¿Cómo los cambios que vienen ocurriendo en el escenario internacional tendrán un impacto en la agenda de
seguridad que asumirán nuestros países? Editado por la KAS Perú y la Pontificia Universidad Católica del Perú.

El proceso de contratación de potencia de la Itaipú empieza con un organismo técnico de la Binacional, llamado CICOI. Luego pasa a una instancia administrativa en la que un representante de Eletrobrás (la compañía de electricidad oficial del Brasil) y uno de la ANDE (la empresa administradora de electricidad del Paraguay) con la participación del director técnico de Itaipú, formalizan un acta en la que sobre la base del pedido de contratación de la ANDE (tiene prioridad en virtud de un acuerdo del año 2007) se asigna el resto de la potencia a Eletrobrás a los efectos de la contratación plena, tal como indica el tratado.

Existen dos tipos de energía, por decirlo así: una más cara, de 44,6 dólares el MW, a la que llaman garantizada, y una más barata, de 5,6 dólares el MW, a la que llaman excedente. Por dos años, la ANDE no incrementó la contratación de energía garantizada y con frecuencia utilizaba parte de la energía del paquete que había adquirido Eletrobrás. Ante este panorama, en la negociación de la contratación de potencia para el presente año 2019, Eletrobrás e Itaipú le pidieron a ANDE que sincerara los costos y contratara gradualmente mayor energía garantizada, la energía cara.

El 13 de febrero se rompieron las negociaciones como consecuencia de que la ANDE rechazó la posibilidad de contratar más energía garantizada, alegando que los costos le serían imposibles de soportar.

Esta situación se prolonga e Itaipú sufre la posibilidad de una parálisis financiera ante la imposibilidad de facturar a las empresas, por falta de acuerdo. Sin embargo, optaron por una facturación provisoria después de la intervención del presidente paraguayo para destrabar el impasse.

El 19 de mayo se acordó una prórroga de 90 días para buscar un acuerdo. En este estadio, la firma de las actas pasan a la instancia diplomática, tal como lo dispone el Tratado. Entonces son las cancillerías los que realizan el acuerdo, representados por embajadores.

El acta se firmó el 24 de mayo y los contratos debían ser firmados al 6 de junio. Aquí empezaron las discrepancias entre el Gobierno y la ANDE, lo que generó una enorme crisis política que está en pleno desarrollo.

El debate sobre la conveniencia o no del acta bilateral se convirtió de la noche a la mañana un pedido de juicio político y destitución del presidente y el vicepresidente, a los efectos de declarar la acefalía y convocar a elecciones, a menos de un año de haber asumido en sus cargos.

Los intereses políticos de los seguidores del expresidente Fernando Lugo, agrupados en el llamado Frente Guazú, aliados con el oficialismo del tradicional Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) convierte una rutinaria negociación de compra de energía en una crisis institucional de tal magnitud interna y externa que los gobiernos de Estados Unidos y Brasil se pronuncian contundentemente.

En el plano internacional, se produjeron dos reacciones: la primera fue de la embajada de los Estados Unidos, que más de una vez expresó su respaldo a la institucionalidad; incluso se pronunció John Bolton, asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca y además se anuncia la visita al país de Ivanka Trump, principal asesora e hija del presidente Donald Trump. Otros voceros, junto con el presidente Jair Bolsonaro y el Ministerio de Seguridad del Brasil, expresamente advierten que no es aceptable un juicio político a la ligera para destituir al presidente Abdo, porque lo consideran un aliado importante para la democracia y la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el lavado de dinero, etc. Inclusive Brasil advierte sobre la posibilidad de la aplicación de la cláusula democrática del Mercosur.

En las antípodas ideológicas, la otra reacción. Se reúnen en Caracas el Foro de San Pablo, organismo impulsado por el expresidente Luis Inacio Lula Da Silva, que entre otras declaraciones dice: «Enfrentar de forma enérgica el avance de la derecha sobre nuestros pueblos. Así lo evidencian los gobiernos neoliberales reciclados, autoritarios y profascistas, como los de Bolsonaro en Brasil, Iván Duque en Colombia y Mario Abdo Benítez en Paraguay, Mauricio Macri en Argentina, Lenin Moreno en Ecuador y Juan Orlando Hernández en Honduras, que destruyen la democracia y los derechos sociales conquistados».

A partir de ahí, toda la estructura de la izquierda, desde organizaciones de estudiantes secundarios hasta campesinos e intelectuales, se movilizan con el solo objetivo de la acefalía en el Paraguay.

En un giro sorprendente, un nuevo aliado de la izquierda irrumpe en el escenario. El más influyente diario del país, el ABC Color, con todo su pool de medios, se convierte en el principal factor de agitación. Inclusive reproduciendo como propias las publicaciones de blogueros del Partido de los Trabajadores del Brasil. Antes de la muerte de su fundador y director, Aldo Zuccolillo, esto era impensable, ya que se había mantenido siempre al margen de la radicalización de los grupos de la izquierda latinoamericana. Pero el manejo de su hija y heredera de la conducción periodística del diario dio un volantazo a esta posición histórica de este medio de comunicación.

En resumen, no es posible a estas alturas señalar que esta crisis no esté planificada o que simplemente es el producto de la torpeza del Gobierno. Hay indicios que se trata de una situación de falta de talento y manejo gubernamental, muy bien aprovechada por la izquierda radical, que posiblemente está motivada además por un deseo de pase de factura de lo ocurrido con Lugo en el 2012, ya que el Partido Colorado y sus referentes hoy en el gobierno apoyaron la destitución de la izquierda del poder.

En estas circunstancias, dada la debilidad demostrada por el gobierno de Mario Abdo y los bajísimos niveles de aceptación dados a conocer en las últimas encuestas, el escenario electoral es muy propicio para la izquierda radical, los populistas y los narcos, que tienen grandes intereses en el país.

La otra gran batalla se da en el escenario económico, que se está deteriorando rápidamente, porque hay una notable retracción de la inversión pública y de la actividad comercial. Todos los pronósticos indican tiempos difíciles y una posible recuperación recién para dentro de un año, cuando la actividad agrícola vuelva a mover el aparato productivo.

Por su parte, el Partido Colorado está movilizando a sus cuadros para defender al Gobierno, pero no está totalmente unido; la alianza entre los dos movimientos internos mayoritarios es muy endeble y genera más incertidumbre y temor que tranquilidad a la ciudadanía. En la semana pasada, en efecto cerraron filas y blindaron al Gobierno al rechazar el planteamiento de juicio político impulsado por los partidos de oposición. Sin embargo esta situación, lejos de traer calma, en realidad puso al presidente en la posición más débil de todo su primer año de gobierno y, contrario sensu, deja a su —hasta ahora—máximo adversario, Horacio Cartes, en una posición de privilegio. Para mayor confusión, Cartes no es de los que se queda encerrado en casa; ya ha salido a ostentar el poder en un evento oficial en el interior del país, como gritando a todos lados que ahora, el eje del poder se ha trasladado desde el Palacio de López (la sede de Gobierno) a su residencia particular, una imponente mansión ubicada sobre una de las avenidas más importantes de la capital.

Por su lado, la izquierda radical y el PLRA están en las calles exigiendo el juicio político. En principio, el juicio político al vicepresidente era lo que aparecía como viable. Pero la acefalía no era negociable, y el llamado a elección de inmediato, tampoco. Este es el objetivo de los izquierdistas y el oficialismo liberal y por eso están en la calle exigiendo seguir con el enjuiciamiento de los responsables del caso acta bilateral.

Por ahora parece haber disminuido el peligro pero, si se produjera el cambio de gobierno, es de esperar una reacción muy fuerte de Brasil, Estados Unidos y eventualmente Argentina. El presidente Macri había llamado al expresidente Horacio Cartes para solicitarle que su facción no se preste al juego de la acefalía. Solicitud que fue atendida, al menos, por ahora.

En un mundo donde hay cuestiones insólitas que todavía a esta altura las mujeres deben reclamar día a día, algunos documentalistas las reflejan en distintas situaciones donde se ven distintos casos de mujeres superando adversidades con una alevosa ausencia de derechos humanos, que deberían estar más firmes y consolidados.

El primer documental, Una chica en el río: el precio del perdón, ambientado en Pakistán y realizado por Sharmeen-Obaid Chinoy, un país bastante atrasado en la materia de derechos humanos femeninos, hace el seguimiento de una chica de 18 años, Saba Qaiser, que fue arrojada y golpeada por su tío y su padre por el simple hecho de casarse con quien ella quería y no con quien «debía». Saba estaba arruinando la reputación de su familia por elegir algo tan personal como con quién quería pasar el resto de su vida. Pero lamentablemente, en su país no funciona así.

Lo que le ocurrió a Saba no fue algo fuera de lo común. De hecho, es tan usual que los llaman «crímenes de honor». Incluso existía una laguna legal en Pakistán, en donde los que cometían asesinatos a mujeres eran absueltos con un simple perdón de los familiares (o las víctimas mismas en caso de sobrevivir al intento de asesinato). La Comisión de Derechos Humanos de Pakistán registró más de 1000 crímenes de honor en 2015. Pero aún después de «arreglar» esa laguna legal y darles una condena de 25 años a quienes cometieran esos delitos, los asesinatos siguen ocurriendo y no hay algo concreto que lo impida, porque son regiones en donde ya es algo naturalizado. El último que ocurrió (y que se supo) fue en marzo de este año.

La cinta ha recibido el premio Oscar a mejor cortometraje documental y ha visibilizado esta problemática, ayudando (por lo menos un poco) a que muchas mujeres puedan por lo menos pensar en lo que ellas verdaderamente quieren y en sus elecciones diarias y personales.

El siguiente documental transcurre en una realidad totalmente distinta a la que se ve en el anterior, pero contiene los mismos prejuicios: ser mujer. Knock Down the House es una cinta que muestra la campaña y el camino que tuvieron que recorrer cuatro mujeres que salen de la nada misma para ir contra las grandes y tradicionales figuras del Congreso estadounidense.

Se trata de Alexandria Ocasio-Cortez, Amy Villela, Cori Bush y Paula Jean Swearengin. Desde abajo y viendo cómo las consecuencias de un mandato reinado por los mismos de siempre y que no se han preocupado demasiado por mejorar la calidad de vida de las clases trabajadoras, tanto a nivel industrial o ambiental como económico, estas cuatro mujeres se hartaron de la injusticia. El documental no solo muestra cómo ellas han superado adversidades para poder llegar a dónde están hoy, sino que también muestra los obstáculos que les ponen por el simple hecho de ser mujeres. Hay un ejemplo muy claro cuando Cortez-Ocasio estaba juntando firmas para poder presentarse como candidata, de las cuales necesitaba mil doscientas cincuenta. Pero como iba en contra de Joe Crowley, histórico representante del séptimo y catorceavo distrito de Nueva York, a cada mínimo error o trazo ilegible, ya no contaban la firma. Por ende, tenían que juntar diez mil firmas.

En el documental, la candidata para el oeste de Virginia, Paula Jean Swearengin, lo dice: «Nosotras tenemos que trabajar más duro solo por ser mujeres». Si bien solo resultó ganadora Ocasio-Cortez, se podría decir que el resto de las candidatas seguidas en campaña electoral crearon un impacto. Además, da esperanzas para todas las mujeres de seguir adelante con sus convicciones y el cambio que quieren hacer en su país. La lucha por los derechos humanos comienza desde uno y estas cuatro mujeres demostraron que tranquilamente se puede lograr si uno realmente se lo propone y lucha por eso.

El tercer documental se sitúa en India y China. ¿Qué pueden tener en común estos dos países? (además de pertenecer al continente asiático): el valor que se les da a las mujeres. Tan bajo es su valor que, apenas nacen, en India las sofocan con una toalla húmeda para matarlas. En Es una chica: las tres palabras más mortales del mundo se retrata a la perfección cómo las mujeres son vistas como una carga o canje más que una persona. En China e India se trata de gendercide (generocidio) el matar a una persona por su género.

Por la parte de India, las mujeres tienen que entregarles todas sus riquezas a sus futuros maridos y eso resulta en generar pobreza en su familia. Además, si en una familia esperaban un varón y nace una mujer, por lo general, esa mujer será maltratada y abusada. Incluso, muchas mujeres embarazadas se practican abortos clandestinos una vez que (ilegalmente) averiguan el sexo del bebé. Esto es comúnmente llamado feticidio femenino o infanticidio femenino. En el documental, el sociólogo Arnald Kumar lo resume perfectamente en una frase: «Les gustan las cuñadas, pero no las hijas».

Por otro lado, China tiene una política que directamente fomenta el gendercide. Se trata de la política de un solo hijo y el romper esa regla (tener más de uno) puede resultar en un aborto forzado o esterilización de parte de las autoridades chinas. Los datos indican que ocurren aproximadamente 13 millones de abortos forzados por año y más de 500 mujeres embarazadas se suicidan para no tener que padecer ese dolor. Sin embargo, hay un reglamento que indica que si tu primer bebé fue mujer, se puede intentar solo una vez más engendrar un hombre. A ese nivel están las mujeres. Culturalmente, las mujeres en China no merecen el mismo respeto y valor que un hombre.

Publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 30 de julio de 2019

Los investigadores Sebastien Adins y Mildred Rooney analizan las relaciones de la Federación de Rusia con América Latina y, de manera especial, con Perú, desde la Revolución rusa hasta la actualidad.

El dinero chino es una poderosa fuerza de atracción en medio de la incertidumbre. El retiro occidental ha debilitado su legitimidad moral. Informe de Juan Pablo Cardenal.

Un grupo plural de expertos hablan del proceso gradual y responsable de efectiva descentralización y
desarrollo territorial en Chile. Heinrich von Baer v.L. Nicolás Bravo R. (Eds.)

Durante la campaña presidencial, el entonces candidato Jair Bolsonaro anunció que Brasil «saldría del Acuerdo de París», entre otras proclamas que preocuparon a expertos en relaciones internacionales y medioambiente. Pero, cinco meses después de que el mandatario asumiera la presidencia, en junio su homólogo francés Emmanuel Macron amenazó con suspender las conversaciones sobre un acuerdo comercial entre Unión Europea y Mercosur si el líder brasileño no expresaba su compromiso con la tratativa internacional firmada en 2015 por 195 países. El Acuerdo tiene por cometido combatir el cambio climático por medio de la reducción de gases de efecto invernadero. Bolsonaro sintió la presión y decidió seguir con lo acordado.

Sin embargo, un nuevo y más extenuante capítulo de la conflictiva relación entre el actual gobierno brasileño y sus pares europeos por temas ambientales tiene lugar ahora en términos más inmediatos y bastante menos diplomáticos. En el contexto de una serie de medidas tomadas por la gestión Bolsonaro en relación con el Fondo Amazonia, se agregó la difusión de números que muestran un aumento galopante de la deforestación de la región: 68 %, en comparación con lo registrado en julio del año pasado.

Creado hace diez años, el Fondo Amazonia es el principal proyecto de cooperación internacional para la preservación de la Amazonia y tiene en la deforestación su principal indicador de éxito o no. Noruega aporta 93,3 % de los recursos del fondo, Alemania otros 6,2 % y Brasil, 0,5 %.

Las relaciones ya estaban caldeadas porque la gestión Bolsonaro desea dar otros usos a los recursos por fuera de la preservación (como indemnizar a propietarios por expropiaciones de tierras en áreas de conservación), y el Ministerio de Medio Ambiente brasileño extinguió consejos y alteró otros elementos de estructuras administrativas vinculadas al mecanismo.

Alemania y Noruega

Después de la difusión de los datos recientes de deforestación, el gobierno alemán decidió bloquear € 35 millones que serían utilizados en iniciativas de preservación. Bolsonaro reaccionó diciendo que la canciller alemana Angela Merkel debería usar ese dinero para reforestar su propio país. «Allá se necesita más que acá», afirmó.

Cuatro días más tarde, el Ministerio del Clima y Medio Ambiente de Noruega anunció que también detendría el pago de alrededor de € 33 millones al Fondo Amazonia. «Brasil rompió el acuerdo que tenía con Noruega y Alemania desde que cerró la directiva del Fondo Amazonia y su Comité Técnico», dijo el ministro del área, Ola Elvestuen. Agregó que «hay motivos de preocupación» y que «Brasil muestra que ya no quiere contener la deforestación».

En su transmisión en vivo por Facebook, que mantiene los jueves como forma de expresarse directamente —sobre todo con su base de apoyadores—, el presidente brasileño respondió a la decisión nórdica con la afirmación de que Noruega «no tiene moral para dar ejemplos». Dijo que en país «hay matanza de ballenas y que retira petróleo del Polo Norte». Concluyó que los países «que hacen campaña contra Brasil» están interesados en las riquezas y «el subsuelo» del país.

«Política antiambiental»

Una de las grandes gotas que rebasó el vaso en la relación con los países europeos fue la difusión de datos del INPE (Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, por su sigla en portugués), capturados por satélites, de que más de 1000 km2 de foresta amazónica habían sido deforestados en la primera quincena de julio, un crecimiento de 68% en relación a julio de 2018.

Los datos se encuentran en el SAD (Sistema de Alerta de Deforestación), que registra mensualmente las acciones de deforestación a través de la combinación de imágenes de satélites. El informe es publicado por la organización Imazon (Instituto del Hombre y Medio Ambiente de Amazonia). Con la repercusión negativa del informe, Bolsonaro dijo que la información no correspondía a la realidad y, en encuentro con la prensa extranjera, afirmó que «con todos los datos de deforestación que ya se han difundido, a esta altura la Amazonia ya se habría extinguido».

También criticó al INPE porque consideró que los números no podrían haber sido difundidos sin pasar por él antes, ya que podrían perjudicar negociaciones y acuerdos. «No se quiere huir a la verdad, pero tampoco tener una propaganda negativa de Brasil», argumentó.

En medio de una crisis pública con la Administración federal, Ricardo Galvão, entonces director del instituto de investigaciones, terminó exonerado. En su lugar el gobierno brasileño puso el militar Darcton Policarpo Damião, doctor en Desarrollo Sostenible por la Universidad de Brasilia y con maestría en el INPE.

Menos multas y «mundo real»

El aumento de la deforestación se hace acompañar de una caída de 23% en las multas aplicadas en los primeros seis meses de este año a acciones de deforestación, comercio de maderas e incendios. Los datos son oficiales, del Ibama (Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de Recursos Renovables, órgano responsable por la fiscalización de estos delitos).

Entidades como el Observatorio del Clima y exdirigentes del Ibama vienen señalando que la retórica de desestímulo a la preservación y a la fiscalización es uno de los factores de la caída de la vigilancia en relación con estos crímenes. Incluso, según el Observatorio del Clima, a partir de datos obtenidos a través de la Ley de Acceso a la Información brasileña, en la Amazonia la fiscalización disminuyó un 70% hasta abril de este año en comparación con el mismo periodo del año pasado. Ellos tildan a la política de Bolsonaro como antiambiental.

Solo en julio, el Ibama, órgano que hace 30 años fiscaliza la acción ambiental en Brasil, enfrentó dos protestas con incendio de puentes y vehículos del órgano por parte de madereros (comerciantes de madera) que hacen extracción de madera ilegalmente de tierras indígenas de los estados de Pará y Rondônia.

Es importante recordar que el actual ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, cuenta con el apoyo de la bancada ruralista en el Congreso. Después de ese conflicto, Salles fue al encuentro de los madereros y dijo que Brasil tiene un exceso de producción de normativas y que el Gobierno va a acercar las leyes «del mundo real».

Salvo que obre un milagro, el próximo 27 de octubre Alberto Fernández será electo como nuevo presidente de la Argentina. Las elecciones primarias lo dejaron en la puerta de un triunfo en primera vuelta, lo que generó reacciones de todo tipo. El país transita días de vaivenes económicos y políticos muy intensos que aumentan la incertidumbre de cara a los meses venideros.

Ahora, ante el estupor y la sorpresa que causó la diferencia de 15 puntos entre las principales fuerzas, cabe preguntarse: ¿por qué ganó la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner? ¿Por qué motivo la ciudadanía se inclinó tan masivamente por este proyecto? ¿Pesó más la economía que la corrupción? Las preguntas no son sencillas de responder, pues el voto nunca se basa a una sola razón, pero sí hay algunas que quedaron expuestas luego del mazazo electoral que sufrió el oficialismo.

Sin dudas, hubo un clima de opinión sobre el espacio liderado por Mauricio Macri que ni las mejores encuestadoras supieron ver. Consignas implementadas por el oficialismo como pasado versus futuro y república versus autoritarismo marcaron la polarizada campaña, pero quedó claro que no fueron suficientes para convencer a un electorado descontento tras tres años y medio de gestión y una crisis económica profunda.

El Gobierno apostó durante toda su campaña a mostrar el autodenominado cambio: mejoras en materia de institucionalidad, más obra pública con nuevas autovías, rutas, aeropuertos, una recuperación energética y el impulso al sector agrícola, único de la economía argentina que produce dólares genuinos. La gran mayoría de estos cambios fueron de la puerta de la casa de los argentinos hacia afuera. Dentro de cada una de estas hubo un deterioro económico que fue largo e impactó en el bolsillo.

El esfuerzo que desde el oficialismo se le pidió a la ciudadanía fue alto y los resultados esperados no llegaron. Debido a esto, la distancia entre los dirigentes y los vecinos se fue haciendo cada vez más profunda y hubo poca empatía con su situación, lo que terminó de romper el círculo de confianza construido. Hasta ese entonces, había un vínculo activo con la ciudadanía a través de actividades territoriales y los distintos espacios que integran la coalición tenían su silla en la mesa de las decisiones. El triunfo oficialista de 2017 rompió con todo eso y mostró que un partido político puede funcionar mejor cuando tiene la necesidad de dialogar y consensuar con los diferentes actores que cuando no tiene esa necesidad. Las decisiones se centralizaron en la figura del jefe de Gabinete, Marcos Peña, y se marginó a dirigentes valiosos que habían sido claves para sacar más de cien leyes con minoría parlamentaria en el Congreso durante los primeros dos años de gestión.

Del otro lado de la grieta política leyeron este quiebre y, luego del 2018, cuando todos los indicadores económicos empeoraron, la oposición entendió que se podía ganar en 2019. Solo tenía dos problemas por resolver: Cristina Kirchner y la división dentro del espacio peronista. La dirigente con mejor imagen de la oposición, al mismo tiempo, cargaba con la peor negativa del país, y esto imposibilitaba su retorno a la Casa Rosada. En una misma jugada, la expresidenta, que había tomado pésimas decisiones políticas en la campaña de 2015, solucionó los dos problemas: se corrió de la fórmula y de la campaña y, al hacer eso, unificó al peronismo.

Esa decisión acercó a más de diez gobernadores que, hasta ese entonces, no veían con buenos ojos regresar al kirchnerismo. También hizo lo propio con Sergio Massa, ex jefe de gabinete de Cristina Kirchner en 2008, quien llevaba diez años sin hablar con la expresidenta. «Todos unidos triunfaremos» es un histórico cántico del partido más influyente de la Argentina que volvió a resonar. En esa reunificación apenas quedó fuera el economista Roberto Lavagna, quien finalmente cosechó un magro 8% de votos.

El Gobierno quiso contrarrestar la jugada de Cristina incorporando al senador peronista Miguel Ángel Pichetto, quien aportó tranquilidad en los mercados y aseguró una futura gobernabilidad, pero no impactó en los problemas cotidianos de la ciudadanía.

Con este escenario, el denominado Frente de Todos encabezado por Alberto Fernández y Cristina Kirchner apostó por una campaña de mayor cercanía y enfocada principalmente en la economía. Explotó de la mejor forma su base de apoyo en los barrios más vulnerables del país y —con su giro discursivo al centro— logró atraer al electorado medio que el gobierno de Cambiemos desilusionó.

De confirmarse estos resultados en octubre, la Argentina girará nuevamente a un gobierno de perfil populista y se generará un gran impacto en toda la región. Quedará por verse si el kirchnerismo regresará a una versión más radicalizada y parecida a lo que fue, o si apostará por un gobierno más conciliador, como el discurso que pronunció Alberto Fernández una vez conocidos los resultados.

Lo que sí está claro es que la política económica cambiará. Habrá un giro hacia el proteccionismo y la apertura al mundo con nuevos socios que impulsó Mauricio Macri será revisada. Se tratará, ni más ni menos, de un nuevo comienzo en el país de las eternas frustraciones. Llegará otro proyecto político que, tal como manda la historia argentina, probablemente borre todo lo hecho por el gobierno saliente e intente convencer a todos de que llegó la salvación.

El nuevo posicionamiento estratégico de la bancada parlamentaria CDU/CSU para Latinoamérica tiene como base la profundización del vínculo, la búsqueda de caminos comunes para preservar la democracia y fortalecer las instituciones y el comercio.

Visión 2030: una alianza para el futuro es la declaración estratégica de la Unión Demócrata Cristiana Alemana y la Unión Social Cristiana de Baviera con relación a América Latina. Un documento novedoso e interesante que muestra el interés de la principal fracción legislativa del Parlamento alemán en estrechar los lazos con la región que más comparte sus valores.

Ante las tensiones entre democracia y autocracia, libre comercio y proteccionismo, multilateralismo y unilateralismo aparece en primer plano la necesidad de consolidar un Estado de derecho funcional, que en todas sus actuaciones enaltezca el imperio de la ley y que tenga como bandera principal la igualdad sustantiva de las personas ante leyes que garanticen por igual amplias libertades, paz duradera, bienestar social y estabilidad política y económica.

Para la bancada de la CDU/CSU en el Budestag alemán la existencia de normas compartidas es un principio fundamental para forjar un sistema amplio de garantías y protección de los derechos humanos, sin excepción ni distingos, con atención prioritaria al fortalecimiento de las instituciones de defensa y promoción de los derechos de sectores vulnerables como las mujeres, y las comunidades y los pueblos indígenas.

Visión 2030 es un importante reposicionamiento en las relaciones entre Alemania y América Latina, con una visión renovada de los retos continentales, los desafíos mundiales y una propuesta de agenda de cooperación en los ámbitos bilateral, multilateral y global. El punto de partida es la necesidad de consolidar un Estado de derecho que funcione y que sea capaz de imponerse a todos los actores políticos, económicos y sociales, como pilar para consolidar la gobernanza democrática.

Un sistema democrático vigoroso demanda la existencia de un sistema de partidos competitivo, que permita superar las tentaciones autoritarias concentradoras del poder y la fragmentación del voto. Los partidos deben adecuar sus estructuras, programas y métodos para hacer frente a la crisis de confianza y representatividad, y convertirse en actores centrales del proceso político, garantes de la estabilidad, defensores de valores libertarios y democráticos y promotores del involucramiento de la ciudadanía en los procesos políticos.

Al interior de los poderes estatales deben combatirse las prácticas del nepotismo y la corrupción. La garantía de no impunidad es terminante para que imperen las normas y se sancione con eficacia cualquier vulneración de estas. Los poderes legislativos deben reforzar su función de representación y control, e incentivar la calidad del trabajo de los representantes populares. Los poderes judiciales deben concretar la aspiración de una justicia igual para todos. La unión virtuosa de democracia e imperio de la ley lleva al Estado democrático de derecho.

Las instituciones de seguridad, únicas competentes para ejercer coacción a nombre del Estado, se enfrentan al reto de su fortalecimiento institucional para hacer valer las normas que conllevan libertad, paz, bienestar social y estabilidad económica. El terrorismo y la delincuencia organizada amenazan la integridad de nuestras naciones y demandan una mejor comprensión de las cuestiones de seguridad, así como el desarrollo de capacidades de las fuerzas del orden y la conducción democrática de fuerzas armadas al servicio de la soberanía, la democracia y la paz. La recuperación de la confianza y la credibilidad en las instituciones estatales es crucial para contar con una región cada vez más estable y pacífica.

La vitalidad de las instituciones públicas y la prosperidad de nuestras sociedades debe complementarse con un modelo económico basado en los postulados de la economía social de mercado, consistente con el objetivo de lograr un crecimiento económico alto y sostenible, con una economía diversificada y la promoción del libre comercio ante los afanes proteccionistas.

Un aspecto crucial en la agenda de la CDU/CSU es la promoción de una economía basada en reglas, promotora de mercados abiertos y fundamentada en el uso responsable de los recursos, sustentada en un modelo regulatorio democrático y justo. Una política fiscal basada en la simplificación y la progresividad permite hacer frente tanto a la evasión como a la creciente desigualdad. La distribución más justa del ingreso y la fortaleza del sector primario son pilares de la prosperidad económica.

El desarrollo sustentable de las cadenas de valor en los sectores de materias primas agrícolas y extractivas, la consolidación de una sociedad nacional de la industria y los servicios y la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible son altas prioridades para que las generaciones futuras accedan a importantes recursos para su desarrollo.

En lo exterior, la prosperidad se sustenta en el libre comercio, los mercados abiertos y la defensa de la propiedad intelectual; en lo interior, el desarrollo se fortalece con inversiones permanentes en infraestructura, la modernización de los sectores económicos y la transferencia de tecnología y conocimientos para promover la innovación y el crecimiento.

La mejora de la calidad de vida de las personas es un imperativo del desarrollo económico y un objetivo central de la política social. La cohesión de nuestras sociedades se afianza con el fortalecimiento del capital social, basado en redes de confianza, en la participación de las comunidades en su propio desarrollo y en el acceso a bienes públicos de calidad para amplios sectores de la población.

La educación y la salud son pilares de la transformación social e instrumentos para el desarrollo pacífico e incluyente. Los servicios sociales no deben condicionarse a la situación laboral de las personas, sus fines deben ser universales y sus efectos deben sentirse en todas las comunidades. La pervivencia de sectores excluidos y vulnerables como los de las mujeres y los indígenas es contraria a la igualdad esencial de las personas y atenta contra los derechos fundamentales. El acceso a bienes públicos es una condición necesaria para luchar contra la exclusión, la marginación y la pobreza. La reducción de la pobreza extrema y la vulnerabilidad son imperativos para lograr una sociedad sustentable, abierta, libre, cohesionada y próspera.

La ciencia y la investigación son bases de la transformación social, instrumentos para la formación de élites en el diálogo y para abatir las brechas digitales que definen a nuestras sociedades. El desarrollo inclusivo, en la era de las noticias falsas y del predominio de Internet, es un medio privilegiado de libertad y una apuesta por un futuro en el que la segregación sea la excepción, y las normas que promueven las libertades, la paz, la inclusión el bienestar y la estabilidad sean la regla.

El debate se centra en otorgar minutos y centrimetraje a las teorías sobre cómo la voluntad popular será irrespetada por el sistema y en este debate las fake news se viralizan mucho más rápido que los hechos comprobados y contrastados.

Esta narrativa del fraude y su fin último de poner en duda la legitimidad de las instituciones y de los gobernantes electos democráticamente se instala ahora en Argentina.

La actualización del sistema electoral está sirviendo para desviar la discusión política, olvidando, por citar un ejemplo, la percepción que tenían hace dos años los ciudadanos sobre su sistema electoral.

El resultado del estudio promovido por Transparencia Electoral indicaba que 34 % de los electores de la provincia de Buenos Aires consideraban que era muy probable que se cometiera un fraude electoral. En ese momento, 56 % aseguraban que estaban de acuerdo con la incorporación de tecnología en el proceso electoral, especialmente en la etapa de los escrutinios.

La tecnología llegó finalmente en 2019, pero con ella se ha alimentado interesadamente la discusión sobre la posibilidad de manipular los resultados en la elección presidencial de octubre, olvidando que la tecnología bien implementada reducirá la posibilidad de manipulación y a su vez aumentará la probabilidad de demostrar un intento de manipulación, como ocurrió en los procesos electores celebrados en Venezuela durante el año 2017.

Dos licitaciones y todo queda en manos del Correo

En Argentina se vota en papel, se cuentan los votos manualmente y se llena un acta que se deposita dentro de la urna y se traslada para ser totalizada (estas actas son las que totaliza la justicia electoral para sentenciar el resultado definitivo).

Además del acta, los presidentes de las mesas electorales también llenan a mano lo que se conoce como telegrama, que es el comprobante de los resultados que se utilizan para el escrutinio provisorio.

Anteriormente, el personal del Correo argentino y de las fuerzas de seguridad del país se dedicaban a trasladar estos telegramas a los centros de acopio, desde donde se escaneaban y se enviaban al centro de procesamiento de datos.

En Argentina, para lograr modernizar estos procesos se realizaron dos licitaciones. La primera se usó para buscar proyectos que permitiesen cambiar el modelo de traslado de los telegramas.

En la elección del próximo octubre, por primera vez, se transmitirá una imagen escaneada del telegrama directamente a los centros de procesamiento de datos, lo que evidentemente (al ser una transmisión directa) reducirá el sesgo en la carga de los datos y en la publicación de resultados.

No obstante, el personal del Correo argentino será el que use el nuevo software de reconocimiento de imágenes para escanear los telegramas y enviarlos.

La segunda licitación fue para el escrutinio provisorio. En este caso, nada cambió. Solo el ganador de la licitación es diferente. Después de veinte años, este proceso no recaerá en la empresa Indra, sino en Smartmatic.

Básicamente, el escrutinio provisorio consiste en que dos digitadores transcriben los valores de un mismo telegrama. Si coinciden 100 %, estos valores se totalizan. Si no coinciden, pasan a un verificador. Si se resuelve la inconsistencia, los valores pasan a totalizarse. Si no se puede resolver, y son incidencias significativas (más votos que electores), el telegrama no se totaliza y la justicia electoral es la responsable de decidir sobre este telegrama en el escrutinio definitivo/legal.

El único cambio significativo en este proceso es que para octubre existirán dos centros de procesamiento de datos. Ambos centros están ubicados en sedes de Correo Argentino como mecanismo de redundancia (seguridad de la información).

En esta licitación, Smartmatic (antes lo hacía Indra) utilizará su software de escrutinio (que incluye un módulo de publicación de resultados) y proveerá los operadores que cargan los valores de los telegramas.

Como en todo sistema electoral, la confianza se basa (además de las auditorías a los software que se utilicen) en la auditabilidad de todos los procesos. Por esto es relevante resaltar que los fiscales de los partidos políticos seguirán teniendo acceso a los telegramas y podrán comparar sus datos contra el telegrama publicado y contra los valores de ese telegrama totalizados.

Las PASO

Los resultados de las llamadas primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) no disminuyeron las denuncias de fraude. A través de las redes sociales abundan teorías sobre manipulación de resultados que en la mayoría de las casos se pueden responder con información sobre el proceso recordando que en las PASO se contabilizan los votos en blanco mientras en las elecciones generales esto no se hace.

Por otra parte, aunque se digitalizan los telegramas, el sistema de votación en Argentina sigue siendo manual, lo que genera que existan incidencias (errores en los telegramas). En este sentido, es conveniente recordar que en las primarias de 2015 el 48% de los telegramas presentaron inconsistencias, mientras que en 2019 esas incidencias están limitadas a 1% de los telegramas.

No obstante, el éxito de todo sistema electoral y político pasa por el reconocimiento y respeto mutuo.
El gran problema con las PASO no fue técnico, sino que aunque Alberto Fernández no ha ganado todavía la elección presidencial, Mauricio Macri pierde autoridad rápidamente. Bien valdría la pena que Argentina evaluara la pertinencia de un proceso que puede generar que el país se desangre en pocos meses por lecturas y análisis apresurados de los resultados de unas primarias.

De hecho, una mirada rápida a la encuesta nacional que significan las PASO demuestra que Cambiemos obtuvo 3% más votos que en las primarias de 2015. La diferencia está en que Sergio Massa en 2015 era también candidato y esta vez migró a la fórmula conformada por Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Incluso, los resultados de las primarias no garantizarían a Fernández tener la mayoría en Diputados.

El paralelismo con Venezuela

Parte de la estrategia electoral del peronismo y el kirchnerismo a través del Frente de Todos es hablar de una posible manipulación de resultados como ocurrió en Venezuela en 2017. (En Venezuela el sistema automatizado no modificó los resultados, sí lo hizo la autoridad electoral al anunciar datos diferentes a los totalizados por el sistema).

El discurso de fraude es recurrente en los candidatos Alberto Fernández y Cristina Kirchner, que argumentan que ocurrirán eventos similares a los de Venezuela. Aun así, el resultado de las PASO les fue ampliamente favorable.

Pero en el Frente de Todos obvian que la tecnología y el procedimiento que se utilizará en Argentina son diferentes a los que se emplean en Venezuela. Adicionalmente, descartan que el problema básico en Venezuela no se centra en el sistema de votación, sino en las condiciones del ciclo electoral, especialmente en lo referente al cumplimiento de la ley, uso de recursos públicos para promover parcialidades, composición del registro de votantes, definición de circunscripciones de votación, intimidación a los votantes, violación del secreto del voto y una larga lista de condicionantes que convierten a los procesos electorales en poco transparentes.

Todas estas condiciones provocaron que la votación presidencial celebrada en 2018 no fuera libre ni imparcial; no lo provocó el sistema empleado para contar, transmitir y totalizar los sufragios.

Sin embargo, a pesar de las diferencias, se han posicionado varias fake news que es importante aclarar reiteradamente.

• Los telegramas no serán eliminados. Solo cambiará la forma en que se transmiten.
• El software que se va a utilizar para totalizar no se llama Election 360, ni se ha utilizado en Venezuela para manipular resultados. El Election 360 es un software administrativo que nada tiene que ver con el conteo de votos.
• Cambiar el formato de los telegramas escaneados de .tiff a .png no implica modificar los resultados de la imagen.

En octubre próximo, Argentina entrará en una dinámica que es práctica común en la mayoría de los países de la región: transmitir la información, que se produce en las mesas de votación, desde el propio centro electoral. Esto acortará la brecha con los Estados en donde la tecnología sirve para organizar procesos más transparentes. Sin embargo, sin reconocimiento político y sin acuerdo entre los candidatos es imposible que un sistema electoral sea eficiente.

Se sabe que la batalla de Boyacá del 7 de agosto de 1819 definió la campaña emancipadora liderada por Simón Bolívar y Francisco de Paula Santander en los territorios de la entonces llamada Nueva Granada, cerrando el intento de reconquista por los españoles en nombre de una monarquía que tambaleaba desde la invasión napoleónica a la península Ibérica y la aparición de juntas autónomas locales en 1810.

Doscientos más tarde Colombia, «una nación a pesar de sí misma», como la bautizó el desaparecido colombianólogo norteamericano David Bushnell, ha visto caer por ello una lluvia de revisionismo histórico, conjugada con propaganda patriótica y el combustible oportuno que dejan los triunfos deportivos de Egan Bernal en el Tour de Francia o el de la pareja de dobles de Juan Sebastián Cabal y Robert Farah en el césped de Wimbledon.

Pero al margen de los caprichos onomásticos, aprovechemos la ocasión para citar algunas de las tareas pendientes que deja un país que carga con la contradicción de tener una de las democracias más antiguas del continente, pero que no ha logrado llevar el Estado de derecho a todo su territorio, aún amenazado por la violencia, y que ha crecido económicamente pero no ha terminado de concretar la paz.

A Colombia le hace falta reducir la brecha entre la normatividad jurídica y la realidad. A Colombia le hace falta apropiarse de su identidad mestiza y diversa de una vez por todas. A Colombia le hace falta desarrollar las regiones para promover una verdadera descentralización. A Colombia le hace falta promover la igualdad desde la educación y la meritocracia para poder hablar de justicia social. A Colombia le hace falta proteger la biodiversidad, que es su verdadera diferencia competitiva ante el mundo. A Colombia le hace falta ejercer su patriotismo día a día, cerrándole las puertas a la corrupción, recordando que la ciudadanía son derechos y deberes.

Si se asumen estos puntos, filtrados por el irrestricto respeto a la vida, se tendría no solo la ruta para una convivencia y una verdadera independencia, sino que los lineamientos heredados de la Constitución de 1991 darían sentido a un digno bicentenario.

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