Acompañado por 4000 jinetes y un impresionante ritual republicano, asumió el nuevo gobierno en Uruguay. El presidente Luis Lacalle Pou se enfrenta al desafío de unir no solamente al país sino también a su heterogénea coalición. En su discurso de toma de mando destacó la seguridad interna, la reactivación y la reforma de la enseñanza como principales objetivos de sus reformas. El hecho de que uno de los partidos políticos tradicionales más viejos de Latinoamérica liderado por un político profesional se haga cargo del nuevo gobierno constituye una excepción en un continente en el que se observa la disolución de las estructuras partidarias tradicionales y la pérdida de prestigio de las instituciones democráticas.

«Nos hemos preparado para este desafío. Lo asumimos con conciencia y también con mucha confianza. Llegó la hora de hacernos cargo, llegó la hora de hacerme cargo» (Luis Lacalle Pou)

El discurso de asunción del nuevo presidente del Uruguay frente a la Asamblea General (ambas Cámaras que componen del Poder Legislativo en el país) fue directo y sin adornos retóricos. El mensaje fue inequívoco. Acá llega un hombre con un plan claro, que desde el primer momento sostendrá firmemente las riendas. Con una voz de a ratos vibrante, Lacalle Pou apeló a la tradición de su país, al diálogo con todos los partidos y también a la necesidad de reformas profundas para armar a su país para los nuevos tiempos.

La toma de mando del nuevo presidente uruguayo el 1.º de marzo no fue solamente un espectáculo impresionante sino también un cambio de época política. Después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, Luis Lacalle Pou y Beatriz Argimón dirigen una coalición de diversas fuerzas políticas. Argimón es la primera mujer elegida para el segundo cargo del Estado, en la historia del país.

Al finalizar su juramentación frente al Parlamento, el presidente saliente Tabaré Vázquez entregó la banda presidencial a Lacalle Pou frente al júbilo de numerosos partidarios presentes. En camino del Parlamento a la Ciudad Vieja, 4000 jinetes llegados desde todo el interior del país escoltaron a Lacalle Pou y Argimón. Este gesto inédito recuerda no solamente a la tradición gaucha, tan importante para la identidad nacional, sino que muestra claramente a quién el presidente debe agradecer en gran parte su ajustado triunfo del 24 de noviembre de 2019, es decir, al Uruguay profundo, que se sintió abandonado muchas veces por el gobierno anterior.

Una familia política

El éxito político no es una novedad para la familia del abogado Lacalle Pou, que con 46 años es el presidente más joven del Uruguay desde la finalización de la dictadura en 1985. El viejo Ford del año 1937 que trasportó al nuevo presidente a la ceremonia de toma de mando ya había prestado el mismo servicio en 1990 a su padre, el expresidente Luis Alberto Lacalle. El auto fue utilizado también por Luis Alberto de Herrera, bisabuelo del presidente actual y político relevante en la primera mitad del siglo pasado.

A pesar de las tradiciones, Lacalle Pou realizó una campaña electoral dinámica y moderna, lo que se reflejó en un manejo muy profesional en las redes sociales. El apasionado surfista usa el pelo algo largo y prefiere prescindir de la corbata. Lacalle es un buen comunicador y constructor de puentes. Así logró unir y conducir las fracciones a menudo enfrentadas del tradicional Partido Nacional, fundado en 1836. Las imágenes de Lacalle abrazando no solamente a sus ministros sino también a contrincantes políticos y numerosos espectadores, dicen mucho del estilo del nuevo presidente. Al mismo tiempo, Lacalle Pou no rehúye la confrontación política abierta en caso de necesidad. Estas dos facetas se expresaron claramente en su discurso inaugural. Por un lado, el nuevo jefe de Estado subrayó que no quería realizar un gobierno de la otra mitad después de los 15 años de Frente Amplio. Por otro, dejó claro que «estamos aquí para continuar lo que se hizo bien, para corregir lo que se hizo mal y, sobre todo, para hacer lo que no se supo o no se quiso hacer en estos años».

Coalición heterogénea

Lacalle Pou va a requerir de su capacidad de mediador para mantener unida su heterogénea y compleja coalición. Su coalición multicolor, como la bautizó hábilmente desde el punto de vista comunicacional, comprende un amplio espectro ideológico, desde lo liberal hasta lo conservador tradicional, y también tendencias populistas de derecha.

Un hecho inédito en Uruguay fue la unión de los históricamente antagonistas partidos tradicionales Nacional (PN) y Colorado (PC). Una campaña electoral orientada a la capacidad y a la cooperación, y ante todo la voluntad de enfrentar al Frente Amplio como adversario común, hicieron posible la superación del histórico antagonismo. Más complicada será la cooperación con el recientemente fundado movimiento Cabildo Abierto (CA) del exgeneral Guido Manini Ríos. Mediante una campaña con retórica de mano dura y con alusiones populistas y militaristas, Cabildo Abierto alcanzó casi 11,5 % de los votos emitidos en su primera presentación en octubre de 2019. Esto constituyó una sensación en el tradicional sistema partidario del Uruguay. Lacalle Pou lideró un corrimiento del Partido Nacional hacia el centro político. Ahora, el PN representa el socio más fuerte de la coalición con 30 de 99 diputados (y 10 de 30 senadores). Sin embargo, Lacalle necesita no solamente los votos del Partido Colorado (13 diputados y 4 senadores), sino especialmente los de Cabildo Abierto (11 diputados y 3 senadores) para alcanzar la mayoría parlamentaria. Dos pequeños partidos con un diputado cada uno completan la coalición de gobierno.

Seguridad, economía, educación

En concordancia con los énfasis durante su campaña electoral, Lacalle dejó claro en su discurso de asunción que la seguridad interna, la reactivación económica y la mejora del sistema educativo constituyen las áreas prioritarias en su agenda política.

El tema de la seguridad fue prevalente como ninguno en la campaña electoral, y es considerado por numerosos expertos como factor clave para el triunfo de Lacalle Pou. El contexto para este resultado fue el deterioro de la seguridad en el país. Según estadísticas oficiales, en los últimos cinco años la cifra de rapiñas creció un 53 % y la de los asesinatos un 46 %. Es preocupante que la mitad de los asesinatos se relacionen con bandas criminales y tráfico de drogas. Esto afectó especialmente la periferia de la capital, donde se encuentran los sectores socialmente vulnerables, a menudo desilusionados por el Frente Amplio que tradicionalmente tiene allí una base electoral significativa. La promesa de Tabaré Vázquez de combatir a la criminalidad había dado lugar a expectativas que no fueron cumplidas. El tratamiento de este tema por parte de Lacalle Pou durante la campaña electoral logró incluso aceptación de partidarios del Frente Amplio. La decisión del presidente de nombrar como ministro del Interior a su exrival dentro del partido, Jorge Larrañaga, político con un fuerte perfil respecto al tema seguridad, se valora como hábil movimiento estratégico.

Uruguay necesita urgentemente reformas estructurales que reduzcan el déficit estatal y consoliden el presupuesto nacional. De acuerdo con cifras oficiales, en 2019 el endeudamiento interno ascendió a 4,6 % y superó con eso el límite de 3 % admitido en el marco del Pacto de Estabilidad y Crecimiento de la Unión Europea. Desde 2014, el endeudamiento del Uruguay subió del 61 al 71 % del PIB. La inflación se mantuvo en los últimos años en el entorno de 7,5 %. Además de esto, el mercado laboral uruguayo muestra señales de debilitamiento. En 2019, la desocupación ascendió a 8,9 %, lo que constituye la cifra más negativa en los últimos doce años. Especialmente afectados por esto son los jóvenes menores de 24 años, entre los cuales la desocupación es de 27,7 %.

Por estas razones es enorme el desafío para Azucena Arbeleche, nueva ministra de Economía y Finanzas (una de las solamente dos mujeres integrantes del gabinete ministerial de 14 miembros). En el ámbito de la consolidación del presupuesto y la mejora del clima de inversión para empresas del exterior, seguramente habrá consensos en la coalición de gobierno. El margen de maniobra para la mencionada consolidación está limitado por el compromiso de prescindir de aumento de impuestos. La liberalización del sector energético (tradicionalmente en manos del Estado) y reformas laborales seguramente van a provocar resistencia de los sindicatos, que en Uruguay son muy fuertes.

Finalmente, Lacalle Pou prioriza la reforma del sistema educativo y declaró estado de emergencia por los altos índices de deserción escolar y el descenso en la capacidad de aprendizaje. Las pruebas PISA dieron resultados muy desilusionantes y no muestran progresos en los últimos 15 años. El aumento del presupuesto de la enseñanza (del 2,5 % del PIB en 2004 al 4,9 % en 2017) no se reflejaron en mejores resultados, sino en aumentos salariales y más contrataciones. Hasta ahora fracasaron todos los intentos de reforma profunda del sistema de educación pública. El poderoso sindicato de profesores de secundaria ADES ya anunció su rechazo a las reformas antes de que fueran discutidos los detalles de la reforma educativa.

Nuevos tonos en la política exterior

En relación con la política exterior del Uruguay se espera un cambio de orientación significativo comparado a los últimos 15 años. Durante la administración del Frente Amplio el gobierno mantuvo relaciones desde neutrales hasta de apoyo abierto a regímenes autoritarios de izquierda del eje bolivariano como Cuba, Venezuela y Nicaragua. Un viraje claro respecto a esta política fue una de las primeras señales de Lacalle Pou. El nuevo presidente dejó claro que no quería saludar durante su asunción a representantes de «dictaduras». De esta forma, en La Habana, Caracas y Managua no se recibieron las invitaciones del caso.

Una señal importante del discurso de toma de mando de Lacalle Pou fue la demanda de la rápida conclusión del tratado de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea. El presidente prometió trabajar dentro del Mercosur en pos de una mayor flexibilidad en las negociaciones por los Estados miembros.

Modelo democrático

A pesar de todos los desafíos mencionados, el acto de toma de mando del nuevo presidente mostró en forma impresionante cómo la democracia y las ansias de unidad son parte de la cultura política del Uruguay. La cantidad de pequeños gestos, así como el demostrativo aplauso mutuo entre Lacalle Pou y su antecesor Tabaré Vázquez durante el acto, le dieron particular dignidad al día. El mensaje es que en Uruguay comienza un nuevo período político que a pesar de los cambios se alineará armónica e inequívocamente en la tradición democrática del país. El hecho que uno de los partidos tradicionales más antiguos lidere el gobierno liderado por un político profesional y no por un outsider constituye un caso excepcional en un continente signado por la disolución de las estructuras partidarias tradicionales y un marcado desprestigio de las instituciones democráticas. De Luis Lacalle Pou depende ahora conducir al país por la senda de éxitos. Los mensajes de la toma de mando son en este sentido un comienzo prometedor.

Traducción: Manfred Steffen.

El 19 de septiembre de 1857 se firmó el Tratado de Amistad, Comercio y Navegación entre la Confederación Argentina y Prusia y los demás estados del Zollverein alemán. Ese acuerdo significó, entre otras cosas, el nacimiento de las relaciones bilaterales entre Argentina y Alemania. A 163 años de aquella rúbrica, el vínculo entre los países sigue vigente y, tras el encuentro entre el presidente Alberto Fernández y la canciller Angela Merkel, hay un interés mutuo en profundizar este nexo que viene en alza en los últimos años.

La vasta relación bilateral que nutre a ambos países no se enmarca únicamente en términos políticos, económicos y comerciales. También se extiende a planos de cooperación científica-tecnológica, universitaria y cultural. Independientemente de los gobiernos de turno y las coyunturas políticas por las que ha pasado cada nación, Argentina y Alemania han encontrado puntos en común que, con el correr de los años, se fueron estrechando a nivel internacional: la defensa del multilateralismo, el derecho internacional, la protección de los derechos humanos y la no proliferación nuclear.

Además, existe una unión muy marcada a partir de la fuerte emigración involuntaria de ciudadanos alemanes por todo el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Uno de los países que ofició de residente, debido a su próspera situación económica de entonces, fue la Argentina. Y si bien hubo excriminales de guerra que encontraron un refugio en este para evitar su enjuiciamiento, fueron cientos y miles los alemanes —en su mayoría judíos— que se instalaron aquí. La descendencia germana en el país creció año tras año y su participación se multiplicó en cámaras empresariales ligadas a la industria, instituciones educativas vinculadas a la difusión de la lengua alemana y un próspero intercambio cultural y académico.

Pese a esto, desde un punto de vista comercial, a causa del desarrollo alcanzado por cada país, la relación ha sido dispar a lo largo de la historia. La balanza con Alemania es deficitaria para la Argentina. La carne bovina y los minerales de cobre son los principales productos que exporta y se trata de una cifra que apenas supera los USD 1000 millones, mientras que las importaciones se centran principalmente en autopartes y medicamentos, por un valor de más de USD 3300 millones. Si bien, después de Brasil, Argentina es el mayor socio comercial de Alemania en Sudamérica, el país europeo es apenas el noveno inversor externo del mercado argentino. Son números escasos para dos países de larga tradición.

El expresidente Mauricio Macri intentó estrechar y fortalecer el vínculo. Visitó a Angela Merkel en 2016 y la recibió en 2017. También mantuvieron reuniones en el marco del G20 en Hamburgo, en 2017, y en Buenos Aires, en 2018. Todos esos encuentros estuvieron destinados a aumentar el comercio bilateral. Hubo avances, ya que, en sus cuatro años de gestión, Macri firmó once acuerdos de cooperación estratégica con distintas regiones alemanas y siempre definió a Alemania como un país ejemplar hacia donde debería ir la Argentina.

Tras dos meses de un cambio de gobierno en el país rioplatense, las necesidades de ambos son completamente distintas, pero eso no impidió que la canciller alemana recibiera a Alberto Fernández, en el marco de la gira europea del mandatario argentino. La urgencia económica obliga al país a optimizar las relaciones con una Alemania que, en este momento, tiene intereses en la región y puede ver a la Argentina con otro atractivo. En la reunión, el presidente confirmó una inversión de USD 800 millones de una empresa automotriz, acordada por Mauricio Macri a fines de 2017, y consiguió el apoyo de Merkel para renegociar la deuda con el FMI, el objetivo principal de su viaje. Alemania, junto a España, Italia y Francia, representan en el organismo casi el 15% de los votos.

De cualquier manera, la compleja coyuntura económica argentina obliga a atraer más inversiones y, partir de eso, Alberto Fernández enfrenta un verdadero desafío impuesto por empresarios alemanes en la Argentina: avanzar en una agenda que le puede resultar incómoda para su política proteccionista. Se trata de la firma de tratados de libre comercio, incentivos fiscales y seguridad jurídica. Esto se expone, principalmente, en un tema que fue mencionado en la reunión entre ambos, pero no profundizado: el acuerdo Mercosur-Unión Europea. Es tal vez el contrapunto más importante de la relación que ambos intentan construir. El argentino cree que dicho acuerdo perjudicaría a la economía nacional en beneficio de la extranjera. La canciller piensa lo opuesto: ve un beneficio mutuo y no pretende dilatar ni postergar su aplicación.

El interés de Merkel por el acuerdo Mercosur-Unión Europea no es el único que tiene en la región. Existe un incentivo comercial en materia de energía, agronegocios, infraestructura y de desarrollo del litio para expandir el mercado de las baterías para autos eléctricos. En lo que a este último recurso se refiere, Argentina integra junto a Chile y Bolivia el “Triángulo del Litio”, es decir, la subregión que concentra el 68 % de las reservas globales. El país que gobierna Fernández aporta 1/6 de la producción mundial, lo que lo coloca en la tercera posición en el ranking mundial. El oro blanco es uno de los proyectos a impulsar, pero el verdadero objetivo que persigue Alemania es geopolítico: instalarse en la región para competir con China y Estados Unidos.

A 163 años de la firma de aquel Tratado, las distintas realidades de Argentina y Alemania conforman un universo en común: la posibilidad concreta de vincularse en mayor medida, con el fin de buscar un nuevo destino.

Imagina que decides dejarlo todo. Que por alguna razón piensas que debes irte. Puede ser que quieras explorar nuevos horizontes, buscar nuevas oportunidades. Pero también puede ser que te sientas en la obligación de hacerlo, bajo presión. Por cuestiones económicas, por cuestiones políticas.

En América Latina esta es la realidad de muchos. Cientos de miles dejan su país y se trasladan a otras latitudes, a países vecinos, a otros continentes incluso. Para conocer esta situación en detalle hemos hablado con un experto, especialista en movilidad y migraciones. Se trata de Pablo BÍderbost. Politólogo, profesor de la Universidad de comillas de Madrid.

Estadísticas sobre migración en la región:

Organización Internacional para las Migraciones.

Agencia de la ONU para los refugiados.

Música en este episodio:

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Fundación Konrad Adenauer

Y es que el Paraguay es conocido por su tozudez: no en balde sobrevivió a una guerra feroz contra sus poderosos vecinos para no desaparecer de la faz del continente, luchando prácticamente con solo brazos, piernas y pura voluntad patriótica.

Esa misma fue la voluntad que llevó a una legisladora del partido opositor Patria Querida a no ceder ante la implacable mayoría de la Cámara de Diputados de la que forma parte y donde la oposición pierde en la cada votación prácticamente por el doble: 40-20.

Pero para Rocío Vallejo, exfiscal de delitos económicos, abogada penalista y sin experiencia política anterior, la voluntad de luchar contra el claro involucramiento de los fondos provenientes del narcotráfico en la clase política paraguaya, fue suficiente motivo para emprender una cruzada casi solitaria por la aprobación de un proyecto de ley que establezca la trazabilidad de los fondos a ser utilizados en las próximas campañas electorales paraguayas.

La primera llega ya este año; son elecciones municipales, donde se elegirán intendentes locales y concejalías en todo el país. En oportunidades anteriores ha sido vox populi el financiamiento narco a candidatos; por ejemplo, está probado en juicio que la persona que ordenó el asesinato del periodista del diario ABC Color Pablo Medina, en octubre del 2014, en Ypehu, departamento de Canindeyu —en la frontera con Brasil— es nada menos que el intendente local, Wilmar Neneco Acosta, involucrado con la protección de rutas narco y cuyos vínculos con el PCC brasileño y otros grupos había sido denunciada por el veterano periodista.

Tampoco es un secreto que en el Parlamento paraguayo existen grupos de diputados que coloquialmente son llamados miembros de la bancadita narco. O que una exdiputada del poderoso y mayoritario Partido Colorado, Cynthia Tarragó, espera hasta ahora en un penal de La Florida el juicio por tráfico, lavado de dinero y comercialización de sustancias prohibidas, luego de ser detenida en una operación encubierta al ingresar a los Estados Unidos.

Solo falta quien encienda la mecha para activar la posibilidad de que Paraguay y su clase política se encaminen a emular a otras sociedades donde se vivieron dolorosas experiencias luego de la infiltración del dinero sucio en la sociedad. La profunda debilidad de sus instituciones públicas, la impunidad en los casos de corrupción, la desigualdad social y la falta de apego a la ley son un perfecto caldo de cultivo para dejar al país presa del poder narco en la región.

Decía al inicio que el Paraguay es tozudo y no se deja vencer fácilmente. En tal espíritu la multibancada de partidos minoritarios trabajó con sectores interesados en el combate al crimen organizado y lavado de dinero. La Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero, la Contraloría General, La Secretaría de Tributación, entre otras instituciones, colaboraron en la redacción de una ley para poner freno al enorme caudal de dinero sucio que se utiliza en cada contienda electoral.

El proyecto tiene básicamente cuatro puntos clave: establece que cada candidato informe de dónde obtiene los recursos para su campaña; se obliga a la autoridad electoral, el Tribunal Superior de Justicia Electoral, a informar al inicio y al término de las campañas todos los gastos en los que hubieran incurrido los partidos y movimientos, y esta misma autoridad deberá disponer y coordinar las políticas de prevención de riesgos de lavado de dinero en las campañas electorales.

Con el férreo rechazo inicial de los sectores mayoritarios de los partidos tradicionales, el Colorado y el Liberal Radical Auténtico, que argumentaban la inviabilidad de la ley, la excesiva burocratización de los procesos y algunos puntos más, los opositores sin embargo lograron una especie de pacto no oficial con los medios de comunicación y con las redes sociales, dejando en claro que aquellos que se oponen a que se conozca de dónde sale la plata que paga las campañas, es decir, la trazabilidad de los fondos, lo hacen precisamente porque están coludidos con el dinero sucio de cualquier origen. La ciudadanía entendió el mensaje y empezó la presión hacia los legisladores oficialistas primero y hacia el propio Gobierno, después, para apoyar la transparencia en las próximas campañas electorales.

La maniobra dio resultado. A un inicial rechazo total que dio la Cámara de Diputados —con el consabido 40 a 20 votos— el Senado hizo frente asumiendo el rol del padre que pone las cosas en su sitio: modificó el proyecto haciéndolo más viable y menos burocrático y, finalmente con acompañamiento oficialista, fue aprobado en general.

Según fuentes de las bases partidarias, también contribuyó de manera importante que los líderes de base se dieron cuenta de que sería imposible para ellos, caudillos tradicionales y en general de origen en el funcionariado público, competir con la enorme cantidad de dinero que pueden poner los espónsores del crimen organizado. De alguna manera, la ley les da una mano y los hace permanecer competitivos, al poner trabas al dinero sucio e imponer reglas de juego claras para todos.

La ley fue promulgada y estará vigente en las próximas elecciones, encendiendo una pequeña luz de esperanza para los ciudadanos que no quieren ver al país convertido en una presa más de los poderes fácticos que en muchos países han traído no solo sangre y dolor a los ciudadanos, sino, en muchos casos, la mismísima muerte de las instituciones del Estado.

La sólida democracia de la República Oriental del Uruguay está en buenas manos. Así quedó demostrado durante la transmisión de la banda presidencial en la Plaza Independencia de Montevideo bajo la sombra omnipresente del monumento del gran caudillo oriental, José Artigas. Allí el presidente saliente Dr. Tabaré Vázquez aplaudió con ganas al joven reemplazante luego de colocarle la banda presidencial dando inicio a una nueva era política en el Uruguay.

El hegemónico Frente Amplio (FA), coalición que nuclea varios partidos y grupos de izquierda, deja 15 años de gobiernos con mayorías parlamentarias para volver a la oposición, lugar donde se gestó para oponerse a los partidos fundacionales Nacional y Colorado en el lejano año 1971.

El Frente Amplio se hizo fuerte en la capital y en los principales centros urbanos del país y desde allí, con fuerte apoyo en el sindicalismo organizado y en la academia de la Universidad de la República, construyó una máquina de poder que parecía invencible.

Coalición multicolor

Sin embargo, el nacionalista Luis Lacalle Pou logró tejer una alianza con cinco partidos de diferentes orientaciones y ofrecer a la ciudadanía una alternativa creíble para sustituir al FA en el poder. Esa alternativa se llamó la Coalición Multicolor, integrada por el Partido Nacional, de Lacalle Pou, el Colorado, el Independiente, el Partido de la Gente y el flamante Cabildo Abierto, representante de la derecha popular.

Se trató de un abanico que abarca de la centroizquierda a la derecha pasando por el centro y sus matices más liberales, expresados en los partidos fundacionales Colorado y Nacional.

Pese a perder las elecciones nacionales en 2014, Lacalle Pou continuó con su estrategia a paso firme, recorriendo el país de punta a punta innumerable cantidad de veces, preparando su programa de gobierno con uno de los intelectuales más sólidos del Uruguay, Dr. Pablo da Silveira, y tejiendo en silencio, lejos de las cámaras y las redes sociales, relaciones de confianza con propios y adversarios.

En el 2019, una vez que entró en el balotaje eran muchas más las coincidencias en los partidos de oposición que las diferencias, por lo que la noche de la primera vuelta cuatro partidos apoyaron decididamente a Lacalle Pou. Esa noche se ganó la elección, el FA perdió la mayoría parlamentaria y un aire de cambio recorrió todo el Uruguay. La izquierda se había quedado sin gasolina para seguir gobernando.

Este 1 de marzo Lacalle Pou juró como presidente en una ceremonia solemne en el Palacio Legislativo, acompañado de los presidentes de Brasil, Colombia, Chile, Paraguay y el rey de España. Allí brindó un discurso tan claro como simple. Pocas citas a filósofos y estadistas, y sí mensajes claros y nítidos. Un discurso profundo llamando al pan, pan, y al vino, vino.

No hubo contradicciones entre lo que planteó en campaña y a lo que se comprometió en su primer discurso presidencial. Llamó los problemas de los uruguayos por su nombre y dijo cómo piensa enfrentarlos. Explicó sus desvelos y marcó el talante de lo que será su gestión al frente del Poder Ejecutivo. Se enfrentará el problema que más preocupa a los uruguayos: la inseguridad; se trabajará con austeridad republicana con los recursos públicos; se redoblará el esfuerzo para reducir el déficit fiscal. Habrá políticas de empleo y de vivienda. Se cuidará el medioambiente y, en particular, la calidad del agua dulce. Se iniciarán rondas para abordar la problemática de la seguridad social, la integración regional, el mejor funcionamiento del Mercosur. A su vez, la educación, largamente postergada durante los gobiernos del FA, estará en el centro de los cambios, como la innovación y el desarrollo del emprendedurismo.

La libertad como norte

Durante la campaña electoral Lacalle Pou siempre habló de la importancia de la libertad del individuo y de manejar la cosa pública con el objetivo final de que el ser humano sea más libre. El 1 de marzo finalizó su discurso hablando de este tema, con lo cual despejó todas las dudas sobre el talante de las prioridades de su gestión. En el momento más conceptual de su discurso el presidente electo destacó la importancia del derecho de todos.

Así lo explicó: «El derecho de quienes tienen simpatía por nuestro gobierno y el de aquellos que hubieran preferido que gobernaran otros. Los derechos de quienes viven de su trabajo y los derechos de quienes generan esos puestos de trabajo. Los derechos de hombres y mujeres de distintas creencias y orientaciones sexuales. Los derechos de quienes están presos y los derechos de quienes se ven amenazados o son víctima de delito. Por supuesto que también los derechos de aquellos que combaten el crimen. Los derechos de aquellos que no se animan a dejar su casa sola y los de quienes no tienen una casa para vivir».

Y remató con su amada búsqueda de la libertad. «Permítanme invitarlos a trabajar por la libertad en todas sus formas», dijo al final de su discurso en la Asamblea General.

«La libertad de poder vivir en paz, la libertad de poder elegir un trabajo digno, la libertad de poder darle un techo a la familia, la libertad de poder perseguir los sueños personales. La libertad de expresar las ideas de cada uno sin temor a ser hostigado por quienes piensan distinto».

Agregó que, si al final del período los uruguayos «son más libres», habrá hecho bien las cosas. «De lo contrario, habremos fallado en lo esencial».

Dice Messina, un consultor político global, figura clave de la reelección del expresidente Barack Obama en 2012, que el éxito para obtener la postulación presidencial depende del grado de potencia que adquieran durante una campaña tres palabras que en inglés comienzan con la letra m: mensaje, dinero y movilización.

En las 3M, América Latina es intrascendente para catapultar a la gloria a un candidato presidencial, y mucho más en los estados donde se empiezan a medir los competidores. América Latina aparece en la campaña interna demócrata pero a fórceps; no fluye naturalmente y por ello solo se escuchan planteos políticamente correctos sobre lo que necesitan escuchar los votantes hispanos.

Nuestra región nunca ha sido influyente en la historia de las primarias y no hay razones para que ello ocurra ahora, pese, incluso, al aumento relativo de la comunidad latina en Estados Unidos. Este año, se espera que los latinos por primera vez sean la minoría étnica más grande de la nación en una elección presidencial de los Estados Unidos, con un récord de 32 millones de personas con derecho a voto.

Las preocupaciones de los electores son muy claras. Una encuesta nacional telefónica del Centro de Investigación Pew, realizada a 1.504 adultos, del 8 al 13 de enero pasado, muestra las preocupaciones del electorado que, obviamente, se refleja entre los simpatizantes partidarios, aunque con algunas variantes en las inquietudes mencionadas.

La lucha contra el terrorismo (74 % de los encuestados) sigue siendo la prioridad principal entre el público en general, como lo ha sido desde 2002. Luego sigue el fortalecimiento de la economía, la reducción de los costos de atención médica y la mejora de la educación (cada una de ellas es mencionada por el 67 % de los consultados); finalmente se ubican como prioridades de política para los votantes el medioambiente (64 %) —aunque con una gran disparidad según el voto— y el seguro social (63 %).

Pero la inquietud por la economía es por su fortalecimiento. A decir verdad, no hay demasiada preocupación —o en todo caso es menor— sobre el empleo y la actividad económica en general: aumentó la buena percepción de los estadounidenses acerca de la marcha de la economía.

Según otra encuesta, de la firma Gallup, difundida este mes, el 63 % de los estadounidenses apoyan la política económica de Trump.

Ahora bien, las 3M de Messina son una explicación apropiada desde el marketing político; ayudan a entender la ausencia de América Latina en una campaña electoral pero son insuficientes para entender el silencio atronador del establishment de Washington con su patio trasero que trasciende la redada comicial.

En primer lugar, aunque mal que nos pese, América Latina como un todo es una medusa difícil de sostener en una mano por las múltiples diferencias culturales, económicas, institucionales, políticas y sociales. Ello explica en parte que hace mucho tiempo que no haya una política de Washington en relación a Latinoamérica, sino políticas de asuntos exteriores definidas en función de intereses estadounidenses muy concretos. La iniciativa del ALCA ha sido la excepción a la regla y quizás por ello su fracaso.

Terminó la guerra fría, hizo eclosión el comunismo y se resquebrajó el vínculo de América Latina en términos de geopolítica, seguridad nacional e ideología que alimentó la hegemonía estadounidense, que es más tardía de lo que solemos creer. No obstante, no se puede desconocer la presencia de esta tríada en la tensa relación actual entre la administración de Trump y los gobiernos de Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde se está jugando otro partido en los que intervienen otros grandes jugadores, la comunista China y la autoritaria Rusia.

La hoja de ruta en América Latina del leitmotiv trumpista «América primero, América primero», reforzó el camino de los vínculos bilaterales (México) o subregionales —como el caso de Centroamérica—, cada vez más lejos de una estrategia subcontinental en función de preocupaciones centrales por los migrantes y el narcotráfico. Sumaríamos el comercio. Pero no más.

En ese sentido, sigue estando presente la agenda negativa de Trump en América Latina (inmigración ilegal, recortes de ayuda, amenaza de retiro de acuerdos de libre comercio), que ha afectado incluso el vínculo hasta con países históricamente muy cercanos a Estados Unidos, como escribió Andrés Oppenheimer en el Nuevo Herald, el 12 de julio de 2019.

Una agenda negativa que ha contaminado a toda la política: los candidatos demócratas hablan de América Latina, cuestionando a Trump, por supuesto, pero desde la misma lógica de vínculos diplomáticos fragmentados.

Aún falta mucho camino por recorrer en la disputa presidencial estadounidense. Los demócratas recién largaron la competencia de las primarias para elegir a 3.979 delegados hasta el próximo 6 de junio, aunque Bernie Sanders es el favorito y, según encuestas, tiene muchas posibilidades de convertirse en el postulante demócrata. Pero faltan destinos influyentes como el supermartes, cuando 14 estados definirán el próximo 3 de marzo sus integrantes para la convención demócrata.

Trump, en mi opinión, enfrentará a Sanders, que encabeza las primarias, al redondear una formidable victoria en Nevada, con alrededor del 47 % de los votos, o al exalcalde de Nueva York Michael Bloomberg, que avanza a caballo de una millonaria campaña publicitaria que ya bate todos los récords (USD 364,3 millones), luego de que el exvicepresidente Joe Biden empezara a perder pie.

Es probable que Bloomberg termine aglutinando a los demócratas moderados, que ven con preocupación una postulación del socialista democrático Sanders, cuyo programa de izquierda reivindica un Estado más intervencionista —y hasta defiende parte del legado de Fidel Castro, algo inédito en cualquier candidato estadounidense—. El veterano senador de Vermont puede que gane la interna, pero ello no quiere decir que sea la mejor alternativa demócrata para enfrentar a Trump.

Si el Partido Demócrata llegara a la Casa Blanca —algo difícil de pronosticar hoy—, cualquiera de sus postulantes sería más cortés con la región que Trump y seguramente tendría más gestos de buena voluntad. Pero no habría que tener demasiadas expectativas de que ocurra un cambio de fondo, porque hace tiempo que la región ya no está de un modo integral en el radar de Washington.

Las primeras semanas del año para la política venezolana han sido inusualmente movidas, en un año que parecía signado por una pesimista certidumbre: el régimen socialista había no solo sobrevivido un año más, sino que además desplegaba una poderosa campaña masiva resaltando la «normalización» de un país «indoblegable» ante la oposición interna y la presión externa. Nos dirigíamos hacia unas elecciones parlamentarias sin alternativas reales de triunfo para la oposición democrática, derivada del vaciamiento de los estándares pluralistas mínimos, la dura represión sobre los partidos disidentes y la desconexión entre el descontento generalizado de la población y las opciones políticas efectivamente posibles.

Dos eventos signaron la política opositora de este inicio del año: por una parte, la toma de la Asamblea Nacional por una directiva espuria, emanada del cohecho y la influencia del Partido Socialista sobre poco conocidos legisladores electos en las planchas opositoras; fabricando una falsa y pretendida «mayoría», y violentando la entrada de los representantes legítimos al Capitolio federal en Caracas, pusieron al moralmente cuestionado diputado Luis Parra al frente de una Cámara falsa, con el ostensible doble propósito de «retomar la Asamblea» y profundizar la desconfianza entre los opositores. De inmediato, la mayoría parlamentaria legítima —aunque disminuida— sesionó fuera del palacio, iniciando formalmente su período de sesiones. Por otra parte, la tournée del presidente Juan Guaidó, reelecto por la Cámara, recorrió distintas capitales del Occidente democrático, reuniéndose con líderes globales y con venezolanos de la diáspora. A su regreso, hostigado por partidarios de Nicolás Maduro y fuerzas del Estado, recibió el espaldarazo de la vocería de casi todos los partidos de oposición, declarando que traía consigo «el compromiso del mundo libre, dispuesto a ayudarnos a recuperar la democracia y la libertad».

La indignación ante la usurpación de la Asamblea Nacional, y la gira de Juan Guaidó parecieron aliviar las tensiones entre la oposición, pero esto no ha definido con claridad la línea política del año por venir. Por una parte, siguen existiendo dos sectores relevantes de la oposición fuera de la coalición del Frente Amplio que coordinan los cuatro más significativos partidos democráticos. Estos dos sectores son el conformado por los partidos de la Mesa de Negociación Nacional (entre ellos Avanzada Progresista, del exgobernador y candidato presidencial Henri Falcón), que desean un acercamiento moderado con el oficialismo, y el más radical de la coalición Soy Venezuela, liderado por María Corina Machado, que plantea una ruptura con el statu quo por medio de una intervención extranjera. Ambos grupos pueden tener una influencia política mayor a la que su apoyo social corresponde, pero afectan la dinámica de la oposición a gran escala. Entretanto, los cuatro grandes partidos no parecen haber definido aún su línea de acción política interna. De acuerdo en la necesidad de reavivar la manifestación social, pero conscientes de los límites de esta táctica, no se muestran en una voz ante la estrategia de este año. Que el viaje del presidente Guaidó haya ocurrido sin que ese consenso estuviese alcanzado, solo puede perturbar lo que debe ser un debate franco entre importantes aliados.

El espectro de las elecciones parlamentarias, ante las cual el atribulado pero abusivo y dominante Partido Socialista se ha activado, es un horizonte pesado para la causa democrática venezolana. Por una parte, en las elecciones parlamentarias del 2015 la oposición no solo logró su mayor victoria, sino que esta es la fuente de su reconocimiento global como actor político relevante en la crisis venezolana, y el argumento central del liderazgo de Juan Guaidó dentro de la coalición. Por otro lado, el empeoramiento de las condiciones de libertad política, en un sexenio marcado por la más dura represión de las últimas décadas, ha minado la ya poca confianza en el sistema electoral y debilitado con ello la posibilidad de participar.

Entretanto, los partidos democráticos se encuentran debilitados, perseguidos y proscritos, aunque aún tenaces en su organización y formación de cuadros. Con ello, los demócratas venezolanos nos encontramos con que nuestra mayor fuente de legitimidad e influencia política se encuentra vedada, y ello da mayor cabida en la opinión a quienes plantean que la ruta de la oposición ha de procurar salidas de fuerza.

La paradoja es que el descontento venezolano no necesariamente se traducirá en votos y, si lo hace —como ocurrió crecientemente en la década pasada—, será negado por el poder del Estado. Sin embargo, se abre una esperanza cuando el apoyo democrático de Occidente reitera la esencialidad de elecciones libres, y cuando en torno a la Asamblea Nacional podrían producirse acuerdos políticos para la formación de un nuevo Consejo Nacional Electoral más equilibrado. No siendo esto aún suficiente por sí mismo, abre una puerta necesaria.

Muchas veces se plantea que la ruta parlamentaria, mellada como ha sido por el abuso judicial, es demasiado indirecta para la toma del poder. Quizás este no sea el foco pertinente, aunque lo reclame así el mensaje del liderazgo más conspicuo. Puede que se trate, hoy, de la supervivencia. Pero, ¿podemos los demócratas simplemente sobrevivir en una dictadura sin convertirnos en sus cómplices? ¿Puede sobrevivirse como opción de poder real si se reduce a los castigos del exilio? La oportunidad del momento está en que el inevitable debate sobre las elecciones se convierta en el necesario debate nacional sobre las libertades políticas y, con ello, el canalizador de un descontento interno real que aún no cuenta con una estrategia eficaz.

Una pregunta común de los analistas de política es la de qué percepción tenemos del Estado en un país concreto. Esta pregunta parece simple, en principio, pero rápidamente se encuentra con paradojas importantes; por ejemplo, sentimos que algunos Estados son esencialmente diferentes, pero no sabemos claramente en qué lo son. De hecho, podemos considerar que se trata de Estados radicalmente opuestos y aun así notar en las estadísticas que tienen políticas públicas similares o, incluso, exactamente iguales. Esta dificultad para identificar claramente las diferencias entre los Estados se ha vuelto un arma constante de debate político para afirmar erróneamente que dichas diferencias no existen. Entonces, hay Estados que son distintos entre sí, pero no con base en su ideología o políticas públicas, sino en las lógicas y narrativas que impregnan sobre las dinámicas de la política.

Lakoff (2010) sostiene que solemos pensar el mundo de la política en términos metafóricos. Es decir, comprendemos estas dinámicas con base en metáforas de otros aspectos de nuestra vida. En el caso del Estado —afirma—, utilizamos los modelos idealizados de una familia tradicional. Un ejemplo de ello es la narrativa de los padres fundadores. Esto ocurre porque es necesario utilizar categorías cercanas para clasificar y comprender estructuras tan abstractas —y, en principio, distintas— como el Estado. Los hechos pueden sernos mostrados entonces, pero ellos se entienden y se les otorga sentido a partir de un marco preestablecido. En el caso del Estado, Lakoff identifica dos grandes modelos de familia en el mundo occidental, que sirven de metáfora y marco preestablecido para otorgar sentido.

El primer modelo es el del padre autoritario, donde el Estado es visto como aquel que tiene el monopolio sobre el criterio moral de su familia (nación), funge como autoridad moral y además debe reprimir los malos comportamientos de forma definitiva e inexorable. Por otro lado, el padre progresista tiene una visión plural de la moralidad y un sentido menos vertical de la autoridad. Estos comportamientos no están asociados directamente con ninguna estructura ideológica, pero sí dan pistas sobre cuáles son esas diferencias entre los Estados que no dependen claramente de contenidos ideológicos ni técnicos, sino de sus marcos narrativos y de la lógica implícita en su actuar. Las consecuencias de estas representaciones son múltiples.

Para los que siguen el esquema protector, aquellos que están en el poder son susceptibles de rendir cuentas al público. Para los conservadores, solo los subordinados son susceptibles a rendir cuentas, pero a las autoridades. Cuando las cosas van mal ellos encuentran una mala manzana. (Lakoff, 2010, p. 163)

Esta no es la división tradicional entre autoritarismo, democracia y republicanismo, sino que es la introducción de elementos implícitos en la lógica de operación del Estado que pueden presentarse en diferentes momentos sin que ello implique un cambio en la ideología. Estos comportamientos son expresiones de los valores, simbolizados a partir de elementos como la identidad y los hábitos políticos.

Sin embargo, en el caso de América Latina este esquema parece ser insuficiente. Es decir, no explica el caso de los Estados que están diseñados de tal manera que pareciera constantemente que se encuentran en el marco de un proceso de emancipación. Es decir, se trata de estructuras burocráticas diseñadas para conservar la narrativa de que el Estado se debe estar reformando continuamente y debe defenderse de sí mismo.

Esta lógica es relevante porque, aunque no cabe en los estándares construidos por el autor, sí acude a la metáfora de la familia para ser comprendido. Además, realiza una inversión que es necesario resaltar: estos Estados parecen imitar la figura de un miembro rebelde de la familia que toma el poder de forma reciente y está reformando continuamente hábitos del que supone como el Estado tradicional. Esto consigue que los juicios morales no sean ni auténticamente ortodoxos, ni tampoco en sentido estricto conciliadores, sino elementos que han de definir constantemente una nueva época en el porvenir. En general, la narrativa es la de comenzar y construir, bien sea de forma conjunta o siguiendo un protocolo definido, y tiene un tono de novedad que no puede atribuirse a sus políticas públicas sino a la lógica en la que son presentadas.

La pregunta interesante en este punto es saber qué ideologías en la práctica se adaptan de mejor manera a este tipo de Estado en la región y hasta qué punto temas como el clientelismo y ciertas formas de nacionalismo se explican por la existencia de este formato en algunos Estados de América Latina.

Bibliografía

Lakoff, G. (2010). Moral políticas: How liberals and conservatives think. University of Chicago Press.

La caída del Muro de Berlín en 1989 puso fin al orden mundial existente desde fines de la segunda guerra mundial, caracterizado por una disputa de poder entre el relato liberal y el comunista. El colapso del mundo bipolar fue catalogado por algunos como «el fin de la historia», en alusión al triunfo del liberalismo político y económico sobre la dictadura del proletariado y la economía centralizada. El Estado de derecho, la representación, el respeto por las minorías, el libre mercado y la globalización se consolidarían en la mayor parte del mundo occidental y ya no habría oposición ideológica alguna. Era el triunfo del liberalismo.

Sin embargo, las primeras dos décadas del nuevo siglo comenzaron a mostrar una ralentización en el crecimiento económico de los Estados liberales más desarrollados del mundo: Estados Unidos en las primeras dos décadas de la posguerra creció a un promedio del 4 % anual, mientras que en las dos últimas décadas lo hizo al 2 %. En Francia la diferencia es aún mayor: el crecimiento en la era de la posguerra fue a un promedio del 5 % anual, mientras que en los últimos veinte años lo hizo a un 1,5 %. Las trayectorias para países como Alemania e Italia son similares. Esta merma en el crecimiento económico ha llevado a que las nuevas generaciones no gocen del mismo nivel de vida que tuvieron sus antecesores, con el agravante de que el mercado laboral de los próximos años exigirá una mayor calificación y será más competitivo, lo cual dejará a mucha gente afuera. Esto ha despertado en la ciudadanía, sobre todo en las masas trabajadoras que sienten temor a perder su empleo, un rechazo hacia el liberalismo. He ahí el caldo de cultivo de los populismos autoritarios.

Con el cambio de siglo se produjo también una revolución en las infotecnologías y en las comunicaciones, lo que ha ocasionado cambios profundos en nuestra democracia. La aparición de internet primero y las redes sociales después, a las que puede accederse desde un computador portátil, masificaron el acceso a la información y volvieron la comunicación horizontal. Hoy la mayoría de los ciudadanos son permanentes emisores y receptores de mensajes y tienen acceso a un gran caudal de información. Esto ha generado que vivamos en la era de la desintermediación y la desinformación: ciudadanos que no sienten la necesidad de ser representados, sino que pueden expresarse y ejercer un activismo de manera individual en relación con cada tema que les preocupa; y un gran caudal de fake news que circula por las redes, lo cual más que informar, desinforma.

Este fenómeno ha mostrado hasta ahora efectos positivos y negativos en relación con la democracia. Por un lado, ha servido como herramienta de difusión de información y convocatoria a movilizaciones contra regímenes autoritarios, como el caso de la Primavera Árabe en 2010; pero por otra parte está siendo utilizado eficazmente por los populismos autoritarios para diseminar su mensaje de odio y canalizar el descontento ciudadano con el liberalismo. ¿En qué consiste ese mensaje o relato?

La retórica populista se caracteriza por reivindicar al pueblo por sobre el establishment, al que acusa de buscar satisfacer únicamente sus propios intereses. Cuestiona la representación y apela a una relación directa con el pueblo, que en su concepción está representado únicamente por la mayoría que los eligió. Se opone a la globalización y a la inmigración. No tolera al multiculturalismo y reivindica la identidad nacional. El problema de estos líderes es que están desconsolidando la democracia liberal e instaurando regímenes iliberales: cooptan organismos de control, designan jueces afines, expropian medios de comunicación y persiguen a líderes de la oposición. De esta manera, poco a poco, van deteriorando la calidad democrática, llegando en algunos casos ha producirse la transición hacia una autocracia, como acontece con Maduro en Venezuela.

La historia, como pensaba Francis Fukuyama, no ha llegado a su fin. Líderes como Trump, Bolsonaro, Kurz, Orbán, Erdogan y Putín; o movimientos como Alternativa para Alemania, el brexit en el Reino Unido o Cinco Estrellas en Italia están poniendo en jaque al liberalismo. El gran dilema de los próximos años será ver cómo lograr una mayor eficacia en la satisfacción de las demandas ciudadanas, en el marco del respeto a las libertades civiles y a las minorías. Un nacionalismo excluyente, que no respete el pluralismo y no conciba que existen problemas globales como la contaminación ambiental y el terrorismo, que demandan soluciones globales, no es el camino adecuado.

Ser más eficaz en la formulación de las políticas públicas implica escuchar más al ciudadano, lo que a su vez demanda mejorar la calidad de la representación (no eliminarla), utilizando para ello las nuevas tecnologías. Esto a su vez debe compatibilizarse con el saber experto. El desafío es enorme, más aún si se tiene en cuenta que el avance de la automatización y la inteligencia artificial pronto destruirán los trabajos rutinarios dejando a una gran parte de la población fuera del mercado laboral.

El regreso a los principios constitucionales

El ascenso al poder de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en México está generando una serie de cambios en el sistema político mexicano tanto en el ámbito interno como en el internacional. Las implicaciones del cambio a mediano y largo plazo no quedan claras hasta el momento.

En lo interno, se plantea la denominada cuarta transformación, con reformas y cambios drásticos frente a los gobiernos anteriores del PRI y del PAN. En el ámbito internacional el escenario no es de transformación, sino de un aparente retorno a los principios tradicionales de la política exterior mexicana consagrados en la Constitución.

Se tiene que destacar que la Constitución mexicana ciertamente aporta principios generales que deben orientar la actuación internacional de México, pero no puede ser catalogado como un plan o programa de gobierno en materia internacional. Es más bien por la falta de conceptos operativos y estrategias concretas en cuestiones internacionales que se puede deducir que existe un vacío en la política internacional del nuevo gobierno mexicano. La afirmación del presidente López Obrador de que «la mejor política exterior es la interior» confirma esa percepción.

A esto se agrega el hecho de que se recortó considerablemente el presupuesto y los recursos humanos de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que tiene implicaciones para cantidad y calidad del personal diplomático y consecuencias institucionales como el fin de la agencia de promoción de comercio e inversiones ProMéxico.

En el primer año de gestión del nuevo gobierno, los temas internacionales han sido postergados sustancialmente en el orden de prioridades y solamente han adquirido relevancia en el marco de crisis visibles e ineludibles como los flujos migratorios centroamericanos que cruzan por México para llegar a Estados Unidos o en el caso de Venezuela y, más reciente, de Bolivia.

Cabe señalar que el poco interés de AMLO en lo internacional tiene un fuerte componente personal. Durante su gestión desde diciembre de 2018, el presidente no ha salido de México y señaló que no haría «turismo político» durante su gobierno porque tiene «muchas cosas que hacer dentro del país». Esto contrasta fuertemente con los dos presidentes anteriores, que desde el comienzo de sus gestiones mantuvieron una fuerte agenda y presencia internacional. En cambio, López Obrador ha optado por delegar su presencia internacional, por ejemplo, la asistencia en la cumbre del G20 en junio de 2019 en Japón, a su secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard Casaubón.

Si el poco interés es válido para la política exterior global de la nueva administración, también lo es, aunque en menor medida, para su política de cooperación e integración regional. En consecuencia, tampoco está clara la forma que tendrá la integración y la cooperación regional con los países de América Latina (más allá de autoproclamarse «hermano mayor» de esta región en su reunión con los embajadores mexicanos el día 8 de enero de 2020) o las relaciones interregionales con la Unión Europea (UE) y China.

Enfoques diferentes: América del Norte, América Central y América del Sur

La relación con los Estados Unidos y Canadá siempre ha sido predominantemente económica. Con la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca en 2016, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) fue renegociado entre 2017 y 2018. El resultado fue un acuerdo con un nuevo nombre: Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC). El compromiso del gobierno de AMLO y de la mayoría parlamentaria que tiene MORENA en el Congreso Mexicano ha sido claro en cuanto a la renegociación del TLCAN y la ratificación del T-MEC. Después de la ratificación por el Senado de la República en México en junio de 2019 y en el Congreso de Estados Unidos en enero de 2020, solo faltaría la aprobación por el Senado y el Parlamento en Canadá.

Esta dinámica no es una sorpresa, dada la enorme interdependencia comercial de México con Estados Unidos y, aunque en menor medida, con Canadá. En 2017, el comercio dentro de América del Norte representó el 77 % del PIB de México, del cual el 63 % del total se concentró en los Estados Unidos y el 3,8 % con Canadá.

En lo que se refiere a las políticas mexicanas hacia América Central, también predominan los intereses económicos. México ha tenido una presencia permanente en la región en las últimas décadas, expresada en iniciativas como el Plan Puebla Panamá, el Proyecto Mesoamérica o la Iniciativa Mérida. No obstante, estos espacios han sido criticados por ser funcionales a la estrategia de promoción y libre comercio y lucha contra las drogas de Estados Unidos. Se argumenta que estas iniciativas no responden a los problemas centrales de la región, como son las desigualdades sociales, la falta de infraestructura, la debilidad de las instituciones públicas, la creciente violencia o el flujo de ciudadanos centroamericanos que cruzan por México hacia Estados Unidos. Esta situación se ha agravado en los últimos años, como lo demuestran los constantes y crecientes flujos de migrantes que, partiendo del Triángulo Norte Centroamericano (Honduras, Guatemala y El Salvador), atraviesan en caravanas el territorio mexicano hacia los Estados Unidos.

Una de las consecuencias de esta crisis es que ha afectado la relación de México con la administración de Donald Trump, debido a las críticas que éste ha hecho a la falta de acción mexicana para detener estas caravanas. En mayo de 2019, Trump amenazó con la implementación de un arancel del 5 % para importaciones desde México si no detenía la llegada de migrantes centroamericanos a la frontera con Estados Unidos. Trump incluso anunció una escalada del gravamen hasta del 25 % si la Casa Blanca consideraba que México no estaba tomando las medidas necesarias. Cabe señalar que, con base en cifras del primer trimestre de 2019, un aumento de tan solo el 5 % de los aranceles significaría una pérdida de alrededor de 17.000 millones de dólares al año, lo cual representa un 1,5 % del PIB de México. La respuesta del gobierno mexicano ante la situación ha sido el envío de elementos de la recién creada Guardia Nacional a la frontera sur del país, lo cual ha ocasionado enfrenamientos con los migrantes. El caso más reciente fue la caravana de migrantes conformada por alrededor de 4.000 personas en enero de 2020.

En el caso de América del Sur, las relaciones exteriores de México se concentran principalmente en la Alianza del Pacífico, creada en 2011 con Colombia, Chile y Perú y en una modesta participación como observador en el Mercado Común del Sur (Mercosur). No obstante, existen actualmente dudas sustanciales sobre si el gobierno mexicano mantendrá su compromiso con la Alianza del Pacífico, un proyecto que se orienta por premisas de economía de mercado, descritas como neoliberales y que han sido fuertemente atacadas por el presidente AMLO. El hecho de que AMLO no haya asistido a la XIV Cumbre de la Alianza realizada en Lima en julio de 2019 subraya estas dudas.

En cuanto a la importancia del Mercosur para México cabe señalar que con la llegada de Jair Bolsonaro en Brasil y Alberto Fernández en Argentina este bloque enfrenta tensiones ideológicas profundas y por lo tanto es de esperar que México mantenga una distancia aun mayor. Otros mecanismos de integración latinoamericanos como la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) o el Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur) no figuran en el discurso de AMLO, a pesar de la cumbre CELAC celebrada en México a principios de enero de 2020.

Por el otro lado, la elección de Alberto Fernández parece abrir la puerta para un nuevo acercamiento con Argentina. Justo después de su elección, al principio de noviembre de 2019, aun antes de asumir la presidencia, Fernández viajó a México. Durante su reunión, López Obrador y Fernández declararon su intención de aliarse para «impulsar un eje progresista en América Latina». Esta iniciativa (Grupo de Puebla), que se basa en la afinidad ideológica entre ambos mandatarios, puede marcar indicios de una nueva dirección en la política exterior de México hacia América del Sur.

El expresidente boliviano Evo Morales se ha convertido en el centro de atención en la región. Tras las elecciones fraudulentas en 2019 y las protestas masivas de la oposición, renunció a la presidencia y el gobierno mexicano le otorgó explícita y oficialmente el asilo político en México por «razones humanitarias». Se argumentó que su vida corría peligro a raíz de que se había perpetrado un «golpe de Estado» en su contra.

Al calificar a la situación boliviana como golpe de Estado, México se alejó de la posición oficial de la OEA o de países como los Estados Unidos, Brasil o Colombia, que criticaron a Morales y su reelección inconstitucional, o la definieron como «autogolpe», y se acerca nuevamente a la Argentina de Fernández, pero también a Venezuela, Nicaragua y Cuba. Incluso, la trayectoria de la aeronave del ejército mexicano enviada por el gobierno para el vuelo de Morales ocasionó una serie de malestares diplomáticos con algunos de los principales socios de México en la región, como Perú.

La invitación a Morales al asilo pareció improvisada y es un desafío para las relaciones diplomáticas de México en la región, posiblemente también con los Estados Unidos. Al mismo tiempo significa una obvia contradicción frente a la política de no intervención, tan intensamente declarada por el gobierno mexicano. La permanencia de Evo Morales causó más de una controversia en México, con protestas en universidades y poco apoyo visible de la población. Su salida a Argentina después del cambio de gobierno en ese país, se produjo sin grandes declaraciones ni manifestaciones de apoyo.

Una nueva escalada en las relaciones con Bolivia se produjo más tarde con la masiva presencia de fuerzas de seguridad frente a la Embajada de México en La Paz, la visita de diplomáticos españoles en la residencia, la sospecha de albergar más funcionarios del exgobierno de Evo Morales y finalmente la expulsión de la embajadora mexicana, así como de diplomáticos españoles. La situación escaló hasta la Corte Internacional de Justicia cuando el canciller Marcelo Ebrard anunció que demandaría a Bolivia por el hostigamiento.

En las relaciones con Venezuela, México abandonó la posición que condena al régimen de Nicolás Maduro por parte del Grupo de Lima. Con esto se aleja nuevamente de los principales países de América Latina y se acerca a Uruguay y a los aliados del gobierno venezolano (Cuba, Nicaragua, Bolivia, el recién gobierno electo en Argentina y algunos miembros de la Comunidad del Caribe). Por ejemplo, México no otorgó el reconocimiento a Juan Guaidó como presidente legítimo de Venezuela, quedando fuera del grupo de más de 50 países que le dieron su reconocimiento, el cual incluye a las mayores economías latinoamericanas como Brasil, Argentina (con Mauricio Macri), Chile o Colombia.

Cooperación interregional: UE y China

En el caso de las relaciones con la Unión Europea, hasta el momento no se percibe ninguna estrategia particular del nuevo gobierno, por lo que podría asumirse que se continuará con la política existente hasta el momento. Desde que el Tratado de Libre Comercio entre México y la Unión Europea (TLCUEM, también conocido como Acuerdo Global) entró en vigor en el 2000, el comercio entre México y la UE se ha incrementado en un 330 %, pasando de 18,7 billones de dólares en 1999 a 61,8 billones de dólares en 2016. El Acuerdo Global ha sido importante no solo porque ofrece una posibilidad de disminuir la dependencia con Estados Unidos, sino porque el diálogo político también es una parte relevante del tratado. El diálogo entre México y la UE incluye hasta el momento siete cumbres de jefes de Estado y 23 comités parlamentarios conjuntos.

En 2017, México y la UE acordaron llevar a cabo la modernización del Acuerdo Global. En abril de 2018 esta modernización concluyó en principio con un tratado de libre comercio ambicioso. Sin embargo, el moderno Acuerdo Global aún no ha sido ratificado por ambas partes, aunque en meses recientes se han pronunciado en favor de acelerar el proceso.

En el caso de Alemania, la relación con México continúa fortaleciéndose en la mayoría de los aspectos, pero no ha estado exenta de incomodidades a causa de algunas decisiones puntuales de la nueva administración de AMLO. Para México, Alemania es su principal socio comercial entre los países de la UE y su quinto socio a nivel mundial. La industria alemana se ha establecido en el país principalmente por las facilidades que otorga para la producción manufacturera y la exportación hacia el mercado norteamericano. Asimismo, el volumen de inversión extranjera directa (IED) alemana en México ha tendido a incrementar en los últimos años: pasó de 715,5 millones de dólares en 2008 a 2.755,9 millones de dólares en 2018. No obstante, la IED alemana no es homogénea alrededor del territorio mexicano, pues la mayor parte se concentra en pocos estados, principalmente en la zona conocida como el Bajío. Esta región, que comprende los estados de Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, Jalisco y San Luis Potosí, se ha convertido en un destino favorito para los inversionistas alemanes en los últimos años por la buena infraestructura, el marco de reglas favorable para economía y las inversiones que ofrecen y que atraen a inversionistas alemanes, sobre todo en el sector de movilidad y sus proveedores.

Por otro lado, las relaciones de cooperación internacional con Alemania han sufrido episodios incómodos en el último año, principalmente en la política de cooperación internacional alemana en México. Esta cooperación alemana, a través de la Agencia de Cooperación Internacional (GIZ), se encontró con una resistencia marcada de la Secretaria de Energía (SENER), que se opuso tajantemente a uno de los proyectos centrales de la cooperación: la Alianza Energética México-Alemania, que ya existe desde una declaración de intenciones en el 2006. La SENER canceló la cumbre de la alianza en marzo de 2019 con pocos días de antelación y se excluyó el tema de las negociaciones para proyectos en el próximo año. La cooperación técnica sigue en algunos temas como formación dual y biodiversidad. Sin embargo, el panorama de cooperación se complicó considerablemente tras esta decisión de la nueva administración.

Todavía no es claro cómo se abordará la relación con China, un país cada vez más influyente en América Latina y que ha firmado acuerdos bilaterales de libre comercio con socios en la región (ya lo ha suscrito con Chile, Perú y Costa Rica). Esta estrategia de China puede ser interpretada como parte de la guerra comercial que ha ostentado con Estados Unidos. A pesar de que Trump y Xi Jinping han dado señales de una disminución del conflicto con la firma de un nuevo acuerdo comercial, algunos de los asuntos de mayor tensión no han sido resueltos, por lo que lograr una paz comercial podría tomar muchos años.

El artículo 32.10 del nuevo T-MEC objeta la firma de acuerdos comerciales con países que no sean economías de mercado. Parece evidente que esta cláusula va dirigida a China y en el texto mismo se menciona que si algún miembro del T-MEC firma un acuerdo de este tipo, el resto tiene el derecho de excluirse del acuerdo norteamericano. En otras palabras, el T-MEC establece un claro condicionante a un posible acercamiento entre México y China en un futuro cercano. Hasta la fecha, el gobierno mexicano ha aceptado estas condiciones sin objeción alguna.

Conclusión

En conclusión, la política exterior del nuevo gobierno mexicano, tras la ausencia de una estrategia clara, es incierta. Por lo tanto, es poco previsible su orientación y posibles cambios en los próximos años. Hasta el momento, el presidente ha optado por relegar la política internacional a un segundo plano, en el mejor de los casos, y únicamente atender aquellas situaciones en donde los intereses económicos de México estén directamente comprometidos o en aquellos donde existe un interés o afinidad más de orden ideológico del presidente mismo y/o de su partido.

Flanqueado por militares y policías armados y tras él el jefe del Estado Mayor, el presidente espetó:

“Ahora está muy claro quién tiene el control de la situación.  Y la decisión que vamos a tomar ahora la vamos a poner en manos de Dios”.  Se cubrió el rosto, se inclinó y con los fusiles como ofrenda pidió sabiduría a Dios.

A Dios le tomó un minuto y 54 segundos responderle. Según el presidente, “Dios me pidió Paciencia”, aseguró.

La oración en el Salón Azul fue el intermedio de un “acto de insurrección” invocado por el presidente, quién exigía a los legisladores aprobar un préstamo de 109 millones para la cartera de seguridad y su denominado Plan Control Territorial.

Antes de entrar al edificio de la Asamblea Legislativa, el presidente parecía sugerir que la tomaría por la fuerza. Con forzados argumentos legales, frente a sus seguidores acusaba a los diputados de que, por no haber asistido a la convocatoria de asamblea extraordinaria hecha dos días antes por él a través de su concejo de ministros, se había roto el orden constitucional y que el mismo no podía impedir que el pueblo salvadoreño ejerciera su derecho a la insurrección popular, también consagrado en la constitución salvadoreña.

En los días siguientes la institucionalidad del país reaccionó. Los magistrados de la Sala de lo Constitucional ordenaron al presidente abstenerse «de hacer uso de la fuerza armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y de poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema político pluralista y de manera particular la separación de poderes», lo que el presidente acató aunque, según un comunicado, «no comparte» lo resuelto por la Sala. Esto ayudó finalmente a calmar los ánimos después de que organizaciones como Human Rights Watch y varias embajadas en el país se habían pronunciado en contra de las provocaciones del Ejecutivo.

¿Pero cómo se ha llegado a tal situación? ¿Qué puede esperar El Salvador en lo que sigue?

El fin del bipartidismo de tres décadas ocurrió en El Salvador el 3 de febrero de 2019, cuando Nayib Bukele, el primer presidente millennial de América Latina, ganó de manera abrumadora las elecciones presidenciales. Bukele alcanzó la presidencia manteniéndose ajeno a las tradicionales fuerzas políticas: la conservadora Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), oficialismo entre 1989 y 2009; y el exmovimiento guerrillero convertido en partido político Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), partido oficial entre 2009 y 2019.

Desde su toma de posesión, la estrategia de Bukele parece desarrollarse en cuatro frentes distintos: mantener y fortalecer el apoyo popular; institucionalizarse en el sistema de partidos; destruir a sus enemigos políticos; y garantizar su permanencia en el poder.

Ha sido muy exitosa su primera estrategia para fortalecer su apoyo popular. Diversas encuestas le otorgan niveles de aprobación que rozan el 90% aun seis meses después de haber tomado posesión, haciéndolo el presidente más popular de América Latina, a partir de decisiones populares (despido de funcionarios, nombramientos de personalidades, acusaciones contra enemigos, anuncio de medidas represivas contra la delincuencia o acusaciones contra enemigos) y sobredimensionándolas en las redes sociales.

La conexión que presume el presidente Bukele con la ciudadanía es su mayor fortaleza, su capital político más importante y el que hace temer a los partidos políticos del sistema y sus funcionarios.

Este apoyo le ha dado al presidente un ejército de fieles en redes sociales, que atacan de manera inmisericorde a cualquiera que se atreve a disentir. Resulta preocupante el carácter indolente de gran parte de la ciudadanía que no vio nada grave en la intervención del presidente. Aunque para muchos esto parecía un exabrupto, no creían que fuera una reacción equivocada y, tampoco, peligrosa.

Su segunda línea estratégica es la instucionalización dentro del sistema de partidos. Una vez consumada su victoria, el presidente se alejó de GANA, la formación que le sirvió de vehículo para llegar al poder, y formó un nuevo partido, Nuevas Ideas (NI). Su apuesta es contar con una mayoría en la próxima legislatura, que no cuestione sus decisiones. Ante la contienda parlamentaria del 2021, el NI parte con la ventaja de ser apadrinado por un presidente con los niveles más altos aprobación en la región.

Como tercera línea estratégica, Bukele se ha dedicado a la destrucción de sus adversarios políticos, comenzando una estrategia de exposición, persecución y desgaste que de manera sistemática ha ido minando a los tradicionales institutos políticos. Con la frase «los mismos de siempre», el presidente se refiere al FMLN y a ARENA como unidad. Los problemas del país son responsabilidad de los mismos de siempre, las dificultades para gobernar son culpa de los mismos de siempre, quien obstaculiza los planes del presidente son los mismos de siempre.

Al ocupar la Asamblea Legislativa, el único reducto de poder real de la oposición, y dejar en claro quién está a cargo de la situación, aquella tarde el presidente no solo hirió a sus enemigos sino que quemó los puentes para cualquier diálogo.

Es de notar que la reacción unánime de los mismos de siempre a las agresiones del presidente fue instrumental: mostrarle sus límites.

Como también sucede con otros jefes de Estado que han encontrado en la prensa un enemigo a vencer, Bukele ha sustituido a los medios como intermediarios para enviar sus mensajes y lo hace en tiempo real con sus seguidores y el resto de ciudadanos a través de las redes sociales y de sus cuentas personales en Twitter y Facebook. El presidente Bukele, intolerante a la crítica y rodeado de asesores que le temen y adulan, es permisivo y de hecho promueve la hostilidad hacia quienes disienten con él y su proyecto político.

La cuarta línea estratégica es la más clásica de los caudillos latinoamericanos: asegurarse el apoyo de las fuerzas armadas.

Bukele está dando a los militares un rol y un protagonismo sin precedentes desde el fin del conflicto armado y que, a la postre, tampoco los militares están pidiendo. Después de todo, los USD 109 millones sobre los cuales el presidente estaba exigiendo su aprobación son para —como lo dijo, previo al ingreso al recinto legislativo— «la fuerza armada y la policía nacional civil, que están acá no para reprimir al pueblo, sino para apoyar al pueblo».

El mensaje es claro: el apoyo popular no significa nada sin las armas, y las armas están con él.

En todo momento de aquella tarde los militares mantuvieron una presencia constante al lado del presidente. Y, como él mismo dijo,

Ustedes saben, el pueblo salvadoreño completo lo sabe, nuestros adversarios lo saben, la comunidad internacional lo sabe, nuestra fuerza armada lo sabe, nuestra policía nacional civil lo sabe, todos los poderes fácticos del país lo saben. Si quisiéramos apretar el botón, sólo apretamos el botón.

Así, el presidente más cool, de América Latina, el presidente millenial, el enemigo de los mismos de siempre y el promotor de un partido llamado Nuevas Ideas se convirtió en un jefe de Estado que recurre a la forma mas clásica de los caudillos latinoamericanos de legitimar su poder, las armas.

El Salvador nos está enseñado en estos días que ni la alternancia en el poder ni el amplio apoyo popular ni el impulso al sistema de partidos son suficientes para una que una democracia exista. El Salvador está siendo un recordatorio de la necesidad de proteger la democracia de manera permanente más allá de las formas.

Las instituciones responsables de proteger la democracia deben estar atentas.

La descentralización vino acompañada con la promesa de ser un medio para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos al acercar el Gobierno a las demandas de estos. El resultado debía calificar la implementación de las acciones, hacerlas más eficientes y reducir sus costos. Se mezclaron promesas de redemocratización del Estado ante la sociedad, respuestas a la crisis fiscal del sector público y soluciones a los dilemas de gobernabilidad.

La descentralización surgió como una posibilidad de pactar acuerdos entre el nivel central y las elites regionales para redistribuir el poder y generar más autonomía política, fiscal y administrativa. Sería un instrumento para reducir la histórica concentración de poder en el Estado nacional en favor de una mayor autonomía para gobiernos subnacionales elegidos democráticamente, lo que ampliaría la eficacia de las acciones y la rendición de cuentas.

Este proceso fue considerado una respuesta yuxtapuesta de gobernanza democrática y reformas económicas que juntas apoyarían la descentralización de la autoridad política, de las responsabilidades administrativas y de los recursos fiscales. Administrativamente, ante la escasez de recursos públicos y el aumento de las demandas sociales, sería posible actuar con más eficiencia y rapidez. La descentralización reforzaría la sociedad civil, aumentaría las capacidades de gestión local, haría a los gobiernos más responsables y capaces de administrar mejor los recursos para satisfacer las necesidades de los ciudadanos. En síntesis, la descentralización engendraría más eficiencia, efectividad y control en la gestión pública a nivel local.

Sin embargo, todavía no es posible afirmar que estas promesas hayan logrado pleno éxito. En la dimensión fiscal, nada garantiza que los gobiernos subnacionales y sus líderes políticos sean más responsables en el manejo de las finanzas. Con más descentralización y autonomía, los desafíos de controlar los presupuestos son mayores. La rendición de cuentas vertical y horizontal puede ser administrada con niveles más altos de discrecionalidad y resultar en pérdidas de eficiencia fiscal. Eso pasó en Brasil y en el año 2000 la Ley de Responsabilidad Fiscal, propuesta por el gobierno federal, definió nuevas reglas para la gestión fiscal de estados y municipios. La promesa de aumentar la calidad de la gestión fiscal por medio de la descentralización no es un atributo intrínseco, ya que más autonomía puede generar más endeudamiento.

En el campo de la descentralización política, la premisa virtuosa de mejorar la calidad de la participación ciudadana y el control social —implementada a través de diversos instrumentos, por ejemplo, los presupuestos participativos— no es inmune a los problemas. Más autonomía en el plano local puede generar una captura de las instituciones políticas y provocar efectos opuestos a la buscada democratización de los gobiernos. La cooptación incluso de segmentos populares puede contribuir a que los procesos participativos no sean tan legítimos como los propuestos. Frente a la histórica exclusión de la sociedad de la vida política, en nuestro continente este no es un problema depreciable. La promesa de mejorar la democracia en nivel local no es una garantía, ya que más autonomía política puede estimular el caciquismo, según la expresión de Jordi Borja, y la corrupción.

En la arena administrativa, la propuesta de organizar la provisión de servicios y políticas públicas de forma más rápida, económica y accesible no es una realidad tangible. Ejemplos de ello, entre muchos, son la descentralización de la educación en Argentina o la disminución de transferencias intergubernamentales federales para la salud en Brasil. La promesa de una mejor organización administrativa en el plano local no es posible sin una financiación regular de las esferas superiores de gobierno.

Los problemas derivados de la distancia entre las promesas y la realidad de la descentralización no son pocos y tampoco están exentos de consecuencias. Una de las más pronunciadas, en los últimos veinte años, es la reversión gradual en dirección hacia la recentralización, en varios países (Bolivia, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Argentina, Brasil y México). El fenómeno recentralizador ha puesto en duda muchos de aquellos fundamentos optimistas, pues la descentralización acabó siendo involucrada como una de las causantes de los problemas enfrentados por los Estados nacionales. La profundización de la escasez fiscal, el bajo crecimiento económico, las disputas políticas federativas, la pérdida de calidad de vida y el aumento de los niveles de pobreza justificaban la protección uniforme de los derechos de los ciudadanos y las políticas públicas con alcance nacional y el costo fiscal de la descentralización.

En efecto, muchos son los desafíos entre las propuestas alentadoras de la descentralización —a despecho de sus logros y avances— y la realidad de su implementación. Este es un proceso en disputa y el péndulo entre descentralización y recentralización sigue su senda, con indicadores de que las promesas optimistas que animaron a muchos países latinoamericanos desde la década de 1980 ya no son tan sólidas como se pensaba.

El Estado de la Nueva Granada (1832-1858) tuvo como herencia los problemas de la dominación del espacio geográfico ejercido por la monarquía española sobre el Virreinato de la Nueva Granada (1739-1810).

Esta historia de fundación estatal generó múltiples inquietudes de orden geográfico, especialmente en cuanto a los bordes, límites o fronteras de la dominación del nuevo Estado. Las cartografías del país como representación del orden soberano sobre el territorio no se han definido sin debates o conflictos en la nación. El paso de la colonia a la república ha sido un asunto complejo y permeado por la violencia.

La primera formación geográfica independiente de España se conoció como Las Provincias Unidas de la Nueva Granada hacia 1811. Luego vino el efímero intento de la unión colombiana (1819-1831), conocida como Gran Colombia, para dar lugar al Estado  de la Nueva Granada  (1832-1858).  La población colombiana desarrolló una identidad local; la difícil topografía del país impedía que los habitantes conocieran todo el territorio nacional. Las juntas políticas —primeros ejercicios de participación de los habitantes del país— reivindicaron el poder sobre provincias, cantones y parroquias y organizaron así una dimensión política local sobre el espacio geográfico.

La definición del territorio que defendería la República de Colombia fue compleja en el siglo XIX y dio lugar a la imaginación y reimaginación del espacio geográfico por parte de las élites provinciales y nacionales representadas en la cartografía nacional. La primera cartografía nacional se diseñó en 1822 mediante una suma de cartografías enviadas por los gobernadores de las provincias al Gobierno central con el propósito de clasificar y representar la riqueza del Estado; fue tan solo en 1847 cuando se tuvo una representación geográfica general del Estado de la Nueva Granada, dedicada al barón de Humboldt, considerado como una de las figuras fundadoras de la geografía moderna en su paso por América.

Este pequeño boceto de la representación cartográfica nos permite identificar que la organización territorial de Colombia tiene una fuerte identidad local y regional. Comprendiendo el territorio como una construcción social, en Colombia se ha querido centralizar lo que por origen ha sido descentralizado.

Además de esta cuestión sociocultural, el territorio en Colombia es un campo de luchas por el poder entre actores públicos o privados; desde la misma génesis del Estado, las élites han dominado el gobierno nacional, regional y local.

La historia constitucional de la República tiene, por lo tanto, un especial interés por la organización territorial, pero llama especialmente la atención la administración que el Gobierno nacional ha realizado sobre las fronteras del país. Entre 1843 y 1991 se clasificó a algunas geografías distantes de la centralidad del país bajo la figura administrativa de territorios nacionales. Estas zonas de Colombia fueron señaladas por su pobreza económica y social, y desde el tiempo del Virreinato se veían como focos de insurgencia y enclaves de la economía mundial para extraer recursos.

Territorios nacionales desde la Nueva Granada hasta la República de Colombia

Fuente: Constituciones Políticas de Colombia (1843-1991)

La Constitución Política de Colombia de 1991 con el proceso de descentralización tuvo el propósito de hacer de Colombia una República unitaria, descentralizada y con autonomía de sus entidades territoriales. No obstante, los territorios de frontera descritos en la historiografía del país como territorios especiales en el país no han alcanzado el desarrollo esperado al ser reconocidos como departamentos de la nación. El post-Acuerdo no ha devenido en una cultura de paz en estos lugares y, por el contrario, son epicentro de la acción con daño del Estado al no verse la implementación de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) que se encargarían de la implementación de la agenda de desarrollo descentralizado en territorios víctimas del conflicto armado colombiano. [1]

La agenda de descentralización de estos territorios priorizados en el marco de los Acuerdos de Paz (2016) debe responder a resolver el triángulo de las violencias: directa, cultural y estructural (Galtung, 2003). La agenda del desarrollo para la paz debe resolver asuntos que anteceden al conflicto interno armado en Colombia: degradación ambiental, pobreza rural, profundización de los rezagos sociales y económicos, estigmatización, racismos y violencia patriarcal.

Para lograr la paz en Colombia se requiere (art. 22 de la Constitución Política de Colombia):

1. El fortalecimiento institucional y la formulación de políticas con un enfoque de derechos humanos, enfoque diferencial y de acción sin daño.
2. Financiación y priorización de las agendas de desarrollo de los territorios históricamente excluidos y marginados del país.
3. La articulación rural-urbano para la garantía y goce de derechos humanos en los territorios, incluyendo la paz en el país.

El conflicto armado en Colombia se ha concentrado en unas zonas específicas del país. Departamentos como Arauca, Meta, Nariño, Caquetá, Guaviare, Putumayo, Norte de Santander y regiones como el Bajo Cauca Antioqueño y el Nudo de Paramillo siguen siendo afectados por la violencia directa en tiempos de post-Acuerdo.

«A pesar de los impactos diferenciados que el conflicto armado ha tenido en los territorios de mayor incidencia, existen unos factores comunes. Son territorios con gran riqueza natural y a la vez caracterizados por su degradación ambiental» (CONPES 3850, p. 14).

Confluencia regional de las problemáticas analizadas:
conflicto armado, degradación ambiental, pobreza rural y brechas territoriales

Fuente: DNP, 2015.

La Constitución Política Colombiana de 1991 posibilitó un marco legal descentralizado que mediante transferencias financieras [2] posibilita en teoría la eficacia y eficiencia de las políticas públicas en los territorios nacionales. En la actualidad, los departamentos y municipios colombianos reciben automáticamente cerca de la mitad de los ingresos corrientes de la nación y tienen la responsabilidad básica de la provisión de los servicios sociales y de infraestructura local. Lo preocupante es que el DNP (2015) ha señalado la baja capacidad institucional de los territorios afectados por el conflicto armado para gestionar su desarrollo.

Si bien la descentralización administrativa ha posibilitado la elección popular de alcaldes en los territorios para mejorar la participación y representación política local, se ha vivido la cooptación política por parte de grupos ilegales que deviene en una situación de corrupción política que asfixia a la paz como realidad social y política en el país. Esta situación deviene en la desconfianza ciudadana sobre las instituciones de la democracia colombiana y en la baja representatividad de los partidos políticos en los departamentos y municipios del país, especialmente en estos territorios especiales para la paz territorial —que en otro momento fueron vistos como zonas rojas del país, por su alta presencia de conflicto armado colombiano—.

Una agenda de desarrollo descentralizada debe fortalecer las instituciones democráticas del Estado en las siguientes acciones de política:

1. Fortaleciendo las capacidades de los titulares de deberes (servidores públicos) para el cumplimiento de sus obligaciones y de los titulares de derechos (ciudadanos) para reclamarlos.
2. Lograr la inclusión, la participación, el empoderamiento y la defensa de los valores democráticos, especialmente de los grupos vulnerables.
3. Promover la incorporación de mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, asegurando la participación ciudadana.
4. Fortalecer el papel de las instituciones del Estado (como titulares de deberes) para que sean conscientes que sus obligaciones deben ser transparentes y respetuosas de los derechos humanos.

En conclusión, ¿cómo se ejecuta eficazmente el desarrollo descentralizado en tiempos de post-Acuerdo en Colombia? La agenda de descentralización en el post-Acuerdo debe reconocer la necesidad de que las transferencias de la nación prioricen la ruralidad del país, en la medida en que es allí donde se requieren esfuerzos territoriales para la paz. La descentralización en Colombia debe tener como meta un ordenamiento territorial que comprenda la paz como camino que desarrolle otra cultura política en las instituciones políticas del Estado. El enfoque territorial para la paz debe encaminar al Estado hacia reformas que posibiliten una gestión transparente de los recursos y una mayor participación y representación social.

El proceso de descentralización juega un papel básico en el fortalecimiento de las capacidades regionales y locales para gestionar el desarrollo humano, reconociendo las intersecciones de raza, género y clase para el diseño, implementación y evaluación de planes de desarrollo y de ordenamiento territorial con enfoque basado en derechos humanos (EBDH).

Notas:

[1] El documento CONPES 3850 del Concejo Nacional de Política Económica y Social, República de Colombia, Departamento Nacional de Planeación creó el Fondo Colombia en Paz (2015) con la finalidad de coordinar los esfuerzos institucionales y financieros para la transición de Colombia hacia un escenario de paz estable y duradera.

[2] Los artículos 356 y 357 de la Constitución Política de Colombia establecen el derecho de las entidades territoriales a participar en las rentas de la nación. La ley 60 de 1993 dicta normas orgánicas sobre la distribución de competencias.

[3] El EBDH surge desde finales de los años noventa como propuesta conceptual, a partir de la cual los derechos humanos se consideran como fines constitutivos de los procesos de desarrollo. El enfoque es un marco de referencia fundamentado en el conjunto de valores, principios y normas universales sobre los derechos humanos, cuya estrategia se concentra en fortalecer las capacidades de los ciudadanos para exigirlos y de las instituciones para que los garanticen. (Consejería Presidencial para los Derechos Humanos, Presidencia de la República: Planes de desarrollo territorial con enfoque basado en derechos humanos.

Un trabajo de rescate de la memoria y las ideas que han contribuido a la construcción del México democrático desde las propuestas del PAN (2 parte). Editado por la FRPH.

En este artículo nos referimos a una forma particular de participación, la electoral. Entendemos por tal «el número o el porcentaje de ciudadanos que acudieron a votar en elecciones de carácter político. Este dato puede ser trabajado tanto en el nivel agregado, utilizando los resultados de las votaciones, como en el nivel de datos individuales, a través de estudios de encuesta» (Pérez Barat, 2006). Que la participación electoral es importante lo dicen diferentes teorías de casi todas las escuelas de pensamiento sociales. Allí donde hay democracia, allí donde los regímenes son estables y con elecciones regulares, y allí donde se crean nuevas instituciones políticas (como es el caso uruguayo), en todas las situaciones la participación electoral es observada para encontrar y situar aspectos concretos e importantes de la vida en una comunidad política.

Debido a que algunos ciudadanos se relacionan con el Gobierno solamente a nivel local, es probable que formen sus impresiones acerca de la democracia a partir de estas experiencias. Por lo tanto, una proporción considerable de los ciudadanos puede basarse en sus interacciones con el nivel local de gobierno a la hora de formular sus opiniones sobre la democracia y las instituciones democráticas.

En Uruguay, en febrero de 2010 se aprobó la ley 18567 (de Descentralización Política y Participación Ciudadana) que habilitó la creación del tercer nivel de gobierno. Esto permitió que surgieran 89 municipios en todo el país, que aumentaron a 112 en 2015.

Por ello, las investigaciones sobre este nuevo nivel de gobierno, y particularmente sobre la participación electoral a nivel municipal, son incipientes y en general descriptivas. Es poco lo que se conoce sobre cuáles han sido sus resultados. A pesar de ello, la primera evidencia al respecto indica que, al menos según los alcaldes, la creación de los municipios aumentó la participación ciudadana y la cercanía con la gente (Queirolo y Boidi, 2013).

La primera elección municipal, en 2010, arrojó resultados llamativos por los elevados niveles de voto en blanco y anulado que contrastaron con el promedio histórico —tanto a nivel nacional como departamental— que ha oscilado en el entorno del 3% (Magri y Freigedo, 2010; Freigedo y Lorenzoni, 2011). En los novísimos escenarios municipales la suma de ambos alcanzó guarismos sorprendentes: 64 % en el caso de Montevideo, con un promedio de 50 % en todo el país. En general se observó un menor índice de votos en blanco y anulados (entre 8 y 20 %) en los departamentos menos poblados y que presentaban menor índice de desarrollo humano (IDH) para el año 2010.

Para decirlo de una manera muy simple, en la primera elección municipal de la historia de Uruguay los niveles de voto en blanco y anulados fueron sorprendentemente elevados, sobre todo en comparación con los de la elección departamental y nacional en esos mismos territorios. Pero, además, en los lugares de mayor concentración demográfica y mayores niveles de modernización, la participación fue menor, contradiciendo varios supuestos teóricos sobre la participación electoral.

Luego de realizadas las segundas elecciones, en 2015, algunas de las luces rojas encendidas luego de 2010 parecen haber sido más el resultado del apresuramiento por evaluar a partir de una sola instancia medible, que fruto del resultado mismo. Dados los resultados registrados en 2015, la participación electoral en la mayoría de los municipios no solo parece gozar de buena salud, sino que ha generado mayores atractivos que la propia instancia departamental, algo por cierto insospechado cuando observamos lo ocurrido en 2010. Pero, y aquí aparece uno de los mayores desafíos a responder por los cientistas sociales, ambas instancias han generado un cúmulo de elementos que contradicen algunas de las teorías con las que contamos para explicar la participación electoral.

Cuando Hugo Chávez asumió el poder en febrero de 1999 no había manera de que este, habiendo llegado por elecciones, eliminara a los gobernadores y alcaldes electos. Había tres razones de peso para ello: 1) estaba obligado a guardar las formas electorales; 2) hubiera enfrentado severas resistencias de los liderazgos regionales y locales del país; y 3) muy importante, los líderes de provincia que lo apoyaban aspiraban a ser, algún día, gobernadores, alcaldes y concejales electos. Por ello, el camino a seguir para eliminar la experiencia descentralizadora, que era uno de sus objetivos, tenía que ser de menor resistencia. Y optó por diseñar y ejecutar una estrategia lenta, opaca y progresiva con la cual los estados y municipios quedasen vacíos de recursos financieros de administración directa. La historia de este proceso de concentración de poder la ofrecemos, sintéticamente, a continuación.

Cómo montar una fachada financiera…

La Constituyente de 1999 guardó las formas para respetar las finanzas territoriales. Las previsiones constitucionales fueron las siguientes: a) Se crearía un Fondo de Compensación Interterritorial que financiaría las inversiones para promover el desarrollo de las regiones y las comunidades pobres; b) se mantenía el Situado Constitucional como principal transferencia de recursos hacia estados y municipios; c) se refrendaba la figura de las asignaciones económicas especiales, provenientes de la explotación de minas e hidrocarburos, creada en 1996; d) quedaban las competencias concurrentes y exclusivas federales con los recursos previamente establecidos; e) Al municipio se le asignaban competencias exclusivas sobre servicios y fiscales, similares a las establecidas en la Ley Municipal prevaleciente; y f) en la disposición transitoria cuarta de la Constitución se estableció que, dentro del primer año de funcionamiento de la nueva Asamblea Nacional, se aprobaría una Ley de Hacienda Pública Estadal con los tributos de este nivel de gobierno.

…y hacer todo lo contrario

Nada de los antes dicho se cumplió. A ello se agregaron mecanismos perversos de sustracción de los recursos de regiones y localidades para eliminar la resistencia de los liderazgos territoriales, no solo de la oposición sino, también, de los de su propio partido. Veamos.

En primer lugar, el Situado Constitucional quedó sujeto a topes máximos (y no mínimos como era anteriormente) de 20%, manejados discrecionalmente por el poder central. Era fácil, entonces, manipular las cifras y asignar transferencias cada vez menores.

Luego, el Fondo de Compensación Interterritorial recién se creó en 2010, a once años de haberse consagrado constitucionalmente. Hasta hoy, ese Fondo ha servido para el manejo discrecional de recursos de los presidentes de turno, Chávez y Maduro. Igual sucedió con las Asignaciones por Minas e Hidrocarburos, sustrayéndose recursos especialmente a estados donde la oposición siempre era fuerte. También las competencias exclusivas y concurrentes les fueron arrebatadas a los estados y, con ello, los recursos que debían asignarse para su administración. La Hacienda Pública Estadal jamás fue creada, con lo que se completa el cuadro formal de arrebato de los recursos de la provincia.

Los municipios, por su parte, si bien contaban con competencias tributarias, no pudieron instrumentarlas. Lejos de ir hacia una vigorosa plataforma fiscal para que las localidades asumieran los servicios, las alcaldías han estado sometidas a la presión constante del presidente de la República.

Los alcaldes son enemigos a vencer, pues compiten con el proyecto revolucionario. El saldo es desolador: más de treinta alcaldes titulares de oposición exilados o perseguidos políticamente, más de cuarenta con juicios interminables que los coloca en desventaja y la Alcaldía Metropolitana de Caracas, eliminada por decisión central, se convirtió en un cascarón vacío con un alcalde que estuvo preso y logró escapar hacia el exterior. Los alcaldes del partido de gobierno son sometidos al control político por la vía de las transferencias de recursos. A ello se agrega que los ingresos propios municipales, producto de la recaudación, han disminuido en diez veces su valor real en los últimos ocho años. Pobre cuadro el del poder municipal venezolano.

Una trampa adicional: maquillar el presupuesto para restar recursos

No contento con todo esto, Chávez —y luego Maduro— instrumentó una verdadera trampa cazarrecursos ajenos. Funcionó así.

A partir de 2006, ante el incremento de los precios del petróleo, se estableció la norma de subestimar dicho precio, a sabiendas de que sería mucho mayor. De esta manera, el presupuesto nacional sería menor y, con ello, el Situado Constitucional. Los precios del barril de petróleo evolucionaron como se señala a continuación:

Mientras tanto, el presupuesto se estimaba a USD 40 por barril. ¿Qué pasó con ese gran diferencial? Sencillo. Quedaba en el poder central, manejado a través del Fondo de Desarrollo Nacional (FONDEN), sociedad anónima creada por Chávez en septiembre de 2005 y que ha sido administrada directamente por la Presidencia de la República. El FONDEN recibió más de 80.000 millones de dólares entre 2006 y 2013.

Desde allí, el chavismo-madurismo ha manejado con discrecionalidad la asignación de fondos a consejos comunales, comunas y a gobernadores y alcaldes aliados. A partir de 2011, adicionalmente, la Asamblea Nacional en manos del PSUV aprobó nuevos mecanismos de transferencias de recursos a comunas y consejos comunales, bajo el control del Gobierno.

¿Cuántos recursos quedaron en estados y municipios?

Para diciembre de 1998, días antes de que Chávez asumiera el poder, los estados y municipios venezolanos administraban cerca del 29 % del total del presupuesto público del país. Ello era producto de la descentralización de los años noventa.

Para 2004, esta proporción descendió al 20 %. En el 2010 ya se ubicaba en 18 % y cayó bruscamente al 13 % en 2011. La caída ha continuado y durante el gobierno de Maduro los recursos han estado por debajo del 10 %, una proporción que no se conocía en Venezuela, aun en su largo lapso histórico de federalismo centralizado, en el cual se respetaba el pacto federal con los caudillos regionales.

Con la Revolución bolivariana, la descentralización fue asfixiada financieramente.

Este 2020 la ciudad de Madrid celebra el centenario de la muerte de Benito Pérez Galdós, una de las grandes plumas de la literatura en español, cuya obra reflexionó acerca de los problemas que atañían a la sociedad española del siglo XIX. La España de hoy es un país diferente a aquel que retrató el literato; sin embargo, los grandes problemas presentes entonces siguen siendo en esencia los mismos. El Año Galdós es una oportuna ocasión para releer su obra y entender mejor los temas que siguen erosionando la sociedad española dos siglos más tarde.

Decía Galdós que «la imagen de la vida es la novela». Es decir, su fin último es reflejar por medio de la ficción los hechos, acontecimientos y situaciones de la vida real. Así, el autor escribió entre finales del siglo XIX y comienzos del XX una colección de novelas históricas que llevaron por nombre Episodios nacionales y que pretendían ser un retrato de la sociedad española de los años 1880 desde la batalla de Trafalgar a la restauración borbónica. Un siglo de historia narrado en cuarenta y seis novelas. Galdós fue el máximo representante del realismo literario español y sus obras son narraciones fieles a la realidad de la época sin intrusismos o elementos ficticios que la emborronen.

El autor nunca ocultó su vocación progresista y su acérrima defensa de la democracia y el republicanismo; un concepto no poco complejo en un país como España. Los grandes temas galdosianos fueron la crítica social, especialmente contra aquellos aferrados a los antiguos privilegios e incapaces de abrazar el progreso y el enjuiciamiento de la política y la historia. En este sentido, Galdós se presenta no solo como un escritor realista sino que también se compromete con la narración y mediante su retrato social ofrece una visión crítica de las problemáticas que inundan el país.

Así, el español encarna la figura del escritor comprometido cuya literatura, además de entretener, también desempeña una labor social. Con los Episodios nacionales, Galdós quería que los españoles comprendieran mejor España. Lo que quizás no sabía —o confiaba no tener que saber— es que varias décadas más tarde este país seguiría sin entenderse a sí mismo y su obra serviría a varias generaciones venideras como hoja de ruta para descifrar sus propios matices. O que su legado sería defendido por el vicepresidente del primer Gobierno de coalición de la historia reciente del país en una sesión de investidura más de cien años después de que él mismo fuera elegido diputado por la coalición republicano-socialista. Un motivo de goce —por la pervivencia de su magistral técnica narrativa— o de tristeza —por no haber sido capaces en más de un siglo de solventar las turbulencias internas—, según se mire.

La obra galdosiana criticaba la pelea política por el poder y ponía en tela de juicio todas las inquisiciones, deslealtades y corrupciones que se desplegaban por alcanzarlo. Para Galdós, la unión sería la única garantía de superación de la crisis política y esa unión estaba representada en lo que él llamó «la fe nacional» o «el alma española». La guerra de Independencia, que unió a personas de distintos marcos que habían coincidido en habitar un mismo territorio, dio paso a un binomio ideológico en el que distintas corrientes luchaban por imponerse. El siglo XIX resultó un completo varapalo para una España decadente que perdió sus territorios de ultramar para dejar de ser el imperio que un día fue y entrar en una grave crisis financiera y en guerras civiles que fracturaron al país en las dos Españas que siguen palpitando al día de hoy.

Uno de los grandes problemas presentes en la España de la actualidad es la debilidad del centro político y su histórica incapacidad de servir de elemento cohesionador de intereses y consenso. Las batallas ideológicas entre uno y otro lado del espectro no dejan lugar al diálogo y el entendimiento de los españoles. Se trata de la ausencia del «culto de las formas» del que se habla en los Episodios nacionales. La creación de metanarrativas propias de la derecha, por un lado, y de la izquierda, por otro, no deja espacio para la perpetuación de un diálogo común. Parece que dejamos atrás el bipartidismo que también cuestionó en sus días Galdós, sin embargo, este nuevo sistema multipartidista enfocado en dos bloques ideológicos enfrentados tampoco resulta ser el escenario adecuado para la perpetuación del consenso entre los españoles.

También estaban ya presentes en el siglo XIX aquellos sectores que bajo etiquetas semidemocráticas pugnaban por el continuismo y rechazaban el progreso y la llegada de las nuevas ideas. Por eso no es de extrañar que, hoy, partidos de los extremos del eje ideológico triunfen en las urnas. Por otra parte, en la obra galdosiana podemos ver un retrato exhaustivo de la sociedad española. Carlistas, liberales, clérigos, mendigos, monjas, burgueses, aristócratas, guerreros con y sin convicción en la causa, jóvenes y ancianos, enamorados, estudiantes, jornaleros, migrantes rurales que llegan a la gran ciudad… todos están presentes en la obra de Galdós y, a su vez, en la mezcla de todos ellos se podía escuchar euskera, catalán, gallego o castellano. No hablaban una lengua única ni poseían el mismo sentir identitario. El escritor hace una completa radiografía de los individuos que habitaban la España de entonces; una España de contrastes marcados y sentires diferentes, igual que la de ahora.

«¿Verdad que es divertido nacer español?», reza Tormento, una de las novelas de la cuarta serie de los Episodios nacionales. Junto con otras como las de Pío Baroja, Valle-Inclán o Unamuno, la de Galdós es una de las plumas indispensables para entender España. Y no solo la de ayer, sino también la de hoy. Releamos su obra en este año de conmemoración de su fallecimiento para no olvidar que en lo que somos también está presente lo que fuimos. Nacer español puede resultar complejo y tormentoso de a veces, confuso e intrincado de comprender de otras, pero sin dudas es, como planteó Galdós, una divertida aventura.

En la noche del 13 al 14 de febrero de 1945 se produjo uno de los bombardeos más cruentos de la segunda guerra mundial. Hoy se cumplen 75 años. Vale la pena detenerse un minuto para recordarlo.

Esa noche la ciudad de Dresden fue convertida en un infierno. A semanas de la finalización de la guerra morían decenas de miles y quedaba destruida la llamada ciudad del barroco a orillas del río Elba. La Frauenkirche [1] con su enorme cúpula quedó reducida a escombros y muchos recuerdan la escultura del reformador Martín Lutero caída, con la cabeza casi apoyada en el piso frente a las ruinas. «En mil años se construyó su belleza, en una noche fue totalmente destruida», decía el escritor Erich Kästner. La polémica sobre la cantidad de muertos persiste desde finales de la guerra. También persiste la presentación del bombardeo como crimen de guerra o como lógica consecuencia de la agresión nazi.

En estos días la polémica tiene un inesperado giro por una obra del artista sirio-alemán Manaf Halbouni en Dresden. Esta consta de tres buses colocados uno al lado del otro formando una especie de pared frente a la Frauenkirche. El artista se inspiró en la ciudad de Alepo, donde observó una instalación que servía de escudo para civiles víctimas de francotiradores. Hoy la capital de la cultura islámica está en escombros. Sus calles con iglesias y mezquitas frente a frente son intransitables.

Con su Monumento de buses Halbouni quiere llamar la atención sobre otras guerras y otras víctimas. Alrededor de sus buses se juntan manifestantes a favor y en contra de la obra. Los ánimos se caldean, tanto que el alcalde mayor de Dresden, Dirk Hilbert, debe contar con protección policial. La instalación será retirada en unos meses pero seguramente la discusión sobre las responsabilidades de la guerra y la destrucción continuarán. Tal vez esto sea un indicador de una sociedad viva y democrática.

En la noche del 13 de febrero murieron miles de civiles que venían huyendo de la guerra. También murieron muchos prisioneros de guerra aliados, quemados por las bombas de sus compañeros de armas. Uno de estos prisioneros, Kurt Vonnegut, logró esconderse junto con algunos compañeros en un sótano. De la espantosa experiencia sale la inspiración de su obra Matadero 5.

La reconstrucción fue posible: en los días de la caída del Muro de Berlín, un grupo de ciudadanos de Dresden fundaba una iniciativa para la reconstrucción de la Frauenkirche. Y esta se hizo realidad gracias al apoyo de donantes de todo el mundo, muchos de Inglaterra, que juntaron más de 100 millones de euros.

Hoy Dresden está hermanada con la ciudad inglesa de Coventry y la holandesa Rotterdam. Ambas sufrieron también terribles bombardeos pero de la Luftwaffe, la fuerza aérea nazi. La cruz que hoy corona la cúpula de la Frauenkirche fue forjada por un herrero inglés. Era hijo de uno de los pilotos del 13 de febrero. La reconciliación parece posible.

[1] La Iglesia de Nuestra Señora, es una iglesia luterana de la época barroca. Fue totalmente destruida en el bombardeo a Dresden y reconstruida entre 1994 y 2005.

Será la primera vez desde 1968 que se elijan solamente estas posiciones en la contienda local, cambiando la tradición de llevarlas a cabo junto con otros procesos el mismo día. Esto es resultado de la reforma constitucional de 2010. Otro aspecto importante es el desbloqueo de la lista de concejales, quienes ahora deberán ser electos por voto preferencial, lo que da al ciudadano el poder de definir a quiénes quiere en la sala capitular, que anteriormente dependía únicamente del voto para la alcaldía. Del mismo modo, un factor innovador es la inclusión del voto automatizado, que se restringirá a los municipios con mayor cantidad de electores, luego de duras críticas de opositores por su uso en las primarias simultáneas del 6 de octubre de 2019.

Un factor importante es que el oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD) acude dividido tras la salida masiva de cuadros fieles al expresidente Leonel Fernández, quien consideró fraudulento el proceso interno en que se impuso el sector del actual presidente Danilo Medina. Los disidentes acuden a estos comicios a través de su nueva casa política llamada La Fuerza del Pueblo (LFP) y mayormente aliados al Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), aunque incluyendo varias demarcaciones en que participan también con el Partido Revolucionario Moderno (PRM). El histórico Partido Revolucionario Dominicano (PRD) reeditó su coalición con el partido de gobierno, aunque se presenta en solitario en plazas donde no se concertó boleta conjunta.

En estas municipales, cada partido o coalición está intentando posicionar la narrativa victoriosa que más conviene a sus propósitos de mostrarse fuerte rumbo a la votación presidencial que tendrá lugar tres meses después. En efecto, hay más de una métrica por la que se puede medir un triunfo en elecciones locales; las más convencionales son aquellas que destacan a quien obtenga mayor votación nacional y mayor cantidad de alcaldías. No obstante, es preciso también tomar en cuenta a quien gane en los municipios más poblados, así como quien vea mayor aumento en su cantidad de posiciones. Las posiciones que están en juego son 158 alcaldes y vicealcaldes; 1164 concejales y sus suplentes; 235 directores municipales con 235 subdirectores y 735 vocales; para un total de 3849 cargos.

Contrariamente a lo que los voceros partidarios querrán argumentar, resulta muy difícil tomar lo que suceda el 16 de febrero como indicativo de lo que puede suceder el 17 de mayo, por la dinámica distinta con que se participa en ambos torneos. Lo primero es que la abstención muy probablemente será mayor en las municipales, principalmente en las grandes plazas, muy lejos del 70% del padrón que acude a las presidenciales. Segundo es el hecho de que, en demarcaciones importantes, los candidatos del PLD seguirán siendo leonelistas que ganaron primarias y que se espera que apoyen a su líder en mayo. Tercero, la constelación de alianzas hace que más de un candidato presidencial esté apoyando a la misma candidatura a alcaldía en un municipio, por lo que los votantes de esta tienden a tomar caminos distintos.

Independiente de quien gane, bajo cuál narrativa y cuál sea el impacto hacia mayo, lo importante es que estos comicios sirvan como un paso de avance democrático, involucrando más a la ciudadanía en los temas municipales y otorgándole mayor poder a través del voto preferencial que le quita a las cúpulas la definición de cómo estará compuesta cada sala capitular. De igual forma, las autoridades tienen la obligación de garantizar una jornada en paz, que sea transparente, creíble y completamente libre de la violencia que anteriormente ha dicho presente de manera muy lamentable.

Roy Jenkins, galés, el mejor no primer ministro en la historia del Reino Unido, y el único británico que presidió la entonces Comisión de las Comunidades Europeas (1977-1981), cumpliría cien años el próximo 11 de noviembre de 2020. Hace un cuarto de siglo dejó unas maravillosas memorias a las que denominó A Life at the Centre. Laborista desde sus tiempos de estudiante de ciencia política en Oxford, Jenkins habría de abandonar la organización y fundar el Partido Socialdemócrata cuando Michael Foot y Tony Benn impulsaron un virulento giro hacia la izquierda que desembocó en el delirante programa electoral de 1983, también conocido como «la nota de suicidio más larga de la historia».

Convencido europeísta, escritor prolífico, equilibrado y brillante en sus análisis de los aparentemente no afines, como Stanley Baldwin y Winston Churchill, y de los aparentemente afines, como William Gladstone y Herbert Henry Asquith, Roy Jenkins terminaba Una vida en el centro, una maravillosa defensa de la centralidad política y vital, afirmando que hubiera sido poco delicado por su parte dedicar una sola línea de su libro a hablar en contra del destino, de los acontecimientos o de cualquier persona con la que se hubiera encontrado estrechamente vinculada en el transcurso de su vida.

Casi medio siglo de permanencia del Reino Unido en el corazón del proyecto europeo habla de un vínculo demasiado estrecho y sentido como para que este sea el momento de extender certificados de anunciadas defunciones, adjudicar responsabilidades o pretender desdeñar o compadecer el criterio de quienes compartieron con cientos de millones de europeos un horizonte, una convicción, una ilusión y un sentimiento. En todo caso, sería el momento de recordar quiénes defendían la democracia en Europa en 1940. Cuanto ha sucedido nos recuerda que nada en la Historia es inevitable o irreversible, porque «solo del hombre es la Historia», como decía Marc Bloch. Que la simplificación, la polarización y la fragmentación populistas prevalecen cuando el proyecto democrático carece de pasión cívica, convicción pedagógica y generosidad para albergar los infinitos matices de los que se nutre la convivencia y para potenciar el debate público y el diálogo entre identidades.

El Joker que nos presentan en 2020 Todd Phillips y Joaquín Phoenix dice que «el verdadero problema del mundo es que nadie se pone en el lugar del otro». En el lugar del otro se pusieron hace más de siete décadas Konrad Adenauer, Robert Schuman y Alcide de Gasperi para instalar la paz, la libertad, la concordia y la cohesión social y territorial en una Europa abierta al mundo, de oportunidades para su ciudadanía, y de aplicación de los principios de igualdad, mérito y capacidad. La empatía conduce a la plenitud democrática. Por eso, con el brexit hemos perdido todos. Obligar a una sociedad a la nefasta forma de elección binaria que representa el referéndum equivale a renunciar al acuerdo e instalar y consolidar la metodología política de la fractura. Viviremos, vivimos ya, más lejos de la centralidad aglutinadora. Europa está, hoy, más lejos del centro.

Roy Jenkins, que desde 1987 hasta su muerte en 2003 fue canciller de la Universidad de Oxford, decía que, aunque se había sentido con capacidad para «producir más de una tierra prometida» para sus conciudadanos, no lamentaba no haber alcanzado la suprema magistratura política británica a la que siempre aspiró. Se recordaba como un político decisivo, a veces aventurero. Y, sobre todo, recordaba cuán verdaderamente fácil le había resultado su relación con el poder. Para un humanista integral, en efecto, la relación con el poder es sencilla, porque el poder es parte de la existencia humana. El europeísmo deberá desplegar una propuesta también integral, humanista y empática si no quiere que el poder se convierta en una herramienta al servicio del oportunismo y del populismo. Especial responsabilidad recae sobre los fundadores de Europa, es decir, los demócratas de inspiración cristiana. Porque el desafío es poner, otra vez, a Europa en el centro.

La reaparición del conservadurismo alrededor de mundo es notoria desde hace un tiempo. La ola de populismos de derecha está representada por partidos casi alineados en sus objetivos y fines. Europa presenta, a modo de ejemplo, el Frente Nacional en Francia, la AfD en Alemania, la Liga en Italia y Vox en España. En América Latina ya no es novedad el ascenso de la derecha, moderada y distinta de los anteriores mencionados. Países como Paraguay, Argentina, Colombia y Perú tienen gobiernos que están hoy en ese lado del espectro. Pero en Brasil, durante la elección de 2018, la oscilación se orientó más directamente hacia el campo de la derecha conservadora, representada principalmente por la aparición de personajes portadores de discursos que chocan de frente con los principios liberales.

Entre las muchas figuras que marcaron este nuevo empuje del conservadurismo en Brasil se encuentran el Partido Social Liberal (PSL) y el presidente electo para el período 2019-2022, Jair Bolsonaro. En relación con este último, y de acuerdo con Tarouco y Madeira (2015), la imagen ideológica de los partidos brasileros no es tan sólida como la de los partidos europeos más tradicionales. La elevada fragmentación del sistema partidario, la heterogeneidad de las coaliciones y el personalismo para las designaciones electorales son parte del esqueleto argumental usado para sostener que los partidos políticos brasileros no tienen una ideología definida. Peroestos autores contradicen ese diagnóstico al señalar que, a pesar de los defectos del proceso de transición democrático y del multipartidismo brasilero, es posible identificar una coherencia entre las imágenes partidarias y la posición de cada partido en el espectro ideológico, con análisis de expertos de la ciencia política. Así, el PSL se presenta en el ámbito del conservadurismo, de acuerdo con las clasificaciones encontradas en la literatura.

La segunda figura de la reacción conservadora en Brasil es el presidente Bolsonaro, centro de análisis del presente artículo. Según Oliveira y Costa Filho (2019), Jair Bolsonaro comenzó su mandato confirmando las expectativas en torno a su apelación discursiva a políticas públicas conservadoras, en relación con las costumbres. Hubo, entonces, una formulación hipotética acerca de si las palabras pronunciadas por el presidente lesionaban garantías y libertades individuales consagradas a lo largo de la historia.

La llegada al poder

Las últimas elecciones presidenciales en Brasil, además de profundizar la división entre derecha e izquierda, generaron la posibilidad de estimular la aparición y consolidación de grupos que defienden valores más conservadores. La victoria de Bolsonaro en las urnas mostró claramente la insatisfacción con los anteriores 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores (PT). Esta insatisfacción se compone de muchos factores y derivó en una elección por el conservadurismo y el voto negativo a Fernando Haddad, el candidato que compitió por el PT. Humberto Dantas (2019) señala la necesidad de entender qué fue lo que llevó al país a una elección de extremos, vaciando la lógica del centro del espectro ideológico.

La imagen de los partidos políticos comenzó a sufrir desgaste a partir de un sentimiento antipetista que se transformó en un mantra para diversos sectores de la sociedad, y que provocó una enorme decepción en buena parte del electorado. Ese sentimiento se fortaleció especialmente luego del impeachment a la entonces presidenta Dilma Rousseff en 2016 y de la prisión del expresidente Lula en 2018, lo que decantó en una crisis de legitimidad política que solo podía estabilizar el líder fundamental del PT, ahora en libertad.

Dantas enumera diversos problemas que llevaron a la crisis de legitimidad política en Brasil, pero cabe destacar uno de esos motivos: «un activismo en las redes sociales que contaminó al país, llevando el debate político a extremos radicales» (2019, p. 68). Bolsonaro atacaba al PT y su historial de corrupción, y se posicionaba a favor de una lógica conservadora. Así, la elección por la negativa fue llevada al extremo. Dantas y Sodré llaman la atención sobre el pleito extremadamente polarizado que dejó al elector de centro frente a posiciones extremas; y en estas elecciones, por más que segmentos de la sociedad puedan haber escogido valores más conservadores al optar por Bolsonaro, muchos lo hicieron a partir de una lógica contraria al PT y a la corrupción. Esto puede ser explicado por el sociólogo Manuel Castells (apud Dantas y Sodré, 2019): «Las personas votan en contra, no a favor. Las personas votan a favor de lo que les parece menos malo, como un gesto de defensa contra lo que puede ser aún peor».

Finalmente, vale destacar que la llegada al poder de Bolsonaro puede repercutir en que también lo hagan discursos conservadores en otros países de América Latina. El tamaño y la diversidad de Brasil hacen del país un laboratorio perfecto para poner a prueba la fuerza de determinadas ideas y propuestas, y si toman impulso en Brasil, tienden a rendir en el resto de América Latina. Además, quien ocupa el sillón presidencial en el Palacio del Planalto abre espacios para posibles nuevos acuerdos y sociedades con otros gobiernos con posiciones ideológicas similares, ayudando a fuerzas políticas en la región. La profesora Tulia Falleti también destaca el poder de influencia de Brasil en América Latina y observa que la candidatura de Bolsonaro aumentó la carga de intolerancia entre los electores, desde el momento en que muchos pasaron a adoptar un discurso misógino, homofóbico y prejuicioso, lesionando libertades individuales.

En una próxima entrega profundizaremos sobre los discursos del presidente de Brasil, y su distancia del pensamiento liberal, para documentar cómo sus primeros mensajes se han mantenido en el tiempo hasta la actualidad.

Referencias

Bobbio, N. (2007). Estado, governo, sociedade: Para uma teoria geral da política, 16.ª ed. San Pablo: Editora Paz e Terra.

Dantas, H. (2019). Brasil 2018: la elección de los extremos. Diálogo Político, XXXV(1), 64-71.

Dantas, H; Sodré, M. (2019). Renovação? O que de fato verificamos nas eleições de 2018? Eleições 2018 e perspectivas para o novo governo. Cadernos Adenauer, 20. Río de Janeiro: Konrad Adenauer Stiftung.

Oliveira, V. S. L., y Costa Filho, J. R. (2019). A agenda liberal sob o conservadorismo: reformas no governo Bolsonaro. Eleições 2018 e perspectivas para o novo governo, Cadernos Adenauer, 19, 125-137.

Tarouco, G., y Madeira, R. (2015). Os partidos brasileiros segundo seus estudiosos: Análise de um expert survey. Civitas, 15(1), 24-39.

Fueron electas 82 alcaldías y dos vicealcaldías; 508 regidurías propietarias y sus respectivas suplencias; 486 sindicaturas titulares y su equivalente en suplencias; 1.912 concejalías de distrito propietarias y un número idéntico de sustitutos. Además, en ocho distritos administrativos alejados de las cabeceras de sus respectivos cantones se eligieron intendencias, viceintendencias y concejalías municipales de distrito.

En términos materiales, se celebraron de manera concurrente 82 elecciones distintas. Esto es de especial relevancia, tanto desde la perspectiva de la organización y logística inherente, como desde la dinámica política reproducida en cada cantón y por ende no puede pasarse por alto al momento de interpretar los resultados producidos.

El proceso electoral, formalmente iniciado el dos de octubre de 2019, estuvo a cargo del Tribunal Supremo de Elecciones, órgano electoral con rango constitucional, responsable de: organizar, administrar, supervisar y ejercer justicia en toda materia y proceso de naturaleza electoral.

El proceso comportó desde el inicio un desafío de carácter sistémico, consistente en disminuir la tasa de abstencionismo elevada e inversa con relación a la registrada en elecciones nacionales. En esta última, en promedio, concurre a las urnas el 65% del electorado; en tanto, en procesos de orden local existe un ausentismo de 72,5% promediando los comicios locales celebrados desde los diciembre de 2002, 2006, 2010, donde no se incluía la elección de las regidurías, y la de febrero de 2016 que sí las incorporó. Huelga señalar que en esa oportunidad el abstencionismo dio un salto a la baja considerable, al descender del 72,1% al 64,6%, aspecto que reforzó la tesis de la idoneidad de efectuar el proceso de manera completamente aparte de los comicios nacionales.

Aunado a ello, el proceso electoral 2020 posee características que lo hicieron atractivo desde el punto de vista analítico.

Registró la mayor cantidad de partidos políticos competidores. Un total de 80 agrupaciones de alcance nacional, provincial y cantonal, de ellas 42 nuevas, así como seis coaliciones integradas por partidos de los tres niveles, inscribieron más de 37.643 candidaturas a los diferentes cargos en disputa.

A diferencia de los mandatos nacionales de elección popular, en lo local la figura de la reelección sí existe, y esta puede ser continua e indefinida. Esto ha permitido a algunos alcaldes y alcaldesas mantenerse en el ejercicio del cargo de manera prolongada, incluso en algunos casos llegando a ser los únicos ocupantes del puesto desde que se estableció su elección mediante voto ciudadano en 2002.

Por ello se consideró normal que 64 de los vigentes titulares de las alcaldías aspirasen nuevamente en esta ocasión.

La proliferación de partidos mostró también dinámicas en su interior que reflejan debilidades estructurales del sistema de partidos imperante y que tuvieron incidencia directa en el resultado electoral.

A saber: la normativa costarricense es flexible y proclive a la constitución de partidos políticos. Ello permitió el surgimiento de muchas nuevas fuerzas partidistas en los últimos años, especialmente en la dimensión local. Incluso se inscribieron más partidos políticos de los que finalmente participaron en la contienda.

Empero, no todos los partidos cantonales pueden ser estandarizados. Dependiendo de la dinámica política de cada cantón, algunos responden efectivamente a lo dictado por la teoría de los partidos y lo contemplado en las normas que los regulan, asumiendo una estructura organizativa y programática con identidad propia, capaz de perdurar en el tiempo y de ser una opción institucionalizada con vocación de poder efectivo. Ejemplo de esto es Curridabat Siglo XXI, partido local del cantón que lleva el mismo nombre y que ganó por cuarta vez consecutiva la alcaldía de su territorio.

Otros, en cambio, responden a dinámicas de coyuntura, donde luchas de poder al interior de partidos políticos ya existentes propician el fraccionamiento de estos o, como efecto menor, la expulsión de sectores específicos de su liderazgo que, aprovechando las facilidades existentes para constituir nuevos partidos políticos, optan por crear plataformas propias desde las cuales buscar mantenerse o llegar a los cargos aspirados. Es el caso del partido cantonal Somos Moravia, que llevó a la reelección al alcalde que cuatro años atrás había llegado al poder por otra agrupación política.

Otro fenómeno reiterado en el proceso recién concluido es el de los llamados partidos franquicia, estructuras jurídicas debidamente registradas ante el Tribunal Supremo de Elecciones que, carentes de liderazgos propios en las distintas comunidades, convergen con actores políticos singulares con capacidad de arrastre electoral reconocido, incluso autoridades municipales en funciones y que han salido de sus fuerzas políticas de origen, en articular esfuerzos e intereses y participar como la marca formal de estos últimos en la respectiva elección cantonal. En otras palabras, un partido sin estructura ni dirigencia real acuerda con un liderazgo personal sin partido político, enlazarse y correr por un objetivo de poder común. Esto adquiere especial relevancia, dado el monopolio de la representación política ejercido por la figura del partido político.

En la práctica, tales dinámicas influyeron en los resultados y en la correlación de fuerzas resultante.

A la espera de ser conocidos los resultados de los restantes cargos electos, los datos de las alcaldías arrojan algunos datos especialmente relevantes. A nivel general, se citan los siguientes:

Se mantiene la tendencia a la disminución lenta pero sostenida de la tasa general promedio de abstencionismo. En esta ocasión se proyecta un ligero decrecimiento de 0,9 %, pasando del 64,6 % a un 63,7 %.

La escogencia de nueve mujeres como alcaldesas, tres menos que en 2016, equivalente al 7 % del total de alcaldías. De las siete que buscaron la reelección, cinco lo consiguieron.

Aunado a ello, tan solo el 23 % del total de las papeletas eran encabezadas por mujeres y en 11 cantones ningún partido postuló mujeres a ese puesto.

Esta disminución en la participación femenina, a juicio de algunos expertos, entre ellos la misión de observación de la Organización de Estados Americanos (OEA), es un lunar dentro del proceso, que debe ser atendido con prontitud. La posibilidad de haber activado la acción afirmativa conocida como paridad horizontal, ya aplicada en los comicios legislativos de 2018, pudo haber sido una alternativa efectiva, tal y como lo demostró en aquella oportunidad, con la elección de 26 mujeres a la Asamblea Legislativa, un 46 % del total del órgano unicameral, a la fecha la más alta representación de la mujer en dicho supremo poder.

De los 64 alcaldes y alcaldesas que buscaron la reelección, 50 lo consiguieron. De estos, cinco lo hicieron desde un partido político distinto al que los llevó al poder en 2016. Además, 26 se reeligieron con más del 50 % de los votos válidamente emitidos. San José fue la provincia donde se contabilizaron más casos: de los 20 cantones que la conforman, en 16 se mantendrá por un periodo de cuatro años más el alcalde o alcaldesa actual.

Finalmente, si bien cada una de las elecciones municipales es distinta y una lectura global de lo acaecido en los 82 cantones no puede obviar esto y, mucho menos, emplearse como proyección de posibles escenarios electorales en el futuro inmediato —léase en los comicios nacionales de 2022—, es válido identificar algunas tendencias que se mantienen en el tiempo, en cuanto al rendimiento individual de partidos políticos.

A saber:

1. Con un total proyectado de 41 alcaldías, el Partido Liberación Nacional (PLN) sigue siendo la fuerza política dominante en materia local. No obstante, esa cifra es más baja a la conseguida cuatro años atrás, lo que también muestra su tendencia a la pérdida paulatina de alcaldías observada desde 2010 a la fecha. En 2006 y 2010 alcanzó un total de 59 alcaldías, en tanto seis años después, en 2016, bajó a 50.
2. Con un aumento de dos alcaldías con respecto a 2016, el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) se mantiene como la segunda fuerza a escala municipal: en 16 cantones ganaron alcaldías con sello PUSC para el periodo 2020-2024 a iniciarse el 1 de mayo. Estas cifras evidencian una tendencia al crecimiento sostenido a partir de los comicios de 2010, donde alcanzó 9 alcaldías.
3. El oficialista Partido Acción Ciudadana (PAC) corrobora que sigue sin construir plataformas efectivas a nivel cantonal y se refugia parcialmente en puntos focalizados, donde ha logrado posicionarse a este nivel. Esto se tradujo en una pérdida de dos alcaldías con respecto a 2016. Tan sólo mantiene la conducción de 4 municipalidades y, a través de la figura de la coalición, mantiene la alcaldía del cantón de Montes de Oca, cantón insignia de la agrupación rojiamarilla.
4. La novedad a nivel de partidos políticos en los comicios de 2018, Restauración Nacional, y su escisión Nueva República advierten debilidades similares a las exhibidas por el PAC en este tipo de elección: carecen de plataformas programáticas y maquinarias electorales de carácter local capaces de posicionarlos como contendores con efectivo peso político en este nivel.
5. A pesar del aumento en las alcaldías lideradas por partidos cantonales, equivalente a 12 de las 82, siguen registrando un éxito electoral muy por debajo del total de partidos competidores. Del total de 58 agrupaciones, las 12 señaladas representan el 20,68 %.
6. En lo que respecta a partidos provinciales, tan solo tres de los ocho que inscribieron candidaturas alcanzaron la alcaldía, a saber: Auténtico Limonente y Recuperando Valores en los cantones de Central y Pococí de la provincia caribeña de Limón; y el Comunal Unido en el cantón de Turrubares (este último fue plataforma de la reelección de uno de los cinco alcaldes que cambió de partido).

A estos datos se suma lo señalado con relación a la naturaleza y dinámica interna de los distintos partidos políticos.

Esas son variables a considerar al momento de analizar cualitativamente el desempeño de los partidos y confirma la especificidad de cada una de las 82 elecciones municipales, reafirmando su propia identidad, ajena a la de los comicios nacionales.

El estudio (http://idd-mex.org/que-es-el-idd-mex/) evalúa el comportamiento de la democracia y el desarrollo democrático en cada uno de los 32 estados del país. Es una contribución para que los tomadores de decisiones puedan analizar en profundidad el estado de la democracia mexicana, como punto de partida hacia un camino de mejoras que sean verificables en el tiempo por medio de indicadores objetivos.

Para acceder al resumen y al contacto en México:
https://www.kas.de/es/web/mexiko/statische-inhalte-detail/-/content/idd-mex-2019