Durante tres elecciones el Frente Amplio (FA) se acercó al 50 % de los votos (emitidos). En 2004, 2009 y 2014, por eso mismo, conquistó la mayoría parlamentaria. En la elección de 2019, en cambio, sufrió una retracción de apoyo significativa (rozó el 40 %). Su bancada parlamentaria se redujo significativamente (perdió dos senadores y ocho diputados). El FA disminuyó su caudal electoral disminuyó en casi 200.000 votos. Siete de cada diez votos que perdió el FA corresponden a votantes del interior del país. No es tan difícil de explicar lo que está pasando. La izquierda pierde apoyo porque la economía crece poco, la fractura social persiste y la sensación de inseguridad persiste. Además, la promesa de hacerlo mejor durante un cuarto período se vuelve, inexorablemente, menos persuasiva. De todos modos, sigue siendo el principal partido político de Uruguay. Mostró que sigue siendo un partido vibrante, para usar la espléndida categoría acuñada por nuestro colega Fernando Rosenblatt. La identidad sigue viva. La capacidad de movilización también. El proceso de renovación de liderazgos, imprescindible para cualquier partido que aspire a perdurar, está en marcha. Habrá que prestar en el futuro especial atención a Óscar Andrade, Mario Bergara y Yamandú Orsi, entre otras figuras en ascenso.

Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado disminuyeron levemente su votación respecto a la elección anterior. Pero las ramas no deben impedir ver el bosque. El Partido Nacional sigue en el entorno del 30 %, como hace 15 años. El Partido Colorado, con un candidato a la presidencia como Ernesto Talvi, que tiene un perfil político completamente distinto al de Pedro Bordaberry (candidato colorado en 2009 y 2014), sigue rondando el 13 %. Ambos partidos conquistaron exactamente la misma cantidad de senadores que hace cinco años (10 los blancos, 4 los colorados). La señal es clarísima. A pesar de tener más de 180 años de fundados gozan de buena salud. También en estos partidos, como escribí en Diálogo Político después de las elecciones primarias, hay señales de renovación. Luis Lacalle Pou consolidó su liderazgo. Juan Sartori, la gran sorpresa de la interna blanca durante la primaria, logró ser electo senador. Ernesto Talvi, luego de una excelente performance en la primaria colorada y de un desempeño muy inferior a sus propias expectativas en la elección nacional, se prepara para ser una figura clave de la coalición de gobierno que Lacalle Pou ya viene anunciando.

Los tres principales partidos han mostrado todo su vigor. Sin embargo, irrumpió Cabildo Abierto. Este partido tiene seis meses apenas de creado. Su candidato a la presidencia, Guido Manini Ríos, jamás había competido en una elección. Es un militar de carrera, que se desempeñó entre 2015 y 2019 como comandante en jefe del Ejército. Fue designado y destituido por el presidente Tabaré Vázquez. Gozó de la confianza del Frente Amplio y ahora es uno de los líderes que brega por la derrota electoral de la izquierda. De hecho, la noche misma de la elección nacional anunció su apoyo a Luis Lacalle Pou en el balotaje del 24 de noviembre. La irrupción de este nuevo partido es, en parte, la manifestación uruguaya de la crisis de representación que vienen experimentando las democracias en muchas partes. Los votantes de Manini Ríos son los que están más frustrados de todos. No solamente están disgustados con el Frente Amplio. Están irritados, genéricamente, con el statu quo. La irrupción de este nuevo partido, por otra parte, es consecuencia de los estímulos del sistema electoral establecido en la reforma constitucional de 1997. La combinación de representación proporcional, candidaturas únicas y doble vuelta incentiva la fragmentación del sistema de partidos.

El sistema de partidos uruguayo ha vuelto a demostrar su solidez. Pero no hay que perder de vista las grietas.

La economía explica gran parte de la pregunta. Tras una elección intermedia en el 2017, donde Cambiemos obtuvo una buena performance, le siguió un año con problemas económicos recurrentes. Se perdió el control de las principales variables económicas (inflación, tasa de interés, dólar, tarifas), el país tuvo que volver a recurrir al FMI y la situación social comenzó a empobrecerse. El modelo aspiracional montado por Cambiemos chocó con el muro económico durante el 2018. De la felicidad esperada se pasó a una decepción acumulada, todo en poco menos de seis meses. Así es que el gobierno argentino entró al 2019 con los menores niveles de aprobación de sus cuatro años y con pocas medidas de anclaje que sostuvieran la gestión.

En ese contexto, el Gobierno abrazó la polarización política como paradigma central de su estrategia electoral. El supuesto asumía que sería imposible reunir una mayoría electoral a través de las simpatías pero que sería probable agrupar las antipatías. En ese contexto, el kirchnerismo pasaba, una vez más, a cumplir dos funciones claves: ser la tragedia pasada y erigirse como la amenaza futura.

Hasta que llegó mayo y, en un golpe de timón poco esperado, Cristina Fernández de Kirchner anunció que apoyaría, como vicepresidenta, a Alberto Fernández como candidato a presidente de la Nación. Esto generó dos impactos importantes. El primero fue quitarle la silla a la estrategia de polarización oficial. El segundo fue moderar el juego político peronista y habilitar una amplia unificación del partido, evitando cualquier filtración de votos peronistas en expresiones alternativas. Al combo explicativo de economía en crisis y peronismo unificado habrá que sumarle la polarización fallida. La campaña del Frente de Todos no hizo mucho pero se concentró en lo importante: cristalizar una prioridad nacional, la economía, y ratificar un consenso social emergente, la necesidad de buscar un rumbo alternativo.

Entonces llegó agosto y los resultados de la elección primaria barrieron con todas las expectativas previas, tanto de la clase política como de los mercados. El Frente de Todos cosechó el 47 % de los votos y Cambiemos un magro 32 %. Argentina entró en una crisis económica que, en modo relámpago, abatió la fragilidad financiera local. En los siguientes 15 días el peso argentino se devaluó un 25 %, la bolsa cayó casi un 40 %, el riesgo país triplicó sus valores y se profundizó la fuga de capitales. La devaluación trajo un importante aumento de la inflación y un crecimiento de la pobreza que nos retrotrae a niveles del 2006.

Desde ahí en adelante, el país caminó por el desfiladero. El costo de la polarización y una confianza frágil entre los principales candidatos fue la extensión de la incertidumbre política y la intensificación de la crisis económica. Tras el cierre de la campaña electoral, ninguno obtiene réditos en prolongar esa situación. Vivimos una suspensión temporal de las tensiones.

Alberto Fernández y Mauricio Macri han dado las primeras señales para encaminar una transición pacífica, una novedad en estas tierras. La cooperación política en Argentina es excepcional. Y lo es porque requiere confianza, un vínculo que se ha ido resquebrajando en una clase dirigente polarizada. Hoy, sin embargo, los intereses de ambos se alinean en tres puntos: lograr la finalización del mandato, estabilizar la situación económica y enviar signos de moderación. Tres intereses que podrían forzar la cooperación y añadirle una fuerza centrípeta a la situación política.

La política habitual es que mientras algún sector está en el poder, administre la fortaleza estatal con sus propios medios y sus singulares fines. Pero el asedio del otro bando permanece. El resultado a largo plazo ya se conoce: los griegos no podían entrar a Troya pero los troyanos tampoco podían salir. El problema de esta obstinación histórica es que cada vez dejan una sociedad más quebrada. La ola de cada crisis golpea con mayor fuerza y colosal asimetría sobre la estructura social argentina. La marginalidad estructural y la concentración de la riqueza se han profundizado en los últimos treinta años. Cada crisis deja menos en pie. El péndulo reiterado entre diferentes sectores de la clase política fulmina la discusión sobre una solución común de largo plazo. Argentina no ha logrado generar soluciones colectivas sustentables que traspasen los gobiernos.

En un artículo publicado en la revista Science en 1968, Garret Hardin llamó la tragedia de los comunes a una metáfora que podría dar luz sobre la crisis argentina. La tragedia retrata una situación donde una comunidad de granjeros cuenta con un terreno público. El terreno es de uso común de los granjeros para pastar a su ganado. A medida que corre el tiempo, cada uno va sumando más ovejas al terreno y maximiza beneficios. Los costos no están a la vista. En principio el terreno es amplio y parece infinito. Pero el aprieto surge luego; si cada uno actúa de esta manera y multiplica su accionar, a largo plazo terminarán con un terreno pelado. Es una situación clásica donde todos toman ganancias y ninguno paga costos. La tragedia de los comunes ocurre cuando maximizar el beneficio propio en lo inmediato lleva a una situación predatoria del bien común en el largo plazo.

El dilema de los comunes, decía Hardin, carece de una solución técnica, y requiere una «extensión fundamental de la moralidad». Esto sería comprender que hay un beneficio mayor en juego que la maximización individual de cada actor. Esa extensión de la moralidad, aunque suene idílica, es el mantenimiento de un orden social. Tal vez ha llegado el momento en el que la clase dirigente comprenda que, para proteger los propios intereses, lo mejor es postergar esos propios intereses. Esta situación, aunque endeble, es una oportunidad histórica para Argentina.

Con dicho paso, verdaderamente audaz, se ha materializado la progresiva aceptación de que 1) el problema de Venezuela ameritaba una mayor atención internacional, dadas sus crecientes implicaciones internas e internacionales; 2) no tenía sentido que los gobiernos democráticos siguieran brindando al régimen de Maduro el mismo tratamiento que a un régimen respetuoso del derecho nacional e internacional; 3) no hay ninguna posibilidad de que el país recupere su funcionamiento democrático sin fortalecer la posición política de la oposición venezolana mediante un decidido respaldo multilateral. No obstante, y a pesar de lo mucho que se ha avanzado, aún parece haber obstáculos importantes de cara al definitivo encauzamiento de dicho país hacia la recuperación de su democracia.

En recientes entregas hicimos referencia a dos aspectos que marcan los intentos multilaterales por canalizar positivamente la conflictividad política en Venezuela. Por un lado, señalamos la necesidad de cambiar el formato de las negociaciones que, con asistencia internacional, han venido teniendo lugar durante los últimos años. Se requiere pasar de facilitaciones del diálogo que implícitamente otorgan un tratamiento equivalente a las partes enfrentadas —siempre con miras a alcanzar un punto medio entre ellas— a, por el contrario, apostar decididamente por la defensa de la democracia y los derechos humanos. Indicamos también que lo anterior implica desarrollar acciones en pos de un cambio de régimen político, lo cual a su vez requiere medidas orientadas a fracturar la cohesión de la coalición imperante en el país. Afortunadamente, la tendencia creciente parece ir apuntando en esa dirección.

Pero, por otro lado, explicamos que la heterodoxa orientación geopolítica de la Revolución bolivariana —marcada por su expresa y constante voluntad de asociarse con regímenes autocráticos y movimientos subversivos que comparten su decidido rechazo a la democracia liberal— ha sido fundamental para que la coalición política imperante en Venezuela cuente con alianzas que, hasta ahora, le han permitido resistir la diplomacia coercitiva y multilateral a la que gradualmente la han sometido las principales democracias durante el año 2019. Por lo tanto, sostuvimos que semejantes circunstancias le plantean a las naciones de Occidente la necesidad de definir hasta qué punto estas están dispuestas a extremar sus esfuerzos para impedir que Venezuela se siga consolidando como un hub de actividades delictivas y agendas geopolíticas de potencias extrahemisféricas. Un indicio al respecto lo ofrece la reciente activación del Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) por la mayoría de los 19 países que actualmente lo integran, incluyendo a Venezuela luego de que, en julio pasado, la Asamblea Nacional de ese país —controlada por la oposición al chavismo— aprobara su reincorporación al tratado. En otras palabras, esta ruta de acción constituye un paso de extraordinaria relevancia que solo ha sido posible en tanto Guaidó y la Asamblea Nacional siguen siendo reconocidos por dichos países como, respectivamente, jefe de Estado y única rama legítima del poder público en Venezuela.

La activación del TIAR, obviamente repudiada por Maduro y sus aliados dentro y fuera de América, ha recibido también cuestionamientos de distintos actores políticos en el continente, quienes argumentan que no están vigentes los supuestos de activación de un tratado que, por lo demás, consideran obsoleto y peligroso. Según ellos, no están dadas las condiciones previstas en el artículo 6 del TIAR, cuyas especificaciones fueron consideradas para la activación del mecanismo. No obstante, la realidad es que la inviolabilidad o integridad territorial de Venezuela, así como su soberanía e independencia política, sí vienen siendo profundamente afectadas desde hace años por agresiones al pueblo venezolano que, sin constituir ataques armados, afectan además la paz y la seguridad del continente.

No otra cosa representan los miles de funcionarios cubanos que desde hace más de 15 años operan en Venezuela al servicio de una alianza que ha contribuido directamente a generar una emergencia humanitaria compleja por la que ahora millones de migrantes y refugiados venezolanos inundan los países vecinos. Del mismo modo, la creciente cooperación económica y militar con la que Rusia y China permiten a Maduro resistir todavía —a pesar de conducir un régimen que ha ocasionado una reducción superior a un 50% del PIB venezolano en cuestión de seis años— materializa su creciente involucramiento geopolítico y estratégico en una zona del planeta cuya seguridad ha tenido mucho que ver, precisamente, con la histórica lejanía de ese tipo de actores. Tampoco dejan de representar amenazas a la región (no convencionales, si se quiere) el apoyo explícito que el chavismo brinda a la subversión colombiana, por no mencionar los fuertes indicios de su cooperación con Hezbolá, su participación en diversos casos de corrupción transnacional y el hecho de que Venezuela se haya convertido en canal primordial de la exportación de drogas desde Sudamérica hacia otros destinos.

Sin ser perfecto, el mecanismo del TIAR es la vía seleccionada por la región para seguir debilitando la posición de fuerza que aún mantienen Maduro y sus aliados. Lejos de implicar la posibilidad de una guerra inminente o de entorpecer una salida negociada, como alertan sus detractores, el TIAR representa la posibilidad de sancionar multilateralmente a los perpetradores de crímenes masivos en Venezuela y de fortalecer el sistema de incentivos necesarios para una negociación eventualmente eficaz, extremando así las vías legales y pacíficas para un cambio político. Tal como ha señalado recientemente Joaquín Villalobos, las sanciones son la vía pacífica. Ya sabemos que opciones alternas, por lo general basadas en diálogos prolongados sin aplicación de la fuerza, han sido probadas hasta la saciedad y no conducen sino a la perpetuación del statu quo, lo cual significa en este caso la acelerada destrucción de un país, la profundización de la emergencia humanitaria compleja y el mayor éxodo de refugiados que se recuerda en el continente.

La duda, más bien, estriba en saber si la vía abierta con la activación del TIAR resultará suficiente tal como ha sido planteada hasta ahora, o si, por el contrario, cabe esperar una resistencia aún más pertinaz de Maduro y sus aliados internacionales. Ante esa posibilidad, es preciso examinar la factibilidad de movimientos que permitan adelantarse a sus posibles respuestas. En otras palabras, el problema no estriba en saber si la activación del TIAR es pertinente —que lo es— sino en determinar si la estrategia a seguir debe ser gradual o anticipatoria, asunto que esperamos desarrollar en un próximo artículo.

Nos motivó nuestra preocupación compartida por el debilitamiento de la cooperación internacional como instrumento de conducción de las relaciones internacionales y la peligrosa erosión del sistema de normas, instituciones y principios sobre los que se asentó el crecimiento del comercio y la economía mundial desde 1947.

El disparador más urgente de nuestra preocupación fue que la OMC está a punto de perder su sistema de solución de diferencias, lo cual tendrá enormes implicancias. La más visible e inmediata es que los países ya no contarán con el pilar judicial que sostiene al sistema de comercio internacional basado en reglas. ¿Cómo resolveremos los países nuestros problemas y diferencias comerciales, sin la posibilidad de recurrir al sistema de solución de disputas de la OMC? Este hecho, que se concretará el 11 de diciembre próximo, cuando el Órgano de Apelación ya no cuente con el número de integrantes necesario para poder funcionar, es solo la punta más visible de un iceberg más profundo: el colapso del gran edificio de la institucionalidad multilateral, que acompañó la liberalización del comercio internacional de posguerra y permitió su crecimiento desde 1947 hasta hoy. Con el quiebre del marco institucional GATT/OMC arriesgamos perder un avance civilizatorio fundamental que permitió, en especial a las economías pequeñas y medianas y, muy en particular a las del mundo en desarrollo, moverse y avanzar sobre la base de normas claras y no discriminatorias, que brindaban certezas y previsibilidad. Al cuestionarse su vigencia, vislumbramos un futuro mucho más conflictivo, en el que al aumento de la incertidumbre se sumará la falta de seguridad jurídica, con consecuencias muy negativas para los operadores comerciales, inversores, consumidores y gobiernos. En el corto plazo, ya se han debilitado las perspectivas de expansión económica; y, en el largo, se restringirá la potencialidad del comercio internacional como instrumento para impulsar el crecimiento y financiar el desarrollo.

Esta crisis del multilateralismo no se limita al área comercial, aunque sea ella el centro de las preocupaciones del GPE. Estamos ante un cambio de paradigma. La política de poder, siempre presente en el sistema internacional, está ahora sustituyendo y sofocando la cooperación internacional basada en reglas. Estados Unidos, la principal potencia económica, militar y tecnológica del mundo, está poniendo en cuestión el sistema internacional que él mismo impulsó desde 1945. En el plano político y de seguridad, Estados Unidos cuestiona a las Naciones Unidas y condiciona fuertemente su financiamiento; se retiró del Acuerdo de París sobre Cambio Climático, se retiró también del acuerdo multilateral nuclear con Irán; cuestiona la financiación americana y el rol mismo de la OTAN; entabló un diálogo directo con Corea del Norte y con Rusia, de alcance y contenido indeterminados. En el plano económico-comercial se retira de las negociaciones de un acuerdo transatlántico con la Unión Europea; plantea un acuerdo bilateral con el Reino Unido de borroso contenido pero intensión claramente disruptiva de la Unión Europea; renegocia su principal acuerdo comercial con Canadá y México; se retira de un megaacuerdo regional transpacífico (TPP); toma medidas contra las inversiones americanas offshore y aplica una batería de medidas proteccionistas violatorias de los límites y procedimientos acordados en la OMC.

Pero no es solo el comportamiento de Estados Unidos el que explica la situación actual. Otras causas son el neonacionalismo, al que se incorpora una visión mercantilista;[2] la traslación del eje del poder económico hacia Asia y el desafío hegemónico chino a los Estados Unidos. Vivimos tiempos de profunda turbulencia geopolítica y geoeconómica, en los que la estructura económica del poder mundial cambia rápidamente y en los que el enfrentamiento entre China y Estados Unidos puede llevar al mundo a una dicotomía bipolar similar al de la guerra fría.

En un mundo que se retrotrae al siglo XIX pasando a administrar las relaciones internacionales sobre la base de la política del poder en lugar de la cooperación; en un mundo que pasa del paradigma del libre comercio al del proteccionismo nacionalista; del multilateralismo a un enfrentamiento dicotómico bipolar sin reglas, nuestra defensa del sistema de reglas multilaterales no es naif ni nostálgica, sino una manera práctica de defendernos y sobrevivir. No podremos alcanzar nuestras metas de desarrollo con menos y más cerrado comercio internacional. El multilateralismo es condición necesaria, aunque no sea de por sí suficiente, para el crecimiento y el desarrollo.

El mundo contemporáneo es profundamente interdependiente y globalizado. La globalización, aunque afectada en su anclaje institucional y normativo multilateral, seguirá adelante, por cuanto es resultado de la imparable revolución tecnológica que, en forma cada vez más acelerada, acorta los tiempos y achica los espacios geográficos, acercando gente, productos, servicios, capital y sobre todo ideas. El futuro al que nos enfrentamos es entonces, con certeza, el de un mundo global. Pero ¿es posible para países como los nuestros —o en su caso, para cualquiera, incluso los no tan pequeños— sobrevivir y desarrollarse en un contexto de globalización sin normas?

En el Grupo Punta del Este creemos que América Latina tiene que ser más visible y en forma concertada reafirmar nuestro rechazo al unilateralismo y promover la cooperación internacional como único instrumento eficaz para enfrentar los desafíos globales que el presente y el futuro nos deparan en términos de sostenibilidad económica, ambiental y social.

Notas

[1] El Grupo Punta del Este es una red independiente que no representa a miembro alguno de la OMC, ni a ninguna institución privada o pública. Sus miembros actúan a título individual, voluntario y con base en una experiencia personal, directa y extensa. Han tenido distintas responsabilidades, en negociaciones comerciales globales, regionales y bilaterales y, sobre todo, en la gobernanza de instituciones del sistema multilateral de comercio, en distintos órganos de la OMC, el FMI, el Banco Mundial y la UNCTAD.

[2] El giro proteccionista de la política comercial no se reduce únicamente a China y Estados Unidos en su guerra bilateral, sino que puede observarse en muchas de las principales economías nucleadas en el G20.

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Las consultoras de opinión pública son coincidentes: el Frente Amplio y el Partido Nacional (en ese orden) llegan al próximo domingo con grandes posibilidades de quedar bien perfilados para el balotaje.

De un lado, el Frente Amplio ha repuntado en la intención de voto y aspira a retener el caudal electoral que le dio la mayoría en 2014. Naturalmente, como suele suceder con los partidos de gobierno, el desgaste se hace presente y pasa factura. Tiene un costo político en votos. Por ello, el candidato Daniel Martínez se orienta a retener el electorado y conquistar a los ciudadanos jóvenes que votan por primera vez. Esa ha sido la estrategia para procurar acercarse a un porcentaje que lo deje próximo a una mayoría parlamentaria. Para los analistas, ese número mágico ronda el 45 %. Hoy las encuestas más optimistas le marcan un 40 % de intención de voto.

Del otro lado, el candidato Lacalle Pou del Partido Nacional marca una intención de voto que a priori puede parecer muy inferior, 30 % en los escenarios más optimistas. Sin embargo, sabe que su única chance en un balotaje pasa por liderar un frente opositor. Esa es la postura que ha asumido en los últimos meses de campaña. Apela a la lógica de bloque que se manifiesta en el fragmentado arco opositor. El Partido Colorado marca una intención de voto del 14 % aproximadamente. En tanto, el nuevo partido Cabildo Abierto marca una intención del 10 % y el Partido Independiente un 2 %. En lo teórico, la oposición estaría en condiciones de llegar a una mayoría. Pero la política no es lineal. Todos estos partidos han manifestado la intención de apoyar la construcción de un gobierno alternativo, pero hay diferencias ideológicas considerables. También hay un electorado más volátil e impredecible que a los analistas nos hace ser escépticos respecto al acatamiento de un eventual acuerdo de cúpula para una segunda vuelta.

La reforma constitucional de 1996 instaló el balotaje o segunda vuelta. A diferencia de otros países que establecen umbrales del 40 o del 45 % y diferencia de 10 puntos respecto al segundo, en Uruguay se implementó bajo una modalidad mucho más exigente. Se requiere el 50% más uno de los votos emitidos para ganar en primera vuelta. Eso llevó a que lo normal sea definir las elecciones en balotaje. De los cuatro comicios que hubo desde entonces, tan solo en 2004 se definió en primera vuelta, ocasión en que el Frente Amplio llegó por primera vez al gobierno. En 1999 el colorado Jorge Batlle quedó segundo en primera vuelta. Pero revirtió el resultado en el balotaje mediante un acuerdo con el Partido Nacional que le permitió imponerse al frenteamplista Tabaré Vázquez. En 2009 y 2014 el Frente Amplio se impuso en segunda vuelta con comodidad. En buena medida porque en primera vuelta alcanzó la mayoría en el Parlamento, siendo este un argumento muy potente para pedir el voto.

En la actualidad esa mayoría está en disputa. El Frente Amplio debería votar muy por encima de lo que le han marcado las encuestas para lograr hacerse de esa mayoría y reeditar así su comodín para pedir el voto en segunda vuelta. En caso contrario, habrá que ver si el bloque opositor puede cristalizar en algún acuerdo de coalición que le permita a Lacalle Pou salir fortalecido hacia la segunda vuelta.

La escalada de la situación llega al gobierno en un momento inconveniente. En noviembre Chile será anfitrión de la conferencia APEC (Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico) con los jefes de Estado y gobierno de la región Asia-Pacífico. Solo cuatro semanas después la república andina espera veinte mil visitantes extranjeros a la conferencia mundial climática COP25. Chile quiere aprovechar esas ocasiones para consolidar su estatus de país ejemplar en la región. Sin embargo, en vista a la tempestad de los decepcionados, el Gobierno tendrá que ocuparse de cuestiones sociales urgentes. Comprometer a la oposición de izquierda en la búsqueda de soluciones es justo, ya que esta gobernó el país desde 1990 sin lograr resolver de raíz los problemas sociales.

Después de que, en la semana pasada, el Gobierno decidiera aumentar el precio del metro (subte) en 30 pesos chilenos, se formó una protesta de estudiantes que en principio impidió pacíficamente el tráfico de la línea central del metro (Línea 1). Sin embargo, horas después estalló una ola de violencia que superó tanto al personal del metro como a la policía. Con una violencia inusitada la multitud exaltada sucesivamente fue a varias estaciones destruyendo a su paso los cajeros y los molinetes e incendiando las estaciones en algunos casos. En las horas de la noche en el centro de la ciudad fueron incendiados buses y quioscos, se produjeron saqueos en supermercados y ataques al personal de seguridad.

El viernes 18 de octubre finalmente el presidente Sebastián Piñera declaró el estado de emergencia y envió unidades militares a la calle para apoyar en el restablecimiento del orden a las fuerzas policiales notoriamente superadas.

Por primera vez después del restablecimiento de la democracia en el año 1990, unidades del ejército patrullan las calles para mantener la seguridad nacional. Para no pocos ciudadanos estas imágenes traen recuerdos negativos de los tiempos oscuros de la dictadura militar de Augusto Pinochet, que gobernó el país con mano dura entre 1973 y 1990.

Lo que empezó como protesta contra el aumento del precio del transporte en Santiago de Chile se extendió durante el fin de semana a protestas en todo el país contra la desigualdad social imperante y el establishment político. Desde el sábado se impuso tanto en Santiago como en las importantes ciudades de Valparaíso, Antofagasta, Temuco, Concepción, La Serena/Coquimbo, Valdivia y Rancagua el toque de queda entre las 19 horas y las 6 horas. El transporte público funciona de forma restringida y las clases fueron suspendidas en la región metropolitana los días 21 y 22 de octubre.

El balance de estos cuatro días de protesta en Santiago de Chile es de 11 muertos (en todo el país se llega a un total de 15 muertos) que fueron encontrados en supermercados quemados y también víctimas de la violencia militar, 77 civiles heridos en parte de gravedad y 134 policías heridos. Según el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, 283 personas se encuentran arrestadas por los incidentes o por el no cumplimiento del toque de queda, entre ellos 71 menores de edad. En todo el país, según la Fiscalía del Estado, suman 2600 detenidos. Fueron saqueados 110 supermercados y 14 de ellos incendiados. Según las estimaciones iniciales, los daños materiales ya ascienden a por lo menos 300 millones de dólares.

Aparte del nivel de violencia y la vehemencia de las protestas sorprende ante todo la incapacidad del gobierno de controlar la situación. Al principio, el presidente Piñera echó leña al fuego al hablar de guerra en una de sus primeras declaraciones públicas. El general Javier Iturriaga, jefe de la defensa nacional, que justificó el toque de queda como instrumento para finalizar los saqueos e incendios nocturnos contradijo públicamente a su superior declarando que él no estaba en guerra con nadie.

El mismo viernes de noche, cuando las protestas se intensificaron en el centro de Santiago de Chile, circularon fotos del presidente cenando junto a su familia en una pizzería. Ante tal indiferencia frente a las manifestaciones de los últimos días, así como de la situación social en el país y del vocabulario marcial utilizado, no es de extrañar que el presidente Piñera se haya convertido en el objetivo de las protestas y que muchos exijan la renuncia de su gobierno, elegido en noviembre de 2017.

Disturbios con anuncio

Aunque la vehemencia de las protestas sorprenda, hace tiempo que se preveía una sublevación de los excluidos. Tanto en Santiago como en otras ciudades se habían producido grandes demostraciones contra la desigualdad frente al milagro económico chileno y las limitadas oportunidades de ascenso. En 2017, miles de personas se manifestaron contra el sistema de administradoras de fondos de pensiones (AFP) criticado por la mala gestión, los altos costos administrativos y el pago de bajas rentas. Ya en 2006 y en 2011 estudiantes de secundaria y universitarios protestaron contra las altas matrículas de inscripción. A esas protestas se sumaron también maestros, profesores universitarios y padres. Entonces como ahora se produjeron acciones militantes de los manifestantes: un grupo pequeño de estudiantes logró penetrar al Ministerio de Cultura y llegar a la oficina del exministro Felipe Bulnes. Eso también sucedió en la presidencia de Sebastián Piñera.

En principio, el Gobierno ignoró las reivindicaciones de los manifestantes pero subió el presupuesto de escuelas públicas y universidades en un 6 %. Sin embargo, la exigencia principal de acceso gratuito a los centros de estudios no fue resuelta. Finalmente, en diciembre de 2011 disminuyeron las protestas.

Después del cambio de gobierno de Sebastián Piñera a Michelle Bachelet en el año 2014, el nuevo gobierno de centroizquierda enfatizó la reforma del sistema de enseñanza, lo que finalmente fue implementado en 2016. Aparte de la mejora de calidad de la enseñanza en escuelas y universidades, la reforma se centró en facilitar el acceso a las universidades públicas a jóvenes de entornos sociales desfavorecidos. De esta forma, se logró la entrada de 90.000 jóvenes a universidades públicas.

Pero esta reforma de ninguna forma conformó a los representantes estudiantiles, considerando que solo un pequeño porcentaje de los jóvenes amenazados por la exclusión social realmente lograron obtener esas becas. Los altos costos —el verdadero problema del sistema— no fueron atacados.

Desigualdad en el país ejemplar

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó en 2017 el estudio Desiguales sobre la desigualdad social en Chile, en el que reconoce que desde 1990 el nivel de personas que viven en la pobreza se redujo de 45 % a 15 %, por lo que cuatro millones chilenos fueron rescatados de la pobreza absoluta. No obstante, el estudio muestra que el bienestar todavía está desigualmente repartido.

Un 33 % del total de los ingresos de la economía chilena corresponden a un 1 % por ciento de los hogares. El 5 % superior de la población reúne más de la mitad de todos los ingresos. En la parte inferior de la escala se encuentra, según el estudio, un mundo chileno paralelo: la mitad de los 18 millones de chilenos está confrontada con tener que mantenerse a flote o por arriba del umbral de la pobreza con salarios muy bajos. El salario mínimo en Chile equivale a 350 euros (N. de R.: aproximadamente 390 dólares), mientras el costo de vida en parte es más alto que en Alemania.

El coeficiente de Gini, que mide la distribución de los ingresos y de la riqueza, que oscila entre 0 (distribución equilibrada) y 1 (desigualdad máxima) cayó de 0,549 en el año 2000 a 0,476 en 2015. Sin embargo, Chile es el país que presenta las mayores diferencias entre ricos y pobres de la OCDE y uno de los países de Latinoamérica con mayor desigualdad. Aparte del desigual reparto del bienestar, la vejez está afectada por un desigual acceso al sistema de salud y de educación, así como por las jubilaciones producto del sistema privatizado por el régimen de Pinochet.

Ahora el presidente Piñera adoptó un tono más moderado. El martes 22 de octubre llamó a los representantes de partidos políticos a una reunión. Para los próximos días, el Gobierno anunció un diálogo con diferentes actores sociales. Los presidentes del Partido Socialista de Chile (PS), del Partido Comunista de Chile (PC) y de la alianza de izquierda Frente Amplio por el momento no aceptaron la propuesta del presidente, por considerarla insuficiente. Los próximos días mostrarán si la situación se tranquiliza y si finalmente se anima el debate político y social.

Traducción: Lena Hoffman y Manfred Steffen

El cambio climático ha sido el responsable de gran parte de las crisis humanitarias que han reportado los países en los últimos años. En el caso venezolano, la crisis humanitaria encuentra la clasificación de emergencia humanitaria compleja, caracterizada por la fragmentación del Estado, la inestabilidad y el fracaso en las políticas de desarrollo. Bajo este contexto sociopolítico tan particular puede parecer abstracto hablar sobre mitigación y adaptación al cambio climático en un escenario donde la crisis humanitaria es la gran protagonista de los titulares a nivel mundial y donde internamente solo se expresan las situaciones más acuciantes como principales temas de agenda pública nacional.

No obstante, nuestro país no está exento de las consecuencias generadas por este fenómeno global. Ya en 2015, durante la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático llevada a cabo en París, se anunciaban algunos efectos observados a lo largo del siglo XX en Venezuela; entre estos se destacaban «el aumento de las temperaturas nocturnas de 2,5 °C y la disminución de las precipitaciones anuales entre 3 % y 20 % en casi todo el país». Además, durante el siglo XXI el escenario ha sido menos favorecedor, principalmente por la profundización de las sequías ocasionadas por el fenómeno de El Niño, que ha sido una de las causas de que, desde mediados de la década pasada, se tomen medidas de racionamiento en los servicios básicos como el suministro de agua potable y el servicio eléctrico.

El hecho de que el gobierno de Nicolás Maduro no esté llevando a cabo ningún esfuerzo para intentar frenar el cambio climático solo profundiza los problemas, ya que antes que disminuir es probable que las consecuencias de este se agudicen, poniendo en riesgo la calidad de vida y salud de los venezolanos con una profundización en la crisis de los servicios básicos. Aunque no exista actualmente una investigación que estime que la crisis humanitaria se haya exacerbado por este fenómeno, sí existen datos referentes a la ausencia de toma de decisiones por el gobierno nacional para aminorar el problema hidroeléctrico, lo que ha contribuido en gran medida al éxodo migratorio.

Llama la atención además el hecho de que el llamado Plan de la Patria 2013-2019 del gobierno nacional establece como su quinto objetivo «preservar la vida en el planeta y salvar la especie humana», pero quienes escribieron ese objetivo sobre el papel son los mismos encargados de la destrucción del Arco Minero del Orinoco, convirtiéndolo en una zona sin ley, donde se cometen graves crímenes, tanto ambientales como socioculturales. En un informe reciente de la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se advirtió sobre el impacto que la extracción de oro, diamantes, coltán y otros metales están causando sobre ese territorio. De igual modo, diversas organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la intensificación de la deforestación, producto de la minería ilegal que se lleva a cabo en el sur de la selva amazónica.

Otro problema que se ha anunciado constantemente refiere al esfuerzo de los países por reducir la emisión de gases de efecto invernadero y migrar a fuentes de energía más limpias. Esto probablemente conlleve una disminución dramática de los precios del petróleo, lo que representará un duro golpe para la economía venezolana, tomando en cuenta que es el principal producto de exportación del país y que posee un gran peso dentro del PIB nacional.

Lo cierto es que el problema sigue creciendo y no parece ser una prioridad en la agenda política venezolana. Y la gran preocupación es que, de no tomarse acciones en el mediano plazo, la lista de retos que enfrentaremos no solo será más grande, sino que estos mismos se irán complicando cada vez más. Esperemos que en ese entonces contemos con el suficiente apoyo de entes internacionales que puedan aportar conocimiento para plantear soluciones viables y efectivas para la crisis, así como los recursos que hagan posible implementarlas.

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Debe resaltarse la calidad de edición y redacción de los planes de gobiernos analizados. Más allá de sus posiciones y propuestas concretas, el contenido en todos los documentos demuestra dedicación por parte de equipos técnicos y políticos por presentar un documento de calidad a la ciudadanía. Finalmente, debe subrayarse que la presentación de los planes de gobierno es un aspecto no meramente político, sino formal ante la Corte Electoral de Uruguay que requiere que cada partido cumpla por mandato constitucional.

Los espacios de la Casa O de Lastarria, en Santiago de Chile, se abrieron para presentar la más reciente edición de la revista Diálogo Político, editada por la Fundación Konrad Adenauer. Con el título Política y ambiente sus editores y colaboradores invitaron a reflexionar sobre el rol de la política en un tema tan delicado para la humanidad como lo es el deterioro ambiental. Esta edición, presentada en el marco de la Semana del Clima, ya se encuentra disponible en la web y puedes descargarla de forma gratuita aquí.

Uno de los ponentes, Pablo Badenier, exministro de Medio Ambiente de Chile, aseguró que el problema ambiental es político. Por ello, debemos pensar en cuáles son las responsabilidades comunes que cada gobierno, gremio, ONG y ciudadanía en general deben asumir para evitar la descomposición total de nuestro planeta.

También señaló —con preocupación— la desconexión que prevalece entre científicos y políticos. Según Badenier, los primeros ya declararon los riesgos y las posibles soluciones para combatir la contaminación ambiental. Ahora es imperativo que los políticos asuman su rol y tomen las decisiones pertinentes.

En el lanzamiento de Política y ambiente también estuvo presente Nicole Stopfer, directora del Programa Regional de Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina. En Alemania las políticas climáticas son un tema de Estado y por ello la introducción de un impuesto al CO2 y la ampliación del comercio de emisiones son medidas que se están discutiendo actualmente en dicho país. Para saber más sobre este aspecto, puedes leer «¿Cómo alcanza Alemania sus objetivos climáticos de forma sostenible?», en la página 42.

Stopfer sostuvo que la política es aquello que es posible, por lo que se muestra optimista ante las posibilidades reales que existen de salvaguardar el planeta si todos asumimos nuestra cuota de responsabilidad.

Manfred Steffen, coordinador de proyectos de la KAS Uruguay y jefe de redacción de Diálogo Político, sostuvo que ejercer la política implica debatir, discutir, acordar y decidir. Una muestra de ello es el apoyo que la Fundación Konrad Adenauer hace a plataformas de discusión y formación como Diálogo Político. Organización que tiene el objetivo de proponer miradas alternativas y profundas acerca de temas de la vida política en América Latina y el mundo.

En un tono amable y anecdótico, Steffen aseguró que no es verdad que solo podemos destruir lo que es de todos. Es posible llegar a acuerdos, tal como lo afirmó hace 50 años Garrett Hardin. Si quieres saber más sobre este punto, puedes leer «La más común de las tragedias», en la página 50.

Ángel Arellano, coordinador de proyectos de la KAS y miembro del equipo de redacción de DP, comentó en distintos momentos de la presentación que Política y ambiente se hizo pensando en todo tipo de lectores. Por ello, procuraron abordar este tema, tan importante, desde lo más general hacia lo más específico, con un lenguaje claro y ameno, pero siempre especializado. Luego de aplausos y un momento para compartir entre los presentes, todos los asistentes nos fuimos a casa con un ejemplar hermoso en nuestras manos.

Ahora no me queda más que invitarlos a quedarse en la página web de Diálogo Político para seguir aprendiendo y hacernos más conscientes de la importancia de la política en todos los aspectos de nuestra vida.

Es necesario que cada uno de nosotros descubramos cómo participar, desde la ciudadanía, en mantener y fortalecer el diálogo en todo el continente. Y por supuesto, en el resguardo de nuestro hogar más grande, que es el planeta.

Para ver la presentación completa, accede aquí.

Para poder jugar en la primera división de las negociaciones internacionales sobre el clima, Brasil tuvo que entrenar duro. En las últimas tres décadas, su política climática ha sido construida por sucesivos gobiernos de distintos colores y aficiones. De hecho, la deforestación en 2005 fue aproximadamente un 30% menor que el año anterior, y en 2017 este índice se redujo en un 75%. [1]

La selva amazónica juega un papel clave en la reducción de los niveles de contaminación; el bosque es responsable de filtrar y reprocesar la producción mundial de dióxido de carbono. Pero los motivos de preocupación son considerables cuando se analizan los recientes discursos y los retrocesos de la política climática de Brasil. Los datos estimativos de la deforestación de la Amazonía en 2018 preocupan: hubo un aumento de un 15% en relación con el año anterior.

Entre las preocupantes propuestas del último semestre están la revisión del Código Forestal, la revisión de las 334 unidades de conservación y la desaparición de las reservas legales. La selva amazónica recibe recursos internacionales para su preservación a través del Fondo Amazonia. Las críticas del gobierno de Bolsonaro a la gobernanza del Fondo ponen en peligro la propia existencia de este. Y no hay políticas públicas del gobierno actual para proveer a las comunidades con medios de subsistencia suficientes para combatir la deforestación.

El discurso soberanista del actual gobierno incorpora una discusión obsoleta, del siglo pasado, cuando se pensaba que la preservación del medioambiente y el desarrollo económico eran medidas incompatibles. Ya desde la década de 1980, prevalece el eslogan en favor del desarrollo sostenible. Hoy ese concepto está traducido en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Calificar el calentamiento global como tema académico, no prioritario o ideológico significa rechazar las evidencias científicas que fundamentan un llamado universal a enfrentar este desafío. El tema no debe ser tratado como ideológico de la izquierda. Hay ventajas competitivas de agregar la protección ambiental a la producción nacional. Incluso el poderoso lobby agroindustrial se ha dado cuenta de que es importante evitar restricciones a la compra de nuestros productos agrícolas, y que la reducción de la participación de Brasil en el comercio mundial agravaría la crisis económica brasileña. Las amenazas no son solamente comerciales; también están amenazadas la seguridad internacional y la propia soberanía brasileña. Brasil ha sido tradicionalmente contrario a llevar los asuntos de medioambiente al Consejo de Seguridad de la ONU, para evitar la posibilidad de sufrir sanciones militares o económicas.

El cambio climático es un desafío global. Es un partido donde jugamos todos. La victoria de Brasil frente a la insensatez política será la victoria de todos. Aún quedan minutos antes del final. Joguemos bonito.

Nota

[1] Los datos de deforestación utilizados en este artículo pertenecen al Instituto Nacional de Investigación Espacial (INPE), en su Proyecto PRODES de monitoreo de la selva amazónica brasileña por satélite.

Aunque las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) se desplomaran a cero al día de hoy, el cambio climático ya causado perjudicaría significativamente la salud a nivel global durante el siglo XXI (Hoegh-Guldberg, Jacob y Taylor, 2018). Ello indica la absoluta urgencia de reducir drásticamente nuestras emisiones de GEI mediante el Acuerdo de París. Pero también implica la necesidad de que gobiernos, instituciones, empresas, comunidades, familias e individuos empiecen a prepararse para evitar o minimizar en lo posible la proporción de los efectos en la salud de los impactos climáticos que no son ya evitables.

Las respuestas de adaptación necesarias son obligadamente diversas y multisectoriales. Incluyen, por ejemplo, sistemas adecuados para prevenir o responder a emergencias climáticas, recuperación de desastres y apoyo a los refugiados ambientales; el fortalecimiento de los sistemas de salud para tratar enfermedades y condiciones de salud agravadas por el cambio climático a medida que ocurren; y medidas preventivas, como viviendas más seguras, protección contra inundaciones, control de vectores, vigilancia epidemiológica mejorada, sistemas de información de alerta temprana y reducción del riesgo de desastres basada en sistemas comunitarios.

Es más, los datos confirman que en gran medida la resiliencia al cambio climático está asociada al desarrollo, de manera que este y la adaptación al cambio climático deben entenderse como un espectro continuo. Una adaptación en salud efectiva requiere mejorar los determinantes sociales y ambientales básicos. Sin embargo, los factores ambientales (por ejemplo, la contaminación del aire) representan una gran carga de enfermedad en la mayoría de los núcleos urbanos de medio y gran tamaño en América Latina y el Caribe. La provisión completa de servicios de agua potable y saneamiento y prácticas higiénicas en los países más pobres de América Latina y el Caribe también disminuirían la carga de enfermedades relacionadas con el agua y agravadas por el cambio climático. Más en general, mejorar el bienestar social, en particular facilitando el acceso a la educación de todas las niñas y mujeres en los países en desarrollo, no solo es fundamental para mejorar los estándares de salud, sino que también es esencial para fortalecer la resiliencia de las comunidades ante el cambio climático.

¿Qué puede hacer al respecto el sector salud en América Latina y el Caribe?

Es fundamental comprender que la mayor parte de las actividades necesarias para proteger la salud del cambio climático están fuera del ámbito competencial del sector salud. Lo que el sector salud puede y debe hacer al respecto es involucrarse activamente en promoverlas, asegurando la integración de la salud como elemento central en todas las políticas sectoriales relevantes.

Una herramienta básica para esta integración son las evaluaciones de vulnerabilidad e impacto en la salud que puedan garantizar que los beneficios para la salud se maximicen y se eviten los impactos negativos. Otra herramienta son los sistemas y planes de preparación para emergencias. Estos planes, así como sus respectivos sistemas de alerta temprana (SAT), deben centrarse en la protección de la salud, por lo que es importante que el sector salud esté formalmente involucrado desde la fase inicial. Sin embargo, más allá de las intervenciones específicas, no se puede lograr una protección efectiva sin un marco general multisectorial de políticas públicas. Existen varios ejemplos de esfuerzos de integración del sector salud como una prioridad en programas de adaptación; por su valor ilustrativo mencionaremos dos ejemplos: Perú y Chile.

En el caso de Perú, la salud es una de las áreas temáticas priorizadas en su Contribución Nacionalmente Determinada en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), y las actividades para progresar en las medidas acordadas se han definido en el marco de un grupo de trabajo multisectorial (GTM). El proceso, aprobado al máximo nivel legislativo y ejecutivo, ha sido exhaustivo, participativo y transparente tanto a nivel general como sectorialmente, con especial atención al desarrollo de sistemas de monitoreo y evaluación.

Las 14 medidas de adaptación en el sector salud se enfocan en torno a tres áreas esenciales: población, servicios de salud e infraestructura, y se han definido metas e indicadores de progreso adecuados. De manera reveladora y crucial, el gobierno de Perú decidió priorizar el sector salud en su propuesta de proyecto al Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM, GEF por sus siglas en inglés) en relación con la Iniciativa para la Construcción de Capacidades en Transparencia (CBIT por sus siglas en inglés). Una alta capacidad de transparencia, monitoreo y evaluación en adaptación del sector salud en Perú puede ayudar crucialmente a establecer líneas de base creíbles para incrementar las posibilidades de financiación de fondos multilaterales a proyectos de adaptación en salud en el país.

Otro ejemplo destacable es el de Chile. En este caso, mediante un trabajo activo de su Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio del Medio Ambiente prepararon un plan de adaptación sectorial (MINSA/MMA, 2016) que contó con un proceso de consulta pública a nivel nacional, así como con la aprobación unánime del Consejo de Ministros para la Sustentabilidad. Parte importante de los ocho ejes de acción que estructuran este plan son los que asignan relevancia primordial a un fortalecimiento básico del sector, tanto en lo que respecta a institucionalidad como capital humano, así como poder insertar los temas de adaptación al cambio climático dentro de lineamientos y programas del Ministerio. Este enfoque asume que elementos constituyentes permanentes de los servicios y redes de salud públicos como son la vigilancia y uso de indicadores, promoción de las condiciones de salud en la ciudadanía, respuesta ante situaciones de emergencia o atención de la salud de las personas, deben agregar una mirada de disminución de su vulnerabilidad y mejorar su adaptación ante los cambios locales del clima. Con esto se asegura una mejor asimilación de estos nuevos conceptos de vulnerabilidad y adaptación climática dentro de los componentes ya existentes en los sistemas de salud vigentes, en vez de crear nuevas estructuras que no necesariamente aseguren una efectiva integración con las acciones y servicios existentes por décadas en el sector de la salud pública del país.

También se pretende ampliar la visibilidad y cobertura a lo largo del país de estas temáticas, usando las redes de salud públicas vigentes y en operación. Desde su aprobación, las líneas que han logrado mayor avance son las de organización institucional designando a nivel central el coordinador ejecutivo para la implementación de este plan y otorgándole financiamiento inicial, despliegue de información y capacitación a funcionarios en distintos puntos del país, partiendo por zonas más vulnerables (Arica y Parinacota, Araucanía). Todas estas actividades han sido financiadas con presupuesto nacional (MMA, 2018). No obstante ser parte de un conjunto de planes sectoriales de adaptación al cambio climático, que fueron aprobados por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad entre 2014 y 2018, su implementación no ha estado exenta de problemas, particularmente por la asignación insuficiente de recursos para su implementación (CGRC, 2019; OPS, 2018).

Involucrar al sector salud en la lucha contra el cambio climático

Dadas las dimensiones de los impactos observados y previstos del cambio climático sobre la salud, el involucramiento de los profesionales de la salud en la batalla contra el cambio climático es simplemente imprescindible. Sin embargo, el sector salud generalmente no ha estado involucrado o ha jugado un papel menor hasta ahora en el proceso de diseño, desarrollo o implementación de la adaptación en muchos países de la región. De manera bien significativa, en un reciente informe la Organización Panamericana de la Salud (OPS) refleja que el sector salud ha participado de forma muy limitada en el proceso de desarrollo de los planes nacionales de adaptación (PNAD), siendo la falta de capacitación técnica y de recursos humanos y financieros en los ministerios de Salud las razones principales argumentadas (OPS, 2018). Estos factores son observables también en los ministerios de Salud en países de otras regiones y resultan en un limitado acceso a financiación de los fondos multilaterales sobre el cambio climático (Martinez et al., 2018), lo cual perpetúa la falta de capacidades y recursos, creando un círculo vicioso. Por tanto es crucial que las autoridades más familiarizadas con los mecanismos internacionales sobre financiación climática faciliten el acceso del sector salud a estos mecanismos con dispositivos formalizados y capacitación.

Sin embargo, conviene resaltar también que parte de la responsabilidad de esta falta de involucramiento recae en el propio sector salud. Por una parte, esto se debe al predominio absoluto del enfoque clínico frente al preventivo (por ejemplo, los países de la OCDE asignan menos del 3% del gasto total en salud a prevención); la naturaleza eminentemente preventiva de la adaptación en salud al cambio climático hace que parta en situación de desventaja absoluta frente a otras prioridades emergentes. Por otra parte, la idea de que un problema ambiental sistémico sea una competencia del sector salud frecuentemente encuentra resistencia en las instituciones del sector, por lo que no es infrecuente observar iniciativas sobre cambio climático y salud promovidas por instituciones de otros sectores, por ejemplo, medioambiente. Finalmente, hay un comprensible elemento de compensación moral y difusión de la responsabilidad, por el cual el sector salud —dada su vital importancia y presiones en su funcionamiento— estaría de alguna manera exento de responsabilidades de adaptación al cambio climático y de mitigación de gases de efecto invernadero, de los cuales por cierto es generalmente un notable emisor.

Esta combinación de elementos representa un desafío que los datos aconsejan abordar de manera urgente. Con respecto a la adaptación, un papel central del sector salud es crucial para que sea efectiva para las comunidades a proteger. Con respecto a la mitigación, el sector salud es de alta intensidad de carbono y frecuentemente existen posibilidades para una reducción sin comprometer las funciones esenciales de los sistemas de salud.

Aunque se ha requerido de décadas para observar un cambio perceptible, la comunidad médica está comenzando a reaccionar. Hace pocos años la Asociación Médica Mundial recomendó a sus asociaciones miembro comenzar a retirar sus inversiones de compañías productoras de combustibles fósiles para invertir en otras con menor huella de carbono o de energías renovables (WMA, 2016). Esto es fundamental en un sector en que frecuentemente las asociaciones médicas gestionan importantes fondos de pensiones. En muchos países, las asociaciones médicas y de enfermería están comenzando a advertir periódicamente a sus gobiernos de la necesidad de tomar en serio las amenazas que el cambio climático supone para la salud. Esta labor de concienciación es fundamental, y nadie tiene más peso específico para hacerlo que los profesionales de la salud. No en vano, los profesionales de la salud son de los colectivos en que más se confía a nivel social (GfK Verein, 2016). Existen buenas razones para ello, y la protección de la salud contra el cambio climático debe convertirse en una razón más en los países y comunidades de América Latina y el Caribe.

Bibliografía

CGRC. (2019). Informe Final #416/2018 Ministerio de Salud del 7 de Junio 2019 al avance del Plan de adaptación al cambio climático Sector Salud.

GfK Verein. (2016). Estudio GfK Verein: confianza en las profesiones.

Hoegh-Guldberg, O., Jacob, D., & Taylor, M. (2018). Global Warming of 1.5 °C: an IPCC special report. IPCC.

Martinez, G., Berry, P., Balbus, J., Hodgson, T., Salazar, M., Sellers, S., y Hess, J. (2018). «The Adaptation Health Gap: a Global Overview». En H. Neufeldt, G. Martinez, A. Olhoff, C. Knudsen, y K. Dorkenoo (eds.), The Adaptation Gap Report (pp. 29–37). Nairobi: UN Environment.

MINSA/MMA. (2016). Plan de adaptación al cambio climático del Sector Salud. Santiago, Chile.

MMA. (2018). Tercer Reporte Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático. Santiago, Chile: Ministerio del Medio Ambiente.

OPS. (2018). Taller Subregional Salud en Planes Nacionales de Adaptación al Cambio Climático: Sudamérica. Washington DC, USA.

WMA. (2016). World Medical Association statement on divestment from fossil fuels.

Cuando hablamos del agua, hablamos de vida. Es parte esencial de nuestra composición y asegura nuestra existencia. Es un elemento fundamental para casi todos los procesos de la naturaleza y un recurso indispensable para las actividades humanas, desde lo más básico como quitar la sed, cultivar alimentos y sanidad. La degradación ambiental está afectando la disponibilidad y calidad del agua, acompañada de la producción descontrolada de bienes y los patrones de consumo actuales. Sobre todo, si se tiene en cuenta que ya somos 7600 millones de personas y el uso del agua en el mundo aumenta un 1 % anual desde la década de 1980. Esta situación está agravando las desigualdades, los conflictos, e incluso provocando flujos migratorios. Todo esto potenciado por los efectos que está trayendo el cambio climático (Unesco, 2019, p. 1).

México representa un caso paradójico de gestión del agua. Por su posición geográfica está en la línea de los grandes desiertos y la cuarta parte del territorio es árida. En esa zona, donde el agua es escasa, se concentra el 66% de la población y el desarrollo urbano y económico. Mientras que el sur del país tiene una gran disponibilidad de agua pero altos índices de marginación y es la zona de paso de las tormentas tropicales, así que sufre constantemente de inundaciones. En los últimos 70 años, México perdió más de la cuarta parte de sus reservas de agua, en gran parte debido a una mala gestión que ha agravado estas problemáticas:

1) Escasez y sobreexplotación del agua. En los últimos 25 años la política hídrica se centró en asignar y concesionar el agua para actividades productivas agropecuarias, industriales y desarrollos urbanos y hoteleros. Sin embargo, no se revisó la disposición real del agua, lo que está generando sobreexplotación de las reservas subterráneas, que no se están recargando y representan el 50 % del suministro para la industria y el 70 % para las ciudades.

2) Mala distribución, desigualdad y conflictos. En México, 3 millones de personas carecen del servicio de agua potable y 22 millones no tienen acceso a servicios de drenaje (INEGI, 2005). Sin embargo, la asignación del recurso favorece a los poderes económicos y políticos, y está generando conflictos. En gran parte ello se debe a que se aprueban obras públicas o privadas sin respetar la disposición real de agua y se termina por restringir el uso del recurso a las personas que habitaban estas zonas desde antes. Esta situación ha llevado a las comunidades a defender sus territorios, a través de procesos legales, protestas o en algunos casos hasta por medio de las armas.

3) Contaminación. Más del 70% de los cuerpos de agua del país se encuentran contaminados, en gran parte debido a las descargas —muchas veces sin control— de la minería, la agricultura, las ciudades y, sobre todo, de las industrias. No existe un verdadero control de las autoridades ni tampoco responsabilidad social de las industrias para remediar las descargas de aguas toxicas. La situación ha pasado de ser un desastre ecológico a una crisis social y de salud pública.

4) El confuso entramado de la gestión del agua. En México el agua es propiedad de la nación y su administración se realiza a través de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Sin embargo, los servicios públicos de agua y saneamiento son responsabilidad de cada uno de los 2438 municipios del país. Esta situación ha generado una descoordinación entre autoridades y el manejo del agua se ve afectado por intereses políticos y económicos.

México es un ejemplo representativo de un modelo inadecuado de gestión del agua. Sin embargo, se trata de un problema mundial creciente. Las malas prácticas y las consecuencias se repiten de forma similar en todo el mundo. Cada vez es más evidente la necesidad de romper con el ciclo vicioso del manejo lineal del agua: extracción, distribución, uso y desecho. Enfoque que ha permitido el derroche, la sobreexplotación y la contaminación. Para modificarlo se propone implementar las siguientes acciones que lleven a una gestión integral del agua:

1. Generar campañas de concientización y apropiación de tecnologías para ahorrar agua.
2. Las ciudades e industrias deben aprovechar al máximo los recursos disponibles como el agua de lluvia y las aguas residuales tratadas.
3. Evitar y sancionar la contaminación y exigir la reparación del daño causado.
4. Proteger y resguardar los ecosistemas que generan agua y retribuir a quienes los cuidan.
5. Exigir a los gobiernos que cumplan su papel de control y regulación por medio de políticas efectivas para sancionar los actos ilegales (Unesco, 2019).
6. Generar esquemas de financiamiento y que en los presupuestos públicos y privados se asignen partidas para promover la eficiencia, la reutilización y la recirculación del agua. Que se tengan esquemas de incentivos económicos y fiscales.

El manejo del agua es uno de los grandes desafíos ambientales que tenemos como especie. Se trata de un problema muy grave, por no decir dramático. Con el agua no se juega. No es una mercancía, ni un bono de inversión. Es un recurso fundamental para la vida y su conservación. Como sociedad debemos exigirlo no solo a nuestros líderes, también ponerlo en práctica por medio de una utilización consciente en nuestro día a día y en nuestras decisiones de compra y consumo. Cada gota que ahorremos o reutilicemos recuperará el delicado equilibrio del ciclo del agua y nos asegurará su disposición actual y para las generaciones que vienen.

Fuentes

Comisión Nacional del Agua (Conagua) (2016). Estadísticas del agua en México. Ciudad de México: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Información (INEGI) (2005). II Conteo de Población y Vivienda 2005. Ciudad de México: INEGI.

Jiménez, B., y Galizia, J. (comps.). (2012). Diagnóstico del agua en las Américas. Ciudad de México: IANAS-Foro Consultivo Científico y Tecnológico.

Jiménez B., Torregrosa, L., y Aguilar, L. (comp.) (2010). El agua en México: cauces y encauces. Ciudad de México: Academia Mexicana de Ciencias.

Mastretta, V. (2017). «Desgobierno del agua», Revista Nexos, julio.

Unesco, WWAP (2019). Informe Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos 2019. No dejar a nadie atrás. París: Unesco.

Mediante un paulatino acercamiento desde el 2017 entre el gobierno de Lenin Moreno y el Fondo Monetario Internacional, el 11 de marzo de 2019 esta organización aprobó un acuerdo de USD 4200 millones en favor de Ecuador para los próximos tres años, en el marco del servicio ampliado del FMI. El acuerdo está encaminado principalmente a la disminución de la relación deuda total/PIB. En el 2007, cuando inició el mandato de Rafael Correa, fue de 27,2 %. En 2017, con el gobierno de Moreno fue de 41,3 % y el último coeficiente a diciembre de 2018 fue de 45,2 % (PIB: USD 109.454,3 millones y deuda total: USD 49.429,2 millones), según las cifras del Ministerio de Finanzas. Esto significa que prácticamente se ha duplicado, quizás como resultado del aumento del tamaño del Estado y por las deudas contraídas con China desde el mandato de Correa. Las recetas del FMI tienen un rechazo generalizado en cualquier país porque incluyen medidas de austeridad para controlar el gasto público, reformas del mercado laboral, etc., que pueden tener fuertes impactos sociales.

Precisamente, el 1 de octubre de 2019, en cadena nacional, el presidente Moreno anunció una serie de reformas económicas, respaldadas por el FMI según un comunicado de esta entidad. Entre las principales medidas, que ingresan mediante el decreto presidencial 883 están: la eliminación del subsidio al precio del diésel y de la gasolina extra; inclusión de 300.000 familias en el grupo de las que reciben bonos, con aumento simultáneo de estos en USD 15 mensuales; eliminación y reducción de aranceles para maquinaria y algunos dispositivos tecnológicos; renovación de contratos ocasionales con una quita del 20 % en su remuneración. Adicionalmente, con carácter de urgente (requiere de aprobación de la Asamblea Nacional en máximo 30 días), señaló otras propuestas de reformas económicas y laborales; entre estas: impuesto a la renta único para el banano; reducción a la mitad del impuesto a la salida de divisas (ISD) para materias primas e insumos para bienes de capital; disminución de las vacaciones de empleados públicos de 30 a 15 días al año, con excepción de la fuerza pública y los servicios sociales; nueva forma de jubilación patronal en la que los empleadores incrementan su aporte mensual en 2 % para nuevos trabajadores, valor que podrá ahorrarse en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social o en fondos privados. Hasta el momento, estas propuestas de reforma no ingresaron a la Asamblea Nacional.

El presidente enfatizó durante la cadena nacional que al Ecuador el subsidio a la gasolina le representa más de 1300 millones de dólares al año. Esta es sin duda una medida impopular, intocable desde el boom petrolero hace cuarenta años, y la más controversial porque puede llevar al encarecimiento del transporte y de productos de primera necesidad. Por ello, tras el anuncio de las medidas, el 2 de octubre el gremio de transportistas, a través de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador (FENACOTIP), expresó su descontento y desde el jueves 3 de octubre inició un paro nacional. Este sector tiene una gran organización y poder, y es habitual que previo a elecciones presidenciales o seccionales los candidatos deban negociar con él.

El artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador [1] establece el derecho a la resistencia y con ello la protesta social. No obstante, las manifestaciones obstaculizaron las jornadas laborales diarias, se suspendieron las clases y algunos negocios decidieron cerrar porque la delincuencia común aprovechó las circunstancias para realizar saqueos. El 3 de octubre de 2019, Lenin Moreno declaró el estado de excepción en todo el país por 60 días (luego la Corte Constitucional lo redujo a 30).

El viernes 4, uno de los principales dirigentes del taxismo, Jorge Calderón, fue detenido, acusado de paralizar un servicio público. [2] En la noche, el gremio de transporte dio por finalizado el paro porque se anunció una reunión entre el Ministerio de Transporte y la Agencia Nacional de Tránsito para análisis técnico del incremento de las tarifas de transporte inter e intraprovincial. Luego, se dejó en manos de los gobiernos municipales la determinación de un alza de pasajes máximo de 10 centavos en la tarifa (la actual es de 25 centavos).

Sin embargo, ante la falta de pronunciamiento de algunas autoridades municipales, la Agencia Nacional de Tránsito determinó los precios con un incremento del 32 %, pasando de USD 0,25 a USD 0,35 en ciudades como Quito y Guayaquil. La ANT continúa hasta el momento publicando las nuevas tarifas interprovinciales.

Si bien el sector de transporte anunció la finalización del paro el 4 de octubre, no había buses en circulación, pues las alcaldías no oficializaban el alza del pasaje. Es claro que la medida tiene un alto costo político y se notó que varias figuras públicas pensaron cuidadosamente su posición y lo que esta podría representar para las próximas elecciones presidenciales de 2021. Asimismo, al momento del anuncio de los transportistas se habían sumado más personas a la protesta como estudiantes y, principalmente, grupos indígenas.

De acuerdo con la CELADE, 7 % de la población ecuatoriana se autoidentifica como indígena. Así, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) oficializó desde el 3 de octubre una movilización dirigida hacia Quito y convocó a un paro nacional para el 9 de octubre pidiendo la eliminación del decreto 883. En el twitter de la CONAIE han denunciado en estos días una desmedida represión de la fuerza pública, que intervino el día 8 de octubre enfrentando a los manifestantes que tomaron el interior del Palacio Legislativo e irrumpieron en la Contraloría General del Estado. Lamentablemente, el sábado 12 de octubre delincuentes infiltrados nuevamente ingresaron al edificio de la Contraloría General y quemaron las instalaciones.

La ONU hizo un llamado a garantizar el derecho a la manifestación pacífica y recordó los principios de derecho internacional para el uso de la fuerza. Las autoridades ecuatorianas han indicado que el uso de la fuerza es progresivo y que también se realizarán investigaciones por la posterior represión desproporcional. Asimismo, la OEA emitió un comunicado rechazando la violencia y secuestro de policías y militares por parte de manifestantes, la quema de patrullas y ataques a ambulancias, e instó al diálogo.

Violencia, cierre de vías, toma de campos petroleros, destrucción de propiedad privada y pública, noticias falsas, medios de comunicación parcializados, enardecidos debates en redes sociales, uso de la fuerza pública, brotes de racismo y xenofobia, respaldo y pedido de renuncia a Moreno así como rechazo y también apoyo a los grupos indígenas han sido la constante de esta semana de protestas.

El expresidente Rafael Correa en una entrevista pidió elecciones adelantadas y dijo que, de requerirlo, él se presentaría como candidato. En una cadena nacional del 7 de octubre, el presidente, junto al vicepresidente y el ministro de Defensa, y con la alta cúpula militar a sus espaldas, anunció el traslado de la sede de gobierno a Guayaquil, dijo que «había una intención política […] de romper el orden democrático» y mencionó que Rafael Correa junto con Nicolás Maduro activaron un plan de desestabilización para un golpe de Estado.

A lo largo del paro nacional del 9 de octubre, las manifestaciones en todo el país se llevaron a cabo con menos incidentes desde que iniciaron las protestas según lo indicó la ministra de Gobierno María Paula Romo, quien también señaló que hasta ese momento «360 personas requirieron atención médica, 714 (personas) fueron detenidas y 86 policías heridos, la mayoría en la ciudad de Quito». La principal causa de las detenciones fueron actos vandálicos. De igual manera, el ministro de Defensa Oswaldo Jarrín señaló que el trabajo en conjunto mediante las fuerzas armadas y la policía nacional ha sido indispensable para bajar los niveles de violencia y restaurar el orden.

No obstante, con el pasar de los días la violencia ha recrudecido. El sábado 12 de octubre ha sido el día más crítico en Quito, dado que en la madrugada se reportaron detonaciones cerca de las universidades que dieron refugio a grupos indígenas. Muchos negocios de la capital cerraron por amenazas de daños por individuos con palos a lo largo de la mañana. La situación en los alrededores de la Asamblea Nacional, donde están concentrados indígenas y otros manifestantes, se tornó inmanejable. Parecía que varios sectores de la población sacaron a flote una ira contenida de años. Por ello, el presidente anunció un toque de queda y la militarización de la capital y sus valles desde las 15 horas, restringiendo la circulación vehicular, la movilidad ciudadana y la libertad de asociación, y permitiendo la actuación de la fuerza pública para reestablecer el control. Asimismo, la CONAIE publicó su intención de dialogar con el presidente Moreno sobre la derogatoria o revisión del decreto 883. Por último, en la noche del sábado 12, rompiendo el silencio del toque de queda, en Quito, personas salieron con olla y cucharón a las puertas y terrazas de sus viviendas para el llamado cacerolazo, convocado por redes sociales; algunos a favor del paro y otros en contra, pero muy probablemente ese estridente y estremecedor sonido simbolizaba un objetivo común: restaurar la paz en el país.

Las universidades, Iglesia Católica y la ONU se ofrecieron como mediadores para el diálogo entre los sectores sociales y el Gobierno. En consecuencia, el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador anunció el 12 de octubre que la primera reunión entre la organización del movimiento indígena y el Gobierno se llevaría a cabo la tarde del 13 de octubre. Efectivamente, el encuentro tuvo lugar entre los líderes indígenas y el presidente junto con otras autoridades del gobierno. Este diálogo fue televisado. Ambas partes mostraron su posición y después de casi tres horas de receso, en el cual continuaron con la conversación sin presencia de medios de comunicación, se informó al país que el decreto 883 fue derogado y que en esa misma noche se trabajaría en un nuevo decreto en conjunto. Con esto se dio por finalizado el paro y se espera que la calma retorne al país. Aún quedan respuestas pendientes hasta contar con el nuevo decreto.

Finalmente, es necesario reflexionar y recordar que la resistencia y la libertad de expresión son derechos, pero no olvidar también que la violencia es, sin duda, inaceptable desde el lado que venga, de manifestantes o de la fuerza pública. Se requiere con urgencia retomar el orden y no generar un detrimento o, peor aún, la ruptura de la institucionalidad del país.

Notas

[1] Artículo 98 de la Constitución de la República del Ecuador: Los individuos y los colectivos podrán ejercer el derecho a la resistencia frente a acciones u omisiones del poder público o de las personas naturales o jurídicas estatales que vulneren o puedan vulnerar sus derechos constitucionales, y demandar el reconocimiento de nuevos derechos.

[2] Artículo 326, numeral 15 de la Constitución de la República del Ecuador: Se prohíbe la paralización de los servicios públicos de salud y saneamiento ambiental, educación, justicia, bomberos, seguridad social, energía eléctrica, agua potable y alcantarillado, producción hidrocarburífera, procesamiento, transporte y distribución de combustibles, transportación pública, correos y telecomunicaciones. La ley establecerá límites que aseguren el funcionamiento de dichos servicios.

Estamos en una era de cambios exponenciales, planetarios y tecnológicos. Se han roto récords en temperatura en India, Europa, Alaska y el Ártico. Incendios arrasan millones de hectáreas en Siberia, Alaska, Amazonía, Indonesia y África. El deshielo es masivo. Informes previenen sobre límites críticos en la pérdida de diversidad biológica, impactos de la agricultura convencional, la contaminación y otros. Agrotóxicos dejan ver sus impactos en la salud humana y ecosistémica.

La crisis económica mundial tiene al país sumido en una polarización de la sociedad, que exige soluciones al Gobierno sin percatarse de que el fenómeno supera nuestras fronteras y tiende a empeorar. Internet elimina tiendas y centros comerciales. La automatización afecta a empleos tradicionales en call centers, banca, manufactura e incluso en servicios médicos. La manipulación de big data ha llevado a las sillas presidenciales a líderes autoritarios dedicados primordialmente a generar caos mientras desarticulan la institucionalidad social y ambiental. Todas estas son claras señales de que el sistema actual está llegando a un momento histórico que exige cambios paradigmáticos.

Costa Rica debe despertar ante esta realidad o seremos también objeto del debilitamiento democrático. ¿Cuánta discusión se dio a raíz de la reforma fiscal, basada en un déficit del producto interno bruto, un indicador que nunca ha medido el desarrollo? Nuestro país crece en inequidad y esta se incrementará aún más si no hacemos los ajustes profundos requeridos.

Hemos sido exitosos en la agenda verde, en especial, las áreas protegidas, que siguen trayendo reconocimientos mundiales y turismo. En otras agendas hay rezagos importantes. El gobierno de Carlos Alvarado ha delineado un plan para descarbonizar la economía, también reconocido globalmente. Este se enfoca en la reducción de emisiones con un componente importante en la movilidad eléctrica.

Son acciones necesarias alineadas con las políticas globales de la CMNUCC (Comisión Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático) y el Acuerdo de París. Lamentablemente no incorpora la pérdida de la biodiversidad y el uso excesivo de fertilizantes, que son los dos límites planetarios que más amenazan la existencia humana (Steffen, 2015). Esto es el resultado de los enfoques reduccionistas, ingenieriles y economicistas que caracterizan la ciencia y la institucionalidad occidental y por ende el modelo actual de desarrollo.

La pobreza, el cambio global y climático son problemas complejos que no se solucionan desde las disciplinas. Para promover un mayor bienestar y garantizar la viabilidad ecológica y un futuro mejor, el país debe transitar a acciones holísticas, cocreando soluciones transdisciplinarias que buscan la regeneración. La economía de la dona (Raworth, 2017) permite un análisis integral de los impactos ambientales y el desarrollo social (fig. 1).

En el gráfico izquierdo tenemos la dona actual de Costa Rica con los límites biofísicos que han sido ultrapasados. En el centro observamos el desarrollo social, deficitario en el tema de equidad y empleo. A pesar de esto, si comparamos la dona de Costa Rica con la de otros países, hemos logrado un desarrollo social importante con un menor impacto ambiental.

Costa Rica podría transformarse en un verdadero líder mundial si logra la dona ideal. Para hacer esto, es necesario migrar hacia un desarrollo regenerativo. La Universidad para la Cooperación Internacional ha lanzado una iniciativa global en colaboración con socios para promover un desarrollo que genere mayor bienestar para todas las formas de vida en el planeta, incluyendo la nuestra. Esta versión del desarrollo regenerativo se diferencia de otras por contemplar seis ejes que deben ser integrados de manera holística, transdisciplinaria (fig. 2).

Los programas académicos incorporan el nuevo paradigma, por ejemplo, en la Maestría en Liderazgo y Gerencia Ambiental que consolida la visión integral donde empresas e instituciones de gobierno superan antiguos programas de filantropía y responsabilidad social para dar paso a la generación de beneficios sociales, ambientales y económicos.

Esta aproximación genera grandes desafíos, especialmente por la carencia de profesionales formados fuera del reduccionismo clásico. Sin embargo, ofrece enormes posibilidades para un verdadero desarrollo local. La regeneración de paisajes funcionales, independientemente de si son urbanos o rurales, productivos o de conservación, es una prioridad. El empoderamiento de las comunidades locales para definir su futuro es esencial, lo que coincide con una visión a largo plazo donde la gobernabilidad local será más importante que la centralizada en gobiernos nacionales.

La producción de alimentos mediante prácticas regenerativas no solo incrementa la resiliencia y la capacidad adaptativa ante los cambios globales; también genera la muy necesaria seguridad alimentaria. La diversificación productiva y el encadenamiento con actividades como el turismo va a permitir que las comunidades locales se fortalezcan e incluso la introducción de monedas locales vendrá a reforzar las acciones colaborativas. La economía regenerativa es fundamental. Deberíamos reincorporarnos en la economía del bienestar, promovida por la Wellbeing Economy Alliance, de la cual Costa Rica fue miembro activo con rol de liderazgo hasta la entrada del actual Gobierno. La regeneración cultural permitirá crear lazos positivos e inclusión, recuperando autoestima y promoviendo asociatividad y cooperación, en lugar de competencia.

La preparación de jóvenes para que se incorporen a la política permitirá permear con energía fresca una toma de decisiones con miras a una oportunidad de un futuro mejor. La espiritualidad basada en valores, principios, ética y responsabilidad permitirá curar muchos de los males que hoy afectan a nuestra sociedad.

Publicado en el portal ameliarueda.com, el 4 de octubre de 2019

En el verano de 1989 se inició un proceso que el 9 de noviembre provocó la caída del Muro de Berlín y terminó el 3 de octubre de 1990 con la reunificación de Alemania. La Fundación Konrad Adenauer conmemora los acontecimientos de aquel año señalado en la historia: la revolución pacífica en la República Democrática Alemana y el camino hacia la reunificación en el contexto político nacional y mundial.

«La cuestión alemana solo puede resolverse bajo un techo europeo. La sentencia de Adenauer es correcta», dijo el canciller federal Helmut Kohl en enero de 1990. Para los cancilleres demócrata-cristianos los vínculos con el Occidente y la integración europea fueron pasos decisivos para superar la división de Alemania.

La reunificación

A partir de 1949, la política de Konrad Adenauer se fijó el objetivo del reforzamiento de Alemania frente a las intenciones expansionistas soviéticas que habían llevado a la división de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Al mismo tiempo, quería fortalecer la democracia parlamentaria y preservar los valores cristianos de Occidente. Ambas metas estaban amenazadas por la opresión comunista y la tiranía en Europa del Este y en la República Democrática Alemana. Con la integración de la República Federal de Alemania en la comunidad occidental de Estados se consolidaría la joven democracia, se garantizaría la seguridad interior y se evitaría que el pueblo alemán se sumergiera nuevamente en esfuerzos nacionalistas. Esto se fundaba ante el futuro de una Alemania reunificada que iba a ser miembro de la Unión Europea, tal como se establecía en el Tratado sobre Alemania de 1955.

La OTAN y la Comunidad Europea fueron baluartes contra la infiltración comunista para encarnar comunidades de valores. Para estas instituciones, la libertad y las elecciones libres eran una expresión del derecho a la libre determinación de cada nación. Garantizar este derecho a todos los alemanes correspondía a la concepción occidental de la democracia, y para la Unión y sus cancilleres demócrata-cristianos Adenauer, Erhard, Kiesinger y Kohl era el requisito previo básico para lograr la reunificación.

En los años cincuenta, CDU y CSU se opusieron a los esfuerzos de SPD y de partes de FDP por lograr la reunificación de Alemania y la conformación de un Estado neutral a costa de las libertades de la democracia occidental. Adenauer contrarrestó la supuestamente insoluble contradicción entre la integración occidental y la reunificación con la afirmación políticamente correcta de que la reunificación en paz y libertad solo podría lograrse a través de la integración europea. Hasta la restauración de la unidad alemana en 1990, todos los demócrata-cristianos seguían el principio de que sin libertad no hay unidad en libertad.

La reconstrucción, la seguridad, la libertad, la soberanía y la igualdad pueden ser alcanzados mediante la integración occidental. El objetivo de la reunificación tuvo que pasar a un segundo paso porque no se lo podía lograr sin el consentimiento de la Unión Soviética. Para Adenauer, por lo tanto, la libertad y la integración occidental eran prioritarias frente a la reunificación, y esto resultó en los acontecimientos de 1989-1990.

La paciencia y la previsión de Adenauer

Desde la adhesión de la República Federal de Alemania a la OTAN en 1955, Adenauer creía que cualquier oportunidad de negociar la reunificación requeriría primero una reconciliación entre Washington y Moscú respecto a sus estrategias armamentistas. El hecho de que la negociación fuera una condición esencial para la reunificación era el requisito previo para la política del Este (Ostpolitik) del canciller Willy Brandt del año 1969. Por otra parte, la Unión adhirió a su idea de que solo la reunificación haría posible una distensión real y duradera en el conflicto Este-Oeste.

A diferencia de Brandt, Adenauer no estaba dispuesto a pagar el precio exigido para la distensión, es decir, el reconocimiento de la RDA. Adenauer confiaba en que ni siquiera el pueblo de las dictaduras comunistas aceptaría la opresión permanente, sino que se esforzaría por alcanzar la libertad. «Esto puede suceder más rápido de lo que soñamos», profetizó en 1960, «y siempre hay sorpresas en la historia».

[Lee también: Kohl y la grandeza política]

En una situación tan tensa debido a la potencia militar occidental, los líderes soviéticos se darían cuenta de su propia mala conducta y llegaría el día de negociar seriamente la reunificación desde una perspectiva paneuropea. En el caso de un acuerdo, Adenauer estaba dispuesto a hacer concesiones políticas para negociar la seguridad, la paz, la libertad y, en última instancia, el restablecimiento de la unidad entre Alemania y Europa. En su opinión, la desintegración interna del imperio soviético no era cuestión de si ocurriría, sino de cuándo. Esperó pacientemente la oportunidad de la reunificación, la oportunidad que había que aprovechar. Se sabía que ciertas constelaciones favorables en la historia raramente se repiten y no continúan indefinidamente.

Después de los reveses de la política de distensión de finales de los años setenta, solo unos pocos alemanes todavía tenían fe en un futuro unidos. Grandes sectores de la sociedad alemana occidental habían perdido de vista el objetivo nacional de la reunificación, al que el gobierno de Kohl adhirió en los años ochenta, en continuación de los principios de Adenauer.

Lucha contra la resistencia

Sin embargo, hubo algunas resistencias a la unidad alemana: los ortodoxos del Partido Socialista Unificado de Alemania (SED) y la izquierda del SPD. Desde el punto de vista de la política exterior, principalmente de la primera ministra británica Margaret Thatcher, la reunificación no era un proceso inevitable en la historia alemana. No obstante, en 1989-1990 no pudo aportar una alternativa más convincente que la reunificación para resolver la cuestión alemana.

Ciertamente, los alemanes también tuvieron suerte: Gorbachov llegó al poder en 1985 y no bloqueó el desarrollo de las reformas en Polonia ni Hungría en 1989. Con eso comenzó la huida masiva a Hungría, Praga y Varsovia y las manifestaciones masivas en la RDA que aceleraron la caída del SED y la renuncia del Estado soviético a utilizar su fuerza militar después de la caída del Muro de Berlín.

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Sin embargo, Kohl y los demás demócrata-cristianos del gobierno federal demostraron, luego de una fase de espera, un gran instinto político, habilidad y asertividad para negociar en noviembre y diciembre de 1989. De este modo, la unidad alemana pudo restablecerse más rápido de lo que muchos podrían haberse imaginado después de cuatro décadas de división.

Para la reunificación del 3 de octubre de 1990 y la recuperación de la soberanía alemana se cumplieron una serie de requisitos básicos. La mayoría de estos habían sido las máximas de la política cristianodemócrata de la década de Adenauer. El gobierno conciliaba el objetivo de la reunificación con los intereses de sus aliados occidentales, los Estados Unidos. Alemania siguió siendo miembro del sistema de alianzas occidentales y, tras la renovada renuncia a las armas de destrucción masiva – que Adenauer ya había pronunciado en 1954 y fue repetido por Kohl— y la reducción de las fuerzas armadas convencionales, el Estado alemán mantuvo el estatus de capacidad de no agresión.

El federalismo en Alemania siguió garantizando la descentralización del poder. Y, aún más importante, los alemanes interiorizaron los valores de las democracias occidentales y los convirtieron en la base de sus acciones políticas.

Los textos publicados en este artículo son un resumen de artículos originales publicadas por la Fundación Konrad Adenauer en su sitio web, recopilados y traducidos al español por Alina Weigand y Lena Hoffman, pasantes de la oficina Montevideo de la KAS.

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El Foro Humboldt —un nuevo y amplio espacio para el encuentro de las culturas del mundo, ubicado en el recientemente habilitado Palacio Hohenzollern, en el centro de Berlín— debía haberse inaugurado con la celebración del 250 aniversario de Alexander von Humboldt, pero una vez más hubo retrasos en las obras, por lo que el 13 y 14 de septiembre «apenas» hubo lugar para una ceremonia y una fiesta de cumpleaños. Actos con los que, sin embargo, se ha acentuado aquello que el Foro Humboldt quiere llegar a ser alguna vez: fueron los artistas y activistas provenientes de Centro y Sudamérica —en vez de los patrocinadores alemanes, la Asociación Cultural del Foro Humboldt— quienes dieron forma a las celebraciones, haciéndose presentes con sus películas, exhibiciones, proyecciones de realidad virtual y sus visiones sobre Humboldt. «Queremos aprender de ellos, conocer su pensamiento y su cultura», dijo Hartmut Dorgerloh, director general del Foro Humboldt en la celebración. Quien incluso tomó parte en un ritual mediante el cual los pueblos indígenas de Colombia, antes de entrar a sus casas y aldeas en la Amazonia, las purifican contra las malas energías.

Entre las obras que se muestran bajo el título De la exploración científica a la explotación económica, se encuentra el Archivo Alexander von Humboldt, de Fabiano Kueva (Ecuador), quien realizó el mismo viaje que el explorador alemán para mostrar cómo tomándolo de inspiración se puede abordar, desde perspectivas completamente diferentes, a las personas, la naturaleza y los objetos. José Alejandro Restrepo exhibió un conjunto de fotos de cargadores que transportaban en sillas, a través del paisaje americano, a colonizadores o viajeros europeos (Alexander von Humboldt siempre recorrió a pie este territorio). Restrepo deja claro a su vez que no fueron (solo) víctimas, sino que impulsaron sus demandas a través, por ejemplo, de huelgas. Los primeros —y completamente inesperados— pasos hacia la descolonización y el beneficio económico propio.

Las instalaciones de realidad virtual fueron particularmente bien recibidas por la audiencia, en especial, entre los visitantes jóvenes: trabajos de 360 grados que abordaron la realidad actual desde la perspectiva del sabio alemán, como resultado de un hackatón con más de cien participantes conectados desde Bogotá, Lima o Ciudad de México.

El evento más bello fue, sin embargo, la proyección nocturna sobre la fachada oriental del Foro Humboldt, con los espectadores absortos sentados en la orilla opuesta del Spree. Imágenes de Humboldt y sus viajes por Sudamérica proyectados sobre la superficie del palacio, amén de citas extraídas de las obras del científico alemán, en las que queda claramente de manifiesto su postura contra el racismo, la destrucción del medioambiente, la esclavitud y el menosprecio hacia los seres humanos, una postura hoy más actual que nunca.

A esa proyección le siguió una segunda realizada por, y en torno a, indígenas de la región amazónica: sobre los muros del palacio, con trazos blancos, dibujaban constelaciones y ciclos anuales, así como mitos y leyendas que rigen sus vidas. Peces, el jaguar, una serpiente. Desde hace varios años han estado trabajando con un etnólogo de la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano en la investigación de sus objetos. Ahora, por primera vez, dichos indígenas están colaborando en aquello en lo que debería convertirse el Foro Humboldt: un espacio para su cultura y también para su protección. El Foro Humboldt abrirá sus puertas en septiembre de 2020.

Traducción: Juan Carlos Gordillo

A pesar de las amenazas que el Gobierno ha presentado a la democracia, se abren muchas oportunidades de renovación para los partidos y las organizaciones sociales. ¿Cómo llegó el país a este punto y cuáles son las expectativas?

Tras las elecciones de 2018, Brasil entró en un nuevo ciclo político. El sentido del cambio es claro: más que una tendencia liberal es un gobierno populista, conservador y de derecha el que llegó al poder. La Nueva República, el régimen posterior a la democratización, se agotó y la polarización PT-PSDB (es decir, la izquierda contra el centro moderado) dio paso a una configuración de la derecha fundada sobre una mentalidad autoritaria. El impulso más importante que llevó a Jair Bolsonaro a la presidencia de la República fue de naturaleza negativa más que positiva; esto es, consistió en el profundo rechazo hacia las élites políticas tradicionales por parte de la mayoría de los votantes y, especialmente, hacia su forma de hacer política —y su correspondiente cultura política—, responsable de la captura del Estado a partir de un esquema sistémico de corrupción que involucró a empresarios, burócratas y partidos, especialmente del PT, el PMDB y el PSDB, precisamente aquellos que llevaron a cabo la democratización del país en la década de los ochenta.

Sin idea clara

Los votantes brasileños rechazaron este modelo de acción política e incluso, sin una idea clara de lo que estaba por venir, votaron para enviar a casa a los líderes considerados responsables de los desastres de los últimos años: la recesión económica, la reducción del ingreso per cápita, el desempleo masivo y la corrupción generalizada. La segunda vuelta de las elecciones de 2018 se disputó entre los dos candidatos con la tasa de rechazo más alta en las encuestas de opinión, lo que significa que una buena parte de los votos fue la manifestación contra algo que los votantes no querían; es decir, ni la continuidad del gobierno de izquierda, representado por el PT y sus aliados, ni el liderazgo del centro moderado, el cual no ofrecía una alternativa confiable a la crisis, marcada por un repudio generalizado hacia el funcionamiento del sistema político.

El ímpetu por un cambio político ya se había manifestado en las protestas populares de 2013 pero ganó más energía —y un tono peligrosamente colérico— en las numerosas manifestaciones a favor de la destitución de Dilma Rousseff, del PT, en 2015 y 2016; y más tarde, durante el creciente y abrumador rechazo hacia la administración de Temer, que para 2016 ya la había reemplazado en la presidencia. El impeachment generó un profundo trauma político que, sin embargo, estuvo a la altura de las enormes expectativas de cambio dentro de amplios segmentos de la población, si bien dichas expectativas nunca se han visto cumplidas. El gobierno de Temer y las élites tradicionales que lo apoyaron, prisioneras de la preocupación exclusiva de asegurarse en el poder y defenderse de las investigaciones anticorrupción efectuadas a partir de la Operación Lava Jato, simplemente ignoraron las señales emitidas en 2013: el PT, el PMDB y el PSDB fueron incapaces de escuchar a los millones de ciudadanos que denunciaban su manera de actuar y prefirieron frustrar sus expectativas, dándole la espalda a los signos de rechazo hacia los partidos políticos y sus prácticas desconectadas de la sociedad. Tampoco tomaron en cuenta las críticas hacia la pobre calidad de los servicios de salud, la educación y la seguridad pública, ni las fallas de los servicios correspondientes.

Investigaciones y los procesos

A pesar de los terribles resultados obtenidos por el PT en las elecciones municipales de 2016, en la contienda de 2018, en lugar de procesar la situación y renovarse (incluyendo la negativa de hacer autocrítica de la defensa incondicional del expresidente Lula, en prisión. Descalificando, por el contrario, las investigaciones y los procesos llevados a cabo por la policía federal, el ministerio público y la justicia a los que fue sometido y por los que fue condenado, como si la lucha contra los delitos de corrupción ocurridos fuera solo una persecución política del expresidente), el partido demostró ser incapaz de asumir republicanamente sus errores: bien sea el engaño electoral de 2014 y las desastrosas decisiones en el ámbito de la política económica del gobierno de Dilma Rousseff, que generaron la recesión y el desempleo de millones; bien el papel central del partido en la creación del esquema sistémico de corrupción que golpeó a Petrobras.

En respuesta a los factores mencionados —a los que se suman, además, la narrativa que dividió al país entre nosotros y ellos, apoyada por Lula y el PT; la permanencia de propuestas antidemocráticas dentro del programa gubernamental partidista (como el control social de los medios de comunicación); la ocupación de la maquinaria gubernamental; y el intento de hegemonización del PT en relación con los otros partidos de izquierda— el resultado fue inequívoco: la derrota aplastante del partido que estuvo en el poder durante más de 13 años, frente a un oponente al que erróneamente se prefirió en la contienda electoral y al que se le perdonó la vida durante la primera ronda de votación, porque fue visto como menos competitivo.

Autocrítica

La izquierda no llevó a cabo la autocrítica de cara a la corrupción y otras prácticas consideradas inaceptables, dejando vacío el espacio que reclamaba una transformación radical de la política. Pero en ese error no estuvo sola. Las fuerzas del centro democrático, el centroderecha y el centroizquierda ni siquiera entendieron la naturaleza profunda de la desconfianza y la abismal insatisfacción ciudadana con respecto al funcionamiento de la política, revelado por la operación Lava Jato. Ignoraron las numerosas encuestas de opinión que mostraban que la corrupción, junto con el tema de la seguridad, era uno de los problemas más importantes que los brasileños deseaban ver abordados por el Estado. Los partidos en el centro del espectro político no entendieron la naturaleza profunda de la crisis y fueron incapaces de sacudir a sus líderes —rechazados, a su vez, por el deseo popular mayoritario que reclamaba una transformación—, hacerles cambiar de postura y de discurso, y mostrar cierta empatía hacia los enojados e indignados votantes, quienes se sintieron traicionados cobardemente.

La crisis fue, por lo tanto, también una crisis de liderazgo. El conjunto de líderes moderados, supuestamente probados en años de experiencia política, no se dio cuenta de la inminencia de cerrar un ciclo político del que se les consideraba responsable (al menos en lo que respecta a la antirrepublicana sección sobre el financiamiento de las campañas electorales). Movilizados principalmente por el temor ante los efectos políticos y judiciales de la lucha contra la corrupción, derivados de la operación Lava Jato, de forma olímpica pasaron por alto sobre el hecho de que el rechazo popular estaba dirigido contra ellos, se negaron a ver que esto abría el camino para la descalificación de la política y la democracia en su conjunto, y facilitaron así el camino del discurso contra todo lo que está allí, de Jair Bolsonaro y sus partidarios. Los autoproclamados líderes democráticos dejaron el tema de la lucha contra la corrupción y la defensa del fin de los privilegios de la clase política en manos de un exmiembro de las fuerzas armadas quien, a pesar de no haber hecho nada al respecto en sus 28 años de servicio en la Cámara de Representantes, encontró en dichos temas el elemento que necesitaba para presentarse a sí mismo como el vocero de la indignación de los votantes.

Bolsonaro, ¿palo de ciego?

No obstante, la elección de Bolsonaro fue un palo de ciego. No solo porque sus propuestas para resolver la crisis económica y política son excesivamente genéricas e indefinidas (como, por ejemplo, el incierto modelo de privatizaciones y cambios en el sistema tributario que propone); sin mencionar las idas y venidas de la reforma de la seguridad social que, apenas defendida y casi dejada a su suerte por el presidente, fue modificada sustancialmente por el Parlamento. También lo fue porque el nuevo presidente era conocido —antes, durante y después de la campaña electoral— por su exaltación de la dictadura militar y la tortura; por su racismo y misoginia; por su rechazo hacia el reconocimiento de los derechos de los afrodescendientes, las mujeres, los indios brasileños y los homosexuales; sin ocultar su desprecio por las instituciones fundamentales de la democracia, como el Parlamento, el Poder Judicial y la prensa (lo que, irónicamente, le acercó al PT y la valoración negativa de este partido frente a la acción judicial y los medios de comunicación brasileños).

Aunque trató de suavizar sus opiniones después de la victoria electoral, cuando saludó a sus partidarios en San Pablo, justo antes de la segunda vuelta, habló sobre prohibir, arrestar o enviar al extranjero a aquellos que pensasen de manera diferente, señalando la relación que pretendía mantener con parte de la oposición. Más recientemente, defendió una vez más la dictadura militar y la tortura de prisioneros políticos; atacó al Congreso por contravenir su propuesta relativa al organismo que se encargaría de los temas indígenas en Brasil; criticó a la justicia por «querer interferir en todo»; adoptó medidas para facilitar la posesión de armas por la policía y la población civil; firmó decretos para cancelar la participación de la sociedad civil en los órganos del Estado —en una acción desautorizada por la Suprema Corte de Justicia—; intervino las instituciones científicas a cargo del control de la deforestación en la Amazonía, menospreciando la ayuda que países como Alemania y Noruega prestan para frenar la deforestación; y estimuló la polarización política resultante de las elecciones de 2018, al confrontar a sus críticos y disidentes, incluso cuando estos fueron objeto de amenazas violentas por partidarios del presidente, manifestando así una intolerancia inequívoca. En uno de sus últimos mítines, Bolsonaro criticó las políticas de la identidad, acusando a la izquierda de apropiarse de temas relacionados con la defensa de las minorías, lo que justificaría su oposición a dichas políticas, especialmente aquellas vinculadas con los homosexuales, los afrodescendientes y los indios de Brasil.

Nueva mayoría

La imagen muestra claramente los riesgos para la democracia en Brasil. Como lo indican ejemplos recientes provenientes de Venezuela, Rusia y Turquía, el régimen democrático no funciona sin la oposición, y la oposición no existe si el Gobierno en funciones la descalifica o no reconoce su legitimidad. En tal sentido, Bolsonaro y sus partidarios sostienen que se ha formado una nueva mayoría política en el país, bajo cuya voluntad y ante cuyas decisiones las minorías deben plegarse. Aunque es evidente que en el régimen democrático el principio que gobierna la toma de decisiones es aquel de la mayoría, es esencial de suyo garantizar también la existencia y los derechos de las minorías, respetar la diversidad que caracteriza a sociedades complejas y desiguales como Brasil, y asegurar que el pluralismo político-ideológico pueda expresarse sin límites ni barreras. En tal sentido, los resultados electorales ofrecieron claros indicadores sobre el desafío al que el nuevo gobierno está sujeto, relativo a la unificación y pacificación de la nación: Bolsonaro fue elegido por 58 millones de votantes, mientras que 47 millones votaron por el candidato de izquierda y otros 44 millones votaron en blanco, cancelaron su voto o simplemente no se presentaron a votar. En otras palabras, de un total de 147 millones de votantes, el nuevo presidente obtuvo poco más de un tercio de los votos, mientras que casi dos tercios no le eligió, fuera por las razones que fuesen.

Para unir a un país completamente polarizado, aquejado de serias señales de intolerancia política, se requiere que el Gobierno reconozca y respete esta compleja realidad. En su toma de posesión, el presidente juró cumplir con la Constitución y asegurar la libertad, pero ello no garantiza que no vaya a adoptar medidas antidemocráticas que materialicen las señales frecuentes que ha emitido recientemente. Incluso considerando las muestras de respeto hacia la Constitución, expresadas recientemente por los líderes militares, no es posible ignorar que Bolsonaro es un líder populista con una mentalidad autoritaria, que no solo se considera a sí mismo como el máximo intérprete de la voluntad popular, sino que también ignora las instituciones básicas de la democracia, como el Parlamento, el Poder Judicial y la prensa; lo que demuestra su desaprobación de los principios de separación de poderes y el pluralismo, y estimula la intolerancia política de su base de apoyo.

Algunos analistas vieron similitudes entre las elecciones de 2018 y 1989, las primeras celebradas tras el final del régimen autoritario. Pero mientras que en 1989 el país emergía de una dictadura militar que había durado veintiún años y el gran desafío consistía en construir una nueva democracia en una sociedad desigual —aunque en franca transformación económica y social—, hoy el desafío consiste en responder a la situación de una democracia en crisis, especialmente en su dimensión representativa; darle respuestas a una sociedad que sigue caracterizada por desigualdades abismales y que enfrenta, al mismo tiempo, los efectos de la recesión, el desempleo y el profundo descrédito de los partidos políticos y los liderazgos democráticos. Esto apunta a demandas mucho más complejas que las de treinta años atrás: que la democracia no solo mejore su calidad, sino que corra en paralelo con la necesidad de que el país reanude su crecimiento económico, cree nuevos empleos, promueva el desarrollo humano de su población y, al mismo tiempo, recupere la confianza en las instituciones democráticas.

Esta tarea no puede abordarse únicamente mediante la acción de un gobierno populista de derecha que amenaza la democracia. Los cambios que necesita el país afectarán a la sociedad en su conjunto, e incluso los votantes que no hayan elegido a Bolsonaro son parte del proceso, y deberán ser convocados para prestar su contribución (siempre y cuando sean respetados y escuchados, y no se vean obligados a someterse a decisiones impuestas unilateralmente por una mayoría limitada). El Gobierno debe tener esto en cuenta, debe respetar a las minorías y no puede bloquear ninguna iniciativa ni propuesta que, respaldada por dichos segmentos, se presente como alternativa a sus proyectos. Mas esta tarea debe ser compartida por la oposición, que también enfrenta la necesidad de reinventarse con el fin de poder evaluar responsablemente las decisiones del Gobierno, denunciar la falta de respeto por los derechos humanos y, al mismo tiempo, apoyar lo que sea de interés general para el país, como es el caso en lo relativo a las medidas destinadas a reconfigurar las condiciones del ajuste fiscal.

Se refiere aquí la necesidad de una renovación completa de los partidos políticos y, en particular, de los partidos en la oposición. En este punto, es inevitable la comparación con la operación Mani Pulite (en la Italia de la década de los noventa), la cual inspiró la operación brasileña para combatir la corrupción, puesto que aquella provocó una reconfiguración completa del sistema de partidos italiano y la consecuente desaparición del Partido Demócrata Cristiano y el Partido Socialista (los cuales fracasaron en la reformulación reclamada para sobrevivir a la indignación de los votantes) y que terminó dando lugar a un nuevo período de crisis bajo los auspicios de un gobierno populista de derecha, que fue sumamente impugnado. Las similitudes de dicha experiencia con el desafío que enfrentan los partidos brasileños hoy son evidentes: los partidos no han desaparecido pero corren un grave riesgo de ver que su crisis se profundice si no son capaces de refundarse y reorganizarse por completo.

La tarea reclama un nuevo tipo de movilización política, mucho más efectiva que la que tiene lugar durante las elecciones. Una movilización que sea capaz de hablar a los corazones y las mentes de la gente común, al mismo tiempo que aborde sus problemas concretos. Algunos movimientos de renovación ya están trabajando en esta dirección, incluso con la participación de muchos jóvenes actores. Pero ello depende, en primer lugar, de un amplio proceso de democratización interna de los partidos y su liberación efectiva frente al control de las antiguas oligarquías —que los monopolizan para su propio beneficio (en parte gracias a la holgura legislativa)—, condición indispensable para la recuperación de los partidos y la recuperación de la confianza política de los ciudadanos, de modo que estos sientan que pueden confiar en que los partidos defenderán sus intereses.

El objetivo de este movimiento de renovación debería ser la formación de una amplia gama de fuerzas democráticas que, sin sectarismo ni hegemonismo consiga movilizar a los votantes que en las elecciones de 2018 optaron por la continuidad y la profundización de la democracia en el país. En el contexto de enorme fragmentación que caracteriza al sistema de partidos brasileño en este momento, no está claro qué fuerzas políticas tendrán la capacidad de llevar a cabo esto, pues mientras algunos partidos nuevos aún enfrentan el desafío de organizar y definir su identidad, los partidos que han dirigido el país en los últimos treinta años —como el PMDB, el PT y el PSDB— han sido castigados por los votantes y han perdido fuerza y escaños en el Congreso.

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Principalmente, esto se debió a dos razones: primero, porque dichos partidos quedaron marcados por su incapacidad para dialogar con las demandas de cambio que surgieron de las manifestaciones que salieron a las calles del país a partir de 2013, exigiendo mejoras en los servicios públicos y más transparencia por parte de los políticos y del Estado. En segundo lugar, porque la revelación de los esquemas de corrupción que atravesaron todo el sistema político brasileño, comenzando con la operación Lava Jato, afectó principalmente al PT y al PMDB (y, en menor medida, también al PSDB). El PT, al no reconocer sus errores, perdió su posición de liderazgo frente a los otros partidos de izquierda (PDT, PSB, PCdoB y PSOL); el PMDB perdió su papel protagónico con las denuncias que golpearon duramente al gobierno de Temer; y el PSDB duda en mantener su identidad socialdemócrata ante los intentos de algunos líderes, como el gobernador de San Pablo, João Doria, de fundir su destino con los del gobierno de derecha que dirige al país actualmente y en los próximos años. Por ende, aunque sean otras las condiciones que marcaron a Italia a partir de la operación Mani Pulite, hoy los partidos brasileños enfrentan a su vez el desafío de cambiar o desaparecer.

De cierta forma, la respuesta que estos partidos consigan ofrecer ante dicho desafío será también la respuesta que den a la crisis de la democracia representativa. Sin embargo, a la luz de las amenazas que el gobierno de Bolsonaro ha presentado a la democracia, este cambio requiere, además de la renovación de los partidos, una movilización amplia y vigorosa de la sociedad civil, así como el ingreso de nuevos sectores sociales y políticos en la política democrática, especialmente de los más jóvenes.

En tal sentido, dos son las tareas prioritarias: primero, la necesidad de iniciativas destinadas a la educación de los jóvenes en los valores de la democracia y, especialmente, en los valores de la tolerancia hacia aquellos que piensan de manera diferente.

En segundo lugar, en relación con lo anterior, la necesidad de garantizar que la defensa legítima de los derechos de grupos específicos como las mujeres, las personas afrodescendientes y la comunidad LGBT no ayude a profundizar la fragmentación de las fuerzas democráticas.

La integración de las demandas específicas de estos grupos en la defensa de los derechos democráticos universales y los problemas generales que sensibilizan a la sociedad en su conjunto es una necesidad urgente. Y, dado que el papel central de los cambios tecnológicos ha conducido a que las redes sociales lideren la comunicación política en la actualidad, los actores democráticos no pueden permitir que este espacio sea monopolizado por la iniciativa de actores populistas como Bolsonaro y Trump. La defensa de la democracia debe ocupar un lugar activo en las discusiones sobre el contenido que actualmente involucran a las redes sociales.

Hablar de seguridad en relaciones internacionales es remontarse a los inicios de la escuela del realismo con el Debate Meliano de Tucídides (431 a. C.-404 a. C.). Allí se relaciona a la seguridad con la guerra, el poder y la estrategia militar (Forde, 1992). La acepción clásica realista de la seguridad refiere a la integridad territorial del Estado y su conservación funcional (Orozco, 2006). No obstante, con el paso del tiempo esta teoría y su concepto de seguridad estatal se tornan obsoletos porque deja de relacionarse únicamente con los medios terrestres, aéreos o marítimos en un conflicto bélico. El ciberespacio, y con este la seguridad informática, entra en juego y trasciende fronteras territoriales, e incluso queda fuera del alcance del control estatal.

Ecuador ha estado últimamente en la mira de este tema. El caso WikiLeaks [1] es una de las mayores filtraciones de información de la historia, en la que se publicaron documentos confidenciales sobre varios gobiernos, principalmente el de Estados Unidos. El país sudamericano concedió asilo político en su embajada en Londres desde el 2012 al fundador de este sitio web, Julian Assange. En abril de 2019, el gobierno ecuatoriano dio por terminado su asilo por su incumplimiento de las normas de convivencia de la embajada y violación a las convenciones interamericanas de La Habana (1928) y Caracas (1954) sobre asilo diplomático, de acuerdo con un comunicado de la Presidencia. Horas después de este hecho, Ola Bini, un programador sueco residente en Ecuador fue aprehendido por supuestos ataques cibernéticos en contra del Gobierno; a esto, él declaró: «lo único que he hecho es ser amigo de Julian Assange» en una entrevista exclusiva con CNN. Según las investigaciones de los chats desencriptados de Ola Bini, él mantenía estrechas relaciones con asesores de Ricardo Patiño, canciller en el gobierno de Rafael Correa, con quienes conversaba sobre el asilo de Assange y, a su vez, mantenía informados a sus allegados sobre la situación política del Ecuador (Pallares, 2019).

Para muchos, Assange y Ola Bini son sinónimos de libertad de expresión y buen periodismo; el debate podría ser amplio al respecto. Amnistía Internacional manifestó que existe interferencia indebida del gobierno ecuatoriano en el proceso penal de Ola Bini porque entre las irregularidades están que su detención se realizó sin orden judicial ni evidencia de un delito en flagrancia.

No obstante, entre la libertad de expresión, el libre acceso a la información y la privacidad hay líneas delgadas. El artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos señala que «Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, […] Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques». Asimismo, el numeral 19 del artículo 66 [2] de la Constitución de la República del Ecuador reconoce y garantiza el derecho a la protección de datos personales. Sin embargo, el 16 de septiembre de 2019, la firma de seguridad informática vpnMentor [3]  y el portal Zdnet.com publicaron que una base de datos de unos 18 Gb de información sensible de identificación personal de aproximadamente 20 millones de personas localizadas en Ecuador fue filtrada. Según el equipo de investigación de vpnMentor, la filtración masiva se realizó desde un servidor no seguro en Florida, presunta propiedad de la empresa ecuatoriana Novaestrat, cuya página ya no existe. La población del Ecuador es de alrededor de 17 millones de personas; entonces, algunos de los datos podrían ser de personas fallecidas, según el reporte de vpnMentor. De igual forma, sigue siendo alarmante porque al parecer la información de cada individuo del país fue expuesta incluyendo su nombre completo, dirección, trabajo y otros datos, cuya fuente, entre otras, pudo ser el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Es tal la gravedad que hay riesgo de robo de identidad, fraude financiero y espionaje a nivel corporativo.

Ecuador no posee un marco jurídico de protección de datos; el primer intento fue uno de la asambleísta Gabriela Rivadeneira en 2016 con la presentación del Proyecto de Ley Orgánica de la Protección de los Derechos a la Intimidad y Privacidad sobre Datos Personales, cuyo estado quedó en proceso. Ahora, tras la situación descrita previamente, el 19 de septiembre de 2019, el presidente Lenin Moreno entregó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica de Protección de Datos Personales. La propuesta reconoce que los datos son «activos digitales con gran valor económico» y la «información forma parte de un mercado negro», e incluye un régimen sancionatorio y la protección como un derecho ciudadano.

A nivel regional, países como Chile, Colombia, Brasil y Perú crearon o fortalecieron su legislación nacional sobre la protección de datos para alinearse al Reglamento General Europeo de Protección de Datos Personales, que trata información de ciudadanos europeos dentro y fuera de su continente, en vigencia desde mayo de 2018 (Bojalil y Vela, 2019). Estas medidas les permiten cumplir con los altos estándares de tratamiento de datos de la Unión Europea y, con ello, posibilitan más acuerdos comerciales con ese bloque económico. Ecuador está suscrito al Protocolo de Adhesión del Acuerdo Comercial Multipartes con la Unión Europea desde el 2016; entonces, debe garantizar la confiabilidad para la transferencia de datos personales, pues todo intercambio de bienes y servicios incluye intercambio de información.

En fin, más allá de lo comercial, es un tema de vulneración de derechos, que incide directamente en la vida de las personas. A pesar de que la Constitución del Ecuador garantiza desde el 2008 la protección de datos, recién en 2019, tras la masiva filtración de información, se presenta un proyecto de ley en la materia. El capítulo Assange, Ola Bini y la filtración de información evidencian que la ley es necesaria y urgente. Es claro que el concepto de seguridad evoluciona en esta sociedad frágil y líquida. La información es una gran fuente de poder, que puede generar avances tecnológicos y comerciales hasta destruir personas y desestabilizar gobiernos.

Bibliografía

Amnistía Internacional. (agosto de 2019). Ecuador: Gobierno interfiere en proceso penal contra Ola Bini.

Bojalil, P., y Vela-Treviño, C. (2019). Despuntan las reformas en materia de protección de datos en América Latina. Abierto al Público – Blog del Banco Interamericano de Desarrollo.

Constitución de la República del Ecuador. (2008).

Forde, S. (1992). Varieties of Realism: Thucydides and Machiavelli. The Journal of Politics, vol. 54, n.º 2, pp. 372-393. The University of Chicago Press Journals.

ONU. (1948). Declaración Universal de Derechos Humanos.

Orozco, G. (2006). El concepto de la seguridad en la teoría de las relaciones internacionales. Revista CIDOB d’Afers Internacionals, n.º 72, pp. 161-180.

Pallares, M. (agosto de 2019). Relaciones peligrosas de Ola Bini con el correato. 4pelagatos.

Presidencia de la República del Ecuador. (2019). Ecuador retira asilo diplomático a Julian Assange.

Secretaría General de Comunicación de la Presidencia de la República del Ecuador. (2012). Gobierno ecuatoriano otorga asilo a Julian Assange.

vpnMentor. (2019). Report: Ecuadorian Breach Reveals Sensitive Personal Data.

WikiLeaks. (2015). What is WikiLeaks.

Notas

[1] WikiLeaks se autodefine en su página web como «una organización de medios multinacionales y una biblioteca asociada».

[2] Artículo 66, numeral 19: «El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así como su correspondiente protección. La recolección, archivo, procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley» (Constitución de la República del Ecuador, 2008).

[3] VPN: virtual private network (red privada virtual).

Internet ha cambiado tanto las formas de comunicarse, expresarse, informarse y opinar que el filósofo español Fernando Savater sentenció: «Lo que en la democracia ateniense fue el ágora, la plaza pública a la que se iba para ver y escuchar a los demás, lo constituyen hoy los periódicos impresos, las televisiones, las radios y los blogs y todo el abigarrado complejo de Internet». [1] Internet trajo a las redes sociales y estas, especialmente Twitter, se volvieron la nueva plaza pública: el lugar virtual donde los ciudadanos y autoridades se informan y debaten asuntos de interés público, entre otras cosas.

Las nuevas tecnologías de información trajeron cambios y beneficios a la democracia, surgiendo la democracia digital. Elaine Ford manifiesta que esta democracia digital significa «poner internet y la tecnología al servicio de la ciudadanía, para que contribuyan a la consolidación del sistema democrático». [2] Los beneficios que traen Internet y las redes sociales a la democracia es que potencian la participación de la ciudanía en asuntos de interés público, posibilitando la interacción directa entre representantes y representados, generando espacios de democracia directa. Así mismo, hay que tener en cuenta que las libertades de información, de expresión y de opinión son consustanciales a la existencia misma de un Estado democrático de derecho.

No existe democracia sin libertades para informarse y opinar. Por tanto, si Internet potencia esas libertades —al hacerlas rápidas y directas—, potencia también los valores democráticos. Por ello, la ONU elaboró una Resolución sobre Derechos Humanos e Internet en la que se señala que los derechos fundamentales se protegen tanto en línea como offline, en especial, la libertad de expresión.

Al ver los beneficios que traen las redes sociales, muchos funcionarios públicos, especialmente los funcionarios políticos, en pleno uso de su libertad empezaron a utilizar sus cuentas privadas para dar a conocer información y opiniones de relevancia pública. Además, utilizan estas plataformas para generar un discurso de legitimidad con la población. Así, la información contenida en esas cuentas es de por sí de interés de toda la comunidad política.

Por todo esto, las cortes en Europa, en Estados Unidos, México y Costa Rica empezaron a proteger los derechos de libertad de información y expresión en redes sociales contra el bloqueo de funcionarios. La Suprema Corte de México respondió a la siguiente pregunta: «¿Puede un servidor público bloquear a un ciudadano en Twitter?». [3] La judicatura mexicana contestó ¡no!, pues el funcionario y su cuenta «adquirieron notoriedad pública. El primero, al acceder al cargo público. La segunda, al ser utilizada voluntariamente por su titular para difundir información referente al desempeño de su gestión. Al hacerlo, estableció un canal de comunicación entre un funcionario público y la ciudadanía». En Estados Unidos, [4] una jueza estableció que el presidente Donald Trump no puede bloquear a los usuarios en Twitter porque su cuenta es un «foro público».

En el Perú, el ciudadano Erick Iriarte presentó un proceso de amparo contra el entonces presidente del Consejo de Ministros Pedro Cateriano, pues este último bloqueó de su red social Twitter al demandante. El Tribunal Constitucional peruano emitió una sentencia [5] que declaró infundada la demanda presentada por Iriarte, estableciendo que un funcionario sí puede bloquear a un ciudadano en sus redes sociales, sin importarle el contenido de la información ni el foro de discusión. Esta resolución va en contra de la tendencia mundial sobre protección de derechos fundamentales en redes sociales. La sentencia del TC parece vulnerar, además, el principio de máxima divulgación señalado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el cual «establece la presunción de que toda información es accesible» (caso Claude Reyes y otros vs. Chile).

Seguramente, este fallo es solo el inicio de muchas batallas sobre las reglas en la nueva plaza pública. Como en las plazas reales, costará hasta que estas reglas sean tan claras y nítidas que protejan esta plaza como espacio central de la democracia. En vista de otros fallos que refuerzan este enfoque, el fallo peruano no deja de irritar. Cabe esperar que, más temprano que tarde, la justicia peruana siga la tendencia mundial de fallos contra la práctica del bloqueo.

La humanidad evoluciona: hace dos siglos, lo que hoy conocemos como libertades de expresión y de información se conocían solo como libertad de imprenta. En el siglo XX aparecieron la radio y la televisión, y la simple libertad de imprenta tuvo que evolucionar. En el siglo XXI, con Internet y las redes sociales, no queda otro camino que reconocer que las formas de comunicación, información y expresión han cambiado.

Notas

[1] Savater, Fernando. Diccionario del ciudadano sin miedo a saber. Col. Isla de Próspero. Barcelona: Ariel.

[2] Ford, Elaine (2019). El reto de la democracia digital. Hacia una ciudadanía interconectada. Lima: Konrad-Adenauer-Stiftung, p. 39.

[3] Corte Suprema Mexicana. Amparo en revisión n.° 1005/2018.

[4] Corte del Distrito de Nueva York, caso 1:17-cv-05202-NRB.

[5] STC 0042-2017-PA/TC.

No es una novedad que a nivel ambiental y ecológico el mundo está sobrellevando momentos muy difíciles. Con la contaminación, deforestación e industrialización masiva y global que hay, parece que a nuestro planeta Tierra se le está acortando su tiempo de vida, poco a poco. Y ahora más que nunca, ya que los pulmones del mundo lentamente se están deteriorando: los bosques del Amazonas. Hace ya unas semanas que se supo vía masivas campañas en redes y algunos medios independientes que el bosque tropical se está incendiando.

Es una tragedia no solo por su belleza, sino porque es uno de los espacios verdes más importantes de todo el planeta. Después de declaraciones como las del presidente de Brasil Jair Bolsonaro, que especula (insólitamente) con que los incendios fueron provocados por las mismas ONG, varios periodistas freelance que cubrieron el hecho desde su región están siendo amenazados por esto. Uno de ellos es Adecio Pirán. Según el Comité para la Protección de los Periodistas, en el municipio Pará, en Novo Progresso, se empezaron a repartir panfletos con el teléfono, la fotografía y demás información del periodista. También insistían en el cierre del medio para el que Pirán escribe: Folha do Progresso. Además, lo acusan de estafador, mentiroso y de difundir fake news.

Pirán explica que empezó a recibir amenazas contra su persona por mensajes de texto. Igualmente, la policía ya está investigando la causa, pero las amenazas provendrían de grupos rurales, productores o dueños de tierra, que habrían organizado los incendios. También acusan al periodista de lucrar con esas «mentiras». Amazonia Real, una agencia de noticias ambientales, salió a defender y respaldar los dichos de Adecio Pirán. El periodista también comentó que en este momento y lentamente, al ser una región lluviosa, el incendio va cesando.

Según el periodista, habrá más información respecto al caso dentro de una semana. Sin embargo, el CPJ no deja de pedir por la libertad de prensa para que los periodistas puedan realizar su trabajo de cubrir una realidad ambiental, que está sucediendo y no se puede ocultar, con su seguridad garantizada. Amnistía Internacional indica que desde que asumió Bolsonaro la protección de los derechos humanos se ha deteriorado y, con ello, los derechos ambientales. Para cuidar y preservar algo tan importante para el mundo como la Amazonia es necesario poder contarlo y que la sociedad sepa y actúe sobre ello. Pero si los comunicadores son silenciados, hay una fuerza mayor que nos les está asegurando poder cumplir su rol y labor social.

Si nosotros no cuidamos a nuestro planeta, nadie más lo hará. Es vital y necesario que estas cuestiones que nos competen a todos como habitantes del planeta Tierra se sepan. Por ende, es crucial que los periodistas que quieren contar la verdad sean escuchados. No solo porque están en su derecho, sino porque todos tenemos derecho a saber qué ocurre con nuestro (único) hogar.

Publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 8 de septiembre de 2019