Análisis de los sistemas federales desde las miradas de las relaciones, los mecanismos y las instituciones que possen las provincias para influir en la toma de decisiones del Estado. Por Juan Manuel Busto. Edición ACEP Argentina.

¿CUÁLES SON LAS CONSECUENCIAS DE TAL TERQUEDAD ANTE LA REALIDAD? Este ambicioso libro coordinado por Gisela Kozak y Armando Chaguaceda viene a traer certezas. Editado por Cadal y otros.

En medio de una región en crisis, con varios países «en llamas» por diversas situaciones políticas, sociales y económicas, el Uruguay, aparente último bastión de estabilidad en el continente sudamericano, se encamina a ingresar en una nueva etapa de su historia política.

El pasado 27 de octubre, en las elecciones nacionales, se produjo un quiebre: por primera vez en 15 años ningún partido político obtuvo mayorías parlamentarias. El Frente Amplio, que gobernó en los últimos tres períodos en dicha condición, recibió un revolcón electoral al caer casi 9 por ciento de los votos en comparación a los comicios del año 2014. Se trató de una fuga de cerca de 200.000 personas. A pesar de haber obtenido el 39 por ciento del electorado y de ser la fuerza política más votada, quedó en minoría respecto a la oposición política.

El Partido Nacional, retador de la coalición de izquierda, alcanzó el segundo lugar con 28 por ciento de los sufragios e ingresó a la instancia de balotaje, ya que ninguno tuvo la mitad más una de las adhesiones para vencer en primera vuelta, como lo prevé el sistema electoral uruguayo.

El líder de esta colectividad, Luis Lacalle Pou, consiguió algo inédito: la misma noche y tras conocerse los resultados, recibió el apoyo de otros cuatro partidos opositores y quedó muy bien ubicado de cara a la segunda vuelta. El Partido Colorado con 12 por ciento, Cabildo Abierto con 11 por ciento, el Partido de la Gente con 1 por ciento y el Partido Independiente con 0,9 por ciento llamaron a sus seguidores a que voten por el candidato nacionalista. Ese último domingo de octubre nacía la denominada coalición multicolor, que alcanza al 54 por ciento de los uruguayos y que le daría la llave del gobierno a la centroderecha, desplazando a la izquierda del poder.

Días después del acto eleccionario, los líderes de estos cinco partidos —Luis Lacalle Pou (PN), Ernesto Talvi (PC), Guido Manini Ríos (CA), Edgardo Novick (PG) y Pablo Mieres (PI)— firmaron un acuerdo programático y sellaron las bases para conformar un posible gobierno de coalición, algo en lo que habían insistido durante la campaña electoral Lacalle Pou y el expresidente de la República Julio María Sanguinetti, uno de los artífices de la alianza. Además, la unión de los partidos les dio en los hechos la mayoría parlamentaria, con 17 senadores y 56 diputados.

El liderazgo de Luis Lacalle Pou, varias veces diputado, senador e hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle Herrera (1990-1995), que comenzó a preparar esta campaña electoral desde el momento mismo en que perdió las elecciones anteriores cinco años atrás frente al actual presidente Tabaré Vázquez, le permitió descifrar el descontento de grandes sectores de la población con el gobierno, comprender los aires de cambio y conformar una ingeniería de alianzas que aglutinó a las fuerzas opositoras y que lo dejaron a las puertas de la presidencia. Las principales encuestadoras del país indican que Lacalle Pou está entre cinco y ocho puntos por encima de Daniel Martínez, candidato del oficialismo.

La coalición multicolor está conformada por los dos partidos tradicionales y fundacionales del Uruguay, el Nacional y el Colorado, ambos con 180 años historia y de ideología liberal, ubicados en la centroderecha del espectro político. También participa Cabildo Abierto, la sorpresa de la presente campaña, que llevó como candidato presidencial al excomandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. El general retirado se había enfrentado al presidente Tabaré Vázquez y fue cesado de su cargo, al que había llegado bajo el gobierno de José Mujica. El partido político se ubica en la derecha, pero no son pocos los que lo califican como de extrema derecha. El Partido de la Gente, también de derecha, y el Partido Independiente de centroizquierda, forman parte del acuerdo.

El Frente Amplio en su laberinto

A pesar de que varias encuestas lo vaticinaban, los resultados del 27 de octubre cayeron como un baldazo de agua fría para el Frente Amplio y sus dirigentes, que esperaban quedar por encima del 40 por ciento y así poder dar pelea en la segunda vuelta. El 39 por ciento definitivo le significó a la izquierda caer en su votación más baja desde el año 1999, perder las mayorías parlamentarias y quedar muy cerca de la derrota en la búsqueda de su cuarta presidencia consecutiva.

Ninguno de los restantes 14 partidos políticos que comenzaron el ciclo electoral en las pasadas elecciones internas y que van de la extrema izquierda a la extrema derecha, pasando por todos los matices posibles del escenario político, le dieron su apoyo al oficialismo, lo que le ha imposibilitado tejer alianzas para mejorar su caudal electoral. Quedará para el análisis politológico la pregunta sobre qué ha pasado en estos 15 años para que el Frente Amplio haya quedado en absoluta soledad. La respuesta del electo diputado por el Partido Ecologista Radical Intransigente, César Vega, es sintomática: «En el balotaje anularé mi voto; no voy a votar por Lacalle, pero mucho menos por el Frente Amplio». Su partido fue la quinta fuerza más votada.

La campaña electoral que lideró el candidato Daniel Martínez, exintendente de Montevideo, estuvo marcada por varios errores y desaciertos, nunca consiguió sentirse cómodo en su rol, se lo vio molesto en las entrevistas periodísticas y su cambiante estrategia desconcertó a propios y extraños. Además, cargó con la mochila, con lo bueno y lo malo de un partido político que llegará en marzo del 2020 a los 15 años ininterrumpidos en el poder.

El desgaste se aprecia, por ejemplo, en el alto índice de desaprobación con el que cuenta el gobierno liderado por Tabaré Vázquez. La inseguridad está en sus cifras más grandes de homicidios, rapiñas y hurtos; la educación registra malos resultados y la economía se encuentra en declive con el cierre de pequeñas empresas, la pulverización de más de 50.000 puestos de trabajo en el último período, un déficit fiscal que ronda el 5 por ciento del PBI y un costo de vida demasiado alto, todas cosas que han puesto contra las cuerdas al Frente Amplio. Las acusaciones de clientelismo, despilfarro de los dineros públicos durante la gestión de José Mujica, el apoyo incondicional al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela y los varios casos de corrupción, que, por ejemplo, han llevado a la inédita renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, abonaron al desencanto de varios segmentos del electorado para con la fuerza de izquierda.

Rumbo a las urnas

El domingo 24 de noviembre se cierra el ciclo electoral con el balotaje. Hay 2,7 millones de personas habilitadas para votar en unas elecciones de carácter obligatorio. Gane quien gane, el Uruguay comenzará una nueva era política a partir del 1º de marzo de 2020, cuando asuma un nuevo gobierno y se alcancen los 35 años de democracia ininterrumpida en el país.

Los candidatos

Daniel Martínez: Candidato presidencial del Frente Amplio. Tiene 62 años de edad. Ingeniero industrial de profesión, fue senador, presidente de la petrolera estatal Ancap, ministro de Industria e intendente de Montevideo. Pertenece al Partido Socialista.

Luis Lacalle Pou: Candidato presidencial del Partido Nacional. Tiene 46 años de edad. Abogado de profesión, fue diputado en tres períodos y senador. Es hijo del expresidente de la República Luis Alberto Lacalle y bisnieto de Luis Alberto de Herrera, uno de los políticos más importantes en la historia del Uruguay. Fue candidato presidencial en las elecciones de 2014.

El domingo 3 de noviembre, el entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, derogó el decreto 3738 mediante un decreto presidencial. Este decreto 3738 preveía la creación de una corporación mixta entre el Estado boliviano y la empresa alemana ACI Systems GmbH por un período de 70 años. El objetivo de la joint-venture es la industrialización del litio y otros recursos para la construcción de celdas de batería. Detrás de ACI hay grandes empresas industriales alemanas incluidas Volkswagen y Varta. El Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania explicó el 6 de noviembre de 2019 que se toma nota da la cancelación «con sorpresa y pena». El gobierno federal aún no conoce los motivos de esta decisión.

Daños colaterales de las elecciones presidenciales

El proyecto conjunto germano-boliviano se lanzó hace solo un año en Berlín. El 16 de diciembre de 2018, representantes de ACI y de la empresa estatal de Bolivia YLB firmaron el proyecto y lo inscribieron en el registro comercial de Alemania en octubre de este año, en presencia del ministro federal de Economía Peter Altmaier, el ministro de Relaciones Exteriores boliviano Diego Pary, el ministro de Energía Rafael Alarcón y la ministra de Economía de Baden-Württemberg, Nicole Hoffmeister-Kraut. Según el acuerdo, YLB debería tener 51 por ciento de la empresa conjunta. A partir de 2022, se planeó producir de 30.000 a 40.000 toneladas de hidróxido de litio por año, con inversiones de 300 a 400 millones de euros.

Los medios bolivianos y los conocedores de la escena sospechan que la decisión se basó en el intento del gobierno de apaciguar las protestas actuales en el departamento de las tierras altas de Potosí, que incluye el área de minería de litio en el salar de Uyuni.

En este departamento, el Comité Ciudadano de Potosí COMCIPO (Comité Cívico Potosinista) está al frente de las protestas contra el gobierno de Morales hace varios años. Ya antes de las manifestaciones actuales a raíz de las elecciones presidenciales, las protestas se habían encendido en los proyectos de infraestructura planificados, los derechos de autonomía y la distribución de los recursos naturales. Las protestas finalmente se intensificaron luego de la publicación de los resultados electorales y los presuntos fraudes electorales, que la OEA describió como «difíciles de justificar».

En una conferencia de prensa el domingo 3 de noviembre, Juan Carlos Cejas, gobernador de Potosí, del gobernante partido Movimiento al Socialismo (MAS), lamentó la cancelación del proyecto de litio con culpabilizando claramente al COMCIPO:

Desafortunadamente hemos llegado a esta situación. Seguramente el tiempo dirá quién realmente pensó en Potosí en sus acciones, y quién agitó e incitó en detrimento de Potosí.

El gobierno no hizo ninguna declaración inmediata sobre el proceso.

Unos días después de este evento, es cierto que las esperanzas del gobierno de calmar la situación en Potosí no se han cumplido. COMCIPO agradeció el decreto pero enfatizó que su lista de demandas sobre La Paz era mucho más larga y que Potosí todavía estaba «en la lucha contra el gobierno». El catálogo de demandas de COMCIPO incluye, entre otras, la parada de un proyecto similar del grupo chino Xinjiang TBEA Group-Baocheng con YLB. Hasta el momento esto no ha sido tocado por el gobierno boliviano y por lo tanto podría ser una indicación clara de quién está otorgando una mayor importancia estratégica en Bolivia.

Otras voces sobre las causas posibles acusan a ACI de falta de política informativa (especialmente a nivel regional, con los vecinos del proyecto) y dependencia excesiva del gobierno. Varios comentarios negativos de un importante analista de recursos boliviano sobre la joint-venture germano-boliviana también pueden haber contribuido al resultado actual.

Primeros resultados del retiro

La retirada del proyecto de litio para apaciguar a Potosí parece poco pensada. El efecto deseado no se materializó, y se sacrificó imprudentemente un proyecto prestigioso de la política de industrialización boliviana, así como las relaciones alemanas-bolivianas.

Si este retiro no se revisa nuevamente en una fecha posterior —lo cual es bastante concebible—, puede amenazar al Estado boliviano con posibles multas. En cualquier caso, la decisión ya ha llevado a una mayor pérdida de confianza de los inversores internacionales. La ubicación continúa perdiendo su atractivo, después de que Bolivia rescindiera un acuerdo bilateral de protección de inversiones en 2013.

Para ACI y la política alemana, las esperanzas para el desarrollo de una relación con confianza de recursos con Bolivia se han desvanecido por el momento. Sin embargo, el director gerente de ACI, Wolfgang Schmutz, el miércoles enfatizó que todavía no quería abandonar el proyecto y que «no quiere ir a la corte, sino más bien encontrar soluciones constructivas consensuadas».

No es segura la suspensión permanente del proyecto, pero, en cualquier caso, se perderá mucho tiempo. Pasarán al menos de 6 a 12 meses antes de la inevitable renegociación entre las autoridades locales en Potosí y el gobierno boliviano y, por la situación política actual y su confusión, quizás más. Si las concesiones inevitables también afectarán la relación contractual entre YLB y ACI aún no se puede prever. Sin embargo, esto podría reducir el atractivo del proyecto en general.

Las preocupaciones de política climática no desempeñaron un papel importante

La minería de litio en Bolivia es parte del Triángulo de Litio, que comprende yacimientos en Argentina, Bolivia y Chile. Bolivia es relativamente nueva en el negocio del litio, a pesar de que se sospecha que existen allí las reservas de litio más grandes del mundo. Los principales productores y exportadores de América Latina, y dos de los diez mayores del mundo, son Chile y Argentina, responsables de más de la mitad de la producción de litio global.

La explotación se realiza mediante evaporación de la salmuera natural que contiene litio de los lagos de sal. Debido al uso del sol para la evaporación selectiva, se la considera una minería relativamente respetuosa del medioambiente en los tres países. Sin embargo, desde el principio la industria del litio ha sido criticada. En particular, el uso intensivo de agua asociado con el proceso minero tiene potencial para conflictos, especialmente en áreas desérticas. Los pueblos indígenas están entre los demandantes principales. En el caso de Bolivia, el salar de Uyuni también es una de las regiones turísticas principales del país. Por lo tanto, la degradación industrial no está exenta de controversia.

Actualmente, sin embargo, estas críticas climáticas y ambientales aparentemente no han desempeñado ningún papel en el rechazo al socio alemán. En general, la medida probablemente también ilustra más una falta general de interés en los planes de ACI que una preocupación del gobierno por las protestas desde las elecciones del 20 de octubre de 2019 y el intento de pacificar la región de Potosí.

Las protestas en la ciudad caracterizada por sus habitantes indígenas, y también en el departamento de Potosí, contrastan con el discurso oficial. Las protestas contra las elecciones son un golpe de Estado y un conflicto entre la ciudad y el país.

La presunta victoria por amplio margen del partido del presidente en Potosí es particularmente controvertida, porque el departamento se ha opuesto al gobierno durante varios años. Después de 20 días de protestas ininterrumpidas a nivel nacional, el gobierno está listo a controlar las protestas a cualquier costo.

Futuro de una cooperación estratégica de recursos

El ámbito de los productores de litio en América Latina es muy concurrido. La explotación es dominada principalmente por empresas chinas y norteamericanas. Por esta razón, la joint venture germano-boliviana tenía particular importancia para ambas partes en el contexto de la competencia internacional.

Bolivia esperaba convertirse en un actor importante no solamente en la producción, sino también en el procesamiento. Además, esperaba atraer clientes relevantes de los sectores automotriz y energético. Igual que en Chile y Argentina, Bolivia está interesada en construir cadenas de valor a largo plazo. En esta manera, el conocimiento y la tecnología alemana tradicionalmente son bien vistos en América Latina.

Para Alemania, por otra parte, fue posible primera vez obtener acceso directo al recurso estratégico. Al mismo tiempo, las buenas relaciones con regiones estables siempre han sido de particular importancia para Alemania. Hasta ahora, en comparación internacional, América Latina ha representado una región de este tipo.

Sin embargo, las condiciones políticas y las condiciones de las políticas de recursos han cambiado no solo con el desarrollo actual. También en los otros dos países del triángulo de litio son imprevisibles los impactos sobre las políticas liberales respecto a los recursos, en Chile por las protestas sociales y en Argentina por el cambio inminente de gobierno.

Los desarrollos actuales en Bolivia no tienen por qué significar un final definitivo a este proyecto, aunque sí constituyen una grave violación de la confianza en las relaciones entre Alemania y Bolivia. A pesar de todo, las relaciones de recursos y las asociaciones estratégicas germano-latinoamericanas y, sobre todo, germano-bolivianas, deberían promover cadenas de valor sostenibles. Debido a la tendencia de uso de nuevas tecnologías para la producción, almacenamiento y uso de energías renovables, la demanda mundial de litio sin duda aumentará.

El gran potencial de la región del triángulo de litio para desempeñar un papel importante en el mercado mundial dependerá del aseguramiento de buenas condiciones de inversión. Precisamente, debido a que el suministro de litio a Alemania sigue siendo importante con vista a promover la movilidad eléctrica, es indispensable seguir insistiendo en lazos estables e institucionalmente fundados en la cooperación relacionada con los recursos.

A partir del 10 de diciembre habrá un presidente que hasta hace pocos meses ni contemplaba esa posibilidad. Tendrá como oposición a un espacio que, por primera vez, puede resultar un contrapeso de poder real al peronismo. Matices de un país que siempre sorprende.

Las elecciones generales del 27 de octubre dejaron más que un nuevo presidente en la Argentina. Los resultados configuraron un nuevo mapa de poder que obligará a las dos principales fuerzas a una pacífica convivencia política, algo que no tenían pensado —ni quisieron practicar— en los últimos años, pero que puede resultar una oportunidad para el país.

La holgada diferencia que había sacado el Frente de Todos en las primarias de agosto se vio sustancialmente reducida en los últimos comicios generales. El espacio oficialista nucleado en Juntos por el Cambio dejó de lado el marketing político y apeló a movilizar gente por todo el país con un discurso dirigido a su núcleo duro. La estrategia más ligada a la política tradicional le permitió sumar más de dos millones de votos, lo que se tradujo en triunfos en distintas intendencias, provincias y en un aumento sustancial de la representación en el Congreso de la Nación.

¿Derrota o victoria?

La estrategia política se redirigió de tal forma que, a partir de los magros resultados de agosto, la derrota de octubre fue presentada casi como una victoria. Esto se traduce en una posibilidad histórica para el espacio que gobernó durante los últimos cuatro años en la Argentina. De mantenerse unido, tendrá más legisladores en ambas cámaras que lo que tuvo en el período de gestión. Es decir, podría pararse como una alternativa de poder real al futuro gobierno, aglutinando, tal por primera vez, todo el voto antiperonista en una sola coalición. Sin embargo, para que eso suceda, primero hay que limar asperezas internas, barajar y dar de nuevo.

Los diez millones de votos que obtuvo el presidente Mauricio Macri obligan a Alberto Fernández a no desatender las demandas de ese electorado. Principalmente, la institucional. En las plazas que llenó la campaña oficialista se repitieron consignas de un sector de la sociedad que no permitirá atropellos éticos e institucionales como los que hubo durante el último mandato de Cristina Kirchner. Fueron plazas de apoyo popular al actual presidente, pero también donde se mandó un mensaje a futuro.

El nuevo esquema arroja un equilibrio que puede resultar una oportunidad histórica para la Argentina. En un país que ha estado signado por una división política sideral, donde en los últimos 15 años la tensión sociopolítica aumentó por la instalación del nosotros o ellos que pregona Ernesto Laclau, los vocablos diálogo y consenso se imponen como una obligación para lo que viene. La situación económica tampoco está en condiciones de ofrecer soluciones mágicas que no cuenten con un amplio apoyo institucional.

Desafío

Quienes conocen más de cerca a Alberto Fernández justamente le destacan esa cualidad. Cristina Kirchner, al bendecirlo con la candidatura a presidente, le dejó planteado el desafío. El eslogan Con Cristina no alcanza, pero sin ella no se puede unificó a sectores peronistas que en los últimos años habían estado en las antípodas e, incluso, se habían enfrentado en distintas elecciones. Ahora, el presidente electo tendrá la misión de construir consensos dentro de su espacio político, con la oposición y con sus eventuales socios en la región. En campaña, visitó a Lula, Pepe Mujica y Evo Morales, y una vez ungido como jefe de Estado su primer viaje fue a México para reunirse con Andrés Manuel López Obrador, a quien le propuso formar un polo progresista en Latinoamérica. Sueña con fortalecer el Grupo de Puebla pero, a diferencia del Grupo de Lima, se trata de un espacio que reúne individuos y no gobernantes.

[Lee también: La política como conflicto]

Fernández no cuenta con lo que fue la invasión de regímenes populistas a principio de siglo, ya que hoy la región presenta otra configuración. Sebastián Piñera en Chile, Lenín Moreno en Ecuador, Iván Duque en Colombia y Jair Bolsonaro no son los socios ideales que el futuro presidente argentino elegiría, pero la coyuntura económica y política demanda una interlocución y una relación cordial con ellos. Lo mismo ocurre con Donald Trump y el Fondo Monetario Internacional. Todo un nuevo reto para su capacidad acuerdista.

La mayor incertidumbre en Argentina es económica y el futuro presidente lo sabe. Deberá enfrentarla sin mayorías parlamentarias, una oposición con poder real, movimientos sociales que presionan por la recesión, una coalición de gobierno tan amplia como heterogénea y una región dividida entre socios naturales y espacios que hubieran preferido que ganara Mauricio Macri. A todo ese se enfrenta Alberto Férnandez; se enfrenta a una postal inédita del país para un gobierno peronista.

El Programa Uruguay de la Fundación Konrad Adenauer ha tenido desde su instalación la inquietud de aportar a la discusión democrática en relación con las bondades y desafíos que plantea la descentralización como un proceso de reforma estatal de acercamiento a la sociedad, pero también de ramificaciones y complejidades.

En ese sentido, mantenemos una línea de trabajo con instituciones académicas nacionales para examinar la realidad de los gobiernos e instancias legislativas de departamentos y municipios con la intención de hacer propuestas para el desarrollo y fortalecimiento de los órganos subnacionales.

Agenda descentralizadora

La Fundación Konrad Adenauer tiene el orgullo de poner a disposición del público esta publicación, fruto del trabajo en equipo con diferentes centros de pensamiento que contribuyen a la discusión del tema desde sus ámbitos específicos: el Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, el Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Católica del Uruguay, el Programa de Desarrollo Local de la Universidad claeh y el Instituto Sudamericano para Estudios sobre Resiliencia y Sostenibilidad (Instituto saras).

Los representantes y gerentes públicos más próximos a los ciudadanos son aquellos encargados de la administración de pueblos y ciudades. El municipio, aun cuando es una experiencia bastante reciente en Uruguay, ha venido creciendo en relevancia como actor en el escenario político y social. Las intendencias y juntas departamentales conforman el segundo nivel de gobierno, que ofrece un entramado de servicios que con las exigencias de la inmediatez y la velocidad de los tiempos que corren, requiere de cada vez más esfuerzo y profesionalización. En lo alto del organigrama público están el Ejecutivo nacional y el Parlamento, las instancias de primer orden que se relacionan con los otros dos niveles para articular la gestión estatal. En la interacción de estos tres espacios se ubican los textos de este libro, que han puesto la lupa para ver qué tan armónica es hoy esa relación, cuáles han sido sus logros y cuáles sus retos.

Estos son apuntes para seguir caminando en la agenda descentralizadora, para avanzar y mejorar. Un insumo para el próximo periodo, justo cuando departamentos y municipios entran nuevamente en un ciclo electoral para decidir su destino.

Publicación: 2019

Edición: Fundación Konrad Adenauer

Montevideo, Uruguay

ISBN: 978-9974-8706-3-5

Guía para el desarrollo de capacidades en funcionarios para avanzar en instaurar una cultura de integridad y mejorar los mecanismos de rendición de cuentas con enfoque de resultados. Editado por Universidad Antonio Ruiz de Montoya y KAS Perú.

En Venezuela se dio inicio al federalismo descentralizado en 1989, cuando se eligieron por vez primera gobernadores y alcaldes, en el marco de los procesos de democratización que avanzaban en Latinoamérica. El experimento duró nueve años: 1990 a 1998. A partir de la entrada al poder de Hugo Chávez, la descentralización fue vulnerada toda vez que su lógica contravenía los objetivos revolucionarios y sus aspiraciones de perpetuación en el poder. El régimen autoritario nunca ha aceptado poderes compartidos. Su naturaleza es no democrática.

La estrategia de desmontaje de la descentralización puede entenderse con el análisis de tres momentos. El primero es el proceso constituyente de 1999, que culminó con un nuevo texto constitucional consagratorio de una república federal y descentralizada, acuerdo que no pasó de ser retórica revolucionaria. El segundo fue la nueva geometría del poder como estrategia de concentración de poder. Y el tercero fue la sacralización del Estado comunal. Ellos formaron parte sustantiva del proyecto político conocido como socialismo del siglo XXI. En esa continuidad, se mantuvo el acoso pertinaz contra los poderes territoriales, con el objetivo último de su extinción y la instauración del Estado comunal, estructura no electa y dependiente del presidente.

De la Constitución a los hechos hay mucho trecho

La nueva Constitución de 1999 refrendó el carácter federal de la República y le agregó el calificativo de descentralizada, lo que supuso ratificar la elección de gobernadores y alcaldes. También las competencias de estados y municipios quedaron similares a las preexistentes.

Sin embargo, los postulados del federalismo nunca se han cumplido. En primer término, el Consejo Federal de Gobierno (CFG), previsto en el artículo 185°, apenas se instrumentó once años después (2010) y siempre ha funcionado como un ente dependiente de los designios del presidente. En segundo lugar, los mecanismos financieros han operado a contracorriente de las necesidades de los territorios. El situado constitucional (dineros que reciben las regiones —alcaldías y gobernaciones— de las ganancias del Estado en materia petrolera) quedó controlado por el discrecional manejo de los fondos nacionales del ejecutivo. Así, en 1998, estados y municipios administraban de manera directa cerca del 29 por ciento del total de las finanzas de la República; en este momento, la cifra no supera el 10 por ciento.

Ese abierto desbalance del poder se incrementó con la eliminación del Senado de la República, espacio histórico del contrapeso territorial. Desapareció la voz de la provincia en el parlamento.

Adicionalmente, el poder central arremetió contra las competencias concurrentes y exclusivas que administraban los estados. Los convenios de transferencia de servicios que habían suscrito con la República fueron anulados, destacando la reversión de los establecimientos de salud. De igual forma, los puertos, aeropuertos y la estructura vial fueron devueltos al poder central en un arrebato muy gráfico: los puertos y aeropuertos del país fueron tomados militarmente.

Los desmanes contra la descentralización se acompañaron con el ataque permanente y abierto a gobernadores y alcaldes de oposición; una cantidad importante del liderazgo territorial ha tenido que tomar el camino del exilio.

Una geometría de poder para el socialismo

En reunión efectuada en el Teatro de la Academia Militar en 2004, Chávez alineó a sus alcaldes y gobernadores y les advirtió que, a pesar de no poder destituirlos, podía controlarlos. Los gobernadores y alcaldes chavistas habían perdido la mínima autonomía que les confería el haber sido electos; estarían al servicio de la revolución y de su líder. A partir de este momento se hizo explícito el objetivo a lograr en materia territorial: la nueva geometría del poder. Se propuso crear un sistema de ciudades y territorios federales transitorios, que darían paso a un sistema de vida comunal donde no hicieran falta los estados, juntas parroquiales, alcaldías ni concejos municipales, sino el poder comunal, en el marco de un Estado comunal.

Para avanzar había que consolidar los consejos comunales para derrumbar el proceso de descentralización como contrapeso del poder. Estos fueron creados en abril de 2006 para ser instancias de participación y articulación de organizaciones de los ciudadanos, que ejercerían directamente la gestión de las políticas públicas. Terminaron siendo un instrumento para el control social en el territorio. Una participación dirigida desde la presidencia.

A ello se agregarían los distritos motores de desarrollo, creados por el presidente para impulsar proyectos regionales y el fortalecimiento del poder popular, en aras de facilitar la transición al socialismo.

Se trató de un entramado territorial que a todas luces asfixiaría a gobernadores y alcaldes electos, y las decisiones territoriales pasaban a depender solo de quien tenía el poder central.

El Estado comunal: todo el poder a los soviets

La Asamblea Nacional sancionó la creación del Poder Popular entre octubre de 2010 y el 4 de enero de 2011. Chávez presentó lo que sería la sociedad ideal: aquella conducida por un Estado comunal que elimina todo tipo de contrapesos de poder e instaura una relación directa de los pobladores con el líder y el partido que lo apoya.

Se trataba del montaje de un Estado paralelo, que no existía en la Constitución, sustentado en un paquete de instrumentos jurídicos —propio de toda dictadura— que definía un Estado socialista por el cual nadie había votado. El Estado comunal sería la forma de organización política y social con la cual el poder sería ejercido directamente por el pueblo, y que permitiría alcanzar la suprema felicidad de los venezolanos en la sociedad socialista, a través de las comunas. En definitiva, se trató de ir hacia un nuevo régimen territorial catalogado de socialista, que desplazaría paulatinamente a las unidades territoriales previstas en la Constitución de 1999.

En esta nueva visión se planteó, abiertamente, una relación sin intermediación entre el Poder Nacional con las organizaciones de base comunitarias reconocidas como tales por un Ministerio para la Participación.

Este andamiaje constitucional, amparado en el ejercicio de un poder autoritario y militarista, estuvo maquillado por una filosofía de participación popular municipal y de base que, como ya se sabe, terminó siendo la fachada para el ejercicio arbitrario del poder. En este modelo, el federalismo descentralizado no tenía cabida. Tenía que ser asfixiado. Así fue.

La agricultura, la forestación y la pesca cambiaron radicalmente la biósfera, esa delgada capa que habitamos. Ese cambio trae consigo un aumento de la vulnerabilidad del ecosistema global, lo que implica que aumentan los riesgos por fenómenos climáticos extremos, períodos de escasez o por la pérdida de recursos críticos para el bienestar. El ecosistema global está tan conectado y simplificado que cualquier crisis local rápidamente puede convertirse en planetaria.

A 150 años de su primera edición, la revista Nature publica en noviembre una selección de artículos que reflejan «el pasado, el presente y el futuro de la naturaleza». Uno de estos trabajos fue elaborado por un equipo del Stockholm Resilience Centre.

El estudio muestra que un 75  por ciento del área total habitable ya se transformó en ciudades, áreas de cultivo o plantaciones para producción de madera. Un 90  por ciento del stock de peces de los océanos está sobreexplotado o ya se agotó, mientras que el crecimiento de la acuacultura ocupa cada vez más áreas costeras.

Los investigadores sugieren tres grandes lineamientos estratégicos que podrían contribuir a cambiar el curso de las cosas:

1. Direccionar finanzas hacia actividades sostenibles. Esto implicaría evitar producciones no sostenibles e ilegales y exigir estándares de sostenibilidad a quienes soliciten créditos.
2. Transparencia y trazabilidad en las políticas gubernamentales que asegure criterios sociales y ambientales para la producción y el consumo.
3. Fortalecimiento de la cooperación entre la ciencia y los emprendimientos, de forma de complementar políticas públicas y regulaciones gubernamentales.

Sin embargo, advierten los investigadores, el éxito de estas estrategias requerirá también un cambio profundo en las visiones del mundo. La evolución hacia un sistema sostenible de producción global exigirá cambios en los valores, los sistemas educativos y las conductas humanas en los que se basan los actuales paradigmas económicos, las relaciones de poder y los patrones de consumo. El cambio hacia la sostenibilidad requerirá de la participación y compromiso de todos.

Sí: nadie puede negar que el fraude cometido por Evo Morales en las elecciones del pasado 20 de octubre fue un atropello a la democracia.

Atropello que, además, lleva detrás una cadena de acciones a lo largo de los años que han demostrado su talante autoritario, antidemocrático y caudillista: toma de instituciones para repartirlas entre sus incondicionales, debilitamiento de contrapesos legales, modificaciones de normas para permitir reelección a pesar de que la ciudadanía decidió en referéndum lo contrario, entre otras perlas tan gustosas a los populistas de la región.

A Evo incluso se le cayó el sistema de conteo de votos hace unas semanas, cuando buscaba reelegirse contra lo expresado en el referéndum señalado y lo que prohibía la propia ley, falla técnica del sistema de conteo de votos que la propia Organización de Estados Americanos, en su informe fiscalizador de los comicios, ha mostrado como prueba para declarar fraudulenta la elección.

En la vida pública de Bolivia, y en la de cualquier país democrático, Evo es impresentable, aunque sus fieles y sus acríticas huestes y propagandistas repitan hasta el éxtasis, como aún hoy lo hacen las de Franco, las de Pinochet –eméritos integrantes del salón de la fama autoritaria y asesina del siglo XX hispanoamericano–, que tiene buenos resultados económicos y sociales, con la omisión del costo en libertades y derechos humanos que esos a la postre supuestos avances traen consigo.

A Evo, esos mismos defensores intentan convertirlo en víctima de un «golpe de Estado», encabezado por una ciudadanía harta que colmó las calles de las principales ciudades bolivianas, rindió a una policía que se negó a la represión y a un ejército que atendió ese clamor popular.

Victimización de una izquierda continental que desprecia al pueblo cuando el pueblo le restrega en la cara su autoritarismo y su atropello, y que lo celebra solamente cuando es esa masa silenciosa y sumisa ante el dictador —potencial o de facto— en turno.

No hay modo pues de defender a Evo desde una concepción de la democracia que asuma que democracia es igualdad en las reglas, contrapesos efectivos e instituciones autónomas y ciudadanas.

Su solicitud de asilo puede chocar e indignar, pues sin duda representa el uso de impuestos de una pequeña base de cautivos para sostener a un fraudulento expresidente que huye del pueblo que lo sacó del poder a fuerza de calle, calle y más calle, que es donde se defiende la democracia cuando las leyes, las instituciones y los votos ya no alcanzan para garantizar un relevo pacífico de gobernantes.

Pero hay un punto irrebatible: la vida de ese expresidente defenestrado estaba en peligro, y el gobierno mexicano lo entendió, ofreció ayuda y acudió a rescatarlo del pueblo que lo buscaba para hacer justicia; es el mismo gobierno, ironía demagógica y populista aparte, que ante el éxodo centroamericano acordó con el gobierno de Donald Trump servir a través de las fuerzas armadas como muro humano para contener la migración.

Como demócrata, condena irrestricta a Evo y compañía; como humanista, solidaridad ante quien se encuentra a expensas de una turba enfurecida o, también y más grave, del Estado: aunque esa víctima lo sea de sus propios actos, aunque sea un criminal confeso, aunque sea un populista de la peor ralea.

Si se busca justicia frente al fraude de Morales, que no sea en detrimento de los derechos humanos y que se demuestre que hay vías legales e institucionales: las que él mismo despreció y atropelló.

El expresidente brasileño de 74 años fue liberado de la cárcel de la Policía Federal en Curitiba, en el sur del país, después de 580 días preso por juicio en segunda instancia en el que fue condenado por corrupción pasiva y lavado de dinero en el caso del apartamento triplex en la playa de Guarujá, costa de San Pablo. La condena fue un desdoblamiento de pena inicialmente decidida por el entonces juez de primera instancia Sérgio Moro, y reforzada posteriormente por el Tribunal Regional Federal de la Cuarta Región (la segunda instancia del proceso).

La decisión de la Suprema Corte

En una votación apretada de 6 votos a favor y 5 en contra, el Supremo Tribunal Federal, la Suprema Corte de Brasil, decidió la constitucionalidad del artículo 283 del Código del Proceso Penal brasileño, que instituye que una condena solo pueda empezar a ser cumplida después de sentencia firme. Es decir, después de agotadas todas las instancias judiciales (lo que se llama tránsito en juzgado en Brasil).

La decisión llevó casi un mes de análisis y votación por los ministros, y era uno de los juicios estrella a cargo de la Corte por implicar, justa y directamente, el caso del expresidente de Brasil. Con esta decisión, Lula aguardará en libertad la tramitación total de este proceso, en el que ya fue condenado. El exmandatario está imputado o es blanco de denuncia en otros nueve casos.

Dicho fragmento del Código del Proceso Penal establece que «nadie podrá ser preso sino en flagrante delito o por orden escrita y fundamentada de autoridad judicial competente, en razón de sentencia condenatoria transitada en juzgado, o en el correr de la investigación o proceso, en virtud de prisión temporal o preventiva».

Queda claro, por el texto, que no todos los encarcelados en segunda instancia podrán alcanzar la libertad. En el artículo 132 del mismo Código se establece como prioridad a ser observada la garantía del orden público y económico, o de la aplicación de la ley penal, para que un condenado se mantenga dentro o fuera de la cárcel antes del agotamiento de recursos. Es decir que las llamadas prisiones cautelares (preventivas, temporales o in fraganti) siguen vigentes.

Los votos de cada ministro del Supremo Tribunal Federal pueden consultarse en la página web de la Corte.

Lula: en la ruta y en oposición activa

Después de un discurso de menos de 10 minutos al dejar la cárcel el viernes 8 de noviembre —en el que agradeció a los militantes que lo acompañaron con cánticos del lado de afuera de la cárcel (la Vigilia Lula Libre) durante un año y siete meses y presentó a su novia, la socióloga Rosângela da Silva—, Lula habló más largamente a la militancia del Partido de los Trabajadores al día siguiente, el sábado, en la sede del Sindicato de los Metalúrgicos de São Bernardo do Campo (San Pablo), su cuna política.

Allí osciló entre momentos de buen humor con expresiones de enojo, se dijo desprovisto de odio para quienes determinaron su prisión —el ahora ministro de Justicia Sergio Moro, el jefe de los fiscales a cargo de la Operación Lava Jato, Deltan Dallagnol— y fue duro en relación con el gobierno Bolsonaro y la política económica del ministro Paulo Guedes.

«Chile es el modelo de país que Paulo Guedes quiere construir acá», dijo, en una seguidilla de consideraciones sobre el escenario latinoamericano. Deseó la victoria de Daniel Martínez en las elecciones de segunda vuelta en Uruguay (el 24 de noviembre) y, sobre la elección de Alberto Fernández en Argentina, con la expresidenta Cristina Fernández como vicepresidenta, consideró que «Macri se llevó una paliza». En relación con Evo Morales —quien renunciaría por presión de las fuerzas armadas bolivianas el día después de su discurso, el domingo— consideró que «hizo el mejor gobierno en Bolivia desde su creación».

Desde Estados Unidos, Steve Bannon, uno de los artífices de la victoria de Donald Trump y principal articulador de la nueva derecha internacional, clasificó a Lula como «el más grande ídolo de la izquierda globalista en el mundo» y vaticinó «enorme perturbación política en Brasil» con el retorno del petista a las calles.

Bolsonaro versus Lula

Si Lula es el principal líder de la izquierda, el presidente brasileño Jair Bolsonaro es el más importante representante del antipetismo en Brasil, fuerza que lo llevó al Palacio del Planalto en octubre del año pasado.

En su discurso en São Bernardo do Campo, Lula reconoció que el actual mandatario fue elegido democráticamente «pero no para gobernar para milicianos». El expresidente se refiere a grupos paramilitares que controlan el crimen principalmente en Río de Janeiro y cuyos integrantes mantienen relaciones de cercanía con la familia Bolsonaro.

Por fin, anunció que va a recorrer todo el país para hablar con la gente y mostró disposición en contemplar a otros partidos en sus recorridos. De hecho a su lado figuraban representantes de otras fuerzas políticas de izquierda como el Partido Socialismo y Libertad (PSOL), y el Partido Comunista de Brasil (PCdoB). Además, prometió un «pronunciamiento a la nación» en 20 días. «Si nos organizamos bien, la llamada izquierda, de la que Bolsonaro tiene tanto miedo, va a vencer la ultraderecha», remató.

Lula es inelegible hasta 2035, por cuenta de la Ley de la Ficha Limpia (que determina que los condenados por la justicia solo pueden volver a candidatearse ocho años después del cumplimiento total de pena.

Ese sábado Bolsonaro, que venía manteniendo silencio sobre la liberación de Lula, comentó a la prensa que «la gran mayoría del pueblo brasileño es honesta, trabajadora» y que no iba a «dar espacio y discutir con un presidiario». Agregó que Lula «está suelto pero con todos sus crímenes en la espalda».

Todo comenzó con un llamado a la evasión en el pago del pasaje del metro en Santiago, a partir de un alza de $ 30 pesos (38 centavos de dólar). De la evasión se pasó a la destrucción. Se vieron afectadas varias estaciones y trenes, lo que significó dejar sin operación a casi todo el sistema de transporte subterráneo de Santiago. En diversas regiones del país continuaron las manifestaciones y los desórdenes. Ya va casi un mes de este fenómeno. La gran mayoría han sido movilizaciones pacíficas y multitudinarias, aunque también han existido saqueos y creciente violencia.

Son días convulsionados para un país que está al fin del mundo. En un par de semanas pasamos de ser un oasis a un país en guerra, según el presidente Sebastián Piñera. Dos comentarios muy desafortunados que solo hicieron escalar aún más la crisis social.

Las movilizaciones son una manifestación de una sociedad molesta y también angustiada. No se puede negar la precariedad y la vulnerabilidad social que viven un gran número de familias chilenas.

Es cierto que Chile ha tenido un desarrollo en los últimos treinta años. Este progreso se ha expresado en crecimiento económico, disminución de la pobreza, crecimiento de la clase media y acceso a bienes y servicios. En poco tiempo se ha formado una nueva sociedad y una nueva ciudadanía. Sin embargo, el gran problema que persiste es una desigualdad estructural intolerable.

Pese al progreso experimentado, muchos chilenos se sienten excluidos de este desarrollo económico, lo que en un contexto de alta desigualdad ha creado una fuerte frustración social que explica el descontento y la movilización. Es una realidad que no puede ser desconocida.

Revisando algunas lecturas que nos ayudan a comprender mejor esta nueva realidad, encontramos un texto de Tony Judt; literalmente, en el último libro publicado por este historiador británico, Algo va mal: «El estilo materialista y egoísta de la vida contemporánea no es inherente a la condición humana. Gran parte de lo que hoy nos parece “natural” data de la década de 1980: la obsesión por la creación de riqueza, el culto a la privatización y el sector privado, las crecientes diferencias entre ricos y pobres. Y, sobre todo, la retórica que los acompaña: una admiración acrítica por los mercados no regulados, el desprecio por el sector público, la ilusión del crecimiento infinito». Esta reflexión del 2010 parece explicar muy bien el estallido social en Chile del 2019.

Chile y su convivencia social llegaron a un momento límite. Estamos ante una crisis de la democracia y sus instituciones y un sistema económico que no tiene legitimidad social. Los chilenos se cansaron de un sistema que tolera los abusos de los poderosos.

También debemos decir que estamos frente a un nuevo proceso de politización de la sociedad. Es un proceso muy profundo y activo. Que explotó brutalmente y todavía no sabemos bien cómo seguirá. El nivel y profundidad de la conversación política, es decir, la discusión de los temas de la agenda, como el nivel de activación e involucramiento político, no se observaba desde 1986-1987-1988, que fueron los últimos años de la dictadura de Augusto Pinochet.

Cuando se produjeron estos procesos de politización en Chile (crisis de años veinte, crisis de los cincuenta y sesenta), el sistema de partidos experimentó cambios significativos. De cristalizar este proceso, no se pueden descartar cambios a los apoyos de todos los partidos. Es importante destacar que cada uno de esos procesos generó un realineamiento electoral que perduró por muchos años en el sistema político chileno. Hoy no se puede descartar que tenga impactos profundos en el sistema de representación.

El juego político en Chile cambió radicalmente. Por cierto, no sabemos con certeza cuáles serán las formas que adopte. Pero lo que surge como aproximación, y que debemos explorar con más estudios, es que las dinámicas del gran ciclo 1990-2019 se acabaron.

Por todo lo anterior, urge una conducción desde la institucionalidad política. Pero la política supone liderazgo. Supone conducción. Supone un esfuerzo comunitario. Este es el desafío de hoy para la democracia chilena.

El Gobierno no puede perder más tiempo. Debe poner orden e iniciar los cambios profundos que la ciudadanía está requiriendo. Hasta el minuto, se ha visto un gobierno confuso, reaccionario y que no encuentra el camino que permita salir de la crisis. Hoy el 79 por ciento de los chilenos y chilenas desaprueban la forma en que Sebastián Piñera está conduciendo su gobierno; solo un 15 por ciento lo aprueba (Cadem, noviembre 2019). Se trata del porcentaje más alto de rechazo que ha existido a un presidente y su gobierno desde el retorno a la democracia.

Chile requiere cambios fundamentales, estructurales y profundos. Desde la política, y particularmente desde los sectores económicos, se debe llevar a cabo una verdadera agenda de cambio social, económica y política en forma inmediata. El punto es cambiar un modelo que se agotó. El 73 por ciento de los encuestados consideran que la crisis que vive Chile es la expresión de un descontento social generalizado (Cadem, noviembre 2019).

Las manifestaciones pacíficas son la demostración fehaciente de un civismo que despertó. Asimismo, existe una condena mayoritaria a la violencia y a los saqueos, que deben terminar cuanto antes. Tampoco es tolerable, bajo ningún pretexto, la violación a los derechos humanos que hemos visto en estos días. Al 10 de noviembre, el organismo estatal de defensa de los derechos humanos, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) ha reportado más de 2.009 personas heridas en hospitales: 42 por disparos de bala, 643 por disparos de perdigones, 345 por arma de fuego no identificadas. Más de 197 personas (en su mayoría jóvenes) han sufrido heridas oculares por la acción policial. El INDH ha presentado más de 283 acciones judiciales: 5 por homicidio, 6 por homicidio frustrado, 52 por violencia sexual, 192 por torturas y tratos crueles (Informe INDH, 10 de noviembre). Se requiere una investigación inmediata y que tribunales sancionen los delitos cometidos. Para nuestro régimen democrático, no queremos ni aceptamos más muertos y heridos por agentes del Estado. El uso de la fuerza ilegitima es lo opuesto a la política de inspiración democrática.

Las movilizaciones que hemos visto nos conducen a un nuevo Chile. Se debe asumir que tenemos una sociedad más informada y demandante, que nos exige un verdadero desarrollo equitativo en todos los planos de la vida cotidiana. La gobernabilidad democrática debe construirse desde la participación ciudadana y la equidad social.

En el plano institucional es urgente, y único camino de salida, que el gobierno convoque a un plebiscito para que los chilenos y chilenas puedan votar si quieren o no una nueva Constitución y qué mecanismo se aplicará. Los datos de encuestas son claros: el 78 por ciento está de acuerdo con que Chile necesita una nueva Constitución. Es obvio que este único hecho no logrará cambiar la situación y solucionar todos los problemas, pero se requiere esta iniciativa para relegitimar la democracia chilena y dar un cauce institucional a la crisis.

En el plano económico, la tarea es impulsar una economía al servicio de todos(as) y no solo de unos pocos. La demanda de un mayor crecimiento económico debe ir de la mano con la reducción de todas las inequidades que persisten. El desafío central es construir una sociedad más solidaria y equitativa y que exista un Estado más robusto que conduzca al bienestar.

Los chilenos desean volver a formar parte de una comunidad que comparte un sueño común. Por ende, se requiere un nuevo entramado de acuerdos económicos y sociales orientados a hacer de Chile una sociedad más equitativa. Ello no es un acto de magia. En simple, los que tienen más deben ayudar a los que tienen menos. A propósito de los treinta años de la reunificación de Alemania, recordamos con admiración lo que hizo el canciller Helmut Kohl ante el desafío de la unidad alemana. Kohl comenzó e impulsó el proceso de reunificación bajo un principio básico: «En Alemania no existen alemanes de primera y de segunda categoría». A tres décadas de ese hito histórico, los chilenos reclaman la misma unidad y dignidad.

Para superar la crisis no existen atajos. Por ello, tenemos que perseverar en cuidar y recrear la democracia. La justificación del Estado democrático es precisamente que constituye un conjunto de reglas y acuerdos respetados y aceptados por todos. Por lo tanto, la tarea principal es profundizar la democracia que hemos construido. Esto significa hacer los cambios sociales que nos permitan recuperar la legitimidad del Estado y de sus autoridades.

Con urgencia, los líderes políticos deben conducir al país a una sociedad auténticamente inclusiva, cohesionada y con una verdadera equidad social. Como pocas veces en la historia de Chile, estamos en un momento expectante. Se requiere con urgencia un nuevo pacto político, social y económico. Solo anhelamos, como la gran mayoría de chilenos y chilenas, una respuesta pacífica, democrática y republicana.

Bajo un clima de tensión derivado de los últimos acontecimientos políticos, los españoles volvieron a acudir a las urnas para elegir la conformación del Parlamento bicameral, formado por el Senado y el Congreso de los Diputados, el que en última instancia es el encargado de designar al presidente. El gran tema de los comicios era sin duda el nacionalismo, tanto estatal como autonómico, con la cuestión de Cataluña en su eje central. Además, los resultados arrojados en estos comicios —donde se registró un 30 por ciento de abstención (recuérdese que el voto en España no es obligatorio)— pusieron de manifiesto la vuelta del clivaje izquierda-derecha, la ausencia del centro y la existencia de dos bloques ideológicos en el sistema partidario.

¿Cómo votaron los españoles?

El partido de Pedro Sánchez, actual presidente en funciones, consiguió un 28 % de los apoyos del electorado, que le otorgan al PSOE una victoria complicada para la conformación de acuerdos. Los resultados del grupo socialista no variaron en gran medida de los obtenidos en las elecciones de abril —cuando registró un 28,7 por ciento— y, así, el gran desafío que se le presentaba a Pedro Sánchez era la creación de acuerdos con otros partidos que le permitieran la formación de un Ejecutivo que gobernara en minoría.

Por su parte, el Partido Popular (PP) obtuvo el 20,8 por ciento de los sufragios, lo que supuso una subida de cuatro puntos porcentuales en relación con la instancia de abril. Este ligero aumento de apoyos al PP podría ser derivada de la gran debacle electoral sufrida por Ciudadanos.El partido de Albert Rivera, quien ya anunció su retirada formal de la política, obtuvo el 6,8 por ciento de los votos, lo que supuso un gran descalabro para una formación que en su día lideró el centro político español, desafiando junto a Podemos el sostenimiento del bipartidismo PP-PSOE que albergó el sistema durante tantos años.

Ciudadanos sufrió una caída de 42 escaños que viene motivada por su confusión ideológica, que lo llevó a abandonar el centro para virarse más a la derecha. Pero, ¿hacia dónde fueron sus votantes? Como muestran las proyecciones, muchos de ellos decidieron abstenerse, algunos pocos se traspasaron al PSOE y otros lo hicieron a PP y Vox, el partido de ultraderecha que resultó el gran triunfador simbólico de la noche.

Ante esta situación, Sánchez tenía dos opciones para desbloquear el sistema: un pacto con fuerzas de su mismo bloque ideológico o un desbloqueo transaccional que incorporase a grupos de los dos ejes, algo menos probable. Finalmente, Sánchez eligió la primera opción y en menos de 48 horas anunció junto a Pablo Iglesias un acuerdo al que el bloque de izquierdas no había logrado llegar en seis meses. España tendrá un Gobierno de coalición progresista liderado por Sánchez, en el que Iglesias será vicepresidente.

Por su parte, el Partido Popular (PP) obtuvo el 20,8 por ciento de los sufragios, lo que supuso una subida de cuatro puntos porcentuales en relación con la instancia de abril. Este ligero aumento de apoyos al PP podría ser derivada de la gran debacle electoral sufrida por Ciudadanos.El partido de Albert Rivera, quien ya anunció su retirada formal de la política, obtuvo el 6,8 por ciento de los votos, lo que supuso un gran descalabro para una formación que en su día lideró el centro político español, desafiando junto a Podemos el sostenimiento del bipartidismo PP-PSOE que albergó el sistema durante tantos años.

Ciudadanos sufrió una caída de 42 escaños que viene motivada por su confusión ideológica, que lo llevó a abandonar el centro para virarse más a la derecha. Pero, ¿hacia dónde fueron sus votantes? Como muestran las proyecciones, muchos de ellos decidieron abstenerse, algunos pocos se traspasaron al PSOE y otros lo hicieron a PP y Vox, el partido de ultraderecha que resultó el gran triunfador simbólico de la noche.

Ante esta situación, Sánchez tenía dos opciones para desbloquear el sistema: un pacto con fuerzas de su mismo bloque ideológico o un desbloqueo transaccional que incorporase a grupos de los dos ejes, algo menos probable. Finalmente, Sánchez eligió la primera opción y en menos de 48 horas anunció junto a Pablo Iglesias un acuerdo al que el bloque de izquierdas no había logrado llegar en seis meses. España tendrá un Gobierno de coalición progresista liderado por Sánchez, en el que Iglesias será vicepresidente.

España (por fin) tendrá Gobierno

Ante esta situación, Sánchez tenía dos opciones para desbloquear el sistema: un pacto con fuerzas de su mismo bloque ideológico o un desbloqueo transaccional que incorporase a grupos de los dos ejes, algo menos probable. Finalmente, Sánchez eligió la primera opción y en menos de 48 horas anunció junto a Pablo Iglesias un acuerdo al que el bloque de izquierdas no había logrado llegar en seis meses. España tendrá un Gobierno de coalición progresista liderado por Sánchez, en el que Iglesias será vicepresidente.

El centro: el gran ausente

La gran fragmentación del sistema, y el corrimiento de los partidos hacia ambas direcciones del eje ideológico, ha originado un vacío en el centro del espectro político español. La confusión ideológica de Ciudadanos y el auge de los extremos, especialmente de derecha, ha convertido al centro en el gran desaparecido del panorama político. La historia reciente parece demostrar que en España estamos destinados al fracaso de los partidos de centro. El reciente descalabro de Ciudadanos se suma al de otros como el del Centro Democrático y Social (CDS), fundado por Adolfo Suárez, o el de Unión Progreso y Democracia (UPyD), que profesaron una ideología de corte más moderado y también sufrieron grandes derrotas electorales.

Esta orfandad de centro en el sistema partidario español dificultó tradicionalmente la materialización de consensos. Por lo general, las coaliciones de gobierno pivotan en torno a un partido de centro que posee cierta simpatía por ambos lados del espectro y, por tanto, está dispuesto a dialogar (y, sobre todo, a intercambiar) con partidos situados en los dos puntos del eje ideológico.

Por otra parte, a la ausencia de un partido de centro se suma la escasa experiencia en la temática consensual por parte de las unidades partidistas. La clase política española no posee experiencia en la conformación de acuerdos a nivel nacional. Ambos elementos dificultaron en pasadas ediciones los acuerdos para la conformación de gobiernos de coalición. La falta de un liderazgo carismático concebido en términos weberianos y que no responda únicamente a los sentimentalismos de sus bases ha hecho imposible al centro actuar de partido bisagra para la materialización de pactos.

Ya votamos (otra vez), ¿y ahora qué?

Después de cuatro citas electorales consecutivas en cuatro años, los españoles no concebirían una nueva convocatoria a elecciones. Así, parece que la necesidad de responder a la ciudadanía y de esquivar el aumento de influencia de Vox han apresurado a los dirigentes del bloque de izquierdas a darle un gobierno a España.

Sin embargo, más allá de la conformación del Ejecutivo, las principales claves que nos deja la elección del pasado 10 de noviembre son las siguientes. Por una parte, los resultados arrojan que la gran ganadora de los comicios fue la fragmentación, con un arco parlamentario más radicalizado, con mayor presencia de grupos extremistas. La fragmentación tiene que ver con la oferta partidista pero también con los efectos de un sistema electoral que se mantiene 43 años sin reformas. ¿Estamos ante el colapso del modelo de la transición? Es un interrogante sobre el que conviene reflexionar.

En segundo lugar, se hizo patente la importancia del clivaje nacionalista y se reafirmó la consagración de un sistema multipartidista en el que la fuerza derechista ha ganado protagonismo. España deja así de ser la excepción en Europa y se suma a la lista de países donde la extrema derecha ejerce influencia.

Por último, el centro se postuló como el gran ausente del sistema. Nadie sabe si va a volver o si alguien lo va a ir a buscar. La sociedad española se erosionó en dos bloques (ideológicos e identitarios) y ahora es tarea de los dirigentes el saber dialogar para asegurar la gobernabilidad en nuestro Estado plurinacional.

Cuando a finales del siglo XIX explotó el polémico caso sobre supuesto espionaje en torno a la figura del capitán Alfred Dreyfus, no solo se produjo un sismo en la Tercera República Francesa que terminaría por definir corrientes como el antisemitismo, el sionismo y los nuevos nacionalismos, sino que consolidó la figura pública del intelectual. Émile Zola, el noble escritor que publicó en 1898 su texto Yo acuso (J’accuse) para defender a Dreyfus, pagaría un alto precio por ser el líder de opinión de entonces a favor de la libertad.

A un siglo largo de distancia, entrado el XXI, asistimos a una era paradójica. La libertad de opinión y expresión, principio fundamental de las democracias liberales y cristalización de los ideales de la Ilustración, pareciera brotar como manantial. Pero el problema, ya diagnosticado de sobra en la era de Internet y las redes sociales, donde escasean los filtros y la rigurosidad, son la aparición de la posverdad, las fake-news o la desinformación. Y algo que podemos denominar a secas el exceso de opinión.

Como lo ha señalado el analista de medios Ómar Rincón, «la opinión importa más que los hechos». Según esto, a los poderes en el mundo actual les preocuparía más la opinión que las propias noticias, fortaleciendo una suerte de democracia de opinión por encima de una política de la información, lo que implica un desafío a la libertad de expresión.

Como resultado, a los gobiernos, a la clase política y a quienes ocupan el poder, en gobiernos democráticos o no, les preocupan más las opiniones a favor o en contra, y esperan contar con el mayor número de opinadores en medios y redes a su favor, por encima de la realidad de lo que las noticias cuentan o de una sólida argumentación. En otras palabras y volviendo a Aristóteles: el triunfo del pathos sobre el logos.

Hemos llegado así al punto en que los datos, la información y el buen periodismo poco importan a los poderosos y a gran número de ciudadanos, donde meros opinadores o ligeros influenciadores son la noticia, los hechos, lo público. Según Rincón, «la libertad de expresión deja de importar para pasar a la opinión creyente aprobada y la opinión disidente perseguida. Y, entonces, surge la idea de que la libertad de expresión no tiene sentido».

En tiempos en que la tentación autoritaria incluso promueve en Colombia y otros países la idea del Estado de opinión por encima del Estado de derecho, sirvan estas advertencias para revalorar la añeja pero irreemplazable relación entre libertad y verdadera información.

Imagen: Alfred Dreyfus (1859-1935). Fuente: Aaron Gerschel (dominio público).

Ahora imaginen que treinta años después todo ha cambiado, excepto el hecho de seguir sintiéndose frustrado. Un ciudadano de segunda clase.

En estos días hemos leído mucho sobre aquel momento histórico en el que el Muro de Berlín fue derrumbado. Cuando el Goethe Institut y el DAAD me invitaron a Córdoba, Argentina, a hablar del tema, les propuse enfocarlo desde nuestro tiempo. ¿Cuál es la situación actual? ¿Cuál fue la promesa de aquel cambio y en qué se ha transformado tres décadas más tarde? ¿Qué consecuencias ha tenido y cómo nos afecta hoy?

La charla salió muy bien y mucha gente se fue a su casa con nuevas ideas para pensar aquella caída del muro. Y no solo pensando en Alemania, sino también pensando en lo que sucede en su propio país.

Semanas después, más precisamente el día anterior a que se cumplieran los 30 años de aquel día, ofrecí la misma charla. Esta vez en el Goethe Institut de Berlín. El público fue un grupo de periodistas y comunicadores invitados por el Centro Alemán de Información para Latinoamérica. Venían de una semana de visitar una veintena de organizaciones, eventos, instalaciones y lugares históricos en torno al tema. Una carga de información potente.

Para mí fue una ventaja. O al menos así lo percibí. Pregunta, comentario, respuesta, crítica, reflexión. No paramos ni un minuto de los 150 que duró la charla. Y hubiésemos seguido bastante tiempo más de no ser por un almuerzo impostergable.

La charla no fue grabada, pero horas después, en la estación de tren de Berlín, tuve una entrevista radial que resume bastante bien lo que estuvimos discutiendo. La pueden escuchar aquí: Al este y al oeste de Berlín, 30 años después de la caída del Muro.

Y para quienes se quedaron con ganas de saber al menos algo de la charla (que no fue grabada ni en Córdoba ni en Berlín), aquí les dejo la presentación que me sirvió de guía.

Publicado en el blog del autor, eleccionesenalemania.com, el 10 de noviembre de 2019.

«Por lo que sé… inmediatamente». Con estas palabras improvisadas, un día como hoy hace 30 años, un alto oficial de la (mal) llamada República Democrática Alemana (RDA) abrió la ventana de la historia. Su respuesta a la pregunta de un periodista sobre la entrada en vigor de un nuevo régimen de viajes al extranjero para los ciudadanos de la RDA desató una ola humana imparable. Miles de ciudadanos se dirigieron esa misma noche a los puestos fronterizos en el Muro de Berlín, cuyos guardias desbordados terminaron por levantar las barreras, abriendo así los candados de la Cortina de Hierro. El muro, que había separado alemanes de alemanes durante más de 28 años, se convirtió en escenario de fiesta. Mujeres y hombres del este y oeste se fusionaron en un abrazo colectivo, de júbilo, de euforia, de democracia. Empuñando martillos, hicieron las primeras grietas en ese monstruo de concreto, del cual el líder de la RDA, Erich Honecker, había dicho solo unos meses atrás que duraría «50 o 100 años más». Fue el triunfo del anhelo de libertad de un pueblo entero, de la justicia, de la ciudadanía. Una noche monumental que quedará grabada en la memoria colectiva de Alemania y del mundo entero.

El triunfo del 9 de noviembre de 1989 fue, ante todo, mérito de los ciudadanos de Alemania del Este, quienes, desafiando a la policía secreta, la temida Stasi, se manifestaban masivamente todos los lunes bajo el lema «Nosotros somos el pueblo». Decenas de miles se reunían en vigilias de oración y protesta en la iglesia de San Nicolás, en la ciudad de Leipzig. Juntos lograron derrotar a una dictadura comunista, en la cual un partido único, el Partido Socialista Unido de Alemania, encerraba, encarcelaba y torturaba a sus compatriotas. Vencieron a un Estado totalitario que espiaba a muchos de sus ciudadanos día y noche, registrando minuciosamente cuándo se levantaban, sobre qué conversaban y a quiénes amaban. Derrocaron un régimen que asesinó a cientos de personas cuando intentaban, por tierra, aire y mar, escapar del «paraíso socialista», en numerosas ocasiones incluso en vehículos de fabricación propia. Y tumbaron a un gobierno cuya economía planificada fracasó tan rotundamente que el ciudadano medio, que no formaba parte de la nomenclatura comunista, debía esperar entre 10 y 15 años para comprar un automóvil. Hoy, la memoria de la RDA y de su fin están presentes en la vida de los alemanes gracias a los muchos e impresionantes lugares de la memoria. Como sabiamente decía Helmut Kohl, el canciller de la unidad: «Un pueblo que no conoce su historia no puede comprender el presente ni construir el futuro».

Como Fundación Konrad Adenauer, institución que trabaja en el Perú desde hace 51 años, el 9 de noviembre de 1989 se ha convertido en parte de nuestro ADN. Hoy conmemoramos la caída del muro con múltiples simposios, programas educativos y actividades en más de 100 países alrededor del mundo. Es una fecha para reivindicar nuestra misión de promover democracias resilientes, vibrantes e inclusivas, y con instituciones fuertes capaces de canalizar las demandas ciudadanas. Esta tarea cobra aún más importancia en vista de los nuevos desafíos que comparten Europa y América Latina. Necesitamos encontrar respuestas comunes a las amenazas del populismo, del surgimiento de nuevos autoritarismos y al cuestionamiento de un sistema internacional basado en la cooperación, el libre comercio y el multilateralismo. Pero especialmente necesitamos hacernos cargo de la creciente polarización en nuestras sociedades y del recrudecimiento del lenguaje político en muchas esferas, incluyendo la virtual. Necesitamos hacer frente a fuerzas que buscan discordia y desestabilización, impidiendo generar consensos.

El 9 de noviembre del 1989 nos deja el ejemplo de todo aquello que es posible cuando un pueblo se une pacíficamente en torno a un reclamo justo. Dejemos que este logro nos inspire para derrumbar las barreras que impiden la unidad de los demócratas y el trabajo por el bien común en nuestras sociedades.

Publicado en El Comercio, de Lima, Perú, el 9 de noviembre de 2019.

Pero el 9 de noviembre no es solamente una fecha de celebración. También ese día, en 1938, turbas asaltaron y destruyeron en forma sistemática sinagogas, negocios y edificios de la comunidad judía. Fue la Noche de los Cristales Rotos, en la que no se trataba solo de destruir físicamente. Había que humillar. Por eso, antes de los incendios se obligaba a los fieles a sacarse el sombrero dentro de la sinagoga, a entonar canciones nazis, a gritar «¡Somos un pueblo sucio!». Y al acto cruel personalizado seguía la destrucción del lugar sagrado y, con él, sus textos y recuerdos.

[Lee también: El Muro recuerda luchar contra el autoritarismo]

Lo que el partido nazi presentó como una reacción espontánea y popular en realidad fue una acción coordinada. La destrucción desatada aquella noche no fue sino la confirmación de lo que se avecinaba. Mientras ardían sinagogas, los campos de concentración eran ampliados, se producían estrellas de David para marcar a los judíos, que a partir de ese momento iban a ser sistemáticamente perseguidos y finalmente eliminados.

La barbarie y el héroe

La infamia a menudo deja en evidencia la miseria humana. Así, los bomberos apagaban solamente las casas vecinas a las sinagogas. Los ciudadanos miraban en silencio la desgracia de sus vecinos, y las iglesias cristianas muchas veces guardaban silencio dejando preguntas sin respuesta sobre la compasión humana.

La barbarie de la trágica noche también tiene otras facetas. Está aquel solitario policía, Wilhelm Krützfeld, que pistola en mano enfrentó a las bandas de las SA frente a la Nueva Sinagoga de la calle Oranienburg en Berlín. Krützfeld consiguió salvar el magnífico edificio de las llamas aquella noche. Siempre que voy a Berlín, me paro en el lugar y trato de imaginar su enorme soledad frente a la violencia. Lamentablemente, durante la guerra la aviación aliada lo dañó severamente. Hoy la sinagoga está reconstruida. En su fachada una placa recuerda al solitario héroe.

Un fecha histórica

Nadie sabrá si la fecha de la Noche de los Cristales fue elegida a propósito. Porque en otro 9 de noviembre, quince años antes, se había producido un intento de golpe por Adolfo Hitler. Todo empezó en una cervecería en Múnich, en la que el futuro führer lanzó su proclama de revolución nacional contra la república que él llamaba traidora. En una marcha tal vez inspirada por la de Mussolini a Roma, las fuerzas de las SA atacaron el Ministerio de Defensa de Baviera. La revuelta fracasó y varios de sus jefes fueron condenados a la cárcel. Allí escribió Hitler su Mein Kampf, en la que se anunciaba lo que vendría.

La república contra la que se levantaron los nazis nació al finalizar la Gran Guerra. Hace exactamente cien años, un 9 de noviembre fue proclamada la República en Alemania. La derrota militar del Imperio y la abdicación del emperador Guillermo en el marco del levantamiento espartaquista [1] produjo una situación de anomia e incertidumbre. Tratando de adelantarse a la proclamación de la República Socialista por el líder comunista Karl Liebknecht, Philipp Scheidemann decretó la República desde la ventana del Reichstag. Nacía la República de Weimar, de corta y conflictiva existencia [2]. Es oportuno recordar que entre sus primeros logros estuvo la introducción del derecho al voto de la mujer, que cumplió 101 años en estos días.

Día del destino

La toma del poder por los nazis, la Segunda Guerra Mundial, la terrible destrucción de Alemania, las inconmensurables masas de fugitivos desde el este y, finalmente, la separación en dos Estados, hablan de una historia dolorosa, llena de derrotas, sufrimiento y dudas hasta la reunificación. Hoy la historia presenta a la República Federal de Alemania desafíos inéditos por sus dimensiones y gravedad. La interminable ola de migrantes que llegan buscando paz, su correlato del renacimiento de nacionalismos y xenofobia, la entrada en escena de actores políticos como China son solamente algunos de estos retos.

Las coincidencias históricas del 9 de noviembre le han dado el nombre de Schicksalstag, ‘Día del Destino’. Tal vez sea oportuno recordar hoy a aquel policía que en su momento supo encontrar coraje para enfrentar el destino y encender una llama de esperanza en la solidaridad.

Notas:

[1] En referencia a la Liga Espartaco, agrupación comunista alemana liderada por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg.

[2] H. A. Winkler (2000). Der lange Weg nach Westen (‘El largo camino hacia el oeste’). Múnich: C. H. Beck.

Carlos Andrés no solo es un buen consultor, sino también un excelente docente. Y eso se trasluce en su obra. Son textos para la enseñanza, que buscan generar un aprendizaje a partir de la experiencia de una persona que ha dedicado a su vida a reflexionar sobre cuáles son aquellas cosas que hacen clic en la mente del votante y que en consecuencia generan una acción. Sin embargo, quizá esta es una de las cosas que más rescato y reivindico de Carlos, ese aprendizaje está atravesado por un parámetro muy valioso: persistir en el ejercicio de una política responsable, transparente y, en definitiva, democrática.

Una acotación que vino a mi mente de periodista prestado a la ciencia política es que perfectamente este libro ha podido ser editado por una editorial privada y tener un magnífico camino comercial, porque no solo es una temática interesante, sino que está escrito con un estilo muy amable para el lector, que permite, sobre todo a los que no son especialistas en política, comprender cómo funciona nuestra mente y el contexto en el que nos desenvolvemos a la hora orientar nuestra atención hacia una opción y terminar votándola; pero no, ha sido editado, como otros textos del autor, con el sello del CAEP, el Centro de Análisis y Entrenamiento Político que fundó en Medellín brindando una oferta de capacitación y asesoría muy relevante para Colombia y toda América Latina; y además, puesto a disposición de forma gratuita para toda la audiencia. Qué gesto. La institución por delante del interés. La contribución primero, el hombre después. Y he querido recoger este dato porque no es menor que en un mundo donde la política está tan permeada por el exceso de marketing, los outsiders antipartidos, el populismo, los antivalores, la antipolítica, los extremos, en fin, todos los desafíos que tiene la democracia hoy en día, esfuerzos como este, dedicados a la discusión genuina y el debate democrático que haga posible mejores representantes y mejores sociedades, puedan perderse de vista o queden asfixiados por la crónica diaria y los escándalos que cada tanto acaparan la atención del público de forma electrizante, cuando no tóxica.

Pero este no es el caso, y es que la difusión del texto ha sido muy interesante llegando a obtener el premio Victory Awards 2019 como libro político del año. Estamos aquí ante una obra que nos permite conocer a través de una serie de capítulos reflexivos, la perspectiva de un profesional de la consultoría que explica, paso a paso, cómo se puede ser más eficiente en la entrega del mensaje al público y cómo evitar que la comunicación del político en cuestión se evapore en el intento.

Los capítulos y el prólogo

El expresidente de Costa Rica y ex secretario general de la Organización de Estados Americanos, Miguel Ángel Rodríguez, nos introduce con un comentario generoso que enmarca los retos de la democracia liberal: «Son los tiempos de la paparruchada, de la “noticia falsa y desatinada”». Pocas veces el mundo estuvo ante tal escenario de incertidumbre y preocupación generalizada. La tecnología avanza rápidamente, las relaciones internacionales se oxidan y la lucha entre potencias gana vigor. Rodríguez resume la importancia de estar atentos: «Se requiere una cultura democrática basada en valores y principios éticos, de lo contrario, la democracia no puede subsistir. Es muy frágil frente a la fuerza y la violencia. Descansa en la fuerza de una opinión pública que quiera defenderla».

De inmediato encontramos una división de capítulos que nos pasea desde la generación del relato y la persuasión, hasta la construcción de historias que hablen del candidato y su momento, del proyecto y su ejecución, imaginación mediante.

El libro es un salpicón de anécdotas personales donde el interesado en comunicación política encontrará un espejo para mirarse y pensar en sus posibilidades y en las de sus asesorados. Entre la teoría y la práctica. Marchas y contramarchas para lograr los resultados. El autor cuenta de su experiencia y retrata también la de varios candidatos en un ejercicio pedagógico que dibuja, con precisión y detalle, el cómo. Encontrarán una batería de testimonios muy interesantes.

Paradójicamente en la política, que es una actividad en la que el ego está de por medio, a muchos se les dificulta aceptar que pueden conquistar posiciones de alto nivel. Ahí es donde este tipo de enseñanzas que encontramos en la gran mayoría de los cuentos, pueden obrar milagros. Además, porque hemos visto historias de superación y de conquista de cargos importantes en personas del común, de las que nadie hubiera apostado ni un centavo que podrían ganarle a caciques políticos. ¿Les suena Macron, Obama, Trudeau, Macri, Uribe? (p. 39)

La exposición de métodos para el desarrollo de una estrategia exitosa da al lector una receta para abordar la generación de rumores en medio de la campaña. Quizá nunca fue tan oportuno profundizar sobre este tema como ahora, cuando la opinión pública está sometida al bombardeo inclemente de las noticias falsas y el ataque a la privacidad es sistemático en todas las plataformas digitales donde el ciudadano hace vida día tras día. ¿Cómo combatir los rumores? ¿Qué papel tienen las emociones en el discurso político de hoy y en la posibilidad de que un mensaje sea exitoso sin dejar de lado la responsabilidad democrática para luchar contra la demagogia y el populismo? ¿Cómo funcionan la alegría y la sorpresa en un mensaje que se vuelve viral? Interrogantes que encontrarán respuesta en estas páginas.

¿Por qué son tan exitosas las historias para transmitir un mensaje político? ¿Cómo hacerlo y cómo defender la democracia en el camino? Lea.

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Ficha técnica

Cuéntame una historia y votaré. El poder del storytelling en la política
Carlos Andrés Pérez
Bogotá: Centro de Análisis y Entrenamiento Político (CAEP), 2019
ISBN: 978-958-59616-3-0

Cómo la introducción de un precio al carbono puede responder a los desafíos de equidad y desarrollo de la región, Editado por la KAS y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental. Carlos Trinidad Alvarado (Editor).

En una reciente defensa de un trabajo universitario, conversábamos sobre la crisis global de las democracias por la emergencia de los populismos e integrismos ideológicos en Occidente, y los fenómenos de protesta revulsiva en las democracias latinoamericanas; por no hablar de la desaparición de la democracia en Venezuela. Un veterano profesor nos pedía que fuésemos más sobrios y mantuviéramos una perspectiva histórica: si comparamos el mundo de 2019 con el de 1919, veremos un cambio trascendental: pasamos de unas veinte democracias, más o menos plenas, a casi un centenar de democracias, ciertamente imperfectas, pero innegables. Mientras tanto, las dictaduras clásicas son cosa del pasado, los golpes de Estado están en declive, y los populismos parecen contenidos por las instituciones.

El argumento de mi profesor tenía un eco del famoso libro The Better Angels of Our Nature: Why Violence Has Declined (2011) del psicólogo, intelectual y divulgador canadiense Steven Pinker. Pinker argumentó que el declinar de modos menos ilustrados de vida han sido superados por el monopolio de la violencia estatal, el triunfo de los ideales humanísticos, el fin del enfrentamiento ideológico del siglo XX y la expansión general de los derechos de mayorías y minorías hacia mayores libertades, incluso fuera de los sistemas democráticos. El cambio ciertamente parece abrumador, aunque quizás es aún muy pronto para decir —como se esperaba a finales del siglo pasado— que habíamos llegado al final de la historia. Como debíamos culminar el compromiso académico, no seguimos conversando. Mi escepticismo quedó archivado como el proverbial pesimismo politológico.

Ciertamente, en la literatura de la ciencia política emerge un consenso —elevado con los sucesos electorales del 2016 en adelante— en torno al declinar del ritmo de la expansión democrática del siglo XX, con una reversión democrática que no ha afectado solo a democracias emergentes, sino a sociedades abiertas previamente consolidadas. Los estudios toman como referencia el fracaso de la consolidación democrática de la tercera ola (especialmente en Europa Oriental, Rusia, Asia Oriental y Central), el aumento de las zonas grises no desde una apertura autoritaria, sino como un cierre de democracias existentes. Renombrados autores como Yascha Mounk, Daniel Ziblatt, Steven Levitsky y David Runciman han publicado trabajos comparativos sobre estas crisis en Occidente, enfatizando este último la complacencia de las elites democráticas al no atender las advertencias de la historia y la literatura. Por su parte, el proyecto global y multidisciplinario Varieties of Democracy, que cubre el desarrollo de la democracia, la libertad y la igualdad en múltiples variables a lo largo de los últimos dos siglos, ha demostrado que la historia de la emergencia democrática es más zigzagueante que lineal, presentándose una visión equilibrada de sus avances y su preocupante retroceso. En un reciente trabajo derivado de esos datos, los profesores Anna Lührmann y Staffan I. Lindberg sostienen que sí estamos en presencia de una ola de autocratización, con procesos insidiosos de erosión del pluralismo, fachadas semilegales, penetración de propaganda antidemocrática en sociedades abiertas y picos de autocratización más acelerados. Los gobiernos autoritarios —ya casi inexistentes los sistemas totalitarios— saben jugar en la zona gris del reconocimiento global.

Pero el problema, evidentemente cuantificable, va más allá de lo que podemos suponer. Las premisas económicas, sociales y políticas esenciales de las democracias liberales —una creciente participación popular en legitimación de una serie de reglas concertadas que permitan de una economía más productiva y mejor distribuida— se ven retadas por las percepciones subjetivas de desmejora y factores estructurales. Incluso en sociedades donde los índices de desigualdad económica han mejorado, la sensación de alienación ante el liderazgo genera manifestaciones de rechazo difíciles de acallar. Las evidencias empíricas están presentes: los altos índices de desconfianza hacia los partidos y el liderazgo político (así como hacia las elites en general), una renovada emergencia electoral de movimientos antisistema, la elevada abstención electoral y bajos índices de participación y asociación social. Pero esto son apenas síntomas políticos. El cambio de nuestros esquemas de producción posindustrial y la precariedad del trabajo, la avasallante imposición de la inteligencia artificial sobre nuestras conductas, el envejecimiento de las sociedades abiertas y los efectos de la crisis climática global parecen hacer insuficiente el modelo de política democrático liberal sin una profundización de sus alcances y una redefinición de sus pautas de distribución.

La democracia, con su aspiración de allanar la tensión entre libertad e igualdad, es la forma más exigente de gobierno. Y vista la historia humana desde sus orígenes, esos sistemas fueron efímeros ante la imposición de nuestra inclinación a la dominación: la democracia ateniense, la república romana, nuestras democracias liberales y los distintos gobiernos populares que en el mundo han sido, no suman aún un milenio. ¿No decía Montesquieu que la forma más natural de gobierno era el despotismo, dado la necesidad de los gobiernos libres de la educación y la costumbre para imponerse? La fragilidad de la democracia, opuesta a nuestros peores instintos, es un hecho también innegable. Esta constatación hace más urgente que los demócratas no caigamos en la autocomplacencia. Nuestra preferencia no es ni evidente ni históricamente inevitable, sino que merece una constante promoción ante sus tenaces adversarios, incluso aquellos que están dispuestos a sacrificar sus logros en nombre de la voluntad popular.

Los recientes estallidos sociales en Chile, Ecuador, la interminable saga del Brexit, la polarización en los Estados Unidos, la arremetida de los radicales en Cataluña, entre otros casos, indican un retorno de los brujos de la izquierda más extrema. Algunos se levantan para enfrentar al capitalismo (como en Chile o en Ecuador), para contrarrestar las políticas de populistas de derecha como Boris Johnson y Donald Trump, o para exigir la independencia de Cataluña en una singular mezcla de nacionalismo burgués y anarcocomunismo.

La ideología de algunos académicos, particularmente en los campos de las ciencias sociales y las humanidades, hace que tengan una percepción selectiva a la hora de juzgar y pronunciarse sobre situaciones que atentan sobre los derechos humanos o la degradación ambiental. Hace algunos meses, organizaciones ambientalistas internacionales denunciaron los incendios en la Amazonia brasilera y acusaron al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, de tener una política antiecologista. Profesores e investigadores de Brasil y de otros países vieron en estos incendios la confirmación de las terribles consecuencias del negacionismo climático de derechistas como Bolsonaro.

Unos cuantos kilómetros más al norte está ocurriendo un ecocidio con terribles consecuencias humanas y ambientales. El régimen de Nicolás Maduro abrió las puertas del apocalipsis dando luz verde a la explotación «legal» e ilegal del Arco Minero del Orinoco, una vasta región en la Amazonia venezolana. Los desmanes que están ocurriendo en el Arco Minero, en los que se mezclan paramilitares, guerrilleros del colombiano Ejército de Liberación Nacional (ELN), delincuentes y militares venezolanos, han sido ignorados por grandes organizaciones como Greenpeace y WWF. Robert Hackett, un reconocido profesor de comunicación y activista ambiental canadiense, me respondió hace un año en una conferencia internacional que él no se iba a pronunciar sobre el Arco Minero porque «Nicolás Maduro y Venezuela ya tenían suficientes enemigos en el mundo». El padre del ecologismo canadiense, David Suzuki, aceptó dar en 2015 una conferencia  organizada por la Embajada de Venezuela en Canadá, en la que el profesor y personalidad de televisión no dijo ni una sola palabra sobre el desastroso récord ambiental de PDVSA, especialmente bajo el mandato chavista.

Nuestra premisa sobre el daltonismo ideológico de los académicos de izquierda se comprueba en el campo ecológico. Pero esto no se queda allí. Las universidades venezolanas viven desde el inicio de la llamada revolución bolivariana en 1999 un sistemático ataque del régimen chavista, tanto en la época de Hugo Chávez como bajo su sucesor Maduro. Recortes de presupuestos (un profesor a tiempo completo gana hoy 7 dólares al mes), violencia de grupos paramilitares afectos al régimen, represión contra estudiantes y profesores, encarcelamientos y juicios de civiles ante tribunales militares, asesinatos y una larga lista de violaciones de derechos humanos y de limitaciones a la libertad académica. El más reciente ataque es la decisión de un tribunal afecto al chavismo de prohibir la proyección en todas las universidades venezolanas, públicas y privadas, del documental Chavismo: la peste del siglo XXI.

Organizaciones como Scholars at Risk (SAR), SAR Canada y la Clínica de Derechos Humanos del Centro de Investigación y Educación sobre los Derechos Humanos de la Universidad de Ottawa se han pronunciado sobre estas violaciones a la libertad académica en Venezuela y han llevado la denuncia a instancias interamericanas de protección de derechos humanos. La Asociación Internacional de Estudios en Comunicación Social (IAMCR por sus siglas en inglés) emitió un comunicado en 2018 en el que expresó su solidaridad con los profesores y estudiantes venezolanos.

Pero ellos son la excepción que confirma la regla. En general, los profesores norteamericanos y europeos prácticamente no se han pronunciado contra los ataques a la libertad académica bajo el chavismo. ¿Por qué? Cabe avanzar una hipótesis: muchos profesores de ciencias sociales y humanidades no quieren alinearse con lo que ellos consideran gobiernos reaccionarios como el de Donald Trump, así que prefieren ignorar las violaciones contra la libertad académica en Venezuela, e incluso explicarlas como consecuencia de las sanciones de Estados Unidos contra el régimen de Maduro.

He tenido la oportunidad de comprobar esta hipótesis en conversaciones con colegas canadienses e incluso latinoamericanos. Una prominente profesora de mi propia universidad siempre se muestra escéptica cuando menciono las brutales violaciones a los derechos humanos que ocurren en Venezuela. Más recientemente, una colega brasilera se refirió en un evento sobre libertad académica a los casos de Turquía o Hungría, como sus «peores pesadillas» a la hora de pensar en lo que podría ocurrir a las universidades bajo el gobierno del derechista Bolsonaro. Le recordé a la colega que apenas a unos kilómetros al norte de su país ya estaba ocurriendo esa pesadilla, que no necesitaba trasladarse a los regímenes de Erdogan en Turquía u Orbán en Hungría. Solo tenía que informarse un poco más de lo que pasa en su vecina Venezuela, y abrir los ojos ante la realidad de los casi 5 millones de venezolanos que han huido de la pesadilla del socialismo del siglo XXI a otros países latinoamericanos, incluyendo el suyo.

Explica a manera de guía las reglas electorales actuales para el proceso electoral que se realizará en Perú en enero de 2020. Editado por KAS Perú, Instituto Peruano de Derecho Electoral e IDEA Internacional.

Resulta muy curioso que, dentro de un mundo globalizado, las exaltaciones mediático-políticas sean constantes cuando, por negligencias de un gobierno de turno, grupos relegados o bien adinerados deciden abandonar su territorio para emprender la búsqueda de una oportunidad que su país les quitó. ¿Por qué sorprenderse? Las generaciones ilustradas de antaño estarían decepcionadas si acaso alguien no aprovechara nuestra grandiosa conectividad para huir cuando un político decide robarte y venderte un pollo a cambio de tres maletines repletos de billetes. Si actualmente el sistema posee esta magnitud de desarrollo, es precisamente por las movilizaciones de poblaciones antiguas que fueron sentando bases económicas y culturales para generar su propio crecimiento. La migración para nada es un nuevo fenómeno que debe analizarse con temor y desprecio, aunque algunos pseudoprofesionales y ejecutivos así lo profesen en discursos y medios masivos.

Delincuencia, superpoblación y falta de oportunidades, esa es la cara que nos han mostrado de la moneda inmigrante. ¿Qué sorpresa guarda la otra cara de esta moneda?

En 2018, la periodista ecuatoriana Gisella Rojas convivió con una caravana migrante en México para un concurso de la Thompson Foundation. En ella encontró historias de personas que, en tan solo 15 días, tomarían una dirección completamente diferente. Entre esas está la de Manuel Avilés, quien comentaba que dejó todo en Honduras por buscar nuevas plazas laborales. Él es un diseñador de muebles lleno de sueños, de quien Rojas alega que «para Donald Trump no vale nada». No obstante, «cuando Estados Unidos vea lo que él es capaz de hacer», cree que «ya no lo dejarán ir». Como él, existen muchos civiles llenos de talento con las habilidades y ganas de aportar a una comunidad, que lastimosamente terminan convirtiéndose en caso omiso frente a los ojos de ciertos gobiernos excluyentes y poco preparados. También conoció a Isabel Santos, una mujer que viajó hasta México para comenzar otro rumbo a Estados Unidos. Ella viajaba con cuatro niños; tres de ellos eran sus nietos y, la restante, su hija. Su deseo más grande era poder llegar a San Francisco donde está asilada su otra hija, quien huyó de Honduras para buscar protección. El bus hacia su nuevo destino arrancaba a las 7 a. m., por lo que a las 6 a. m. debía levantar a sus pequeños acompañantes para vestirlos y alimentarlos por su cuenta, sin mucha ropa ni dinero que la solventara. Después de que subieron, cómo habrá terminado esa historia es una incógnita que tienen todos los que intentan olvidar su pasado para alcanzar un nuevo propósito.

Entre incertidumbre, insalubridad y miedo, personas como Josué y Elena de El Salvador encuentran momentos de esperanza. Durante las paradas de los buses, ellos lograron contraer matrimonio con una corta ceremonia en una capilla. Sin embargo, estos pequeños momentos de felicidad se cortan cuando, como le pasó a Milagros, el dinero para avanzar se acaba, llegando a otro país con bolsillos vacíos y sueños desbordando.

Lo que no es incógnita durante este caso, pues es un hecho que ha estado en la opinión pública de manera constante (aunque sin tanto alarde), es que los centros de detención en México están colapsando su capacidad. En solo tres meses la cantidad de detenidos ascendió a 73.400, el doble que el año anterior. Con esta consideración, los centros son incapaces de ofrecerles condiciones de vida sanas, y entonces sufren calores extremos, infecciones por chinches o inodoros desbordados, largos días sin poder ducharse, comer o recibir una atención médica decente, según la BBC.

Para Édgar Corzo Sosa, visitador de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la capacidad de los centros de detención en México sería suficiente si existiese un flujo migratorio normal. No obstante, las cantidades enormes de migrantes o refugiados que cada día pasan por México para tomar una ruta posterior, estanca y dificulta un servicio digno para quienes buscan ayuda. Y todo esto tiene un motivo, porque nadie huye de un país en donde todo marcha a su favor.

Quienes llenan estos espacios en los centros son mayoritariamente de El Salvador y Honduras. Según organizaciones del Sistema Regional de Monitoreo y Análisis del Desplazamiento Forzado, el 53% de quienes llegan son mujeres y el 47% son niños y adolescentes, uno de los grupos más vulnerables. La razón por la que los desplazamientos emergen de forma tan inesperada recae en la ausencia de salud, educación y oportunidades económicas que promuevan la autorrealización de su ciudadanía, además de la violencia generalizada dentro de los países.

Según el diario El Comercio de Ecuador, El Salvador es considerado como uno de los países más violentos del mundo, con tasas de homicidio de «103, 81,7 y 60 cada 100.000 habitantes en 2015, 2016 y 2017». Estos crímenes se enlazan principalmente a las pandillas organizadas.

Hay Estados que, a pesar de poseer problemáticas internas sin resolver, deciden cooperar para enfrentar un fenómeno que beneficia a toda la población cuando está bien gestionado. Entre estos se encuentra la capital de Argentina, Buenos Aires, con programas y proyectos emergentes de la Dirección General de Colectividades de la Subsecretaría de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural. Por medio de este trabajo ha logrado integrar diversas nacionalidades, generando espacios de encuentros para que los habitantes puedan promover y compartir su cultura.

Su esfuerzo por exaltar el orgullo en las raíces de los ciudadanos se ha plasmado en su programa Conociendo tus Raíces, en donde los participantes estudian sus orígenes para conocer su tierra, cultura y costumbres. El fin último es que puedan compartir sus experiencias con demás ciudadanos para sentirse uno más de ellos. Y cómo no mencionar el Día del Inmigrante, evento que reúne cada septiembre a más de 50 colectividades que habitan en la ciudad para elogiar la multiculturalidad. Este programa planifica una jornada con cuerpos de baile que representan a cada país, además de eventos musicales, juegos, interacciones educativas y recorrido gastronómico de los participantes. Sin duda, un accionar que los Estados con flujos migratorios masivos deberían adoptar.

La cara de la moneda inmigrante ya nos ha mostrado suficiente drama, políticos altruistas y difamaciones respecto a pobreza y criminalidad. Echemos un vistazo a lo que guarda la otra cara de esta moneda, ya que, como se ha detallado, produce historias desgarradoras y emotivas de quienes se han visto obligados a abandonar un hogar lleno de desesperanza, caos y violencia. Pero también analicemos detalladamente lo que pocos nos muestran. Veamos esos esfuerzos de comunidades políticas que, aunque no sean referentes de la cúpula económica mundial, refutan la idea detrás de la cara en la moneda inmigrante y trabajan por desmantelarla con una correcta planificación integradora. Esa es la vía.

Este libro se ha escrito con el propósito de mostrar las historias de los migrantes venezolanos en el Uruguay, las razones para huir de su patria, sus experiencias, su largo peregrinar hasta establecerse, su proceso de adaptación, lo que traen para aportar y lo que están haciendo. Sus miedos, sus virtudes, sus ganas de salir adelante. Propone reproducir la voz de la diáspora a través de entrevistas que exploran el relato de un grupo de personas diversas que narran lo que vive el venezolano que se ha visto obligado a salir de su país.

[Lee también reseña de este libro escrita por la doctora Alexandra Álvarez]

¿Qué hace un venezolano en Uruguay? ¿Cómo llegó hasta acá? ¿Cuál es su plan de vida? Son preguntas que dispararon la idea de escribir buscando explicar esta nueva migración que aumenta en un país de puertas abiertas pero que, como cualquier otro, presenta grandes desafíos. ¿Por qué es relevante contar esto? ¿Por qué narrar la vida de una comunidad que apenas comienza a dar bocanadas de aire en un sitio tan ajeno, tan diferente? Migrar es arriesgarse, cambiarlo todo, girar la brújula, echarse a andar. Es una decisión complicada, transformadora, que nos pone a prueba, nos reta y ubica en una situación de permanente autoexamen.

[Descarga también el libro Florecer lejos de casa sobre la diáspora venezolana]