En el momento en que escribo estas líneas los segmentos de noticias en la televisión, los periódicos, la radio pública y las redes sociales en los Estados Unidos (y los medios de otros países con secciones internacionales más o menos robustas) emiten un ruido ensordecedor con un único tema en sus agendas: el juicio político contra Trump está en marcha.

Para ser precisos, lo que ha dado inicio es el proceso según el cual se abre una investigación previa para determinar si, y en qué términos, es procedente un juicio para destituir al presidente actual de los Estados Unidos, Donald Trump. El futuro del juicio político-parlamentario (pues son las Cámaras las que tienen esta potestad y llevan a cabo el proceso) es incierto por cuenta doble. Primero, porque no está claro que la investigación confirme la viabilidad del impeachment. Y, en segundo lugar, porque aún confirmada su posibilidad, la condena sobre el acusado —la destitución del cargo de la persona enjuiciada— bien puede no quedar ratificada, es decir, la defensa de la democracia que supuestamente alimenta este proceso bien puede quedar en papel mojado (o peor, resultar seriamente diezmada).

Bajo el ruido y la furia con que los medios anuncian la noticia estos días se deja escuchar, al menos para alguien desapasionado ante los vaivenes de esta patria en particular, un rumor de sorna en una esquina y otra de los oponentes (los medios de comunicación en este tema en particular se alinean claramente con demócratas o republicanos según sean sus preferencias). En ambos partidos se escucha un paternal y pedante «te lo dije». Las voces demócratas le dicen a la sociedad: «Ves, teníamos razón, Trump es un espeluznante mentiroso y menosprecia nuestra democracia». Los republicanos truenan en nuestros oídos un «está claro que nos persiguen como a las brujas esos histéricos y maledicentes demócratas».

Como no cuento con ejemplos conocidos de la historia política norteamericana para comparar este proceso y reflexionar sobre sus escenarios posibles (sí sé, al menos, que este sería apenas el tercer caso en el que se enjuiciaría políticamente a un mandatario norteamericano, pues Nixon renunció antes de que iniciara el proceso motivado por el Watergate), un testigo latinoamericano como yo recurre a los ejemplos de los países que le son cercanos. Y el que encuentro más a mano es el caso brasileño: la destitución de Dilma Rouseff tras el juicio político a la que fue sometida entre 2015 y 2016.

Los detalles por y en el que los juicios políticos en ambos países dieron comienzo son, obviamente, distintos (las discusiones bizantinas sobre el sexo de los ángeles no son una inclinación que frecuente) pero lo que sí puedo destacar de aquel proceso brasileño es lo siguiente: si un proceso así salió adelante es porque, más allá de que fuera justo o no, contó con dos elementos que me parecen de señera importancia. La voluntad política —y por voluntad quiero decir, fuerza— de aquellos que empujaron el proceso político contra Rousseff hasta verla abandonar la presidencia de Brasil. Y, acaso más importante, la injerencia o intensa participación ciudadana en el proceso (en contra o a favor de Rousseff).

No entraré a valor si el juicio contra la expresidenta brasileña fue una maniobra política (i)legítima de la clase política de aquel país, pero no me parece descabellado decir que, a lo ojos de la población brasileña en su conjunto, ese juicio político encarnaba una preocupación real que afectaba —y afecta— a la sociedad: la corrupción que corrompe hasta (o mejor, que se derrama desde) las estructuras más altas del país.

En el caso norteamericano, la sociedad contempla con total indiferencia y mucho aburrimiento —como los perfectos espectadores que son— esta obra llamada impeachment. O si prefieren: no veo en el futuro próximo (y más lejano) a los ciudadanos norteamericanos salir a las calles para defender o acusar al presidente enjuiciado. La injerencia de un país extranjero en los procesos electorales democráticos de Estados Unidos le interesa a la población norteamericana tanto como la última temporada de Orange is the New Black.

En cuanto al punto citado primero, la fuerza de la élite política que saca adelante un proceso de esta naturaleza, baste decir que, en el caso norteamericano, los demócratas puede que estén confundiendo su angustia democrática con mojigata petulancia (y la virtud nunca ha demostrado tener mucha fuerza si no va acompañada de la pertinente comercialización de indulgencias).

Desafortunadamente, los focos que atrae hoy (y en el futuro) un espectáculo de esta naturaleza, desvían la atención —y los esfuerzos y las esperanzas y los proyectos— de cuestiones cruciales que —lo comprenda la sociedad norteamericana o no— están poniendo en juego hoy mismo su existencia política verdadera. Mientras, las élites republicanas y demócratas, Trump o Pelosi, siguen demostrando que el pantano es su hábitat y ni unos ni otros van a drenarlo en las elecciones presidenciales de 2020.

(Continuación de la segunda entrega)

Visión 2030: una alianza para el futuro es la declaración estratégica de la Unión Demócrata Cristiana Alemana y la Unión Social Cristiana de Baviera con relación a América Latina. El documento plantea la necesidad de forjar una agenda de cooperación europea y entre Alemania, Europa y América Latina. Los procesos de integración global, que se ven amenazados por movimientos nacionalistas y proteccionistas, obligan a desarrollar una agenda en la que el destino compartido sea la base para un orden global cada vez más democrático, justo, ordenado y libre, orientado a la prosperidad y el desarrollo general.

Para la bancada de la CDU/CSU en el Budestag alemán, los años recientes se han caracterizado porque se ha invertido poco en la alianza entre Europa y América Latina. Los obstáculos principales a una mayor integración ya no son geográficos, sino de voluntad y de la apertura que se requiere para cooperar activamente en todos los ámbitos de la agenda mundial en los órdenes bilateral, regional y multilateral. Las prioridades en materia de cooperación deben tener como objetivos principales la consolidación de un orden liberal basado en normas, las relaciones económicas entre naciones abiertas y libres, la cooperación en tecnologías del futuro y el fortalecimiento de esquemas de colaboración e intercambios en los ámbitos de la ciencia, la investigación, la educación y la cultura.

Las convicciones que guían a la bancada de la CDU/CSU en el Bundestag alemán son: cooperar para que América Latina sea estable y pacífica; trabajar conjuntamente para superar los desafíos mundiales; y resaltar la creciente importancia que tiene la región como un socio económico destacado, con una economía con gran potencial que, si bien es fuerte en la producción de materias primas, es frágil todavía en lo relativo al valor agregado.

Los ejes de la política exterior alemana en su cooperación con América Latina se derivan del Libro Blanco del Gobierno Federal y de la Estrategia Global de la Unión Europea de 2016. Las prioridades se dan en seguridad, soberanía e integridad territorial; promoción del bienestar, prosperidad de las economías y promoción del comercio mundial libre y sin trabas; uso responsable de recursos y bienes escasos; y profundización en la integración europea y reforzamiento de la alianza transatlántica.

Para Alemania, la cooperación con América Latina es estratégica y está basada en la voluntad de acompañar y apoyar la integración regional y la fortaleza institucional bajo el ideal de fortalecer de manera conjunta la democracia, el Estado de derecho y sus instituciones. La cooperación entre los continentes llevará a relaciones comerciales justas, consolidadas y crecientes, al aumento de las inversiones europeas, a extender las cadenas sostenibles de valor, al crecimiento económico y a políticas inteligentes de educación.

Europa, Alemania y América Latina comparten una cultura y una historia común, abrazan con vigor sistemas democráticos basados en la igualdad sustantiva ante la ley y en el imperio del derecho. No obstante, la fragilidad de instituciones democráticas como los parlamentos, exige fortalecer los grupos de amistad, como los del Budestag alemán, en aras de reforzar el trabajo parlamentario y enfrentar la crisis de representación de los partidos políticos. A pesar del desencanto con la política, hay una demanda de mayor participación política y social, que impulsa una agenda conjunta entre los partidos de centro democrático y de la democracia cristiana. La cooperación en materia de Estado de derecho es fundamental y tiene como una alta prioridad el desarrollo de los pueblos indígenas, quienes, a partir de su actual situación de marginación, señalan las deficiencias del orden jurídico.

La agenda alemana incluye el compromiso para fortalecer el papel de América Latina en el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, una coordinación más estrecha con el G20, el aprovechamiento de las investigaciones realizadas por la CEPAL y el apoyo a la Fundación UE-ALC. Una mayor integración regional en América Latina es imperativa para anclar normas económicas y sociales, garantizar la educación integral y la protección del clima, los bosques y la diversidad. Se debe lograr una mayor interrelación de las economías ante la dispersión de esfuerzos de integración como Unasur, la Comunidad Andina, el Mercosur y la CELAC.

Visión 2030 propone que Alemania intensifique sus esfuerzos de apoyo a la Organización de los Estados Americanos, organismo que fomenta la cohesión y que ha contribuido con misiones de observación electoral y el Sistema Interamericano de Derechos Humanos al afianzamiento de estructuras democráticas y a la consolidación de las normas que rigen los derechos humanos.

La digitalización es un reto compartido por América Latina, Alemania y la Unión Europea. En el uso de Internet se debate la alternativa entre sistemas democráticos y sistemas autoritarios. La opción del mercado de la Unión Europea y Alemania, uno de los más grandes del mundo en el desarrollo y consumo de software y hardware, es por un Internet libre y abierto sujeto solamente a reglas claras y establecidas democráticamente. La digitalización y el acceso libre a Internet son solo parte de una agenda más amplia, que comprende el uso de inteligencia artificial, la creación de redes en los ámbitos económicos y de la sociedad civil y el desarrollo de aplicaciones en educación y agricultura para dar un salto en beneficio de la población, evitar la división digital, reducir la desigualdad y los conflictos sociales.

Visión 2030 establece el compromiso de fortalecer la cooperación binacional y birregional entre la Unión Europea y América Latina, en materia de educación, ciencia e investigación, como bases de un cambio estructural gradual y sostenible hacia sociedades del conocimiento. Además, promueve la cooperación en ámbitos de interés común como biodiversidad, cambio climático, investigación sanitaria, bioeconomía y humanidades. También se deben intensificar los intercambios de estudiantes y científicos, poner las bases de un sistema educativo dual, e incluir el alemán como lengua extranjera en los planes de estudio, con el apoyo de organizaciones como el DAAD, el Instituto Goethe, la Fundación Alexander von Humboldt y las escuelas alemanas en el extranjero.

El compromiso con América Latina está inspirado por la construcción de un modelo común para el hemisferio occidental. La iniciativa alemana tiene carácter continental, mediante un diálogo a nivel planetario entre Alemania, la Unión Europea, América Latina, Estados Unidos y Canadá. A partir de la cooperación, las naciones estarán mejor preparadas para defender un orden internacional libertario-liberal, basado en normas, con nuevas formas de cooperación dinámicas y creativas. La bancada de la CDU/CSU ha establecido esta ambiciosa agenda de cooperación global. El reto es considerable y demanda la coordinación decidida de todos en un esfuerzo amplio y común de dimensiones mundiales.

(Continuación de la primera entrega)

Visión 2030: una alianza para el futuro es la declaración estratégica de la Unión Demócrata Cristiana Alemana y la Unión Social Cristiana de Baviera con relación a América Latina. El documento, con base en un diagnóstico fiel del cambiante entorno mundial, propone una agenda de política exterior para lograr una región que sea la más democrática del mundo y una de las más prósperas y pacíficas.

Los cambios que se han suscitado en décadas recientes han transformado la dinámica internacional, con un nuevo orden multipolar, en el que a futuro no se vislumbra el predominio de una sola potencia global.

A la par de que se desarrollan múltiples ejes y polos de desarrollo a nivel regional, también surgen nuevas tensiones entre tendencias opuestas: apertura comercial y libre comercio contra proteccionismo y cierre de fronteras; democracia y Estado de derecho contra autoritarismo y nuevos populismos de izquierda y de derecha; multilateralismo y multipolaridad contra unilateralismo e imposición hegemónica de una agenda global. Ante los nuevos escenarios que se vislumbran en el orden mundial, Visión 2030 señala con claridad una agenda para América Latina que tiene como objetivo principal concretar un orden internacional basado en normas y en el fortalecimiento de políticas de desarrollo que traigan paz, bienestar y estabilidad a la región y al mundo.

La bancada de la CDU/CSU sostiene que un orden internacional basado en normas ha sido la base para la estabilidad política, el crecimiento económico y la prosperidad social; de ahí el interés compartido que tienen muchas naciones de América Latina y el Caribe con Alemania y la Unión Europea. La relación entre nuestras naciones ha sido históricamente fructífera, pero es necesario trabajar conjuntamente en alianzas, pensar en términos compartidos y consolidar un sistema internacional basado en la responsabilidad y el fortalecimiento de los organismos supranacionales.

Se debe adoptar una agenda global que rebase la capacidad de cualquier nación, con temas de impacto mundial como las migraciones, el cambio climático, los avances digitales, el fortalecimiento del Estado de derecho, la promoción del libre comercio, la expansión de la cooperación en materia cultural y la lucha contra la criminalidad.

La crisis de Venezuela y la creciente influencia de China y Rusia en la región plantean amenazas a los derechos humanos y promueven un modelo de creciente dependencia económica y política; contra estas tendencias, se debe apostar por un modelo de interdependencia respetuoso de la democracia y la justicia, que consolide la expansión de nuestras relaciones, así como un modelo de desarrollo económico basado en la generación de valores más altos en cada país de la región. La cooperación con países como China, con un modelo alternativo de capitalismo de Estado, debe basarse en el cumplimiento de normas de seguridad laboral, medioambiental y social, con respeto a la propiedad intelectual.

El crecimiento de la economía y el comercio son parte de una agenda global de libertad. Los mecanismos de cooperación globales deben intensificarse y fortalecerse. Se necesitan nuevos acuerdos de libre comercio justos y favorables para promover el bienestar global. Mecanismos regionales como el Mercosur y la Alianza del Pacífico deben complementarse con nuevas alianzas, proyectos de cooperación y acuerdos, así como con el Programa de Promoción del Comercio Exterior que conlleva inversiones crecientes de empresas alemanas en los mercados latinoamericanos. En todos los casos, el punto central de la cooperación es la protección de bienes públicos mundiales como el medioambiente y el clima, y el fortalecimiento de la gobernabilidad y el Estado de derecho.

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas es un pilar para lograr la sostenibilidad ecológica, fortalecer la cohesión de las sociedades y promover un desarrollo próspero e incluyente. Mecanismos globales como el Acuerdo de París de 2015 y programas como el de Reducción de Emisiones Derivadas de la Deforestación y la Degradación de los Bosques y el Papel de la Conservación son de vital importancia para hacer frente al cambio climático y transformar el sector energético. La seguridad alimentaria es una preocupación compartida, ya que América Latina puede contribuir de manera importante al suministro de alimentos, con base en la cooperación en agroecología y tecnologías del futuro.

La sociedad civil y organizaciones de la Iglesia como Misereor, Caritas, Pan para el Mundo o Adveniat son vitales para estrechar los vínculos entre las Américas y Europa. El compromiso e iniciativas de la sociedad civil, como los programas de voluntariado y los proyectos de asociación, además de estrechar los vínculos de hermanamiento, son parte de un modelo de sociedad abierta, ante los intentos de desacreditar a las democracias liberales.

La violencia en la región no puede enfrentarse de forma aislada, Visión 2030 establece un compromiso de la CDU/CSU para desarrollar acciones conjuntas para mejorar la calidad de vida de las personas. Actualmente las estructuras de cooperación para lograr la estabilidad regional son débiles; de ahí que el objetivo sea apoyar la cooperación y la integración regional en América Latina con procesos de cooperación conjuntos que fomenten la confianza entre las naciones.

Los países de América Latina se enfrentan al reto de incrementar la participación de sus fuerzas armadas en misiones de paz regionales e internacionales, para lo que se requiere un mayor compromiso regional. Europa ha establecido los principios del trabajo policial que pueden ser guía para la cooperación entre las naciones; Alemania ha desarrollado un modelo de conducción democrática de las fuerzas armadas y asume el compromiso de apoyar el desarrollo de capacidades de las fuerzas de seguridad latinoamericanas.

En el ámbito de la migración se debe hacer frente a una crisis de dimensiones mundiales a partir de defender las normas internacionales que permitan ordenar y canalizar la huida de los países, bajo la orientación compartida de la visión judeocristiana del ser humano y del derecho internacional de los refugiados.

Visión 2030 compromete a Alemania para apoyar iniciativas regionales y multilaterales como la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas de la OEA, así como ofrecer mayor apoyo financiero a la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito e intensificar los esfuerzos para eliminar las fuentes y flujos de financiamiento de la delincuencia organizada. Se necesita una actitud más decidida y transfronteriza para combatir estos fenómenos, así como el desarrollo de iniciativas conjuntas para combatir la producción y el tráfico de drogas en aras de reducir de forma considerable el impacto de la violencia y la delincuencia. La bancada de la CDU/CSU está comprometida con garantizar esta ambiciosa agenda para América Latina.

En este breve post quiero hablar sobre mala comunicación.

Se trata de los resultados de una encuesta de Infratest dimap para un programa de la televisión pública alemana. Se mostraron dos gráficas. Una de ellas decía: «¿Prioridad para la protección del clima o para el crecimiento económico?». Más allá del resultado (disponible aquí), lo importante es destacar que la pregunta propone un frame equivocado.

Un frame, o marco, es una interpretación de una discusión que la ordena y nos brinda elementos para tomar decisiones al respecto. Si el frame, como se hace en este caso, plantea dos opciones excluyentes entre sí, me obliga a elegir una de ellas. En este caso, la pregunta de esta encuesta es un ilustrativo ejemplo de falso dilema.

No es posible pensar un futuro de crecimiento económico, de progreso, de bienestar general y sostenible sin que trabajemos en proteger el clima. La crisis del clima no es una discusión o debate. La crisis del clima está ahí. La vemos, la sentimos, la sufrimos. No es una cuestión de creer en ella. No es una religión o una filosofía. Tampoco es una ideología. La crisis del clima es la consecuencia de nuestros actos durante siglos.

No es tiempo de echar culpas. No vale la pena ni soluciona el problema. Sí es tiempo de cuidar nuestra comunicación. De entender el poder de las palabras y su capacidad para estructurar cómo pensamos sobre algo.

Ni las palabras ni los frames son inocentes. Trabajemos en utilizarlos sabiamente.

Publicado en el blog eleccionesenalemania.com el 20 de setiembre de 2019.

El traslado a la gran manzana roza la épica, para los dos lados del mostrador ideológico brasileño. Los bolsonaristas ven que el mandatario de 64 años llegará a Nueva York en medio de un gran esfuerzo: el proceso de recuperación de su cuarta cirugía abdominal, a consecuencia del ataque con cuchillo que recibió durante la campaña presidencial en septiembre del año pasado.

Los antibolsonaristas no vuelcan su expectativa en la salud del presidente fuera de casa, sino en la capacidad que tendrá de blindaje frente a lo que se anticipa como una avalancha de escraches de actores internacionales de los más diversos tenores, desde activistas a jefes de Estado con quienes tendrá que codearse en el encuentro en Manhattan.

La reciente y feroz ola de incendios en la Amazonia, la más grande en los últimos diez años, según datos del INPE (Instituto Nacional de Investigación Espacial), será el talón de Aquiles del gobernante. En su discurso, Bolsonaro deberá hablar del tema a partir de la defensa de la soberanía de Brasil sobre el territorio.

El alegato es una respuesta a la discusión encabezada por el presidente francés, Emmanuel Macron, sobre «internacionalizar» la gestión de la zona. También a las represalias de Noruega y Alemania, que suspendieron sus aportes de recursos para preservación de la jungla por crecientes discrepancias con la política ambiental del actual gobierno brasilero.

Después de recibir el alta hospitalaria, Bolsonaro dijo estar «pronto para el combate» en la ONU, y su viaje fue garantizado «al 100 %» por el vocero de la Presidencia, el general Otávio do Rêgo Barros.

Con Bolsonaro viajará su hijo, el diputado federal Eduardo Bolsonaro (que aguarda nominación al puesto de embajador de Brasil en Estados Unidos y posee, en los hechos, mayor importancia en la conducción de la política internacional de Brasil que el canciller de la República).

Trump y teopolítica en el nuevo Itamaraty

Al unísono con el estilo del presidente, el canciller Ernesto Araújo viene implementando cambios sustanciales en Itamaraty —nombre por el que se conoce a la cancillería del país—. Los nuevos lineamientos determinan el rechazo a términos relacionados con conceptos como globalización, género o calentamiento global, tema este que —bajo la consigna de Paro Global por el Clima— llevó a millones de personas a las calles en más de 150 países este viernes 20 de setiembre, por ejemplo.

Razonamientos ampliamente detallados por Araújo en su blog antes de asumir el mando de la cancillería se materializan ahora diariamente en protocolos de la política externa brasileña, sumados a elementos que cobran más fuerza a partir de la presión impuesta por pautas de costumbres de los evangélicos que ayudaron a Bolsonaro a llegar a la Presidencia.

Entusiasta de la política externa de Donald Trump, el gaúcho de 52 años estaba en la carrera diplomática hacía 29 años y era director del Departamento de Estados Unidos, Canadá y Temas Interamericanos de Itamaraty antes de asumir el mando de esta institución, que tiene casi tres siglos de trayectoria. Dentro de esa tradición, algunos de los mantras que se consolidaron en la diplomacia nacional fueron el no alineamiento automático, la solución pacífica de controversias y la no intervención.

Araújo considera que el presidente norteamericano va a «salvar a Occidente», tal como lo desarrolla en el artículo «Trump y el Occidente», publicado en los Cuadernos de Política Exterior (pág. 323) de la Fundación Alexandre de Gusmão, centro de estudios de Itamaraty. Una de las palabras clave de su texto de 26 páginas es teopolítica. El canciller entiende la política externa como herramienta de rescate de la espiritualidad occidental.

También ha expresado su pensamiento en el blog Metapolítica 17, donde pone de manifiesto la convicción de que, en esencia, el mundo actual se resume a una batalla de civilizaciones, de los valores de Occidente contra los de Oriente y del marxismo cultural.

En «Trump y el Occidente», además de razonar que «Occidente abre las puertas a millones de inmigrantes porque se niega a sí mismo, porque está psíquicamente enfermo», reflexiona que India, China y Japón son «culturas nunca llamadas fascistas. Solo se discute la identidad y solo se defiende la diversidad en Occidente».

Critica a los europeos y a la Unión Europea como mecanismo que hizo que estos perdieran «su alma» y dejaran de ver su historia como «destino».

En sus escritos, además de combatir la globalización, que identifica con el marxismo cultural, el canciller rechaza el aborto con el argumento de que la izquierda «desea una sociedad en la que nadie nazca, ningún bebé, mucho menos el niño Jesús».

En su discurso en la ceremonia de graduación de la nueva generación de diplomáticos de Itamaraty, en mayo, Araújo citó los Evangelios y dijo que Bolsonaro es la piedra angular que la prensa, los intelectuales, los especialistas y los artistas habían rechazado (minuto 16’ 15”). Los medios de comunicación locales señalaron entonces que el canciller había comparado al presidente con el Mesías (la figura de la piedra angular en las Escrituras se relaciona fundamentalmente con Jesucristo). Tal vez inspirados en el hecho de que el gobernante se llama Jair Messias Bolsonaro.

Desde 2016, año en que Pedro Pablo Kuczynski (PPK) ganó la presidencia de la República a través del partido político de sus mismas iniciales —Peruanos Por el Kambio (sí, con k)—, el Perú viene atravesando una ya frecuente crisis política. No ha pasado desapercibida al ojo internacional la renuncia del presidente en marzo de 2018 tras hacerse públicos videos y grabaciones de negociaciones entre su abogado, un ministro y congresistas de oposición, supuestamente para la compra de votos a cambio de obras públicas.

Ya en ese momento se configuraba un escenario político complejo. Se hacían oír voces desde la sociedad que clamaban «que se vayan todos» y constitucionalmente se habilitaba la posibilidad de que renunciara toda la fórmula presidencial (presidente y vicepresidentes) y el presidente del Congreso convocara a nuevas elecciones generales. No obstante, Martín Vizcarra, vicepresidente de la República, decidió no respaldar esa postura y asumió como nuevo mandatario del Perú para dar continuidad al periodo que culminaría en el 2021, año en que además se celebrará el bicentenario de la Independencia de la República.

Desde entonces, lejos de generarse un espacio de diálogo y consenso, han continuado los enfrentamientos entre los poderes Ejecutivo y Legislativo. El punto más álgido de este conflicto se generó después de que, en su discurso por Fiestas Patrias el 28 de julio de 2019, el presidente Vizcarra propuso una reforma constitucional para adelantar las elecciones generales al 2020 —una propuesta que, según encuestas, tiene el apoyo de alrededor de tres cuartas partes de la población—. Justificó su propuesta en el descontento ciudadano, con el constante clamor por cerrar el Congreso. Inició con ello una nueva fase de la crisis que ha dividido al país entre aquellos que lo respaldan y aquellos que se oponen desde todas las tribunas: políticos, académicos, empresarios, etc.

Martín Vizcarra ganó mucha popularidad desde que, al asumir la presidencia, tomó la batuta en la lucha contra la corrupción, a través de medidas controversiales incluidas en el paquete de reformas constitucionales que presentó al Congreso para su debate y aprobación. Estas medidas tocaban fibras sensibles del tejido normativo regulador del sistema político peruano, por ejemplo, la modificación de los impedimentos para ser candidato o del proceso de levantamiento de la inmunidad parlamentaria.

Ahora bien, es cierto que los proyectos de ley de reforma constitucional presentados por el Ejecutivo no fueron aprobados en su totalidad y a la letra por el Congreso dominado por el fujimorismo, pero ¿acaso debían serlo obligatoriamente? Ningún poder del Estado puede imponerse frente a otro. Y también es cierto que la clase política del Perú está siendo duramente cuestionada, especialmente los congresistas, a quienes —con mucha razón— la ciudadanía les ha perdido confianza y clama que se cierre el Congreso.

¿Pero acaso este clamor es democrático? Llegados a este punto, se puede vislumbrar que, de no aprobarse el proyecto de ley de adelanto de elecciones, el presidente Vizcarra podría plantear una cuestión de confianza. Sería la segunda vez en lo que va de este gobierno; si le fuera denegada por el Legislativo, esto facultaría al presidente para disolverlo, complaciendo de este modo a las mayorías, al pueblo.

¿El pueblo siempre tiene la razón? Cabe recordar que la democracia es más que la voluntad de las mayorías. Es un valor en el Estado constitucional al servicio de los derechos humanos; es un medio que tiene por fin la defensa de la dignidad humana. Es decir, la democracia sí es el consenso de las mayorías pero con respeto al disenso de las minorías, porque de esta forma un gobierno democrático garantiza los derechos fundamentales de todas las partes. Así lo señala acertadamente el Tribunal Constitucional peruano (exp. 0030-2005-PI/TC, 2006).

Como ciudadanos peruanos estamos cansados de la corrupción, sí; debemos luchar contra este lastre, sí. ¿Qué mejor si este trabajo se hace bajo el liderazgo del presidente de la República? No obstante, actuar de esta manera contra una de las instituciones que simbolizan la democracia, porque «el pueblo lo pide», tiene rasgos populistas, por obstruccionistas que se comporten muchos de sus integrantes.

El Estado constitucional de derecho se erige a través del contrato social que refleja la voluntad del pueblo y que se expresa, a su vez, a través del voto. El Estado delega su poder en instituciones. Este sistema no puede estar sujeto a un vaivén emocional; es un sinsentido, una desnaturalización.

Vivimos por primera vez en la historia republicana del Perú apenas 19 años consecutivos de vida democrática ininterrumpida. A pesar de este gran logro, no hemos terminado de comprender y valorar lo suficiente a la democracia y a sus instituciones. No olvidemos que la superioridad moral de la lucha contra la corrupción radica precisamente en preservar y defender los valores y principios democráticos. Amenazar al Congreso no nos devolverá la confianza en las personas que lo integran ni contribuye a esta lucha; muy por el contrario, debilita a la institución y con ello a nuestra aún joven democracia. Lo mismo, por cierto, aplica para los ataques desde el Congreso al presidente de la República o al Poder Judicial.

Las personas pasan, las instituciones quedan. Y aunque estas no siempre son populares, son necesarias para que la democracia se fortalezca más allá de las pasiones del momento político. Cualquier impulso de una crítica populista hacia alguna de estas instituciones debe tomar esto en cuenta.

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En junio de este año, los Estados Unidos de América alcanzaron un acuerdo en materia migratoria con México. El presidente Donald Trump había amenazado con imponer aranceles a las exportaciones mexicanas si el país no aceptaba acoger a personas huyendo en condiciones difíciles, generalmente del Triángulo del Norte de Centroamérica (Guatemala, El Salvador, y Honduras), hacia el norte, con la intención de pedir asilo. El trato forma parte de una política cuyo objetivo principal es desalentar a las personas sin visa a llegar a la frontera de Estados Unidos. Desde 2002 existe un acuerdo de este tipo con Canadá, y se contemplan arreglos parecidos con algunos países centroamericanos.

Las propuestas del gobierno de Estados Unidos parecen inspirarse en el modelo de gobernanza migratoria europea, incluyendo la Convención de Dublín, que impone que los migrantes solamente pueden pedir asilo en el primer país capaz de ampararlos, y así evitar el forum-shopping. El trato con México también es similar al acuerdo migratorio cerrado por la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016. A cambio de la promesa de 6000 millones de euros, Turquía aceptó dar amparo a migrantes cuya intención era buscar refugio en Europa. En los dos casos vemos a los Estados de destino ofreciendo, o imponiendo, incentivos económicos a cambio de medidas migratorias en países de tránsito migratorio.

Los acuerdos en los cuales los países de destino, que suelen ser las democracias más desarrolladas, pagan por no tener que aceptar más migrantes, no es lo que realmente tenían en mente las voces humanitarias que plantean la necesidad de cooperación internacional para enfrentar las crisis migratorias. Sin embargo, como demuestran Jeannette Money y Sarah Lockhart en su libro Migration crises and the Structure of International Cooperation (2018), en el mundo entero es más común la cooperación multilateral para restringir la inmigración que para liberalizarla. Estas autoras ponen de relieve que los países receptores frecuentemente buscan acuerdos para deportar los migrantes a su país de origen, o directamente evitar que lleguen. Pero como les importa su imagen de países que respetan los derechos humanos, entonces intentan adherirse a los compromisos mínimos bajo el derecho internacional. Los arreglos con países de tránsito, que podrían llamarse pay to keep them out, y que convierte a los últimos en paragolpes (buffers), no viola la letra del Estatuto de los Refugiados de las Naciones Unidas, que obliga a los adherentes a escuchar y considerar los pedidos de asilo de personas que llegan a sus fronteras, pero no contempla el derecho de los individuos a elegir el particular país donde van a pedir asilo.

Si bien se puede argumentar que son legales, y que tampoco es mala en sí la idea de distribuir responsabilidades para la gobernanza migratoria entre países de distintos niveles de desarrollo, en la práctica los acuerdos del tipo money to keep them out pueden tener consecuencias humanitarias graves, porque incitan a los migrantes a tomar rutas más peligrosas e ilegales, provocando tragedias como las muertes por ahogamientos masivos que se han visto en el mar Mediterráneo. La cobertura mediática de estos desastres aumenta las percepciones de crisis severa, inspirando a algunas personas a tomar medidas heroicas para ayudar, pero provocando miedo y xenofobia en muchas otras.

Actualmente, en Sudamérica se sienten los efectos de los flujos de venezolanos, que empezaron en el 2015 y no dan señales de parar. Es una migración de tamaño histórico, la más grande de Latinoamérica: se estima que serán 5,4 millones de venezolanos en el exterior a finales del 2019. Colombia recibió el mayor número, pero también hay en Panamá, Perú, Brasil, Ecuador, Chile y Argentina. ¿Es posible que se implemente una cooperación migratoria restrictiva en esta región? En general, ¿qué podría aprenderse si se compara la gobernanza de la crisis migratoria sudamericana con la europea y la norteamericana?

En los tres casos, la geografía determina que no todos los países del continente son igualmente impactados por la migración. En 2018, unos 870.000 venezolanos se fueron a vivir a Colombia, nueve veces más que en Argentina. Podría compararse Colombia con Turquía, pero quizás la comparación europea más apta sería Italia, país que se ha quejado de la falta de voluntad de sus pares regionales de compartir la responsabilidad de recibir a los migrantes. Es cierto que una política europea de cuotas de refugiados según PIB y población (esto es, burden sharing) fue un fracaso: muchos países, sobre todo europeos del Este, no aplicaron las decisiones de la Comisión Europea. Colombia ha recibido ayuda de organismos internacionales y filantrópicos para acoger a los migrantes pero hace falta más. En América Latina no se ha creado un sistema formal de burden sharing como en Europa. Sin embargo, no se han escuchado quejas fuertes de los líderes colombianos contra los otros países sudamericanos, y no se vio hasta ahora ningún intento de vincular la crisis migratoria con medidas comerciales.

Los gobiernos de la región parecen entender que es mejor que los venezolanos entren por la puerta principal desde el principio, en lugar de como indocumentados. La mayoría de los países han mantenido y/o extendido el régimen de viaje existente. En algunos casos, implementaron un programa de visas especiales para garantizar el estatus legal. Algunos gobiernos han dado facilidades y trámites exprés para los venezolanos migrantes, como, por ejemplo, el reconocimiento de la validez de los pasaportes y documentos de identidad venezolanos después de su fecha de expiración. Estas medidas han recibido elogios en medios internacionales que contrastan con las noticias europeas o norteamericanas.

Sin embargo, frente a un éxodo que parece imparable, los gobiernos sudamericanos también han empezaron a tomar decisiones para limitar los flujos migratorios. Perú y Ecuador optaron por pedir una visa a los venezolanos para entrar en el país y Colombia implementó un permiso especial de permanencia. Por consiguiente, parece que se necesita encontrar una solución más regional, probablemente un acuerdo menos formal y por lo tanto más flexible que la Convención de Dublín. Sería un ejemplo de las ventajas del derecho blando, y también de las virtudes del regionalismo latinoamericano, en algunas formas más naturales que la europea por los lazos lingüísticos y culturales que comparten los países. En efecto, la solidaridad regional es necesaria para enfrentar una crisis migratoria y para facilitar la acogida y la integración de los migrantes, y Sudamérica está en condiciones de darles refugio a los venezolanos.

Es una vergüenza que en Estados Unidos se haya llegado al punto de separar deliberadamente a las familias como incentivo para frenar la inmigración, y que en Europa números relativamente pequeños de refugiados provoquen crisis políticas en casi todo el continente. Sin embargo, hay que tomar en cuenta cuestiones de escala. Los casos de Norteamérica y Europa son distintos. Estas regiones abrigan, en términos absolutos y proporcionales, mucho más migrantes que Latinoamérica. En el caso de Estados Unidos, la cuarta parte de estos migrantes están indocumentados. Aunque sea triste desde una visión cosmopolita, esta situación puede ser difícil de mantener en regímenes democráticos. En el mundo hay que buscar soluciones que eviten dar la sensación al público de que los Estados han perdido el control de la migración y han creado una crisis permanente, pero que al mismo tiempo reduzcan las crueldades que se han visto en los últimos años.

Publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 26 de agosto de 2019.

No solo la evidente asimetría existente entre los actores internos de la conflictividad política en Venezuela complica severamente la posibilidad de una solución negociada. También la enrevesada dimensión geopolítica del caso venezolano lo somete a enormes y complejas presiones.

En una entrega anterior comentamos los problemas que se presentan para quienes se afanan en la búsqueda de una solución negociada y pacífica al conflicto en Venezuela, haciendo énfasis en el carácter profundamente desigual de las fuerzas y actores internos que se mantienen enfrentados. Se argumentó que, a diferencia de lo que sucede en conflictos armados, no hay una mínima equivalencia en cuanto a daños sufridos ni en cuanto a la legitimidad de los reclamos, objetivos y procedimientos que caracterizan a los grupos en lucha.

Se trata, más bien, de una situación tiránica por la que un régimen ampliamente cuestionado por las naciones democráticas de Occidente obstaculiza el funcionamiento de los procedimientos constitucionales para el ejercicio de la voluntad ciudadana y la canalización pacífica del conflicto político.

Emergencia en Venezuela

Dicha situación complica en gran medida la labor de cualquier entidad mediadora, dado que en esencia toda labor de mediación implica algún grado de imparcialidad o neutralidad. La naturaleza de la emergencia venezolana demanda, por el contrario, una presión internacional orientada no solo a reencauzar al país por la senda de la democracia, sino incluso una agenda mínima de cooperación para la estabilización institucional de un país cuyas capacidades estatales (entendidas al menos como las capacidades de un Estado democrático para garantizar a sus ciudadanos el funcionamiento de las tareas y servicios básicos) se han visto severamente deterioradas. Máxime cuando dicho deterioro no ha sido fruto del conflicto, sino del ejercicio espurio y delictivo de las facultades del Estado.

[Lee también: La política como conflicto]

De lo anterior se colige que la labor internacional no habría de estar enfocada tanto en conciliar las posiciones de los actores internos, procurando así sellar acuerdos en algún punto intermedio, como en propiciar más bien una transición (cambio de régimen) desde la autocracia hacia la democracia. Se trataría, en esencia, de acometer una tarea más o menos similar a la que en los años noventa desarrollaron muchas naciones democráticas con respecto al Chile que regía Pinochet o a la Sudáfrica en la que aún imperaba el apartheid. Lo ideal sería, por supuesto, hacerlo de modo que se neutralice y evite la violencia, estableciendo las bases para que los actores internos puedan acordar que nuevamente sean los procedimientos electorales y la primacía de la Constitución los que priven en la conducción de la conflictividad política.

Presión

Aunque con perspectivas e intereses distintos, tanto los Estados Unidos como Canadá y el Grupo de Lima, así como las naciones de la Unión Europea que participan en el Grupo Internacional de Contacto, han estado de acuerdo en ejercer la presión anteriormente descrita. Más allá de las iniciativas latinoamericanas y europeas, marcadas siempre por un afán de no intervención, han sido las sanciones estadounidenses (iniciadas por Obama y profundizadas por Trump) las que presionan al régimen venezolano para conversar privadamente en torno a su hipotética salida. Se asume en diversos ámbitos que esta creciente presión externa, ejercida por más de 50 gobiernos democráticos, estaría ya en capacidad de equilibrar las asimetrías que hasta ahora han estado presentes en el caso venezolano y obstaculizado la recuperación de su democracia.

No obstante, la complejidad geopolítica que al día de hoy reviste la realidad venezolana invita a revisar la idea de que ya se ha alcanzado el nivel y el tipo de presión suficiente para propiciar una salida negociada que verdaderamente modifique el actual statu quo.

A la luz de una cuidadosa revisión de los hechos, y desde una mirada que no pierda de vista el proceso en su globalidad, es evidente que el régimen revolucionario instaurado por el chavismo en Venezuela ha tenido siempre clara conciencia de la incompatibilidad que irremediablemente terminaría manifestando con respecto a las democracias liberales de Occidente. Desde fechas muy tempranas dicho régimen dio muestras de su vocación profundamente iliberal, contraria a los grandes consensos que el multilateralismo demoliberal había venido consolidando en el hemisferio durante la década de los noventa.

Chávez y Castro

Ya en 2001 el gobierno de Hugo Chávez había despertado los recelos de Colombia por su actitud amistosa hacia las guerrillas colombianas de las FARC y el ELN. Igualmente levantaba sospechas en España por el trato que brindaba a diversos personajes de la ETA. Ese mismo año se produjo un altercado diplomático entre Lima y Caracas por el caso de Vladimiro Montesinos, quien tras varios desmentidos del gobierno venezolano fue finalmente capturado en Venezuela y deportado al Perú. Para entonces, había serios indicios de los vínculos de Chávez con la Cuba castrista, y este era también el único jefe de Estado democráticamente electo que para ese entonces se había desplazado hasta Bagdad a entrevistarse con Saddam Hussein.

La lista podría extenderse largamente, mencionando los intentos de Chávez para que Francia liberase a Ilich Ramírez Sánchez (El Chacal) o el singular papel ejercido por Ramón Rodríguez Chacín en la liberación (previo pago de rescate) de venezolanos secuestrados por las FARC. Aquí solo nos limitaremos a señalar que todos estos fueron tempranos indicios de una heterodoxa orientación geopolítica que la revolución bolivariana ha venido concretando con el paso del tiempo, y por la cual hoy en día cuenta con el respaldo público, notorio y efectivo de importantes aliados estatales (Rusia, China, Irán, Turquía y sobre todo Cuba) y paraestatales (como las FARC, ELN o Hezbolá), por no mencionar vínculos cada vez más documentados con el crimen organizado transnacional.

Vértice americano

En virtud de todo lo anterior, Venezuela es hoy no solamente el vértice americano de potentes agendas geopolíticas extrahemisféricas, antidemocráticas e iliberales, sino un verdadero hub de actividades delictivas transnacionales. La revolución bolivariana no es una empresa exclusivamente venezolana; es un proyecto al cual se mantienen asociados jugadores globales muy poderosos que no comparten los mismos escrúpulos ni respetan los mismos límites que la mayor parte de los gobiernos democráticos de Occidente. Por lo tanto, la pregunta en torno a la posibilidad de alcanzar una solución negociada que permita recuperar la democracia en Venezuela pasa previamente por otra, más radical: ¿hasta qué punto están dispuestas las democracias occidentales a elevar la apuesta para reinsertar a Venezuela dentro de la órbita geopolítica de Occidente?

Para maximizar la captación de apoyo popular, suele decirse, no es conveniente tocar temas y hacer propuestas que puedan espantar electores. La sinceridad ha pasado a ser considerada sinónimo de ingenuidad. No tiene sentido decirle a la ciudadanía lo que no quiere escuchar. Por ejemplo: si la mayoría de quienes —de acuerdo con la información disponible— van a decidir la elección son centristas, hay que evitar las propuestas radicales y derramar suaves y perfumados aceites de marketing sobre las olas, casi siempre encrespadas, de las ideologías. Ya habrá tiempo, llegado el momento, de buscar el mejor frame para encarar esos asuntos espinosos y para tomar las decisiones políticamente onerosas soslayadas durante la campaña.

Los candidatos no solo no deben enunciar lo que los electores no quieren escuchar. Además, deben decirle a cada segmento de electores exactamente lo que ellos anhelan escuchar. Los políticos deben ajustar a la perfección su discurso a cada uno de los nichos electorales considerados relevantes por su equipo de campaña. Para eso se utilizan cada vez más frecuentemente las técnicas más modernas de investigación de mercado y de comunicación. La comunicación política no tiene por finalidad facilitar que la ciudadanía conozca el pensamiento del candidato sino hacer que las propuestas del candidato se adapten a las preferencias de la gente. El problema no es que la oferta se ajuste a la demanda, sino que esta sincronización es efímera y artificial. Los candidatos ajustan el discurso a la demanda para maximizar apoyo electoral. Luego, a menudo toman distancia de sus promesas en nombre del cambio en las circunstancias. Lo curioso es que encuentren, en el mundo del análisis político, quienes justifiquen la divergencia entre promesas y decisiones.

Considero que este enfoque de la competencia política es conceptualmente equivocado y potencialmente peligroso desde el punto de vista de la estabilidad y de la calidad de la democracia. En lo que sigue, quisiera detallar por qué.

Estamos tan acostumbrados a malas prácticas democráticas que hemos olvidado las definiciones básicas. Volvamos a ellas. Decía Robert Dahl, en Poliarquía: «Para mí el gobierno democrático se caracteriza fundamentalmente por la continua aptitud para responder a las preferencias de sus ciudadanos, sin establecer diferencias entre ellos». Para Dahl, cada ciudadano es el auténtico soberano: el peón es el rey. Dado que la democracia moderna, por razones de escala, debe necesariamente funcionar sobre la base de la representación, es esencial que los representantes respeten la voluntad de los representados. Entre promesas y decisiones, entre el principal y el agente, siempre habrá una brecha. Hay, como argumentó Adam Przeworski en Qué esperar de la democracia, «costos de agentividad inevitables». Pero una cosa es admitir que exista esta brecha y otra, muy diferente, naturalizar la hipocresía durante las campañas electorales.

No solo hay que exigir la máxima sinceridad a los candidatos por argumentos de orden moral. Hay que hacerlo, además, por razones prudenciales. Es extraordinariamente difícil para la ciudadanía creer en los representantes. Remito, una vez más, a la elaboración teórica de Przeworski respecto a las razones por las cuales la democracia genera «una insatisfacción intensa y muy extendida», que ha sido ampliamente documentada por los estudios de opinión pública más recientes. A la ciudadanía le cuesta demasiado creer en la democracia. Los ciudadanos no se sienten soberanos. Según las mediciones de Latinobarómetro, una amplia mayoría de los votantes de la región piensan que nuestros gobiernos representan a pequeños grupos muy poderosos que toman decisiones en función de sus propios intereses.

Cada vez que los candidatos disimulan sus preferencias, cada vez que dicen lo que los votantes quieren escuchar únicamente para ganar elecciones, cada vez que, una vez en el gobierno, se alejan de las promesas realizadas sin pedir perdón de rodillas ante la ciudadanía, hay ciudadanas y ciudadanos que dejan de creer en la democracia. No podemos admitirlo.

Era en junio del año 1945, poco después del fin de la segunda guerra mundial, cuando se aprobó la Carta de las Naciones Unidas (ONU). Fue el nacimiento de una organización internacional extraordinaria que hoy tiene 193 Estados miembros. Su objetivo desde ese momento: salir de la ruina que dos guerras mundiales habían dejado y garantizar que eso nunca vuelva a repetirse.

El Consejo de Seguridad, el órgano central de la ONU, tiene la responsabilidad primordial de la paz y la seguridad internacional. Por su Carta, los Estados miembros están obligados a cumplir sus resoluciones. Se pronuncian sobre las partes en conflicto, sancionan violaciones de los derechos humanos y el derecho público internacional y permiten una intervención humanitaria. No existe otra institución con esa competencia que esté habilitada a intervenir en la soberanía de sus Estados miembros.

Los miembros permanentes (P5)

China, Rusia, Estados Unidos, Francia y Gran Bretaña, las cinco potencias victoriosas de la segunda guerra mundial, son los P5 (en inglés: 5 Permanent Members), los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Lo que diferencia a los P5 de los otros diez miembros elegidos es el derecho de veto. Fue instalado para garantizar que el Consejo de Seguridad toma decisiones por consenso. Cuando se creaba la carta de las Naciones Unidas el mundo se fue encontrando en un estado de shock poco después de la segunda guerra mundial. Predominaba un profundo deseo de consenso y la suposición de que los grandes poderes querían hablar con una sola voz, lo que le daría gran fuerza y peso político. Además, se quiso garantizar que los P5 pudieran influir por igual en las decisiones. Por esta misma razón, en muchos otros organismos internacionales las decisiones también se adoptan por consenso.

La vida y la muerte

La intención detrás de la regla del veto y el principio de consenso no estaba mal pensada, pero tampoco resulta ideal. Trae consigo problemas relacionados con la gran responsabilidad que asume el Consejo de Seguridad. Toma decisiones sobre casos de crisis, conflictos violentos o guerras. Así que no es poco frecuente que decide sobre la vida y la muerte.

Sobre todo, es importante que toma sus decisiones rápidamente para ayudar a las personas afectadas. Por ejemplo, a la población civil en la guerra civil en Siria. Las resoluciones propuestas por el Consejo de Seguridad con respecto a esta situación son vetadas por Rusia y, a veces, también por China. Igualmente, los otros miembros no adoptan las resoluciones formuladas por Rusia. Son situaciones de bloqueo (Eisentraut, 2016, p. 2) que ilustran que la ONU interviene con sus mismas reglas. En consecuencia, no es capaz de actuar efectivamente y cumplir su responsabilidad (Eisentraut, 2016, p. 4).

El bloqueo

Este bloqueo es el resultado del endurecimiento de los frentes en la política internacional. Los cinco miembros permanentes tienen diversas alianzas e intereses contradictorios. Debido a esta complejidad de las relaciones internacionales es casi imposible lograr un consenso. Por lo menos, es muy difícil lograrlo con la rapidez necesaria. A este respecto, también se puede observar cada vez más la instrumentalización del derecho de veto. Los P5 utilizan su voz para impedir resoluciones que van en contra de sus intereses nacionales. En el caso de Siria, Rusia pone su veto a las resoluciones que sancionan al régimen de Bashar al-Assad, porque el presidente de Siria es su aliado. De esta manera, socavan el principio central de la ONU como una organización internacional: tomar decisiones objetivas e independientes.

Tomar decisiones en lugar de impedirlas

Teniendo en cuenta estos problemas, se plantea entonces la cuestión de por qué sigue vigente el derecho de veto en el caso especial del Consejo de Seguridad. ¿No sería mejor abolir el derecho de veto y tomar decisiones por mayoría? Los beneficios conferidos por esa medida serían diversos. Primero, las voces de los miembros elegidos ganarían influencia. Segundo, ya no sería posible impedir una resolución solamente por una voz en contra. Tercero, la instrumentalización del órgano no sería tan fácil. Finalmente, se adoptarían las resoluciones más rápidamente y así podría ayudarse efectivamente y a tiempo a las personas afectadas.

Hoy nos encontramos en 2019; graves conflictos violentos en varias regiones tienen la potencialidad de volverse una amenaza global. Si queremos una comunidad global fuerte y responsable, e impedir que se repitan las guerras mundiales, hay que lograr un Consejo de Seguridad capaz de actuar.

Fuentes

Auswärtiges Amt (s. f.). «Hintergrund: Das Vetorecht» [Antecedentes: el derecho a veto], Auswärtiges Amt. Recuperado de ‹https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/internationale-organisationen/uno/01-grundlagen-uno/01-sicherheitsrat-veto/274862›.

Eisentraut, S. (2016). «Sicherheitsrat der Vereinten Nationen: Neue Reformdynamiken» [Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas: nueva dinámica de reforma], SWP-Aktuell, 2016/A 79, diciembre. Recuperado de ‹https://www.swp-berlin.org/fileadmin/contents/products/aktuell/2016A79_ett.pdf›.

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«Quiero comprar Groenlandia», dijo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a un grupo de asesores en una reunión en la Oficina Oval de la Casa Blanca, en la primavera pasada del hemisferio norte, y les ordenó que indagaran al respecto. «De ninguna manera», fue la respuesta de las autoridades de Dinamarca y de su territorio autónomo de Groenlandia cuando en agosto se filtró la información en la prensa. «Entonces suspendo el viaje (previsto en septiembre a Dinamarca por invitación de la reina Margarita II)», reaccionó un ofuscado Trump.

Fue un episodio real de relaciones internacionales que asombró al mundo; es tan delirante la propuesta —y trasnochada en términos históricos— que la esencia del hecho parece ser el guion de una película de Peter Sellers, como insinuó un editorial de The New York Times. Pero es una tragedia muy reveladora de los pasos toscos de Trump en un campo minado, de un estilo sin filtro que hace muy difícil ver un pensamiento revelador de una doctrina. La actitud destemplada que echa leña al fuego hasta en lugares insospechados como en la sosegada Groenlandia, terminan desacreditando al jefe de la Casa Blanca.

Una doctrina es una cosa seria y mucho más si estamos hablando de la primera potencia del mundo; es un conjunto de ideas razonadas por parte de un líder o pensador que se deberían reflejar con cierta coherencia en los vínculos de un Estado con el mundo y aceptar, aunque sea de mala manera, el principio realista de la interdependencia.

Una doctrina en materia de relaciones exteriores es una hoja de ruta de largo plazo sobre cómo llevar adelante un conjunto de ideas —con determinados objetivos—, que tiene en cuenta los vínculos con los potenciales socios o amigos, y las alianzas necesarias, las prioridades para hacer efectivas las metas establecidas y las medidas para llevarlas adelante.  Objetivos políticos que se reflejan en una agenda y con un estilo que debería cautivar, en particular a los aliados.

En la historia de Estados Unidos ha habido diferentes doctrinas; cada una de ellas, adecuadas a su tiempo, unas más flexibles que otras, que, en el acierto o el error, marcaron un camino propio de relacionamiento internacional.

Un repaso rápido a la política exterior de Estados Unidos desde la Doctrina Monroe de la década de 1820 hasta el presente, muestra que, con buenos o malos resultados, más o menos inteligentes, hubo políticas pensadas en función de la realidad geopolítica y al papel dominante de Estados Unidos.

Algunos expertos creen que la política exterior de contención, que viene dada desde la guerra fría, sigue en la cresta de la ola, adaptada a las circunstancias, pero hace tiempo que no se advierte una gran doctrina que incluya el conjunto de los intereses de Estados Unidos en la compleja realidad del mundo y de una geopolítica en movimiento.

En ese sentido, el plan o la política de America First de Trump, ¿puede calificarse de una verdadera doctrina de asuntos mundiales?

No parece que defina una doctrina, sino un concepto ideológico que nos habla de una visión conservadora-nacionalista en política exterior que supone una obviedad: los intereses del país están por encima de todo. ¿Hay alguna doctrina en la que el interés del país, directamente o indirectamente, no sea la meta principal?

Aún falta más de un año para que termine el primer mandato de Trump y nadie podría decir que la puesta en marcha de America First en las relaciones exteriores ha tenido siquiera un atisbo de resultado tangible para la vida de los estadounidenses.

El lema America First ha resquebrajado la arquitectura mundial concebida luego de la Segunda Guerra Mundial. Hoy, en esta era Trump, las definiciones de aliado, amigo, adversario o enemigo son complejas. Nada es muy claro.

A la lucha contra el terrorismo, pergeñada en la Administración de George W. Bush, la política exterior de Trump sumó tres capítulos inéditos: el proteccionismo económico como arma de guerra; una estricta política antiinmigrante; y una lucha más severa contra los países que alimentan el narcotráfico.

Y los capítulos enteramente trumpianos golpean a América Latina.

El látigo de Trump sobre América Latina, después de un año en la Casa Blanca, parece estar siempre extendido sobre los países de la región que a su juicio hieren el America First. Todos ellos son víctimas de su furia. La usual estrategia de poder blando —como la practican Rusia y China para seducir a los latinoamericanos— ha sido reemplazada por amenazas, advertencias y escarmiento, un trípode autoritario que en algún momento deviene en resentimiento.

El America First cuyo blanco son los inmigrantes que llegan a EEUU, hiere a México y hoy mucho más a los pobres del Triángulo Norte (El Salvador, Guatemala y Honduras) que escapan de la violencia y de los males de la economía hacia el país del sueño americano, pero en el camino sufren todo tipo atropellos hasta en la más mínima dignidad de las personas.

El desaire a la reina Margarita II, también lo sufren en carne propia los mandatarios latinoamericanos y de una manera descarnadamente dañina. El presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no tuvo más remedio que poner en marcha un severo plan regulatorio cuasi policíaco ante la amenaza de Trump de colocar o subir aranceles al comercio que provocarían un enorme daño a la economía. Los países del Triángulo Norte enfrentan millonarios recortes de programas estadounidenses que habían contribuido a ciertas mejoras sociales, hasta que no le demuestren a Trump resultados concretos en la lucha contra los migrantes en sus fronteras.

Hasta la amigable Colombia, uno de los principales aliados históricos de Estados Unidos en la región, ha recibido el rezongo público de Trump por el aumento del negocio del narcotráfico que está haciendo estragos, pero sin reconocer Washington la responsabilidad que le cabe en este complejo problema. El pasado 29 de marzo, Trump dijo que el presidente Iván Duque es «muy buen tipo» [pero] no ha hecho nada por nosotros», una frase que descolocó al joven mandatario colombiano.

Al mismo tiempo, la política exterior estadounidense parece influida por las simpatías personales de turno de Trump que se refleja, por ejemplo, en el trato que le dispensa a su colega brasileño Jair Bolsonaro, con quien tiene un excelente feeling. Un vínculo aceitado por una música populista de derecha y una evidente coincidencia en el ejercicio de la política. Sin embargo, los mutuos mensajes de elogios en las redes sociales y promesas de alianza, todavía están en la órbita de las buenas intenciones.

Si no fuera porque la imagen menoscabada de China por la crisis en Kong Hong, uno se animaría a creer que el régimen de Xi Jinping tiene el campo algo despejado en América Latina como para hacerse sentir aún más en la región. Hay una evidente tendencia a la baja en la inversión estadounidense, e incluso hasta en los programas de asistencia, que deja una rendija abierta que puede ser aprovechada por Pekín, animada incluso por la guerra comercial de un final incierto.

A medida que China emerge como un rival más serio, las reacciones ásperas de Estados Unidos representan un riesgo.

«Vivita y coleando»

Un capítulo aparte merece el triángulo del terror conformado por el cáncer de Cuba y las metástasis en Venezuela y Nicaragua, el eje del mal que la Administración Trump ansía derribar a influjo de los halcones que rodean al jefe de la Casa Blanca.

Tres países, pero el mismo problema de dictaduras de izquierda que tiene como aliados naturales a China y Rusia, dos enemigos de EEUU en el marco de una incipiente nueva geopolítica en la que está en juego cambios en la hegemonía mundial.

Trump intenta evitar que ello ocurra, pero nadie sabe hasta dónde estaría dispuestos a llegar, y mucho menos luego de la sorprendente salida de John Bolton, como consejero de Seguridad, el pasado martes 10, un halcón combativo que se hacía sentir por sus recomendaciones de mano dura en Venezuela, pero también en Afganistán, Irán y Corea del Norte, que inquietaba a otros asesores del presidente. Muy sugerente es que la dimisión ocurra en un momento en que el jefe de la Casa Blanca está intentando abrir una ventana diplomática con algunos de sus demonios.

Hay que esperar los próximos pasos de Trump —el primero de ellos, conocer quién será el cuarto consejero de Seguridad— para saber si «la doctrina Monroe está vivita y coleando», como llegó a decir un entusiasmado Bolton, promotor de una guerra sin cuartel contra los enemigos de Washington, una postura extrema que hasta hace 48 horas el presidente decía que lo ayudaba en las negociaciones con sus enemigos.

En América Latina, los consejos de Bolton pudieron avanzar hasta la máxima comprensión de los torniquetes que asfixian a Cuba y Venezuela, pero que no han sido suficientes para la caída de ambas dictaduras. En el caso de Venezuela, peor aún porque cada día que Maduro sigue en Miraflores, significa un día más de frustración y de fracaso para Trump.

Es muy difícil proyectar el rumbo del barco que timonea un presidente temperamental que parece tomar decisiones impulsivas. Lo único que es seguro es de que existe una marca Trump en política exterior que está dejando huellas en un incierto mundo nuevo, de una feroz puja entre Estados Unidos y China por el poder económico y tecnológico, y que libra una pelea en solitario. Es un controvertido protagonista de una guerra fría del siglo XXI en la que América Latina, como ocurrió con la versión más ideológica del siglo XX, está quedando atrapada.

Es un presidente que no invade países como quisiera Bolton, pero está dispuesto a hacer una oferta para comprarlos.

Chile es uno de los países más desarrollados de la región. Los índices de desarrollo humano, corrupción, democracia y PIB per cápita lo sitúan como uno de los mejores lugares para vivir en Latinoamérica. En el área política siempre ha mantenido una alta estabilidad institucional, con presidentes moderados con origen de partidos políticos tradicionales.

El sistema político chileno fue prácticamente monopolizado en las últimas décadas, gracias a un sistema electoral fuertemente deforme, por dos grandes coaliciones de centroizquierda y centroderecha que gobernaron el país sin ningún trauma institucional. En las últimas elecciones parlamentarias, después de una reforma electoral impulsada por la expresidenta Michelle Bachelet, se corrigieron las deformidades y una nueva fuerza de centroizquierda —al estilo Podemos español—, el Frente Amplio, pudo irrumpir en el Congreso rompiendo la lógica binomial de la política chilena.

Bajo esas aparentes muestras de desarrollo y progreso se esconde una gruesa capa de insuficiencia, fruto de los actuales dirigentes políticos chilenos. No existe un debate profundo de un proyecto de nación a mediano y largo plazo. No existe en la política institucional una opción de modelo de desarrollo económico ni cómo aprovechar con más inteligencia las escasas riquezas naturales del país. Al mismo tiempo, el debate público es monopolizado por inmediateces mezquinas como alianzas electorales y candidatos presidentes viables, aun cuando el nuevo gobierno lleva instalado unos pocos meses.

Los partidos políticos no son los únicos responsables de su propia falta de visión. La coyuntura internacional entorpece el florecimiento de proyectos nacionales, ya que el acoso de una amenaza populista o radical acecha fuertemente a nuestros Estados latinoamericanos, tanto en la política internacional como a nivel interno. Sin embargo, es sorprendente que los partidos políticos y sus juventudes sean incapaces de articular un debate nacional respecto de los grandes problemas del país y de los desafíos que se ubican en un horizonte temporal muy cercano.

No sabemos cuál sociedad nos inspira, no tenemos idea de cómo la gran masa de trabajadores no sindicalizados (80 %) defenderán sus intereses, no sabemos cuáles serán las consecuencias sociales de una educación básica anclada en el siglo pasado o cómo generaremos riqueza, ya que nuestra producción está asentada en la comercialización del cobre bruto desde hace cien años. El país ni siquiera ha sido capaz de implementar un sistema previsional que no condene a los mayores a la miseria. Según la OCDE, Chile tiene la peor tasa de reemplazo, solo superior a México.

Es claro que estos problemas son abordados por fuerzas políticas y sus dirigentes. Algunos partidos y parlamentarios buscan proponer medidas a fin de mitigar, por ejemplo, los efectos de la automatización en el trabajo o el modelo educativo anticuado. Sin embargo, Chile necesita mucho más que eso. El país requiere un proyecto estratégico completo de desarrollo, que integre y articule propuestas y políticas de largo plazo que puedan en su conjunto apuntar el desarrollo integral del país, donde las grandes cuestiones coincidan en un entendimiento político en pro del futuro.

Chile no podrá nunca elegir con inteligencia un camino político si no hay una mínima claridad del destino. En los partidos, si bien son altamente institucionalizados, los niveles de democracia interna dejan mucho que desear y las redes clientelares no dejan que la inteligencia nacional ocupe los espacios de debate público en el proceso legislativo o en la misma administración del gobierno. Cada vez más es necesario articular un proyecto a largo plazo de metas y aspiraciones o la mediocridad monopolizará constantemente la vida nacional.

El 11 de agosto, el conservador Alejandro Giammattei (63) ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Guatemala con el 58 % de los votos frente a un 42,05 % obtenido por la ex primera dama de la nación, Sandra Torres. Fue un proceso electoral marcado por el absentismo, ya que solo un 42.71% llegó a las urnas, lo cual reflejó la apatía de la población.

Durante el proceso electoral, la candidata Sandra Torres trató de desprenderse de su reputación de izquierdista adoptando un vocabulario más comprometido con el statu quo. Por ejemplo, se mostró a favor de la familia tradicional y en contra de una ampliación de derechos para la población LGTBI. En las vallas publicitarias aparecía al lado del candidato vicepresidencial Carlos Raúl Morales y, abajo, su eslogan decía «Por ti y por tu familia».

Alejandro Giammattei, exdirector del sistema penitenciario en el gobierno de Óscar Berger (2004-2008), contendió por la presidencia por doce años. En el 2010, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) lo acusaron, junto a otros personajes, de haber participado en una ejecución extrajudicial de reos en la Granja Penal de Pavón. Giammattei estuvo preso por diez meses y luego fue absuelto. Su imagen ha sido la de un hombre apasionado por el país, tenaz e incorruptible. El eslogan de su campaña, centrado en la situación del país, era «Por una Guatemala diferente».

Los miradores electorales en Guatemala no contemplaron la variable religiosa pese a que el país sobresale en América Latina por su elevada proporción de población protestante (un 41% según el Pew Research Center, en 2014). El país cuenta con enormes iglesias neopentecostales y algunas de estas han sido escenario de cultos a los que asisten los candidatos electos para recibir las bendiciones de sus pastores. En otros casos, se coordinan enormes campañas de oración por la nación, que llevan a sus feligreses a orar a la Plaza Mayor.

Durante las votaciones se observó que a nivel local algunos protestantes formaron parte de las juntas departamentales y municipales electorales, así como de las juntas receptoras de votos, cuyo trabajo se iniciaba con oraciones y sermones que no necesariamente trataban de temas políticos, pero que espiritualizaban el ambiente de trabajo.

Por otro lado, se dieron iniciativas interesantes, como la de la Sociedad Bíblica de Guatemala (SBG) que, preocupada por la «crisis de principios», lanzó la campaña Un Gobierno como Dios Manda. La SBG exhortó a la ciudadanía a ejercer su derecho de elegir y ser elegidos basándose en la Constitución Política de la República, pero teniendo a «la Biblia como consejera». El canal 27, de corte neopentecostal, y cuyo eslogan dice «Reconciliando a Guatemala con Dios», convocó a jornadas de oración por los futuros gobernantes en las que se remarcó que «las personas idóneas que deben gobernarnos son quienes aman a Dios».

El foro presidencial #YoSoy Samuel – #OroEscuchoVoto del 10 de junio fue convocado por tres asociaciones evangélicas para que «los cristianos que amamos a Dios» pudieran «votar responsablemente guiados de la voluntad de Dios».

Durante el foro, ocho candidatos fueron interrogados sobre temas centrados en la moral y el testimonio personal de los presidenciables.

Sandra Torres indicó que antes de contestar quería agradecer a Dios por estar allí. Preguntada por el mayor error de su vida, la candidata señaló que este había sido «apartarse de Dios», pero que gracias a dos amigos suyos, que «la pastorean» logró «entregarle su corazón a Nuestro Señor Jesús». En mayo, y durante una entrevista radial que la candidata concedió a los mismos organizadores evangélicos del foro televisado, ella comunicó que fue católica pero que desde hace seis años es «cristiana».

Por su parte, Giammattei dijo que «hablar de errores es dar testimonio, para los que creemos en la palabra de Dios». Agregó que «el peor error que pude haber cometido fue cuando me dieron el diagnóstico de mi enfermedad que había sido muy cruenta conmigo. Esa noche yo traté de suicidarme. Dios no permitió que cumpliera con ese propósito…».

El foro lanzó otras preguntas para evaluar el pensamiento de los candidatos acerca de la familia, el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto. Torres dijo que recién acababa de firmar un acuerdo con la Asociación «Mi Familia Importa», que reúne a representantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala, algunas iglesias cristianas evangélicas y a la judía, y que había salido a las calles en la «Marcha por la vida» el año pasado. Sandra Torres se había comprometido además con el Movimiento Evangélico Nacional de Acción Pastoral (MENAP) para aprobar una iniciativa de ley que entre otras cosas criminaliza a las mujeres que deciden interrumpir su embarazo, a pesar de críticas de organismos internacionales, como Naciones Unidas. Giammattei rechazó el aborto pero recurrió al Código Penal y lo que este estipula sobre las circunstancias particulares bajo las cuales este sí es permitido.

Al final del foro se plantearon más preguntas que reflejaban la preocupación de las iglesias evangélicas. Un moderador incluso dijo: «La siguiente pregunta es una declaración: Usted representa a Guatemala, un país de trasfondo judeocristiano, un pueblo creyente en Dios, que ama y respeta a la familia como la base de la sociedad, así como la vida desde su concepción. Se compromete a velar por esta declaración?». Todos, incluyendo al candidato electo presidente, respondieron afirmativamente.

Los candidatos, sin excepción y en su avidez por recibir los votos de la numerosa población conservadora del país, se mostraron de acuerdo con lo que los convocantes deseaban escuchar. Evadieron responder de otra manera o, por lo menos, cuestionar las reglas del juego a las cuales se les estaba sometiendo, las que solo permitían una discusión maniquea.

Según la legislación guatemalteca, el Estado es laico. No obstante, desde siglos, los discursos y las creencias religiosas han permeado profundamente en las mentalidades de los guatemaltecos e inciden en su comportamiento, en la legislación y en las políticas públicas. En Guatemala no existe un voto evangélico per se. Sin embargo, los distintos procesos electorales han mostrado que los evangélicos o la población no católica tienden a votar acorde al comportamiento electoral que muestran los católicos y los agnósticos conservadores. Sin embargo, las iglesias y asociaciones religiosas juegan un papel interesante en posicionar los temas que les preocupan y de esta manera inciden en la población. Su acercamiento mediático a los candidatos está motivado por su oportunidad de incidir en ellos y trasladarles su agenda. Quizás y dadas las malas experiencias que hubo en el pasado con los presidentes protestantes (Ríos Montt, Serrano Elías y Morales), a la derecha religiosa del país no le interesa proponer figuras políticas protestantes que podrían desprestigiar a sus iglesias, sino más bien lograr que un candidato respalde sus proyectos conservadores.

En este sentido, aunque Torres se mostró discursivamente menos apegada que antes a un proyecto político de corte social, operó contra ella el rumor de que convertiría al país en una segunda Venezuela y de que había sido guerrillera. En la segunda vuelta, el antivoto contra Torres, la sandrofobia, favoreció a Giammattei. Al presidente electo le quedan por delante innumerables tareas, entre ellas el abordaje de las cada vez más frecuentes violaciones sexuales contra menores de edad, la maternidad temprana; la aplicación de políticas de protección social para miles de familias no tradicionales. Queda por ver cómo se desarrollará la relación entre los grupos evangélicos y el Gobierno cuando estos temas sean debatidos.

Revela la manera apropiada de captar la atención, ocupar un sitio en la memoria y motivar la acción de un elector. Escrito por el consultor colombiano Carlos Andrés Pérez. Editado por CAEP.

Lo que antes fue pensado como el sueño de la conectividad ¿está logrando dividirnos más? ¿A quién o quiénes sirven mejor las nuevas plataformas de publicidad digital con microtargeting? ¿A los moderados y al discurso racional, o a los populistas y encantadores de serpientes? Esta no es una reseña. Es la síntesis de nuestra incertidumbre.

El documental de Netflix Nada es privado (en inglés The Great Hack), dirigido por Karim Amer y Jehane Noujaim, y escrito por Amer y Erin Barnett, nos deja una nube de preguntas, preguntas inconclusas, porque a fin de cuentas: ¿son estas cosas las que realmente necesitan respuesta? ¿O son otras que siquiera contemplamos aún?

Enfoca la vinculación entre Facebook/WhatsApp, su oferta publicitaria, el manejo abusivo de los datos y el ascenso (y mantenimiento) de movimientos como el que llevó a Donald Trump al poder, o marcó el triunfo del brexit en Inglaterra, o sirvió de contexto para el ascenso de Jair Bolsonaro en Brasil, o potenció el discurso xenófobo y racista en diversos puntos del mundo. Abuso, mentiras, fake news, alteración de la realidad. El trabajo desarrolla toda la trama del escándalo Cambrigde Analytica mostrando la interna de la consultora. En ese aspecto deja un sabor amargo, de revancha, pero saca a la luz un contingente de información que servirá al público a la hora de tener una idea sobre qué pueden hacer las multinacionales de las redes sociales con nuestros datos personales.

¿Este es el mayor reto que tiene por delante la democracia? ¿Es esta práctica de manejo de datos la que puede llevar al colapso el sistema vigente?

En su cierre, el documental deja ver que el manejo de los datos no solo puede ayudar a que outsiders, antisistemas y populistas lleguen al gobierno, erosionando la percepción positiva sobre la institucionalidad democrática en el camino, sino que puede ser la herramienta más eficaz para mantenerlos en el poder. La microsegmentación a partir de los cientos de puntos de información que deja nuestro rastro en Internet, ¿sirven para un espejismo fugaz o para cambiar una condición de forma permanente? Pero, ¿es totalmente así? Trump y Bolsonaro, por ejemplo, han visto descender su popularidad progresivamente desde que fueron electos presidentes. La campaña a la reelección del presidente estadounidense en 2020 será una prueba de fuego para esta tesis.

¿Y luego? Luego de la comprobación de la incidencia efectiva de las plataformas de publicidad de las redes en la conducta de los electores de una forma nunca vista antes, ¿qué sigue? ¿El caos? ¿El conflicto contra el Estado? Nuestro presente es el de una civilización con potencias desconectadas y en permanente tensión midiendo quién aprieta primero el detonador. ¿La falta de acuerdo en temas vitales para la humanidad como el cambio climático o la defensa de los derechos fundamentales es apenas un prólogo?

Cuando la evolución del teléfono introdujo la novedad de los call centers o el mensaje de texto (SMS) permitió estrategias de campaña impensables en la era del papel y el lápiz (hace apenas treinta atrás, un átomo en la historia universal), ¿el mundo democrático tuvo tal avalancha de interrogantes? ¿Alguna vez fuimos tan interpelados como ahora? ¿Nos vimos tan al borde, tan al límite? ¿Tan rehenes?

Posiblemente no, por eso estas palabras —en 24 horas o menos— serán un recuerdo microscópico en la historia y de inmediato tendremos otras más desafiantes.

Pareciera que estamos ante problemas de naturaleza diferente: por un lado, el abordaje de retos como el de la privacidad de los datos (algo sobre lo que se habla poco o nada en la prensa y en las redes sociales) y su manejo por corporaciones con capacidad organizativa, logística y financiera mayor a muchos países juntos; y por otro, el acuerdo de nuestra propia clase dirigente para acordar este abordaje.

Es decir, nuestro problema es el problema en sí mismo, pero también el acuerdo (también la forma y el tiempo) que necesitamos para atenderlo.

Nada es privado lo sugiere en su síntesis final: «divide y vencerás», una estrategia quizá no inscrita en las bases de plataformas como Facebook y WhatsApp, pero sin duda sí en la obra que le están dejando al mundo.

En el universo de estas corporaciones, la intriga, el acceso al poder y el control de la información son elementos en permanente articulación. Mientras jugamos en nuestros celulares o leemos noticias falsas, opera toda una industria de los datos lucrando e inclinando la balanza a su favor.

Cuando comencé a usarla en el año 2006, Facebook era una red que me conectaba con gente similar. Hoy es un océano de memes, publicaciones alegres, videos divertidos y controversia. Unos algoritmos dominan lo que «queremos» ver y escuchar. Mientras menos importante, mejor, ya lo advirtió Mario Vargas Llosa en su fulminante ensayo La civilización del espectáculo.

Vea el tráiler del documental Nada es privado.

Si algo distinguió al candidato Andrés Manuel López Obrador fue su capacidad de hacer de la cercanía con el electorado una herramienta clave de su triunfo electoral.

Varios años de recorridos por todo el país, escenas de empatía ante los miles que se acercaban a él con demandas de apoyo, un contacto franco y abierto que antepuso a las clases más marginadas de un México en el que más de la mitad de la población padece algún nivel de pobreza.

Un sensibilidad política que, en suma, dio voz y espacios de participación pública —a través de su partido Morena— a un amplio sector de la población que el pasado 1 de julio accedió a cargos de elección sobre una ola de popularidad que reconfiguró un sistema en el que las fuerzas políticas tradicionales (PAN, PRI y PRD) quedaron relegadas a ser una oposición minoritaria en el Congreso de la Unión.

Tras nueve meses de ocupar la titularidad del Poder Ejecutivo, y en el marco del primer informe de gobierno, fecha emblemática del presidencialismo mexicano, los resultados de López Obrador trocaron esa empatía por una indolencia que se ha convertido en uno de los rasgos más representativos de su ejercicio del poder.

Y es que si algo distingue las posturas y decisiones del presidente mexicano ante cada crisis a la que se enfrenta es su tendencia a restar importancia y rebajar la gravedad de aspectos que son determinantes para cualquier población: la economía, la seguridad y la salud.

Por lo que toca a la seguridad, tres tragedias demuestran cómo la retórica y la buena intención no bastan para solucionar uno de los problemas más graves y aciagos del país: en primer lugar, la muerte por quemaduras de más de cien personas que robaban combustible de un ducto abierto, el pasado 18 de enero, frente a las fuerzas del orden que no intervinieron ante una situación que ponía en riesgo la vida de familias enteras.

En segundo lugar, la violación tumultuosa de una mujer menor de edad —quien acudió a denunciar un caso de abuso— por policías de la Ciudad de México, lo que visibilizó no solo la corrupción e impunidad en la urbe sino que además devolvió al debate público el tema de los feminicidios en el país.

Se suma a lo anterior el asesinato de más de 25 personas en un bar del estado de Veracruz a manos del crimen organizado, el pasado 27 de agosto, perpetrado con bombas incendiarias.

Ante estos tres lamentables hechos, la reacción del presidente fue una indiferencia que pretende rebajar la gravedad de que su gobierno ha sido el más violento de la historia reciente del país, con más de 20.000 asesinatos en nueve meses. Incluso con declaraciones como «hay que portarse bien» demuestran una insensibilidad que hiere y resulta inaceptable por su ligereza e indolencia.

En lo que respecta a la economía, y ante el anuncio del Banco Central de que el crecimiento del país sería nulo, aunado a la magra capacidad de crear empleos, la respuesta del mandatario mexicano fue la descalificación de las instituciones que realizan ambas mediciones, así como el achacar la culpa —lo mismo que en los casos de inseguridad— a las administraciones anteriores.

Ningún viso de tomar medidas para corregir un rumbo a todas luces deficiente e inoperante; antes bien, la salida fácil de arremeter desde sus cotidianas conferencias de prensa matutinas contra organismos autónomos encargados de evaluar al gobierno, así como responsabilizar al neoliberalismo de las malas decisiones y defender la entrega directa de recursos a diversos sectores de la población como estrategia, más cercana a la demagogia y al paternalismo que a la activación del sector productivo.

El desabastecimiento de medicinas en el sector salud es, por otra parte, otro de los grandes problemas que enfrenta hoy el país, fruto de nuevas licitaciones aún inconclusas pero también de recortes presupuestales y cancelación de programas de asistencia social que han llevado a que incluso niños enfermos y sus padres se manifiesten públicamente en busca de soluciones.

Imágenes, entrevistas y videos son las herramientas que permiten presenciar el dolor de familias que de manera literal claman por ayuda frente a un gobierno de nueva cuenta indolente, incapaz de sensibilizarse ante casos de extrema urgencia y que en cambio prefiere denunciar «guerra sucia» en su contra, descalificar a la prensa por sus coberturas o acusar opositores de no ver un México que el propio López Obrador califica de «feliz, feliz, feliz».

La banalidad al enfrentar crisis severas de la Administración demuestran una indolencia que indigna, que busca disfrazar la incapacidad de actuar con determinación y efectividad, y que ante todo pretende responder con retórica y polarización de la ciudadanía frente a situaciones que exigen pericia, capacidad, técnica y no solamente criterios políticos.

Con los resultados de su primer informe de gobierno en materia de seguridad, salud y economía, López Obrador deja en claro que ese distanciamiento de la sociedad, recubierto de estrategias mercadotécnicas que pretenden demostrar una cada vez más inexistente cercanía, es también un escudo ante la realidad: la realidad de un país que padece la ineficiencia de su gobierno en los temas más urgentes.

Hablar de Ecuador es complejo, tratar de entender su política es un reto. En 2007, Rafael Correa y Lenin Moreno fueron elegidos presidente y vicepresidente de la República del Ecuador, respectivamente, por el movimiento socialista Alianza País (AP). Para el período 2009-2013, el binomio fue reelecto. Al finalizar ese mandato, Moreno fue designado como enviado especial sobre Discapacidad y Accesibilidad en la ONU. Entonces, para el tercer y último periodo de Correa (2013-2017), el vicepresidente fue Jorge Glas.

En los diez años del correísmo (2007-2017), Correa y Moreno ostentaron una admirable hermandad. Así, en las elecciones presidenciales de 2017 resultó triunfante la candidatura de Lenin Moreno y Jorge Glas, por Alianza País. Parecía la fórmula perfecta, nada mejor que todo siga entre «amigos». Cuando Moreno asumió el poder, era claro que tenía el respaldo de los fervientes seguidores de Rafael Correa; no obstante, esa relación pasó, para sorpresa de todos, del amor al odio.

El presidente Moreno impulsó el llamado Diálogo Nacional, manejó un discurso de anticorrupción —que luego fue tornándose en un intento de depuración de varias figuras principales del correísmo— y los medios de comunicación dejaron de ser asfixiados. Así, para Correa, inició la «traición» de Moreno, según declaró en una entrevista al canal Telesur. Al comienzo de su mandato, la oposición tradicional al oficialismo estaba unida y empecinada en el juicio político del entonces vicepresidente Jorge Glas (actualmente en la cárcel por asociación ilícita). En la década de Correa, el principal líder opositor al gobierno fue Guillermo Lasso, del partido liberal-conservador CREO, candidato a la presidencia en 2013 y 2017. Sin embargo, con Moreno, el panorama se mostraba difuso, porque este estrechó las manos, literalmente, de aquellos a quienes en la década de su antecesor era impensable, por ejemplo: Jaime Nebot, líder del partido conservador Social Cristiano (PSC), y Mauricio Rodas, entonces alcalde de Quito por SUMA. Incluso calificó a Lasso de agradable y gentil, durante el Informe a la Nación en 2018. Asimismo hubo acercamientos al movimiento indígena y se establecieron mesas de diálogo con diversos grupos. Moreno parecía que estaba curando las heridas del pasado, se estaba distanciando de Correa y reconciliándose con sus antiguos detractores. Así, la oposición verdadera al Gobierno nació del ala correísta. Dejaron Alianza País y constituyeron el Movimiento Revolución Ciudadana, y la parte que quedó en AP es ahora el ala morenista. Estos últimos se juntaron, de cierta manera, con la oposición tradicional.

El respaldo a Moreno se fortaleció tras la consulta popular del 2018, en la que se eliminó la reelección indefinida (un blindaje contra el posible regreso de Correa, quien ahora tiene orden de captura por el caso Sobornos 2012-2016, investigación de la Fiscalía General del Estado sobre supuestas contribuciones económicas ilegales de contratistas a las campañas del movimiento Alianza País), y también con el triunfo de ciertos aliados en las elecciones seccionales del 2019, como el del movimiento de centroizquierda Democracia Sí, liderado por Gustavo Larrea —antiguo allegado del gobierno de Correa y Moreno—, uno de los que más alcaldías y prefecturas obtuvo a nivel nacional.

Ahora bien, entre rupturas y reconciliaciones, ¿qué ha pasado con la oposición tradicional? Tras las elecciones de 2017, en el marco del Diálogo Nacional, Moreno se reunió con Dalo Bucaram, ex candidato presidencial e hijo del expresidente Abdalá Bucaram, para compartir ideas sobre la lucha contra el microtráfico (venta de drogas en pequeñas cantidades) Poco después, Correa aseguró que la Corporación Nacional de Electricidad fue entregada a los Bucaram. Esto no ha sido comprobado y las autoridades lo han desmentido. En este mismo sentido, Moreno invitó también a otros ex candidatos presidenciales a unirse a su iniciativa de diálogo. Tras las recientes seccionales, Moreno organizó un encuentro con las nuevas autoridades municipales. La electa alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, del PSC, no asistió. No obstante, el presidente le ha hecho públicos elogios, le hizo una visita en julio de 2019 y son evidentes sus intentos de entablar relaciones con el PSC. Estos apoyos, de alcanzarse, serían móviles y de corto plazo, porque el PSC tiene la intención de lanzar la candidatura de Jaime Nebot para las elecciones presidenciales de 2021 y podría pensarse que es más conveniente mostrar una imagen de cambio y quizás no una de alianza con el gobierno actual.

El bloque del PSC en la Asamblea Nacional respaldó que se investigue al presidente por posibles bienes en paraísos fiscales y Jaime Nebot ha criticado decisiones presidenciales, sin la misma fuerza que en los tiempos de Correa pero mostrando que el PSC parece esquivarse de negociar con el oficialismo y opta por trabajar en propia agenda electoral. Al hablar de CREO, Lasso ha manifestado no estar de acuerdo con el modelo económico y social de Moreno; además de considerar que su periodo no es de cambio, sino de transición. En una entrevista con Martín Pallares y José Hernández del equipo 4pelagatos en diciembre 2018, Lasso comentó también que Moreno «rompió con Correa, no con el correísmo». Igualmente, mostró en ese mismo debate sus intenciones hacia 2021 y el deseo de ya no voltear al 2017, cuando quedó segundo y alegó fraude electoral.

Por otro lado, en mayo de 2019, en la Asamblea Nacional se estableció un acuerdo por la gobernabilidad entre los bloques parlamentarios Alianza País-Aliados, CREO, la Bancada de Integración Nacional (BIN) y la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI). Esto con la finalidad de generar una agenda articulada y multipartidista. También se eligió a las nuevas autoridades del Consejo de Administración Legislativa, máximo órgano de administración legislativa, donde AP obtuvo 3 de 7 cargos, movimiento que en el primer periodo legislativo 2017-2019 tenía 5 de 7 puestos. No obstante, han surgido otros temas controversiales con divididas opiniones, en este tiempo, como el retiro del asilo a Julian Assange y el anuncio de un acuerdo con el FMI; sin duda, una medida impopular con alto costo político, respaldada por Lasso, rechazada por Nebot y repudiada por aquellos que lo ven como un giro neoliberal.

En conclusión, la verdadera oposición que tiene el gobierno actual es de aquellos nostálgicos de Correa. El trato con CREO, PSC y otros partidos es cordial, su oposición será para el 2021 y lo más destacable de esto es que, de momento, una fuerza política ya no acapara todo el poder. Se ha intentado recuperar, de cierta forma, el sentido de democracia aunque las condiciones del país parecen estar estancadas.

Todas las guerras y todos los procesos de paz que intentan eventualmente finiquitarlas son imperfectos. Es decir, las causas por las que se va a la guerra no son siempre probada y moralmente transparentes y, a la vez, los esfuerzos por detenerlas no son del todo diáfanos y completos. El cíclico caso colombiano, con su espiral de violencia de más de medio siglo, se ajusta a ese canon, y su sociedad, aunque debiese unirse en torno a la reconciliación, aún es presa de los alegatos y las diferencias.

El mes de agosto se despide con una noticia que nadie quería escuchar: el anuncio de una disidencia de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de volver formalmente a las armas, nada menos que bajo el liderazgo de dos de los miembros de la delegación que negociaron el acuerdo de paz con el gobierno colombiano del entonces presidente Juan Manuel Santos: Iván Márquez y Jesús Santrich. La imagen es anacrónica: un video probablemente rodado en Venezuela con una arenga de amenazas en que sus protagonistas empuñan armas cubiertos de camuflado, revelando su anemia ideológica.

Es el último efecto de una desconfianza que ha ganado terreno. La promovida de antaño por la derecha crítica al proceso de paz, encabezada por el expresidente Álvaro Uribe y gestionada a cuentagotas por su designado presidente Iván Duque, y la promocionada con absoluta torpeza y dolo por parte de la misma vieja guerrilla, que en un cercano diez por ciento de sus antiguos ocho mil combatientes no han aceptado los acuerdos, no se han sumado a los planes de reincorporación, han rechazado la justicia transicional que ellos mismos aprobaron o han reincidido en prácticas ilícitas.

¿Cuál es el camino a seguir? El más fácil, el de retroceder al absoluto statu quo de la guerra, no es viable. Ni el actual gobierno de talante uribista lo intentaría. Por eso hay que diferenciar con claridad y autoridad entre los exguerrilleros que permanecen fieles al acuerdo de paz y los que no lo hacen. Frente a los primeros deben seguir primando las garantías de reinserción social, participación política y la solidaridad de los colombianos, y frente a los segundos el peso de la ley y la respuesta militar si es necesaria, bajo el marco del Estado de derecho. Lo dice el propio líder de las antiguas FARC en democracia, Timochenko: «Proclamar la lucha armada en la Colombia de hoy es un error delirante».

El joven presidente Duque tiene la oportunidad de demostrarle al país su liderazgo, de probar que durante su primer año aún gris en el cargo ha hecho el aprendizaje necesario para manejar una coyuntura como esta y todas las inesperadas que puedan avecinarse. Mientras tanto, los colombianos están más obligados que nunca a defender su búsqueda de la paz, por imperfecta que sea, esperando que la comunidad internacional no los abandone.

«Ser libre no es solo deshacerse de las cadenas propias,
sino vivir de una forma que respete y mejore la libertad de los demás.»
Nelson Mandela

En México, a pesar de las leyes pro derechos humanos, la violencia contra las mujeres ha alcanzado niveles extremos y tiene su expresión más cruda en el feminicidio, forma extrema de la violencia de género que es producto de la violación de los derechos en los ámbitos público y privado, basada en una concepción de la mujer que la nulifica como persona y la cosifica; esta violencia se encuentra, además, manifiesta en un conjunto de conductas misóginas en el marco de un Estado donde impera la impunidad social.

Nuestra cultura tolera, encubre, normaliza, invisibiliza, socializa y naturaliza estas violencias contra las mujeres, lo que genera un panorama de incertidumbre, dolor y menoscabo. ¿Cómo creer entonces que otra realidad sea posible? ¿Cómo detener una espiral de la violencia que pareciera extenderse y arraigarse en la sociedad?

La magnitud y cronicidad de los crímenes contra las mujeres coloca al país en una dinámica de desastre social. La violencia de género se presenta en todas sus manifestaciones y, tan solo en la Ciudad de México, de enero a julio de este año existe registro de 862 víctimas del delito de violación, de las cuales 124 fueron violaciones equiparadas y 18 tumultuarias; la edad de las víctimas va desde los 2 hasta los 72 años.

Estos son los datos que se conocen, las cifras oficiales que se conforman a partir de las denuncias legales. Sin embargo, también el acceso a la justicia para las mujeres es un ámbito en donde la desigualdad y la discriminación se reproducen grotescamente, lesionando así no solo sus derechos humanos sino que, además, produce lo que se conoce como la doble victimización, que lleva a que muchas de las víctimas no acudan ante la autoridad.

Tal es el caso de una joven de 17 años de edad en México, quien al presentarse ante la justicia para denunciar un acto de violencia de género fue víctima de una violación tumultuaria por parte de agentes policiales. La mujer, al denunciar de manera pública estos aberrantes hechos, fue acusada por el Gobierno de la ciudad de inventar las agresiones sexuales padecidas.

Ante estos hechos, numerosos colectivos feministas tomaron las calles de la Ciudad de México el pasado 16 de agosto, manifestando su rechazo ante esa barbarie social e institucional. Voces de mujeres que expresaron su rabia ante lo padecido por la adolescente, rabia justificada sin duda, rabia que como todo sentimiento de indignación profunda llevó a disturbios y vandalismo, rabia que es fruto de una injusticia y de una condición de vulnerabilidad que pareciera no tener forma de contenerse ni cuenta con estrategias claras para al menos mitigarse.

La respuesta del Gobierno, una vez más, demostró su insensibilidad frente a un complejo problema social: se calificó a las manifestantes de «provocadoras», se minimizó la gravedad del asunto de fondo —la creciente violencia de género y la doble victimización— con un llamado a «portarse bien», y se polarizó la opinión pública ante una demanda justa y necesaria, dividiendo a las propias mujeres bajo el lema «No nos representan».

Exigir una vida libre de violencia, visibilizar las terribles condiciones a las que se enfrenta quien acude a buscar una solución legal, señalar las enormes deficiencias de una justicia discriminatoria, parcial e inconclusa, alzar la voz frente a una nueva vejación, a la que se suman otras miles y que llevan a que México sea el país con mayor número de feminicidios de Latinoamérica (según datos de la CEPAL) son, cada una, causas suficientes para que las mujeres se unan en torno a este tipo de sucesos.

Esa unidad y esa sororidad son las mismas que distinguieron a las feministas del pasado, quienes lucharon para que hoy las mujeres tengan acceso al voto, a acudir a las universidades, a acceder a un trabajo, a manifestar sus ideas, a hacer visible la violencia doméstica, a acceder al derecho a la propiedad y a decidir, entre muchos otros que para algunas de nuestras abuelas eran impensables.

Perder la vida en un estallido violento familiar, al salir a la calle o al abordar un trasporte público continúa siendo un riesgo cotidiano para las mujeres mexicanas, y los acontecimientos reseñados nos hacen salir nuevamente a gritar al unísono, hasta asegurar que el Estado de derecho, la seguridades y libertades personales sean garantizados ante el aumento de la violencia y el desmembramiento social.

Es urgente en ese sentido promover una cultura de respeto hacia las mujeres y las niñas, para derrotar los mitos y prejuicios de la subcultura machista, transformar esas estructuras de desprecio en una sociedad en donde exista la igualdad, el respeto de los derechos humanos, la participación igualitaria de género en la toma de decisiones de la vida familiar, social, laboral, económica y cultural.

El movimiento feminista se hace presente para insertar las necesidades y problemas de las mujeres en la agenda política. No es pues una insurrección, es una exigencia de justicia social ante la evasión de las autoridades en la aplicación de las leyes que hacen visibles y exigibles su derecho a una vida libre de violencia.

La lucha por la igualdad ha sido una constante para las mujeres, no contra los hombres, no contra el sistema; es una lucha por el reconocimiento a la dignidad y por mejorar las oportunidades de vida para las generaciones de mujeres de hoy y de mañana.

Por todo ello, no solo me siento representada: ¡soy parte de ellas!

«Luchar por los derechos de las mujeres a menudo nos convierte
en sinónimo de que odiamos a los hombres.
Solo sé que algo es cierto: necesitamos detener estos pensamientos»
Emma Watson

No es la primera vez que ello ocurre. En varias oportunidades, y generalmente cuando la estabilidad del régimen revolucionario se ha visto amenazada, la opción del diálogo facilitado por terceros ha emergido para ayudar a calmar los ánimos.

El patrón es recurrente. La revolución, como tal, avanza, y lo hace vulnerando los límites constitucionales que ella misma se dio en 1999. Las fuerzas de oposición y la población que sufre las consecuencias del proyecto revolucionario se resisten, emplean hasta donde se puede los mecanismos institucionales y, cuando estos se ven bloqueados, se movilizan en las calles. Se produce entonces, más que un conflicto violento, la represión violenta del Estado y de grupos paramilitares afines a la revolución. Se cometen masivas violaciones de derechos humanos. El hecho despierta inquietudes en el seno de las fuerzas armadas y en la comunidad internacional, y se recurre entonces a negociaciones directas que ayudan a bajar las tensiones.

En cada ocasión se presentan nuevos elementos, actores y modalidades de diálogo. Sin embargo, el resultado hasta ahora ha sido siempre el mismo: las aguas se calman, la revolución recobra una mínima estabilidad y al poco tiempo eventualmente retoma su inexorable propensión hacia el control absoluto. Un control omnímodo y de naturaleza totalitaria que, dicho sea de paso, se manifiesta en decisiones de gobierno que condujeron a Venezuela a una insólita depauperación. Durante años la situación ha ido empeorando, hasta convertirse finalmente en un problema de repercusiones regionales que demanda (¿quizás ahora sí) un tratamiento más definitivo.

Sin embargo, se tiende a insistir una y otra vez en el diálogo facilitado por terceros, por varias razones. Por un lado, a nadie convienen los estallidos de violencia. Mientras quienes retan al Estado están desarmados y sufren la represión en carne propia, quienes gobiernan saben que la desobediencia continua mina la legitimidad que todo régimen requiere para mantener su vigencia. La comunidad internacional, por su parte, procura la estabilidad que toda violencia tiende a socavar. Por otro lado, la solución pacífica y negociada es lo que dicta la conciencia y el sentido común a toda persona sensata, y sobre todo a quienes no quieren ver mayor sufrimiento en Venezuela.

Desde esa sensatez se insiste en buscar un punto de acuerdo, una visión compartida, una solución aceptable para los grupos en conflicto. Se ha intentado en 2002-2004, cuando Hugo Chávez era presidente, con el apoyo de la OEA y el Centro Carter, y se ha intentado al menos cuatro veces con Nicolás Maduro en el poder. No obstante, y hasta ahora, el resultado de todos estos intentos ha seguido siendo la desmovilización de la oposición, su reinserción en la institucionalidad viciada que controla el chavismo, y el consiguiente reequilibramiento de su régimen autocrático.

Dicho patrón es tan pertinaz que la misma palabra diálogo se ha convertido en objeto de suspicacia para buena parte de la población venezolana. La otra parte suele insistir en las virtudes generales del diálogo como mecanismo para la solución de controversias. Y así, la defensa de posiciones y actitudes a menudo complica el examen de la realidad concreta. Lo que esta nos muestra no es que el diálogo sea positivo o negativo en sí mismo, sino que las modalidades facilitadas por terceros que se han aplicado en Venezuela no han demostrado ser exitosas, al menos para quienes aspiran no solo a la calma relativa sino también al restablecimiento de un régimen democrático que permita implementar, además, políticas radicalmente distintas a las que produjeron la actual emergencia humanitaria.

Uno de los problemas que se repiten en estos diálogos y negociaciones es la percepción, por parte de actores y comentaristas relevantes, de que los sectores enfrentados son equivalentes, así como la insistencia en abordar el conflicto de ese modo. Cuando los grupos que se enfrentan en un contexto de aguda polarización muestran posiciones y comportamientos relativamente equivalentes (ambos tienen objetivos netamente políticos, enarbolan una idea del bien común, se preocupan por la gente y se sienten en alguna medida responsables por su suerte, experimentan bajas en sus filas y las provocan en sus adversarios, aspiran a instaurar un sistema axiológico o normativo, etc.), la generación del espacio de acuerdo puede ser sumamente ardua, pero los intereses de ambos grupos tienden a poder ser expresados dentro de una misma gramática, por así decirlo.

En ese tipo de circunstancias, la búsqueda de un punto medio o modus vivendi de tolerancia mutua puede y suele tener algún mínimo sentido. ¿Pero qué pasa cuando quien maneja las armas no muestra interés por la gente, propicia una emergencia humanitaria compleja con sus políticas, desatiende sus propias ideas acerca del bien común, diluye el monopolio de la violencia por parte de la fuerza pública, ha estructurado un sistema de expolio de dimensiones descomunales y afronta cargos por delitos de todo tipo (no solo de carácter político) en diversos países? ¿Qué pasa cuando quienes se enfrentan a estos actores son básicamente ciudadanos desprovistos de sus derechos y de la posibilidad de ejercer violencia? ¿Cuál ha de ser el papel de terceros en esta tesitura, sobre todo si entre estos terceros hay, al mismo tiempo, aliados de los ciudadanos y aliados de quienes pueden ejercer la violencia?

A estas alturas es un error abordar el conflicto venezolano como si estuviera marcado por una profunda polarización. El chavismo ha ido perdiendo la condición de proyecto político que alguna vez tuvo, en la medida en que sus prácticas recaen cada vez menos en el ámbito de lo político y cada vez más en el ámbito de la actividad criminal. Por lo tanto, la negociación en Venezuela guarda similitudes notables, más bien, con la que tiene lugar en una situación de rehenes, o cuando la policía intenta desarticular una organización criminal. En tales casos, el objetivo de las negociaciones no es avenir a secuestrados y secuestradores, o aceptar las actividades criminales en el seno de la sociedad. El objetivo es salvar vidas, restablecer la vigencia del orden legal y neutralizar a quienes lo vulneran, especialmente a quienes representan una amenaza para los demás.

Afortunadamente, hoy en día hay indicios de que al menos una parte de los actores involucrados en las negociaciones de Venezuela (que van mucho más allá de Oslo y Barbados) comprende cada vez más lo que hay en juego.

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El ajedrez de la Unión Europea ya no es el mismo de hace un par de años. El Brexit, el crecimiento de las ultraderechas y los realineamientos estratégicos de algunos países nos llevan a un nuevo escenario. ¿Hacia dónde va la Unión Europea?

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Cuando acusaciones judiciales acompañadas de calles colmadas obligaron en 2015 a renunciar a Otto Pérez Molina, en Guatemala se inició un proceso que dio lugar a otros dos presidentes con trasfondos bien distintos: primero un comediante llamado Jimmy Morales y luego Alejandro Giammattei, un exjefe de prisiones que ganó las elecciones el pasado domingo. La corrupción de la que se los acusó de ser parte y su relación con el principal órgano que la investiga, la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), sirven para encuadrar a cada figura.

La CICIG abrió la caja de Pandora y el primero en ser golpeado fue el general retirado Otto Pérez Molina. Esta comisión internacional investigadora funcionó a partir de la selección del colombiano Iván Velásquez como comisionado en 2014 para evidenciar junto al Ministerio Publico la corrupción endémica que atraviesa el país y que tiene como raíz el financiamiento ilegal de la política. Al denunciar a Pérez Molina de ser la cabeza de una mafia aduanera que recibía sobornos a cambio de brindar ayuda para evadir impuestos y resolver trabas en las importaciones se sucedieron una serie de manifestaciones que produjeron que el Congreso le retirara la inmunidad judicial y, sin apoyos, no le quedó otra que renunciar. Querido por pocos, Pérez Molina es el feo.

Ante la gran agitación popular era de esperar que las elecciones del año siguiente giraran en torno a la lucha contra la corrupción, y quien mejor pudo levantar esa bandera fue Jimmy Morales. La presencia de este humorista outsider de solo 46 años pudo capitalizar el gran descontento por la política que todos los días se acrecentaba por los hallazgos de la CICIG y con relativa facilidad asumió el poder a principios del 2016.

En un principio, Morales se comprometió a apoyar el desempeño de la CICIG, pero bastó con que lo empezara a investigar a él y a su círculo cercano, para ir contra ella y su comisionado Iván Velázquez. En particular, causaron malestar las acusaciones por fraude y lavado de dinero a miembros de su familia y la solicitud de retirarle la inmunidad judicial por presuntamente haber ocultado información financiera y contable de su partido durante la campaña.

De esta forma, la historia de Pérez Molina se repetía con la figura que ascendió con la promesa de ser todo lo contrario. Aun así, los diferencia mucho su reacción; mientras Pérez Molina se mostró pasivo, Morales se arropó el papel de malo y arremetió con todo contra la CICIG. Por un lado, ordenó el cierre prematuro de este comité internacional, una decisión que luego fue revocada por la Corte de Constitucionalidad. Sin embargo, la maniobra a la que más tarde acudió Morales fue no renovar el mandato de la CICIG, que termina el 3 de septiembre de 2019. Pero yendo aún más allá, Morales aprovechó una gira de trabajo en el exterior del comisionado Iván Velázquez para no permitir que regresara al país y continuara investigando. En este caso, la Corte de Constitucionalidad volvió a dejar sin efecto la decisión, pero Velázquez sigue sin volver por considerarlo un inconveniente si eso significa generar mayores convulsiones en el país, y mucho más en el marco de unas nuevas elecciones.

La segunda vuelta de estas elecciones, celebradas el pasado domingo 11 de agosto, consagró como presidente electo con un 58,1% de los votos a Alejandro Giammattei, dejando muy atrás a Sandra Torres con un 41,8%. A lo largo de su campaña, Giammattei se comprometió a luchar contra la corrupción pero se opuso a renovar el mandato de la CICIG. Difícilmente tenga buenos recuerdos del mismo Comité que hace unos años lo acusó de participar en la presunta ejecución extrajudicial de siete reos cuando dirigió el sistema penitenciario entre los años 2005 y 2007. Por esta causa, estuvo diez meses privado de su libertad hasta que un juzgado declaró la falta de pruebas. Así las cosas, Alejandro Giammattei asumirá el próximo 14 de enero la conducción de un país asolado por la corrupción y sin la exitosa herramienta que fue la CICIG para investigarla. Si entre los últimos tres presidentes él es el bueno, eso está por verse.

Publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 16 de agosto de 2019.