Hay una angustia particular que solo conocen quienes han vivido una noche electoral sin ganador. Las pantallas con porcentajes que se mueven despacio, los voceros que hablan sin decir nada, los candidatos que declaran victoria antes de tiempo.
América Latina ha tenido que aprender a convivir con esa angustia más de una vez en los últimos veinte años. Cinco elecciones presidenciales en la región, México (2006), El Salvador (2014), Perú (2016), Perú (2021) y Honduras (2025), arrojaron resultados tan ajustados que la autoridad electoral no tuvo más remedio que congelar el tiempo y esperar. El empate técnico, figura a medio camino entre la estadística y la política, se ha vuelto un fenómeno con el que convive el sistema político.
El dilema de la confianza
Lo que hace peculiar al empate técnico no es la cercanía de los números en sí misma (las democracias maduras producen elecciones reñidas) sino la fragilidad institucional con la que suele cruzarse en la región. Cuando la diferencia entre dos candidatos cae dentro del margen de error estadístico o legal, la legitimidad del resultado deja de depender únicamente de los votos y pasa a depender, en igual o mayor medida, de la confianza ciudadana en quienes hacen el conteo. Y esa confianza, en varios países latinoamericanos, es un bien escaso y difícil de reponer una vez que se deteriora.
El caso mexicano de 2006 fue, en cierta forma, el que puso el tema sobre la mesa continental a principios de siglo. Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador se midieron con una diferencia preliminar de apenas 0,6 puntos porcentuales. La noche de la elección no se publicaron los resultados. El Instituto Federal Electoral tardó 65 días en cerrar el proceso. Fue el empate técnico más largo de los cinco registrados en estas dos décadas. Sus consecuencias políticas se extendieron mucho más allá de esa fecha: López Obrador nunca reconoció la derrota, instaló un gobierno paralelo simbólico y construyó una narrativa de fraude que lo acompañó durante años y que abrevó en su llegada al poder en 2018. La demora no solo retrasó la proclamación de un ganador; incubó un agravio que reformó la política mexicana por completo.
El caso menos recordado
El Salvador en 2014 ofreció el contrapunto más eficiente: con el 95% de las actas escrutadas y una diferencia de 0,26%, el Tribunal Supremo Electoral ordenó esperar el escrutinio definitivo. Siete días después, Salvador Sánchez Cerén del FMLN fue declarado ganador. La brevedad del proceso y la actuación del tribunal evitaron que la incertidumbre se enquistara. No es casual que ese sea el caso menos recordado de los cinco: cuando las instituciones funcionan, la historia tiende a ser aburrida. Y aburrida es exactamente como debe ser.
¿La “tradición” peruana?
Perú, en cambio, ha tenido que protagonizar este drama dos veces y con el mismo elenco. En 2016, Pedro Kuczynski y Keiko Fujimori se enfrentaron sin que hubiera un ganador declarado hasta completarse la revisión del cien por ciento de las actas observadas. Veintitrés días de espera. En 2021, la misma Fujimori y Pedro Castillo protagonizaron un suspenso que se extendió seis semanas, con 0,252% de diferencia, impugnaciones, pedidos de nulidad y una tensión que llegó a rozar el límite de la fractura institucional. Cuarenta y tres días para declarar ganador a Castillo. Perú pagó un precio altísimo en esas semanas: la legitimidad del proceso quedó cuestionada desde ambos lados, y el país entró a la presidencia de Castillo ya herido de desconfianza.
Ahora Perú regresa a este listado. La segunda vuelta de 2026, con su margen estrecho entre Sánchez y Fujimori, vuelve a poner al país en ese territorio incómodo donde los números no alcanzan para decidir solos y donde la autoridad electoral se convierte en el actor más determinante de la escena política. El Jurado Nacional de Elecciones y la ONPE cargan con una responsabilidad que va más allá del conteo técnico: deben reconstruir, en tiempo real y con máxima transparencia, la confianza que los empates técnicos sistemáticamente erosionan. No es la primera vez que Perú está aquí. De momento todas las partes involucradas llaman a la espera de los resultados finales.
Honduras y el vacío
Honduras en 2025, añadió un elemento nuevo al inventario de tensiones posibles. Con apenas el 57% de las actas procesadas y una diferencia de 0,02% entre Nasry Asfura y Salvador Nasralla, se interrumpió la transmisión de datos durante varios días. La crispación fue inmediata.
En el vacío de información, las especulaciones se multiplicaron, las redes sociales funcionaron como cámaras de eco para teorías de fraude, y la incertidumbre política se convirtió en un combustible de polarización difícil de apagar. Veinticuatro días después, Asfura fue declarado ganador. Pero el corte en la transmisión dejó una herida en la credibilidad del proceso que no se cerró del todo con el resultado.
Lo que une a estos cinco casos, más allá de los números, es una lección que la región parece necesitar aprender en cada ciclo electoral: la transparencia en tiempo real no es un lujo procedimental, es el fundamento mismo de la legitimidad. Cuando los ciudadanos no pueden ver el proceso, empiezan a imaginar el peor proceso posible. Y en sociedades con memorias históricas de fraudes reales, esa imaginación no es irracional.
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