En México, el oficialista partido Morena impulsó una modificación a los artículos 105 y 107 de la Carta Magna para establecer como improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad que busquen controvertir las adiciones o reformas a la Constitución Federal. Con esta medida, el sector de la presidenta Claudia Sheinbaum persigue blindar de impugnaciones todas las reformas constitucionales.
Si bien el triunfo electoral de Morena y su colación Sigamos Haciendo Historia fue del 59.76% de los votos, en el legislativo obtuvieron el 73% de los representantes. Esto se debió, de acuerdo con Azul Aguiar, presidenta de la Asociación Mexicana de Ciencias Políticas, a la cooptación del Instituto Nacional de Elecciones donde lograron aprobar un margen de súper mayoría en el reparto de las bancadas. La oposición en cambio no podrá oponerse efectivamente al gobierno desde la vía formal porque controla menos del 33% del Congreso. Las súper mayorías de Morena en el Congreso de México han permitido hacer este cambio institucional durante la implementación de la controvertida reforma judicial mexicana, que en 2025 someterá a sus administradores de justicia y magistrados a elecciones populares.
Aguiar se formó como doctora en ciencia política en la Universidad de Florencia (Italia) y ejerce como profesora del ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Se ha dedicado a estudiar la política judicial, procesos de democratización y la política comparada. Desde su mirada, el Legislativo y el Ejecutivo están cooptando de maneral formal el poder judicial: “prácticamente lo han regresado al diseño institucional previo al 1994 que fue cuando hicieron la reforma para darle autonomía a las instituciones judiciales”.
Impedimentos a la Suprema Corte
¿En qué consiste la reforma respecto a “blindar” la Constitución?
—Un primer punto importante tiene que ver con la reforma judicial. Este es el marco en el que se inserta esta segunda reforma constitucional que impide que se impugnen leyes y normas constitucionales. Lo que propuso la reforma judicial presentada por Andrés Manuel López Obrador en febrero de 2024 y ahora aprobada, fue destituir a más de 1600 juzgadores que serán sustituidos a nivel federal y local por aquellos electos a través del voto popular en un sistema de listas. Esto afecta a la Suprema Corte, magistrados de circuitos, jueces de distrito y jueces locales. Hace desaparecer la carrera judicial y socava la independencia y el debido proceso.
Normalmente en México las reformas constitucionales no habían sido revisadas en el pasado por la Corte. En 2014 hubo una impugnación a una reforma por parte de Morena, y la mayoría de los ministros y ministras de la Suprema Corta en esa época decidieron que no se podía revisar. Sin embargo, hubo votos de ministros que fueron en contra de eso y dijeron que sí era posible. Eso marcó un precedente. Lo que ocurrió ahora es que cuando el Legislativo notó que los ministros de la Suprema Corte iban a revisar la reforma judicial y que muy probablemente estarían los votos necesarios para echarla abajo, los legisladores actuaron en consecuencia. ¿Qué hicieron? Reformar la Constitución para impedirle a la Corte de facto que pueda revisar normas y reformas constitucionales.
Oposición
Con eso también impiden a las minorías y a la oposición el poder recurrir proyectos de ley.
—De hecho, eso ya venía dentro de la reforma judicial. México tiene tres mecanismos de revisión judicial: acciones de inconstitucionalidad, controversias constitucionales y amparos. Y en estos tres mecanismos lo que hicieron fue anular los efectos de las suspensiones provisionales. Es decir, cuando uno va a la Corte y dice “oiga, aquí me está violando esa ley general” y esto se constata, mientras el juez decide puede declarar una suspensión provisional. Eso lo introdujeron en la reforma judicial, vulnerando los derechos de las personas que vayan a recurrir. Por otro lado, la reciente reforma de la supremacía constitucional lo que busca es desactivar a la oposición y a las personas que sientan que han vulnerados sus derechos de acudir a la a la Corte. Es decir, se desactiva el poder de veto del poder judicial para hacer un contrapeso efectivo.
¿Eliminar el equilibrio entre los poderes?
—El poder Ejecutivo y el Legislativo ahora están unidos cooptando la justicia en términos institucionales. Esto es muy importante tenerlo claro, porque no está ocurriendo en términos informales. Se ha regresado de cierta manera al diseño institucional que teníamos antes de 1994, que fue cuando se hizo una gran reforma judicial para darle poder y autonomía al poder judicial. Estamos en una situación, y no soy la única en afirmarlo, de cambio de régimen en términos del diseño institucional.
Cambio de régimen
En América Latina todavía flota esta idea de la dictadura perfecta.
—Así es. De hecho, participé recientemente en un seminario en donde la conclusión es que estamos en un nuevo proceso de transición hacia un tipo autoritarismo electoral como el que teníamos antes. Es decir, vamos de regreso a lo que Vargas Llosa llamaba coloquialmente como la dictadura perfecta, pero que en ciencia política le decimos autoritarismo electoral o autoritarismo competitivo.
Seguimos todavía en disputa de narrativas en donde encuentras personas que dicen que en México nos estamos democratizando y que un ejemplo es poder elegir mediante el voto popular a nuestros jueces. Mientras, tienes otro segmento que señala que se están desactivando los contrapesos.
¿Cuáles son las herramientas que quedan para la oposición, las minorías y la sociedad civil? ¿Cuáles son las posibilidades de criticar y oponerse?
—Todavía tenemos amplios espacios para expresar libremente lo que pensamos siempre y cuando no se mencione el crimen organizado. La oposición puede hacer su trabajo, pero no tiene cómo ser efectiva.
Durante las elecciones hubo un triunfo para Morena con más del 50%, sin embargo, en el Legislativo obtuvo una representación que sobrepasa las dos terceras partes y es del 73%. Esto ocurrió gracias a que meses antes Morena logró semi capturar al órgano electoral poniendo a una aliada del gobierno en la presidencia del Instituto Nacional Electoral. Esta aliada, junto a otros consejeros, aprobaron un margen de sobrerrepresentación para Morena que fue ratificado por el Tribunal que también está capturado. Esto ha hecho posible que la oposición esté prácticamente desactivada en términos formales. Por ejemplo, no puede interponer oposición a ninguna controversia interna ni tampoco ninguna acción de inconstitucionalidad porque no reúnen el 33%.
Expectativas con Morena
Y la agenda se sigue dictando desde arriba.
—Desde la sociedad civil y de la oposición no hemos terminado de calibrar la magnitud del impacto comunicacional del gobierno de México a través de sus Mañaneras dictando la pauta de la agenda todos los días. Primero lo hizo AMLO y ahora lo continúa Claudia Sheinbaum.
Desde los ámbitos académicos latinoamericanos había cierta expectativa de que Claudia Sheinbaum por su origen científico podía darle cierta moderación al gobierno.
—Lo que vemos son signos contrarios, con una izquierda autoritaria que no se parece a Maduro o a Ortega, pero sí al MAS de Bolivia. Esta izquierda está lejos de Lula, de Boric, de la socialdemocracia europea, porque si bien han introducido proyectos que permiten que los pobres tengan más recursos, no han diseñado políticas que disminuyan la desigualdad, sino que potenciaron el clientelismo. En el sexenio de AMLO no hubo una reforma fiscal distributiva, sino regresiva. Y en lo que va de gobierno de Sheinbaum se apunta hacia las transferencias en efectivo. Luego el tema salud no está resuelto, todo lo contrario. Algo así hacía el antiguo PRI cuando buscaba capturar la atención y el apoyo de la gente con la entrega de dinero.
