El 1 de junio de 2004 iniciaba sus trabajos la Misión de Estabilización de las Naciones Unidas en Haití (MINUSTAH) tras votación unánime del Consejo de Seguridad por considerar que la situación en el país caribeño representaba una amenaza para paz internacional y regional. En octubre 2017 la misión llegó a su fin y fue reemplazada por la Misión de las Naciones Unidas para el Apoyo a la Justicia en Haití (MINUJUSTH), para dar continuidad a la anterior pero sin fuerzas militares, cumpliendo un rol más modesto hasta terminar su mandato en octubre de 2019. Si bien las intenciones fueron correctas, lo cierto es que la palabra que mejor describe el resultado de este periodo recién finalizado es fracaso. La misma que describiría perfectamente cada una de las cinco misiones internacionales que la ONU ha enviado a Haití en los últimos treinta años, puesto que se repite siempre el mismo ciclo: llega la misión en medio de la violencia, logra cierta pacificación, se marcha, resurgen los enfrentamientos, ya que el problema de raíz sigue intacto e impide que el país más pobre del hemisferio occidental pueda dar pasos de avance.

Seis millones de haitianos viven con menos de USD 2,41 diarios; dos millones y medio de ellos viven incluso con menos de USD 1,23 y actualmente el 36 % de su población pasa hambruna, con una tendencia que apunta a llegar al 40 % en enero próximo. Una verdadera crisis humanitaria que, antes que mejorar, empeora con una crisis política sin fin a la vista, ya que se mantiene por un complejo entramado constitucional y una clase dirigente extractiva. Haití tiene un sistema de gobierno inspirado en el semipresidencialismo francés, con un presidente y un primer ministro. La designación de este último necesita la aprobación del Legislativo. Sin embargo, desde marzo no se ha logrado ratificar a ninguno de los nominados por Jovenel Moïse, quien asumió el poder tras las elecciones de 2016.

Por ello, el Gobierno carece de iniciativa legislativa, lo que significa que no puede presentar su proyecto de presupuesto ni aprobarlo, condición fundamental para el desembolso de fondos de la ayuda internacional. Durante 14 semanas consecutivas, además de parálisis política, las calles han estado completamente bloqueadas por grandes manifestaciones que piden la renuncia del Ejecutivo. Esto ha impedido, incluso, que la Cruz Roja pueda acceder a sus puntos de trabajo y que las caridades puedan repartir alimentos al pueblo hambriento.

Este panorama tan lúgubre suele pasar desapercibido en el resto de la región, pero está a punto de convertirse en un problema mayúsculo no solo para sus vecinos directos, la República Dominicana. Si no se toman medidas concretas, la catástrofe puede llegar a niveles sin precedentes y afectar de manera directa al conjunto de los países latinoamericanos. Es válido entonces preguntarse: ¿qué se puede hacer distinto?, ¿qué solución puede encontrarse?

La respuesta es muy complicada, pero hay que verla en dos vertientes: primero lo urgente, sin olvidar lo importante. Es urgente en este momento la ayuda humanitaria para un país que se está muriendo de hambre, y esto no es a largo plazo, es inmediato. Lo importante es lograr un sistema de gobierno que cree las instituciones necesarias para un funcionamiento mínimo del Estado. Actualmente, esto solo puede lograrse a través de una nueva misión, pero ya no para el mantenimiento de la paz, sino con un mandato ejecutivo que vaya más allá del Consejo de Seguridad de la ONU e involucre a la Asamblea General. Tal mandato ejecutivo para la administración de Haití deberá extenderse cuando menos por veinte años, si se quiere obtener un resultado verdaderamente duradero esta vez.

Esto es sumamente difícil, pues está en debate la base jurídica para hacerlo: no existen precedentes de una república de amplio reconocimiento que haya pasado a este tipo de tutela. En el antecedente de Timor Oriental, por ejemplo, su independencia todavía no se había concretado. También habrá que pactar con los actores internos, a pesar de su escasa representatividad, debido a la bajísima participación electoral de la ciudadanía. Pero, de no hacer nada o de seguir haciendo lo mismo, se permitirá que millones de personas sucumban ante los peores sufrimientos.

Un manual de políticas democráticas para impulsar el gobierno. Escrito por José Emilio Graglia. Editado por KAS Argentina, ACEP e ICES.

El 9 de diciembre de 2019, cuando la gestión del presidente Macri estaba concluyendo, más de 400 cuentas de redes sociales institucionales pasaron a formar parte del patrimonio nacional a cargo del Archivo General de la Nación y quedaron disponibles en las mismas plataformas para que la ciudadanía pueda acceder al contenido libremente.

El proyecto de conservación de activos digitales es una iniciativa inédita en nuestro país, que nos pone a la vanguardia en el mundo, en lo que refiere al tratamiento y preservación de los canales digitales utilizados por un gobierno durante su gestión.

Parte de las cuentas que se conservarán son las referentes a los ministerios, secretarías de Gobierno y otras áreas u organismos que administran cuentas oficiales, por ejemplo, la Dirección Nacional Electoral (DINE), el Programa de Atención Médica Integral (PAMI), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (ANSES), etcétera.

El proyecto lo comenzamos desde el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda y es el resultado de más de un año de trabajo, en el que participaron organismos gubernamentales, universidades, organizaciones de la sociedad civil vinculadas a la información, al cuidado de datos, a la preservación de documentos, archivos provinciales, fundaciones, empresas vinculadas a la comunicación digital (Facebook, Twitter y Google), y especialistas de diferentes áreas que aportaron al proyecto desde su experiencia y su conocimiento.

A lo largo de este tiempo se generaron cuatro áreas de trabajo (Comunicacional, Archivístico, Tecnológico y Normativo) y se extrajeron conclusiones y recomendaciones que nos permitieron llegar a un consenso de qué, cómo y dónde se debía conservar.

Este proyecto que encabezo, se basa en el proceso de transición que se dio en Estados Unidos entre la administración Obama y la de Trump. En nuestro caso, la diferencia se da en que se decidió solo conservar las cuentas institucionales y dejar afuera las personales.

En resumen, el proyecto contempla la conservación y transición de los activos digitales institucionales a través de dos vías:

1. Conservar los contenidos digitales de la gestión 2015-2019 para que estén disponibles a la ciudadanía a lo largo del tiempo, y así el gobierno siguiente pueda comenzar a comunicar por canales digitales con su propia impronta.
2. Descargar los contenidos de la plataforma para que el Archivo General de la Nación los conserve y formen parte de la historia de nuestro país, dándole libre acceso a la ciudadanía.

En esta nueva era de comunicación digital debemos tener claro que las redes sociales han transformado en gran medida cómo se genera y distribuye la información, llevándonos de un modelo vertical con los medios como piedra fundamental, a un modelo horizontal donde cada individuo tiene la capacidad de generar información y emitir mensajes.

La comunicación e intercambio con los ciudadanos a través de las redes sociales tiene que formar parte del patrimonio histórico, para que las actuales y futuras generaciones puedan consultar.

Es la primera vez en la historia de nuestro país que se hace un proceso de conservación de activos digitales institucionales. Es un proceso inédito y sin ningún antecedente en América Latina. Los procesos que se dieron en algunos países como México, Colombia o Chile fueron únicamente para el traspaso de las cuentas. Pero en el caso argentino, además del traspaso, agregamos la conservación por el Archivo General de la Nación, que es el encargado de reunir, conservar y brindar acceso a los documentos que hacen a la historia, la memoria y los derechos de todos los argentinos.

Según su propia definición, corresponde al Archivo:

Reunir, conservar y tener disponible para su consulta o utilización la documentación escrita, fotográfica, fílmica, videográfica, sónica y legible por máquina, que interese al país como testimonio acerca de su ser y acontecer, sea ella producida en forma oficial, adquirida o donada por instituciones privadas o particulares.

A partir de ahora esa definición está destinada a cambiar.

Como instituciones públicas tenemos el deber de aggiornarnos a estos nuevos escenarios, entender que estos contenidos pertenecen a todos los argentinos y ser los garantes de preservar esta parte de nuestro patrimonio.

Pero, a quienes solo hemos tenido la oportunidad de estar en la capital de Estados Unidos durante el último proceso político histórico contra un presidente, no nos deja de evocar a una serial de intriga política.

Un hijo del anterior vicepresidente de Estados Unidos —y hoy precandidato presidencial del partido opositor— que tuvo negocios en un país aliado y un mandatario que le pide al gobierno de este que investigue la conducta familiar de su adversario político, previo a la ejecución de una millonaria ayuda militar, son parte de un complejo enredo político y nada menos que en la principal potencia del mundo.

Solo el camino hacia el juicio político contra Trump ya tiene todos los condimentos de un guion: acusaciones de corrupción, artilugios políticos con el propósito de bloquear documentación y obstaculizar la investigación, denuncias de tráfico de influencia y de conflictos de interés, campañas de desinformación y disputas entre líderes de diferentes posiciones de poder. Y todo ello en estado de hervor por el fuego electoral.

El hilo conductor no es otro que la permanencia o no en la Casa Blanca de un líder maniqueo y extremadamente controvertido por la forma en que ejerce el poder.

Aunque sobran ejemplos que muestran que la realidad puede superar a la ficción, la dinámica política en Estados Unidos bajo el influjo de Trump —un huracán en una habitación de vidrio— es probablemente hoy el cenit de cuando los hechos no dejan ni hendijas a la imaginación.

Ha sido un proceso tan vertiginoso y mordaz como el que se desenvuelve en la dinámica de las redes sociales.

La apertura de la investigación para reunir pruebas de que Trump pudo haber cometido delitos en el ejercicio del poder que pueden ser punibles de destitución comenzó el 24 de setiembre, luego de dos meses de un conjunto de indicios sospechosos de una conducta constitucionalmente improcedente para un jefe de la Casa Blanca.

El 25 de julio, Trump mantuvo una conversación telefónica con el novel presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, luego de demorar sin un fundamento convincente la entrega de una millonaria asistencia militar a Ucrania, previamente aprobada por el Congreso.

El diálogo entre los dos mandatarios dejó de ser una mera conversación protocolar cuando se supo que un funcionario de inteligencia de Washington, legalmente autorizado a escuchar la comunicación, presentó una denuncia interna, el 12 de agosto, de «urgente consideración» acusando a Trump de «usar el poder de su cargo para solicitar la interferencia de un país extranjero en las elecciones estadounidenses de 2020».

El 22 de setiembre, con rumores más veloces que los hechos, el propio Trump reconoció que habló con Zelenski sobre el exvicepresidente Joe Biden, su posible rival en las elecciones presidenciales de 2020, y del hijo del exgobernante Hunter, exmiembro del directorio de una compañía de gas ucraniana mientras su padre era el segundo al mando de Barack Obama, pero siempre negando la conducta de extorsión.

Apenas comenzado octubre, Trump no tuvo empacho en pedirle explícitamente a China e insistir a Ucrania sobre el inicio de una investigación sobre los Biden y acusó a sus opositores de «maníacos» que buscan «basura» con tal de aprobar el juicio político en su contra. Al mismo tiempo, legisladores demócratas difundieron mensajes de texto como una prueba de que la diplomacia estadounidense le había pedido al presidente ucraniano que investigara a los Biden a cambio de una reunión con Trump en la Casa Blanca.

La comisión investigadora recogió más datos en unas 15 audiencias que a juicio de los demócratas permitieron documentar un «caso sólido» contra Trump. Por ejemplo, además de otros informantes anónimos, hubo un testimonio explosivo de Bill Taylor, encargado de negocios de Estados Unidos en Ucrania, que aportó información novedosa acerca de la supuesta extorsión de Trump, nuevamente desmentido por la Casa Blanca.

El martes 10, el Comité Judicial de la Cámara de Representantes recomendó al pleno imputar al presidente de los cargos de abuso de poder y de obstrucción al Congreso, en donde los demócratas son mayoría (233 en 431).

La aprobación del juicio político no supone una condena, sino que el caso llegue al Senado, legalmente responsable de la sustitución o no de un presidente, en donde los republicanos son la fuerza política predominante (53 frente a 45 de demócratas y dos independientes que suelen votar con el bloque opositor).

Solo un milagro haría caer a Trump ante la exigencia de una mayoría de dos tercios del Senado. Eso significa que, junto con los senadores demócratas e independientes, deberían sumarse al menos 20 republicanos, algo absolutamente imposible, mucho más hoy que cuando Trump llegó a la Casa Blanca.

Tengan o no razón los demócratas, sea o no absuelto en el Senado, lo cierto es que Trump es un líder que parece recargar energía en el combate y que se siente cómodo en la pelea contra sus adversarios.

Un ambiente de confrontación y sin votos suficientes para tumbarlo en el Senado lo pueden favorecer en el año electoral de 2020, con una economía que sopla con el viento a favor.

Un hecho del pasado 27 de noviembre ilustra de un modo caricaturesco cómo Trump se ve a sí mismo y habla, en cierta manera, de su actitud en el poder: tuiteó un fotomontaje en el que aparece su cara con el cuerpo del personaje de la saga de Rocky Balboa, interpretado por Sylvester Stallone; tuvo 700.000 me gusta, 200.000 retuits y 155.000 comentarios hasta la noche del lunes 9.

Algunos creen que lo hizo para despejar dudas sobre su estado de salud; pero perfectamente podría ser una imagen muy sugerente de cómo Trump se mueve en la política: un luchador en una pelea en el escenario público que, aunque recibe muchos golpes como Rocky, al final siempre levanta los brazos en señal de victoria.

El 45° presidente de Estados Unidos se ve a sí mismo como un campeón, una actitud que explotará para continuar siendo el inquilino de la Casa Blanca por otro período de gobierno.

Si le pedimos a cualquier persona que mencione un político alemán la respuesta será casi instantánea: dirá Angela Merkel. Pero si a esa misma persona le pedimos que nos cuente algo de ella, de su vida, de sus políticas, de por qué se ha convertido en la mujer más poderosa del mundo, es muy posible que no pueda respondernos.

En este episodio te vamos a contar quién es y cómo hizo Angela Merkel, para convertirse en la mujer más poderosa del mundo. Bienvenidos a Diálogo Político Podcast, un proyecto de la fundación Konrad Adenauer.

[Lee la reseña de Angela Merkel. La física del poder]

Para decirlo en simple, la política posdictadura dejó de ser el eje ordenador de la sociedad chilena y sus asuntos. En su lugar, fue la economía y sus modelos la que primó en el debate público, casi de manera excluyente. Sin embargo, todo explotó.

Nadie se imaginó la fuerza de la crisis social que estábamos incubando. Los indicadores macroeconómicos del país ya no lograron sostener la indignación y el malestar por la desigualdad. Es cierto que la mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas. Pero también hemos visto actos de violencia que no veíamos hace mucho tiempo.

Ahora bien, luego de observar con estupor la violencia y la intolerancia en las calles del país, se ha abierto un espacio para volver a conversar acerca de cómo organizamos la vida en común. Nos hemos vuelto a preguntar cómo obtenemos y repartimos de mejor modo lo que somos capaces de hacer. La política en esto tiene mucho que ver. Se trata del ejercicio más básico pero complejo de llevar a cabo. Esto es, conversar para luego tomar acuerdos en los intereses compartidos. Debatir para consensuar y acordar caminos comunes.

Tenemos que reconocer, con autocrítica, que hace mucho tiempo no hablamos tanto de política. El cambio de la Constitución Política, la mejora de las pensiones, la mala atención de salud, la injusta distribución de la riqueza, la necesaria participación ciudadana, etcétera, son todos temas que demuestran que los chilenos y chilenas han vuelto a dialogar sobre los problemas comunes. A estas alturas, podemos sostener que se trata de una nueva fase de repolitización de la sociedad chilena. ¡Enhorabuena!

Los resultados de las diversas encuestas indican un cambio muy fuerte en las percepciones de los ciudadanos. Aunque algunos puedan pensar que todo volverá a la normalidad, debemos reflexionar seriamente que estamos ante el surgimiento de una nueva normalidad.

Un dato novedoso es el que señala que la politización afecta muy fuertemente a los que no tenían posición política. Existe un mayor nivel de activación e involucramiento político. Enfrentamos un nuevo clivaje societal.

Se hace evidente el alegato por un cambio estructural. Casi un 60 % sostiene la urgencia por reducir la desigualdad entre los ciudadanos. Existe un alto consenso también por más justicia social y para promover una nueva agenda social, económica y política. A decir, el sistema de pensiones, el sistema de salud, el sistema educacional, el sistema laboral, un nuevo sistema tributario y una nueva Constitución son todos ámbitos donde existe una manifestación expresa de apoyo para hacer cambios. Todas estas temáticas cuentan con más del 80 % de adhesión positiva para su modificación. Es más, la necesidad de una nueva Constitución cruza grupos etarios, género, estratos socioeconómicos y es impactada por tendencias políticas. Se podría sostener que se trata de la madre de las demandas del movimiento social. Según los datos revisados, la posibilidad de abrir este debate constitucional genera en la población el sentimiento de esperanza y optimismo.

Ahora bien, tenemos que señalar que las movilizaciones sociales, las protestas, llegaron para quedarse. Son percibidas como un mecanismo de cambio. Pero también se presenta una dualidad: por una parte, existe un alto apoyo a las protestas pacíficas y, por otra, un alto rechazo a la violencia y los saqueos. Las movilizaciones están asociadas a la ciudadanía y sus demandas.

Por otra parte, también existe conciencia de que el panorama económico no se ve fácil. Se observa una altísima percepción de crisis económica que se profundizará en el futuro cercano (primer semestre de 2020). Esta es una realidad que el Gobierno y las instituciones políticas deben tomar en consideración.

En medio de la confusión y la incertidumbre, surge con nitidez un nuevo alegato por más y mejor política. Estamos frente a un cambio estructural (sistémico) de las percepciones de los chilenos y chilenas. El proceso no ha terminado, está en plena evolución, no ha cristalizado. De su evolución dependerá, en gran medida, si se logrará profundizar la democracia y/o recuperar el sistema de representación política. Las decisiones que tomen los partidos serán de vital importancia para su suerte electoral y su viabilidad futura. He aquí el desafío: superar la crisis manteniendo la gobernabilidad democrática.

Esto significa, como lo explicaron los académicos Scott Mainwaring y Timothy Scully (2009):

La gobernabilidad democrática es la capacidad de los gobiernos democráticos para implementar políticas que aumenten el bienestar político, social y económico de un país. Cuando es exitosa, supone mantener una práctica democrática de una calidad razonablemente alta, promover el crecimiento económico, proporcionar seguridad ciudadana y enfrentar los graves problemas sociales (pobreza, inequidad de ingresos, servicios sociales adecuados) que afligen a los países de América Latina.

En síntesis, aquí está el desafío para la política democrática chilena.

Celebramos la capacidad de cooperación que han demostrado los principales actores políticos en estos últimos días. Qué duda cabe, luego del acuerdo transversal para promover un nueva Constitución Política: los actores del sistema han dado espacio y una oportunidad a la política. Se ha generado un camino para la participación ciudadana en el marco de una deliberación pacífica y democrática.

Por cierto, aún no se logra encauzar todo el debate y la legítima aspiración de vivir en un país más justo. Aún resta concretar una agenda social que cristalice un nuevo pacto económico y social para superar las desigualdades que han quedado en evidencia por las movilizaciones sociales. Es un camino que tiene ripios y dificultades para transitar. Pero lo que sí está claro es que se ha manifestado la voluntad de hacerlo. Tenemos que advertir que aún nos encontramos en un frágil equilibrio.

El punto clave es volver a entregar a la ciudadanía la dignidad en todas las dimensiones de la vida. La política precisamente se debe ocupar de aquello. La gestión política desde el Estado debe tener como centro de su quehacer la dignidad de las personas y las comunidades.

Como bien lo dijo Jaime Castillo Velasco hace varias décadas, en un discurso homenaje a Eduardo Frei Montalva, como presidente de la Comisión de Derechos Humanos: “La democracia exige un comportamiento democrático. El antagonismo ilimitado en la lucha por el poder expone a las democracias a ser destruidas por los apetitos dictatoriales”. Castillo Velasco nos recuerda que «el destino del humanismo está indivisiblemente ligado a la democracia».

¿Cómo volvemos a hacer una mejor política? Una respuesta que nos interpreta es desde la lógica de la comunidad. Ya sabemos que la respuesta basada solo en el individuo queda más bien reducida a la realidad particularísima de una persona y sus circunstancias. En cambio, cuando la respuesta es desde la pertenencia a una comunidad, aplica la conjunción tan difícil pero necesaria de libertad, igualdad y también solidaridad.

Debemos volver a poner la atención en las personas y las comunidades esenciales a las que pertenecemos. La política supone la lucha por el poder político, pero también la cooperación. Hoy necesitamos en Chile esa política de grandeza y magnanimidad.

Bibliografía

Mainwaring, Scott, y Scully, Timothy (2009). América Latina: ocho lecciones de gobernabilidad, Journal of Democracy en español.

Estado del arte y desafíos para la construcción de un marco político de promoción de economía circular en América Latina.

La victoria de Luis Lacalle Pou del Partido Nacional en las elecciones del 2019 abre un nuevo escenario político en Uruguay, poniendo fin a 15 años de gobierno del Frente Amplio (izquierda). Además de un cambio en la presidencia, después de las elecciones internas del mes de octubre ya no habrá una mayoría parlamentaria de un solo partido, sino un Parlamento muy diverso. Los evangélicos neopentecostales en Uruguay han estado siempre vinculados al Partido Nacional, que cuenta con tres diputados abiertamente evangélicos. Pero el reciente proceso electoral visibilizó algunos nuevos fenómenos que están cambiando las relaciones entre evangélicos y política, así como entre religión y política en general.

Uruguay tiene un 38 % de población que se define católica, pero de esta solo un 5 % es practicante. Ateos y agnósticos suman un 20 % y los llamados creyentes sin afiliación religiosa alcanzan el número más alto del continente: 25 %. Los cristianos evangélicos no pasan de un 15 %, de los cuales un 75 % son pentecostales y neopentecostales. Las iglesias evangélicas no crecen como en el resto de América Latina, en gran parte debido a una cultura profundamente laicista, en la que los católicos no practicantes pasan a las filas de los creyentes sin afiliación religiosa antes que a las de los pentecostales. Esto explica que la presencia pública evangélica, especialmente de los pastores neopentecostales, aumente, mas no su porcentaje total de la población. El crecimiento numérico existe, indudablemente, pero es mucho más reducido que en otros países de la región. El fenómeno de la incursión de líderes neopentecostales en los partidos políticos también ha llegado a Uruguay, pero no es tenido en cuenta por la mayoría de los analistas políticos.

El compromiso social y político de los evangélicos ha sido significativo en Uruguay, pero invisibilizado por la generalizada indiferencia hacia la religión. Debido a la privatización de la fe que se dio en el país, al igual que los católicos, en general los miembros de las Iglesias protestantes no manifestaban públicamente su fe, sino valores en común con el resto de la sociedad. Desde fines de los noventa aparecieron los neopentecostales dentro de los partidos políticos, con una abierta explicitación de la fe y un discurso doctrinal en clara oposición a la agenda de derechos promovida por los gobiernos del Frente Amplio, que incluía leyes como la despenalización del aborto, el matrimonio entre personas del mismo sexo, la Ley Trans [1] y la legalización del cultivo y venta controlada de la marihuana.

La oposición a estos cambios por los sectores evangélicos más conservadores tiende a caricaturizarse en las polémicas mediáticas. Sin embargo, hay que precisar que no todos los evangélicos se comportan igual en la política ni tienen una postura unánime sobre estos asuntos. Un ejemplo significativo es el parlamentario Dr. Gerardo Amarilla, del Partido Nacional. Si bien proviene del mundo evangélico, su identidad confesional no ha sido un obstáculo para su buen desempeño. Aunque algunos medios lo equiparan a los neopentecostales, en su caso se trata de un político evangélico, defensor de una laicidad positiva, no de un evangélico político. A su vez, algunos legisladores del Frente Amplio, vinculados a grupos cristianos evangélicos, han apoyado leyes luego duramente criticadas por los evangélicos más conservadores.

Es inusual que las iglesias en Uruguay se mezclen con los partidos políticos. El único caso ha sido el del pastor y diputado Álvaro Dastugue, yerno del apóstol Jorge Márquez que dirige la megaiglesia Misión Vida. Ha sido muy controversial el compromiso que asumen las estructuras de la iglesia en la militancia política, lo que ha generado polémica en el ámbito político, en la prensa y también dentro de las Iglesias evangélicas, las cuales han condenado la instrumentalización de los fieles y el uso partidario de las estructuras pastorales.

Álvaro Dastugue y otros pastores de origen pentecostal se adentraron en política en el Partido Nacional. Normalmente han ido rotando dentro el mismo partido, haciendo alianzas con líderes de diferentes sectores que comparten su cuestionamiento a la agenda de derechos.

Dastugue es un evangélico político, cuya actividad sigue una lógica religiosa confesional, alegando «el llamado de Dios». A fines de los años noventa, Jorge Márquez —suegro de Dastugue y líder de la Iglesia Misión Vida— cambió el discurso escatológico sobre el fin de los tiempos y el rechazo de la política como algo «mundano», por un mensaje de proactividad política que invitaba a los jóvenes de su Iglesia a comprometerse con la transformación de la sociedad desde los «lugares de influencia», de manera acorde a la cosmovisión pentecostal de guerra espiritual y «conquista del mundo para Cristo».

Tras la victoria de Luis Lacalle Pou, unido a una coalición multicolor de diversos partidos, los diputados evangélicos seguirán siendo los mismos del período anterior (2014-2019): Gerardo Amarilla, Álvaro Dastugue y Benjamín Irazábal. ¿Por qué con la victoria del Partido Nacional no hay mayor presencia de evangélicos en el Parlamento, si estos estaban mayoritariamente dentro de este partido? La respuesta está en un nuevo partido: Cabildo Abierto (CA), liderado por el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, de confesión católica. En las elecciones de octubre obtuvo el 11 % de los votos y quedó en cuarto lugar. Su discurso conservador, de defensa de los valores tradicionales y contrario a la «ideología de género», generó una migración de neopentecostales y de católicos conservadores a Cabildo Abierto. El nuevo partido tendrá ahora tres senadores y once diputados, pero ningún líder evangélico. Sin embargo, hubo una evidente militancia entre los fieles de diversas comunidades cristianas, especialmente neopentecostales. A Manini se le considera equivocadamente de ultraderecha, seguramente por ser un exmilitar, pero su trayectoria, su formación y pensamiento hacen difícil definirlo así.

Hasta comienzos del 2019 se pensaba que los evangélicos seguirían creciendo dentro del Partido Nacional, pero el fenómeno de Cabildo Abierto ha tornado el escenario impredecible. Durante la campaña electoral, Lacalle Pou se comprometió a no tocar la agenda de derechos. Seguramente desde las filas de CA surgirá una oposición a este compromiso, que será muy valorada por los cristianos más conservadores y neopentecostales. A pesar de las apariencias, el hecho religioso no es tan marginal en la política.

Nota

[1] Ley 19684 (Ley Integral para Personas Trans), aprobada por el Parlamento de Uruguay el 18 de octubre de 2018.

Ciudadanía, empoderamiento, cambio, política, gobernanza, derechos humanos. Temas repensados en la era digital. Escrito por Elaine Ford y editado por KAS Perú.

«Con los pies en los zapatos del otro» sintetiza la idea de avanzar en una construcción política alejada de los extremos para zurcir en el centro (Lacalle Pou dixit) una democracia renovada que supere a la vencida o fatigada por los odios y resentimientos de la polarización ideológica.

Los últimos aciagos sucesos transcurridos en la convulsionada América Latina generaron una crisis de credibilidad en las instituciones republicanas, de ciudadanos que ya no creen en sus gobernantes; que sí creen en la democracia, pero no en las que les toca vivir. Lamentablemente, esto ha sido aprovechado por los oportunistas de turno, tanto de la extrema derecha como de la izquierda, para desnaturalizar la legitimidad de los gritos y los ollazos de sociedades desesperanzadas que claman ser interpretadas o escuchadas por autoridades que, envueltas en las burbujas del poder, no percibieron la intensidad y la gravedad de los momentos que atravesaban.

La mayoría de los observadores imparciales manifiestan que las multitudinarias jornadas de protesta social en Santiago, La Paz y Quito, si bien tienen contenido político, son fruto de tres factores idénticos que han surgido en todas las manifestaciones. Primero, los jóvenes son protagonistas de un presente que los angustia y los anima a poblar las calles, porque no saben si tendrán o no futuro, y por eso luchan. Segundo, pertenecientes a la clase media surgen las voces reivindicatorias, la mayoría integrantes de grupos que crecieron con la movilidad social pero que, al derrumbarse sus expectativas, descienden a niveles que creían superados. Tercero, por la desigualdad, un indicador social y económico que es transversal en la región, que los modelos de las distintas ideas políticas no han logrado mitigar y que solo miden con la doble vara de la hipocresía, según les toque gobernar o ser oposición.

Lo directo y concreto es que en nuestros países existe una degradación de los liderazgos, desde los patrones de estancia o dictadorzuelos ideologizados; las élites se han guiado más por la defensa de los intereses sectoriales que por la inclusión de los intereses generales, so pretexto de cuidar los indicadores macroeconómicos (por cierto, deben vigilarse), y no se han ocupado de que la distribución penetre equitativamente en cada casa. Esto genera un malestar y una disconformidad que el populismo aprovecha para demoler los modelos que confronta, porque, supuestamente, tiene la receta para recuperar lo que los otros han desperdiciado. Es la retórica de siempre que, pendularmente, gira de extremo según la posición política que ocupe.

Dentro de un panorama de pronóstico incierto para el desarrollo del pensamiento democrático, las elecciones uruguayas constituyen una fuerte esperanza para quienes creemos en la construcción republicana de nuestras instituciones. Los mensajes enviados a la sociedad por los principales actores políticos uruguayos son de contribución y cooperación en los asuntos generales y, en aquellas políticas públicas en que discrepen, de que las divergencias se tratarán con respeto total a los procesos legales; sin renunciar a las convicciones particulares pero, por encima de cualquier diferencia, la obediencia a las reglas impuestas se asume de naturaleza superior. Siempre ha sido esa la fortaleza del gran civismo que aporta la democracia uruguaya, y nunca está demás volver a refrendarla, máxime cuando se produce luego de quince años una alternancia en la conducción del Estado.

Los ciudadanos han mostrado su insatisfacción, su descreimiento en este presente de nuestras democracias. Ellos exigen, entre otras cosas y según la realidad de cada país, reforma constitucional, nuevas reglas electorales, separación clara y diferenciada entre los poderes del Estado, el combate sincero y sin máscaras al crimen organizado, que permea la economía haciéndola cada vez más dependiente de los poderes fácticos. En suma, reclaman una democracia real, superadora de la forma actual vacía de contenido, para que se permita la supervivencia de la República a través de mecanismos más transparentes y participativos.

Como lo anunciaba el profesor San Miguel, la democracia es caminar con los zapatos del otro, poniendo los pies bien firmes en el centro del piso republicano, alejados de los extremos que con sus constantes y renovados cantos de sirena pretenden refundar la República, cuando en realidad lo que hacen es refundirla, con agrios discursos, en abismos irreconciliables que solo benefician a quienes poseen el poder. Es la tarea democrática que se propone el presidente electo del Uruguay Lacalle Pou cuando invita a concentrar esfuerzos en el centro del pensamiento político, recogiendo lo bueno y rescatable que contienen todas las ideas. En ese sendero es importante caminar con un compromiso claro y firme de inclusión y justicia, basado en un humanismo integrador, como centro y sujeto de las mejores decisiones.

Esto ocurre, además, en medio de una profunda crisis económica, ya que 2019 cerraría con una inflación cercana al 60 % y la pobreza es de 35 %, de acuerdo con la última medición oficial del INDEC. En otros momentos de fuertes crisis económicas los traspasos presidenciales estuvieron en riesgo. Ocurrió con Raúl Alfonsín, quien debió entregar el mandato anticipadamente, y con Fernando de la Rúa, quien también se fue antes de finalizar su mandato, en un helicóptero, imagen que recorrió el mundo y originó la crisis política, social, económica y cultural más profunda, en 2001.

En este sentido, hay madurez democrática en la sociedad argentina. Esta vez, incluso, hubo una reunión entre los presidentes saliente y electo, entre las vicepresidentas en igual condición, y los funcionarios actuales y futuros pudieron acordar detalles del traspaso presidencial, aun cuando Macri y Fernández no coincidían en lo que pretendían para tal ceremonia. Finalmente se acordó que será la vice saliente, Gabriela Michetti, quien le tomará juramento a los Fernández y, luego, Macri hará el traspaso de la banda y el bastón presidencial. Todo ocurrirá en el Congreso, como lo solicitaron los próximos conductores del país.

Ahora bien, al margen de esta transición y convivencia democrática que se celebra en el país, persisten y crecen las dudas respecto de cómo será la convivencia de las fuerzas internas que componen el Frente de Todos. Por estas horas, todos miran el poder de veto que la vicepresidenta electa parece haber tenido sobre la designación de algunos economistas que el futuro presidente hubiera querido tener dentro de su gabinete, pero no contaron con el aval de Cristina. Del mismo modo, así como el peronismo logró unirse para ir a las urnas y ganar, buscaría repetir ese esquema en el Congreso. Sin embargo, a la hora de las designaciones habría sobreabundancia de apellido Kirchner. Cristina Kirchner en el Senado y Máximo Kirchner como nuevo conductor del nuevo bloque oficialista en Diputados parecen tener poder visible y también detrás de bambalinas. Impusieron designaciones en puestos administrativos claves, por ejemplo, los que deben aprobar (o desaprobar) futuros viáticos, contratos de asesores o designaciones. Si bien Sergio Massa fue bendecido como presidente de la Cámara de Diputados, en la práctica, el Parlamento pareciera ser territorio de los Kirchner. En un principio este hecho no generaría demasiadas tensiones pero, seguramente, a medida que se acerquen las elecciones de medio término las aguas comenzarían a agitarse.

Convención Americana Sobre Derechos Humanos (Versión Completa).

Este es un intento bastante logrado de generar empatía con los lectores, informándolos, amenamente, sobre la modestia y reserva de la mujer que ha tenido en sus manos un inmenso poder en el complejo mundo político. Austeridad, discreción, cautela, premeditación, palabras que cuesta conjugar en el liderazgo político de hoy, y que la señora Merkel ha demostrado controlar con maestría.

Silencio, redefinición y fuerza

Impresiona. El salto de una persona común, en momento con más grises que alegrías, con retos y pobrezas propias del que vienen contando los pasos hacia adelante, con poco y a veces lo justo (la etapa universitaria con una precaria beca estatal en la República Democrática Alemana [RDA] de la escasez), una monotonía que, en vez de apaciguar y permitir la rutina, dio paso a un ascenso súbito. Hacia bien arriba. Del aburrimiento del empleado a la acción del político que construye una carrera a pulso. «Ella no se veía a sí misma trabajando toda su vida como física» (p. 97). La resignación, el miedo y la monotonía. Disparadores para levantarse y salir adelante.

Angela Merkel ocupó viviendas en Berlín, una con su primer marido, Ulrich Merkel, de quien mantuvo su apellido, y otra como soltera, al separarse. Rompió la cerradura de un apartamento abandonado y se mudó. Así vivían muchos universitarios en la RDA. Con ayuda de sus colegas de la Academia de las Ciencias, donde venía desarrollando su carrera profesional, adecuó ese espacio. Veinte años después, ya bien entrada en el camino político, se casó por segunda vez, con quien comparte vida hasta la actualidad, el profesor Joachim Sauer.

Las autoras hacen un minucioso trabajo de descripción del contexto: el reparto de la posguerra, la división República Federal de Alemania (RFD) / RDA, la construcción del Muro de Berlín, su impacto en los alemanes y en el mundo, y un prolongado relato sobre su caída, hecho tan jugoso como importante para la democracia moderna, y, naturalmente, muy significativo en la que varios lustros más adelante será la primera mujer canciller.

Contra la épica y la gloria posible, una certeza sincera:

Los especialistas en su biografía y un nutrido grupo de contemporáneos que compartieron con ella en esa época han interpretado sus anteriores reflexiones como prueba de que ella nunca se compenetró profundamente con la sociedad de la RDA, sino que asumió su experiencia de vida allí desde la distancia inherente al forastero precavido o del espectador que mira los toros desde la barrera. Su rechazo y discernimiento moral con respecto al sistema totalitario de la RDA era irrebatible, aunque muy distinto al brío apremiante que asiste el torero (p. 113)

De la mujer discreta y común, a la extraordinaria carreta política que llevó a Angela Merkel a la cima. Una mujer que sufrió todas las tristezas del mundo monótono, cerrado y aislado del comunismo soviético llegó a ser la líder del mundo libre, con responsabilidad, disciplina y temple.

La paradoja de Angela Merkel

A los 35 años dio el salto de la ciencia a la política. 1989. Había caído el Muro y el mundo era otro. Con más oportunidades para la democracia. Inició tocando puertas en el movimiento Despertar Democrático, liderado por un pastor luterano, siendo parte de la Alianza por Alemania junto a la Unión Demócrata Cristiana (CDU). Meses después tuvo un espectacular impulso, en virtud de su efectivo relacionamiento con fichas del gobierno de Lothar de Maizière, el único primer ministro de Alemania Oriental post-Muro.

Y a finales de 1990 se afilió formalmente a la CDU para participar en las elecciones de diciembre aspirando a un escaño en el Bundestag. Fue la más joven de todos los diputados electos por el Este que se sumaron a trabajar en el Parlamento aún situado en Bonn. Inició un ascenso imparable. 1991: con 36 años fue nombrada ministra de Asuntos de la Mujer y la Juventud en el cuarto gobierno del democristiano Helmut Kohl, tutor político de la joven promesa. Ese mismo año llegó a ser vicepresidenta de la CDU. 1994: reelegida al Bundestag y nombrada ministra de Medio Ambiente.

Para noviembre de 1999 controló buena parte de la orgánica del partido, lo que la llevó a ser la primera mujer en asumir la secretaría general de la CDU. El recorrido de su vida ha tenido vistosos éxitos hasta posicionarse como la mujer más importante del mundo. Sin embargo, este ascenso meteórico también tuvo momentos amargos. Hoy solo es un recuerdo lejano, pero en 2002, cuando Angela Merkel anunció su posible candidatura como canciller, declinó de inmediato para evitar fractura la coalición CDU/Unión Social Cristiana de Baviera (CSU). Cedió el pedestal al socio y recompuso la estrategia.

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Moral constitucional y apego férreo a la ley:

[…] respetar el principio básico del Estado de derecho; hacer lo que dicta la ley. Las leyes se cumplen o se cumplen. No hay un camino alternativo a ello, por lo que considero fatal que a la gente se le posibilite un camino para incumplir las normas. Si una mayoría no está de acuerdo con las leyes existentes, es evidente que estas deben ser cambiadas por consenso pero, mientras eso no suceda, no se puede tolerar su violación. Y mucho menos, mediante el ejercicio de la violencia. (Langguth, 2005. Citado por las autoras, p. 155)

La Bundeskanzlerin

En el año 2005, Angela Merkel, con 51 años, se convirtió en la primera mujer canciller y en la persona más joven que obtuvo esa dignidad. La física del poder abunda en detalles del ambiente y el tiempo que le tocó al asumir control del Ejecutivo. Los primeros pasos, la desenvoltura premeditada y apacible de la jefa de gobierno. Las periodistas exploran tanto como es posible. Tanto como nadie ha hecho en el idioma español. Surgen nombres y episodios intramuros. Hacen un resumido perfil de la enigmática Beate Baumann, secretaria de Merkel y compañera de toda la carrera política. Salpican datos sobre figuras del entorno inmediato que resultan interesantes para comprender el tablero del poder en Alemania.

La influyente revista Forbes ha hecho 15 ediciones de un ranking de las mujeres más poderosas del mundo. Más de la mitad de las veces esta lista ha sido liderada por la canciller Merkel: «[…] sigue siendo la líder de facto de Europa, liderando la economía más grande de la región».

El libro cuenta con un capítulo especial para América Latina. Siendo colombianas las dos escritoras, se detuvieron especialmente en la visita que la mandataria hizo a este país en 2008. La contemplación de la cordillera de los Andes. Angela Merkel seguidora de Humboldt.

En cuanto a pedagogía política, es indiscutible que la líder alemana ha dado clases. La obra de Mendoza y Salazar recuerda la omisión que la canciller hizo al expresidente venezolano Hugo Chávez durante la Cumbre de las Américas de 2008. Un valor característico de su administración ha sido la gestión del silencio y la precisión de la palabra certera, justo cuando se necesita. Ni antes ni después:

Se puede callar de diferentes formas. Existe el silencio por agotamiento. El silencio producto de una confianza ilimitada. El silencio que se produce cuando estamos inmersos en un raciocinio activo y por supuesto, también existe el silencio que sirve de respuesta a una provocación. En lo que a mí respecta, creo que quien calla lo hace porque está ocupado en asuntos más importantes que una charla banal. (Salazar, 2008. Citado por las autoras, p. 204)

Caminar con mesura, Merkel y la responsabilidad

Cautela, previsión, precaución. Caminar con mesura, decidir con responsabilidad. Enseñanzas de este sólido liderazgo que no por estructurado y proveniente de una fuerza política moderada y de centro, ha estado cerrado al replanteo, a las redefiniciones. «Merkel no tiene ningún problema en explicar un día por qué alargar la vida de los reactores nucleares es una cuestión existencial, y, al siguiente día, declarar por qué es apremiante que Alemania abandone la energía nuclear. […] eso la hace terriblemente exitosa» (Cem Özdemir, ex líder del Partido Los Verdes, entrevistado por las autoras, p. 225). En palabras de la canciller: «No todo debe reducirse a qué tema le pertenece a qué partido. Prever y reaccionar de acuerdo con la dinámica de los cambios es un reto abierto para todos» (Körner, 2017. Citado por las autoras, p. 225).

El libro dedica también largo espacio a un tema escabroso que generó división: la crisis de los refugiados en Europa y particularmente su impacto en Alemania. 1,2 millones de nuevos residentes que huyeron del conflicto en el mundo árabe. Lo correcto, aunque no diera réditos. ¿Cómo fue posible ese cambio de posición cuando antes la línea era contener la entrada de refugiados? Son esos giros en la política que cambian, espectacularmente, el curso de la historia en un chasquido de dedos. Pero como no todas son rosas, aparece en las líneas un tema escurridizo e imposible de no mencionar: el ascenso de la ultraderecha y la intolerancia con Alternativa para Alemania (AfD). Un desafío para este faro de la democracia moderna.

Este libro no solo es capaz de despertar el interés sobre la gran mujer que lo inspira, lo cual en todo caso sería sencillo por su talla y relevancia global. El texto logra generar sintonía con una figura enigmática para los latinoamericanos, por no decir poco estudiada cuando no ignorada. Ahí el mayor aporte que traen las periodistas colombianas Patricia Salazar Figueroa y Christina Mendoza Weber. América Latina sabe poco de Merkel no porque no sea importante, de lo que no cabe duda alguna, sino porque en estos confines la falta de estudio y la poca búsqueda de referentes moralmente sólidos y constructivamente positivos a veces no escasea tanto como uno quisiera.

Lo cierto es que la biografía de Angela Merkel atrae con solvencia al lector de principio a fin. Y muestra, con aplomo periodístico, una historia de vida impresionante. De lucha, trabajo, esfuerzo y fe. Para cerrar: un anexo sobre el feminismo según Merkel, la estrategia exitosa de su trayectoria y una cronología vital. En el mundo nunca hubo tiempos fáciles. Este momento no dista de esa afirmación. Por el contrario, el grado de dificultad e incertidumbre da vértigo. Este libro relata una historia que hay que leer. Es posible avanzar justo cuando la adversidad asusta.

Ficha técnica

Angela Merkel, la física del poder
Patricia Salazar Figueroa y Christina Mendoza Weber
Intermedio Editores, 2019
ISBN 9789587578775

Disponible aquí

En julio pasado, un gran escándalo sacudió la arena política en Puerto Rico y América Latina cuando se conoció una serie de chats en los cuales el entonces gobernador de la isla Ricardo Roselló y un grupo de altos funcionarios del Gobierno —haciendo uso de la aplicación de mensajería instantánea Telegram— se refirieron en términos burlescos, groseros y obscenos acerca de las víctimas del huracán María, adversarios políticos y artistas boricuas de talla mundial como Ricky Martin.

Ello desencadenó las mayores protestas ciudadanas en la historia de Puerto Rico, las cuales fueron apoyadas por personalidades del espectáculo como Bad Bunny, Ricky Martin, Daddy Yankee y Residente, culminando con la renuncia de varios de los funcionarios de alto nivel implicados y posteriormente, la dimisión del gobernador en cadena nacional. Este episodio fue bautizado por los medios locales como Telegramgate, en alusión al escándalo Watergate que forzó la renuncia del presidente estadounidense Richard Nixon en los años setenta del siglo pasado.

Si bien el episodio acontecido en Puerto Rico es único en su especie y no ha sido replicado con idénticas características, en otros países latinoamericanos como Chile, Perú e incluso Colombia se han revelado mensajes de plataformas de mensajería instantánea que evidencian la manera desatinada en la que algunos funcionarios de alto nivel gubernamental escriben afirmaciones que no son propias de la dignidad de los cargos que ostentan.

En este punto, es importante cuestionarse acerca de si la ética de lo público, que debe irradiar el accionar de los funcionarios estatales, debe trascender el plano de las meras funciones del cargo y alcanzar la manera en la cual se expresan sus ideas en las redes sociales y aplicaciones de mensajería.

La ética pública, según el doctrinante Oscar Diego Bautista, muestra aquellos principios, valores y virtudes deseables para ser aplicados en la conducta de la persona que se desempeña en la vida pública, y se construye día a día con la suma de decisiones de los funcionarios que laboran al servicio de la ciudadanía [1].

En ese sentido, el funcionario público íntegro no solamente observa la ética de lo público en el cumplimiento del deber, sino también en las comunicaciones que realiza mediante los medios digitales como WhatsApp, Twitter o Telegram, puesto que la investidura de servicio a la ciudadanía exige el uso adecuado de las herramientas tecnológicas y la expresión de ideas en forma acorde con los parámetros de respeto y confiabilidad.

Por lo tanto, las cuestiones éticas no son un imperativo abstracto, alejado de la realidad, que debe ser observado solamente con ocasión del servicio público, sino que estas deben irradiar cada acto del funcionario, pues desde cada uno de estos se refrenda el voto de confianza hacia la sociedad.

Las redes sociales y aplicaciones de mensajería instantánea son herramientas eficaces para la expresión de las ideas y las comunicaciones en la era tecnológica, pero es cada persona quien determina el alcance y contenido de los mensajes.

En ese orden de ideas, los funcionarios gubernamentales tienen una responsabilidad inmensa sobre el contenido que difunden no solamente de manera pública, sino también en chats y foros privados, los cuales deben ser acordes con los principios que rigen la ética de lo público. No olvidemos que el mundo virtual y el mundo real son uno solo.

Nota:

[1] Diego Bautista, Oscar (2013). De la ética a la ética pública. Revista IAPEM, mayo-agosto, (p. 85), pp. 83-103. ISSN 1665-2088.

De este modo, llegó a su fin el extenso ciclo político de predominio del Frente Amplio, iniciado con la victoria de Tabaré Vázquez en la primera vuelta de la elección nacional de 2004. La derrota del partido de gobierno es un testimonio de cansancio respecto al elenco gobernante frenteamplista, frustración ante los problemas acumulados y anhelo de cambio (caras nuevas, políticas públicas diferentes).

El nuevo equipo gobernante tendrá que lidiar con asuntos delicados: entre otros desafíos, hereda un déficit fiscal alto, una economía con problemas de rentabilidad, una sociedad muy preocupada por el avance de la criminalidad, un sistema educativo con serios problemas de cobertura y equidad en la enseñanza media. Sin embargo, cuando se haga el balance del legado de estos tres lustros habrá que decir con toda claridad que el pasaje del FA por el gobierno fue positivo. El país creció, combatió la pobreza y la desigualdad, avanzó decididamente en la agenda de derechos y construyó nuevas instituciones valiosas, desde la Institución Nacional de Derechos Humanos a la Universidad Tecnológica, pasando por la reforma de la Fiscalía y el nuevo Código de Proceso Penal.

Ya habrá oportunidad de hacer un balance cuidadoso de lo actuado por el Frente Amplio en tanto partido de gobierno. En este momento es más importante aportar algunas reflexiones sobre los desafíos que habrá de enfrentar la coalición que tomará las riendas a partir del año que viene. En primer lugar, el gobierno que presidirá Lacalle Pou deberá cumplir con las expectativas generadas durante la campaña electoral en materia de políticas públicas. La coalición multicolor no ha ahorrado en promesas. Le ha ofrecido a la ciudadanía ocuparse de un amplio conjunto de temas que van desde la cuestión de cómo relanzar el crecimiento económico (mejorando el clima de negocios) hasta la atención a los desafíos del medioambiente, pasando por redoblar el combate al crimen y la reforma educativa, para mencionar solamente los principales puntos de la agenda. La agenda del nuevo gobierno está lejos de ser anodina. En verdad, luce más ambiciosa de lo factible.

El elenco político liderado por Lacalle Pou no solamente tendrá que cumplir con expectativas generadas respecto a cambios en políticas públicas. También ha generado una fuerte expectativa sobre su propio desempeño político. Esto nos conduce directamente al análisis de la segunda dimensión relevante a la hora de pensar en el día después: me refiero al funcionamiento y estabilidad de la nueva coalición gubernativa.

El Partido Colorado y el Partido Nacional han acumulado, a lo largo de la historia, múltiples aprendizajes respecto a cómo negociar entre sí. En el siglo XIX aprendieron a repartirse zonas de influencia política mediante la práctica de la coparticipación. En el siglo XX, una vez institucionalizada la democracia, aprendieron a pactar en el Poder Legislativo y a compartir tareas en el Ejecutivo. Desde la restauración de la democracia en 1985 hasta que el Frente Amplio los desplazó del poder, colorados y nacionalistas gobernaron en distintos formatos de coalición durante el 65% del tiempo. No debería sorprender a nadie, tomando nota de estos antecedentes, que se propongan gobernar juntos ahora. De todos modos, no contamos con suficientes elementos de juicio para anticipar hasta qué punto y durante cuánto tiempo Ernesto Talvi, el nuevo líder del Partido Colorado, estará dispuesto a permanecer en la coalición. Tenemos menos elementos de juicio respecto al general Guido Manini Ríos, líder de Cabido Abierto, la gran sorpresa de este ciclo electoral. Lacalle Pou logró construir la coalición electoral. Habrá que ver si consigue que funcione bien como coalición de gobierno.

La suerte de un gobierno, de todos modos, no es función solamente del acierto de sus políticas públicas y de la capacidad de cooperación de sus principales actores. También depende de cómo se relacione con la oposición. América Latina, tanto cuando se repasa su historia como cuando se revisa su trayectoria más reciente, aporta abundante evidencia respecto a la importancia de esta dimensión actitudinal. No hay democracia que resista oposiciones desleales. No hay oposiciones leales sin gobiernos que demuestren, en los hechos, que son capaces de respetar a quienes no forman parte de sus apoyos políticos y sociales. Desde luego, no hay que esperar que la oposición acompañe las políticas del gobierno. Es posible, en algunas circunstancias, en algunos temas específicos, construir acuerdos multipartidarios. Hay que esperar que la oposición discrepe en la mayoría de los asuntos con las orientaciones y decisiones del elenco de gobierno. Pero no es lo mismo construir una frontera que cavar una grieta. Las fronteras son necesarias. Las grietas son peligrosas. Las fronteras no deben convertirse en grietas. Esto no depende solamente de la madurez de la oposición. También depende de la lucidez del gobierno.

Siete días con sus noches cumplió el ciclo de protesta ciudadana en las principales ciudades de Colombia. Un paro laboral, convocado para el 21 de noviembre, dio inicio a un nuevo ciclo de inconformidad, que llevó ese día a que Bogotá y Cali incluso cerraran la jornada con un toque de queda nocturno en medio de reprochables actos vandálicos, lo que recordó la última gran desafiante huelga histórica que atravesó el país en 1977.

Y siete días se traducen en una semana, que en términos políticos es tiempo considerable o directamente un viacrucis, más cuando a la presidencia de Iván Duque, pactada a cuatrienio, le restan menos de tres años para cumplir una gestión que inició con una actitud conciliatoria aunque defensiva, que se ha debatido entre la personalidad dialogante del mandatario y una oposición que no solo ejerce la clase política ajena al centroderecha que representa, sino la del ala radical de su propio partido y jefe político, el Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe. Y esto, como el análisis político previo ya lo anticipaba, se veía venir.

Pero el caso de Colombia no es aislado. Se suma al ciclo de protestas que inundan al mundo, desde París a Santiago, de Hong Kong a Cataluña. Ya se habían presentado inconformidades en la zona rural del departamento del Cauca, donde los indígenas denunciaron asesinatos contra su comunidad perpetrados principalmente por delincuentes vinculados al narcotráfico —a la par que han sido muertos defensores de los derechos humanos en todo el país—, y en la propia capital, donde los estudiantes de las universidades públicas y privadas se unieron para condenar la corrupción y la crisis educativa.

¿En qué se parecen y diferencian todas estas protestas? Un punto básico de similitud es que la protesta es un rasgo de democracia o un signo democratizador, un derecho participativo resguardado por los principios de las democracias liberales o de las que aspiran a serlo. Y aunado en la actualidad a una suerte de clase media en construcción, que amplía sus demandas a medida que se consolida o siente que pierde sus novedosos privilegios en un marco de desigualdad aún imperante, como lo ejemplifica América Latina.

Como diferencias están los contextos particulares, que arrastran trayectorias más o menos autoritarias o democráticas, ciclos económicos de mayor o menor crecimiento e intereses puntuales, que van desde reivindicaciones de clase a posturas nacionalistas. En el caso de Colombia se puede inferir que, aunque las protestas han afectado la tranquilidad de varios sectores, el comercio y el transporte público, y existen cobardes encapuchados que las denigran además de meros oportunistas, son una expresión positiva en una sociedad civil que durante largo tiempo y la existencia del conflicto armado abierto con las FARC por más de medio siglo fue mayoritariamente pasiva y codeudora.

Colombia justamente rompió su silencio cuando el ministro de Defensa de Iván Duque se vio obligado a renunciar en medio del escándalo que supuso la revelación de que en un ataque a un campamento de disidentes de las FARC murieron varios menores de edad, poniendo en la superficie el antiguo drama del reclutamiento de niños y niñas por actores ilegales y las persistentes violaciones a los derechos humanos. Y mientras el Gobierno hacía un enroque de funcionarios para tapar sus fallas gerenciales, ¡su embajador en Washington fue puesto en evidencia al salir a la luz pública una conversación en que defenestra al viejo ministro, al antiguo canciller y al Departamento de Estado de los Estados Unidos!

De esta forma, la agenda de Duque, que se inició con un esfuerzo internacional compartido por deponer a Nicolás Maduro en Venezuela, pasó obligatoriamente a tener que concentrarse en la política interna y abrir un ciclo de diálogos con representantes de estas protestas, que más allá de sus zonas grises conceptuales, la violencia, el vandalismo y el ocasional uso desmedido de la fuerza oficial que ya cobró la vida de un joven, radica en encontrar un punto medio, como la psicología social nos advierte, en los actos de masas, donde la racionalidad se pierde habitualmente entre las emociones desatadas.

Voceros de las movilizaciones han logrado reunir trece puntos que tendrán que comenzar a ser resueltos por el gobierno colombiano en los próximos días: retirar el proyecto de reforma tributaria en el Congreso; derogar la creación de un holding financiero estatal; derogar la estabilidad laboral reforzada; disolver el Esmad (fuerza antidisturbios) y depurar la policía; retirar la reforma pensional; no presentar la reforma laboral y modificar el Plan Nacional de Desarrollo; no privatizar ni enajenar bienes del Estado; cumplir acuerdos con estudiantes, indígenas, trabajadores estatales y maestros oficiales; dignidad agropecuaria para este sector; cumplir e implementar los acuerdos de paz de la Habana con las FARC; tramitar en el Congreso proyectos de ley anticorrupción; derogar el impuesto para financiar la empresa Electricaribe; y definir y conciliar la protección ambiental de los páramos.

Solo las próximas semanas podrán develarnos si el Gobierno de un bienintencionado pero debilitado Iván Duque es capaz de escuchar y conjurar esta crisis democráticamente, resolviendo un amplio plan que lo obliga a repensar y casi negociar el resto de su periodo, y si Colombia en su conjunto es un país que a pesar de sus desafíos ratifica su compromiso con la democracia y el bien común o se arriesga a caer en las garras del populismo.

Mientras lo averiguamos, aquí va un decálogo para una protesta positiva en el mundo de hoy.

Decálogo para la buena protesta

1. ¿Tiene usted clara la razón o razones por las cuales sale a protestar?
2. ¿Entiende que la protesta es producto de un cúmulo de razones y emociones tanto colectivas como particulares, por supuesto, variables?
3. ¿Está en capacidad de expresar con claridad un mensaje o comunicar las razones que lo llevaron a protestar?
4. ¿Le es posible reconocer que la protesta es plural y respeta tanto a los que piensan distinto dentro de ella como a los que no desean participar de ella?
5. ¿Se siente habilitado para dialogar y debatir civilizadamente dentro y fuera de una protesta, incluso con quienes no piensan como usted?
6. ¿Es consciente de que la protesta dignifica la democracia cuando no es violenta y la denigra cuando es vandálica, irrespetuosa y egoísta?
7. ¿Reconoce la importancia de cuidar de su ciudad, de sí mismo y de los demás durante una manifestación pública verdaderamente solidaria?
8. ¿Está dispuesto no solo a criticar a quienes ejercen habitualmente la toma de decisiones como a admitir la responsabilidad ciudadana que le cabe?
9. Así como se exige trasparencia, equidad, democracia, paz y otros valores en la esfera pública durante la protesta, ¿los ejerce usted en su esfera privada?
10. ¿Está lo suficientemente motivado para mantener su ideal de demandas individuales o colectivas más allá de la protesta puntual de la que toma parte?

La historia no es cíclica ni se repite. Sin embargo, a través de sus patrones nos alecciona. Lejos de que este sea un autoaprendizaje centrado en experiencias personales, el aprendizaje que nos otorga la historia apunta a la comprensión que nos revelan los caminos recorridos por otras naciones. Con este objetivo en mente, los académicos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt buscan identificar los comportamientos de políticos que ponen en riesgo nuestras democracias a través de su libro Cómo mueren las democracias.

En los últimos años, investigadores de todas partes del mundo indagaron sobre una preocupación latente: la crisis de las instituciones democráticas y el futuro de la democracia. Falta de interés en la política, decrecimiento del apoyo a la democracia como el mejor sistema de gobierno, caída de la confianza en instituciones democráticas y en políticos son algunos de los varios signos que reflejan la insatisfacción política de los ciudadanos. Esta tendencia pareciera estar confirmada por estudios como el de The Economist Intelligence Unit (2018), el de Pew Research Center (2019) y el de Freedom in the World (2018) que documentan una disminución de la salud de la democracia. Si bien los estudios convienen en la existencia del deterioro de la confianza en la democracia y de desilusión hacia las instituciones políticas, también registran el aumento de la participación política. Con este panorama mundial, salvaguardar las democracias es un imperativo y el libro Cómo mueren las democracias es una herramienta clara y útil.

Hasta hace algunas décadas estábamos acostumbrados a que un golpe de Estado violento fuera el comienzo de la muerte —en algunos casos agónica y en otros más rápida— de la democracia. Sin embargo, no existe una única forma de destruir una democracia. Levitsky y Ziblatt identifican otras formas de desmantelar una democracia que, siendo igualmente destructivas, son más utilizadas en la actualidad. Los casos analizados en Cómo mueren las democracias reafirman lo que Daniel Innerarity concluye en su libro La política en tiempos de indignación, cuya reseña escrita por Carlos Castillo vale la pena leer: la mejor forma de destruir una democracia es democráticamente. Mientras antes se trataba mayoritariamente de dictaduras militares, hoy las democracias mueren en las manos de líderes electos que hacen uso del poder para subvertir los mecanismos democráticos a través de los cuales fueron elegidos. Con este punto de partida, el libro examina a través de ejemplos reales cómo autoritarios llegan al poder y destruyen la democracia. El análisis revela cómo en casos que corresponden a contextos, fechas y países muy diferentes se repiten determinados patrones.

Con el fin de evitar la llegada de autócratas al poder y gracias al profundo análisis de diversos casos reales, los autores ofrecen herramientas para identificar por un lado y frenar por otro a estos personajes. Un tema tan complejo es sintetizado en una tabla que presenta cuatro indicadores de comportamiento autoritario que permite al lector discernir a través de preguntas concretas si el candidato en cuestión es una potencial amenaza a la democracia o no. Para hacerlo aún más claro y alcanzable, los autores detallan cinco acciones concretas para que los políticos y partidos políticos excluyan a figuras autoritarias.

Un punto en el que el libro ahonda es el que refiere a la forma de ingreso de los autócratas a la política. Así como el golpe de Estado típico adopta la forma de dictadura militar, un autoritario típico suele ser un outsider, alguien que viene por fuera de la actividad política. Sin embargo, la historia revela que, dentro de las varias formas a través de las cuales autoritarios acceden al poder, se reitera la del ascenso de aquellos que ya se encuentran dentro del sistema político. Así, el pacto de alianzas políticas gubernamentales o electorales, así como también la legitimación de determinadas figuras por parte de reconocidos políticos, puede exaltar y alimentar la creación de destructores de la democracia.

Un ejemplo que presentan los autores es el del expresidente Rafael Caldera en Venezuela. Debido al descenso de su popularidad y a la proximidad de las elecciones, en 1993 Caldera pronunció un discurso que se montaba en el mensaje antisistémico del entonces militar y golpista Hugo Chávez. Si bien ese discurso impulsó la candidatura de Caldera que gobernó Venezuela nuevamente, también legitimó la figura de Chávez, quien posteriormente fue electo como presidente de Venezuela. En lugar de denunciar a Chávez como un líder autoritario, las intervenciones públicas de Caldera no hicieron más que abrirle a Chávez las puertas a la política.

Cómo mueren las democracias manifiesta una gran responsabilidad para los partidos políticos: tienen el rol de frenar el crecimiento de figuras autoritarias. En otras palabras, los partidos políticos funcionan como los gatekeepers de la democracia, los principales responsables de actuar como catalizadores o inhibidores de autócratas. Así como a Chávez le abrieron las puertas al quehacer político, líderes dañinos como Hitler y Mussolini gozaron de popularidad cuando figuras políticas establecidas les expresaron su apoyo. Por un lado, este mensaje derriba la idea generalizada de que el destino de las democracias está en las manos de sus ciudadanos, sin menospreciar el peso que tiene la ciudadanía en la protección de la democracia. Por otro, reafirma el valioso rol de los políticos en su calidad de guardianes de la democracia.

Uno de los grandes desafíos que plantea el libro recae en los partidos políticos. Muchas veces salvar una democracia y evitar el ascenso de candidatos autoritarios significa renunciar al éxito del propio partido político, algo a lo que no todos están dispuestos. Recientes casos prueban ambos, el éxito de coaliciones que se formaron para confrontar a líderes autoritarios y el fracaso electoral en el que autócratas llegan al poder a causa de la inacción de los partidos. Por ejemplo, en el caso de los primeros, la formación de la coalición puede darse incluso entre partidos políticos con orientaciones ideológicas muy diferentes y hasta contrarias. Sin embargo, la coalición se pacta a sabiendas de que los pactantes actúan por un bien mayor. En estos casos, los pactantes también son conscientes de que la coalición conlleva arriesgar el triunfo de determinado partido y hasta perder representación parlamentaria.

Se puede ver por ejemplo en las coaliciones electorales o gubernamentales que realizan los partidos políticos. En 2019 los españoles tuvieron que votar en abril y en noviembre, pues no se conseguía una mayoría para gobernar. Entre otras cosas, esto condujo a que los españoles tuvieron que concurrir a las urnas cuatro veces en los últimos cuatro años. En Uruguay, el balotaje acaba de disputarse entre el partido de gobierno, la coalición Frente Amplio, y una coalición de partidos encabezada por el Partido Nacional.

Cómo mueren las democracias es un manual de cabecera para quienes están interesados en la democracia. Su lectura es llana a pesar de que los temas tratados están lejos de ser sencillos. Su alcance es universal porque los casos analizados pertenecen a países de diferentes regiones del mundo. Su publicación es oportuna porque temporalmente se ubica en un momento en donde la democracia está en constante riesgo. Tratándose de un dilema tan antiguo como la democracia misma, este libro es una herramienta para reflexionar y actuar sobre la constante aparición de autoritarios en la política.

Ficha técnica

Cómo mueren las democracias
Steven Levitsky y Daniel Ziblatt
Barcelona: Ariel, 2018
ISBN 978-84-344-2770-9

Este libro analiza las características del nuevo orden internacional que se viene configurando desde 2008. Declive de potencias, populismo y crisis de la democracia. De Sandra Namihas y Fabián Novak. Editado por KAS Perú.

Una rápida mirada a los nacionalismos (Rusia, Hungría, Brasil, Turquía, Trump en EUA), las izquierdas antiliberales (Venezuela, Nicaragua y Cuba), el modelo chino (éxito económico sin democracia) y el indio (democracia con distintos sistemas legales según las religiones) indica que las democracias liberales los superan en cuanto a logros de la mujer en terrenos como el educativo, el laboral y el relativo a la participación pública. Que existan varios partidos luchando por el voto femenino y que las libertades políticas posean un lugar nos beneficia.

Desde luego, el auge autoritario tiene causas. Una, la migración, que ha despertado temores culturales, laborales y respecto a la seguridad personal, como de hecho ocurre en Europa occidental, EUA y, específicamente en cuanto a los venezolanos, en Sudamérica. La mano dura contra la migración viola derechos humanos pero gana votos. En este contexto, la mujer puede ser discriminada como extranjera o ser víctima de violencia y explotación por sus propios connacionales, sea por motivos económicos o de afirmación cultural.

Por otra parte, el futuro luce pavoroso, pues el imperativo de reformas ambientales se mezcla con profecías apocalípticas disfrazadas de ciencia. La tecnología también alimenta el miedo a perder el empleo, la privacidad o ambos. El crimen organizado —en especial, el narcotráfico— permea gobiernos y empresas, todo lo cual se refleja en la cultura popular audiovisual plagada de distopías, personajes trágicos, mafiosos y violencia. Tantas incertezas dan pie, por ejemplo, al crecimiento entre las mujeres latinoamericanas del evangelismo pentecostal como opción personal ante la violencia y ante la pobreza. A cambio de orden se reafirman los roles tradicionales de los sexos.

En este escenario, es notable el poco aprecio a la democracia liberal sembrado en universidades radicadas en ellas y cuya libertad de pensamiento sería imposible en China o en Irán. El feminismo —fundado en la tradición liberal ilustrada de los derechos individuales (en la que se hizo un lugar por medio de largas y denodadas luchas)— debería preocuparse. No obstante, el feminismo antiliberal de izquierda —alimentado de las variantes más radicales del pensamiento poscolonial, decolonial y posestructuralista— desecha la democracia, vista como manifestación del sistema capitalista y de la hegemonía occidental. Occidente le significa solamente opresión patriarcal racista, explotación económica y supremacía de la ciencia y el pensamiento social y humanístico como poder epistémico.

Es necesario insistir entonces en la existencia de otro feminismo, el ilustrado de tradición liberal que representan Seyla Benhabib, Martha Nussbaum o Celia Amorós. Es compatible con la ciencia y la tecnología pero también con la diversidad, las identidades y los derechos humanos (individuales, sociales, económicos, culturales, ambientales, digitales). Este feminismo coloca al individuo como centro de su proyecto, no como el simple instrumento de una cultura, de una religión o de un Estado.

No hay feminismo sin pluralismo político, libertades públicas y derechos humanos; sin ellos se dificulta pensar, actuar e imaginar hoy día con verdadera capacidad de agencia. Todos los defectos de la democracia liberal serán superables si esta se trasciende, no si se anula como en Venezuela, Arabia Saudita o Rusia. Democracia liberal o posliberal, pero democracia hasta que inventemos algo realmente mejor.

Esta exigua diferencia en la instancia de balotaje constituyó la principal novedad de la jornada electoral, ya que las encuestas de las principales empresas de opinión pública coincidían en señalar el triunfo de Lacalle sobre Martínez, con diferencias que variaban entre cinco y ocho puntos porcentuales. Sin embargo, es poco probable que finalmente, escrutados los votos observados, esa diferencia sea superior a los dos puntos.

El desarrollo de la campaña fue coincidente con la idea de una victoria de Lacalle Pou, que encabezó la denominada coalición multicolor, integrada por el Partido Nacional, el Partido Colorado, Cabildo Abierto, el Partido Independiente y el Partido de la Gente, en reafirmación del buen desempeño de los asociados en la instancia de elecciones parlamentarias y de primera vuelta presidencial del pasado 27 de octubre. Allí, la suma de los partidos que luego conformaron la coalición alcanzó el 54% de los votos, frente a un decepcionante 39% del Frente Amplio, que contaba con el antecedente de tres períodos consecutivos al frente del gobierno, todos con mayoría parlamentaria.

A pesar de haber obtenido el 29% de los votos, la jornada del 27 de octubre posicionó a Lacalle como ganador y dejó a Martínez en una posición de derrota, aun con diez puntos más que su adversario. El clima derrotista se hizo más presente al conocerse cambios en la conformación del equipo de campaña del Frente Amplio de cara a la segunda vuelta, con la designación como nuevo jefe de campaña de Yamandú Orsi (intendente del departamento de Canelones, el segundo más poblado del país, y hombre muy cercano a José Mujica), en una decisión que buscó darle un giro a una campaña que en la primera vuelta desatendió el electorado del interior del país.

Si algo caracterizó a la campaña para la segunda vuelta fue la ausencia de eventos significativos, de esos que pueden transformarse en decisivos para el resultado de la elección. Mientras la fórmula de Lacalle Pou y Beatriz Argimón realizó una recorrida por el país, y se mostró en varios actos con alguno o varios de los líderes de los partidos integrantes de la coalición, Martínez y su compañera de fórmula Graciela Villar aparecieron poco acompañados de las principales figuras del Frente Amplio, que parecieron comenzar a desarrollar una suerte de campaña paralela, donde el protagonista fue el propio partido y sus conquistas en los últimos quince años de gobierno. La táctica definida para alcanzar el objetivo fue una extensa e intensa campaña de voto a voto, buscando convencer a electores que no habían acompañado a ninguno de los dos candidatos que disputarían el balotaje, pero que fundamentalmente no se sintieran atraídos por la figura de Lacalle Pou, en primer lugar, así como también aquellos que no estuvieran dispuestos a apoyar una coalición de gobierno integrada por Cabildo Abierto.

¿Qué pasó, entonces, para que un escenario que parecía definido en favor de uno de los candidatos —incluso en las últimas mediciones de opinión pública— sufriera una modificación que estuvo a punto de revertirlo?

Existen distintas justificaciones tentativas al respecto, aunque ninguna parece tener la fuerza suficiente para explicar por sí sola el crecimiento del Frente Amplio en la votación, con relación a lo que le asignaban las encuestas. En primer lugar, el crecimiento de votos frentistas puede deberse a la mayor afluencia de votantes del exterior del país en el día de la segunda vuelta respecto a los que arribaron al país el 27 de octubre, fecha de la primera vuelta. La diferencia entre una y otra instancia fue de aproximadamente 30.000 personas. Si bien no todas esas personas vinieron a votar, y en particular al Frente Amplio, existen antecedentes de afluencias significativas de votantes del exterior que impactaron en el resultado electoral; en particular, en 2004 esto permitió al Frente Amplio superar el 50% más uno del total de votos emitidos y triunfar en primera vuelta.

La segunda hipótesis está relacionada con la presencia del novel partido nacionalista de derecha Cabildo Abierto en la coalición liderada por Lacalle Pou, que tiene una variada amplitud ideológica desde la derecha hasta la socialdemocracia del Partido Independiente. Varios de los socios que finalmente aceptaron la alianza mencionaban en la primera vuelta a Cabildo Abierto como una amenaza para la democracia. A pesar de que los líderes de todos los partidos que obtuvieron representación parlamentaria, con la excepción del Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI), la misma noche del 27 de octubre acordaron apoyar a Lacalle Pou, muchos votantes del Partido Colorado y del Partido Independiente —e incluso votantes en blanco en primera vuelta— pueden haber definido su voto por Martínez en respuesta a la presencia de Cabildo Abierto como socio, y al alto perfil que durante la campaña adquirió su líder, el ex comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos. Este factor adquirió particular relevancia durante las últimas 48 horas de campaña, cuando al filo del inicio de la veda comenzó a circular un video por redes sociales, en el que Manini Ríos llamaba a los integrantes de las fuerzas armadas a votar en contra del Frente Amplio. Este hecho, reñido con la tradición republicana y democrática, aumentó el temor de aquellos electores reticentes a la presencia de Manini en la coalición y probablemente inclinó su decisión hacia Martínez.

La descoordinación entre los líderes y los electores no solo se observa entre votantes del Partido Colorado y el Independiente en primera vuelta, sino que —y por otros motivos— incluso votantes de Cabildo Abierto no apoyaron a Lacalle Pou en el balotaje. En este caso, la razón probable es un porcentaje que algunas encuestas relevaron en aproximadamente un tercio de votantes del novel partido que habían votado al Frente Amplio, y en particular al MPP, sector de José Mujica, en la elección anterior. La tasa de arrastre de la coalición entre primera y segunda vuelta se situó en el entorno del 72%, con niveles de 83 y 76% en Montevideo y Canelones, departamentos donde logró superar al conglomerado de partidos.

Finalmente, una tercera hipótesis está sostenida en el mayor saldo negativo de simpatía que ha tenido Lacalle Pou, en una elección donde muchas veces los electores cuentan más con incentivos negativos que positivos a la hora de tomar su decisión.

Lo que vendrá

El avance del escrutinio definitivo mantendrá la diferencia en favor de Lacalle Pou, y este será proclamado presidente en los próximos días.

Ambos competidores del balotaje tienen enormes desafíos por delante. Por el lado del Frente Amplio, retornar a la oposición frente a una coalición de cinco partidos y habiendo perdido la mayoría parlamentaria. Esta será la primera vez que el FA volverá a su rol tradicional luego de haber ejercido el gobierno. Tiene por delante, además, la oportunidad de renovar su elenco de líderes, con varias figuras probadas en las elecciones internas pasadas, y contando con una muy buena votación como base.

Por el lado de los ganadores, el principal desafío de Lacalle Pou es conformar —y mantener— una coalición tanto a nivel ejecutivo como parlamentario, para lo que deberá administrar muy bien el equilibrio entre políticas y cargos, dada la amplitud ideológica y la paridad existente entre los dos principales socios. La necesidad de aplicar algunas reformas, sumada a riesgos por afrontar en materia económica, obligarán al próximo presidente a manejarse con mucha cautela y equilibrio, tanto hacia dentro como hacia fuera de la coalición.

Este es un país en donde más de la mitad de la población tiene menos de 35 años, uno de los más jóvenes de Latinoamérica. Esta ventaja única se da mientras el país atraviesa su bono demográfico y abre la posibilidad de generar los cambios culturales necesarios para que la política tome otro rumbo. Solo hace falta involucrarse.

En septiembre se publicaba una investigación hecha por Nauta, Investigación de Mercado acerca de participación de jóvenes en política partidaria. El resultado: 5 de cada 10 jóvenes paraguayos no está afiliado a ningún partido político. Es muy probable que la inmensa mayoría de esos afiliados sean parte de los partidos Colorado o Liberal, los dos partidos tradicionales, motivados por prácticas de la vieja política: cargos en la función pública, beneficios irregulares, privilegios, prebendas o mera herencia. La publicación menciona que «a los jóvenes en general no les resultan lo suficientemente atractivos como para formar parte», y es una realidad.

Por otro lado, el Latinobarómetro (ronda 2018) publica que más del 80% de los ciudadanos tiene poca o ninguna confianza hacia los partidos políticos. Estas cifras también reflejan la crisis que atraviesan estas instituciones en toda la región. Hoy, los partidos políticos están entre las instituciones con peor reputación y esto puede empeorar aún más.

Algo que aprendí en este camino de querer transformar el país es que los cambios que vivimos e impulsamos los jóvenes van mucho más rápido que los cambios institucionales; para esto último debemos recorrer un camino largo y hostil. Las instituciones requieren más tiempo para atravesar cambios profundos, y no hay que desanimarse. El desafío está en acortar ese tiempo al máximo posible. Habrá ideas que hoy nos parecen obsoletas, pero que no se cambian de un día para otro. Debemos necesariamente transitar por procesos que hoy están vigentes, para poder cambiarlos. Hoy toca cambiar desde adentro.

Los jóvenes estamos llamados a acelerar este proceso. Las juventudes de los partidos deben ser la puerta de entrada para hacerlo posible y, a partir de ahí, construir una nueva cultura política. Los jóvenes de hoy tenemos una aproximación diferente a la política; el concepto de la política prebendaria y clientelar que se instaló en las últimas décadas genera un enorme rechazo y es lo que debemos revertir. El lado positivo de esto es que, si uno rompe prejuicios en los jóvenes, la política nos parece sumamente atractiva, porque significa generar impacto social a una escala mucho mayor que otros proyectos. Y es lo que buscamos. Como partidos políticos tenemos que lograr que la política sea percibida como uno de los caminos posibles para cambiar realidades. Revalorizar la política, revalorizar la democracia y revalorizar los partidos políticos.

Pese a un histórico bipartidismo muy fuerte, en la política paraguaya ha irrumpido un partido político que hoy se posiciona como la tercera fuerza: Patria Querida, fundado 17 años atrás, primero como movimiento y luego como partido.

Patria Querida ha dado mucho protagonismo a los jóvenes desde sus inicios; por eso, gran parte de la vida partidaria se da a través del Equipo Joven, que se constituye como un órgano dentro del mismo para jóvenes de entre 15 y 30 años. Pero más que un protagonismo institucional se ha gestado un espacio en donde uno como joven siente que tiene la posibilidad de incidir en decisiones y liderar proyectos. Somos escuchados y tenidos en cuenta por toda la dirigencia partidaria. El objetivo principal del equipo joven es promocionar y garantizar la participación de la juventud en la vida interna del partido, mediante la captación de líderes, el fomento de su participación activa y la formación en política y liderazgo.

En los últimos años el Equipo Joven ha cobrado mucha fuerza e importancia a nivel partidario y en el país. Estamos dentro de un partido joven y pequeño en comparación a los tradicionales pero la repercusión de nuestras acciones ha llegado a oídos y chats de referentes importantes de muchas otras agrupaciones políticas. ¿Por qué? Por qué logramos una de las cosas más difíciles: movilizar a los jóvenes y despertar en ellos las ganas de estar en política. Los jóvenes encuentran en Patria Querida un espacio sano desde donde pueden ejercer su liderazgo y sentirse parte de la construcción de un país mejor, con un equipo que tiene los mismos principios.

Estamos creciendo en cantidad y en calidad. Buscamos generar interés en los jóvenes partiendo de la idea de que lo que hagamos tiene que ser algo que espontáneamente nos guste hacer: por ejemplo, compartir con amigos y comer asado, entonces hacemos «Política a la parrilla». Nos gusta viajar con amigos y conocer destinos: entonces hacemos giras al interior mezclando turismo interno, reuniones con jóvenes y visita a la prensa. A veces buscamos causas que nos llamen la atención, como cuando nos inscribimos a un récord Guinness para hacer una manifestación. Cada actividad responde a algún interés de la juventud y se vincula a la política.

Trabajamos en política desde la vinculación, construyendo una red de jóvenes de todo el país que quieren transformar su comunidad, su departamento y el país todo. El mayor desafío es que los vínculos son un trabajo casi artesanal, se trata de conocer a cada uno y de interesarse de verdad. Así vamos construyendo un sentido de pertenencia.

Apostamos fuertemente por la formación a nivel nacional e internacional de los miembros del equipo. Motivamos los espacios de debate para construir mayor criterio y responsabilidad en cuanto a la información. Incentivamos la planificación de actividades y acción social de los equipos distritales para que puedan elegir lo que hacen según sus propios intereses locales. Para el año 2020 impulsamos candidaturas del Equipo Joven a las juntas municipales.

Todo responde a promocionar y garantizar la participación de los jóvenes en política y a través de eso al involucramiento en este proceso de transformar este país, de entender la democracia y buscar el mejor camino. Los resultados se dan aumentando la participación electoral y la cantidad de ciudadanos interesados y partícipes.

Los jóvenes deberían estar mejor representados, que su participación no sea solo a través de la votación. En ese sentido, Patria Querida es un caso de éxito. Tiene 6 representantes en el Congreso, 3 de ellos menores de 40 años, que tuvieron su paso por las juventudes del partido; los diputados Sebastián Villarejo y Sebastián García y el senador Stephan Rasmussen. También cuenta con representación joven en concejalías de varios municipios del país como la Asunción, Santa Rita, San Juan Bautista y varios más.

Paraguay es un país lleno de jóvenes que buscan tener un espacio para generar impacto. Si muchos de ellos encontraran ese espacio en la política y los partidos pudieran generar una sana integración, estaríamos un paso más cerca de transformar este país y esta democracia.

Habana: el nuevo arte de hacer ruinas (2007) es un documental escrito y dirigido por el alemán Florian Borchmeyer. La tesis del documental es que la destrucción del patrimonio arquitectónico de la capital cubana no es solo producto de la devastación económica producida por el comunismo, ni del cacareado bloqueo comercial de los Estados Unidos (es más preciso llamarlo embargo comercial). El escritor cubano Antonio José Ponte, entrevistado en el documental, lo explica como un planificado y sistemático procedimiento para destruir edificaciones por medio de la negligencia voluntaria del régimen encabezado por Fidel Castro, con el fin de probar que el país habría sido objeto de una especie de bombardeo imaginario del poder imperial. Este arte de hacer ruinas sería una forma de reforzar la victimización de los cubanos de mano de los Estados Unidos, incluso si esto implica que la gente viva en condiciones miserables y corra peligro en edificaciones que se pueden desplomar sobre ellos.

He tratado de buscar explicaciones al caos que están provocando los agitadores chilenos. Han destruido parte del metro de Santiago, iglesias, instalaciones de gobierno, edificios de universidades, han saqueado comercios. ¿Por qué? Más allá de los análisis socioeconómicos sobre la desigualdad, la falta de acceso a servicios públicos, las difíciles condiciones de vida de una parte de la población chilena a pesar del crecimiento económico, las aspiraciones de la clase media, no he encontrado una explicación satisfactoria a la destrucción ciega y a los gritos de satisfacción de jóvenes revoltosos cuando queman el transporte público o un local comercial.

Pienso que la tesis del documental sobre el nuevo arte de hacer ruinas nos puede dar algunas pistas. Y creo que esta tesis sirve para explicar algunos fenómenos disímiles en apariencia, como la destrucción de la infraestructura y de las industrias en la Venezuela chavista y la pulsión violenta de los sectores más radicales del independentismo catalán.

Los agitadores chilenos no solo quieren derrocar a Sebastián Piñera, presidente electo democráticamente. Quieren también probar que la estabilidad política y el crecimiento económico que Chile logró después de la transición de la dictadura a la democracia han sido un espejismo. Y para demostrar su punto quieren producir la máxima devastación material para al final tener razón. Los ideólogos de la revuelta (la crisis social la llaman en Chile) se distancian de la violencia, pero en el fondo aspiran a lo mismo que los agitadores anarquizantes: destruir el sistema para cambiarlo. ¿Cambiarlo para qué? ¿Cuál es la alternativa? No está muy claro, pero cuando vemos sus referentes, que incluyen al Che Guevara y Hugo Chávez, podemos imaginarnos que quieren un sistema comunista que realice el paraíso en la Tierra. Ya sabemos cómo terminan estos paraísos: basta ver a Cuba y Venezuela para confirmarlo.

En el caso catalán, los recientes bloqueos de las carreteras que conectan España con Francia son un adelanto de lo que significaría una hipotética Cataluña independiente. Una pequeña región en medio de la Unión Europea con pasos fronterizos controlados por autoridades francesas y españolas, lo que pondría obstáculos a la circulación de personas y bienes, afectaría el comercio, impactaría en la economía catalana y generaría tensiones con sus vecinos. Sin embargo, desde el ala más radical del soberanismo, de inspiración anarcocomunista, esta disrupción que provocaría la minúscula nueva república catalana sería el inicio de una revolución a mayor escala, de la que la Rusia de Putin y el fundamentalismo islámico (aliados de la causa catalana) sacarían provecho. El pensamiento de estos radicales es simple: mientras peor se ponga, mejor.

En Venezuela también vale la tesis del nuevo arte de hacer ruinas. Basta viajar por la anterior relativamente próspera ciudad de Maracaibo, corazón de lo que fue alguna vez una industria petrolera pujante, hoy sometida a apagones masivos, a la emigración de una población que huye hacia Colombia por las penurias relacionadas con la falta de acceso a comida, medicamentos y servicios médicos. O ir a lo que fue el corazón de la industrialización del país en los años sesenta y setenta del siglo XX, la región de Guayana, donde alguna vez hubo productivas empresas siderúrgicas y de aluminio y uno de los más grandes complejos hidroeléctricos del mundo. O tomar el metro en Caracas, que fuera orgullo de los venezolanos, ahora disminuido en sus operaciones e infraestructura, y con múltiples obras incompletas que se habían contratado con la brasilera Odebrecht, contrataciones marcadas por la sombra de la corrupción.

En el documental sobre la Habana se explica que el arte de construir ruinas nació en el Reino Unido. Aristócratas británicos construían falsas ruinas al estilo griego o romano en sus grandes extensiones de tierra con el fin de darles un carácter más noble. Pensaban que esas falsas ruinas de inspiración grecolatina eran una forma de conectar sus propiedades con la historia antigua del mundo occidental. El nuevo arte de hacer ruinas no busca ennoblecer sino degradar, con el fin de probar una tesis ideológica, un delirio utópico que contiene la semilla del caos.

Arellano es un joven periodista venezolano expatrio, como nos llama mi colega Lourdes Pietrosemoli, que vive en Montevideo desde hace cuatro años. Tiene una maestría en Ciencias Políticas de la Universidad Católica de Venezuela y es doctorando en Ciencias Políticas de la Universidad de la República del Uruguay. Ahora funge de coordinador de proyectos de la Konrad Adenauer Stiftung en este país. Es también uno de los pocos venezolanos que, al menos ahora, no disimula sus estudios para encontrar trabajo, como según él mismo nos narra, lo hacen los demás compatriotas.

Venezolanos en el Uruguay reúne numerosas y muy diversas historias de los venezolanos que arribaron a este país. Algunos llegaron en mejores condiciones que otros, por el solo hecho de venir en avión y tener algún contacto de trabajo. Otros vinieron en bus todo el camino y, los más, haciendo una parte del camino en algún vehículo que los acercara y el resto a pie. Sí, a pie. La campaña admirable de Bolívar, pero huyendo.

Son poco más de una decena de historias, que involucran a gente sola, a parejas, a familias. Historias que resultan arquetípicas de los casos de los venezolanos que han emigrado al Uruguay, y posiblemente para muchos de los que se han ido a otros países de Latinoamérica. No a Europa y otros lugares lejanos, claro, porque en bus y a pie no se puede ir.

Las historias son demoledoras, pero la narración no lo es. Esto, que parece paradójico, se debe a que, a pesar de lo conmovedor del destino de estos compatriotas, los guía un asombroso optimismo y una infatigable voluntad de salir adelante. La misma convicción y resiliencia se siente en el narrador y recopilador de estas historias.

No pude leerlo de un solo tirón. Las ganas no faltaban porque la narración es vivaz e interesante. Para otro venezolano expatrio resulta demasiado emotivo para encararlo de una sola sentada. Son historias que, de una forma u otra, todos hemos vivido. La muchacha que salió de Mérida cuando le reventaron su auto me recordó el día de 2014 que salimos en taxi de Las Tapias a tiros, porque la Guardia Nacional había rodeado a los muchachos que protestaban en la esquina. La falta de medicamentos, la dificultad para conseguir las comidas más básicas son las historias que oímos a diario por teléfono de hermanos y amigos. ¿Quién no ha leído que un colega universitario, profesor titular de muchos premios, se queje en Facebook de que tiene tres días sin comer?

El libro refleja puntos de vista distintos, como el de los venezolanos que emigran, el de los uruguayos que regresan ante el desastre del país que una vez los acogió, el de los uruguayos que reciben esta inmigración en masa que no esperaban.

También está la voz que nos guía a través de los textos. El del autor que explica con «datos, números, incógnitas y respuestas sobre la diáspora», como titula su capítulo inicial, y sus acotaciones y notas descriptivas de la realidad venezolana, incluso de palabras, conceptos y costumbres. Estas últimas le aclaran al lector interesado, pero no conocedor, detalles de la venezolanidad. A los venezolanos nos resultan útiles, porque nos recuerdan datos de una manera objetiva y desapasionada.

Siempre quedan preguntas e inquietudes. La que me persigue es el absurdo de que mis compatriotas cultos y universitarios tengan que disimular y esconder sus capacidades para encontrar algún trabajo que les dé de comer.

La diáspora sufre del mal de la apostilla y de las complicadas equivalencias. La apostilla es difícil de obtener en Venezuela porque se convirtió en un negocio, uno más. La gente espera siglos y paga fortunas para obtener un sello que es universalmente gratuito. Al llegar a la meta, las equivalencias son paquidérmicas. Las universidades del país receptor no solo no tienen los mecanismos para estudiar los expedientes de los que llegan, sino que adolecen de una burocracia decimonónica que no se conjuga ni con los tiempos ni con las circunstancias.

¿Por qué disimulan nuestros compatriotas? Lo he vivido. La nutricionista que trabaja en una tienda de cosméticos y me responde cuando le pregunto qué hacía en Venezuela: «porfa, no diga nada, porque pierdo el trabajo». Arquitectos a quienes les piden exámenes y pasan meses sin llegar a ver al profesor que se los pidió. El expediente del ingeniero forestal, con maestría en Alemania, que duerme cuatro años en la Facultad de Ingeniería para que luego le «reconozcan» el título de pregrado, porque aquí la carrera es novísima. No se entiende. La inmigración venezolana puede ofrecerle mucho más al Uruguay que expandir la oferta de comidas y mejorar la organización de los estantes en los supermercados. Aprovechar la capacidad y la educación de todos los inmigrantes es algo que hay que sugerirle al país.

Va nuestro agradecimiento al Uruguay por la generosa acogida de la que hemos sido objeto y que se refleja en el texto. Agradecimiento también a la Konrad Adenauer Stiftung, que se ha hecho eco de esta tragedia al publicar el libro.

La sensación que queda al cerrar el libro de Arellano es de esperanza. Esperanza de que la democracia volverá a nuestro país de la mano de jóvenes como él, de otros que emigraron y de los que allá luchan arriesgando sus vidas por la restauración de la República de Venezuela. Esperanza de que los latinoamericanos viviremos algún día en un continente respetuoso de los derechos humanos y del sistema democrático.

Ficha técnica

Venezolanos en el Uruguay
Relatos, historias y datos de los inmigrantes que desembarcaron en la patria celeste
Ángel Arellano
Montevideo: Fundación Konrad Adenauer, 2019
176 pp.
ISBN-978-9974-8706-2-8

Al poco tiempo, este comunicado no oficial se hizo viral y la Casa Blanca anunció una rueda de prensa para el día siguiente a primera ahora. Los expertos vaticinaban la posibilidad de que Abu Bakr al-Baghdadi, el líder de la organización terrorista Daesh, hubiera sido abatido. El presidente norteamericano brindó detalles al día siguiente de cómo fue que las fuerzas especiales llevaron a cabo la misión que terminó con la vida del autoproclamado califa.

Baghdadi había sido apodado El Fantasma por su capacidad de evitar a las fuerzas de seguridad y a los servicios de inteligencia, en especial, luego de que el grupo terrorista Daesh comenzara a perder el control de distintos territorios en Siria e Iraq. No se le conocían muchas intervenciones públicas y paradójicamente había filmado un video propagandístico radical para difundir en canales yihadistas hacía unos cinco meses.

Antes de que terminara octubre el grupo terrorista realizó una declaración. A través de su canal de noticias Amaq hizo trascender que ya una persona había sido nombrada líder de la organización: Abu Ibrahim al Hashimi al Qurayshi (también se acepta Qurashi), un individuo del que no sabe casi nada, y sin embargo su nombre dice mucho.

El grupo terrorista Daesh logró en poco tiempo el control de una serie de ciudades importantes en Medio Oriente a raíz de las secuelas que dejaron la guerra de Irak (2003 en adelante) y la guerra civil de Siria. Ciudades como Raqqa, Aleppo y Mosul pasaron a estar en poder de los yihadistas entre 2010 y 2017. Entonces, el grupo dio un paso más allá y declaró el establecimiento de un califato (sic) y al entonces líder Baghdadi como califa (sic).

Esto no se debió a un delirio de grandeza, sino a una planificada y orquestada maquinaria propagandística con la que Daesh quiso construir un Estado nación teocrático legítimo, a la vez que buscaba cooptar a una parte importante de la religión musulmana. Lo más increíble fue su parcial éxito, ya que sentó las bases terminológicas con la que la prensa se refería a la organización.

La narrativa estaba sentada para legitimar un Estado islámico en los territorios de Siria y Levante. De allí su acrónimo ISIS, popularizado por diarios y noticieros del mundo que durante años se encargaron de facilitar el contenido radical que producían los terroristas.

Porque siempre es mejor ser noticia que pagar la pauta publicitaria, Daesh comenzó a filmar todo tipo de matanzas, a sabiendas de que los canales de noticias y las redes sociales harían el resto.

La popularización del término ISIS o la referencia al grupo terrorista como califato busca enarbolar la figura de sus miembros y su líder al vincularlos con la mística del pasado, una especie de ordenamiento y autoponderación con la que buscan subordinar a todos los musulmanes para que se escuden bajo su causa.

El califato es, por definición, el Estado o territorio de los musulmanes; según el islam es la continuación del sistema político espiritual que dio a conocer el profeta Mahoma y fue continuado por sus discípulos. De la misma manera que en la proclamación del III Reich se emulaba al Imperio Romano Germánico, Baghdadi declaró un califato.

Esta maquinaria propagandística caló fuerte en los medios de comunicación, que picaron el anzuelo y durante meses se refirieron a la organización en los términos que esta impuso.

Con el nombramiento del nuevo líder de Daesh, el branding terrorista se renueva: al parecer el grupo no quiere dejar perecer la marca que tanto le costó levantar.

Según la tradición sunita, la rama más difundida del islam, para ser califa se requiere una serie de condiciones: difundir el islam, ser elegido por un consejo de ancianos o sabios que representan a la comunidad y ser descendiente de la tribu quraish, originaria de la Meca y de donde provenía el profeta Mahoma.

Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurayshi es una marca, un seudónimo que busca levantar una franquicia que ha perdido su imagen y necesita de manera urgente reinventarse.

Coca-Cola o Pepsi, Al-Qaeda o Daesh: el posicionamiento en las redes sociales, la capacidad de producir contenido, la difusión de este en los canales de comunicación segmentados… parece mentira, pero la realidad es que los terroristas han leído más los manuales de marketing que el Corán.

El nombre Qurayshi remite a la idea de que efectivamente es un descendiente de la tribu Quraish y, por lo tanto, se trataría de un califa legítimo. Como si se tratara de vender más camisetas de fútbol luego del fichaje de un jugador famoso al equipo, Daesh busca de captar la atención nombrando a un nuevo líder que siga remitiendo al pasado místico de los antiguos estados musulmanes.

Sin embargo, no es solo eso; Hashimi hace alusión a que este individuo es del clan Hachemita, un antiguo linaje árabe al que pertenecía el Profeta y que hoy llega a Abdalá II, actual rey de Jordania. Aquí reside la importancia de la identidad corporativa para este grupo que vende la yihad como un producto.

Este nuevo líder es entonces un intento de relanzar una marca, un posicionamiento que ha venido en caída libre luego de sucesivas derrotas territoriales y llegó a un quiebre con la muerte de Baghdadi. Faltaría nada más que crearan su propio eslogan.