Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Vargas Llosa celebra Conversación en la Catedral y presenta Tiempos recios
«¿En qué momento se había jodido el Perú?», se pregunta magistralmente uno de los protagonistas —y a través de él—, el entonces joven Mario Vargas Llosa, al inicio de Conversación en la Catedral, novela publicada en dos partes y que en 2019 alcanzó medio siglo. Esta frase, que ha hecho carrera en cada una de nuestras naciones hermanas, podría generalizarse: «¿En qué momento se había jodido América Latina?».
Y esto puede hacerse porque la novela, que arrancó su escritura en París, pasando por Pullman (Washington), Londres y Puerto Rico, fue hecha con el objetivo de «mostrar los efectos de la dictadura en la vida no política del Perú». Recordemos que Vargas Llosa había vivido su juventud bajo la dictadura militar de Manuel Odría (1948-1956) y sumemos el dato necesario de que en ese entonces el escritor arequipeño era un intelectual que escoraba a la izquierda y no había aún roto con la Revolución cubana. Es decir, se encontraba lejos de la consolidada figura conservadora que hoy se reverencia y critica, tal vez por mitades.
Conversación en la Catedral, como lo corroboró el ahora flamante premio Nobel durante la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara, es la novela que más le ha costado trabajo, y sobre la que ya había anotado lacónicamente en el prólogo de su edición de 1998 que «si tuviera que salvar del fuego una sola de las que he escrito, salvaría esta».
Más allá de la complejidad de la obra o de que en su momento no fue fácilmente recibida, quizá por su larga y desafiante estructura coral multiclasista, que sobrevuela entre lo popular y la alta burguesía, la novela sigue siendo ejemplo del efecto cataclísmico que tuvo el autoritarismo como modelo político en su generación. Esto lleva a revisar, antes, durante y después de la consolidación del boom latinoamericano, títulos como El señor presidente, de Miguel Ángel Asturias (1946), El recurso del método (1974) de Alejo Carpentier, Yo el Supremo (1974) de Augusto Roa Bastos y El otoño del patriarca (1975), de quizá la otra mejor cara de la moneda del propio Vargas Llosa: Gabriel García Márquez.
Y se decía también después del boom, porque sobre este grupo se puede hablar de la dictadura en el boom y la dictadura del boom como establecimiento literario. Por eso el propio Vargas Llosa, que no ha perdido el prestigio y la influencia de su generación, viene presentando Tiempos recios, que justamente es una novela aclaratoria sobre el primer presidente latinoamericano que derrocó la CIA, el guatemalteco Jacobo Árbenz, en 1954, y sin lo cual intuye los últimos 50 años de América Latina habrían sido muy distintos, al justamente haberse evitado la radicalización que llevó a la revolución en Cuba de 1959.
Si bien América Latina formó parte de la tercera ola de la democracia, como la denominó Samuel Huntington, y sobrevive como mejor puede a las amenazas del populismo, la sobrepolarización, la posverdad, la incertidumbre económica, ambiental y la desigualdad, el panorama no es el mismo. Vargas Llosa lo dijo sobre su país en Guadalajara: «Creo que el Perú se está desjodiendo». Esperemos que lo mismo le calce algún día a todo el continente.
Ficha técnica
Conversación en la Catedral
Mario Vargas Llosa
Barcelona: Seix Barral, 1969
ISBN 9788420467085 2 vols.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
El elemento de similitudes ideológicas y del método del socialismo siglo XXI, que justamente se caracteriza por no respetar reglas constitucionales y convenios internacionales, es la parte visible de este juego de tronos.
¿Qué era realmente el socialismo siglo XXI durante los 14 años que gobernó Evo Morales Ayma en Bolivia? Desde su renuncia el 10 de noviembre de 2019 y su huida dos días después en un avión oficial mexicano, el aparato del Movimiento al Socialismo (MAS) entró en terapia intensiva.
El antiguo mandatario termina el año desilusionado porque sus bases sociales aparentemente se redujeron a los cocaleros, al llamado grupo palaciego (al que se acusa de ser la causa del desgaste del MAS), y a otro grupo de intelectuales y de antiguos funcionarios de ONG. Al menos, cuatro corrientes se disputan la herencia y los que se identifican con el indigenismo quieren recuperar el antiguo ideario de los años ochenta.
Aunque cada vez con menos eco, aún hay voces que narran un golpe de Estado de baja intensidad en Bolivia para contrarrestar las protestas ciudadanas, la revuelta policial y los pedidos desde la Central Obrera Boliviana hasta las fuerzas armadas para que Evo renunciara. La movilización, mayoritariamente pacífica, de 21 días se dio después de los fuertes indicios de irregularidades extremas en las elecciones del 20 de octubre.
El Tribunal Electoral dio la victoria a Morales con un margen mayor a los diez puntos necesarios para evitar una segunda vuelta. Según esos datos, los votos en Argentina fueron los decisivos porque ni siquiera con las irregularidades Morales ganó en Bolivia.
La vigilancia ciudadana, ante el descuido de los partidos políticos de oposición, consiguió evidencias del fraude y muchas fotos en recintos electorales ilustraban que la alianza Comunidad Ciudadana de Carlos Mesa ganaba o llegaba a tocar los talones del MAS. Más tarde, recuentos técnicos y los informes oficiales de la Organización de Estados Americanos (OEA) y de la Unión Europea (UE) confirmaron las sospechas.
Al mismo tiempo, desde el Estado se desbaratan extendidas redes de corrupción, clanes familiares todopoderosos, grupos palaciegos y oscuras tramas de hackers con ramificaciones en México, Venezuela, probablemente Cuba. Desde la última semana del año, también se sospecha que al menos dos partidos políticos españoles podrían estar en la misma causa.
Recién comienzan a descubrirse los contratos ocultos para crear grupos dedicados al espionaje, a hackear cuentas, a triangular dinero supuestamente a consultores que a la vez eran parte de empresas como Neurona, con ramificaciones en México, Caracas y Madrid.
La operación recién comienza, pero se anuncian graves y complejos diagnósticos en el primer bimestre del 2020.
Algunos antecedentes históricos
En primer lugar, hay que recordar que en la difícil construcción de la democracia boliviana, desde 1982 a la fecha, tres presidentes constitucionales renunciaron para facilitar el tránsito a una nueva etapa y para contribuir a la pacificación nacional.
Hernán Siles Zuazo (1982-1985), primer presidente surgido en las urnas después de 18 años de dictaduras militares acortó su mandato por el rechazo popular a las medidas económicas que generaron la más grande inflación de la historia boliviana.
Gonzalo Sánchez de Lozada (2002-2003) envió su renuncia al Parlamento después de 17 días de convulsión social en el occidente del país por el aumento a los impuestos, la posible venta de gas a Estados Unidos a través de Chile y la crisis económica.
Carlos Mesa Gisbert (2003-2005), su sucesor constitucional, renunció después de varios días de cerco sindical al Parlamento, bloqueos en la zona cocalera y el pedido expreso de Evo Morales para que se diera lugar a nuevas elecciones. Las personas en línea de sucesión parlamentaria debieron renunciar por la presión de movimientos sociales. Asumió el presidente de la Corte Suprema, Eduardo Rodríguez con la misión de convocar a nuevos comicios en diciembre de 2005.
Era evidente el agotamiento del sistema político tradicional y el Movimiento al Socialismo ganó con amplio margen y con la garantía de una Corte Electoral profesional y transparente.
El paso en falso
En 2016 Morales perdió el referendo convocado por él mismo para modificar la Constitución Política del Estado que no permite la reelección indefinida. Perdió, incluso con el árbitro electoral a su favor.
Pese a sus anuncios públicos de retornar a su cato de coca, desconoció el resultado. Desde ese momento se acentuó su aislamiento en la clase media urbana y entre muchos intelectuales que antes lo habían respaldado. No era una decisión democrática. Morales perdió la legitimidad que tenía. La habilitación tramposa para una nueva elección promovió la desconfianza de la ciudadanía en forma creciente.
También volvió a postularse contra la Constitución Política el vicepresidente Álvaro García Linera, quien también había anunciado que dejaría su puesto en 2020.
Las renuncias de importantes vocales del Tribunal Electoral y de más de cien técnicos informáticos y de las áreas legales aumentaron la desconfianza. Demasiados datos acumulados en decenas de informaciones alertaron sobre la manipulación de los resultados electorales.
Al frente de Morales tambaleaba una oposición desorganizada y con débil estructura partidaria. Varias candidaturas anunciaban la dispersión del voto frente a un vigoroso aparato político del MAS respaldado con el dinero y la infraestructura estatal para su campaña.
Arde la Chiquitanía y entrena las protestas
Un suceso inesperado, aunque previsible, cambió el curso del desarrollo de las elecciones bolivianas. Por una parte, el Gobierno entregó tierras con vocación forestal a migrantes andinos que debían quemar bosques para intentar sembrar ahí; por otra parte, la intención de enviar toneladas de carne a China motivó a ganaderos a ampliar la frontera agrícola. Este muy próspero sector empresarial, junto con los agroindustriales soyeros, se convirtió en el aliado más firme de Morales en este último periodo.
La quema de pastizales y árboles en la Chiquitanía y en el Chaco, una prolongada sequía y los fuertes vientos del norte provocaron un incendio gigantesco que salió fuera de todo control y consumió 7 millones de hectáreas, sobre todo en el departamento más pujante de Bolivia, Santa Cruz.
Las quejas ciudadanas se convirtieron en grandes movilizaciones en defensa del medioambiente e incorporaron a activistas de todas las capas sociales, incluso las más indiferentes. Para los cruceños la pérdida de su identidad regional fue un golpe económico y simbólico.
El primer cabildo contra Evo Morales por no declarar desastre nacional mostró la molestia de más de un millón de personas. En La Paz, los pacíficos activistas por la ecología llegaron hasta la casa presidencial con sus reclamos, como no habían podido lograr otras movilizaciones sociales o políticas.
Como una consigna espontánea los votantes decidieron dar su apoyo a Carlos Mesa, el candidato opositor mejor situado en las encuestas para competir con Evo.
El fraude
Es seguramente el caudal de votos que recogió Mesa y que fue testificado por el control social y por los veedores internacionales el que puso en evidencia fáctica las muchas irregularidades del Tribunal Electoral.
La interrupción del conteo el domingo 20 de octubre precipitó la certeza del fraude, certeza subrayada por la misión de la Organización de Estados Americanos y ratificada con más evidencias por los auditores de este organismo. Su informe divulgado el domingo 10 de noviembre aceleró la caída de Morales.
Las primeras declaraciones de los responsables de estos presuntos delitos electorales, actualmente detenidos, muestran que las órdenes para modificar la tendencia de los votantes salieron del propio Palacio de Gobierno.
La segunda vuelta a la renuncia
El lunes 21 de octubre, ante la inexplicable interrupción del conteo y con la también inexplicable modificación de la tendencia electoral, plataformas ciudadanas, jóvenes que votaban por primera vez y muchas personas salieron espontáneamente a protestar de forma pacífica.
La bandera boliviana se convirtió en el símbolo de esa resistencia y una consigna que habían elaborado los médicos enfrentados al Gobierno: «¿Quién se cansa? ¡Nadie se cansa! ¿Quién se rinde? ¡Nadie se rinde! ¿Evo de nuevo? Huevo, carajo», coreada con el alegre ritmo del tradicional baile caporal boliviano.
Entretanto, el Comité Cívico Cruceño, alicaído durante una década, convocó a un paro indefinido departamental. A los pocos días, todos los departamentos se unieron a la medida.
Las protestas fueron pacíficas y los grupos de bloqueadores usaron una pitita delgada y sin pretensiones para expresar su repudio. Alrededor de la pitita se sentaban abuelas, madres con hijos, jubilados en sus hamacas.
Un torrente de memes y mensajes de humor usados por los jóvenes ponían el sello moderno y pacífico. A ellos se unieron los artistas, conjuntos y orquestas.
No hubo una lectura oportuna de los asesores de Morales, que jugaron al cansancio de la población y a la violencia contra algunos grupos desprotegidos. Los muertos de estos días son por acciones de francotiradores amparados en turbas.
La reacción de la población fue también en escala, desde el pedido a una segunda vuelta prevista en la norma; luego exigió nuevas elecciones con nuevo tribunal electoral, pedido que anunció Morales de forma tardía; hasta la demanda de su renuncia para pacificar el país como sucedió antes.
Los tiempos no ayudaron a la estrategia oficial, más bien le jugaron en contra.
Morales comprendió finalmente que no podía seguir gobernando contra las ciudades y contra los dos departamentos más duros en la protesta, Santa Cruz y Potosí.
Coherente con el estilo del MAS y con la influencia venezolana, Morales decidió irse sembrando caos y terror. Los violentos dentro del MAS están relacionados con antiguos militantes senderistas, de la guerrilla colombiana y de colectivos venezolanos.
La ciudad más castigada es La Paz. Hordas de pobladores pobres, muchos jóvenes varones, mimetizan a francotiradores y terroristas que han intentado atemorizar a los vecinos.
A pesar de noches muy duras, con el resultado de domicilios incendiados e intentos de tomar gasolineras, la inmediata organización barrial entrenada en los días de paro ha logrado detener a venezolanos, colombianos y otros extranjeros.
Entre ello llamó la atención la presencia de un guerrillero argentino vinculado a las FARC colombianas.
Además de la violencia simbólica, persiste una campaña mundial para victimizar a Morales y culpar a la «derecha fascista» de su salida.
México recibió a Morales como a un libertador perseguido y Andrés Manuel López Obrador ascendió al piloto que lo trasladó desde Bolivia.
AMLO no sólo destinó un avión oficial para recoger a Evo en Chimoré, localidad conocida mundialmente como eje del circuito coca cocaína, sino que fue declarado huésped ilustre, recibió casa, comida y el anuncio de un apoyo monetario de parlamentarios de MORENA. También dato curioso, porque Morales tiene al menos tres cuentas bancarias con cifras que superaran varios ceros, solo en Bolivia y denuncias de otras cuentas en el exterior. No es un refugiado pobre.
Lo más complicado se dio por sus actividades políticas, no solo con entrevistas a muchos medios internacionales, sino a través de llamadas telefónicas para guiar las actividades violentas de los movimientos sociales más radicales. Este activismo significó críticas a AMLO y manifestaciones en ciudades mexicanas.
Pese a todo ese ambiente, Morales se fue de México sin despedirse, como reconoció la propia cancillería azteca. Llegó a La Habana oficialmente para una revisión médica pues ahí estaban sus galenos personales. Partió sin mucho ruido desde Cuba a Argentina y desde ahí retomó su actividad política.
Aunque cada vez con menos repercusión y decreciente interés mediático, Morales aprovechó la actitud del gobierno Fernández-Fernández para mantener contactos con los cocaleros. Amparado en diferentes organizaciones argentinas continúa su militancia callejera.
Además, algunos argentinos sintieron que tenían el mandato de investigar qué pasaba en Bolivia y en pocas horas definieron unos informes sobre sus actores políticos y sociales.
La rección boliviana del gobierno de transición mostró que las relaciones entre ambos países están estancadas, si no quebradas.
Al eje México-La Habana-Buenos Aires se sumó ahora Madrid. Mientras tanto, Caracas y Managua agreden con declaraciones y amenazas a los ciudadanos que denunciaron el fraude y obligaron a la renuncia de Morales.
El esquema Foro de San Pablo, Puebla y el chavismo funciona aún.
La conexión española no es nueva. Fundadores de Podemos estuvieron en Caracas desde hace tres lustros, actuaron decididamente en la Asamblea Constituyente de 2006 en Bolivia (contradiciendo el discurso anticolonialista del Movimiento al Socialismo) y hay denuncias de que recibieron dinero de esos países.
Baltazar Garzón se ofreció para defender a Morales de los delitos de fraude y de incitación al terrorismo, pese a su situación denunciada en la judicatura española.
Pablo Iglesias fue condecorado con la máxima medalla Cóndor de los Andes, aunque no se conoce qué hizo por Bolivia. Pedro Sánchez escogió a Morales como uno de sus primeros anfitriones. La embajada de España estuvo presente en el diálogo de pacificación entre el MAS legal y el gobierno de transición.
El País se convirtió en vocero de la narrativa del golpe de Estado y ahora también aparece como parte del esquema de la oscura presencia de agentes en La Paz sirviendo de plataforma al PSOE, a través de su corresponsal, defensor de Evo Morales.
José Luis Rodríguez Zapatero fue el agente de Nicolás Maduro que frustró un diálogo fructífero en el momento de apogeo de la oposición venezolana, visitó varias veces a Morales y se muestra decidido defensor del socialismo siglo XXI.
La aún inexplicable acción de agentes secretos españoles enmascarados rodeando la residencia de la embajada de México en La Paz alarga la tensión a otro continente. Ahora también el Parlamento del Reino de España abre una sesión para interrogar a sus autoridades: ¿qué hacían los policías especializados, llegados en la víspera de Navidad, intentando pasar desapercibidos en un exclusivo barrio paceño?
¿Por qué Cristina Borreguero, al frente de la embajada de España por el viaje precipitado del anterior embajador, escogió una visita de cortesía en dos autos y con al menos cuatro agentes con el rostro cubierto y aparentemente armados?
Es la trama que ahora despierta pasiones encendidas en un abanico que cubre La Paz, Buenos Aires, México y Madrid, además de Bruselas. En estas semanas de inicio de año habrá novedades.
Alpiste para la oposición en España y en México porque los datos, fotografías, videos, ingresos migratorios y los escuetos comunicados mostrarían que algo por demás extraño sucedió entre las cien cuadras que separan las residencias entre ambas naciones.
¿Hubo un intento desesperado por rescatar cambiando identidades a al menos los personajes más involucrados en las irregularidades electorales y en la convocatoria a la violencia callejera incendiando las ciudades con bombas molotov?
Fue solo una serie de malos entendidos. Al cerrar esta nota aún están pendientes muchas preguntas y en varios lugares del mundo se ocupan ahora de Bolivia.
El triángulo de las Bermudas
El elemento de similitudes ideológicas y del método del socialismo siglo XXI, que justamente se caracteriza por no respetar reglas constitucionales y convenios internacionales, es la parte visible de este juego de tronos.
Detrás hay muchos otros intereses, inclusive mundiales, que tocan a capitales lejanas como Teherán o Moscú y obviamente a todos los servicios de espionaje más activos, capítulo que aún está por revelarse.
El asunto que cada vez aparece con más fuerza detrás de las cortinas en las relaciones de la coca, cocaína y la más grande transnacional mundial que capturó al Estado mexicano y, aparentemente, financia a otras fuerzas políticas en el Atlántico.
Periodista, historiadora y escritora boliviana. Premio Nacional de Periodismo 2018. Es docente en la Universidad Católica Boliviana San Pablo. Fue presidenta de la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP)
Los mejores trabajos de investigación realizados durante las pasantías realizadas en 2019 de investigadores jóvenes peruanos en Chile, y chilenos en Perú.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
La revalorización de las culturas indígenas y la plena incorporación de las comunidades originarias a la nación mexicana sigue siendo una tarea pendiente.
La participación indígena ni siquiera responde a la necesidad de inclusión y de garantizar su presencia en la agenda y en el partido. Se limita a un asunto de dar oportunidad a las personas. Es necesario que el enfoque de los propios partidos pase de darle la oportunidad a alguien en lo personal a realmente incluir en su agenda los temas de interés de los pueblos y comunidades. La incorporación en lo individual ha llegado al extremo del oportunismo y el lucro político y, con ello, a incrementar la falta de confianza de las comunidades y de los pueblos indígenas en los partidos políticos y en detrimento de la participación política a través de ellos.
Es importante que los partidos políticos hagan efectiva la inclusión y generen mecanismos de participación acordes y con respeto a las formas de participación política indígena. En todo caso, debe evitarse la simulación y el control y, más aún, evitar «la manipulación del indígena por el propio indígena» (o del indigenista, que no es lo mismo que el indígena necesariamente).
Solo en el 17 % de los municipios del país (417), se eligen a sus autoridades por usos y costumbres (sistemas normativos indígenas), y están ubicados en el estado de Oaxaca, único estado en el que conviven los dos sistemas electorales: por partido político y por sistemas normativos indígenas.
Ante las acciones afirmativas de garantizar la equidad de género y postular candidatos indígenas, los institutos políticos deberán clarificar y formalizar sus mecanismos de participación y postulación de candidatos, para evitar conflictos poselectorales y armonizar la pluralidad política y la pluriculturalidad de nuestra nación, como lo establece la Constitución.
Es necesario garantizar el acceso al ejercicio democrático del poder de los pueblos indígenas, desde los partidos políticos, con independencia del acceso, uso y definición de otras formas de alcanzar la representación popular como candidaturas independientes o definición de alguna circunscripción especial o de otras que llegaran a definirse. Solo así podríamos afirmar que estamos ante un sistema absolutamente democrático e incluyente.
Este artículo es un fragmento del KAS Paper editado por la KAS México, que puedes descargar aquí.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Sin los aliados de otras épocas, el presidente enfrenta un contrapunto entre la matriz ideológica de su gobierno y la necesidad de mantener una buena relación con Brasil y Estados Unidos. El rol de Cristina Kirchner.
Argentina dejó atrás el 2019 con un cambio drástico de gobierno. Tras cuatro años en el poder, Mauricio Macri perdió la presidencia en manos de Alberto Fernández, quien asumió junto a Cristina Kirchner como vicepresidenta. Si bien ahora se trata de una coalición de gobierno más amplia con respecto a la que gobernó hasta 2015, en sus primeras semanas al frente del poder quedó demostrado que ideológicamente la identidad es similar, lo cual representa un contrapunto con lo que ocurre en la región y expone al presidente a un dilema clave.
La Patria Grande con la que soñaron Néstor y Cristina Kirchner, Hugo Chávez, Lula Da Silva, Evo Morales y Rafael Correa, entre otros exmandatarios, fue un proceso histórico que comenzó a principios de este siglo y será recordado como una etapa donde gobiernos populistas impusieron condiciones durante varios años en la región. La cooperación entre los países que fueron liderados por dirigentes que adherían a estas ideas fue permanente y hasta incluyó la creación de un organismo denominado UNASUR, que intentó institucionalizar dichas relaciones. Tal como ocurriera con las dictaduras que surgieron en la década del setenta, o como con los gobiernos neoliberales pos-Consenso de Washington en los años noventa, la llama populista fue apagándose, entre otras cosas, por los escándalos de corrupción, el declive del precio de las materias primas y la disminución del apoyo de las clases populares.
Hoy día, Brasil de la mano de Jair Bolsonaro, Sebastián Piñera en Chile, Lenin Moreno en Ecuador y Luis Lacalle Pou en Uruguay —que desbancó al Frente Amplio tras 15 años en el poder— marcan el nuevo pulso ideológico de la región. Bolivia quedó a la espera de elecciones en mayo próximo y Venezuela continúa sin encontrar el camino hacia un Estado de derecho. Todos esos giros fueron hacia gobiernos de centro o centroderecha, con la única excepción de México con la irrupción de Andrés Manuel López Obrador en 2018.
Durante toda su campaña, Alberto Fernández evitó hacer mayores referencias a Nicolás Maduro y la situación en Venezuela. Desde su discurso intentó vincularse con Evo Morales, Lula, Pepe Mujica y AMLO. El primero ya no gobierna Bolivia y vive en la Argentina; el brasileño salió de prisión pero, al igual que el uruguayo, tampoco gobierna. Todo esto se notó en las escasas presencias de mandatarios regionales en la asunción del propio Fernández. La única esperanza para el nuevo presidente argentino de encontrar un socio democrático es su par mexicano. Así lo plasmó también en los hechos: fue el primer viaje que realizó una vez elegido presidente y recibió al Grupo Puebla en Buenos Aires, aunque los resultados no fueron los esperados. El presidente de México no asistió a la segunda reunión del polo progresista creado a mediados de año y no tiene pensando liderar un grupo anti-Estados Unidos.
Si el sueño de Fernández es reeditar la experiencia de 2003 cuando fue el jefe de Gabinete de Néstor Kirchner y el país encaminó su rumbo luego de la crisis del 2001, las diferencias geopolíticas le ponen un límite, además de las socioeconómicas. Ni Argentina ni, mucho menos, la región atraviesan un proceso similar, con lo cual una serie de preguntas se impone. Las referidas a la situación económica interna se empezaron a responder a partir de la suba de impuestos a la clase media, el campo y el recorte a los jubilados que impuso el presidente con su primer proyecto de ley sancionado por el Congreso, pero el resto no.
Con la renegociación de la deuda externa como principal problema macroeconómico a resolver, en política exterior surgen muchos interrogantes. ¿Hacia dónde mirará la Argentina? ¿Quiénes serán sus principales aliados? ¿Cómo será la relación con Estados Unidos? ¿Qué postura tomará con Brasil? Estas últimas dos son de vital importancia, ya que se trata, en primer lugar, del principal acreedor y el actor más influyente en el FMI; en segundo lugar, es el socio comercial más importante, que además mantiene una alianza directa con Donald Trump. ¿Qué sucederá si Brasil avanza en una agenda liberal en el Mercosur? ¿Cómo reaccionará la Argentina? ¿Qué hará Fernández con el acuerdo Mercosur-Unión Europea? ¿Cómo se llevará con Uruguay? Preguntas que, por ahora, no tienen respuestas.
En los últimos días, una serie de hechos fueron presentados como gestos hacia los Estados Unidos: un intento de acercamiento con Jair Bolsonaro, el haber elegido a Israel como su primer destino oficial como presidente de la Nación y la confirmación de la reunión con Angela Merkel. Al mismo tiempo, previo a eso, Fernández, en línea con la ideología de su gobierno, le quitó las credenciales diplomáticas a Elisa Trotta, la embajadora venezolana en la Argentina que había designado el presidente encargado Juan Guaidó, y mantiene un acercamiento profundo con Evo Morales, quien diseña la campaña electoral de Bolivia desde la Argentina.
Néstor Kirchner, el político con el que siempre se referencia el presidente argentino, hacía culto del pragmatismo y les decía a inversores extranjeros «no se fijen lo que digo, miren lo que hago y van a estar más tranquilos». A juzgar por sus primeros meses al frente del país, Alberto Fernández intenta transformarse en un equilibrista entre dos escenarios: por un lado, con el nuevo esquema político de la región y los Estados Unidos; mientras que, por el otro, con el permanente riesgo de hacer enojar a la principal hacedora de su triunfo: Cristina Kirchner.
Licenciado en Comunicación Periodística en la Universidad Católica Argentina. Maestrando en Políticas Públicas en la Universidad Austral.
Consultor político. Jefe de despacho en el Congreso de la Nación Argentina
Latinoamérica ¿Socio estratégico de la Unión Europea?
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Hace no más de una década la Unión Europa era el segundo mayor socio comercial de América Latina y el Caribe. Sin embargo, esto ha cambiado… y mucho.
Uno de cada tres teléfonos era europeo en el año 2000, en 2016 apenas cuatro de cada 100 telefonos es europeo. O por tomar otro ejemplo, en aquel año 2000 15 de cada 100 televisores y radios provenían de Europa. ¡En 2016 sólo tres de cada mil! ¿Qué hace la Unión Europea frente a esta situación? ¿Tienen herramientas para modificarlo y enfrentarse a China en nuestra región? ¿Puede América Latina salir beneficiado de esta puja?
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
El cansancio de la ciudadanía con la clase política generó resultados peculiares en las elecciones parlamentarias extraordinarias de 2020. El Perú ha votado y cuatro son los elementos que caracterizan esta última votación: una alta cuota de abstención y voto de protesta, una fuerte atomización del espectro de partidos, la caída del partido Fuerza Popular y, finalmente, que un partido que tiene su origen en una secta tenga la segunda votación más alta.
Tras la disolución del Congreso de la República en setiembre de 2019, este 26 de enero casi 25 millones peruanos fueron a votar por 130 congresistas, quienes permanecerán en el cargo hasta julio de 2021. En contraste con el Congreso anterior, ninguna agrupación estuvo remotamente cerca de alcanzar una mayoría absoluta de 66 escaños. A pesar de que el voto es obligatorio, solo votaron 76, 5% de todos los facultados. Alrededor de un cuarto de estos votos fueron en blanco o viciados.
Según los sondeos de boca de urna, diez agrupaciones políticas están representadas en este Congreso de transición. Por las características del derecho electoral en el Perú, la cantidad de votos obtenida por cada partido no se corresponde con el número de escaños.
El partido tradicional de centro Acción Popular es la primera fuerza. Si bien estos resultados son mejores a los de las elecciones de 2016, las expectativas anticipaban un resultado mucho mejor.
Este también fue el caso del liberal-progresista Partido Morado y del partido Alianza para el Progreso, sin clara afiliación ideológica. El último miembro de este bloque de centro es el partido de centroderecha Somos Perú, con fuerte presencia a nivel municipal y que no estuvo en el Congreso anterior. Con un total de 58 sobre 130 escaños, a este bloque le faltan ocho votos para una mayoría absoluta.
La gran sorpresa de esta elección fue el segundo puesto alcanzado por el FREPAP, un partido cuyo origen se encuentra en una secta religiosa que combina el corporativismo andino con nociones bíblicas del Antiguo Testamento y cuyo líder Ezequiel Ataucusi, fallecido el año 2000, era venerado como una especie de mesías. Aun cuando el partido llamaba la atención por la presencia de su logo en las calles (un pez), las túnicas que suelen usar sus miembros y su vago discurso antisistema, los medios de comunicación apenas le dieron cobertura. Hay indicios de que los votos obtenidos por el FREPAP no se deben a los méritos su propio programa, sino a un voto de protesta que privilegia el hecho de que ellos representan el completo opuesto de la política tradicional.
Otra novedad importante es el éxito del partido populista Podemos Perú, liderado por el exministro del Interior, Daniel Urresti. Este partido, gracias a su discurso contra las élites y a favor de la mano dura en la lucha contra la inseguridad ciudadana, cuenta con respaldo en las zonas económicamente menos favorecidas de Lima.
Un nuevo elemento es el partido populista Unión por el Perú que promueve, entre otras medidas, la prohibición de contratar extranjeros siempre que haya mano de obra nacional disponible. Este partido propuso la candidatura del dirigente de ultraizquierda Antauro Humala, que se encuentra en prisión. Aunque las autoridades electorales rechazaron dicha candidatura, UPP obtuvo buenos resultados en las regiones del sur proclives a los discursos radicales.
Por su lado, según los primeros resultados, los dos partidos de izquierda tradicional Frente Amplio y Juntos por el Perú tendrían en conjunto 17 escaños, lo que representa un pequeño retroceso frente a los resultados obtenidos en 2016. No obstante, a medida que el conteo de votos avanza, parece cada vez más probable que Juntos por el Perú no logre pasar la valla del 5%. [1]
Si hay un partido que ha sido castigado, esa es la agrupación Fuerza Popular liderada por la excandidata presidencial Keiko Fujimori. De una mayoría absoluta con 36,6 % y 73 congresistas, FP acabó en el sexto lugar con 7,7 % y tan solo 12 escaños. El Partido Aprista Peruano, en muchas instancias aliado del fujimorismo, no pasó la valla electoral de representación del 5 %. Lo mismo ocurrió con el Partido Popular Cristiano, aunque en el caso de este último por un pequeño margen.
El final de una situación de excepción
El 30 de septiembre, el presidente de la República Martín Vizcarra disolvió el Congreso de la República y convocó nuevas elecciones. La justificación para esto fue la «negación fáctica de la confianza» por parte del Congreso sobre el procedimiento de nombramiento de nuevos magistrados del Tribunal Constitucional. Posteriormente, esta misma instancia confirmó la legalidad de este procedimiento. Por lo tanto, el hecho mismo de que un nuevo Congreso sea juramentado constituye una victoria para Vizcarra.
En muchos sentidos, el proceso electoral pasado ha sido excepcional. Los congresistas solamente estarán en funciones hasta julio del 2021. Además, fue la primera vez que un Congreso se elige sin una elección presidencial. En las elecciones regulares (por la Presidencia y el Congreso de la República), los candidatos al Ejecutivo son los que movilizan el voto por una lista parlamentaria específica.
A ello hay que sumarle la aplicación draconiana de las leyes electorales, que llevó a la exclusión de 772 candidatos (más de un quinto), en muchos casos por faltas como la omisión de cierta información en las hojas de vida. Debido al derecho de apelar estas sentencias, hasta pocos días antes de la elección no se sabía si algunos candidatos participarían o no en la contienda.
Después de la elección es antes de la elección
Dado que la siguiente elección será el 11 de abril del 2021, este Congreso tendrá un margen de maniobra limitado. Es de esperarse que Daniel Urresti (PP), César Acuña (APP) y Julio Guzmán (PM) usen sus bancadas para consolidar sus ambiciones por la Presidencia de la República. Para esta meta a Acción Popular le falta todavía definir un candidato.
La expectativa fundamental de la población es ver menos confrontaciones estériles y más voluntad para alcanzar consensos, como, por ejemplo, con relación al acuerdo sobre un procedimiento transparente para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional.
La atomización de las fuerzas políticas hará difícil trazar una agenda común. Asimismo, es difícil establecer una continuidad en el tiempo, dada la prohibición de la reelección de los congresistas, una de las medidas impulsadas por el Ejecutivo a través de un referéndum.
Sin embargo, hay una oportunidad para dialogar y definir ciertas metas comunes. Tras tres años de confrontación política constante, esta no debe desperdiciarse.
Nota del editor:
[1] De acuerdo con el artículo 20 de la Ley Orgánica de Elecciones de Perú, para lograr llegar al Congreso los partidos políticos deben superar el 5 % de votos válidos a nivel nacional: «Para acceder al procedimiento de distribución de escaños del Congreso de la República se requiere haber alcanzado al menos seis representantes al Congreso en más de una circunscripción electoral, es decir 5 % del número legal de sus miembros, o haber alcanzado al menos el 5 % de los votos válidos a nivel nacional».
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Cuando estamos convencidos de que los demás, por el simple hecho de pertenecer a otro partido político o a una religión distinta de la mía, no tienen nada para aportar, no dicen la verdad y no se los debería escuchar, entonces nos encontramos cerca del fundamentalismo.
Cuando los otros, por el hecho de pensar diferente, son siempre sospechosos, los demonizamos porque somos incapaces de dialogar con ellos. En un contexto sociocultural marcado por la crisis de la modernidad, el relativismo ético, la sospecha y la inseguridad en muchos campos de la vida, emerge una gran sed de certezas y seguridad, acompañada de nuevas formas de intolerancia, miedo al diferente y discriminación.
La inseguridad interior en la que muchos viven los mueve a buscar estructuras rígidas que brinden solidez y seguridad, con un discurso paranoide que desconfía de cualquier matiz que se pueda hacer sobre su grupo, institución, partido, iglesia o doctrina. Este fenómeno lo estamos viendo en todos los ámbitos, especialmente en política y en religión.
Todo fanatismo excluyente se vuelve violento y solo el auténtico interés por el otro nos abre al diálogo. Algunos estudiosos de la psicología entienden que el fundamentalista suele ser muy egocéntrico, incapaz de distinguir el mundo real del mundo del yo, incapaz de aceptar la visión ajena sobre la realidad.
Por otra parte, el relativismo dogmático que tacha de fundamentalista a todo el que pretenda defender sus ideas con razones, genera una violencia solapada, una intolerancia disfrazada de apertura que tampoco permite el diálogo, salvo que todos opinemos igual. Y así, nos movemos en un clima polarizado de intolerancia entre los fundamentalistas que no quieren contaminarse con los que piensan distinto y ven en todo matiz un peligro de relativismo, y los relativistas dogmáticos que viven una fiebre igualitarista que busca que todos pensemos igual y que no haya conflicto de ningún tipo, excluyendo y marginando al silencio a cualquier disidente de las modas del pensamiento contemporáneo. Así se desaprende la capacidad del diálogo y se dinamitan los valores que sostienen las estructuras democráticas.
Fortalecer el discurso público
¿Por qué este fenómeno es un problema para las democracias? ¿Por qué es un desafío político y cultural prioritario?
Michael Sandel, profesor de filosofía política en la Universidad de Harvard, en una entrevista en la serie Aprendemos juntos de BBVA que aparece en El País, lo expresó con gran claridad:
«Vivimos en una época polarizada donde parece que hay muy poca base para una política del bien común. Y una de las características más perjudiciales de la polarización es que la gente solo escucha opiniones que refuerzan lo que ya cree y esto hace que el diálogo sea muy difícil. Casi hasta el punto de que el diálogo y el discurso democrático genuino es un arte perdido. Es un arte perdido porque la gente ha perdido la fe hasta en la posibilidad de debatir con personas que no están de acuerdo con ellos…
Existe el temor de enfrentarnos, de generar conflicto y rabia, o incluso de que esto conduzca a la coerción, a la imposición de los valores de la mayoría sobre la minoría. Y debido a esto, tendemos a evitar el debate sobre valores en política. Creo que es una de las razones por las que el discurso público de las sociedades democráticas de todo el mundo parece ahora tan vacío y hueco. Es vacío y hueco porque casi tememos hablar con nuestros conciudadanos sobre grandes cuestiones como la justicia, la ciudadanía y el bien común, porque tememos no estar de acuerdo…
Creo que nuestras instituciones educativas deben desempeñar un papel importante en la creación de estas normas y hábitos de diálogo civil… Creo que en lugar de esperar a que los partidos políticos y los políticos nos salven, necesitamos vigorizar el discurso público haciendo que el sistema educativo y los medios de comunicación hagan un trabajo mejor».
Las raíces del problema
Vivimos en un tiempo donde culturalmente se fortalecen diferentes formas de narcisismo y subjetivismo, donde cada uno vive en su propio mundo y crea su propia realidad, eliminando así la posibilidad de un mundo común, de una cultura común que haga posible el encuentro, el intercambio y la negociación colectiva en vistas al bien de todos. Las personas se ven motivadas a encerrarse en sí mismas y a querer transformar la realidad a sus caprichos. Las causas socioculturales de este fenómeno exceden la pretensión de este artículo, por lo que simplemente mencionaré solo dos de las características de este narcisismo cultural:
Naturalización del egoísmo. Se admira a las personas no por sus virtudes, sino por ser exitosos, famosos, aunque sean inmaduros crónicos que solo piensan en sí mismos y no les importen los demás. Enseñar a admirar a las buenas personas, a las que respetan a los demás y son justos, es hoy un desafío contracultural. El amor a su vez se vuelve instrumental, como una gratificación personal que no tiene en cuenta a los demás, salvo por lo que puedan brindarme, con lo cual se vuelve egoísmo, es decir, lo contrario del amor; se crea así una cultura del descarte del otro. El narcisista cree que es el centro del universo y que todo gira en torno a él, y que nada más importa. No es casualidad la preocupación por la falta de empatía que se experimenta en personas con formación profesional. Y todo esto tiene consecuencias políticas devastadoras: ¿qué sentido tiene hablar de bien común si no importan los demás?
Subjetivismo extremo. Para algunos ya no existe nada fuera de sí mismos y van creando un mundo propio sin los otros, por lo cual se vuelve innecesario el diálogo, porque cada uno tiene su verdad y su realidad. Se reduce la realidad a lo que uno siente: «Si yo lo siento, es verdad». Se confunde la verdad de sentir algo, con que efectivamente sea así. Y si los demás me confrontan, los hago desaparecer, simplemente los bloqueo. Como si la vida y los vínculos funcionaran como las redes sociales. Las personas autorreferenciales se sienten atacadas cuando alguien piensa distinto, porque no pueden separar su identidad de sus opiniones subjetivas. Así, califican de intolerante a alguien por el solo hecho de no pensar igual. Es decir, si no piensas como yo, eres intolerante. Lo cual es ridículo, pero así sucede.
Necesidad de reflexión
El verdadero diálogo rompe el círculo de los propios prejuicios y deja entrar la voz de los otros. Se necesitan lecturas reflexivas, no solo leer titulares o videos de tres minutos para entender el mundo. Se necesita dialogar con mundos que no sean el mío, que no confirmen mis ideas y me obliguen a repensar mis convicciones, a cuestionar mis propios prejuicios. Porque el auténtico diálogo es hablar con quienes piensan distinto, no para imponer mis ideas, sino para buscar juntos la verdad. Dialogar no es solamente oír lo que los otros dicen, sino comprender, repensar, aprender, escuchar con atención y profundidad las razones del otro. Y es que solo a través del diálogo y la comprensión del diferente podemos crecer como personas capaces de pensar libremente y de escuchar realmente a los demás. Por eso necesitamos generar espacios de diálogo sincero y formar conciencias críticas que nos permitan encontrarnos con el otro y ensanchar la mirada sobre la realidad.
Escribió Eusebi Colomer que «el auténtico diálogo de la verdad parte del convencimiento sincero de mi verdad pero exige, igualmente, el esfuerzo heroico por colocarme en el punto de vista del interlocutor y, de esta forma, fecundar mi verdad en la parte de verdad que hay o puede haber en el otro».
Doctor en Filosofía. Magíster en Dirección de Comunicación. Profesor del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Una marea informativa se ha instalado en el debate público mexicano, de manera cotidiana y sin visos de que los principales actores políticos y sociales puedan escapar de su embate: esto se ha traducido en la incapacidad esclarecer los temas prioritarios para la agenda nacional.
La estrategia de comunicación del Ejecutivo federal tiene un frente principal y varias estrategias que lo han conducido a no perder el monopolio del debate político, a ser quien establece los temas prioritarios y, de igual forma, a distraer o atraer la atención sobre cuestiones trascendentes o no para el interés nacional. La cuestión de fondo radica en que, luego de un año, no parece haber salida a esta presencia indiscutible y hasta el momento indisputable del mandatario mexicano.
El frente principal es, así, el mensaje a medios en el que cada mañana el presidente se reúne con la prensa nacional. Cerca de dos horas de informar, declarar y aclarar, establecer los temas a resaltar durante el día y responder a cuestionamientos de las y los periodistas.
Y en ese espacio cabe de todo: desde la ocurrencia y la mofa del presidente para evadir o restar importancia a temas incómodos, pasando por descalificación a medios, sociedad civil o actores políticos, económicos o sociales que critican sus decisiones, dichos o acciones, hasta la presentación de datos, cifras y avances a partir de información que suele divergir de aquella que presentan organismos internacionales, entes autónomos o voces autorizadas.
Una de las estrategias que acompaña ese frente es que, ante cada crisis que el Gobierno ha debido enfrentar, se sube al debate público algún tema secundario pero estridente que distraiga y ocupe a la opinión pública, al tiempo que disperse la atención de aquello en verdad importante.
Como ejemplo: la misma semana en que los cambios en el sistema de salud llevaron a una carestía de medicamentos y a la demanda de atención y soluciones por parte de padres de niñas y niños con cáncer, López Obrador anunció que, ante la imposibilidad de vender el avión presidencial (tema que fue clave en la campaña electoral de 2018 y el inicio del sexenio), este se podría rifar mediante la venta de millones de boletos a los que tendría acceso cualquier ciudadana o ciudadano.
El resultado de esta cortina de humo fue el que, durante los días siguientes, medios de información, partidos políticos y redes sociales se dedicaron de todas las formas posibles —desde el análisis legal de las posibilidades de ese sorteo hasta la sátira mediante memes y otros recursos digitales— a poner como asunto de primer orden una ocurrencia del presidente.
Otra estrategia habitual es también el respaldo perfectamente organizado y estratégico de repetidores de los mensajes del presidente. Periodistas simpatizantes del régimen, propagandistas a través de las redes sociales, dirigentes del partido Morena en el Gobierno, líderes de opinión, entre otros, se alinean en torno a una serie de mensajes que se encuentran diseñados a modo de acuerdo con la personalidad y el ámbito de influencia de cada uno.
Así, cada espacio análogo o virtual es cooptado desde distintas aristas pero siempre en torno al tema central que quiera destacarse en el debate público, de manera que se aborda una información a partir de la academia, de la mera opinión, de la defensa radical, del video corto o el tuit que fácilmente se viralizan y acaparan casi en su totalidad el debate político.
A estas estrategias mediáticas hay que añadir dos elementos que son parte insustituible del manual de todo populista: la polarización que de manera reiterada deja en claro que buenos y malos, rivales y apoyos, detractores y seguidores, críticos y partidarios conforman dos grupos irreconciliables y que todo diálogo entre ellos es infructuoso o estéril porque no hay forma de construir espacios comunes, ya que ceder es perder, ser derrotado, vencido por los enemigos de los cambios que se ofrecen como única alternativa para el país.
El otro elemento es la tendencia a dar nombre a la realidad mediante un lenguaje cercano, fácilmente repetible y recordable, que permite construir una narrativa propia a partir de elementos que se socializan como parte del habla cotidiana.
Así, el mensaje a medios es ya conocido como la mañanera, los rivales del presidente como la mafia en el poder, sus detractores como fifís, la culpa de cualquier error o mala decisión es delos gobiernos neoliberales, el futuro promisorio que espera a la vuelta de la esquina es 4T (cuarta transformación), y esos términos se encuentran ya instalados en el habla común del grueso de la población, haciendo de la narrativa del presidente y de sus frases y dichos un auténtico lenguaje colectivo.
Es de preocupar que a más de un año de que López Obrador estableció esta auténtica maquinaria informativa en México, tanto la oposición como otros actores no afines a su proyecto no han sido incapaces de detener o frenar sus estrategias, y se busque por todos los medios responder a cada ocurrencia, opinar sobre cada declaración, caer, en fin, en un juego en el que el presidente habla y todo el sistema político del país repite de alguna manera lo que el propio presidente dice.
Es de preocupar porque, además, mientras esto ocurre, los contrapesos institucionales se van debilitando mediante la acción precisa y quirúrgica de quien busca generar por la vía legal una concentración de poder que pone en riesgo el futuro de la democracia republicana y de la división de poderes en México.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
¿Cómo aparecen, se difunden y se vuelven virales las narrativas económicas a partir de la frecuencia de ocurrencia de palabras? Los seres humanos nos contamos historias, y conocemos, valoramos y sentimos el mundo que nos rodea a partir de las llamadas narrativas.
«Conozco a una persona que lo que más le alegra en la vida es creer que siempre tiene la razón». Esta afirmación podría ser válida para describir a la mayoría de los economistas. Desde la cúspide de su saber, los economistas ven al resto de las ciencias humanas y sociales con cierta benevolencia, pues ellos están convencidos de que la economía es la única ciencia social que merece llamarse Ciencia (con C mayúscula). Esta creencia viene de la idea según la cual la ciencia sería sobre todo cuantificación de los fenómenos. Además, los economistas hablan de un homo economicus, un ser supuestamente racional a partir de quien pueden estudiar tendencias, comportamientos y proyectar escenarios.
Esta creencia en la racionalidad del homo economicus empieza a resquebrajarse desde hace algunos años. E incluso, la arrogancia intelectual de los economistas empieza a ceder un poco, pero solo un poco. La más reciente y notable muestra de esta humildad intelectual es el libro de Robert J. Shiller, premio Nobel de Economía y profesor en la Universidad Yale, titulado Narrative economics. How stories go viral and drive major economic events (Princeton University Press, 2019).
El profesor Shiller ha descubierto que los seres humanos nos contamos historias, y conocemos, valoramos y sentimos el mundo que nos rodea a partir de las llamadas narrativas. Claro que el Nobel de Economía llega un poco tarde a un descubrimiento que antropólogos, semiólogos, comunicólogos, estudiosos de los mitos, profesores de literatura y muchos otros científicos sociales y humanistas ya habían hecho hace mucho tiempo. Basta mencionar al francés Roland Barthes, al lituano Algirdas Julien Greimas, a su connacional Joseph Campbell y a muchos otros que han estudiado las estructuras narrativas, la semiótica del relato y los mitos como formas narrativas universales.
El libro de Shiller pretende ser una contribución a la fundación de la disciplina de la economía narrativa. Para ello propone una serie de postulados conceptuales que busca probar empíricamente a partir de la cuantificación de la aparición de palabras en textos (novelas, noticias, discursos políticos), usando la plataforma Google Ngram y otros servicios de archivos digitales en línea como ProQuest News. Dejándose llevar por el impulso cuantificador de todo economista, Shiller quiere demostrar cómo las narrativas económicas aparecen, se difunden y se vuelven virales a partir de la frecuencia de ocurrencia de palabras. Su unidad de análisis es reduccionista, pues parte de la premisa errada según la cual serían las palabras las que definen las narrativas.
Claro que las palabras son partículas elementales de las historias que contamos y que compartimos. Pero si Shiller hubiera leído el análisis estructural del relato de Barthes, los estudios semióticos de Greimas e incluso hubiera tomado más seriamente el esquema del cuento popular de Vladimir Propp (al que menciona de pasada en el libro), sabría que el relato es mucho más que una colección de palabras. Nuestras narrativas responden a una lógica interna, que tiene sus secuencias, sus contradicciones, tensiones, resoluciones, actores (actantes, según el lenguaje de la semiología) que se entrelazan para generar sentido, significación.
En su libro, Shiller reconoce el trabajo seminal de Lazarsfeld y Katz (conocido como las dos etapas de la comunicación) sobre la influencia de los líderes de opinión en los procesos de contagio social (o viralización, como se dice hoy), y algo dice sobre los fenómenos de masas que ya había descrito Gustave Le Bon. Sin embargo, el premio Nobel ignora el corpus de investigaciones y reflexiones teóricas de los estudios de comunicación sobre los procesos de formación de las percepciones públicas (por ejemplo, la llamada agenda-setting), el fenómeno de aislamiento de las opiniones menos populares conocido como la espiral del silencio (spiral of silence) y la gran contribución de otro Nobel (este de Literatura), Elías Canetti, a la comprensión de los fenómenos colectivos con su libro Masa y poder.
Pero la ausencia que más llama la atención en el libro de Shiller es la de Gabriel Tarde, el sociólogo francés (y contrafigura del llamado fundador de la sociologíaÉmile Durkheim) que puede considerarse como el padre de la economía narrativa. En su obra La psicología económica (1902), Tarde describía ya la importancia de la intersubjetividad y los procesos de difusión masiva de información, opiniones, creencias y modas en la economía. Tarde propuso una teoría del valor distinta a la de los clásicos de la teoría económica (Smith, Ricardo e incluso Marx) y de los neoclásicos (Von Mises, Hayek, Friedman), más enfocada en el papel de las creencias, opiniones y sentimientos en la generación de lo que él llama valor social. Tarde dice, en este sentido, en su libro:
[El valor] Es una cualidad que atribuimos a las cosas que, en realidad, como el color, solo tiene una vida subjetiva. El valor consiste en el acuerdo de los juicios colectivos que nos hacemos sobre la capacidad de los objetos de ser más o menos creídos, deseados o usados por un número de personas…
Tarde afirma en La psicología económica que es muy difícil aplicar a las ideas que progresan y desplazan a otras, los mismos principios que explican la generación e intercambio de las riquezas (expresadas, por ejemplo, en valores financieros). La riqueza es el resultado claro de una ganancia. Pero en el caso de las ideas, la ganancia no quiere decir que haya otra idea que se pierda totalmente. En todo caso, son expresiones heterogéneas que merecen considerarse más allá de la noción de pérdida y ganancia, pues sabemos que las viejas ideas, que creíamos desplazadas, pueden ganar de nuevo el interés de la gente y ser fecundas en términos políticos, culturales, sociales e incluso económicos (pensemos, por ejemplo, en el regreso reciente de los viejos discos de vinilo en plena era de las plataformas digitales).
El gran reto que la obra de Tarde presenta a muchos economistas es que abandona abstracciones como el mercado, que, según los neoclásicos, funcionaría como un mecanismo natural de autorregulación de la actividad económica, e introduce la variable humana, es decir, la subjetividad, los afectos e incluso la moral (o la falta de ella) en la economía. Por ello, Bruno Latour y Vincent Lépinay definen a la economía como la ciencia de los intereses apasionados (The Science of Passionate Interests: An Introduction to Gabriel Tarde’s Economic Anthropology) en la que el homo economicus desaparece dándole cabida a la persona real con su carga de racionalidad e irracionalidad.
La vigencia del pensamiento económico del sociólogo Gabriel Tarde es mucho más evidente hoy en día en la era de la economía de las plataformas digitales. El valor de los objetos, de las ideas y de los servicios está hoy más influenciado que nunca por las narrativas que circulan de forma acelerada por las redes. Las empresas como Amazon, Google, Facebook y tantas otras recogen y manipulan los datos que revelan las motivaciones, deseos y hábitos intersubjetivos de la gente para generar valor. Es importante, aunque sea solo por honestidad intelectual, que economistas de la talla de Shiller reconozcan la contribución seminal de Tarde al desarrollo de la economía narrativa.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Cual cirujano, Mario Vargas Llosa utiliza el bisturí de su pluma en Tiempos recios (Alfaguara, 2019) para enmendar la desfiguración de un trágico episodio histórico de la Guatemala de la década de 1950 que terminó teniendo influencia en el derrotero de una violenta América Latina.
El género de ficción es un refugio del autor para no dejar hendijas en una historia de no ficción con claroscuros como la que transcurre en Guatemala en el periodo comprendido entre la Revolución de octubre de 1944 —que puso fin a la dictadura de Jorge Ubico—, los gobiernos democráticos de Juan José Arévalo (1945-51) y luego de Jacobo Árbenz (1951-54), quien cae por un golpe de Estado, hasta la dictadura del coronel Carlos Castillo Armas, asesinado a balazos el 26 de julio de 1957 por un complot aún irresoluto.
El premio Nobel de Literatura 2010 construye un relato muy bien logrado en la honesta reivindicación de la figura trágica de Árbenz, injustamente vilipendiado durante la guerra fría —y que marcó su periplo vital en el exilio hasta el fin de sus días— con la vil acusación de Estados Unidos, afiebrado por el macartismo, de ser un títere soviético en tierras guatemaltecas, a solo unas cuatro horas en avión de Washington.
Al reconstruir esta aciaga historia política del primer país de América Latina difamado con la malicia de que un presidente ajustado a derecho estaba al servicio del comunismo de Moscú, el escritor y ensayista peruano nos hace tomar conciencia de que lo único novedoso de la posverdad es la expresión en sí misma, mas no su significado, que nos remite a la propaganda y a la manipulación, y al «impulso autoritario contrario a cualquier confrontación con la verdad», una amenaza siempre latente y muy dañina para la convivencia democrática (Ibáñez Fanés, 2017).
La Guatemala de Árbenz es el primer ejemplo de una campaña de noticias falsas (fake news) en la región, pergeñada por el publicista Edward L. Bernays para su cliente Sam Zemurray, el presidente de la multinacional estadounidense United Fruit Company, que producía y comercializaba frutas tropicales, principalmente banano, en países de Centroamérica como Guatemala y en Colombia.
Una compañía que hizo pingües negocios no solo por el interés del banano entre los consumidores estadounidenses, sino porque había montado una explotación muy lucrativa basada en la exención fiscal en América Central y un régimen de trabajo más cercano al feudalismo que al capitalismo democrático.
El teniente coronel Árbenz, uno de los referentes de la Revolución de octubre de 1944, llegó a la presidencia en unas elecciones democráticas con la sana intención de profundizar la obra social de su antecesor Arévalo, un socialista espiritual que había hecho algunas reformas pero siempre dentro del sistema capitalista.
La reforma agraria en un país rural, mayoritariamente de indígenas y de una organización económica y social de primitivismo feudal, fue la principal bandera de Árbenz y el excluyente motivo de su obligada renuncia ante la pérdida de apoyo de los jefes militares y el avance de una cruzada liberacionista comandada por el coronel Carlos Alberto Castillos, apoyada por Estados Unidos y orquestada por la CIA.
La reforma agraria de Árbenz significó que la United Fruit Company perdiera sus privilegios fiscales y sus tierras improductivas, algo que no estaba dispuesta a aceptar, no solo por el impacto del negocio en Guatemala, sino por el temor al efecto contagio en los otros países de la región donde también gozaba de privilegios impositivos. También fue un plan que disgustó a los terratenientes guatemaltecos.
Y ahí es cuando empezó a tallar la manipulación comunicativa de Bernays que, proporcionando información falsa a diarios liberales de Estados Unidos, terminó convenciendo al gobierno de Dwight Ike Eisenhower de que la Guatemala de Árbenz se estaba convirtiendo en una cabecera de playa de la Unión Soviética de Nikita Jrushchov con el oscuro propósito de apoderarse del estratégico canal de Panamá y extenderse por América Latina.
Una teoría conspirativa, un efectivo síndrome de complot que es tan antiguo como el mundo, ante una honesta preocupación del presidente por encontrar una solución al problema de la injusta distribución de la tierra que reproducía la desigualdad, especialmente entre la mayoría indígena.
Desde su primer discurso como presidente, se puede comprobar la verosimilitud del punto de vista de Vargas Llosa de que Árbenz estaba animado por reformas económicas y sociales en el marco de la democracia y de respeto al Estado de derecho. Él quería «convertir» a la Guatemala «dependiente y de economía semicolonial» en una nación económicamente independiente; que el atraso semifeudal diera paso a una modernidad «capitalista».
Y qué ironía, además, de que las reformas estuvieran inspiradas en el modelo de Estados Unidos por la influencia de la primera dama, la salvadoreña María Cristina Vilanova, quien jugó un papel decisivo en la sensibilidad de Árbenz por los problemas sociales.
Es cierto que durante la ejecución de la reforma agraria hubo extremistas de izquierda que impulsaron un modelo soviético de colectivización de tierras y que intentaron arrebatar campos por la fuerza. Es cierto también que Árbenz estuvo muy cerca de dirigentes comunistas guatemaltecos, a quienes respetaba en la discrepancia.
Pero el autor de Tiempos recios insiste: «Árbenz estaba seguro de que la reforma agraria cambiaría de raíz la situación económica y social de Guatemala, sentando las bases de una sociedad nueva a la que el capitalismo y la democracia llevarán a la justicia y a la modernidad».
El teniente coronel Árbenz fue la primera víctima de la obsesión de Estados Unidos con el eventual avance del comunismo, pero en un país donde las ideas marxistas-leninistas eran absolutamente marginales y muy contrarias al presidente derribado.
La campaña planificada por el publicista Bernays ocurrió en el contexto adecuado por la interpretación de administraciones estadounidenses de que el «radicalismo latinoamericano y el comunismo de tipo soviético eran aliados naturales», en una región que para Estados Unidos «equivalía a la sensibilidad rusa con las zonas eslavas de Europa» (Arne Westad, 2018).
Es posible que Árbenz pudiera ser calificado de radical, pero de ningún modo era un hombre de ideas comunistas, que solo era concebible por una guerra fría que «nublaba el juicio tanto de las élites latinoamericanas como del gobierno de Estados Unidos», y que a largo plazo no benefició a nadie (Arne Westad, 2018).
El relato de Vargas Llosa nos recuerda el papel de Estados Unidos en la barbarie y la violencia que sufrió la región durante la guerra fría y que inauguró el golpe de Estado de Castillo Armas de 1954.
Consciente de que es una tesis arriesgada, es interesante especular sobre el rumbo que hubiese tenido la Revolución cubana y la alianza de Fidel Castro con el régimen de Moscú si Árbenz hubiese llevado a cabo sus reformas para la modernización de Guatemala con el apoyo de Washington.
La derrota del presidente guatemalteco, «llevó a muchos, yo incluido, a pensar que la democracia no era posible y había que buscar el paraíso comunista», opinó el premio Cervantes de 1994.
Árbenz cayó acusado de un falso complot que, como escribió una vez Umberto Eco, «quizá se oculte siempre la conspiración de alguien que tiene todo el interés en presentárnosla como verdadera». (Eco, 2016). Y, claro, que también tiene que haber alguien que crea en determinada fake news por algún motivo, contaminado por un estereotipo… como Estados Unidos, cegado por el temor al comunismo en América Latina.
Bibliografía
Eco, Umberto (2016). De la estupidez a la locura. Montevideo: Lumen. Arne Westad, Odd (2018). La guerra fría. Una historia mundial. Galaxia Gutenberg,
Ficha técnica
Tiempos recios
Mario Vargas Llosa
Madrid: Alfaguara, set. 2019
ISBN 9789877386455 360 pp.
Miembro del Consejo de Redacción de Diálogo Político. Investigador y analista en el think tank CERES. Profesor de periodismo en la Universidad de Montevideo.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Las chances de posibles nuevas agitaciones en el próximo año son proyectadas por The Economist Intelligence Unit (EIU) a través de un índice sobre el riesgo de inestabilidad política, que cuenta con las siguientes categorías: inequidad en los ingresos, adecuación de los programas sociales, efectividad del gobierno, corrupción, empleo juvenil, cambio en el ingreso real per cápita después del auge de las materias primas, lo cual afecta las expectativas de progreso, y el retroceso en la calidad de la democracia, ya que incita a ocupar las calles al no poder canalizar el descontento a través de la libertad de expresión o de elecciones libres.
Latinoamérica de ninguna manera es ajena al malestar social y la agitación política. Sin embargo, el 2019 terminó siendo un año extremadamente volátil y el 2020 no trae mejores augurios. Esta visión la trae The Economist Intelligence Unit (EIU) en su último informe para la región, publicado antes de fin de año para examinar los sorpresivos últimos meses y proyectar la situación futura.
Cada estallido vivido recientemente se explica en gran medida por dinámicas nacionales, pero hay dos factores que contribuyen a la inestabilidad trascendiendo fronteras: mal estado económico y disfuncionalidad política. En relación con el primer aspecto, casi todos los países tuvieron que emprender un ajuste luego de la caída de los commodities. El informe resalta los logros que tuvieron los gobiernos de izquierda para reducir la pobreza por medio de transferencias y subsidios, pero critica que no aprovecharon la oportunidad para sentar las bases de un crecimiento a largo plazo por medio de la inversión en infraestructura o la diversificación económica.
Aunque no todo se trata de economía, también existe una importante divergencia entre las instituciones políticas que la población espera y las que tiene. En particular, ostentan una mala reputación las legislaturas, que paradójicamente deberían ser el órgano que mejor representa la voluntad popular. Al estar a menudo fragmentadas de tal forma que se hace imposible alcanzar acuerdos, terminan siendo vistas como un obstáculo para emprender las políticas necesarias.
En la misma sintonía, EIU señala que se está erosionando el control social de los votantes (accountability vertical, como se conoce en la ciencia política), producto del aumento en la toma de medidas en el marco de coaliciones que dificulta asignar culpa o rédito a la hora de votar a los partidos. Ante la ausencia de esta regulación electoral se deriva en la protesta como otra forma de control.
El cultivo político económico es intensificado por los logros que tuvieron las manifestaciones y las herramientas que brinda la globalización. Habiendo tenido relativo éxito la mayor parte de las protestas en el 2019, es posible que haya un efecto contagio en otros puntos de la región para también obtener concesiones de sus gobiernos durante el 2020.
Para proyectar las chances de posibles nuevas agitaciones en el próximo año, EIU elabora un índice del riesgo de inestabilidad política (political instability risk heat map), que cuenta con las siguientes categorías: inequidad en los ingresos, adecuación de los programas sociales, efectividad del gobierno, corrupción, empleo juvenil, cambio en el ingreso real per cápita después del auge de las materias primas, lo cual afecta las expectativas de progreso, y el retroceso en la calidad de la democracia, ya que incita a ocupar las calles al no poder canalizar el descontento a través de la libertad de expresión o de elecciones libres.
Los resultados muestran que hay claras raíces para la persistencia de las agitaciones. El único país cuyo riesgo de agitación entra en la categoría de muy alto es Nicaragua con un 4,1 (yendo de 1 a 5 como lo mejor y peor respectivamente), pero viene escoltado por Guatemala (3,9), Brasil (3,9), Honduras (3,7), México (3,6), Paraguay (3,6) y Chile (3,6), que se encuentran en un escalón abajo con altas chances de perturbación.
Quien se lleva el mejor promedio con un riesgo bajo es Uruguay (2,6), pero aun así tiene dos categorías en las que tiene muy malas calificaciones: el cambio en el ingreso real per cápita después del auge de las materias primas y el empleo juvenil. Esto es algo importante para destacar, porque puede pasar que en determinadas situaciones solo haga falta un factor para provocar el desequilibro, como pasó en Bolivia a partir de las denuncias de fraude en las elecciones.
Con respecto a la situación boliviana, EIU señala la fragilidad del acuerdo alcanzado entre las fuerzas que respaldan el gobierno Jeanine Áñez y las que tienen como líder a Evo Morales para convocar a nuevas elecciones. Es potencialmente desestabilizador el hecho de que, si bien es un gobierno interino con fuertes críticas a su legitimidad, Añez ha tomado drásticas decisiones en materia de política exterior y una dura posición en cuanto seguridad interna. Asimismo, las investigaciones a funcionarios del anterior gobierno y la extrema polarización que puede provocar que se quiera atentar de nuevo contra unas elecciones libres y justas no auspician nada bueno. Pero aun en el caso de que el proceso electoral se desarrolle sin mayores complicaciones, la permanencia en el cargo será igual de difícil. La polarización no se va a diluir después de los comicios y, frente al desbalance fiscal y comercial, es probable que se tenga que emprender un ajuste cuyas consecuencias desestabilizadoras se amplíen, como suele pasar a lo largo de la historia boliviana.
Un país que no contaba con los mismos desafíos económicos pero que igualmente corrió días de tremenda convulsión fue Chile. EIU lo atribuye a las frustraciones de las clases medias por el estancamiento en su nivel de vida, altos niveles de inequidad, el desigual acceso a servicios públicos como la educación y la noción de que se está frente a un sistema político que es indiferente frente a sus reclamos. Las medidas de Piñera tendientes a aumentar el gasto social y a impulsar una reforma constitucional pueden ayudar a alivianar las causas de las protestas, pero es probable que por lo menos en los próximos meses continúen los desafíos a la gobernabilidad.
En las otras dos grandes economías del Cono Sur, Brasil (3,9) y Argentina (3,1), las aguas parecen más calmadas. En el primer caso, con un promedio considerablemente alto, esas frustraciones ya fueron canalizadas con la selección de un antiestablishment como Jair Bolsonaro y al parecer la población todavía le es complaciente. Por el lado de Argentina es fascinante ver cómo la deplorable situación económica sumada a la corrupción no generó otro estallido en la región. The Economist lo ve en el hecho de que, mientras una mitad de la ciudadanía estaba a favor de las políticas de la anterior administración en aras de una supuesta normalización de la economía, la otra simplemente estaba esperando a las elecciones de octubre para cambiar de gobierno. Mirando hacia adelante, el gobierno de Alberto Fernández tiene la ventaja de los estrechos lazos que el peronismo cuenta con los sindicatos, pero tal vez le puedan jugar una mala pasada las altas expectativas con las que llega al poder.
Venezuela no forma parte del índice y la razón es la dificultad para obtener datos fehacientes. No obstante, EIU no deja de compartir unas perspectivas que no son alentadoras. El régimen de Nicolás Maduro, apoyado por las fuerzas armadas, no muestra señales de fractura y entre la población se observa un desgaste, el que sumado a la emigración hace difícil que sucedan grandes manifestaciones. Puede que los cortes de agua y electricidad junto con la mayor intensidad política que se va a vivir en la antesala de las elecciones de la Asamblea Nacional sean potenciales amenazas para Maduro, pero lo más probable al día de hoy es que cualquier revuelo sea contenido por el aparato represivo.
A principios de este año que se acaba, nadie se hubiese imaginado que íbamos a estar bajo este panorama, en una región que hacía gala de su estabilidad y contaba con altas expectativas con la situación venezolana. Ahora el escenario es diferente, pero se tiene que reconocer que detrás de las masivas manifestaciones que tantos desequilibrios pueden traer hay genuinas causas de una población que simplemente quiere vivir mejor y que en muchos casos solo recibe una excesiva represión del Estado.
Artículo publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 13 de diciembre de 2019.
Plataforma para el diálogo democrático entre los influenciadores políticos sobre América Latina. Ventana de difusión de la Fundación Konrad Adenauer en América Latina.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
La crisis ambiental brasileña de 2019 generó, en este inicio de 2020, la creación del Consejo de Amazonia, institución anunciada por el presidente brasileño Jair Bolsonaro este mes de enero y que será coordinada por el vicepresidente Hamilton Mourão.
El órgano aún no tiene fecha para el inicio de actividades, pero sus cometidos serán «coordinar acciones para la protección, defensa y desarrollo sustentable de Amazonia», enumeró el mandatario, que incluso agregó que la iniciativa «no traerá costos» al Estado nacional.
Pero las administraciones locales no esperaron al proyecto federal y se están moviendo en nivel regional para tratar de garantizar recursos extranjeros que les permitan articular estrategias de forma independiente.
Durante la COP25, la Conferencia del Clima de la Organización de las Naciones Unidas, en diciembre en Madrid, se oficializaron conversaciones entre el gobierno francés y representantes de los nueve estados brasileños que constituyen la llamada Amazonia Legal (Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins y Maranhão).
La idea es que estos estados puedan recibir directamente recursos para continuidad de proyectos de preservación en escala regional y, según afirma el líder del grupo de gobernadores amazónicos, Waldez Góes (gobernador de Amapá), la intención es ampliar la red de colaboraciones con otros países europeos. El colectivo también mantuvo reuniones con representantes de Alemania y Noruega, donantes del Fondo Amazonia, bloqueado desde mayo del año pasado por cuenta de las polémicas y los resultados negativos relacionados con la gestión ambiental de la administración Bolsonaro.
Creado hace diez años, el Fondo Amazonia es el principal proyecto de cooperación internacional para preservación de la Amazonia y tiene en la deforestación su principal indicador de éxito o fracaso. Noruega aporta 93,3 % de los recursos del fondo, Alemania otro 6,2 % y Brasil, 0,5 %.
En 2019, las quemas, la deforestación y los incendios en la Amazonia brasileña registraron sus peores índices en la década. La situación llevó a una alarma internacional sobre la política ambiental del país y a una confrontación verbal entre el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, y su homólogo francés, Emmanuel Macron. También generó comentarios irónicos de Bolsonaro dirigidos a la canciller alemana Angela Merkel: «Allá (en Alemania) se necesita más (reforestación) que acá», dijo sobre el bloqueo de los fondos por parte de los europeos.
A fin de año, el mandatario brasileño entró en ruta de colisión con el actor hollywoodense Leonardo DiCaprio, al vincularlo con los incendios en la región, y con la activista sueca Greta Thunberg, a quien tildó de mocosa, después de que la adolescente comentó que líderes indígenas estaban siendo asesinados en Brasil por oponerse a la explotación ilegal de madera en la Amazonia.
REDD + Pioneros Amazonas
Además de la iniciativa colectiva del grupo amazónico de gobernadores, el mandatario del estado de Amazonas, Wilson Lima, mantiene conversaciones con el gobierno alemán sobre un proyecto que cuenta con autorización del gobierno federal brasileño. Se trata del programa REDD+ Pioneros Amazonas, que tiene por objetivo garantizar compensaciones financieras al estado de Amazonas por el hecho de conservar su foresta.
La terminología REDD+ refiere a iniciativas para la reducción de emisiones que se originan de la deforestación y la degradación forestal, además de acciones para la conservación forestal y su manejo sustentable.
El programa REDD+ (en inglés, REDD for Early Movers – REM) es alemán, fue creado en 2011 y ya existe en otros lugares de Brasil (los estados de Acre y Mato Grosso) y del mundo (Colombia y Ecuador). En algunas regiones, los recursos también provienen de Noruega y Reino Unido.
Por medio del proyecto, el estado de Amazonas tiene autorización para obtener recursos directamente de Alemania. Pioneros Amazonas fue presentado al Ministerio de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania, y el objetivo es captar 10 millones de euros. En la agenda de Wilson Lima también está la presentación del programa a representantes de Noruega y Reino Unido.
«Olvidarse de Amazonia hasta la próxima crisis no da»
A pesar de las distintas acciones, Waldez Góes, representante del Consorcio Interestadual de Amazonia Legal, viene diciendo en entrevistas en Brasil que el objetivo principal de grupo sigue siendo el restablecimiento del Fondo Amazonia. «En este momento hay recursos del fondo que financian distintos proyectos en varios estados amazónicos. Esa relación está construida, se construyó hace una década, entonces es importante que nosotros salvemos estos recursos y, obviamente, esta relación con los países comprometidos con esta causa», dijo al canal GloboNews.
Góes también afirmó que los gobernadores enviaron una carta al gobierno brasileño en la que piden la reconstitución completa del fondo. «Necesitamos pactar una central de monitoreo permanente. Porque salir de la crisis, disminuir las quemas y olvidarse de la Amazonia hasta la próxima crisis no da».
Periodista. Brasileña, residente en Montevideo, Uruguay. Corresponsal de «Folha de Sao Paulo», BBC Brasil y otros medios. En Uruguay, columnista del programa radial «No toquen nada» (Emisora Del Sol y El Espectador) y Portal 180. Edita el blog «Preta, Preto, Pretinhos». Editora de la revista «Construcción»
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Hablar sobre la moral es complejo, tanto en el nivel del comportamiento humano como en el ámbito de las relaciones internacionales. Las normas morales aplican sanciones sociales, mientras que las normas legales tienen sanciones jurídicas; llegar a un común acuerdo, sobre todo en las primeras, es un reto, porque existe un componente subjetivo. Por ello, varios prefieren hablar de amoralidad. Una situación que podría enmarcarse en este dilema es la de los sueldos vitalicios de expresidentes en América Latina.
Si bien este tema no es nuevo, en momentos de conmoción en la región salió a luz del debate en varios países, entre ellos Ecuador y Chile. Es necesario tener un panorama regional al respecto. Un artículo de CNN en Español (2018) señala que, después de Estados Unidos, Chile es el segundo país en América que más paga a sus expresidentes, aproximadamente USD 13.000 mensuales. Ecuador, Perú, Colombia, Bolivia y Argentina también establecen un estipendio vitalicio para sus ex primeros mandatarios. El Congreso de México aprobó una ley, que entró en vigencia el 1 de enero de 2019, que suspende la pensión vitalicia para expresidentes y otros beneficios como el seguro médico de por vida. En Brasil no existe un sueldo, pero sí se provee a los ex jefes de Estado de un equipo de seguridad; a fin de cuentas, un expresidente es una figura pública y eso puede implicar ciertos riesgos. En cambio, Panamá, El Salvador y Uruguay no entregan pensión vitalicia a sus exmandatarios.
Ahora bien, siempre hay que hilar más fino y tal vez considerar algunos casos puntuales de la región. Por ejemplo, Argentina, donde la expresidenta Cristina Fernández recibe un sueldo por haber ocupado el cargo de jefa de Estado y, además, recibe el de su fallecido esposo, según la Agencia Télam. Sería importante estar pendientes del marco jurídico en relación con los servidores públicos y ver si recibiría un tercer sueldo una vez que sea posesionada como vicepresidenta, luego de resultar electa el pasado octubre.
Por otro lado, en Ecuador este debate tomó fuerza a partir de los 12 días de protestas suscitados en octubre, dado que colectivos y también movimientos indígenas pidieron la eliminación de esta provisión. Actualmente, en la Comisión de Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social de la Asamblea Nacional, con opiniones divididas de los legisladores, se trata el proyecto de reforma de los artículos 135 y 136 de la Ley Orgánica de Servicio Público (LOSEP) sobre las pensiones vitalicias. [1]
La situación ecuatoriana es bastante pintoresca al respecto, pues 27 personas reciben este sueldo entre expresidentes, exvicepresidentes y otros familiares de exmandatarios vivos, aun cuando el artículo 136 establece que solo por fallecimiento pueden ser acreedores de este beneficio el cónyuge o, a falta de este, los hijos menores de edad o mayores que tengan una discapacidad severa. No obstante, hasta el momento, es recibido por: expresidentes interinos; los hijos mayores de edad del fallecido expresidente Jaime Roldós; la esposa del expresidente Abdalá Bucaram, quien fue prófugo de la justicia por 20 años; la hermana del expresidente Rafael Correa, que tiene orden de captura; el exvicepresidente Jorge Glas, quien está en la cárcel por asociación ilícita; entre otros casos particulares. Por su parte, el primer mandatario Lenin Moreno anunció el 20 de noviembre de 2019 su renuncia al salario vitalicio que recibe, adicional a su sueldo de presidente, por haber sido vicepresidente en los dos primeros mandatos de Correa.
Todo esto ocurre en un país donde el salario básico unificado es de USD 394, los desembolsos mensuales por concepto de sueldos vitalicios son de USD93.000 aproximadamente (USD 1,1 millones anuales) y donde la Ley de Seguridad Social estipula que un ciudadano común afiliado recibirá su jubilación ordinaria de vejez al haber cumplido 60 años de edad y un mínimo de 360 imposiciones mensuales (equivalente a 30 años de servicio), [2] frente a alguien que por una situación política circunstancial llegó a ocupar el más alto cargo público en Ecuador por un periodo de cuatro años (con la posibilidad de una única reelección según la Constitución ecuatoriana) y obtendrá una retribución económica de por vida luego de ello.
Quizá para muchos el rubro destinado a sueldos vitalicios no sea considerable dentro del presupuesto del Estado y claramente no solucionará los problemas económicos del país, pero resulta inconcebible que lo perciban expresidentes que no concluyeron sus mandatos, algunos que enfrentan procesos judiciales y otros casos en que lo reciben sus familiares, fuera de lo contemplado en la ley. Basta imaginar si solo pudieran ser acreedores a este beneficio económico aquellos que culminen una gestión exitosa, la historia sería diferente. En fin, si no se elimina, debería al menos plantearse que lo reciban aquellos electos democráticamente, que concluyan su periodo y, ciertamente, que no enfrenten procesos judiciales y menos que sean resultado de delitos mientras estaban en el cargo. Ahí es donde el debate va más allá de lo legal, y la ética y la moral parecerían ausentes.
Notas:
[1] Art. 135 de la LOSEP.De los beneficiarios y las pensiones. Se fija una pensión vitalicia mensual equivalente al 75 % de la remuneración vigente, a favor de las y los señores ex Presidentes y Vicepresidentes Constitucionales de la República, que sean elegidos constitucionalmente por votación popular y se hayan posesionado en el cargo, se exceptúan los mandatarios a quienes se les revoque el mandato.
El Vicepresidente de la República que, en cumplimiento de la Constitución, deba asumir las funciones del Presidente de la República y que concluya el período para el cual fueron electos, tendrá derecho a la pensión establecida en este título, correspondiente a la del Presidente de la República.
Art. 136 de la LOSEP.Beneficios a herederos. El mismo derecho se reconocerá a favor del cónyuge o conviviente en unión de hecho legalmente reconocido de los beneficiarios señalados en el artículo anterior, en caso de fallecimiento. A falta del cónyuge o conviviente, se harán acreedores a tal beneficio, los hijos menores de edad o mayores de edad con discapacidades severas, calificadas por la entidad correspondiente.
[2] Art. 185 de la Ley de Seguridad Social.Jubilación Ordinaria de Vejez. Se acreditará derecho vitalicio a jubilación ordinaria de vejez cuando el afiliado haya cumplido sesenta (60) años de edad y un mínimo de trescientos sesenta (360) imposiciones mensuales o un mínimo de cuatrocientos ochenta (480) imposiciones mensuales sin límite de edad.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
¿Quién estaría dispuesto a ser congresista por un salario simbólico o apenas una pequeña fracción del actual?
Estarchihuán —como referencia a pasar por aprietos económicos— es una expresión que se popularizó a partir de un desatinado comentario de la excongresista Leyla Chihuán. Ella señaló que su salario de parlamentaria no era suficiente para costear su ritmo de vida. Con poca empatía, congresistas de distintos partidos han repetido —de una forma u otra— la queja de Chihuán. El resultado es una comprensible indignación popular que compara los salarios promedio o el salario mínimo con el sueldo de congresista.
Con la elección congresal a pocos días, no han faltado quienes han sugerido reducir significativamente la remuneración de los parlamentarios, o incluso que hagan su trabajo ad honorem. En vista de que el artículo 92 de la Constitución prohíbe a los congresistas «desempeñar cualquier cargo o ejercer cualquier profesión u oficio durante las horas de funcionamiento del Congreso», y ejercer cualquier otra función pública (excepto la de ministro), la pregunta obvia es, ¿quién estaría dispuesto a ser congresista por un salario simbólico o apenas una pequeña fracción del actual?
Son cuatro los tipos de persona que aceptarían un encargo así. Los primeros: aquellos que son suficientemente solventes —dadas sus rentas, utilidades, alquileres, etc.— para mantener su nivel de gasto sin generar ingresos por trabajo. Algunas personas mayores, ya sin carga familiar, que hayan podido acumular patrimonio durante su vida laboral entrarían en esta categoría acomodada, pero un Congreso formado exclusivamente por gente que no necesita trabajar para vivir holgadamente sería poco representativo.
Los segundos: quienes consideran que un bajo salario, (casi) garantizado por los cinco años que dura el período parlamentario, es su mejor alternativa económica. En otras palabras, personas con pocas opciones lucrativas en el sector privado. Es justo preguntarse cuál sería el nivel de las competencias que alguien con esas características laborales podría aportar al funcionamiento de algo tan complejo como el Congreso.
En tercer lugar están los infaltables: quienes entienden la función pública como un botín. Para los corruptos de turno es irrelevante el salario oficial; ellos «trabajarían» gratis, pues sacarían la tajada grande de la negociación turbia con obras públicas y lobbies malsanos. Estos son los últimos personajes que quisiéramos atraer al Congreso.
Finalmente, están los profesionales trabajadores, capacitados y honestos que —sin ser millonarios— podrían quizá sacrificar sus actividades privadas, ajustar gastos como puedan y vivir principalmente de los ingresos de su pareja, familia o alguna fuente similar. ¿Cuántos de verdad estarían dispuestos a hacerlo en un acto de desprendimiento? A los funcionarios públicos debemos exigirles honestidad, competencia y espíritu de servicio, pero no son héroes ni mártires. Parte de su remuneración puede ser emocional, pero eso no paga la luz y el mercado.
Más aún, al prohibir torpemente la reelección congresal, se eliminó la posibilidad de que algunos profesionales valiosos con interés en hacer vida partidaria opten por la carrera política. En la legislación actual, se pide que alguien renuncie a su actividad privada, se embarque en una aventura de cinco años y luego vea cómo reinsertarse al mercado laboral. Esa es una incertidumbre demasiado grande para muchos, sobre todo para quienes deben mantener una familia con su trabajo. Si a esto se le suma el desprestigio que inunda hoy el Congreso, lo que se obtiene es un círculo vicioso en el que cada vez menos de estos profesionales se animan a participar de partidos o lanzar una campaña. El resultado es un peor Congreso que el anterior, y la espiral de deterioro continúa.
Las remuneraciones de los funcionarios públicos siempre serán materia sensible, pero eso no significa que se pueda tratar con irresponsabilidad. Cuando en el 2006 se redujeron los sueldos en el Poder Ejecutivo en un arranque populista, se produjo una salida de profesionales de la que hasta ahora el sector público no se recupera del todo. Lo último que necesitamos ahora es demagogia que debilite aún más otro poder del Estado.
Publicado en El Comercio, de Lima, Perú, el 16/01/2020.
Bachiller en Economía por la Universidad del Pacífico y magíster en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago. Es gerente general del Instituto Peruano de Economía, desde 2016, y columnista del diario «El Comercio». Comisionado de la Comisión para el Desarrollo Minero Sostenible de la Presidencia del Consejo de Ministros. Ha sido profesor de Economía en la Universidad del Pacífico y en UTEC
La excanciller alemana Angela Merkel marcó el mundo tal y como lo conocemos. En una biografía audaz y creativa, la autora provee una rápida y profunda introducción a la vida de la gran estadista.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Sobre Angela Merkel se ha escrito mucho. La excanciller alemana (2005-2021) ha sido una de las figuras políticas más importantes en lo que va del siglo XXI. Sin embargo, no abundan biografías y literatura en español sobre su paso por el gobierno de Alemania, la principal economía europea. En ese vacío de textos que ayuden a comprender un personaje estelar, cuya influencia marcó el mundo tal y como lo conocemos, el libro Angela Merkel: crónica de una era, de la periodista española Ana Carbajosa nos trae un aporte valioso.
Al grano
La biografía es audaz, creativa, se lee rápido y provee una batería de datos relevantes tanto para el que se está desayunando con la política alemana como para quienes han venido siguiendo el pulso durante los dieciséis años de Merkel en el poder.
Carbajosa tiene la virtud de ser periodista y abogada, lo que se evidencia en una escritura estructurada que privilegia las frases cortas y la síntesis. Además, ha sido corresponsal internacional en una diversidad de países. Ella va al grano. La obra se lee rápido, lo que se agradece en tiempos de tantas publicaciones necesarias sobre el cada vez más amplio universo temático de la humanidad. Habla sobre «una política distinta» de su biografiada:
Merkel ni siquiera tiene cuenta de Twitter. En tiempos de Tik Tok, de frases cortas, de la incansable competencia por la enésima ocurrencia en la red y de líderes efervescentes y mercuriales, la sobriedad merkeliana se ha convertido en un activo muy potente. Sus intervenciones son predecibles y aburridas. Merkel no da titulares. Pero cada frase tiene su porqué. Ese estilo, que en principio podría suponer una debilidad, se convirtió en una formidable fortaleza, especialmente durante la pandemia, cuando el mundo descubrió que tenía sed de una líder como ella. (p. 244)
Un rasgo esencial para comprender el legado de Merkel es su praxis política asociada al cambio de opinión en momentos claves. La autora se pregunta «¿Flexibilidad? ¿Oportunismo? ¿Adaptación a los tiempos?» (p. 15). Son estas las interrogantes que la impulsan a descifrar el desempeño de la canciller.
Merkel es la líder que ha sabido leer a los alemanes como pocos. Esa manera de gobernar, pragmática y ausente de dogmas, con los cinco sentidos puestos en las encuestas de opinión y el sentir ciudadano, es precisamente lo que muchos le reprochan. La acusan de ir a remolque de la opinión pública, en lugar de abanderar los principios y las ideas estratégicas que deberían guiar al país. (p. 64)
La ex canciller Merkel. Foto: Tobias Schwarz / AFP. The Guardian
Cualidades de la canciller
¿Cuál ha sido el método Merkel? ¿Cómo se implementa con éxito ese triunfo de la razón sobre la pasión en la que habitualmente está sumergida la política? Para examinar en detalle las cualidades de la excanciller, Carbajosa cita la opinión de Wolfgang Schäuble, colega de Angela Merkel en la CDU y quien fuera su ministro de Finanzas (2009-2017), y luego presidente del Bundestag (2017-2021).
La canciller federal tiene una inusual capacidad para almacenar todos los hechos y las informaciones. Es extraordinariamente inteligente, tiene una increíble fuerza intelectual, también física y psíquica. Sin olvidar que tiene una paciencia interminable. Ella jamás abandona la mesa de negociaciones. (pp. 127-128)
En la búsqueda de una mirada amplia sobre la figura de Merkel, la escritora suma una variedad de opiniones. Entre ellas la de Javier Solana, ex secretario general de la OTAN (1995-1999), una organización que con la invasión de Rusia a Ucrania ha cobrado más protagonismo que nunca. Solana —que, al igual que Merkel, es físico de profesión— explicó la síntesis de la orientación política que percibió en la líder:
Ella cree en la Unión Europea. Es una democristiana muy social, le preocupa el bienestar social, es una democristiana clásica a lo [Ruud] Lubbers. Es muy muy austera en todo. En el vivir, en la palabra. Quiere hacer cosas por la sociedad. Es más social que algún socialdemócrata. (p. 217)
Venerar el silencio es una facultad de la que Angela Merkel se ha declarado fan. La autora refiere una exposición hecha en 2013 por su biografiada:
«El silencio es una rareza en nuestra sociedad. Pensar mientras hablas no es tan fácil. Antes de empezar a hablar es necesaria una fase de silencio. El silencio es necesario para después hablar con inteligencia». (p. 136)
El libro está organizado en una introducción y nueve capítulos. Comienza reseñando los orígenes de la familia y la vida de Merkel en la República Democrática de Alemania bajo la órbita de la Unión Soviética y el restrictivo orden de entonces. Narra su inicio en la actividad política, el ingreso a la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y el ascenso hasta ocupar el cargo más importante de su país.
Mención especial tienen la descripción panorámica del método Merkel, la opinión de la líder sobre el resurgimiento de la extrema derecha en Alemania y el feminismo. La gravedad histórica hizo que Angela Merkel terminara su mandato justo cuando el mundo atravesaba por su mayor prueba de fuego, gestionar la crisis que produjo la pandemia del coronavirus. La actualidad del libro permite mirar los primeros pasos de su gobierno ante un desafío que hizo tambalear a la humanidad.
Ficha técnica
Angela Merkel. Crónica de una era Ana Carbajosa Ediciones Península Septiembre, 2021 320 páginas ISBN: 978-8411000062 Disponible aquí
Doctor en ciencia política, magíster en estudios políticos y periodista. Profesor de la Universidad Católica del Uruguay y de la Universidad de Las Américas de Ecuador. Coordinador de proyectos en la Fundación Konrad Adenauer en Uruguay, y editor de Diálogo Político.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Que haya mejores días, ese es el deseo de toda Bolivia. De a poco, el país empieza a reordenarse tras la terrible crisis social y política que explotó con las elecciones presidenciales. Acusaciones de fraude electoral, protestas, enfrentamientos y dolor se vivieron este último tiempo. Importantes retos tienen por delante el Gobierno —el de transición y el que será electo— y la sociedad en su conjunto.
Manipulación dolosa de los resultados electorales, 36 fallecidos y más de 800 heridos son datos que reflejan lo suscitado en Bolivia. Sin lugar a duda, la democracia y la sociedad boliviana vivieron las horas más oscuras de su historia contemporánea. Quienes siguen el caso con algo de objetividad e información son conscientes de que la institucionalidad democrática estuvo en una situación extrema, en la que peligró su propia existencia. Un desmesurado intento por mantenerse en el poder llevó a la democracia boliviana al borde del abismo y agravó históricas, pero latentes, tensiones raciales.
Un proceso electoral viciado por generalizadas transgresiones puso en peligro la condición democrática de Bolivia. Sin embargo, las consecuencias estaban en un segundo plano, una nueva gestión parecía ser el único objetivo. Fue así que el otrora Tribunal Electoral oficializaba resultados, pese a las graves acusaciones de irregularidades y a la auditoría de la OEA que todavía se encontraba en proceso. Tampoco parecía importar el riesgo de generar un enfrentamiento; por eso, el pasado Gobierno acusaba a las primeras movilizaciones poselectorales de querer atentar contra el voto indígena y rural, y provocaba una peligrosa desconfianza de un grupo respecto al otro.
La caída de la democracia fue resistida. Se subestimó la respuesta que daría la sociedad. Hoy existe una relativa estabilidad y calma, pero las nuevas elecciones presidenciales serán un complicado desafío para el sistema democrático y para la actual tranquilidad. Más que nunca, Bolivia necesita de un proceso electoral que conecte a todos y marque un después.
Los trágicos episodios de octubre y noviembre, con dolorosos enfrentamientos, pusieron a la luz las grietas existentes en la sociedad. Es claro que Bolivia no ha superado sus históricas tensiones raciales. Por un tiempo, la sola presencia de Morales ayudó, de alguna manera; su imagen impulsó la integración de grupos históricamente relegados. Sin embargo, durante esos 14 años de gobierno, también se utilizó peligrosamente un discurso que se preocupó por mantener latentes esos sentimientos y la percepción de discriminación hacia los grupos indígenas.Se instrumentalizaron rencores y malestares sociales para así afianzar un indiscutible apoyo electoral y, a la vez, disminuir cualquier crítica contra la gestión, particularmente hacia esa forzada intención de ser reelegido indefinidamente.
Una fuente de separación, un constante desacuerdo y desunión; sin duda, la compleja situación en la que fue puesta Bolivia se debe a esa amarga concepción de la vida política. Los avances de un lado se dan a expensas del otro; esa es la noción que ha pesado todo este tiempo. Es cierto, el juego político se basa en contradicciones y divergencias, pero también consiste en la capacidad de generar diálogo y confianza entre los diferentes grupos de la sociedad.
Para superar los actuales desafíos, Bolivia necesitara de un renovado enfoque. Una visión diferente de la política, que se base en un respeto profundo hacia los distintos miembros de la comunidad y a las instituciones democráticas. Una política que promueva un espacio en el que todos se sientan protegidos y respetados, una política como instrumento de integración y con miras al bien común.
«Cuando miras a la cara a la persona que tienes al lado y puedes ver que esa persona es tu hermano o tu hermana, entonces la noche ha terminado por fin y el día ha empezado» [1]
Será un complicado recorrido, pero las crisis liberan fuerzas inesperadas. Habrá que actuar con esperanza aplicada, como afirma Thomas Friedman. Es decir, con una confianza total de que todo saldrá bien, siempre y cuando se trabaje con pasos y actitudes concretas.
[1] Thomas L. Friedman. (2018). Gracias por llegar tarde. Nueva York: Farrar, Straus and Giroux.
Licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Boliviana, con mención en Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
La crisis económica y política es en el fondo una crisis ética, una crisis de la confianza y de los valores fundamentales de la convivencia social, del modo de comprender la igualdad y la libertad.
Más que a una crisis política y de las instituciones, asistimos a una gran crisis cultural y de sentido, a una grave crisis de valores en medio de una profunda desorientación existencial a nivel individual y colectivo, pero sumergidos en una espiral de consumo y superficialidad que distrae. Es cierto que hay muchas personas indignadas por inequidades económicas, por la corrupción política, por la impotencia ante las graves injusticias, de las que pocos se quejan o, a lo sumo, las asumen con resignación; y es cierto también que grupos extremistas aprovechan la indignación social y las crisis de diversos países para desestabilizar las instituciones, creando una espiral de violencia sin fin. Pero quedarse en una lectura económica o política es ver la punta de un iceberg y repetir análisis reduccionistas que solo se enfocan en una supuesta crispación colectiva en varias ciudades por la desigualdad social.
No niego la complejidad de estos asuntos a nivel político y socioeconómico, ni las interpretaciones que ponen bajo sospecha la extraña simultaneidad de estos fenómenos en varios países. Pero creo que si se mira en profundidad se pueden encontrar razones más complejas y hondas que tienen más que ver con una profunda crisis moral de los países occidentales, con una gran desorientación existencial. Como todos los cambios de época, las grandes crisis culturales generan una gran angustia individual e inestabilidad social. No es algo nuevo en la historia de la humanidad, aunque nuevas sean sus manifestaciones.
No hay progreso sin ética
A menudo se asocia la defensa de los valores, de la ética pública, con un discurso conservador o retrógrado, porque hablar de exigencias, deberes y obligaciones de los ciudadanos es escuchado con molestia, porque a todos les gusta que les reconozcan sus derechos, pero no que les recuerden sus deberes. Normalmente los populismos demagógicos manipulan a las masas hablando solo de derechos, pero nunca de deberes. Aunque están también los fundamentalistas que manipulan prometiendo más control y seguridad, como si los grandes dramas humanos pudieran solucionarse a fuerza de imposición legal.
Nuestros dramas no son solamente socioeconómicos, sino antropológicos y éticos. Porque tenemos graves dificultades para el diálogo con los que piensan distinto, para pensar lógicamente y con cierta profundidad. La desgracia mayor de finales del siglo XX y comienzos del XXI es una profunda soledad y un indescriptible vacío existencial que asola a millones de personas y se tapa con un círculo de consumo y diversión. Hay un empobrecimiento ético, donde cada uno exige el derecho de crear su moral y de imponerla a los demás, sin importar lo que le sucede al otro. Muchos problemas en la educación y en la seguridad pública no se solucionan con más dinero ni con mejor gestión, aunque eso ayude bastante, sino con ideas y valores, con acuerdos que hagan posible la convivencia. Como en toda época de crisis, es difícil dar soluciones a corto plazo, pero un gran paso es ver el problema o por lo menos algunas de sus caras y no creer que es solamente una cuestión de falta de eficiencia de las instituciones.
El progreso científico, técnico y económico no necesariamente va de la mano con el progreso ético. El verdadero progreso solo puede ser integral si desarrolla la totalidad de la persona, no solo una dimensión. Y sin ética no hay futuro posible, no hay convivencia ni mundo posible. Las instituciones democráticas funcionan porque hay un fundamento moral de la vida democrática que compartimos. Sin esos valores las leyes no pueden hacer a las personas más buenas, honestas y respetuosas de los demás. Hay un gran olvido con respecto a los derechos humanos, cuando no se distingue lo ético de lo jurídico.
La dimensión ética empieza cuando entra en escena el otro, los demás, cuando nos damos cuenta de que no estamos solos en el mundo y de que hay otros seres humanos que también tienen derechos, anhelos, y que merecen respeto y justicia.
No hay crecimiento sin raíces
Por otra parte, un mundo que sospecha de las tradiciones y las desecha sistemáticamente es un árbol que corta sus raíces y al primer temporal caerá. Un pueblo sin memoria es el más manipulable. Si bien muchas cosas del pasado deben ser criticadas, cuestionadas, purificadas y renovadas, es un error descartarlo todo simplemente porque es tradicional o antiguo. El fatídico error de abandonar los aprendizajes de la humanidad y la riqueza de la sabiduría de siglos nos puede llevar a vivir pensando que cada día inventamos la humanidad. Fascinados con la innovación olvidamos que no hay originalidad sin conocimiento del pasado. Ninguna generación nace sabiendo todo y es preciso que aprenda de la generación anterior los valores necesarios para que la civilización se mantenga viva. Vivir de la tradición no es ser tradicionalista ni retrógrado, sino beber de las fuentes de una sabiduría acumulada y transmitida de generación en generación, para poder avanzar hacia lo nuevo.
Uno de los fenómenos en el que poco se repara es el nuevo individualismo narcisista, sin tradición ni referencias de sentido ético, que sale a la calle y a las redes solo a manifestar sus frustraciones y su decepción porque la realidad no se ajusta a su subjetividad. ¿En qué consiste este nuevo modo de pararse ante la vida y ante la sociedad?
El nuevo individualismo autorreferencial
Ya no hay tantos controles externos ni tradiciones ni reglas sociales que impongan el deber pero, al mismo tiempo, hay miedo de todo y de todos, especialmente de tomar decisiones, de equivocarse, de fallar, de no ser felices y perfectos. A los hipermodernos —como los describe Lipovetsky— no hay quién les diga lo que es verdad, lo que es bueno, lo que deben hacer y, aunque quieren ser libres, tampoco tienen idea de cómo dar un paso ni hacia dónde.
Son tiempos de una gran desorientación, de un creciente relativismo moral que a su vez ha traído el surgimiento de fundamentalismos y fanatismos que idealizan un pasado irreal, condenan el presente y no pueden dialogar con el que piensa distinto. El filósofo francés encuentra paradójico que el narcisista posmoderno predica la autenticidad y la transparencia mientras vive en la incoherencia sin culpa, es gestor de su propio tiempo pero vive quemado y agotado, es adaptable a los cambios pero vive crispado por todo lo que no le gusta, especialmente cuando tiene que renunciar a sus caprichos o ventajas adquiridas. Está cada vez más informado pero poco formado, más abierto a la diversidad de opiniones pero es más influenciable, menos crítico y superficial, más escéptico y menos profundo. Confunde los deseos personales y caprichos con sus derechos y, a su vez, cree que los derechos son para uno mismo, no para los demás. Parecería que solo existen derechos, pero no deberes.
Las grandes estructuras socializadoras perdieron autoridad y el individuo queda a la intemperie, ya que la liquidación de las costumbres y el olvido de las tradiciones culturales ha desarticulado el mundo de la familia y ha complejizado las relaciones. Muchos hoy tienen que pedir cursos de coaching o asesoramiento psicológico para aprender a escuchar, a respetar al otro, a expresarse sin agresividad, a poner límites, a decir lo que sienten, etc. Es como si los valores también hubiera que ir a comprarlos al hipermercado o aprenderlos en un seminario de marketing estratégico.
El gran desafío que tenemos por delante es sacudir las conciencias, promover el pensamiento crítico, recuperar la riqueza de nuestras tradiciones culturales, cuidar los valores fundamentales para la convivencia social y generar espacios donde se vuelvan visibles y ejemplares. Es una misión para toda la ciudadanía, no para una comisión de expertos.
Doctor en Filosofía. Magíster en Dirección de Comunicación. Profesor del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Adam Przeworski, el brillante politólogo polaco, escribió alguna vez que la «democracia es el régimen en el que el partido de gobierno pierde la elección y entrega el poder». Esto es lo que está pasando en este mismo momento en Uruguay. En medio de una región turbulenta, ha vuelto a procesar una alternancia política nada trivial, de modo absolutamente pacífico.
El Frente Amplio gobernó quince años con mayoría parlamentaria. En las elecciones de este año volvió a ser el partido más votado pero su candidato a la presidencia, Daniel Martínez, fue derrotado en el balotaje por Luis Lacalle Pou, que articuló una coalición opositora. Una vez confirmado por las autoridades electorales el ajustado resultado final, el Frente Amplio admitió la derrota y reconoció al gobierno electo. La imagen del presidente saliente, Tabaré Vázquez, y del entrante, Lacalle Pou, ingresando juntos a la ceremonia de toma de mando de Alberto Fernández, nuevo mandatario argentino, recorrió el mundo poniendo de manifiesto lo que los índices de desarrollo democrático demuestran de modo sistemático: la democracia uruguaya goza de buena salud. Uruguay sigue teniendo buenas instituciones, buenos actores y buenas prácticas democráticas.
Sin perjuicio de lo anterior, cuando acercamos el lente, aparecen algunos problemas importantes, tanto en el plano del diseño de las instituciones políticas como de la calidad de las políticas públicas. En primer lugar, la democracia uruguaya sigue exhibiendo un déficit crónico de presencia femenina en altos cargos políticos. Es cierto que, en 2019, por primera vez en la historia del país, la ciudadanía eligió a una mujer para la vicepresidencia (Beatriz Argimón). Sin embargo, sigue habiendo muy pocas mujeres en altos cargos políticos. En la elección parlamentaria fueron electas solamente ocho senadoras (26,6 % del total) y 19 diputadas (18,1 %). En el gabinete del próximo gobierno, que acaba de ser anunciado por Luis Lacalle Pou, habrá solamente dos mujeres (una de ellas, Azucena Arbeleche, tendrá a su cargo el delicadísimo Ministerio de Economía y Finanzas). Las mujeres tampoco tienen una presencia importante en los cargos de dirección de los partidos. Las mujeres hacen política en la base pero tienen poca influencia en la cúspide. Es evidente, en todo caso, que Uruguay está muy lejos del sueño de la paridad reclamado por las organizaciones feministas.
En segundo lugar, la calidad de la democracia a nivel local sigue siendo baja. A pesar de que Uruguay, como los demás países de la región, heredó de los tiempos coloniales la tradición de los cabildos (que constituían un germen potente de participación ciudadana), hubo que esperar a comienzos del siglo XXI, más precisamente, al final de la presidencia de Tabaré Vázquez (2009), para que finalmente se institucionalizara el tercer nivel de gobierno mediante la creación de municipios y alcaldías. Pero incluso el segundo nivel, el de los gobiernos de los diecinueve departamentos en los que se divide el país, exhibe problemas serios desde el punto de vista de la calidad de la democracia. Cada departamento es administrado por un intendente que cuenta, por disposición constitucional, con mayoría automática en la Junta Departamental (el Legislativo departamental). Existe, por tanto, una asimetría extraordinaria entre el poder del intendente departamental y el de la Junta Departamental. Esta asimetría se manifiesta en el plano de los recursos: mientras el intendente fija su propio sueldo y maneja libremente el presupuesto de la Intendencia, los integrantes de las juntas son honorarios. Los controles horizontales, por tanto, son muy débiles. El intendente tiene un margen de maniobra extraordinario. En definitiva, hay mucho terreno para avanzar: el tercer nivel de gobierno está todavía en pleno proceso de expansión y consolidación; el segundo nivel de gobierno está precisando una reingeniería ambiciosa orientada a potenciar los mecanismos horizontales de rendición de cuentas.
En tercer lugar, el puente entre investigación y gestión pública es más estrecho y débil que en los países más desarrollados. En las mejores democracias contemporáneas el conocimiento especializado juega un papel muy importante en las políticas públicas. La evidencia comparada sugiere que la forma específica que asume el vínculo entre investigación y políticas públicas puede cambiar de modo sensible entre países distintos. Las instituciones que generan información y propuestas sobre políticas públicas en Uruguay son, en términos comparados, débiles. La capacidad técnica de la administración pública es irregular, pero promedialmente baja. De todos modos, el Parlamento está en una situación todavía peor: no existen asesorías parlamentarias poderosas. Tampoco se ha conformado una red potente de usinas de ideas (think tanks) dentro de los partidos ni en la sociedad civil. La fragilidad del nexo entre instituciones especializadas en producción de conocimiento y estructuras del Estado deprime la calidad de las políticas públicas. Desde luego, no se trata de hacer el elogio de la tecnocracia. Uno de los secretos de la fortaleza de la democracia uruguaya es que ha resistido, desde los primeros tiempos, la tentación de rendirse a los pies de los expertos. Es necesario que la voz del ciudadano siga siendo más potente que la de los especialistas. Pero es preciso construir instituciones que permitan combinar mejor el saber del ciudadano con el del especialista.
El 1° de marzo asumirá un nuevo gobierno. La coalición multicolor enfrentará desafíos concretos muy relevantes en diversas políticas públicas. Deberá, por ejemplo, relanzar la economía mejorando el clima de negocios, abatir el déficit fiscal sin deprimir la inversión social, mejorar la sensación de seguridad ciudadana sin caer en la tentación del gatillo fácil, reformar la educación sin generar un choque frontal con las corporaciones docentes… Más allá de estos asuntos, urgentes y salientes, la democracia uruguaya tendrá que encontrar la forma de seguir incrementando la calidad de sus instituciones aumentando los niveles de participación política de las mujeres, mejorando la calidad de la democracia en el nivel local y perfeccionando la articulación entre investigación y decisión.
Doctor en Ciencia Política. Docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República, Uruguay
La crisis social en Chile y sus implicancias para América Latina
Malentender crisis como la que experimenta Chile arriesga el peligro de deslizarse intelectualmente primero y políticamente después al populismo. El […]
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Malentender crisis como la que experimenta Chile arriesga el peligro de deslizarse intelectualmente primero y políticamente después al populismo. El precio final es el sacrificio de la democracia.
¿Qué puede explicar que el país más próspero de la región de América Latina, el mismo que el más reciente Informe del PNUD considera con un nivel muy alto de desarrollo humano, que ocupa el puesto 42 del ranking, el primero de la región y el que hasta apenas ayer era considerado un oasis, el oasis que acogería la reunión de la APEC y la COP25, se convirtiera de pronto en algo parecido a un campo de batalla?
Responder esa pregunta importa no solo para elucidar la trama de la sociedad chilena, sino para prever lo que podría ocurrir a otros países de la región que experimenten un proceso similar.
Antes, sin embargo, de intentar responder esa pregunta puede ser útil describir, a grandes trazos, la trayectoria reciente de Chile.
El fenómeno más notable que Chile ha experimentado en las tres últimas décadas es el rápido, radical y extendido cambio en las condiciones materiales de la existencia de los chilenos y chilenas. Esta modernización —a la que cabe adjetivar de capitalista— queda de manifiesto con datos como los que siguen.
En 1989, el 49 % de los chilenos, según las mediciones de entonces, vivía bajo la línea de la pobreza y tenía un ingreso per cápita de menos de cuatro mil dólares. Y si la pobreza de entonces se hubiera medido con la metodología de hoy, los pobres habrían alcanzado más del 60 %. Hoy, en cambio, está por debajo del 9 % y la pobreza extrema bajo el 3 %. El ingreso per cápita, en tanto, ha aumentado a más de veinticuatro mil dólares. El consumo de aquellos bienes que la sociología llama estatutarios, es decir, aquellos que son símbolos de un estatus social determinado —como cierto tipo de autos y ropa—, se ha expandido masivamente. Hoy en Chile hay un millón de estudiantes universitarios; los provenientes de familias pertenecientes al 60 % más pobre estudian de forma gratuita en universidades públicas o privadas. El 90 % de las familias chilenas tienen acceso a internet y de estas el 87 % cuentan con una red 4G. Según el último reporte del PNUD, el 60 % de los chilenos pertenecen a grupos medios a los que se podría caracterizar, siguiendo una observación de Tocqueville, como poseídos por la pasión por el consumo.
La pregunta es por qué una sociedad que ha alcanzado estos logros lidia de forma tan conflictiva con su propia realidad. En mi opinión, la respuesta se encuentra en la literatura clásica.
En su obra de mediados del siglo XIX El antiguo régimen y la revolución, Alexis de Tocqueville afirmaba que la Revolución francesa había ocurrido en una época de bonanza. Ocurrió cuando los franceses, sugiere, mejor estaban. La paradoja de Tocqueville o la paradoja del bienestar —así podemos llamar a ese fenómeno— consistiría en lo que alguna vez observó el Dr. Johnson: las sociedades humanas progresan no de satisfacción en satisfacción, sino de deseo en deseo. Junto a las grandes transformaciones económicas y las mejoras en las condiciones materiales, ocurren cambios drásticos en los deseos y anhelos de las personas. En este sentido, las sociedades avanzan en fases de progreso, seguidas de otras de desilusión.
Pero, por supuesto, esa paradoja del bienestar no hace más que dibujar el fenómeno, pero no alcanza a delinear los factores que desatan una crisis como la que Chile experimenta. Esto último exige una mirada más fina que identifique los múltiples factores que concurren a configurarla.
Creo que es posible, sobre la base de lo que acabo de describir, identificar cinco factores que ofrezco a la discusión.
El primero es la ya mencionada paradoja del bienestar. Un ejemplo elocuente de esta —no es el único, desde luego— son los estudiantes chilenos, uno de los principales focos de descontento. Cerca del 70 % de los estudiantes provienen de familias que nunca pudieron acceder a la formación universitaria. ¿Qué explica entonces que, al haber accedido a lo que anhelaban, experimenten sin embargo una amarga desilusión? Lo que ocurre es que los certificados universitarios ya no proveen los bienes de prestigio y renta que proveían cuando ellos los miraban a la distancia y constituían un verdadero sucedáneo de título de nobleza. El título universitario —convertido ahora en un bien masivo— no les brindó el avance económico y social que esperaban. Este es el problema que los economistas llaman de los bienes posicionales. El valor de estos bienes no depende de sus características intrínsecas, sino de cuántas personas acceden a él. Las recompensas económicas de ciertas profesiones dependen de que el número de personas que las ejercen sea reducido. La masificación de la educación ha llevado a que pierda este tipo de valor, lo que ha generado un enorme malestar. La masificación del bienestar significa, entonces, aumentar enormemente el potencial de frustración en las masas. Este fenómeno no solo ocurre en América Latina (Raymond Aron y Pierre Bourdieu lo analizaron en Francia en la década de los sesenta). Lo sorprendente es que no se previera que este fenómeno ocurriría en nuestros países. En todo caso, la paradoja del bienestar —que será un problema en países en crecimiento como el Perú— es un primer factor para tener en consideración.
El bienestar —en esto consiste la paradoja— puede provocar frustración.
Un segundo factor es la desigualdad. Todas las sociedades, enseña la sociología, son desiguales. La estratificación social consiste en las diferencias en riqueza y prestigio aceptadas socialmente o, si se prefiere, socialmente legitimadas. No se trata, pues, de la desigualdad per se sino de cómo se la experimenta, cuán legítima o no se la percibe. Si la desigualdad en sí misma fuera el desencadenante sin más de las convulsiones como las que Chile vive hoy, ni América Latina, ni África o la India, tendrían un solo momento de tranquilidad. Y, sin embargo, a pesar de una desigualdad superior a la chilena, duermen, por decirlo así, sin sobresaltos violentos.
El problema al que cabe poner atención, entonces, a la hora de explicar el fenómeno de la violencia y la convulsión chilenas es la forma en que se ha legitimado la desigualdad y la estratificación.
En el caso de Chile, atendidas las características culturales de la modernización capitalista, esa legitimidad dependía de dos factores: la expansión del consumo y el bienestar, por un lado, y la meritocracia, por el otro. Ambas fuentes de legitimación han perdido fuerza. La relativa crisis económica ha hecho más lento y difícil el proceso de expansión del bienestar y del consumo. La fantasía del bienestar creciente se ha disipado y la herida de la desigualdad ha quedado sin restañar. Al mismo tiempo, Chile no ha conseguido, con la eficacia imprescindible, implementar la promesa meritocrática. Esta promesa —conforme a la cual cada uno recibirá tantos recursos y oportunidades como esfuerzos haga para obtenerlos— tiene a la educación como su estructura de plausibilidad, como la realidad que la hace creíble. Y la reforma educativa en Chile, como resulta hasta cierto punto inevitable, ha ido lenta. La meritocracia se ha revelado como una mentira noble, para usar los términos de un texto clásico.
Esto lleva a concluir que en materia de desigualdad hay dos problemas que considerar.
El primero es que la contradicción chilena no es entre una demanda de igualdad enfrente de una mera desigualdad. El conflicto hoy es entre desigualdades merecidas (en función del distinto grado de esfuerzo) y las inmerecidas (explicadas solo en función del privilegio). Las élites intelectuales de América Latina deben abandonar la primera formulación, puesto que el problema no es escoger entre igualdad y desigualdad, sino responder la pregunta de Amayrta Sen: «¿igualdad de qué, en qué?». Ya Tocqueville decía que las sociedades modernas buscan al mismo tiempo la igualdad y el consumo. La democracia es una pasión por la igualdad y el mercado desata una pasión por el consumo. Ambas pasiones son incompatibles a menos que se acepte que hay desigualdades merecidas (las que son producto del esfuerzo y el consumo) y otras inmerecidas (las que son fruto del privilegio y la herencia).
El segundo problema es que conforme aumenta el bienestar, conforme la sociedad se hace más rica y las condiciones materiales mejoran, inevitablemente la percepción de la desigualdad se hará más intensa. Es lo que muestran los informes de desarrollo humano: a mayor desarrollo humano en la región, mayor percepción de injusticia.
El tercer factor es la cuestión generacional. La generación nacida en los años noventa sufre de una anomia, de falta de orientación normativa y está entregada a su propia subjetividad.
Tradicionalmente la sociología creyó que la clave de las sociedades estaba en la forma en que la cultura permitía socializar a los individuos, ajustando así su comportamiento a las exigencias de la estructura social. Pero ocurre que hoy —como lo advirtió tempranamente Daniel Bell— la cultura es un dispositivo productor, por decirlo así, de expectativas y de deseos como consecuencia de la irrupción de los mecanismos de mercado. Mientras en la sociedad más tradicional la vida estaba conducida por grupos de pertenencia y una memoria firme, que orientaba la conducta y modelaba las expectativas, hoy la vida aparece más bien como un esfuerzo de autoedición mediante, entre otras cosas, el consumo. Todos los referentes de significado que sustituían la vieja idea de destino, el barrio, la iglesia, los sindicatos, los partidos, se han debilitado y el sujeto está entregado cada vez más a la experiencia de sus propias decisiones. El fruto de este proceso —ya Marx advirtió que la modernización hace que todo lo sólido se desvanezca en el aire— es el peligro de la anomia, de la subjetividad entregada al mal del infinito, a las expectativas sin contención.
Hay, todavía, un cuarto factor: una desvinculación entre la posición social y la preferencia política. Antiguamente se podía predecir que las clases obreras votarían por la izquierda y los profesionales de la burguesía por los conservadores. Huntington llegó a sugerir que las elecciones eran la lucha de clases ritualizada. Hoy, sin embargo, esto ya no es una constante. La política se define hoy por las preferencias volubles de los votantes a las que los políticos buscan adaptarse. El peligro de este fenómeno, como insistiré al final, es el populismo.
Un quinto factor en el caso de Chile es que su sociedad ha avanzado más rápido que el Estado. La consolidación relativamente temprana (en comparación con otros países de América Latina) del Estado en Chile, gracias sobre todo a la temprana modernización del Ejército, fue una gran ventaja. Sin embargo, este Estado apenas ha sido reformado y es percibido como obsoleto por una sociedad que avanza a mucha mayor velocidad. Es probable que la sociedad tenga hoy grados de complejidad que un Estado, cuya fisonomía viene del siglo XIX, no logre absorber. La modernización social debe estar acompañada de una modernización del Estado. De otra forma, la modernización social arriesga ser —para emplear la fórmula de Giddens— un mundo desbocado.
¿Qué lecciones, si es que alguna, puede obtenerse para la región de todo lo anterior? Creo que hay dos fundamentales. La primera, cuidarse del populismo; la segunda, evitar una visión adánica del crecimiento.
Ante todo, está el peligro de malentender el fenómeno que hemos analizado y ver en él el resultado de una sociedad estructurada entre una élite corrupta y un pueblo virtuoso. Esta manera de concebir los problemas públicos de la región arriesga el grave peligro del populismo.
El populismo caracteriza a la vida social y política, así como a los problemas que la acompañan, como una división entre una élite autointeresada y el pueblo, la gente de a pie —como a veces se prefiere— presentada como una comunidad de intereses más o menos homogéneos. Las sociedades serían como una pirámide teledirigida desde una cúspide que no siempre salta a la vista —la élite—, que se esmeraría, a través de diversos mecanismos y estrategias, por sacrificar los intereses de la masa. El populismo sería así una ideología delgada, una formación discursiva en la que se pueden alojar muy disímiles puntos de vista, de derecha y de izquierda. Como el populismo carece de puntos de vista acerca de los problemas más básicos y diversos de la vida social, este operaría como una pantalla narrativa en las que se alojan y movilizan retazos de otras ideologías más gruesas y sustantivas que son las que explican que el populismo sea hoy tan variopinto y se le pueda encontrar en casi todos los sistemas políticos. Las instituciones de la democracia representativa y los procedimientos diseñados para la competencia pacífica por el poder aparecen para el populismo como una máscara, un simple disfraz detrás del cual se camufla y agazapa esta élite deseosa de acumular prestigio y poder.
Malentender crisis como la que experimenta Chile arriesga el peligro de deslizarse intelectualmente primero y políticamente después al populismo. El precio final es el sacrificio de la democracia.
A ese riesgo se suma el peligro de olvidar lo obvio. La modernización que todos los países de la región anhelan no es un jardín de rosas, un patio edénico, sino una dialéctica inevitable, como dijo Raymond Aron, de progreso y desilusión. Cuando se olvida esto se corre el peligro de, en los momentos de progreso, creer que la política no importa, que es un quehacer prescindible, una molestia. Se trata de un severo error porque entonces, cuando llega la desilusión —e inevitablemente llega—, ya no hay instituciones prestigiosas capaces de gestionar la crisis.
Quizá la tarea de la buena política sea más bien esta: prepararnos no para los días felices, sino para los momentos de desilusión hacia los que inevitablemente nos conduce la dialéctica del progreso. Evitar pues el simplismo que conduce al populismo y evitar también el olvido de que, a la fase de progreso donde la política parece no importar, le seguirá un momento de desilusión donde la política y líderes responsables son los únicos que harán la diferencia.
El contenido de este artículo fue presentado por el autor en el conversatorio «La crisis social en Chile y sus implicancias para Perú y América Latina», el 22 de noviembre de 2019. Las ideas aquí planteadas anticipan su próxima publicación sobre los recientes acontecimientos de Chile: La revolución inhallable (Taurus, 2020).
Abogado. Doctor en Filosofía. Rector de la Universidad Diego Portales, Chile. Profesor de Derecho en la Universidad de Chile, columnista de «El Mercurio». Autor de «Lo que el dinero sí puede comprar» (Taurus, 2018)
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Los bolivianos se preparan para ir a elecciones repetidas. Con sabor agridulce por tratarse, al mismo tiempo, del freno a una maniobra dolosa que hizo naufragar la ilusión de institucionalidad republicana.
El pasado 20 de octubre, la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia desplegó su decimoséptima misión de acompañamiento electoral para los comicios presidenciales y legislativos de Bolivia. Esto en el marco de uno de nuestros principales programas de acción, que nos ha llevado a procesos de 13 países en el hemisferio, convencidos de que, si bien la democracia es muchísimo más que elecciones, no puede haber democracia donde no hay elecciones creíbles. Sin embargo, llegamos a Santa Cruz de la Sierra en un contexto bastante deplorable, dado que la última vez que nos habíamos trasladado hacia allá en 2016, fue para el ignorado referendo de ese año sobre la reelección presidencial. En nuestro rol de observadores siempre partimos de una premisa cuestionadora hacia el poder, pero esto creció cuando, de por sí, ya este había mostrado desprecio hacia la voluntad popular y dejado claro que esta no sería una cita electoral protocolar.
Antes de que se emitiera el primer voto, las irregularidades y malas prácticas abundaban a plena vista. El abuso de los recursos públicos era la más notoria, con el candidato reeleccionista inaugurando obras después de cerrada la campaña. En lugar de una contienda entre opositores y oficialistas se tuvo una competencia contra el Estado mismo, completamente sometido por el Movimiento al Socialismo (MAS), que nunca tuvo interés por siquiera aparentar que había una mínima igualdad de condiciones.
A lo largo de cada una de nuestras reuniones con las candidaturas participantes, así como con la sociedad civil, la indignación era el factor común, acompañado de la impotencia acumulada por casi 14 años de normalización del descaro. No obstante, había también un sentimiento de esperanza por la posibilidad de replicar la base política que tan solo tres años antes había dicho elocuentemente que no.
Fue ese quizá el mayor de los errores cometidos por el ahora expresidente Evo Morales, quien no supo leer correctamente a la sociedad que gobernó por cerca de década y media. Este ya no era el país que le había dado 61% de los votos en 2014; más bien era el mismo que en 2016 le había dicho bastaya y que difícilmente aceptaría un nuevo desconocimiento o hurto electoral.
Muchas veces, el calor del presente hace que se olvide el pasado y, aparentemente, ninguno de los cortesanos presidenciales recordó que Bolivia cuenta con una larga tradición de gobiernos caídos —dos de ellos tan recientes como en 2003 y en 2005, que allanaron la coronación del MAS—. La cima del poder les hizo creer que eran inmunes a estos episodios y que algo tan escandaloso como paralizar el conteo de votos por 23 horas y de repente variar la tendencia para declararse ganadores no motivaría la movilización ciudadana en defensa de la democracia.
Evo Morales cayó por su soberbia, pero eso no es motivo de celebración, pues deja a un país traumatizado por un proceso burdamente fraudulento, cuando merecía una transición ordenada y pacífica. Eso es lo que están viendo sus vecinos en Argentina y Uruguay, el primero de estos siendo tan solo el cuarto presidente civil que pierde una reelección inmediata en la región y el segundo viendo el final de 15 años consecutivos de gobierno frenteamplista en una contienda sumamente cerrada.
Los bolivianos, en cambio, irán a elecciones repetidas con sabor agridulce por tratarse al mismo tiempo del freno a una maniobra dolosa que habría hecho naufragar de manera definitiva cualquier ilusión de institucionalidad republicana y de la trágica evidencia de hasta dónde llegarán ciertos gobernantes en busca de mantenerse al mando, con apoyo o sin él.
De todas formas, nuestra Red estará nuevamente acompañando el proceso, reiterando que este es un logro de la ciudadanía pero que la solidaridad internacional es fundamental y que la correcta reacción, tanto de la Organización de Estados Americanos (OEA) como la Unión Europea, significaron ayuda invaluable para dar a conocer las interioridades del intento de fraude.
Artículo original en español. Traducción realizada por inteligencia artificial.
Visto en la lógica de la serie, el peronismo entra en una zona de resignificación productiva de su sentido histórico. Las filiaciones, las historias, los personajes, inclusive las redundancias argumentales y las contradicciones internas pasan a formar parte de una trama, cuya ley instala el orden que debemos conocer: el nombre del padre y el irreductible valor de la lealtad hacia él.
Empieza un nuevo gobierno y no sabemos cómo va a ser. El mundo de los analistas y de los políticos profesionales se encuentra actualmente llenando de palabras y explicaciones lo que, en el mejor de los casos, es pura futurología y deseo.
Lo inteligible es una realidad llena de dificultades: más de un tercio de los argentinos son pobres, el país debe enfrentar en el corto plazo pagos de la deuda externa que no tiene forma de respetar y el nuevo gobierno llega al poder con un número de bancas que lo obligará a negociar, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores. Además, en la exitosa estrategia de juntar a todos los sectores del peronismo para ganar, el ahora fernandismo compró su propia trampa para los tiempos de gobierno: tiene a todos adentro.
La política argentina se reencuentra con la dinámica del juego imposible: para ganar las elecciones necesitó de un pacto y ese mismo pacto podría hacer extremadamente difícil el ejercicio del poder.
Esta paradoja política se vuelve aún más crítica al considerar el escenario económico: ¿cómo inyectar dinero en la ciudadanía al mismo tiempo que no hay plata y que nos persigue el conocido fantasma de la hiperinflación?
La única certeza con la que contamos es que desde el 10 de diciembre hay un nuevo presidente. Si la tradición del peronismo se impone, el kirchnerismo se desdibujará y dará paso a una nueva experiencia, siempre marcada por el nombre propio.
Más allá de la conformación final de las primeras líneas de funcionarios, la danza de rumores que tuvimos a lo largo de semanas con posibles ministeriables y autoridades en el Congreso permite especular con un gobierno de cruza, en el que todos los jugadores tendrán un lugar en la cancha, lo que es lo mismo que decir que no quedará ninguno en la reserva. Si las cosas salen bien, todos serán padres de la victoria y la pelota correrá como si nunca hubiera habido desconexiones entre los jugadores. Deseemos gobernabilidad y buenas noticias porque los tiempos en los que los peronistas se pelean entre ellos son tiempos de sufrimiento para todos los argentinos.
En este escenario de tan difícil análisis, la historia no nos va a revelar el futuro. Pero sí nos puede ayudar a diferenciar lo nuevo de aquello que se repite con leves variaciones.
Una constante política en la Argentina es la voluntad de refundación. Cada nuevo gobierno busca diferenciarse de lo que lo antecede e inaugurar una etapa nueva. Algunos lo hacen rescatando un pasado anterior, generalmente lejano y recordado diferente a lo que fue. Otros prefieren centrar la construcción simbólica en el futuro, como si la fiesta hubiera comenzado cuando ellos llegaron.
El inicio del fernandismo es descrito como una transición, como si se tratara de un cambio de régimen y no de una simple sucesión entre presidentes de fuerzas partidarias diferentes. Y no se trata solo de la caracterización de quienes piensan este momento; así lo construye el mismo presidente al haber desestimado un traspaso que incluyera un equipo del gobierno saliente que dialogara y transmitiera información de Estado al equipo del gobierno electo. De nuevo: nada original por aquí tampoco. Para encontrar ejemplos de un traspaso político y administrativo virtuoso no nos sirve recorrer nuestra historia. La única alternativa es regionalizarlo y mirar el ejemplo de otros países para encontrar allí lo que acá falta, tal como ocurrió en Brasil al finalizar su mandato Fernando Henrique Cardoso y lo sucedió Lula Da Silva.
Tampoco encontramos novedad en que casi todo sea especulación y se tengan tan pocas certezas sobre los acontecimientos próximos. La política siempre es contingente, pero en Argentina es, además, imprevisible. El triunfo de un partido político sobre otro no nos da pistas sobre cómo será el gobierno. Quienes creyeron que Cambiemos quitaría las retenciones, sacaría el cepo cambiario, bajaría los números de la inflación y la pobreza y crearía una ciudadanía menos obligada a preocuparse por los acontecimientos políticos se equivocaron. Al igual que quienes pensaron que con Carlos Menem retornaba un liderazgo caudillista nacional y popular, la revolución productiva y el salariazo.
Aun en este escenario de renovado bipartidismo que muchos quieren crear, el triunfo de determinado partido político no da señales sobre las características que tendrá el gobierno. ¿Qué es, acaso, lo que podemos decir de los próximos cuatro años al inscribirlos en la larga historia del peronismo? ¿Cuáles son aquellos principios, aquellas líneas rectoras, siempre presentes en el peronismo y ausentes en otras fuerzas políticas?
El peronismo llegó al poder en las elecciones de febrero de 1946 con el apoyo de los trabajadores organizados, la Iglesia y los militares. La labor de Perón en la Secretaría de Trabajo y Previsión le permitió entablar un vínculo que le aseguró el apoyo de los primeros. El recientemente publicado trabajo de Samuel Amaral da cuenta de cómo se ganó la elección en cada una de las provincias y vuelve a poner en escena la participación de las sedes provinciales de las secretarías de Trabajo en la tarea. La preferencia de la Iglesia por el candidato laborista era obvia: Perón era quien aseguraba la continuidad de la educación católica en las escuelas dentro de la currícula oficial. Ninguno de los partidos que conformaban la Unión Democrática —radicales, socialistas, comunistas y demócratas progresistas— tenían la voluntad de continuar esa medida, por lo que la decisión para la Iglesia fue más que sencilla. Paradójicamente, el vínculo más complejo fue con los militares. Perón era, dentro de aquel escenario, quien les aseguraba seguir teniendo cierto control sobre la política. Sin embargo, Perón también era ese personaje a quien le habían pedido solo unos meses antes de la elección la renuncia a los tres cargos que ocupaba (la Vicepresidencia, el Ministerio de Guerra y la Secretaría de Trabajo), por considerar que su personalismo y ambición política eran excesivos.
De estos tres sectores que constituyeron la alianza principal de Perón, solo los trabajadores lo seguirán acompañando hasta el final del mandato. La relación con la Iglesia se desgastó por cuestiones ligadas a los contenidos educativos, por la búsqueda de sacralizar la figura de Eva Perón tras su muerte y terminó por estallar luego de la sanción de la primera ley de divorcio que tuvo la Argentina. Las consecuencias estuvieron a la vista, tanto en la quema de Iglesias como en la fundación del Partido Demócrata Cristiano. Dentro de las Fuerzas Armadas también la enemistad fue explícita: primero ocurrió el intento de golpe de Estado liderado por Benjamín Menéndez en 1951 y cuatro años más tarde ocurriría el derrocamiento que dio lugar a la Revolución Libertadora.
Los apoyos estratégicos analizados a lo largo de aquellos diez años nos permiten comprender cómo, desde el inicio, el peronismo fue una fuerza que mantuvo constante a un aliado (el mundo de los trabajadores) al mismo tiempo que construyó su poder junto a sectores con los que terminó fatalmente enfrentado.
Las políticas llevadas adelante durante aquella década hacen inclasificable al peronismo dentro de las categorías de izquierda, centro y derecha. En esos diez años, la Argentina supo ser antiyankee y acusar a la oposición de títeres del imperialismo americano y también supo ser un aliado estratégico de los Estados Unidos en la lucha contra el comunismo y en las intenciones de explotación conjunta de petróleo con la Standard Oil. Interpretó como forma de desarrollo imponer el monopolio estatal del comercio exterior y redistribuir capital hacia la industria para luego reperfilar la estrategia y transferir subsidios y créditos al agro. Incentivó el consumo y el gasto público y también lo restringió. Nacionalizó los ferrocarriles y, solo unos años después, otorgó beneficios a los inversores extranjeros.
En algunas otras áreas, la acción fue más constante: fue una época de ampliación de los derechos ciudadanos y sociales y se realizó bajo un talante autoritario. El peronismo amplió progresivamente los derechos electorales (primero al otorgarle el voto a las mujeres y luego a quienes antes habitaban los territorios nacionales) y no solo extendió los derechos laborales y sociales, sino que también les otorgó rango constitucional. Al mismo tiempo, eliminó la relativa autonomía que tuvo la Central General de Trabajadores respecto del Estado y del gobierno a fines de los años cuarenta y la integró orgánicamente al peronismo, expulsando a los sectores comunistas y permitiéndole facultades de intervención sobre el conjunto de las entidades gremiales constituidas. Los rasgos autoritarios se tradujeron también en la estrategia alrededor de la prensa: el gobierno fundó ALEA, una empresa estatal de medios de comunicación afines al gobierno, al tiempo que compró, hostigó, cerró y expropió a los medios opositores, con la única excepción del matutino La Nación. La voluntad de bajarle el volumen a las voces opositoras también se tradujo en la representación política. El peronismo modificó las leyes electorales y mediante la instauración de un sistema de circunscripciones uninominales y un uso intensivo del gerrymandering en la Capital Federal logró que el tercio de la ciudadanía que de forma constante votaba a la oposición pasara de tener 47 bancas a solo 12.
Tomando en cuenta estas diferentes medidas vemos una constante: hay en el primer peronismo una apuesta a ampliar y fortalecer la democracia siempre y cuando esta sea entendida como la supremacía del número y no contemple en su interior los resguardos propios de las formas republicanas y liberales. Fortaleció una democracia como aquella que temía Alexis de Tocqueville, sometiendo las decisiones al imperio del número. Y le agregó un elemento propio del populismo, al confundir la mayoría con el todo.
Esta voluntad unanimista —que es justo señalar que no fue ninguna novedad del peronismo, sino que ya la encontramos en el siglo XIX con experiencias tan diferentes como la del rosismo y la del mitrismo y en el siglo XX con el yrigoyenismo— fue un rasgo marginal en los setenta. Al regresar Perón en 1973, su gobierno dejó de lado el conflicto con la oposición para ocuparse de resolver el enfrentamiento entre los propios. El abrazo de Perón con Balbín y el mensaje de que los antiguos enemigos ahora eran simples adversarios no hizo, sin embargo, que se abandonara el esquema maniqueo en el que unos son el bien y luchan contra el mal. Simplemente se corrió el enemigo. Ya no eran los otros partidos sino quienes tomaban las armas en contra de la democracia. Perón se recostó, nuevamente, sobre el sector sindical. La política estuvo en esta época ganada de forma total por la coyuntura y este tiempo, a la vez breve y acelerado, volvió marginal a los otros problemas y a las formas posibles de solucionarlos. Pero algo fue completamente diferente en esta segunda época del peronismo en el poder: desapareció la idea de que un solo partido podía aspirar a representar a toda la sociedad.
En los años noventa el peronismo cambió, por primera vez, de nombre propio. Carlos Menem resignificó el movimiento, dotándolo de tantos elementos diferentes que muchos de los propios aún rechazan la idea de colocar al menemismo dentro de la tradición peronista. La ola llevó a abandonar la estética inicial del caudillo al ritmo que las recetas económicas trazadas en los think tanks le encontraron la solución neoliberal a la hiper. Ya no fue un peronismo que hacía fuerte a los trabajadores a través de sus sindicatos, sino uno que engrandeció a los sindicalistas capaces de asegurar la flexibilización laboral. El peronismo noventista llevó la convivencia con Estados Unidos a las relaciones carnales, optó por dejar de vivir con lo nuestro y decidió privatizarlo, abrir la frontera y recuperar el cosmopolitismo. Frente al eterno problema de no tener una moneda inventó la convertibilidad, incluso pagando los costos de endeudarse, achicar el Estado y meterle nitrógeno a una bomba que, tarde o temprano, terminaría por explotar.
El menemismo tuvo una idea de futuro como único lugar para habitar, que se mostró en diversos aspectos. Uno de ellos fue la relación con las fuerzas armadas. La dictadura se quiso dejar atrás, indultando y liberando a los militares al mismo tiempo que se vaciaron y desfinanciaron sus instituciones. Se pretendía dejar de pensar en el golpe militar al tiempo que se tomaron todas las medidas necesarias para que no se repitiera nunca más.
Otra característica distintiva, propia de la esfera simbólica pero no por eso sólo discursiva, fue que la figura del pueblo perdió centralidad. Nos convertimos todos en ciudadanos del mundo y la lógica amigo-enemigo de los primeros peronismos dio paso a una confusión general, en la que parecíamos haber construido acuerdos transversales.
Fue un peronismo que reeligió sin que nadie se hiciera cargo de votarlo, en medio de un proceso de estabilización monetaria, modernización de los servicios públicos, reformas de Estado y un verdadero shock de consumo fundado en los electrodomésticos hogareños. El orgullo de ser peronista quedaba para otras épocas, lo que generó eventualmente que las disputas sobre quiénes eran los representantes del verdadero legado de Perón llegaran nutridas de denuncias sobre la inmoralidad del gobierno, mientras la desocupación y la pobreza crecían al mismo tiempo que parte de la sociedad se atragantaba con burbujas.
Con la experiencia de la Alianza en el medio y una de las crisis sociales, políticas y económicas más fuertes del largo siglo XX, la reinvención del peronismo tomó las características opuestas. La alegría menemista se evaporó, las divisiones entre el mundo privado y público se hicieron más finitas, los hechos perdieron centralidad frente a los gestos y todo lo personal pasó a ser político.
Un nuevo líder pasó a ser el programa o, en este caso, dos líderes y un modelo. Algunos temas presentes en la sociedad fueron adoptados como propios. Posiblemente los dos más exitosos fueron los que encarnaban los organismos de derechos humanos y el movimiento que en aquellos años se definía con la sigla LGTBI. Durante el gobierno de la revolución de Junio, un Perón que aún no pensaba en su carrera política sino en dotar de legitimidad al gobierno del que formaba parte se acercó a los trabajadores y empezó a hablar con ellos sobre sus reivindicaciones y demandas. La misma estrategia fue adoptada por Néstor Kirchner al llegar a la presidencia. Pero ya no fueron los clásicos sindicatos sino estos grupos, con reclamos caros a la ola progresista que se había vuelto grande y bienpensante como respuesta frente a la década menemista. Así como trabajadores y peronismo se volvieron sinónimos en los cuarenta, ser militante de organismos de derechos humanos o de cuestiones de género se convirtió en ser kirchnerista, con contadas excepciones.
No solo las banderas del progresismo diferenciaron al cuarto peronismo del tercero. Del Estado que se tenía que achicar, el empleo que se debía flexibilizar y un país que quería convertirse en competitivo según las leyes del mercado global, se pasó a un Estado caro, que renacionalizó el sistema previsional y creó empleo público como forma de contención social y como seguro de inviabilidad para el sostenimiento futuro. El FMI pasó a ser la encarnación del mal, los Estados Unidos el imperio que siempre había sido y se apostó a la patria grande, aún más en tiempos de radicalización ideológica. Y este fue otro elemento de ruptura: allí donde al menemismo dejó hacer y decir, el kirchnerismo prefirió regular y hegemonizar. De la irreverencia de CQC con la fiesta menemista y el micrófono matinal de Carlos Corach justificando tormentas y terremotos, se pasó a un uso de los medios públicos que buscó penetrar a la sociedad con las visiones políticas del gobierno. De todos modos, el proceso no fue tan lineal y solo se entiende mirando las coyunturas. Pese a la voluntad de los actores de explicar aquellos años como un modelo, no todo estuvo guiado por una idea rectora. Desde aquel comienzo en el que Néstor aumentó el poder de los grandes holdings de comunicación (al permitir, por ejemplo, la fusión de Cablevisión y Multicanal) a la ley de radiodifusión, con su voluntad de dar lugar a lo que se defendió como pluralidad de voces. Porque el kirchnerismo, como todos los gobiernos, es menos uniforme que lo que le gusta pensar a propios y opositores.
Frente a las privatizaciones, mejor nacionalizar. El endeudamiento financiero no se hace con los yankees sino con los venezolanos, sin importar si las tasas son más altas o más bajas. Al campo se le aplican retenciones, porque la mano invisible no es neutral sino que siempre favorece al más fuerte. De sacar dólares en el cajero que costaban lo mismo que los pesos a conseguirlos con cepo, precio diferenciado y completando una declaración jurada.
Este breve y profundamente incompleto listado de decisiones políticas nos sirve solamente para un fin: entender que el peronismo no es una cosa determinada. Sacó personas de la pobreza, metió personas en la pobreza e incluso llegó a decir que contar la pobreza era estigmatizar a los pobres. Cerró fronteras y también se volvió cosmopolita, privilegió a los trabajadores y también a los empresarios, privatizó y nacionalizó, apostó al Estado chico y el Estado omnipresente, fue un ejemplo de la libertad de prensa y también de la violación de la libertad de prensa, delegó decisiones en los técnicos y concentró la administración en los políticos. Renovadores, heterodoxos, ortodoxos, pro-Washington, antiimperialistas y tercermundistas. Guerrilleros y neoliberales, socios fundadores de la última versión de la Patria Grande y únicos propagadores de la Internacional Justicialista. Por momentos optó por la construcción simbólica y la importancia de peronizar, en otros apostó a las cuotas y a la tostadora en combo con la minipimmer. Una de las experiencias se percibió con tanto manejo del poder que se permitió ponerse a tono con el mundo poscomunista y explorar el pluralismo, mientras que otros agrietaron y desplazaron de la comunidad política a quien pensaba y votaba distinto. El peronismo en el poder fue un partido-Estado y también una sociedad de partidos provinciales asociados en el manejo del poder sin necesidad de compartir un horizonte ideológico nacional.
«Instrumento electoral en el decenio fundacional, partido proscripto entre 1955 y 1973, fuerza política que estalló internamente entre 1973 y 1976, movimiento congelado durante la dictadura militar y dirigido por el ala sindical al llegar la democracia, cuyas luchas de reconstrucción fueron parcialmente exitosas; conjunto de partidos provinciales y municipales aunados apenas por recuerdos históricos bajo el menemismo y la experiencia neoliberal», dijo con exactitud sobre los peronismos Ricardo Sidicaro.
Frente a tantas discontinuidades, una característica se muestra permanente: su organización tras un apellido. Así mutó privilegiando grupos, métodos y objetivos diferentes. La constante ha sido una impronta castrense que le dio su fundador: el orden y la orden por encima de cualquier cosa y la consagración de la lealtad como valor. La conducción bicéfala es compleja en cualquier fuerza, pero aún más en las que ven virtud en la figura del conductor y proclaman al pronunciar su nombre un programa de gobierno.
¿Qué es el fernandismo? La novedad de la experiencia nos aconseja prudencia en su caracterización. Las pistas son contradictorias y conocerlo llevará un tiempo. Pero al recorrer la historia de los peronismos en el poder hay una constante en los diversos escenarios: todos los presidentes peronistas electos por el imperio de la soberanía popular gozaron de su propio ismo, que en general no construyeron a partir de definiciones y voluntades previas sino conduciendo a partir de los límites y potencialidades de la coyuntura que le tocó a cada uno.
Artículo publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 10 de diciembre de 2019.
Doctora en Historia (Universidad de Buenos Aires - UBA). Magíster en Historia (IDAES, Universidad Nacional de San Martín). Licenciada en Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales, UBA). Profesora de Historia del Pensamiento Político Argentino en la Carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA; de Historia General en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín; de Análisis de Políticas Públicas II en la Maestría en Desarrollo Humano de FLACSO; y sobre «La Argentina Peronista» para el instituto de estudiantes en el extranjero de Butler University. Es directora del Consejo Académico de CADAL.
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La reforma agraria de Árbenz significó que la United Fruit Company perdiera sus privilegios fiscales y sus tierras improductivas, algo que no estaba dispuesta a aceptar, no solo por el impacto del negocio en Guatemala, sino por el temor al efecto contagio en los otros países de la región donde también gozaba de privilegios impositivos. También fue un plan que disgustó a los terratenientes guatemaltecos.
