De acuerdo con Varieties of Democracy, El Salvador vive un proceso de regresión democrática y el gobierno de Nayib Bukele debe ser considerado como una autocracia electoral. Es decir, un sistema que mantiene elecciones periódicas, pero ha erosionado otros rasgos democráticos como el equilibrio de poderes.
Sin embargo, millones de latinoamericanos validan las tácticas de Bukele. Su reciente cooperación con la administración estadounidense, para recibir detenidos de ese país en el Centro de Confinamiento del Terrorismo, ha renovado su presencia en la agenda internacional.
Tras un año de su segundo mandato, con más poder y una supermayoría en el Parlamento, exploramos el ascenso y consolidación de este liderazgo que ha marcado a Latinoamérica.
Sin contratiempos (2019)
El 3 de febrero de 2019, Nayib Bukele ganó la Presidencia del país con el 53.10% de votos de la mano de Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA). Se trata de un partido nacionalista, populista y de derecha. Fue la plataforma de oposición a los tradicionales Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (izquierda) y Alianza para la Regeneración Nacional (derecha).
En su ascenso al poder, Bukele, con GANA (10) y sus aliados (6), alcanzó 16 de 84 diputados en la unicameral Asamblea Legislativa y 27 de 262 municipios.
Desde su inicio, el presidente desplegó un estilo de gobierno confrontativo con las críticas de la oposición y descartó las posibilidades de diálogo y consenso. Su gestión ha estado marcada por una impronta arbitraria para el abordaje de la gestión pública que rechaza contratiempos normativos y contrapesos institucionales. El primer eslabón de una cadena de choques entre el Ejecutivo y el resto de los poderes ocurrió pocos meses después de la asunción de Bukele. En febrero de 2020, el presidente asistió con tropas del ejército a la Asamblea Legislativa. En esta instancia exigía la aprobación del financiamiento para su plan de seguridad.
El segundo fue una serie de decretos restrictivos en el marco de la pandemia por covid-19 que la Corte Suprema de Justicia consideró inconstitucional. Esto allanó el camino para la batalla de Bukele contra el poder judicial al obtener la mayoría legislativa de 2021. Se materializó con la destitución de magistrados y el fiscal general.
Estado de excepción (2022)
En las elecciones legislativas y municipales de 2021 los afines al bukelismo ya no eran candidatos de GANA sino de su nuevo partido, Nuevas Ideas (NI). El partido recibió el apoyo del 66% del electorado. Y alcanzó 56 de 86 parlamentarios en la Asamblea Legislativa y la obtención de 152 de 262 municipalidades. Esa mayoría potenció su estrategia de imposición en reformas clave. Fue así como el Ejecutivo impulsó la adopción del Bitcoin como moneda nacional sin apoyo de la oposición y poco impacto en la implementación.
El eje de la actividad gubernamental ha estado alrededor del combate a las pandillas criminales y el narcotráfico bajo un estado de excepción decretado en marzo de 2022. Sigue vigente a la fecha de redacción de este artículo. Esto hizo de los resultados de la política de seguridad el principal patrimonio que consolida su popularidad y base de apoyo. La estrategia de mano dura ha sido llamada por la literatura como “darwinismo punitivo”. De acuerdo con los números oficiales, El Salvador vivió un descenso de 106 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2015 a 7.8 homicidios en 2022. Esta tasa es similar a la de países como Estados Unidos. No obstante, existen análisis que demuestran que la tendencia a la baja de los homicidios precedió a la era de NI. En todo caso, la administración Bukele profundizó los avances que ya venían en esa dirección.
La estrategia de gobierno se cimentó sobre una constante exposición mediática a través de sofisticadas tácticas de mercadeo en redes sociales para la construcción de la imagen de presidente héroe. Algunos mensajes como el de considerarse el presidente “más cool” o el “dictador de El Salvador” son evidencias del rasgo populista y mesiánico. Lo anterior tuvo como correlato un posicionamiento internacional relevante. Ubicó a Nayib Bukele, según diversas encuestas, como el líder político más popular de América Latina con al menos 83% de aprobación para 2025.
Reducir el Estado (2024)
La delegación popular en la figura de Bukele y sus abanderados se consolidó en febrero de 2024. Esto sucedió una vez aprobada la reforma del Estado. Esta redujo el tamaño de la Asamblea y los municipios y una controvertida sentencia judicial que reinterpretó el artículo 74 de la Constitución salvadoreña, que prohíbe la reelección presidencial. Lo anterior permitió a Bukele postularse nuevamente. En esta contienda, el presidente obtuvo el 82% de los votos. En materia de escaños, se tradujo en 57 de 60 diputados y a nivel municipal 42 de 44. Así, llegó al inicio del nuevo periodo de gobierno con una supermayoría parlamentaria y territorial.
Tres hitos sirven para resumir el proyecto reformista de Bukele y NI.
Primero, el asalto al Parlamento con militares en diciembre de 2020. Ordenó al pleno la aprobación de recursos a la política de seguridad del gobierno, bajo la amenaza de disolver el Legislativo.
Segundo, el accionar extrajudicial en el combate a las pandillas vía estado de excepción. Esto devino en diversas advertencias de la vulneración de derechos humanos de civiles inocentes y la cooptación del poder judicial con el reemplazo de magistrados de carrera por personas afines al Ejecutivo.
Tercero, la reducción del número de parlamentarios de la Asamblea Legislativa y de los gobiernos municipales a iniciativa del presidente en junio de 2023. La medida se sustentó en el argumento de bajar la burocracia y la élite política. De esta manera, El Salvador disminuyó los escaños de representantes a la Cámara de 86 a 60 y la cantidad de municipios de 262 a 44.
Mayoría + popularidad = exclusión
La práctica de gobierno de Nayib Bukele y NI recurre a la imposición como mecanismo prioritario a la hora de reformar e introducir políticas. Su carácter de coalición ascendente le otorga la preferencia para llevar adelante un programa excluyente partiendo de la supermayoría y la elevada popularidad.
En este contexto, los incentivos para el consenso y la incorporación de otros actores, opositores y/o minoritarios, son escasos. De igual forma, la trayectoria de acciones de gobierno trascendentales, como la política de seguridad sin habilitar el diálogo político, marca un precedente que inclina la balanza hacia el mantenimiento de ese comportamiento excluyente.
Los cambios de alto calado vía imposición, como la sumisión del poder judicial salvadoreño al Ejecutivo con la prolongación indefinida del estado de excepción y la reducción de la Asamblea Legislativa y el número de municipios, disminuyen la posibilidad de una convivencia democrática. Implicaría que todos los actores convivan con las reglas de juego básicas que establece el Estado de derecho. Esto introduce una exclusión para minorías políticas y sociales que ven vulneradas sus aspiraciones ante el criterio de la mayoría de flexibilizar el Estado de derecho en beneficio de sus intereses.
La democracia deba pensar más en cómo organizar la toma de decisión en casos de supermayorías. Si bien esto ocurre poco, cuando sucede, los actores que protagonizan esa supermayoría se sienten tentados a pasar tabula rasa. Se llevan puesto el espíritu de convivencia que ha hecho posible la democracia liberal como el mejor invento político y el mayor patrimonio de las sociedades modernas.
