos al mes aproximadamente. Así explica que “los meros policías son los halcones de los criminales”. “No hay condiciones” para hacer política.  

Gaby Goros

La candidata a diputada tiene 25 años. “El tema político” comenzó a interesarle en 2015, cuando apoyó la candidatura de un amigo de su familia. En 2021 se presentó como candidata por primera vez a través del Movimiento Ciudadano de México, aunque obtuvo poco éxito. Retornó para darle revancha a su carrera política y, esta vez, se enfrenta en una contienda más competitiva, con un “proyecto ganador”, afirmó. Percibir mejores números en las encuestas y el apoyo de su familia la impulsó a continuar en carrera. 

El problema que representa el crimen organizado y el narcotráfico en Latinoamérica es complejo. No existen soluciones fáciles. Y además, la falta de políticas públicas efectivas para combatirlo, que a la vez respeten el estado de derecho, escasean.

América Latina es «la región con más homicidios en el mundo», afirma el informe Riesgo Político en América Latina de 2024. Incluso donde solía haber buenos niveles de seguridad, como Ecuador, Chile y Uruguay, la violencia e inseguridad aumentó. Según explica el estudio, el deterioro de la seguridad en la región se debe al desarrollo del crimen organizado y narcotráfico.

¿Qué escenario se está desarrollando en América Latina? Que se trate de un problema estructural ¿lo convierte en uno sin solución? ¿Qué relación existe entre el crimen organizado y la política? Ponemos estas preguntas Bajo la Lupa.

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En este episodio, el politólogo e investigador Juan Pablo Luna expone sobre el narcotráfico, los pactos corruptos con agentes estatales, la violencia y las razones detrás del mercado ilícito.

El presidente de España, Pedro Sánchez, se destaca cada vez más por su habilidad para ascender hasta las más altas cúspides del poder público. Así como para mantenerse allí una vez alcanzada la meta. Otros aspectos de su trayectoria política quedan opacados ante esta evidente destreza que lo identifica. Él mismo lo atestigua en su temprano relato autobiográfico titulado Manual de resistencia. El autor muestra cómo fue capaz de reconquistar la dirección general del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) tras sufrir el varapalo de 2016, o de forzar la continuación la moción de censura contra Mariano Rajoy en 2018. Gracias a dicha moción, Sánchez logró acceder al poder sin pasar por elecciones previas.

No miento, cambio de opinión

En los años venideros, se encumbró como presidente de la Internacional Socialista (noviembre de 2022). Demostró su asombrosa capacidad para reponerse a la pérdida, por parte del PSOE, de varios gobiernos regionales en las elecciones autonómicas de mayo de 2023. En esa oportunidad, y ante lo que lucía como su más que probable muerte política, Sánchez adelantó las elecciones generales al momento más álgido de las vacaciones, a finales del tórrido mes de julio. No logró hacer que su partido fuera el más votado por los españoles. Pero sí pudo armar desde la minoría el nuevo gobierno con el que sigue atrincherado en la Moncloa.

El episodio más reciente en este maratón de resistencia —que arriba a su sexto año— es el anuncio de su posible renuncia. Luego, Sánchez ratificó su continuidad con el propósito de “regenerar” la democracia española. El término preocupa, sobre todo cuando quien lo emplea se vanagloria de su capacidad para mantenerse en el poder. Además, contraviene las propias ofertas electorales, propicia una aguda polarización y pone en riesgo los contrapesos constitucionales. Entre tanto, el incremento del gasto público y un eficaz despliegue mediático le permiten ir corriendo la arruga de una crisis a la que hay que prestar atención. En caso de seguir agravándose podría desestabilizar definitivamente el orden constitucional vigente.

Pactos

Las precarias mayorías parlamentarias con las que Sánchez resiste en el poder se sostienen mediante pactos con fuerzas políticas minoritarias. Previamente, el presidente socialista siempre aseguró que jamás pactaría con estas agrupaciones. Tal es el caso de Bildu, heredera política de la organización terrorista Euskadi Ta Askatasuna (ETA), o de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC), directamente implicada en la realización del referéndum de autodeterminación catalana realizado ilegalmente en 2017. También ha formado parte de estos pactos de gobierno Unidas Podemos. El partido abiertamente cuestiona el orden constitucional vigente por considerarlo heredero directo de la dictadura franquista.

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Pero, si estos pactos contravenían lo anunciado por Sánchez en sus campañas electorales, el exabrupto escaló con el acuerdo en torno a una amnistía. El propio presidente había declarado previamente imposible por inconstitucional. Quedarían libres de polvo y paja los principales responsables de un intento de secesión unilateral de Cataluña y, en algún caso, de delitos comunes por los que varios de ellos han sido juzgados. Así, la habilidad de Sánchez para “cambiar de opinión” (así prefiere verlo su camarada, el expresidente de gobierno José Luis Rodríguez Zapatero) le ha permitido reunir votos haciendo una cosa, para luego reunir escaños haciendo lo contrario.

Divide, polariza y vencerás

Buena parte del voto socialista se muestra impermeable a estos cambios, incluso cuando desaprueba medidas como la amnistía. Esta posición se explica por la aversión que sienten estos sectores ante una ultraderecha, contra la que Sánchez no cesa de alertar. Si bien el presidente cuestiona los posibles pactos entre el Partido Popular (PP) y Vox, no se aplica el mismo rasero a la hora de pactar con la ultraizquierda.

De este modo, España pasa de una democracia estable —de equilibrios centristas y centrípetos, fundamentada en los grandes pactos de Estado suscritos por la centroizquierda y la centroderecha— a un sistema extremadamente polarizado. El contexto se tensa por toda clase de fuerzas centrífugas que de modo abierto conspiran contra el orden constitucional actual. Bajo las coaliciones de Sánchez, España es gobernada por quienes rechazan la unidad del Estado y de la nación española. Procuran, en su lugar, la independencia de sus propios espacios territoriales, la disolución de la monarquía parlamentaria o, simplemente, el disfrute de mayores recursos y tiempo en el poder.

No es ley, es lawfare

Ese disfrute de recursos y poder no siempre se mantiene dentro de los márgenes que estipula la ley. A los exabruptos cometidos por una parte de los secesionistas catalanes se suman ahora presuntas tramas de corrupción en las filas del PSOE. Con el caso de corrupción del exministro José Luis Ábalos (polémico anfitrión de la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez y su cuantioso equipaje en el aeropuerto de Barajas) y de su consejero Koldo García, relacionado con una compra masiva de mascarillas durante la pandemia del covid-19, las dudas sobre el manejo transparente de la cosa pública se han ido extendiendo hasta la propia Begoña Gómez, cónyuge de Sánchez que es ahora acusada de tráfico de influencias.

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El oficialismo socialista atacó con fuerza. Aseveró que es víctima de un lawfare por parte de los jueces, acusando a un sector de la prensa y señalando a la pareja de Isabel Díaz Ayuso (PP) por presuntas irregularidades ante Hacienda. Lo más grave es que Sánchez pretende ampararse en la muy cuestionable práctica que impera en España, por la cual los partidos influyen decisivamente en el nombramiento de los jueces, para renovar el Consejo General del Poder Judicial con figuras eventualmente cercanas y sumisas. Ya logró avanzar con la designación de un fiscal general del Estado cuestionado por su aparente docilidad.

Conviene recordar que la salud de las democracias se relaciona directamente con los límites efectivos del poder de los gobernantes. Una resistencia indefinida e injustificada para permanecer en el cargo no es compatible con la democracia. Esperamos que nadie, empezando por el propio Sánchez, lo pierda de vista.

Se dice que el momento más esperado por aquellos que están por pasar por el registro civil a dar el sí es, sin dudas, la luna de miel. La bibliografía suele decir que con los presidentes recién asumidos ocurre un fenómeno similar. Aún sin viajes ni vacaciones, los mandatarios suelen gozar de unos cien días, según se estipula para poner un número redondo, con simpatía y paciencia de la sociedad que redunda en un alto apoyo popular inicial. 

Pero, ¿en América sigue siendo tan alta la aprobación presidencial al comienzo de los ciclos? ¿Qué factores influyen en el tan delicado balance entre fervor inicial y la exigencia de resultados? 

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Todas esas preguntas nos guiaron para encontrar regularidades, tendencias y novedades en las luna de miel de nueve presidentes americanos, algunos con mandato vigente y otros ya no más. Relevamos más de 123 encuestas que registraron los valores de aprobación presidencial de Javier Milei (Argentina), Joe Biden (Estados Unidos), Gustavo Petro (Colombia), Lula da Silva (Brasil), Gabriel Boric (Chile), Pedro Castillo (Perú), Andrés Manuel López Obrador (México), Luis Lacalle Pou (Uruguay) y Guillermo Lasso (Ecuador).  Los seleccionados son casos donde pudimos recabar, al menos, 5 estudios de opinión pública (1 cada 20 días). Un desarrollo más amplio de este estudio puede encontrarse acá.

Electorado más crítico

Contrario a épocas pasadas donde las aprobaciones iniciales solían superar el 70%, hoy muchos presidentes en América empiezan con un apoyo cercano al 50%. La nueva norma parece ser una aprobación moderada al inicio. Este cambio refleja un electorado más crítico y menos paciente. Las lunas de miel ya no son garantía de apoyo continuo, y los presidentes deben trabajar arduamente desde el día uno. La política está evolucionando, y con ella, las expectativas de sus ciudadanos. Desde luego, siempre algunos líderes logran romper el molde (Lasso, AMLO y Lacalle Pou).

Otro rasgo de la epoca es la extrema polarización política que talla las realidades de estos paises. En gran parte, sucede por haber asumido la presidencia en la instancia de balotaje (salvo el caso de Estados Unidos). Aquel panorama complejiza las promesas refundacionales que se usaron en campaña, porque es una tarea (casi) imposible lograr una reestructuración del Estado y la economía sin un consenso profundo para su implementación.

Carreras políticas

Un segundo hallazgo se centra en la relación entre carreras políticas y el apoyo popular de los presidentes, algo que parece influir en su recepción inicial. Los outsiders enfrentan mayores retos para elevar o mantener su popularidad en estos primeros días críticos. Los presidentes de la muestra tienen diferencias importantes en cuanto a sus procedencias políticas.

¿Qué nos dice la teoría sobre esta realidad? Que puede ocurrir lo que está ocurriendo. La expectativa, según los libros, es que los insiders tengan profundas raíces en estructuras partidarias establecidas y una mayor experiencia gubernamental, además de contar con una base de apoyo más estable. Esto puede facilitar la implementación de políticas y la navegación por el complejo paisaje legislativo.

Tipo de presidente

Por otro lado, los mavericks, al haber forjado sus propias plataformas fuera de los partidos tradicionales, a menudo disfrutan de una mayor libertad para innovar y proponer reformas radicales. Pero pueden enfrentarse a mayores desafíos en cuanto a la cohesión de su base y la negociación con actores políticos más establecidos. Su capacidad para mantener altos niveles de aprobación depende críticamente de su habilidad para cumplir promesas audaces.

En cambio, los outsiders representan una ruptura mucho más drástica con el statu quo que los otros tipos de presidentes. A menudo les permite capitalizar el descontento generalizado con la política convencional. Al mismo tiempo, puede traducirse en una luna de miel inicialmente más entusiasta. Pero es un arma de doble filo. También conlleva el riesgo de la volatilidad que caracteriza a la aprobación pública, ya que la falta de experiencia y el escepticismo sobre su capacidad para manejar los engranajes del gobierno pueden erosionar rápidamente el apoyo si no logran resultados tangibles rápidamente.

En este sentido, encontramos que mientras que los insiders son los que menos variación tuvieron en sus primeros tres meses de mandato, los mavericks y los outsiders vieron una caída sustancial de los niveles de apoyo popular. En paralelo, los que en promedio quedan con una menor aprobación presidencial son estos últimos. No cuentan ni con una trayectoria política previa destacada ni con una sólida red política que oficie de sostén para la implementación de las decisiones adoptadas. 

Luna de miel

De esta manera, podemos apreciar que las carreras políticas importan. Los presidentes outsiders tienen más dificultades que los políticos tradicionales (insiders y mavericks) para aumentar o mantener los niveles iniciales de apoyo popular en sus primeros cien días de gestión. Milei, Boric y Castillo son ejemplos de esta tendencia. Pese a sus diferentes bibliotecas, los tres asumieron con escasa trayectoria y sin un partido tradicional que los respalde. Al cabo de los cien primeros días, la reacción social a estos primeros pasos mostró un leve desgaste antes que un crecimiento sostenido de la aprobación presidencial. 

En resumen, encontramos que la atmósfera de confrontación afectó la percepción pública de los primeros pasos de los gobiernos, complicando la tradicional luna de miel presidencial. Casi todos los presidentes en este estudio propusieron reformas significativas que requerirían un amplio consenso para ser efectivas. Tanto sus plataformas electorales como sus programas de gobierno plantearon un cambio abrupto en las relaciones entre el Estado y la economía, entre el gobierno y la sociedad, entre actores corporativos y tomadores de decisiones. Sin embargo, la realidad de sus primeros cien días muestra que muchos enfrentaron desafíos para ganar la aprobación popular necesaria para implementar sus políticas ambiciosas.

Xóchitl Gálvez, la candidata a la Presidencia mexicana por el Partido de Acción Nacional (PAN), habla con los verbos conjugados en pretérito imperfecto y casi sin conectores entre las frases. Cuenta su travesía de vida a pedido de una mesa de periodistas. Para ella, nada más práctico que hablar. Entonces, despliega su historia.

—Nací en la región indígena Tepatepec: hija de un papá violento, con problemas de alcoholismo, en una situación de pobreza con cero oportunidades para las mujeres. Teníamos que conformarnos con casarnos a los 14 años y vivir esa condición. Empecé mi lucha social en Tepatepec contra un cacique que nos tenía totalmente controlados. Me atreví a irme del pueblo. Salí a los 17 años hacia la Ciudad de México. Llegué sola a conseguir un empleo de telefonista. Entré a la Facultad de Ingeniería. Viví todas las peripecias de la falta de nivel académico. No fue sencillo mantenerme en la universidad. Lo logré a través de una beca. Me convertí en una exitosa empresaria en el 92, cuando egresé y empecé a ser una muy buena ingeniera. Tuve una fundación para ayudar a niños indígenas. He trabajado mucho en temas de mujeres, agua, nutrición en comunidades indígenas.

Una mujer “invitada”

—Fui llamada al gabinete presidencial en el año 2000 por los cazadores de talento del presidente Vicente Fox, sin militar en ningún partido político. Fui invitada a ser secretaria de Desarrollo Social y decidí ir por la causa indígena. Me hice cargo de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Se construyó muchísima infraestructura, hospitales, universidades. Se electrificó para millones de personas que no tenían luz eléctrica. Impulsé toda la Declaración Universal en materia de derechos indígenas para la ONU y la OEA. El PAN me invitó y fui su alcaldesa en Miguel Hidalgo. Luego, su senadora, una senadora muy combativa. Somos tres mujeres, podría decir, que enfrentamos al autoritarismo del presidente. Con Lilly Téllez y Kenia López nos batimos en el Senado contra todo. La mayor visibilidad fue cuando me atreví a desafiar al presidente tocándole la puerta del Palacio Nacional. En ese momento los mexicanos me adoptaron y decidieron que fuera yo la candidata a la Presidencia de la República.

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Gálvez Se presenta como “una mujer indígena, ingeniera, empresaria” pero, sobre todo, “con un enorme valor de servicio al prójimo”. “Creo que esa es mi característica. La presidencia viene para cambiar la historia de muchos mexicanos”: de esa forma Xóchitl, como la conocen más en México, cierra la pregunta de Diálogo Político.

Temas en agenda

Gálvez fue consultada sobre seguridad y adelantó una posible reforma carcelaria porque, en México, “son centro del delito”, dijo. “La idea es reubicar los criminales [a los que también se refiere como ´grandes capos de la delincuencia´] a una cárcel de alta seguridad donde realmente se les impida seguir operando”, explicó. En esa línea, se alejó del modelo Bukele, “de levantar a medio mundo y llevarlos a la cárcel”. Gálvez reafirmó el estado de derecho al explicar que su intención es que “los criminales tengan una sentencia y que se les impida seguir delinquiendo”.

También criticó la militarización de la Guardia Nacional bajo el mandato del actual presidente Manuel López Obrador. Por el contrario, su intención es “desmilitarizar la seguridad pública con una Policía Nacional civil”. Para Gálvez, “el Ejército puede hacer muchas labores de inteligencia” para “combatir las bandas criminales desde lo estratégico”.

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Respecto a la violencia de género, dijo que “el tema fundamental” es desarrollar un “Sistema Nacional de Cuidados”. Explicó que el Estado debe atender a los niños, adultos y personas con discapacidad para que las mujeres no tengan que ocuparse de esas tareas. “Creo mucho en la independencia económica de las mujeres”, agregó. Enfatizó que se debe investigar “el 100%” de las llamadas de emergencia”. También dijo que piensa entregar una tarjeta para que las mujeres que “viven en violencia” tengan “apoyo económico”.

Las posibilidades de Xóchitl

Gálvez no solo representa al PAN, sino también a la coalición Fuerza y Corazón por México (antes, Frente Amplio), que se registró a fines de 2023 con el fin de presentar una candidatura presidencial en representación de la oposición. Junto con el PAN, conforman la coalición el Partido Revolucionario Institucional y el Partido de la Revolución Democrática, tres agrupaciones con posiciones ideológicas disímiles. De todas formas, en su cuenta de X, se presentan como “el organismo que sociedad civil y tres partidos políticos de oposición integraron para trabajar en pro de México”.

Para la unión de las fuerzas opositoras al gobierno de López Obrador, ganar las elecciones al oficialista Morena el próximo 2 de junio resulta un desafío para todo el sistema democrático. Aunque las encuestas presentan números dispares entre sí, y la credibilidad que tiene la ciudadanía sobre los sondeos de opinión es muy poca, Gálvez indicó que su posibilidad para ganar a Claudia Sheinbaum, sucesora del actual presidente y exjefa de gobierno de la Ciudad de México, reside en una masiva participación electoral dentro de un país hackeado por la violencia y el crimen organizado.

Cuba se mueve. Hay movimientos en el Partido Comunista, el único legal de la isla. La autoridad electoral concluyó el sábado 4 de mayo con una serie de elecciones extraordinarias. Se reemplazaron cuatro gobernadores: en Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara y Santiago de Cuba, donde hace poco la secretaria general del partido comunista se hizo meme cuando desde una terraza quiso impedir una protesta popular. Previo a estas elecciones, el 27 de noviembre de 2022, hubo otras para elegir —mejor dicho, designar— delegados a las asambleas municipales.

Hay particularidades en el proceso de reemplazo de gobernadores. El presidente Miguel Diaz Canel designó un binomio de reemplazo y los delegados a las asambleas municipales votaron. Sí hay un solo binomio propuesto, ¿qué eligieron? A lo sumo pudieron haber evitado votar el binomio y votar solo a uno de los dos, votar en blanco o anular su voto.

Pero esto tendría sentido si uno tuviera certeza y garantías de que su voto se contabilizó correctamente. Sin embargo, como en este caso la autoridad responde al único partido legal, no hay ningún control ajeno. No hay forma de verificar la información oficial que sostuvo: votaron 3.353 delegados, el 98,39% del total, hubo 34 votos en blanco (1,01%) y una boleta anulada (0,03%). Como conclusión, los cuatro binomios propuestos por el presidente fueron ratificados por unanimidad. Lo que distingue a un régimen totalitario es que no busca una mayoría, sino la unanimidad. Estos procesos opacos y represivos no hacen más que confirmar la naturaleza del régimen.

¿Elecciones?

La ciencia política ha tratado de explicar por qué hacen elecciones los regímenes totalitarios. Son tres razones puntualmente. En primer lugar, para hacer purgas internas. Dado que no hay competencia electoral, deben buscar un pretexto para que la dirección centralizada pueda mostrar algún castigo al que no se ha portado bien. Las “renuncias” masivas en las Asambleas Municipales y en las gobernaciones le da sentido a este punto. En segundo lugar, todo sistema totalitario de movilización aprovecha estas instancias electorales para poner la máquina de disciplinamiento social en funcionamiento. Las protestas son un indicador de que el sistema represivo no funciona correctamente. Por último, las elecciones muestran al mundo que el régimen tiene el control o, en este caso, que retuvo el control después de las protestas generalizadas.

Sostener que en Cuba hay una democracia a la cubana porque hacen elecciones es de una ingenuidad inconmensurable. Las elecciones cubanas no presentan ni una sola de las garantías que ofrecen las elecciones competitivas propias de las democracias.

Oportunidades perdidas

Con estas elecciones fake se escapa otra oportunidad de apertura para un gobierno que no tiene más nada que ofrecerle a una población con hambre, empobrecida y sin oportunidades. ¿Hasta dónde quiere llegar el gobierno? ¿Hasta cuándo seguirá con la mentira organizada como política pública? ¿Por qué no puede asumir el desafío de dar lugar a algún tipo de apertura política, aunque sea esta mínima?

El costo represivo aumenta notoriamente. La inflación represiva puede traer más complicaciones que la propia inflación en dólares que se advierte. El régimen no es la única oportunidad de apertura que perdió recientemente.

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El Observatorio Legislativo de Cuba presentó un informe en marzo de este año en el que describe cómo el régimen se opuso a muchas recomendaciones que se le hicieron en el marco del Examen Periódico Universal, que realiza la Comisión de Derechos de la ONU.

También, la OSC Transparencia Electoral y DemoAmlat presentaron Elecciones fantasma en Cuba. Sin electores, candidatos ni resultados. Informe sobre las elecciones parciales y complementarias para las Asambleas Municipales del Poder Popular 2024.

Concluyen que “falta de transparencia” en los procesos electorales y que la “falta de acceso a datos (…) limita significativamente” la capacidad de los ciudadanos cubanos para acceder a información sobre el manejo de los procesos electorales y, en última instancia, participar en el proceso político” del país.

Mirada internacional

Ahora bien, ¿qué debe hacer la comunidad democrática ante esto? En principio, no puede ni debe convalidar este tipo de estrategias que pretenden maquillar una realidad insostenible. En Cuba no hay elecciones libres, ni limpias, ni transparentes. Sin libertad de expresión, de asociación, de información y con un régimen de partido único es imposible considerarlas democráticas. Por lo tanto, la conflictividad continuará en Cuba porque estas elecciones no producen legitimidad. Por el contrario, exponen la imposición de un régimen que lleva más de 60 años en el poder. Debe exigirse al régimen que termine con estas farsas y que convoque a elecciones libres, en donde el pueblo pueda efectivamente expresarse.

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En definitiva, la comunidad internacional democrática no debe caer en la trampa y la manipulación que se pretende instalar desde esa “galaxia rosa”, que detalla Sebastián Grundberger en su libro. Debe continuar exigiendo elecciones auténticas, con garantías, como única y necesaria salida para la transición democrática que exige al grito de “Patria y Vida” el pueblo cubano.

Las presidenciales en Panamá dejaron un resultado claro. José Raúl Mulino Quintero, del partido Realizando Metas, obtuvo una clara victoria sobre sus rivales. El resultado por sí solo apunta a una característica especial del proceso electoral panameño que no tiene ninguna otra democracia presidencial en América Latina: ¡sólo hay una sola votación! Basta una mayoría simple para ser elegido presidente. Esto significa que el presidente panameño carece en general de la legitimación de una mayoría absoluta de la población. Esto no ha sido un problema para los panameños en el pasado, pero es objeto de debate desde hace algunos meses.

Otra peculiaridad que caracterizó especialmente esta campaña electoral fue la larga incertidumbre en torno a la candidatura de Ricardo Martinelli, Presidente de la República (2009-2014), que había sido condenado a diez años y ocho meses de prisión por blanqueo de capitales y multado con 19 millones de dólares en 2023.

La huella Martinelli

Cuando el Tribunal Electoral examinó la conformidad de las candidaturas presidenciales con las normas electorales, aún estaba en curso un procedimiento de apelación, por lo que Martinelli también fue admitido como candidato. Sin embargo, poco después de la apertura de su campaña, a principios de febrero, Martinelli huyó a la embajada de Nicaragua para evitar ser detenido. Esto hizo que los magistrados, es decir, los jueces del tribunal electoral otorgaran la candidatura presidencial al candidato a vicepresidente de Martinelli, José Raúl Mulino.

La oposición presentó una demanda contra su candidatura, alegando que era inconstitucional. Hubo que esperar hasta la mañana del 3 de mayo, 48 horas antes de la apertura de los colegios electorales, para que la Corte Suprema confirmara la constitucionalidad de la candidatura de Mulino. Otra peculiaridad aparentemente exclusiva de Panamá es el endémico sistema de partidos. Todos los partidos se consideran centristas.

La excepción es el actual partido gobernante, el PRD, cercano a la socialdemocracia (en su autoposicionamiento, pero no en sus acciones políticas). Apenas hay oscilaciones a izquierda o derecha en el barómetro político. Tampoco existen partidos populistas de extrema izquierda. El pequeño partido de izquierdas sólo desempeña un papel menor en las elecciones. Además, como ningún partido tiene un programa y, sin embargo, están inscritos casi 1,5 millones de militantes (de tres millones de votantes), podemos hablar de un sistema clientelista en el que la mayoría de los militantes esperan sobre todo un puesto de trabajo mientras su partido esté en el Gobierno.

¿Quién es José Raúl Mulino?

José Mulino se licenció en Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Santa María La Antigua. Obtuvo un máster en Derecho Marítimo en la Universidad Tulane de Nueva Orleans (Luisiana, EE. UU.). Fue Ministro de Asuntos Exteriores del Presidente Guillermon Endara (1989-1994). Ejerció bajo el mandato del Presidente Martinelli (2009-2014), primero como Ministro de Interior y Justicia y luego como Ministro de Seguridad Pública. Debido a su probada experiencia en derecho marítimo, fue nombrado magistrado suplente de la Corte Suprema de 1994 a 1995.

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Su agenda política incluye temas como la creación de empleo, la construcción de la línea ferroviaria a Chiriquí (provincia fronteriza con Costa Rica al oeste de Panamá), el saneamiento de las finanzas públicas, la mejora de la sanidad y los servicios públicos básicos, el rescate de la caja de la seguridad social y la reforma constitucional. Su anuncio de construir un muro en el Darién para frenar el flujo migratorio causó cierto revuelo internacional.

Migración por el Daríen

El Darién, provincia oriental fronteriza con Colombia, está formado principalmente por una selva impenetrable, que incluso ha impedido la continua expansión de la autopista Panamericana. Construir un muro a través de esta zona exigiría un gigantesco desembolso financiero. Por tanto, esta propuesta probablemente pueda archivarse bajo el epígrafe de “utopías de campaña electoral”. Otra cosa es cómo abordará el “caso Martinelli”. Esta podría ser la primera prueba de si el nuevo presidente seguirá los principios del Estado de Derecho y aceptará o no la sentencia contra su mentor. Varias declaraciones de la campaña electoral sobre la restricción de la libertad de expresión y de reunión también han hecho que los panameños sientan preocupación.

La cuestión del vicepresidente, que también debe ser elegido por el pueblo según la Constitución, sigue abierta. Sin embargo, el Presidente Mulino no ha podido nombrar a ningún candidato a la vicepresidencia por haber vencido los plazos. Queda por ver cómo se pronunciará la Corte Suprema sobre esta cuestión.

Perspectivas para Panamá

El Presidente electo, que tomará posesión de su cargo el 4 de julio y presentará a continuación su gabinete, se enfrenta a grandes retos que deberá superar en los próximos cinco años. La presión de la población es elevada y no debe ser subestimada por el Gobierno entrante ni por el Parlamento recién elegido. Las masivas manifestaciones nacionales de octubre de 2023 en relación con la prórroga de la concesión de una de las mayores minas de cobre del mundo[1] sacudieron a la población panameña, que durante décadas había considerado más o menos como algo dado por Dios las corruptas maquinaciones de la élite política. El parlamento panameño tiene 169 proyectos legislativos sobre la mesa que aún no han sido tratados.

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El nuevo Presidente electo y su gobierno deben demostrar su capacidad para desenvolverse en este complejo entorno legislativo e impulsar las reformas necesarias para promover el desarrollo del país.

Coalición

Dada la magnitud del reto, el nuevo presidente debería invitar a otros partidos y a sus líderes a formar una “coalición de buena voluntad” e incluirlos en el gobierno, en lugar de persistir en el clientelismo tradicional.

Sólo a través de una gran coalición de diferentes partidos, y sólo a través de la cooperación y el consenso a un nivel amplio y de las mayorías que entonces existirían en el parlamento, podrán llevarse a cabo seriamente las reformas necesarias que tengan en cuenta las necesidades del pueblo panameño.

La noche electoral ha dejado a la sociedad panameña dividida. Un tercio de los votantes está encantado y lleno de esperanza para los próximos cinco años, mientras que la gran mayoría está preocupada por el futuro. Hipotéticamente, algunos observadores se preguntan cuál habría sido el resultado de una segunda vuelta electoral.

[1] Véase también: Länderbericht Ein Volk verliert seine Geduld – Auslandsbüro Panama – Konrad-Adenauer-Stiftung (kas.de)

Traducción del alemán al español realizada por Philip Bracklo.

Chile conmemoró el año pasado los 50 años del golpe de Estado que derrocó al gobierno de la Unidad Popular, liderado por Salvador Allende, en un ambiente muy distinto al que se hubiese pensado hace no mucho tiempo. Para los defensores de la democracia, el constitucionalismo y los derechos humanos, era difícil concebir que a 50 años del golpe el consenso sobre estos temas, que parecían asentados, estuviera más débil que en el pasado.

Chile no ha salido de la crisis social y política que estalló con violencia en las calles en octubre de 2019. Desde entonces, se intenta adoptar una nueva Constitución que reemplace a la Constitución de 1980, impuesta por la dictadura de Augusto Pinochet. Pero las cosas andan lejos de lo que se pensó podía ser la manera de finalmente enterrar el legado institucional y político de la dictadura. Y, aunque la valoración de la democracia sigue siendo alto, aumenta también la justificación del autoritarismo. En este contexto social y político, quienes están a cargo de la redacción de la nueva Constitución son principalmente adherentes a un proyecto político que reivindica la figura de Augusto Pinochet. Algo hemos hecho mal.

Antecedentes

Luego del golpe de Estado, en septiembre de 1973, la dictadura militar se propuso transformar la legalidad mediante la adopción de una nueva Constitución. La Constitución chilena de 1980 se ratificó en un plebiscito fraudulento. Sentó las bases de un modelo marcadamente neoliberal que solo podía implementarse en el marco de un régimen autoritario, como reconoció la entonces primera ministra británica Margaret Thatcher. Un experimento de este tipo no sería posible bajo las reglas de la deliberación democrática.

Esto es precisamente lo que se experimenta cuarenta años más tarde: Chile sigue viviendo bajo reglas impuestas sin deliberación democrática. De manera preocupante, ahora que se ha dado la oportunidad de deliberar acerca del cambio de esas reglas, al primer fracaso de la propuesta de nueva constitución de 2022, parece que el país se encamina a nuevo fracaso. Esta vez de una propuesta que se sitúa más a la derecha que la actual Constitución de Pinochet.

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En materia de derechos humanos —el foco de este comentario— su violación masiva y sistemática durante los años del general Pinochet supuso que, al iniciarse el tránsito hacia la democracia, a fines de los 80, se reforzara su juridicidad.  En el marco de un paquete de reformas constitucionales aprobadas en 1989, se reforzó la protección constitucional de los derechos humanos, queriendo enviar una señal de compromiso con estos por parte del país que iniciaba una nueva época.  A pesar del cambio, el desarrollo de una jurisprudencia fue al menos tímida en este respecto. En pocos casos, y de manera no sistemática, los tribunales usaban el derecho internacional de los derechos humanos para justificar decisiones de derecho interno.

Detención de Pinochet en Londres

En octubre de 1998, cumpliendo con una orden de captura internacional dictada por un juez español, funcionarios de Sctoland Yard arrestaron al exdictador chileno. Se encontraba en Londres para someterse a una operación médica. En Chile se generó un inmenso revuelo. En el mundo, se adoptó una nueva doctrina de derecho internacional: “jurisdicción universal”. Ningún lugar podía servir de refugio para quien hubiese sido perpetrador de violaciones graves y masivas a los derechos humanos.

Pinochet estuvo retenido largos meses en el Reino Unido y fue liberado por razones humanitarias.  Se dijo que no estaba en condiciones físicas de ser sometido a un proceso judicial.  Al llegar a Chile, sin embargo, desafió a todo el mundo, levantándose de su silla de ruedas y mostrándose plenamente capaz de sostenerse, poniendo en ridículo al gobierno del Reino Unido y abofeteando a las víctimas chilenas que, una vez más, veían al dictador salirse con la suya.

Si bien Pinochet no fue juzgado, los tribunales chilenos comenzaron a considerar usar el derecho internacional de los derechos humanos para abordar asuntos a nivel doméstico. Costaba, pero algo, muy poco, se avanzaba. 

Las primeras protestas

En el campo político, en 2005 hubo una segunda reforma constitucional. En palabras del entonces presidente socialista Ricardo Lagos, daba origen a una verdadera nueva Constitución. Dejaba atrás los enclaves autoritarios de la Constitución militar. Pero al año siguiente, bajo el primer gobierno de la también socialista Michelle Bachelet, irrumpieron las protestas sociales de estudiantes secundarios. Comenzó a tomar forma la idea de que la “nueva” Constitución podía no ser tan nueva como se esperaba. Esas protestas se hacen aún más intensas en 2011, bajo el primer gobierno del derechista Sebastián Piñera. En 2013, Bachelet volvió a La Moneda con una promesa clara: adoptar una nueva Constitución. La presidenta hizo su mejor esfuerzo pero fracasó. Pavimentó además el camino para el regreso de Piñera, en una sucesión de gobiernos inéditas en la historia constitucional chilena.

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Con la vuelta de Piñera, el deseo de una nueva Constitución quedó enterrado. A los pocos días de asumir, su ministro más cercano (y primo) anunció ante una cumbre de empresarios que el proyecto de Bachelet de una nueva Constitución no estaba en los planes del gobierno.

Octubre de 2019, el país estalló

Protestas masivas, violencia en las calles y la sensación de descontento social se acumulaba hace décadas. Se manifiestan como nunca antes y se generó una crisis social y política. Desencadenó un proceso constituyente que buscó reemplazar totalmente la Constitución de Pinochet por una adoptada por una asamblea constituyente.  Las demandas por mejores pensiones, mejor salud, mejor educación, es decir, por el reconocimiento de derechos sociales, pareció tomar forma. La ciudadanía sería la protagonista, y no las elites políticas que habían administrado el modelo neoliberal chileno, llevando al país a una crisis inédita.

Se formó una Convención Constitucional en julio de 2022. Poco más de un año después, tras un tumultuoso proceso deliberativo, su propuesta de nueva Constitución fue ampliamente rechazada por la ciudadanía. Por primera vez en una década, era obligada a votar.  La propuesta, calificada como “la Constitución más progresista del mundo”, avanzaba en muchas materias más de lo que -se dice- el pueblo estaba dispuesto. Incluso el presidente Boric afirmó que “estar adelantado a tu tiempo es una forma de estar equivocado”.  El rechazo fue ampliamente capitalizado por la extrema derecha. Eficazmente se planteó como una alternativa ante el desorden institucional y político que se vivía en el país. 

En las elecciones de mayo de 2023, donde los chilenos volvieron a elegir a delegados para redactar la nueva Constitución. Esta vez, impulsada por una comisión de expertos designados por el Congreso. En la elección, la extrema derecha obtuvo la mayoría y el proceso constituyente quedó en manos de quienes no solo siempre fueron opositores a él, sino que además eran declarados defensores del proyecto constitucional de la dictadura.

50 años después

En este contexto se cumplen 50 años del golpe. Intelectuales de derecha revisan la figura de Salvador Allende como no había ocurrido hasta ahora. La izquierda es incapaz de articular una respuesta coherente a la arremetida conservadora que se ha materializado en el rechazo a la propuesta constitucional de 2022 y las elecciones de delegados de mayo de 2023. 

El ambiente de la conmemoración da cuenta de una sociedad chilena dividida y una elite con marcada distancia a lo que parecían ser consensos éticos mínimos respecto del valor de la democracia y los derechos humanos.

Algunos ejemplos: un diputado ultraderechista cuestionó a una diputada comunista por llevar una foto de marido ejecutado por la dictadura en su solapa; otra diputada también de ultra derecha se refirió a la violencia sexual durante la dictadura como un “mito urbano”, a pesar de los documentos oficiales y sentencias judiciales que la acreditan; otro diputado señaló abiertamente justificar el golpe; en un acto calificado como “provocación”, diputados releyeron la Declaración de la Cámara de Diputados de 22 de agosto de 1973 que declaró la ilegitimidad del gobierno de Salvador Allende y que muchos tomaron como antecedente del golpe de semanas después; y, por último, se recordó que el líder de la ultra derecha y candidato a la presidencia con altas posibilidades de triunfo, publicó una foto de Pinochet el 11 de septiembre, con la frase “Chile escoge libertad”.

Algo hemos hecho mal

Este ambiente choca con el avance que, con dificultades pero de manera persistente, Chile había intentado llevar adelante estos años. Cuando Allende se dirigió ante la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1972 y pronunció un discurso ovacionado durante diez minutos, se refirió a muchos de los temas que hoy siguen vigentes. Tanto en el ámbito doméstico, como en la esfera internacional: los desafíos de los países del mundo en desarrollo, el imperialismo, la desigualdad geopolítico y la necesidad de asegurar un sistema de imperio del derecho, tanto nacional como internacional, que haga posible la realización de los pueblos y las personas.

En una época en que ese sistema se ve amenazado por la violación flagrante de las normas de derecho internacional y la imposibilidad de llevar a cabo las promesas que la democracia constitucional hace a la ciudadanía, el ímpetu y compromiso de Allende por asegurar igual dignidad y consideración se hace acaso más urgente. De lo contrario, no es claro hacia dónde avancemos, especialmente si consideramos la erosión de la democracia y el regreso del autoritarismo. Algo hemos hecho mal para estar donde estamos. Por ello, toca renovar los esfuerzos por asegurar la igual protección que el proyecto de los derechos humanos hace a todas las personas.