El lunes pasado comenzó un juicio histórico que ubica al expresidente, y casi seguro candidato presidencial republicano, Donald Trump, en el banquillo de los acusados. Este caso, que se remonta al 2006 y estalló 10 años después, parece parte de un guion de una serie de streaming. Un magnate inmobiliario y exitoso presentador de reality shows, convertido en un político famoso de una personalidad divisiva, enfrenta acusaciones de ocultar gastos mediante la falsificación de registros comerciales y contables, con el propósito de encubrir una presunta relación íntima con una actriz porno. La trama se desarrolla en un tribunal de Manhattan, generando un interés público y mediático sin precedentes.
El caso y la campaña
Trump, figura controversial y líder indiscutido del Partido Republicano, se encuentra en una encrucijada. Mientras, compite contra el actual presidente demócrata, Joe Biden, en las elecciones de noviembre. Dividiendo su atención entre mítines de campaña y cuatro acusaciones penales, junto con una demanda civil, busca mantener su base de apoyo y ganar la contienda electoral.
Hasta el momento, el líder populista no ha visto disminuir el apoyo a su postulación. Sin embargo, el desafío ahora es reforzar su electorado. Especialmente cuando el caso se ventila en un estrado de Nueva York, con la participación crucial de un «jurado popular», muy cerca en el tiempo de la Convención Nacional Republicana que definirá al candidato.
Este primer caso penal contra el exmandatario estadounidense tiene consecuencias imprevisibles. No solo para él, sino también para la Justicia y la convivencia democrática en una sociedad fuertemente polarizada.
Un veredicto de culpabilidad podría tener derivaciones legales y políticas significativas para Trump. Un veredicto de inocencia podría reforzar su imagen y darle impulso político. En cualquier caso, el juicio probablemente será un tema importante en el ámbito político y mediático durante algún tiempo. Esto podría afectar el clima político y la dinámica de poder en los Estados Unidos.
Desde este lunes, Trump deberá comparecer ante el Tribunal Supremo de Nueva York. Se espera que el proceso dure entre seis y ocho semanas. Incluso podría extenderse más, mientras se resuelve la acusación presentada por el fiscal del distrito de Manhattan, Alvin Bragg. Un jurado de doce miembros y seis suplentes, presidido por el juez Juan Merchan, será el encargado de considerar el caso.
El pago a una actriz porno
En 2016, el entonces abogado de Trump, Michael Cohen, pagó 130 mil dólares de su propio bolsillo a la actriz porno Stormy Daniels. Buscaba que guardara silencio sobre una relación sexual que había mantenido con el magnate inmobiliario diez años atrás. La cuestión central que se dirime desde esta semana en el Tribunal Supremo del Estado de Nueva York es si la Organización Trump contabilizó como honorarios legales las transferencias a Cohen por el pago a la estrella de cine para adultos con el objetivo de evitar que el asunto saliera a la luz durante la campaña electoral de 2016. En ese entonces, el líder republicano derrotó a la candidata demócrata, Hillary Clinton. Trump, acusado de encubrir el propósito del pago, insiste en que se trató de un gasto legal y se declara inocente de todas las acusaciones.
Los presuntos delitos penales
El reembolso a Cohen, presentado como un acuerdo de anticipos por sus servicios legales en documentos de la Organización Trump, se lleva a cabo como un caso penal que involucra 34 cargos de falsificación de registros comerciales. De estos, 11 están relacionados con cheques, 11 se refieren a facturas mensuales que Cohen presentó a la compañía y otros 12 implican asientos contables en un fideicomiso de Trump. Para demostrar que Trump es culpable de los cargos, se debe comprobar que el expresidente actuó con la intención de defraudar y cometer o promover otros delitos. El fiscal del distrito de Manhattan, Bragg, responsabiliza a Trump de maniobras fraudulentas que constituyen «una conspiración para influir en las elecciones presidenciales y mentir en documentos comerciales para ocultarlo». Para el fiscal el accionar de Trump supone violaciones a leyes electorales y de campañas electorales.
La posibilidad de la prisión
Si el virtual candidato republicano fuera declarado culpable de todos los cargos, considerados delitos graves, técnicamente podría enfrentar la posibilidad de prisión. Aunque esta es una eventualidad poco probable.
La falsificación de registros comerciales, por lo general, se consideraría un delito menor y, por ende, no acarrearía penas de prisión. Sin embargo, en el caso de Trump, estas infracciones legales fueron elevados a la categoría de graves debido a la presunta intención de cometer u ocultar otros delitos, según afirmó el fiscal Bragg. Cada cargo de delito grave conlleva un máximo de cuatro años de prisión. Pero, dado que se trata de delitos no violentos y considerando que el expresidente tiene más de 70 años y no tiene antecedentes penales, el juez podría contemplar una pena sin prisión.
La cárcel y la candidatura
Es cierto que la Constitución de los Estados Unidos no establece limitaciones basadas en antecedentes penales para postularse para el cargo de presidente. Sin embargo, la posibilidad de que un convicto gane las elecciones presidenciales y asuma el cargo mientras está encarcelado plantea ciertas incertidumbres legales y desafíos prácticos.
En el caso hipotético de que Trump ganara las elecciones presidenciales, asumiera el cargo y se encontrara en prisión, surgirían varias cuestiones que podrían desencadenar una crisis. Sería el jefe de Estado y de gobierno, pero no podría ejercer efectivamente sus funciones desde la cárcel. En esta situación, se requeriría una transferencia de autoridad al vicepresidente, respaldada por el gabinete, para que asuma las responsabilidades presidenciales.
Sin embargo, es poco probable que el círculo de poder cercano a Trump tome una decisión para apartarlo del cargo en estas circunstancias. Es probable que Trump busque ser liberado mediante una demanda para poder cumplir con sus obligaciones constitucionales. Eso podría generar una controversia sobre la separación de poderes y la autoridad judicial frente al Poder Ejecutivo.
Otra posibilidad sería que Trump, en su calidad de presidente, firmara un indulto para sí mismo, algo controvertido que podría requerir la intervención de la Corte Suprema. También podría ser una decisión del gobernante saliente, el demócrata Joe Biden, competidor del postulante republicano.
El caso penal en sí mismo, así como sus repercusiones jurídicas, políticas, junto con los entretelones revelados por los medios en estas días, son un claro reflejo de la división política y social que atraviesa Estados Unidos. Esta fractura que podría profundizarse aún más si el curso de los acontecimientos termina sofocando al carismático e influyente líder populista.
