Si los votantes no comprenden cómo se utilizan sus datos para influir en ellos, no podrán ejercer sus derechos legales en relación con esa información y las estrategias que se están aplicando.
Parte de nuestro libro Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis.
En los últimos años, los partidos políticos y los activistas de todo el mundo han invertido mucho en publicidad en línea, demostrando todo el potencial para llegar a más personas de una manera eficiente, dirigida y accesible, a veces por una fracción del costo de los métodos más tradicionales. Las campañas políticas no son un fenómeno nuevo, pero las herramientas utilizadas, la cantidad de datos accesibles y la capacidad potencial de influir en los votantes representan un escenario nuevo y desafiante para el Estado de derecho.
Las prácticas actuales de procesamiento no autorizado de datos personales están fomentando la desinformación y las estrategias de astroturf digital, capaces de influir en los ciudadanos con gran precisión. Los marcos legales sólidos, como las regulaciones generales europeas de protección de datos, son aplicables a las campañas políticas y pueden reducir el uso instrumental de datos personales para la manipulación política injusta.
Igual que la campaña de Donald Trump en 2016, en Brasil la campaña de Jair Bolsonaro en 2018 reveló que el envío de mensajes ilegales a través de las plataformas de redes sociales fue masivo. La manipulación política mediante la desinformación, la instrumentalización algorítmica, la segmentación por comportamiento y los bots sociales ha sido utilizada extensamente y ha tenido su base, sobre todo, en el procesamiento no autorizado de datos personales, que ha sacado provecho, también, de la idiosincrasia nacional y los aspectos culturales.
Aunque WhatsApp pertenece al mismo grupo económico que Facebook, la aplicación plantea un nivel distinto de desafíos. Como plataforma de mensajería instantánea ofrece un funcionamiento diferente y sus mensajes están encriptados de extremo a extremo. Por tanto, aunque garantiza una mayor protección de la privacidad y los datos personales del usuario, al mismo tiempo dificulta la depuración y el monitoreo constante, ya que la propia empresa no tiene (al menos a priori) acceso directo a los mensajes. Los entresijos de la plataforma hicieron casi imposible marcar el contenido electoral o, incluso, que la plataforma pudiera asegurar a los candidatos que esta no se utilizaría con fines ilícitos, ya fuera para la publicidad política dispar, para la propagación de discursos de odio o para diseminar información falsa.
Si los votantes no comprenden cómo se utilizan sus datos para influir en ellos, no podrán ejercer sus derechos legales en relación con esa información y las estrategias que se están aplicando. Una posible infracción del derecho de protección de datos personales en procesos democráticos, como las campañas electorales, puede afectar considerablemente a otros derechos fundamentales. Representa una amenaza real para la capacidad de los ciudadanos de tomar sus propias decisiones independientes o incluso su derecho a opinar, lo que socava el valor fundamental de la dignidad, que sustenta todos los derechos humanos.
El público tiene derecho a esperar que la publicidad política se realice de conformidad con la ley. Por otro lado, todos los partidos políticos y activistas deben cumplir con las mismas normas electorales y de protección de datos, independientemente del método o de los nuevos desarrollos tecnológicos.
Las estrategias de publicidad y manipulación política no son nuevas, pero no hay precedentes para dirigirse a las personas en detalles tan íntimos y en la escala de poblaciones enteras. Representa tanto una ganancia de escala como una eficacia. Debe manejarse con cuidado y siempre sobre una base legal, con transparencia, equidad y responsabilidad. Sin embargo, muchos países aún carecen de marcos regulatorios adecuados para garantizar la protección de datos y los derechos de privacidad que se ven afectados por este nivel de procesamiento de datos y manipulación injusta, especialmente en lo que respecta a datos personales sensibles, como opiniones políticas o etnia.
Sin una salvaguarda sólida y efectiva para el procesamiento de datos personales, pueden entrar en juego muchos abusos. Las prácticas actuales de procesamiento no autorizado de datos personales están impulsando la desinformación y las estrategias de astroturfing digital, capaces de influir en los ciudadanos con mayor precisión. Según la investigación más reciente, estas estrategias están teniendo una interferencia efectiva en los procesos democráticos políticos en diferentes países.
El procesamiento no autorizado de datos personales, junto con la desinformación y las técnicas de astroturf digital, socava la confianza de los votantes y la integridad de los procesos políticos, y deben ser considerados como amenazas democráticas. Los ciudadanos solo pueden tomar decisiones genuinamente informadas sobre a quién votar si están seguros de que sus decisiones no han sido influenciadas injustamente. Por eso, la confianza y la confianza en la integridad de los procesos democráticos no deben debilitarse.
Más sobre este tema puede leerse en el capítulo del autor «Datos y elecciones: la experiencia brasileña de 2018» en el libro Entre información y conspiración. Comunicación digital en tiempos de crisis (Fundación Konrad Adenauer, 2020), disponible aquí:
| Descargar PDF | Descargar Epub |
