En medio de una grave crisis de seguridad, la noche del 13 de abril, la presencia de las Fuerzas Armadas fue máxima en Ecuador, con camiones de tropa en las calles y soldados con fusiles en los colegios electorales.
Las cinco autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador anunciaron desde su sede instalada en el hotel Hilton Colón los resultados que consagraban la reelección de Daniel Noboa. En el escenario, además de la plana mayor del CNE, casi una decena de soldados fuertemente armados con fusiles se ubicaron en los extremos: un reflejo del impacto de la crisis de seguridad en la sociedad ecuatoriana.
La presencia de las Fuerzas Armadas con las autoridades electorales llama la atención porque es inusual incluso en regímenes autoritarios de América Latina. Ni siquiera en Venezuela, donde el Plan República inunda el país de militares en época electoral, pasaría desapercibida una escena similar.
Jornada militarizada
La militarización fue omnipresente en la capital, Quito, y en otras provincias durante las elecciones. En las calles, camiones de tropas con decenas de soldados circularon durante todo el domingo. En cada colegio electoral, al menos un soldado permanecía en las colas para asegurarse de que no se produjeran disturbios.
Las urnas, papeletas y actas electorales llegaron a través de la logística de las Fuerzas Armadas, custodiadas por ellas. Cuando llegó el momento de contar los votos en los colegios electorales, al menos un soldado vigilaba el proceso de cerca. En la sala habilitada por el CNE para supervisar los resultados, parejas de soldados repartidos hacían que el lugar pareciera un cuartel del ejército.
Los miembros de las Fuerzas Armadas son los únicos autorizados a velar por la seguridad dentro de los colegios electorales. La policía solo tiene jurisdicción fuera, donde busca a los ciudadanos que tienen deudas con la justicia y a los que causan disturbios.
Confianza pública
No es infrecuente que los militares contribuyan a la logística y la seguridad de los procesos electorales. En Brasil, por ejemplo, las Fuerzas Armadas garantizan la llegada de las máquinas de votación electrónica a los rincones más remotos del país. Pero un votante brasileño, argentino o colombiano no vería a un militar fuertemente armado en la puerta de su colegio electoral. Mucho menos grandes camiones de tropas en las calles.
Para la población ecuatoriana, sin embargo, la presencia masiva de militares aporta una sensación de seguridad, según los informes recogidos el día de las elecciones. Y los votantes van más allá: dicen confiar en que las Fuerzas Armadas están allí únicamente para garantizar el pleno desarrollo del proceso electoral, nada más. Los observadores electorales, en conversaciones extraoficiales, también dijeron haber notado una fuerte presencia militar en los colegios electorales, pero descartaron que ejerciera presión sobre los votantes.
En general, los países latinoamericanos que han vivido dictaduras militares represivas son cautelosos a la hora de movilizar sus fuerzas en un contexto electoral. Algunas de sus poblaciones no verían con tanta confianza y tranquilidad a un soldado en la puerta de su zona electoral sin sentir que éste sería objeto de coacción.
Pero los ecuatorianos justifican su plena confianza en sus militares diciendo que la dictadura allí era una “dictabranda”. Una afirmación cuando menos cuestionable.
A lo Bukele
Este empoderamiento de los militares se ancla en el auge de la violencia del narcotráfico en el país. En agosto de 2023, el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio durante las elecciones expuso al mundo la escalada de inseguridad. Desde entonces, decenas de políticos más han sido asesinados en el país.
En 2024, el recién electo Daniel Noboa —que ocupaba un cargo interino tras la muerte de su predecesor, Guillermo Lasso— declaró un “conflicto armado interno”. Esto abrió el camino a una fuerte movilización de las Fuerzas Armadas en las calles del país.
Desde entonces, el tema del crimen organizado ha monopolizado las campañas electorales y ha dado nueva forma a las últimas elecciones. Los dos principales candidatos, Daniel Noboa y Luisa González, apelaron a la estrategia de línea dura, sin grandes diferencias en sus propuestas, a pesar de sus espectros ideológicos opuestos.
Independientemente del ganador, Ecuador ya se inclinaba cada vez más hacia esta política. Imita la tendencia inspirada en el líder de El Salvador, Nayib Bukele. Incluso en Chile, el izquierdista Gabriel Boric ha recurrido a discursos punitivos en medio del aumento de la violencia en el país.
Noboa contra la inseguridad
Con el argumento de la inseguridad, Noboa ya gobernaba en Ecuador bajo un número sin precedentes de estados de excepción. Un día antes de las elecciones, incluso declaró un polémico estado de excepción que abarcaba a un gran número de votantes. Desde 2024, su Plan Fénix ha puesto a más personas en cárceles de máxima seguridad, lo que no impidió que los primeros meses de 2025 fueran los más violentos de la historia del país.
Aun así, el presidente recibió el respaldo del electorado para continuar su guerra contra las bandas, a pesar de las críticas de grupos de derechos humanos como Amnistía Internacional y Human Rights Watch. El apoyo fue incluso fuerte. Ganó por más de 10%, eliminando cualquier impugnación del resultado, aunque González lo intentó sin éxito.
El reto ahora será dar realmente una solución a la grave crisis de violencia. Hasta el momento, Noboa se ha refugiado detrás de su corto mandato e incluso en los tentáculos del correísmo —que no ostenta el poder desde 2017— para justificar los malos resultados en seguridad.
Esta excusa no será aceptada por mucho más tiempo por los ecuatorianos, que lamentan la pérdida de su estatus de Ecuador como oasis de seguridad en América Latina ante la última clasificación como narcoestado de la revista The Economist.
