La migración se ha convertido en uno de los principales temas de la agenda con un enfoque altamente militarizado. Con el regreso de Donald Trump a los Estados Unidos en corto tiempo se anunció el cierre de la aplicación del CBP One para el acceso de citas para solicitantes de asilo, y la suspensión del Estatus de Protección Temporal. También, se hicieron públicas las aspiraciones de deportaciones masivas y la prohibición de entrada a personas de ciertas nacionalidades.
De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), en los primeros 50 días del gobierno de Trump se deportaron más de 32 mil personas y cerca de 20 mil migrantes irregulares fueron arrestados. Adicionalmente, se pusieron en marcha políticas de autodeportación con la promesa de poder entrar a EEUU de manera regular en el futuro. Esto significa el fin del “sueño americano“ para miles de migrantes latinoamericanos, y el comienzo de un flujo inverso de movilidad humana hacia diferentes países de América Latina.
Como sucede con diferentes temas, lo que decide EEUU es de gran relevancia para toda la región. La situación migratoria implica nuevos retos para los países que se encuentran en el recorrido de regreso. Asimismo, no cuentan con mucha de la infraestructura que fue armada para la atención de la población migrante que, en un principio, se dirigía hacia el norte del continente.
Situación de los deportados
La deportación no es una medida nueva. La mayoría de los países de la región tienen acuerdos con EEUU para la recepción de sus connacionales. En los últimos cinco años se realizaron 5.791 vuelos a diferentes países de América Latina. Esto corresponde al 89% de los vuelos totales de deportación que hizo EEUU en ese periodo de tiempo.
Llama la atención el interés de algunos por recibir deportados de otras nacionalidades, como lo hizo El Salvador con los cerca de 300 migrantes irregulares venezolanos, asegurando que todos eran delincuentes. Aparentemente, el país centroamericano no es el único interesado en hacer este tipo de acuerdos con la administración Trump.
¿Qué pasará con la migración que no ingresó a EEUU y descienden por tierra? Esto sucede en medio de un panorama económico desalentador en muchos países de la región, donde se adoptan, cada vez más, narrativas xenófobas y discriminatorias. ¿Qué pasará, especialmente, con los migrantes venezolanos? Aunque quisieran, tienen menos probabilidad de poder reestablecerse en su país de origen.
Respuesta de algunos Estados
Según la Defensoría del Pueblo de Colombia, entre el 15 de enero y el 28 de febrero de este año, 1.885 personas estuvieron en tránsito desde EEUU hasta Colombia. De esos migrantes, 1.585 son venezolanos. La mayoría asegura haber salido luego de que el gobierno de Trump cerrara CBP One y haber estado en México por lo menos durante tres meses esperando el resultado de la aplicación.
Con la llegada de José Raúl Mulino a la Presidencia de Panamá, la política migratoria se volvió más dura en ese país. Según su gobierno, en este momento hay cerca de 3 mil migrantes represados en la frontera norte con Costa Rica, esperando poder pasar El Darién.
Con el tiempo, aumentan las críticas por el detenimiento y tratamiento de esas personas, en su mayoría venezolanas. Autoridades de ambos países se reunieron y abordaron el tema con el objetivo de “organizar” el tránsito de los migrantes hasta Colombia. Panamá incluso propuso llevar en avión a los migrantes hasta Cúcuta, la frontera entre Venezuela y Colombia. Pero hasta este momento no se conoce ningún acuerdo entre el gobierno colombiano y el panameño al respecto.
Migración e indiferencia
En este panorama, parece que muchos gobiernos latinoamericanos olvidaron los aprendizajes que dejó la salida de más de 7 millones de venezolanos por la crisis humanitaria nacional y el consecuente flujo migratorio hacia el norte del continente.
La llegada de nuevos gobernantes al poder en varios países de la región no demuestra una gestión del conocimiento con respecto a la migración y las oportunidades para los países de acogida.
Más bien, la mayoría parece preferir pasarse “la bola” de unos a otros o hacer como si el problema no existiera. Ese es el caso del gobierno colombiano. Aunque es el país al que han llegado y seguirán llegando la mayoría de esos migrantes, todavía no cuenta con las políticas y los instrumentos necesarios para gestionar la migración de manera ordenada, segura, regular y responsable.
Además de la ausencia institucional, se suma la presencia de actores armados durante todo el recorrido que atraviesan los migrantes, y que dificultan la gestión migratoria y la protección de los derechos de estas personas (como el Clan del Golfo en el Tapón del Darién). A esto se añade la fuerte estigmatización y criminalización que sufre la población migrante por las narrativas que los vinculan con las organizaciones criminales. El caso actual más representativo es el de venezolanos y el Tren de Aragua.
Oportunidad a la vista
Mientras tanto, las personas seguirán saliendo de sus países en búsqueda de mejores oportunidades. Según la consultora Datos es Noticia, el 46,5% de los ciudadanos venezolanos evalúan la posibilidad de salir del país en los próximos seis meses. De esos, la mitad piensa viajar a Colombia, Argentina o Chile. Sin contar la movilidad humana proveniente de otros países, eso ya implica la movilidad de cerca de 5 millones de personas en la región.
Sin duda, la migración seguirá siendo uno de los retos más importantes en América Latina. Pero que sea un reto no quiere decir que no sea también una oportunidad. Hay muchas lecciones aprendidas al respecto, buenas prácticas y casos de éxito. Es una oportunidad esencialmente económica que promueve el desarrollo, pero es también una oportunidad social y cultural para los países de acogida. Dependerá de los líderes de turno el provecho o no que se saque de ella en beneficio de todos.
