«El poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente». Es una máxima de Lord Acton que cobra vigencia en el actual contexto colombiano. El entrante gobierno de Gustavo Petro, cuyo proyecto político es de izquierda radical, no tendrá una oposición en el Congreso con la capacidad de limitar el poder presidencial.
El 19 de junio de 2022 Gustavo Petro, apoyado por la coalición Pacto Histórico, ganó las elecciones de la segunda vuelta presidencial con 11.291.986 votos. Obtuvo una diferencia de 687.649 votos (6,48 %) respecto de su contrincante, Rodolfo Hernández, de la Liga Gobernantes Anticorrupción, por quien votaron 10.604.337 colombianos. El porcentaje de participación para estas elecciones fue del 58,17 %, el más alto desde 1998.
Un proyecto diferente
Más de 10 millones de colombianos, es decir, el 46,77 % de los sufragantes, votaron por un proyecto político diferente al del Pacto Histórico. Sin embargo, luego de las elecciones, esas personas de distinta procedencia política han visto cómo se desdibuja cualquier posibilidad real de una oposición suficientemente consolidada frente al gobierno de Petro y a sus políticas, que se proyectan altamente estatistas, colectivistas, proteccionistas e incluso iliberales, porque se orientan a confiscar la propiedad privada y a redistribuir la riqueza.
El gobierno que tomará posesión el próximo 7 de agosto ha anunciado reformas en materia tributaria, de tierras, salud, pensiones, gasto público, modelo de producción y comercio internacional, prohibición de la exploración y explotación de hidrocarburos y minería, entre otras, que generan temores e incertidumbre por los efectos que tendrían en el mediano y largo plazo.
Esos temores cobran fuerza ante las dinámicas políticas del nuevo Congreso que tomó posesión. Varios de los principales partidos políticos tradicionales con representación parlamentaria no solo han comunicado que no le harán oposición (Partido Conservador y Liga Gobernantes Anticorrupción), sino que se han declarado como partidos de gobierno (Partido Liberal y Coalición Centro Esperanza). Esto, a pesar de haber apoyado otros candidatos durante la campaña presidencial y de haberse centrado en advertir los efectos negativos que tendría el proyecto político del Pacto Histórico durante la campaña al Congreso.
Cambios en el Congreso
De acuerdo con el artículo 6 del Estatuto de Oposición, dentro del mes siguiente al inicio del gobierno las organizaciones políticas deberán optar por: 1) declararse en oposición; 2) declararse independientes; 3) declararse organización de gobierno. Podrán por una sola vez y ante la Autoridad Electoral modificar su declaración política durante el periodo de gobierno.
Sin haberse instalado el nuevo gobierno, las principales fuerzas políticas en el Legislativo, salvo el Centro Democrático, se declararon de gobierno o independientes. Esto plantea hasta el momento un panorama positivo para el gobierno electo respecto a mayorías congresionales.
La formación del Senado con la que se estrena Petro en el gobierno es de 63 curules afines de un total de 108: Pacto Histórico (20), Partido Liberal (14), Partido de la U (10), Alianza Verde (8), Comunes (5), ASI (4) e Indígenas (2). Si bien ahora cuenta con mayoría, los partidos que se han declarado independientes, como el Partido Conservador, pueden ayudarle a darle mayor tranquilidad en el tramite de las reformas. En la Cámara de Representantes cuenta con mayoría cómoda. Su coalición de gobierno sumó 109 de 188 curules.
El paisaje para Petro
La formación favorable a Petro deja un panorama inquietante ante la posibilidad de un Congreso que, sin reparo, beneficiará las grandes reformas que, de materializarse como están en el plan de gobierno, pondrían en riesgo el bienestar político y económico del país. Esto constituye un vacío de representación política y de liderazgo. Demuestra la falta de identidad ideológica y política con un modelo distinto al del Pacto Histórico.
Para que una democracia sea sólida y las personas puedan ejercer sus libertades y derechos plenamente, la oposición es tan indispensable como lo son la separación y equilibrio de poderes. Para evitar que se consoliden regímenes autoritarios que concentren y abusen del poder, que opriman a los individuos y repriman a quienes no comparten el modelo de gobierno, es necesario que existan organizaciones políticas con la capacidad de oponerse a los proyectos de ley de iniciativa gubernamental o de su coalición y de ejercer el control político y fiscalizar al gobierno.
Sin una oposición política clara, los próximos años serán de mucha incertidumbre para los ciudadanos que defienden el modelo que se contrapone al del Pacto Histórico. Es decir, aquel que se fundamenta en los valores de las libertades civiles y económicas, el Estado de derecho y la democracia liberal con separación y equilibrio de poderes. Un modelo que, en lo económico, ha demostrado funcionar en el mundo, generando las condiciones para la prosperidad incluyente. Que prioriza la superación de la pobreza y el empoderamiento de los individuos para decidir sobre su proyecto de vida sin la coerción o el uso de la fuerza estatal. En el que prima el respeto irrestricto a la propiedad privada y las intervenciones del gobierno no obstaculizan la generación de condiciones para el emprendimiento, la función empresarial y el libre comercio.
Las reformas
Las reformas que liderará el nuevo gobierno y su mayoría en el Congreso requieren un aumento del gasto público, desconociendo las limitaciones financieras del Estado. Según el DNP (2021), para el 2022 el presupuesto se incrementó en un 5,3% situándose en 340,4 billones de pesos, y solo para gastos de funcionamiento se asignaron 209,4 billones de pesos. Son recursos provenientes de los impuestos y de regalías mineras y petroleras.
El Pacto Histórico propone la creación de nuevos ministerios, el subsidio a pensiones, la compra de tierras improductivas, el empleo público masivo, el subsidio al agua, la universidad pública «gratuita» y la unificación del sistema de salud a un régimen público, solo por mencionar algunas propuestas.
Para financiar un programa de esta magnitud se requerirá un aumento de impuestos, deuda pública y emisión monetaria. Esto podrá tener efectos negativos para la economía en general. Pero, sobre todo, para los ciudadanos más pobres y vulnerables, que tendrán que asumir la posible inflación, escasez, devaluación, desabastecimiento y pérdida del poder adquisitivo.
Además, para implementar su programa, el gobierno Petro tendrá que indudablemente aumentar el tamaño del Estado. Por lo tanto, incrementar la burocracia, lo que puede generar incentivos perversos para la corrupción.
La sociedad civil
Ante la ausencia de oposición política se requiere de una sociedad civil activa, capaz de incidir, participando en las distintas instancias de la institucionalidad democrática para defender el orden constitucional y la libertad. El proyecto del Pacto Histórico, como todo plan gubernamental, debe tener la posibilidad de ser debatido y cuestionado por los ciudadanos. Para esto, diversas organizaciones como los centros de pensamiento deben contribuir a agregar valor al debate político a partir del análisis y la evaluación de las propuestas de reforma para advertirle a la opinión pública sobre sus posibles impactos y efectos.
«Solo el control de impuestos a los gobernantes hace a las naciones libres; y solo la falta de tales controles las convierte en esclavas», advirtieron Trenchard y Gordon en las famosas Cato Letter que inspiraron la Revolución americana.
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