El 2022 fue el año más violento para la prensa en América Latina en lo que va de siglo: 37 periodistas fueron asesinados. Esta cifra, según Jonathan Bock, director de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) de Colombia, representó la mitad de los homicidios de periodistas en el mundo. Este panorama de violencia, que incluye amenazas, espionaje, encarcelamientos, cierre de medios y exilio, continúa este año y parece ir de la mano de gobiernos autoritarios y de amenazas a la democracia.
En Diálogo Político entrevistamos al director de la FLIP acerca de este panorama en la región, y especialmente en Colombia, donde en los últimos años se han incrementado los riesgos para el periodismo.
La FLIP es una organización fundada en 1996 por periodistas en Colombia ante la violencia e intimidaciones. Desde ese momento, se ha consolidado como un referente en la defensa de la libertad de prensa en el país y en América Latina. La organización afronta actualmente el reto de defender la libertad de prensa y a los periodistas en medio de un clima de polarización y de constantes ataques.
Para el caso de Colombia, se mezclan las amenazas de grupos armados y del crimen organizado con el intento de funcionarios públicos de desacreditar al periodismo. Eso incluye al actual presidente Gustavo Petro. Esta realidad se cruza con la disminución del apoyo de los ciudadanos a la democracia en América Latina, como reveló el Latinobarómetro 2023.
Actores armados y políticos
La FLIP ha llamado la atención en el caso de Colombia, acerca de un aumento en la violencia contra los periodistas, ¿cuál es el panorama?
—En un lapso de siete meses fueron asesinados tres periodistas y estos casos han ocurrido en zonas del país donde hay un Estado débil y presencia de grupos armados. En algunos casos se trata de periodistas ciudadanos o que tienen una línea social y que usan las redes sociales para expresar su inconformidad sobre lo que pasa en su región.
Ese es el caso de Rafael Moreno (asesinado en octubre de 2022 en el departamento de Córdoba). O de Luis Gabriel Pereira, asesinado en Ciénaga de Oro (municipio de Córdoba). Un chico de 25 años que apenas hacía seis meses que publicaba historias en su página de Facebook. Hemos podido documentar que fue asesinado por mencionar al autor de un feminicidio. Esto muestra la fragilidad y vulnerabilidad de los periodistas de las regiones.
En Colombia no se había superado el escenario de periodistas asesinados. Siete años atrás había un caso en dos años, ahora hablamos de tres en siete meses.
Violencia contra la prensa
El panorama de violencia contra la prensa no solo incluye los homicidios, aunque son el delito de mayor magnitud.
—También están las amenazas. El año pasado fue un año récord en amenazas. Tuvimos casos de periodistas desplazados. Hay zonas en las que tienen que pedir permiso a los grupos
En otros casos son presionados o amenazados para que difundan mensajes o panfletos de estos grupos armados o bandas criminales. Es una atmósfera que recuerda aquellos años de finales de los noventa y principios de siglo, con un conflicto muy vivo y grupos que tienen como estrategia silenciar o controlar lo que están diciendo los periodistas.
Estigma y violencia
A estos riesgos de los periodistas de las regiones se les suma las estigmatizaciones por parte de funcionarios públicos, incluso del presidente Gustavo Petro, a quien la FLIP le ha hecho varios llamados de atención.
—Hay que decir claramente que la estigmatización es violencia y que es una manera de desacreditar o deslegitimar a un periodista con el que no se está de acuerdo y hacer que la audiencia le pierda el respeto y cuestione su comunicación. Este es un problema muy profundo, que muestra que hay una intención política de contrarrestar la información periodística.
Hemos visto un aumento de esto en los últimos cuatro o cinco años. Si uno lo pudiera conceptualizar regional o globalmente, porque está ocurriendo en varios países, diría que en parte tiene que ver con las consecuencias del efecto Trump. Cómo desde la presidencia de Estados Unidos se comenzó no solo a cuestionar sino a caricaturizar y sacar todos los males a un sector del periodismo de ese país.
Esto se ha venido replicando en América Latina. En Colombia lo han hecho desde alcaldes, como Daniel Quintero en Medellín, hasta el presidente Petro. Se está cayendo en un escenario muy riesgoso, de generalizar a los medios de comunicación. De decir que hay un relato periodístico, de querer posicionar la idea de que los medios que él
Ese es un relato que no se soporta con los hechos y tiene ese efecto de deslegitimar al periodismo en general. Decir los medios del establecimiento es una definición muy amplia que le puede servir al presidente para atacar o cuestionar cualquier publicación que no le sea favorable.
Libertad de expresión
Una de las respuestas del presidente y de sus defensores ante los cuestionamientos contra la prensa es que él tiene derecho a la libertad de expresión.
—El presidente dice que los medios deberían ser neutrales, pero esto no es una conversación neutral. Él tiene interés de señalar a los medios que hablan o cuestionan su gobierno. La Corte Constitucional y la Corte Interamericana de Derechos Humanos han dicho que los funcionarios públicos, bajo el argumento de que tienen libertad de expresión, no pueden desacreditar a los medios de esta forma pública sino utilizar los recursos legales que tienen los ciudadanos para pedir rectificaciones o señalar un error.
Esto no quiere decir que los debates acerca de los medios no se den. Es claro que sí hay medios que pertenecen a empresas y conglomerados económicos con intereses. Por supuesto que existen errores en el periodismo y esto debería tener por supuesto unos contrapesos. Pero estos deben venir del propio sector, de una reflexión importante que haga la sociedad y la academia. No debemos confundir esto porque, cuando es el presidente quien hace esos cuestionamientos públicos, hay un desbalance de poder.
Oscuro panorama
Esto se repite en otros países, en algunos casos como Nicaragua o Salvador, de una forma más preocupante. La FLIP ha prestado apoyo a periodistas u organizaciones de otros países de la región. ¿Qué radiografía hace usted de la libertad de prensa?
—América Latina está viviendo uno de los momentos más significativos en cuanto a libertad de prensa. El 2022, hubo 37 periodistas asesinados, que es la mitad de los periodistas asesinados en todo el mundo. La situación en México es desoladora. En Haití el número de periodistas asesinados es una señal del deterioro del país.
Que haya periodistas asesinados en Ecuador y Chile, donde no se presentaban hechos de este tipo, muestra algo preocupante. También vemos cómo han aumentado los periodistas encarcelados. Se han cerrado medios de comunicación en Venezuela y Nicaragua, y un gran número de periodistas han tenido que seguir haciendo su trabajo en el exilio.
Esto es un panorama grave para la libertad de prensa en América Latina. Vemos patrones que se repiten en países y se trata de que hay un relato contra el periodismo que viene en muchos casos de los propios gobiernos, que buscan desacreditar al periodismo y lo ven como un adversario. Es el caso también de Bukele, en El Salvador. De López Obrador en México, que utiliza su espacio de La Mañanera para atacar constantemente a los periodistas de cierto sector o minimizar los casos de los periodistas que han sido asesinados. Además, vemos cómo los mecanismos de protección a los periodistas no funcionan en México.
Otro panorama son las prácticas de vigilancia contra periodistas como existe en El Salvador, México y Colombia. Es un panorama de falta de garantías para los periodistas en casi toda América Latina.
Vigilancia
¿Cómo han evolucionado en esta era digital las prácticas de vigilancia?
—La vigilancia legal e ilegal a periodistas es una práctica bastante arraigada en varios contextos latinoamericanos. En el caso mexicano, colombiano y salvadoreño, en medio de conflictos internos o luchas contra algunos grupos ilegales, se ha tenido un rango de acción para que, de manera ilegal, se perfile, investigue y escuche a periodistas con el propósito de conocer sus fuentes y movimientos.
En el caso colombiano, se tiene información de estas prácticas desde la década de los cincuenta, con los primeros reportes de que el ejército estaba espiando a periodistas e intelectuales con el fin conocer sus supuestos nexos con la insurgencia. A partir de allí, se han utilizado todo ese tipo de prácticas que recuerdan a la época de la Guerra Fría, hasta los más sofisticados con software como Pegasus.
A centenares de periodistas y defensores de derechos humanos en México les infectaron con este software sus teléfonos, que permite conocer todo lo que se encuentre en los móviles. Esto es información personal e información de sus fuentes, lo que pone en riesgo a los periodistas y a quienes estén en contacto con ellos.
¿Qué hacer?
¿Cómo controlar o qué hacer frente a este espionaje digital cuando es casi indetectable?
—Esto ha puesto en evidencia que no existen los mecanismos de control interno para saber quiénes están adquiriendo estos softwares. Es un escenario riesgoso el que la utilización de estos softwares espías esté en manos del Estado y de algunos particulares que venden sus servicios a agencias estatales, como se ha visto en el caso mexicano o en El Salvador.
Este tipo de tecnología debería estar prohibida, incluso para fines legales, hasta que no existan capacidades técnicas o mayores compromisos de transparencia en la adquisición de estos equipos porque seguiremos viendo que se reproducen estas prácticas en otros países.
Publicidad y censura
La FLIP tiene un proyecto llamado «Pauta Visible», en el que ha mapeado y analizado la pauta oficial. Se ha indicado que esta puede ser un mecanismo de censura…
—En los últimos años, la publicidad oficial es el mecanismo de censura indirecta más utilizado en Colombia y también ha sido un foco de corrupción en la administración pública. Recursos millonarios se destinan a engrandecer la figura de un funcionario público, entrometerse en las líneas editoriales de un medio e incorporar unas narrativas de que la gestión de determinado funcionario es fantástica.
La publicidad oficial debe dirigirse para que pueda existir una comunicación entre la administración y la ciudadanía, pero debe estar en unos ejes específicos: comunicar políticas públicas, publicar campañas sobre los derechos y las obligaciones de los ciudadanos, o en casos de emergencias. Pero, por el contrario, se está inundando constantemente de información propagandística sobre algunas figuras públicas.
Y no hay controles del Estado ni de la Contraloría o la Procuraduría frente a cómo se están destinando estos recursos públicos.
En Colombia, este asunto está sumamente arraigado y es una discusión que no quieren dar los políticos ni un sector de la prensa que se vería amenazado porque estos recursos se han convertido en una manera de subsidio encubierto. Ese es el problema, porque si se llegaran a prohibir los recursos estaríamos en un escenario en el que un gran número de medios estarían a puertas de cerrar porque no tendrían cómo existir.
Publicidad oficial
Entonces, ¿se debería prohibir, regular o cuál sería el camino?
—Se debería discutir sobre cómo se reemplaza la publicidad oficial y cómo se maneja ahora. Debería ser algo con unas reglas de juego transparentes para que puedan participar todos los medios de comunicación en igualdad de condiciones y que se encamine a un modelo en el que la publicidad oficial tenga unas normas claras.
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