Hay una regla no escrita en las elecciones: cuando todo sale como debería, nadie habla del árbitro. Así como en el fútbol el mejor partido es aquel en que el referí pasa desapercibido, en las elecciones, un proceso exitoso es aquel en que el organismo electoral termina su trabajo en silencio, sin que los ciudadanos recuerden su nombre al día siguiente.
Perú rompió esa regla en las elecciones del 12 de abril de 2026, y lo hizo de una manera que difícilmente se olvidará.
Cuando el organismo falla
De acuerdo a las últimas investigaciones, la empresa contratada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el organismo encargado de organizar los comicios, no entregó el material electoral en los centros de votación de Lima y Callao de manera oportuna. Al parecer, por fallas logísticas del propio organismo electoral. Decenas de mesas de votación no pudieron instalarse a tiempo, provocando que los ciudadanos llegaran a sus colegios y encontraran las puertas cerradas. Las colas se volvieron interminables y lo que debía ser una jornada cívica ordinaria se convirtió en una crisis institucional transmitida en vivo.
Ante esta irregularidad, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo, admitió que «existieron serias irregularidades» durante la organización de los comicios. Como consecuencia, el pleno tomó una decisión sin precedentes: extender la votación al día lunes en 13 locales de votación.
Como si fuera poco, días después de la jornada de votación aparecieron cuatro cajas con votos abandonadas en una calle de Lima. La ONPE confirmó que se habían perdido durante el traslado a una de sus oficinas.
Centro del escándalo
Aunque en un principio las máximas autoridades de la ONPE responsabilizaron a la empresa encargada de la distribución del material electoral, las investigaciones judiciales determinaron la responsabilidad del Jefe Nacional, Piero Corvetto, y varios de sus colaboradores.
Luego de días de especulaciones sobre si debía continuar o no en su cargo, Corvetto renunció. Pero no fue suficiente para cerrar el caso. La Fiscalía Supraprovincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios dispuso continuar por ocho meses la investigación preliminar contra el exjefe de la ONPE por el presunto delito de colusión. La hipótesis del Ministerio Público apunta a una presunta concertación ilegal en el proceso de licitación del servicio de transporte de material electoral, un contrato valorado en más de dos millones de soles.
La Contraloría General de la República encontró responsabilidad en Corvetto y otros nueve funcionarios de la ONPE por irregularidades, y recomendó que la Procuraduría Anticorrupción inicie las acciones legales correspondientes. La Procuraduría solicitó incluir a Corvetto y a cuatro funcionarios más, junto al representante legal de la empresa Galaga (contratada para el despliegue del material), como investigados por presuntas irregularidades en la contratación del transporte del material electoral.
En pocas semanas, la ONPE pasó de ser un organismo técnico que nadie mencionaba en los noticieros a convertirse en el centro del escándalo político del año.
¿Por qué nadie anticipó esta crisis?
Las elecciones generan una cobertura mediática enorme, sobre todo la de los países grandes e influyentes. De hecho, las elecciones dejaron de ser eventos domésticos para convertirse en verdaderos fenómenos globales. Pero casi toda la atención apunta en una sola dirección: los candidatos. Las encuestas, los debates, las declaraciones, los escándalos de campaña, los resultados. Todo eso ocupa las pantallas, los titulares y las conversaciones. Es lógico: a diferencia de lo que sucede en los regímenes autocráticos, las elecciones democráticas y competitivas están caracterizadas por el suspenso con respecto al ganador.
Pero para garantizar la incertidumbre del resultado se necesita certidumbre en los procedimientos. Existe todo un sistema sofisticado que hace posible que millones de personas puedan depositar su voto en un sobre y que ese voto sea contado correctamente. Ese sistema tiene un nombre: gobernanza electoral.
Se trata de una red compleja de relaciones entre organismos electorales, partidos políticos, sociedad civil, empresas proveedoras, medios de comunicación, fuerzas de seguridad e instituciones públicas. Cada eslabón importa. Cada contrato firmado, cada protocolo seguido o ignorado, cada decisión tomada meses antes del día de la votación tiene consecuencias.
En el caso peruano, el eslabón que cedió fue, en apariencia, uno que siempre se da por sentado: el transporte de materiales. Aunque la atención siempre se la lleva la desinformación, la polarización, los discursos de odio, la falta de legitimidad de las instituciones, hay cuestiones mucho más modestas que toda elección necesita garantizar.
No es la primera vez que el despliegue de materiales electorales empaña unos comicios. En las primarias partidarias hondureñas celebradas en marzo de 2025 se registró el mismo problema. La falta de protocolos en la contratación de la empresa para el despliegue de materiales, así como la ausencia de controles en la implementación, provocó una crisis que afectó profundamente la credibilidad del Consejo Nacional Electoral hondureño.
Responsabilidad de monitorear
Los organismos de observación electoral, las organizaciones de sociedad civil y los propios partidos políticos tienen la responsabilidad de monitorear todo el ciclo electoral. Esto es: la planificación, las licitaciones, la capacitación de los miembros de mesa, los acuerdos institucionales, la cadena de custodia de los materiales. No solo el día de la elección, sino todo el ciclo electoral.
Ese monitoreo no expresa desconfianza en la democracia, todo lo contrario. Es una de sus expresiones más genuinas. Los sistemas que funcionan bien no lo hacen porque nadie los observa, sino porque cuentan con distintos sistemas de control.
El problema es que ese trabajo es difícil de vender. Una nota periodística sobre los términos de referencia de un contrato de transporte electoral compite con muy pocas posibilidades contra el último cruce de acusaciones entre candidatos o las cada vez más comunes narrativas del fraude. La sociedad civil que alerta sobre debilidades logísticas meses antes de la elección rara vez tiene impacto mediático.
La lección que deja Perú
Como vimos antes, el caso peruano no es una anomalía. Los procedimientos previos a la jornada electoral son tan o más importantes que el día de la votación. Los controles internos, las auditorías externas, la observación electoral técnica doméstica e internacional son algunos de los elementos que contribuyen al cumplimiento de las garantías electorales.
Una democracia saludable no puede darse el lujo de interesarse en sus instituciones electorales solo cuando estas fallan. Para entonces, el daño ya está hecho: la credibilidad erosionada, la desconfianza instalada, y los actores de mala fe con el argumento perfecto para plantear las denuncias de fraude sin necesidad de probarlo.
Perú tendrá segunda vuelta en los próximos días. La ONPE, ahora con nuevas autoridades y bajo escrutinio público total, deberá demostrar que aprendió la lección. El organismo ya anunció medidas correctivas, entre ellas la reubicación de 136 mesas de sufragio en Lima para garantizar mejores condiciones en la próxima jornada. También excluyó a la empresa Galaga del proceso de contratación para el transporte del material en la segunda vuelta, tras los incidentes logísticos de la primera ronda.
Son pasos necesarios. Pero la verdadera pregunta es si esta crisis servirá para que los ciudadanos, los medios y las organizaciones de la sociedad civil decidan no esperar a la próxima emergencia para volver a mirar al árbitro.
Porque en democracia, como en el deporte, cuando el árbitro se convierte en protagonista el resultado pierde credibilidad.
Te puede interesar:
- El laberinto peruano: bicameralidad, valla electoral y la paradoja de la representación
- Presidenciales en Perú: Keiko Fujimori pasa por cuarta vez a segunda vuelta
- La gamificación de la política: las elecciones peruanas 2026 en el metaverso de Roblox
