El martes 7 de agosto el diputado Juan Requesens intervino en la sesión ordinaria de la Asamblea Nacional. Le correspondió condenar la persecución del diputado José Manuel Olivares y su familia. Desde la tribuna de oradores logró encarnar el espíritu que reina en nuestro país. Frases como: «Yo me niego a rendirme», «Me niego a arrodillarme frente a quienes quieren quebrarnos» y «No podemos acostumbrarnos a vivir en una Venezuela que se carcome», dieron cuenta de un discurso que apuntó a lo más profundo y transcendente de nuestra lucha.

Sus palabras, y el terrible destino que se desató horas más tarde, me recordaron el talante de la lucha anticomunista que se libró en Europa del Este en el siglo XX. Los discursos de Vaclav Havel, Mart Laar, Lech Walesa, Milada Horáková y Aleksandr Solzhenitsyn, por mencionar algunos, acuden a la dimensión existencial de la política. La coincidencia no es azarosa; se trata de un acto reflejo del alma del político cuando enfrenta a un poder que pretende hacerse total y busca dominar el ser y el quehacer de la persona.

La intervención duró cerca de 15 minutos y cada palabra, cada silencio y cada gesto expresaron la indignación que en este momento me sobrecoge y nos inunda. La frase «No podemos acostumbrarnos a vivir en una Venezuela que se carcome» trajo a mi memoria un extracto del famoso discurso «La república que yo sueño», de Vaclav Havel. El primer presidente de la República Checa después de la dictadura comunista señaló: «Todos nos habíamos acostumbrado al sistema totalitario, lo habíamos aceptado como un hecho inalterable…». El llamado de Juan a retorcernos ante la injusticia es una invitación a la lucha democrática. Es un importante recordatorio: ¡No merecemos vivir así! ¡No nos podemos habituar a la humillación! ¡No podemos convertir el caos en un hecho cotidiano! Juan nos instó a resistir —«yo no me rindo»— y nos convocó a seguir el rumbo, a unir esfuerzos y a encontrar caminos de libertad para Venezuela.

Las reacciones frente a su secuestro y a las torturas que ha sufrido han despertado gestos de solidaridad que evidencian que el régimen no nos ha vencido. El testimonio firme y valiente de su familia, la solidaridad espontánea de la sociedad entera, el acompañamiento de las distintas toldas políticas, el silencio de voces afines al régimen y la condena de la comunidad internacional, muestran que la dictadura se hunde en su miseria mientras nosotros luchamos por hacernos grandes en el dolor. Vuelvo a Havel: «Estos últimos tiempos han develado el enorme potencial espiritual, moral y humano, así como la cultura cívica, que estaban dormidos en nuestra sociedad bajo la máscara impuesta de la apatía». Sucede que el sufrimiento de Juan ha evidenciado que nosotros aún nos indignamos, sufrimos ira y lloramos. No estamos dormidos, y eso es una buena noticia.

En ocasiones san Juan Pablo II se refirió a la «gran madurez moral de los países que han sobrevivido al comunismo». Desde que me enteré del secuestro de Juan he vuelto recurrentemente a esa frase y, aunque entiendo que el crecimiento es fruto del dolor, me llena de esperanza. La dictadura de Nicolás Maduro llegará a su fin. Con mucho esfuerzo reconstruiremos el país. La Venezuela que nacerá después del comunismo sabrá valorar la conquista democrática y rendirá honores a quienes vivieron en primera persona el horror de la dictadura. Al pasar de los años permanecerán los parques, las bibliotecas y los monumentos que nos recordarán el precio de la libertad. Ese será nuestro mayor triunfo, condenar al olvido la barbarie y hacer prevalecer los testimonios de valentía y de bondad. Querido Goico, yo tampoco me rindo. Nos vemos en libertad.

Desde que saliera elegido nuevo presidente del PP español el pasado 21 de julio, Pablo Casado ha estado en el foco de la polémica por su ideario político despertando apoyos y críticas a partes iguales.

«No es posible que haya papeles para todos ni es sostenible un Estado de bienestar que pueda absorber a los millones de africanos que quieren venir a Europa y tenemos que decirlo, aunque sea políticamente incorrecto», escribió Pablo Casado hace unos días en su cuenta de Twitter en medio del debate migratorio en el que está sumido Europa. Así, el recién electo líder del PP se posicionaba a favor de un control más estricto en las fronteras, advirtiendo sobre las consecuencias que puede tener el «efecto llamada» con un tono que recordaba al de Aznar, de quien fue su jefe de gabinete. Una postura que contrasta con las nuevas medidas del Gobierno de Sánchez en esta materia, como el nuevo decreto que garantiza la sanidad universal o la acogida del buque Aquarius el mes pasado con 630 personas a bordo.

Las palabras de Casado sirvieron para tachar al PP de partido antiinmigración y compararlo con formaciones de extrema derecha de Italia o Reino Unido. Sin embargo, lo cierto es que ni en España existe una amenaza de invasión ni el bloque popular representa los mismos intereses que la Europa xenófoba. Aun así, este discurso sirve para fomentar todavía más los estereotipos que etiquetan desde la izquierda a la formación que lidera Casado como un partido ultraderechista y a seguir tensando la cuerda de las provocaciones que pueden tornar la regeneración ideológica del PP contra ellos mismos.

Por otra parte, la política «sin complejos» que promueve Casado también incluye otros aspectos como la vuelta a la Ley del Aborto de los ochenta, el rechazo a la eutanasia y una modificación de la Ley Electoral que prime al partido ganador con 50 diputados más. El líder de los populares defiende estas medidas alegando su compromiso con la defensa de la vida y la familia y la necesidad de evitar que se socaven los intereses electorales. En su agenda política también está presente una revolución fiscal que plantea bajar los impuestos y reducir el impuesto de sociedades y el IRPF. Además, en lo que respecta a la política exterior, Casado plantea fortalecer un punto clave para España: su relación con América Latina. El presidente del PP se encuentra en la región reuniéndose con diferentes líderes para intercambiar posturas y establecer vínculos.

No obstante, no solo sus propuestas y discursos han sido los responsables de situar a Casado en el ojo del huracán del debate en España. Una supuesta irregularidad del presidente del PP en la consecución de su maestría ha llevado a una jueza a investigar su caso y pedir al Tribunal Supremo que lo impute por cohecho impropio y prevaricación administrativa. Desde el PP se pide calma y se anuncia confianza plena en su líder mientras se cuestiona el viaje que el presidente Pedro Sánchez realizó en un avión oficial de Madrid a Castellón para asistir a un concierto de The Killers. De esta manera, PP y PSOE se pasan unos a otros la bola mediática.

Así, las primeras semanas de Casado al frente del PP han estado plagadas de polémica. El nuevo presidente popular plantea una forma directa de hacer política, mientras ejecuta un rearme ideológico en el seno del partido que devuelva la confianza a los electores. A su favor tiene la legitimidad por la que fue elegido y la voluntad de su bloque de reformarse para atraer a un mayor número de votantes. Esto le otorga una capacidad de maniobra que debe utilizar a conciencia para definir unos planteamientos claros para su formación, que permitan a la sociedad entender qué es el PP sin caer en las continuas provocaciones que le llegarán desde la izquierda.

Casado tiene en sus manos la capacidad de reconstruir el centroderecha español y de él depende sustituir las declaraciones temerarias por referencias que llamen al consenso y la unión entre los españoles y devuelvan la ilusión a los electores que se alejaron de sus filas por el clima de desencanto político que se respiraba estos últimos años. Para ello, debe evitar las declaraciones que lo etiqueten a él mismo y a su partido como ultraderechista y situarse en el centro del eje político para el consenso. «Hay que unirse, no para estar juntos sino para hacer algo juntos», anunció Casado parafraseando a Donoso Cortés en su primer discurso como presidente del PP. Y para lograr esto, todos debemos repensar muy bien cuáles son nuestros verdaderos complejos.

Corrupción y recesión son la dupla que gobierna por estas horas la agenda empresarial argentina. Por si faltaba algo para la jungla nacional, un nuevo temblor internacional recordó que la crisis aún no terminó, que el dólar volvió a subir y la inflación también, al menos según la inminente difusión del índice de precios al consumidor del INDEC, que estaría otra vez en torno del 3%.

Hay caras largas por la baja de los reintegros a la exportación, internas feroces por las futuras elecciones en algunas entidades como la Sociedad Rural y especial desconfianza por «amistades» rotas en torno al pago de coimas. El sector empresario no predica las lealtades del ámbito político.

El mundo de los negocios está seco. Solo un dato cercano: en septiembre se licitan los subtes, ¿qué consorcio empresario estará limpio completamente para competir? Qué difícil zapato calzará el Gobierno porteño en manos de Horacio Rodríguez Larreta. Además, ya hay dudas sobre la tracción del campo en el tercer trimestre. De todos modos, siempre hay optimistas que ven luz al final del año de la mano de la minería, el campo a pesar de todo, las energías alternativas, las tecnológicas y el turismo. Con todo, la frazada es peligrosamente cada vez más corta.

La coyuntura judicial se está llevando puesto todo. El precoloquio que el Instituto para el Desarrollo Empresarial de Argentina (IDEA) realizó en Rosario el 16 de agosto fue testigo de esta situación. Allí la mesa chica de la entidad ratificó que está de acuerdo en que todo salga a la luz y con que la justicia actúe velozmente para poder dar vuelta la página. En IDEA, donde las asociadas son empresas y no personas, aprobaron en asamblea en abril pasado un código de ética que bajaron a todas las compañías asociadas y que contempla las conclusiones, entre otros trabajos previos, que sobre financiamiento político se discutieron en el coloquio del año pasado, en Mar del Plata.

En este contexto, resulta extraño que hasta ahora no haya habido un comunicado formal de entidades empresarias condenando la corrupción, exceptuando a las que tienen a alguno de sus expresidentes presos o arrepentidos (aunque sin condena firme hasta ahora). Son los casos de Carlos Wagner, extitular de la Cámara Argentina de la Construcción, y de Juan Carlos Lascurain (extitular de la Unión Industrial Argentina), por segunda vez preso, aunque en esta ocasión difícilmente pueda pagar una fianza de 100.000 pesos para quedar libre como en la primera causa (presuntas irregularidades en una obra para Yacimientos Carboníferos Río Turbio (YCRT).

De acuerdo, aún no hay sentencia. Sin embargo, lo que sí hay es un escandaloso desconcierto y bronca por los volúmenes de dinero que se repartían entre corruptos. Wagner admitió que era el garante de que se efectuaran los pagos de las coimas (y no las dádivas en negro para las campañas electorales, como otros arrepentidos o citados a indagatoria quisieron mostrar). Dentro de la CAC hay opiniones divididas. Hay quienes sostienen que es dificultoso imponer desde Buenos Aires un comunicado que condene la corrupción cuando en las provincias las pequeñas y medianas constructoras tienen hoy otras realidades y están más atentas a las altas tasas, los problemas que se agudizan en las cadenas de pagos, las dificultades con el financiamiento y las eventuales demoras en los pagos de algunas certificaciones de obras. Hay otros que, aun siendo pymes, ven en este momento una oportunidad de crecer haciendo negocios transparentes y quieren sacarse de encima la mochila de corrupción.

Hasta ahora Lascurain no se arrepintió, aunque en público durante su gestión, por ejemplo, admitió creerle a la inflación del intervenido INDEC y negó haber participado en reuniones políticas de mesa chica en las que sí participaba con frecuencia. Mirando hacia atrás, ahora se explica la obsesión del matrimonio Kirchner por poner sus propios alfiles en las entidades empresarias. Como pasaba con Wagner, ¿Lascurain también habría sido el garante de algún circuito non sancto en el ámbito industrial? Dentro de la UIA, las miradas también recaen sobre su vice primero, Luis Betnaza, ejecutivo clave del poderoso Grupo Techint, quien fue a declarar la semana pasada. Lógicamente, hasta ahora, la lista de sospechosos recae mayoritariamente sobre la construcción debido a la información que se conoce hasta el momento.

También es cierto que no es lo mismo el empresario que las empresas, las «compañías pantalla» que las tradicionales; por eso parece ser momento de que la institucionalidad y la transparencia ocupen en serio a los CEO. Para separar la paja del trigo, los ejecutivos más poderosos del país le exigen velocidad de rayo a la justicia y que vaya al hueso. También es cierto que hay entidades cuyos miembros son las personas y allí también reina el silencio. En Brasil se resolvió sacando a las personas y no a las empresas de juego y con multas por un total de 3000 millones de dólares.

Por cierto, en las entidades ya descuentan que se vienen aires de cambio pero, como ocurrirá en el Senado, nada será de la noche a la mañana. Hay entidades que abogan por el regreso de empresarios de fuste al frente de cámaras y de equipos técnicos en las bases. Algo que se intentó hacer muchas veces sin éxito.

El sector privado tiene su imagen por el subsuelo y debe reaccionar. Un relevamiento de Taquion que se realizó antes de que estallara este escándalo de los cuadernos reveló que el 79,8% de la sociedad cree que los empresarios son muy corruptos o corruptos; esa imagen negativa está cabeza a cabeza con las del Poder Judicial (79,3%) y del sindicalismo (79,2%). Y, en este caso, ganar por una cabeza no tiene «charme».

Artículo publicado en Cronista.com, el 14 de agosto de 2018.

La experiencia de investigación de la CEPAL ha dejado en claro que, en su mayoría, los procesos migratorios en América Latina son parte de las vicisitudes del desarrollo, como, por ejemplo, las asimetrías internacionales y las desigualdades sociales internas.

La omisión de este aserto es fuente principal de controversias estériles, muchas veces centradas en supuestos equivocados (competencia por puestos de trabajo) o, lo que es peor, en prejuicios intolerables (fundados en el racismo).

Porque lo relevante del caso es que, al mismo tiempo, en teoría, los intercambios migratorios abrigan posibilidades de superación de tales asimetrías y desigualdades. Así que es importante examinar la migración desde esta óptica del desarrollo, que no hace más que recoger evidencias del pasado y sumarle aspiraciones y necesidades de inclusión y protección social del presente en un marco de sostenibilidad.

Es totalmente importante que Chile implemente, con una institucionalidad acorde, dispositivos afines a la facilitación de la migración, esto es, desde aquellos referidos al acceso al trabajo decente, al reconocimiento de calificaciones y competencias en un marco de reciprocidad, que proteja en especial a sectores vinculados al cuidado y el trabajo doméstico remunerado, y propenda, en definitiva, a cubrir nichos laborales donde reina la escasez o no existen capacidades, hasta el acceso a la salud y la educación, que forme parte de una oferta más amplia dirigida a la población nacional en su conjunto.

Es importante lo anterior no solo por sus implicaciones para la convivencia y la democracia en el siglo XXI en un país francamente envejecido, sino además porque se trata de obligaciones comprometidas, cuyas discusiones sobre normatividad y políticas en ningún caso deben interpretarse como temas «impopulares» y, en consecuencia, postergables, como ha sido justificada la experiencia chilena reciente por algunos sectores de opinión. Nada más categórico en respuesta a esta postura que el proceso de negociaciones sobre un pacto mundial para la migración segura, ordenada y regular, que vienen gestándose desde 2017.

Garantizar los derechos y visibilizar las contribuciones de las personas migrantes que emanan de su esfuerzo y responsabilidades es un tema poco discutido y está en la base de las regulaciones necesarias. Así, la población chilena podrá verse beneficiada de la migración, y en ello Chile tiene un desafío mayor para el siglo XXI, cuyo enfrentamiento permitirá derrotar al prejuicio y racismo concomitante que enferma a la sociedad.

Es bueno que en Chile se sepa que los intercambios migratorios en los que participa el país son de escala menor en la región, y que lo que le caracteriza es la intensa dinámica de las dos últimas décadas. La abrumadora mayoría de los migrantes residen en los Estados Unidos, el principal país receptor de la emigración de Centroamérica y México, con 78 % de los emigrantes centroamericanos (3,13 millones) y 97 % de los emigrantes mexicanos (12,1 millones) residiendo en dicho país en el 2015. Un número bastante menor le sigue en España, esta vez en su mayoría sudamericanos.

Cabe agregar que también destaca la dinámica de aumento, freno y recuperación migratoria, donde se ha evidenciado un fuerte incremento de la participación de migrantes menores de edad, acompañados y no acompañados, así como de mujeres, deportaciones y personas víctimas de trata, entre otros aspectos, tendencia que se manifiesta principalmente en el triángulo norte de Centroamérica. El panorama migratorio regional además se ha complejizado y en ello destaca, por ejemplo, el rápido incremento de la emigración de venezolanos, en especial hacia los Estados Unidos, México, España y otros países, como Chile, al que le caracteriza también el fuerte crecimiento de la inmigración haitiana.

La intensificación de la inmigración en Chile es parte del proceso de crecimiento de los intercambios en la escala intrarregional, y corresponde a una tendencia que venía produciéndose desde décadas anteriores. La inmigración proveniente de la región nunca ha dejado de crecer. Lo llamativo es que durante al menos dos décadas (1980 a 2000) había registrado una tasa de crecimiento de poco más del 1%, y los datos más recientes muestran que habría acelerado su incremento durante la última década, al 3,5%. Estos movimientos —no siempre fáciles de registrar, cuantificar y describir— incluyen varias expresiones, desde laborales como la movilidad temporal y el tránsito fronterizo, y otras que admiten una compleja tipología en la que resalta la movilidad indígena, la niñez migrante no acompañada y la búsqueda de refugio, cuyas modalidades asociadas a la irregularidad, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes los han hecho caracterizarse por la condición de flujos mixtos.

Es decir, los intercambios migratorios plantean en la base una comprensión detallada que representa el punto de partida para los debates acerca de políticas y regulaciones, en el marco de las obligaciones del Estado, la cooperación multilateral y la reciprocidad. Desde la CEPAL alentamos la migración intrarregional porque es una gran oportunidad para la convivencia pacífica y el desarrollo humano integral de la región. Por ello, cabe cautelar el cumplimiento de acuerdos establecidos en mecanismos de integración regional y procesos regionales específicos sobre migraciones contenidos en la Agenda 2030, el Consenso de Montevideo sobre Población y Desarrollo y el pacto mundial para una migración segura, ordenada y regular.

El caso de las remesas

Finalmente, un ejemplo de asunto de interés compartido es el de las remesas, que además guarda relación potencial con la superación de asimetrías y desigualdades. A esta altura se ha discutido bastante sobre este asunto en varios países y hasta se ha organizado una celebración mundial anual para destacar su importancia (ojalá sin descuidar el trabajo decente). Chile aparece un tanto marginal en este cuadro.

La importancia económica de estos flujos es muy relevante para algunos países, y depende en gran medida de la base económica y productiva de cada país. En el caso de México, las remesas representaron en 2016 solo el 2,6 % del PIB, proporción muy inferior a la que se da en los países centroamericanos, donde llega a superar el 16 %, como en Honduras y El Salvador. En América del Sur, los ingresos por concepto de remesas son más bajos que en otras subregiones del continente. Los países que reciben mayores montos son Colombia, Brasil y Perú, seguidos de Ecuador.

Chile: destinos de las remesas (en millones de dólares). 2012-2016

La migración hacia Chile, además de la contribución que conocen los involucrados (empresarios, jóvenes, sindicatos, pacientes de la salud, hogares), desempeña un papel importante para hogares de origen de las personas migrantes. De modo exploratorio, si bien con montos menores a los arriba descritos, las cifras indican una fuerte participación de las familias peruanas en su percepción. Les siguen Argentina en la región y España en Europa. Todo un desafío para la investigación. Excluyendo el 2012, se puede observar una estabilidad en los flujos de las remesas. En el caso de los países de América Latina, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia y Colombia representan más del 93 % del total de todas las remesas enviadas a nivel regional desde 2013, periodo en el cual no presentan variaciones significativas en cuanto al porcentaje del volumen de las remesas enviadas a nivel de América Latina. Resta la cuantificación de las remesas enviadas a Haití.

Sin duda, la migración representa un proceso de intercambios y nada es más claro en su relación con el desarrollo. Es esperable que se intensifiquen y adopten modalidades de movilidad ahora impensables.

Países receptores del total de las remesas enviadas desde Chile en 2016

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Migrantes, del Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, en mayo de 2018.

El 8 de octubre se celebrará en Brasil las elecciones presidenciales. Un escenario político cargado de incertidumbre presenta la octava elección directa desde el final del régimen cívico militar.

A nivel oficial, la campaña electoral comenzará el 16 de agosto. Es un tiempo breve para que el electorado pueda evaluar adecuadamente las candidaturas. Mientras tanto, entre lo que sucede en las redes sociales y la discusión por las precandidaturas, se puede observar lo que viene por delante y adelantar algunos desenlaces.

Hay dos preguntas aguardando respuesta: ¿Por qué el escenario actual es de incertidumbre?, y ¿cuáles son las alternativas en discusión?

Varios motivos explican las dudas acerca del escenario electoral. En primer lugar, las complicaciones atravesadas por los dos principales partidos: el PT y el PSDB, que centralizaron la disputa electoral y gobernaron los últimos 22 años, pero que hoy atraviesan dificultades para presentar candidatos con buenas posibilidades de triunfo.

Por el lado del PT, a pesar de que Lula lidera la última encuesta de opinión de IBOPE, realizada en junio, con un 33% de intención de voto, presenta una alta tasa de rechazo (32%). El hecho de estar detenido, y en medio de un debate jurídico que se extenderá por más tiempo, hace difícil evaluar el surgimiento de otra candidatura. El partido continúa firme en su intención de presentar a Lula antes del 15 de agosto, plazo en el que vence la posibilidad de registro. Una vez realizada esa formalidad, corresponde a la justicia electoral pronunciarse acerca de la legalidad de ese registro, que aunque denegado en una primera instancia puede recurrirse y ser habilitado en instancias jurídicas posteriores. Quedan muchas dudas acerca de los plazos para recurrir esas decisiones o conceder prórrogas que permitan al candidato competir hasta el 3 de octubre, y dependen en buena medida de eventuales interpretaciones.

Para el PSDB, el partido del expresidente Fernando Henrique Cardoso, las perspectivas electorales no parecen auspiciosas. Por un lado, Aécio Neves, una de sus principales figuras y que fue candidato presidencial en 2014, está descartado por su implicancia en casos de corrupción. Por otro, la precandidatura de Geraldo Alckmin, gobernador del estado de San Pablo reelecto en 2014, cuenta con desafíos importantes para una campaña exitosa. La medición de IBOPE de mayo lo ubica con una intención de voto de apenas 4%, y una tasa de rechazo elevada, en el entorno del 22%. Además, persiste en el partido una división muy significativa en San Pablo, su estado más importante y el mayor distrito electoral del país. Tensiones internas, derivadas de la disputa por la municipalidad de la capital y la competencia entre liderazgos locales, no permiten descartar la posibilidad de que João Dória, actual alcalde de San Pablo, sea candidato por el partido.

Otros tres elementos que ayudan a entender la incertidumbre electoral son: la gran cantidad de candidaturas, el alto porcentaje del electorado que se manifiesta indeciso y el elevado rechazo a los políticos. Los partidos realizaron sus convenciones el 5 de agosto, de acuerdo con el plazo final establecido por la justicia electoral para definir sus candidatos y acuerdos electorales. Como resultado tendremos trece candidatos, la mayor oferta en la historia electoral, con excepción de la elección de 1989, que fue la primera realizada por voto directo. La suma de indecisos, votantes en blanco o anulado es de 41%, si se excluye a Lula de la candidatura; cuando se lo incluye como candidato, es de 28%, según la medición de junio de IBOPE. En definitiva, estamos ante un escenario indefinido.

La desconfianza ha crecido y el recelo se refleja en un resultado para candidaturas audaces, o con propuestas extremistas, simples y atractivas. El segundo lugar en la medición de junio de IBOPE le corresponde a Jair Bolsonaro, con un 15%, de un partido irrelevante en términos de representación institucional, con propuestas que pueden considerarse como populistas de derecha. Hay que tener en cuenta, también, que posee una elevada tasa de rechazo (31%), que es un buen indicador de sus limitaciones.

La desconfianza también contamina a las principales instituciones del país y tendrá impacto en el comportamiento del electorado brasilero. El instituto Data Folha muestra en su más reciente investigación (junio), que solo un 5% de los brasileiros confían en el Poder Ejecutivo, un 3% en el Legislativo y el 2% en los partidos. A medida que el Poder Judicial viene tomando posiciones cada vez más polémicas y arbitrarias, de difícil comprensión para el ciudadano medio, la confianza en las instituciones jurídicas también se ve disminuida. Solamente un 19% de los entrevistados manifiestan confianza en el Poder Judicial.

Tomando en cuenta este panorama, aparecen varias interrogantes. ¿Cuál será el resultado de esa elevada desconfianza? La tradición indica que el electorado brasilero es proclive a rechazar candidaturas extremistas. Lula tuvo éxito con su candidatura en 2002, presentándose al centro del espectro ideológico, con un discurso conciliador y una amplia red de alianzas. Por otro lado, la última elección presidencial (2014) fue la de más elevada polarización en la historia del país. Esta elección deberá llenar un vacío.

Los resultados de las recientes convenciones partidarias muestran que el juego aún continúa abierto. Por un lado, el PT persiste en presentar a Lula como candidato, hasta que la justicia electoral se pronuncie sobre su habilitación, y presentó al exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad, como candidato a la vicepresidencia. En caso de que Lula sea inhabilitado para competir, la alternativa es Manoela D’Ávila, del PC do B (Partido Comunista de Brasil). La apuesta del PSDB es construir una amplia alianza compuesta por partidos tradicionales y pequeños partidos de base clientelar, nucleados en torno a la figura de Geraldo Alckmin. Su fortaleza, a partir de esta estrategia, resultó en conseguir la mayor cantidad del tiempo destinado a la propaganda electoral en televisión y hacerse de la mitad del valor total del nuevo fondo público de financiamiento electoral para su campaña. Por otra parte, se ve un claro deseo de renovación a partir de la búsqueda de alternativas políticas alejadas de las ya conocidas. Mientras tanto, candidatos que visten estos ropajes, atraviesan dificultades. Bolsonaro intentó sin éxito establecer alianzas partidarias amplias. Su vice, Mourão, un general de reserva que pertenece a un partido menor (PRTB), ha realizado propuestas que alejan la posibilidad de correr al candidato a posiciones más de centro.

Sin duda, el actual escenario revela una desconexión entre el electorado y las opciones presentadas. La expectativa de candidaturas de outsiders tampoco parece haberse concretado. Existe un vacío entre la clase política y los electores. Esta elección parece estar confirmando, muy a pesar de los electores, que la política sigue siendo cosa de iniciados.

En Uruguay, el pasado año el Gobierno decidió avanzar en la formulación de un etiquetado frontal de los alimentos. Esta propuesta buscaba orientar al consumidor, de forma rápida y eficiente, sobre si el producto aporta valores excesivos de calorías, azúcares, grasas o sodio. Algo que parecía ser un cambio prometedor, quedó en suspenso. Desde finales del 2017 este proyecto reposa en el escritorio del presidente Tabaré Vázquez aguardando por su firma.

Mientras se ignora el impacto y la relevancia que tiene esta decisión, el exceso de peso del uruguayo está aumentando. Hace diez años, uno de cada tres estaba excedido de peso; hoy en día, dos de cada tres se encuentran con un peso corporal por encima del recomendado. ¿Hasta cuándo se hará la vista gorda con estos asuntos? Se han tomado medidas para desalentar el consumo del tabaco y el alcohol. ¿Por qué no hacer lo mismo con algo tan básico y cotidiano como lo son los alimentos industrializados?

Para la determinación de los criterios del etiquetado, en Uruguay se optó por seguir las recomendaciones que establece la Organización Panamericana de la Salud en su documento «Perfil de nutrientes». La presentación de los productos industriales desafía el desconocimiento de quien no domina estos conceptos. Es de suma importancia que el consumidor logre comprender y pueda interpretar la información nutricional de los productos. Numerosos estudios avalan esta afirmación: quienes leen y comprenden el etiquetado nutricional tienden a elegir con mayor frecuencia productos saludables.

El ciudadano común generalmente desconoce qué contienen los productos o no sabe cómo interpretarlos. Elegir productos porque presentan los descriptores «light», «sin gluten» o «libre de colesterol» no garantiza que sean de una adecuada calidad nutricional. Casi siempre, estas declaraciones responden más a una estrategia de marketing que a cuestiones nutricionales.

La alimentación es un derecho; estar informados sobre lo que estamos comiendo, también.

Si se implementaron medidas disuasivas del consumo de productos no esenciales como el tabaco, entonces un camino similar debería buscarse con los alimentos y las bebidas que impactan en nuestra salud.

Alimentarse inadecuadamente enferma y afecta nuestra calidad de vida.

Leer y comprender el etiquetado debe dejar de ser algo complejo y tedioso. El consumidor debe acceder con facilidad a la información nutricional. Para lograr esto, es necesario regular la publicidad e incluir el etiquetado nutricional frontal en los productos industrializados.

Los retos cambian cada día porque las formas de represión varían. Contemplamos el inicio de la primera revolución cívica movida por la indignación acumulada durante una década de falta de institucionalidad y de violaciones recurrentes a los derechos humanos.

Nací en medio del proceso revolucionario y una guerra civil en Nicaragua. Uno de mis primeros recuerdos es el de aprender a sumar con los libros Carlitos, donde las ecuaciones eran así: 1 fusil + 3 fusiles = 4 fusiles. Siempre fui una niña inquieta por la justicia. Era curiosa y rebelde. Las mismas características me acompañan en mi adultez. Para mi fortuna, mis padres no solo aceptaron los retos que imponía a través de mis preguntas sobre cómo fue el proceso revolucionario, sino que también han sido capaces de escuchar las críticas y reclamos más duros que una hija puede hacer. También fui capaz de admirar el compromiso con el país, especialmente con las personas analfabetas.

En 2001, a mis 16 años, tuve la primera oportunidad de expresar indignación al tener un candidato que había abusado sexualmente de su hijastra. Anulé mi voto, pues mi cabeza ya detectaba que algo estaba mal en el sistema que permitía la candidatura de un violador.

En el 2005 fue mi primera protesta, pues se había penalizado el aborto terapéutico luego de ser permitido durante casi cien años. Una jugada política del señor Daniel Ortega en el marco de sus ansias de volver al poder. En el 2006 Ortega volvió a ganar las elecciones y yo serví de voluntaria en la oficina de observación electoral de uno de los partidos políticos opositores. Fui testigo de los casos de anomalías en todo el proceso electoral. Protesté en el 2006 y 2008 contra el fraude electoral. En el 2011, en el marco de la candidatura inconstitucional de Ortega, fui parte de la fundación de un movimiento político que tenía como objetivo cambiar la cultura política del país bajo la bandera de la resistencia no violenta y la innovación. Fuimos reprimidos por turbas afines al gobierno, policías y simpatizantes del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). En el 2013 fui parte activa del movimiento OcupaInss, también víctima de la represión de los simpatizantes sandinistas, hecho que me hizo salir del país decepcionada de la impunidad del régimen y la poca empatía de los distintos sectores de la sociedad con la causa. Durante mi estancia académica en Europa no desaproveché ninguna oportunidad para denunciar el mandado inconstitucional de Ortega y los proyectos irracionales de impacto negativo en la población y el medioambiente.

El pasado mes de abril estalló en mi país el inicio de la primera revolución cívica movida por la indignación acumulada durante una década de violaciones recurrentes a los derechos humanos, la brutal represión del gobierno de Nicaragua a manifestantes pacíficos por el incendio de la Reserva Natural Indio Maíz y la reforma arbitraria de la Ley de Seguridad Social. Simpatizantes del FSLN y funcionarios de la Policía Nacional asesinaron a estudiantes universitarios que protestaban con banderas, pitos y megáfonos y se defendían con piedras entre barricadas.

A estos estudiantes que insurreccionaron el país con barricadas, piedras y llantas, la primera dama y vicepresidenta designada los llamó minúsculos, chupasangres, vandálicos, almas mezquinas, seres mediocres, etc. ¿No sabía la señora Murillo que se estaba refiriendo al orgullo de las familias nicaragüenses? Solo dos de cada cien niños que inician primer grado en la escuela terminan graduados de la universidad. Los ofendidos son jóvenes que logran terminar sus estudios trabajando medio tiempo, dentro del sector formal o informal. Con esa indignación se levantó un pueblo entero.

Se levantaron los campesinos, los pueblos indígenas poniendo barricadas, los padres de familia y amigos llevando comida, los estudiantes de universidades privadas organizando vigilias en redes sociales para mostrarle al mundo lo que estaba pasando en Nicaragua, gestionando medicinas y soporte médico, los trabajadores de las empresas privadas saliendo a bloquear las calles durante sus horas de almuerzo y exigiendo a su patronato posiciones firmes y contundentes en el respeto al derecho de la vida, la libre expresión y la protesta. Todos fuimos reprimidos por policías y parapoliciales. Desde el 18 de abril pasado todos los que nos dedicamos a trabajar por los derechos humanos y en organizaciones no gubernamentales, salimos a luz pública en apoyo a las víctimas de la represión, víctimas mortales y heridos en el marco de las protestas.

En estos tres meses y medio ha cambiado dramáticamente la situación en Nicaragua. Existe un toque de queda tácito, ya que después de las seis de la tarde el riesgo de morir asesinado por un paramilitar es altísimo. Al inicio de la crisis me tocó llevar turistas estadounidenses y europeos de urgencia al aeropuerto, para tomar el siguiente avión hacia un lugar seguro, «donde no maten por protestar». Con lágrimas en los ojos me dijeron: «Amamos tu país, pero tenemos que salvar nuestras vidas. Estamos acostumbrados a las protestas, lo que no podemos entender es cómo un gobierno puede asesinar a los que se toman las calles».

He vivido de todo en estos meses: el cierre de mi pequeño emprendimiento; me fui de mi ciudad con un bolso de ropa para un fin de semana y nunca pude volver; terminé mi relación amorosa, pues mi novio se tuvo que regresar a su país. Me fui a vivir con mi familia por seguridad, luego nos mudamos de casa, inicié un trabajo, fui a varios entierros, se murió mi mejor amigo en medio de las protestas.

En Nicaragua, los retos cambian cada día porque las formas de represión varían. Al inicio mi preocupación fue llevar bicarbonato de sodio para los gases lacrimógenos que tiraba la policía. Luego medicinas, comida, ropa, toallas sanitarias, hasta pensé en llevar condones. Apoyé a las mujeres emprendedoras cuyos negocios habían sido saqueados. Llamé ambulancias, vi personas sin dedos, víctimas de tortura, pagué preparaciones de cuerpos, conocí gente, compré ataúdes, doné para que gente con limitaciones de acceso pudiera tener un pasaporte. Recibí mensajes de solidaridad de mis amigos de Europa, Latinoamérica y Estados Unidos.

Lloré en silencio. Lloré a grito partido. Me despertaron las balas cada noche. Escuché los ataques a la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua. Abracé a desconocidos. Marché con flores, con lágrimas y con banderas. Recé a Dios. Maldije a Dios. Vi armas. Soñé con muertes. Vi gente morir. Pensé en las rutas de seguridad. Me olvidé de los atardeceres. Esperé varios amaneceres. Abracé a los niños vivos. Lloré por los niños asesinados. Pinté mi primer cuadro (y hubo sangre). Hablé, hablé y hablé con mis amigos alrededor del mundo. Busqué el abrazo de mi madre en la noche. Me despedí de amigos. Nunca más volví a ver a mis vecinos. Vi asaltos a plena luz del día y escuché palas mecánicas cada noche. He visto paisajes cambiados por los tomatierras, calles vacías por paros nacionales, caras de niños pintados y lágrimas en los niños pidiendo comida en los semáforos. Me olvidé del sonido de las olas pero no de la fuerza del mar.

Ahora vivo en el autoexilio, tuve que huir por la cacería de brujas del gobierno. Las balas suenan todo el tiempo en mi cabeza y siguen destrozando mi corazón. Me levanto cada mañana y lloro, sobre todo cuando pienso en la cara de determinación y dolor de los papás de Gerard Vásquez, un joven que vendía refrescos en la calle para apoyar a su familia y lo asesinaron en la iglesia Divina Misericordia durante un ataque de más de 15 horas que realizaron los paramilitares en colaboración con la policía nacional. Veo a mi país derrumbarse ante la espera de la unión del liderazgo político y la ayuda internacional para solventar la crisis política y apalear la crisis humanitaria. Durante todo el día pongo #SOSNicaragua en Twitter con la esperanza de que empiecen a aparecer los desaparecidos.

Hago todo lo que puedo cada día para que los niños dejen de llorar, para que las personas con menos acceso sean nuestra prioridad (no por populismo, sino por justicia y equidad), para que como pueblo podamos tener seguridad, alcanzar la libertad, tener sed de justicia, resistir cívicamente, construir la democracia y no perder la esperanza. ¡Solo nos queda patria libre y vivir! Y saber que ¡Nicaragua renacerá!

Hija del Maíz
Activista y defensora de derechos humanos

Venezuela se desarrolla en un contexto de conflictividad social y crisis económica sin precedentes. Lejos de la agenda mundial, ahora tendrá que enfrentar uno de los peores flagelos de la humanidad: la esclavitud.

Hablar de esclavitud en la actualidad, aunque parezca una contradicción, es una realidad que está ahí; siglos después, ha evolucionado tanto como la vida misma. La esclavitud moderna es un problema que está a los ojos de todos pero ¿quién la señala?, ¿quién la denuncia?

De acuerdo con el informe Estimaciones mundiales de la esclavitud moderna. Resumen ejecutivo, de la Organización Internacional del Trabajo (2017, p. 7), la esclavitud moderna «refiere a las situaciones de explotación que una persona no puede rechazar o abandonar debido a amenazas, violencia, coacción, engaños y/o abuso de poder». Sobre esta afirmación trabajan otras organizaciones esmeradas en la causa. Una de ellas es la fundación Walk Free. Este año, en su más reciente informe, revela que Venezuela encabeza, junto con Haití, los países de América Latina con más incidencia de este flagelo.

Así, el país que fue referencia histórica para muchas naciones y que abrió sus puertas a miles de inmigrantes que huyeron de sus países por crisis económicas, sociales, políticas e incluso por conflictos armados, hoy es objeto de informes sobre criminalidad y esclavitud moderna.

¿Cómo llegamos a este lugar? El asunto más crítico de este contexto es ver cómo pobreza y esclavitud se dan la mano en un crecimiento desproporcionado del problema, a la luz de los ojos de todos, presentes en la cotidianeidad, adornando el desplome del Estado de derecho y muy lejos de sufrir el embate de un gobierno que procure combatirlas, por no decir con ambición que su tarea es erradicarlas.

Es incomprensible hablar de esclavitud en Venezuela sin antes precisar las distintas formas que una sola palabra puede encarnar en la práctica de uno de los peores flagelos de la humanidad. En todas partes del mundo, cuando se habla de tráfico y trata de personas, trabajo forzoso, trabajo infantil, explotación sexual, servidumbre por deudas, entre otras formas de perjuicio de la dignidad humana, se entiende qué es esclavitud moderna.

En el caso venezolano son la inseguridad alimentaria, el colapso de servicios públicos, el trabajo infantil, a través de la mendicidad y la migración forzosa, los factores que inciden en el deterioro de la calidad de vida de las personas y en el mal desenvolvimiento de la sociedad que dista mucho de ser favorable al bienestar colectivo. De esta manera, toca reconocer que, ante la ausencia del Estado de derecho, el problema de esclavitud moderna trasciende a 170.000 personas y encarna en el rostro de millones de venezolanos que no han podido abandonar una condición de sometimiento por el abuso de poder de unos pocos, que usan las políticas sociales como mecanismo de chantaje, en muchos casos acompañado por el uso de la fuerza y la intimidación.

La mujer venezolana que no puede expresarse libremente por temor a ser excluida de la lista de beneficiarias de un «programa de alimentación», pese a la escasez de los rubros de la canasta básica y el alto costo de la vida, que no tiene otra opción que callar porque primero antepone el alimento de sus hijos, es esclava de quien abusa del control sobre la producción nacional y el comercio de alimentos.

El trabajador y la trabajadora, que hacen magia para conseguir el alimento —porque su salario mínimo mensual no le alcanza para comprar un cartón de huevos de treinta unidades, es decir, para comerse un huevo por día—, son esclavos del patrono que les deja como única solución la migración forzosa para evadir el hambre, para buscar un mejor porvenir.

La enfermera que protesta por sus reivindicaciones laborales, por un salario justo y, a su vez, es reprimida por fuerzas del Estado, es esclava de quien se aprovecha del monopolio sobre la entrada al país de medicinas y equipos médicos.

Los niños y niñas que hoy comen de la basura, se desarrollan en la mendicidad y piden limosna en los semáforos de las principales avenidas del país, son esclavos de quien los usa como red para enriquecerse; también lo son de quien se alejó de la responsabilidad de garantizarles seguridad alimentaria, educación, salud y futuro.

El expresidente Hugo Chávez, en una de tantas de sus alocuciones, dijo: «Si queremos acabar con la pobreza debemos darle poder a los pobres». A casi diez años de aquella declaración, el 80 % de los venezolanos son pobres por ingreso y resisten a la coacción para sobrevivir, no morir de hambre, no abandonar sus sueños. Luchan pese a que los pocos que ostentan el poder y han hecho del «legado revolucionario» una industria de mecanismos de control social que corresponden a nuevas formas de esclavitud moderna. Aquel que ha tenido que tragar en silencio el amargo sabor de ver cómo sus hijos han tenido que partir del país porque ya no tiene alimento ni sustento que darles, es esclavo de quien lo oprime, de quien le amenaza con quitarle la casa si a cambio no le dan el voto para su reelección.

Hoy ser pobre es ser esclavo del régimen que abusa del control sobre la red de alimentos, medicinas, servicios básicos y las políticas sociales como mecanismos de control social, para amarrar voluntades que se niegan a vivir en condiciones infrahumanas. Ahora más que nunca en Venezuela la lucha por la libertad sigue vigente. La respuesta no puede ser el silencio, mucho menos la inacción. La organización desde las bases, la resistencia ante la injusticia y la unión como el sostén para mantener la convicción de que solo juntos, como una gran fuerza de ciudadanos, podremos salir de esta crisis debe ser la esperanza que nos impulse a cumplir el sueño de rescatar a Venezuela del yugo del chantaje y la exclusión.

El 2 de febrero de 1992 Venezuela despertó al tronar de los disparos. El objetivo del asalto era la toma el poder político nacional y el ataque contra la mismísima familia presidencial.

Tras ser frustrada la hazaña, la buena fe de los demócratas venezolanos hizo posible que uno de los artífices del golpe anunciara ante los medios de comunicación la «temporal» rendición. La opinión pública nacional conocería esa mañana al comandante Hugo Chávez Frías. Era el anuncio de un fracaso militar y la alborada de un proyecto totalitario.

El documental «Chavismo: La peste del siglo XXI» (2018), dirigido por el exiliado venezolano Gustavo Tovar Arroyo, se propuso descomponer dos décadas del chavismo en una pieza documental que no persigue ningún fin de lucro y que fue realizada gracias al auspicio de la Fundación Humano y Libre.

Las voces que van construyendo el relato documental son personajes que han sido testigos del auge y el quiebre de la llamada revolución bolivariana. Algunos de ellos fueron parte de la gestión liderada por Hugo Chávez, ahora disidentes. Otros, eminentes voces de la democracia global, expresidentes, intelectuales, activistas sociales y de los derechos humanos, e inclusive galardonados con el Premio Nobel y actuales jefes de Estado, como Oscar Arias, Mario Vargas Llosa y Sebastián Piñera.

Fueron tres años de recolección de testimonios y entrevistas inéditas que enlazados con cruentas imágenes de sucesos de los últimos años en Venezuela logran una pieza audiovisual estremecedora que rememora a las víctimas, confronta a los defensores del proyecto bolivariano y, en especial, alerta frente al futuro de los peligros del populismo, la demagogia, la corrupción y las fracasadas prácticas totalitarias que a lo largo de la historia solo han acabado con la vida de miles inocentes por el delirio de unos pocos hombres.

La obra audiovisual devela la relación entre los líderes del chavismo y las mafias y acusa a sus miembros de la entrega de la soberanía nacional, de ser responsables de la crisis humanitaria e inclusive de sus presuntos vínculos con organizaciones criminales y Estados fallidos en el mundo entero. Es por ello que el expresidente boliviano Tuto Quiroga cataloga en la actualidad a Venezuela como un «narcoestado criminal fallido» y, así mismo, con voz firme, es el diputado venezolano Armando Armas quien bautiza este documental histórico al catalogar al proyecto político de Hugo Chávez y su sucesor como «la peste del siglo XXI».

Desde su estreno, en junio de este año, el documental ya tiene más de 1.500.000 visualizaciones en YouTube. Su producción, paradójicamente, se hizo en colaboración con RCTV Internacional (canal de televisión cerrado por Hugo Chávez) y NTN24 de Colombia (censurado desde 2014 por Nicolás Maduro). Pareciera que las barreras del totalitarismo no son más fuertes que la globalización y la lucha por la libertad. Son estos, en definitiva, los baluartes que permiten que dentro y fuera se pueda ser testigo de cómo «el país más rico de la región» cayó en un espiral de violencia, caos y miseria del cual aún lucha por salir y del que solo la conciencia podrá salvar.

Acceder a una vivienda para alquiler o compra no es un proceso sencillo. Para obtener un préstamo, los ingresos del núcleo familiar deben ser altos y se requiere ahorro previo. Además, los costos son elevados. ¿Cómo podemos mejorar?

En Uruguay los jóvenes no alcanzan a un cuarto de la población total, es decir que más del 75 % son mayores de 29 años. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), mientras que en promedio en América Latina hay 52 jóvenes por cada adulto mayor de 65 años, en Uruguay solo hay 17. Actualmente, y aun cuando esta generación está mejor formada educativamente que sus antecesoras, la tasa de desempleo juvenil es más alta que la de desempleo adulto.

No es novedad que la población uruguaya enfrenta un problema de envejecimiento que hace temblar las estructuras sociales y, en especial, la viabilidad del sistema de previsión social. Dada esta realidad, sería lógico que el Gobierno implementara políticas públicas que permitieran que las nuevas generaciones desarrollaran al máximo su potencial, estimulando la formación educativa, que es clave para reforzar los ingresos actuales y futuros, favoreciendo la independencia de los jóvenes para puedan construir sus familias y, por supuesto, promoviendo políticas públicas que garanticen los cuidados en la primera infancia.

En el año 2015, solamente el 32 % de los jóvenes uruguayos eran propietarios de sus viviendas. En Montevideo, el 27,6 % de los hogares jóvenes se constituyen de forma unipersonal y la mayoría están en los barrios céntricos de la ciudad. Esto significa que la emancipación se da mayoritariamente en los jóvenes de niveles medios y altos. En efecto, acceder a una vivienda por alquiler o compra no es un proceso sencillo. Para obtener un préstamo hipotecario, los ingresos del núcleo familiar deben ser altos y se requiere ahorro previo. Esto suele ser un obstáculo para los jóvenes que, aun pudiendo acceder por su nivel de ingresos a la financiación, si no alcanzan el periodo de ahorro previo requerido, no obtienen el beneficio.

El Estado, a través de la Agencia Nacional de Vivienda (ANV), brinda algunos planes especiales, pero en todos los casos se requiere el ahorro de por lo menos el 10 % del valor de la vivienda, y el valor de la cuota no puede superar el 40 % de los ingresos del núcleo familiar. Para el caso de garantía de alquiler también se ofrecen beneficios especiales, aunque el valor del alquiler no puede superar el 30 % de los ingresos totales y el monto mínimo de ingresos requerido es de 1000 dólares. El problema se agrava cuando se observa que el valor promedio del metro cuadrado en Uruguay es de 2670 dólares.

Por otra parte, el programa Ahorro Joven, impulsado por la ANV y contenido en la Ley de Inclusión Financiera, brinda un beneficio especial a aquellos jóvenes que ahorren bajo esta modalidad, por la que pueden recibir hasta un 30 % del valor del monto ahorrado. Cabe destacar que el aporte mensual computable para el beneficio se encuentra topeado en unos 100 dólares al mes, y los depósitos mensuales deben ser al menos 18 consecutivos. La ANV informa que actualmente cuenta con 5717 cuentas activas y que solamente se otorgaron 106 beneficios. Este programa se encuentra vigente hasta el año 2020, por lo que es posible que aumente la cantidad de beneficiarios al cierre del período de gobierno actual, aunque de todos modos la cifra de cuentas activas es bastante baja.

Es claro que el ahorro previo sigue siendo el obstáculo principal que enfrentan los jóvenes, incluso aquellos que pueden hacerse cargo de una cuota o alquiler por una vivienda. Por lo tanto, sería interesante pensar en retomar medidas como el alquiler con opción a compra, que permite computar parte del pago del alquiler de una vivienda a la compra del inmueble. Es un buen mecanismo para que los jóvenes accedan a la compra de una vivienda mientras alquilan, sin duplicar sus esfuerzos.

El acceso a la vivienda es uno de los puntos fundamentales en el proceso de independencia y de construcción de una familia. Es difícil que los jóvenes puedan proyectarse si el sueño de la casa propia parece tan lejano. Lo cierto es que, más allá de algunas medidas puntuales, se necesita una solución de carácter global: una política pública que promueva el acceso a la vivienda en los sectores medios y bajos, que son los que tienen mayores dificultades para independizarse.

Resulta interesante plantearse cuáles son los futuros posibles mientras el acceso a la vivienda sea un derecho reservado solo para algunas personas. Por supuesto que el debate no se agota allí, sino que debe acompañarse de otras políticas públicas que aseguren el acceso a la formación, al empleo de calidad y a los cuidados —sobre todo en la primera infancia— para combatir la brecha social. Y, por qué no, pensar en extender los beneficios por maternidad y paternidad para igualar las condiciones entre hombres y mujeres, también en la búsqueda de revertir la tendencia de envejecimiento poblacional del país.

Las intervenciones de China en los mecanismos de protección de derechos humanos dentro del sistema de ONU quedan sumamente en evidencia a partir del informe de Human Rights Watch (HRW) «The Costs of International Advocacy. China’s Interference in United Nations Human Rights Mechanisms». Este trabajo da cuenta de los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para debilitar dichos mecanismos de las instituciones destinadas a proteger estos derechos y así evitar su progreso, tanto en China como en el mundo.

Desde la creación del Consejo de Derechos Humanos de la ONU (CDH) en 2006, China ha gozado de su membresía de manera ininterrumpida y con plenitud, salvo un año. Hasta el momento, la ha empleado para escudarse del escrutinio de los derechos humanos en su territorio, oponerse a las resoluciones específicas de cada país e, incluso, defender las nociones de soberanía y seguridad nacional en contraposición del monitoreo internacional de los derechos humanos. Todo esto con el fin último de silenciar las víctimas de la represión, evitar la participación de las ONG en las sesiones del CDH y perpetuar el poderío del Partido Comunista de China (PCCh).

Aunque su condición de Estado miembro establece el compromiso con los principios de la ONU, —muy— a menudo China los obstruye por esta causa. Interfiere en el sistema de los procedimientos especiales, agota las instancias para bloquear a los referentes de la sociedad civil y, además, trabaja colaborativamente con un grupo de Estados aliados para diluir cualquier iniciativa en pos de los derechos y libertades. Estos hechos generan un contexto de presión, amenaza y un gran desafío para la ONU.

Las intervenciones de China en los mecanismos de protección de derechos humanos dentro del sistema de ONU quedan sumamente en evidencia a partir del informe de Human Rights Watch (HRW) «The Costs of International Advocacy. China’s Interference in United Nations Human Rights Mechanisms», publicado en 2017. Este trabajo da cuenta de los esfuerzos del gobierno de Xi Jinping para debilitar dichos mecanismos de las instituciones destinadas a proteger estos derechos y así evitar su progreso tanto en China como en el mundo. La investigación de HRW comprueba que el rol proactivo de este Estado miembro se desenvuelve con el objetivo de socavar la capacidad del sistema de ONU, cuya búsqueda de fortalecer el cumplimiento global de las normas internacionales de derechos humanos queda distorsionada, desorientada y desesperanzada.

Un factor transversal a favor de China es el crecimiento de su influencia internacional. Esta no solo le permite ejercer control sobre el registro de la situación de derechos humanos que se conoce dentro del espacio de Naciones Unidas, sino que atenta contra la integridad del sistema en su totalidad. Pero, para llevarlo a cabo, China empieza por labrar el campo de acción, gestiona sus recursos y despliega una serie de tácticas que encauza su misión.

Como uno de los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad, China tiene un peso predominante en el CDH y este atributo traza la posibilidad de jugar un papel de mayor hegemonía junto con sus aliados, conocidos como Like-Minded Group (LMG): Argelia, Bangladesh, Bielorrusia, Bután, China, Cuba, Egipto, India, Indonesia, Irán, Malasia, Myanmar, Nepal, Pakistán, Filipinas, Rusia, Sri Lanka, Sudán, Siria, Venezuela, Vietnam y Zimbabue. Los miembros de este grupo actúan, simbióticamente, para defender sus espaldas ante acusaciones de violaciones de derechos humanos y, al mismo tiempo, se oponen a las resoluciones específicas de los países que registran las situaciones más graves de derechos humanos. Gracias a la existencia del LMG, China puede optar por mantenerse con bajo perfil, porque sabe que la solidaridad de sus aliados contribuirá con sus fines sin ensuciarse (o al menos, no tanto como lo habitual).

Las ONG representan una pieza indispensable en el sistema de derechos humanos de ONU. Pero como China integra el Comité permanente de ONG del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas (ECOSOC), dispone de voz, voto y muñeca para determinar cuáles son las ONG que pueden acreditar. Las candidatas nunca significan amenazas para la República Popular China (RPC). Por el contrario, estas son GONGO, organizaciones no gubernamentales encubiertas que están patrocinadas por los Gobiernos y pretenden aparentar como ONG. Estas son armas de doble cuchilla y se afilan al compás de los objetivos de los Estados autoritarios como el de Xi Jinping. El parámetro de selección tiene un primer filtro. China solo admite la participación de ONG que respetan la postura oficial sobre el Tíbet y Taiwán. De hecho, insiste en hacer referencia a estos territorios con «la terminología apropiada», según su criterio: la Región Autónoma del Tíbet y la Provincia de Taiwán.

Sumado a lo anterior, existe una acentuada manipulación de China en el proceso del Examen Periódico Universal (EPU). ¿Cuál es el método? Hay tres componentes. Por un lado, los aliados del LMG formulan comentarios positivos entre sí durante el examen y desestiman aquellos negativos; por otro, se reclutan GONGO —en lugar de ONG—; y, a su vez, encuentran otras delegaciones para que hablen a favor de China. Esta defensa mutua distorsiona el proceso de los EPU, debilita el sistema de los derechos humanos y dificulta proveer la necesaria atención global a las serias violaciones de derechos humanos en el planisferio.

Para graficar la atmósfera de retroalimentación entre los miembros del LMG, es preciso recordar lo ocurrido en el proceso del EPU de China en 2013. Durante su ejecución, Cuba alentó a China en la defensa de su derecho a la soberanía por sobre el monitoreo internacional a través de las visitas de los expertos independientes al país. Luego, en el EPU de Cuba, China felicitó a Cuba por sus (supuestos) logros en el ámbito de derechos humanos. Más allá del coworking del LMG, hay otra condición determinante. Dado que China es un socio comercial clave para África y América Latina —principalmente, con el avance de la cooperación Sur-Sur—, capitaliza el apoyo de muchos de estos países. Así se construye un cúmulo de acciones que dañan la credibilidad de la ONU, porque no logra asegurar la integridad de los mecanismos del sistema de derechos humanos.

Este escenario nos tiene que incentivar a denunciar cada una de las tácticas implementadas sistemáticamente por el PCCh: la dura represión a la sociedad civil, los sobornos a los expertos independientes con comidas y viajes a China para enseñarles su cosmovisión, las listas negras con los nombres de activistas que no pueden participar en eventos de ONU ni las sesiones del CDH, denegar el acceso en China a las visitas de los procedimientos especiales, la intercepción a los defensores de derechos humanos en el aeropuerto para restringir su salida del país, intimidaciones, amenazas, encarcelaciones y desapariciones.

Las detenciones de Cao Shunli (el 14 de septiembre de 2013 en el aeropuerto de Pekín cuando iba rumbo a Ginebra para presenciar una sesión del CDH), Chen Jianfang (en la misma fecha, por intentar asistir a esta sesión) y Peng Lanlan (en 2012, por llamar la atención a la negativa de China de consultar a las ONG para su participación en el EPU de China), de ninguna manera deben olvidarse. Estos casos constituyen una mínima proporción del costo real de la defensa internacional de los derechos humanos.

El próximo EPU de China concluirá en noviembre de este año. Por esta razón, es imprescindible la función de la ONU en cuanto a la meta urgente de garantizar la participación de la sociedad civil y —más aún— preservar su seguridad. Así, los activistas de derechos humanos chinos podrán asistir y formar parte de estos recursos, ya sea con su presencia o al brindar información. Pero, en primera instancia, el salto que hay que proyectar es ampliar el acceso a los mecanismos de protección internacional de los derechos humanos.

Publicado en CADAL, el 4 de agosto de 2018.

El mundo civilizado condena enérgicamente la brutal represión de los Ortega en Nicaragua, con la expectativa de un triunfo de la sociedad civil y la oposición al frente del movimiento popular de protesta que sacude al país centroamericano. Los paralelismos cercanos son evidentes, pero el viejo dictador puede tener otro episodio en mente.

Muchas veces se alega que una de las debilidades intrínsecas a los regímenes autoritarios es su inflexibilidad y su incapacidad de adaptación. En la literatura sobre la caída del socialismo real en Europa del Este a finales de los ochenta, la lectura entusiasta era que la imperturbabilidad y anquilosamiento de los regímenes de partido único no podía competir con el empuje y la inventiva del capitalismo y las sociedades abiertas añoradas por las poblaciones en protesta.

En esa ola democratizadora, el caso nicaragüense, con la sorpresiva transición electoral iniciada con la victoria de Violeta Chamorro sobre Daniel Ortega en 1990, es un hito aún estudiado. Se discuten los errores políticos de los sandinistas, la falta de percepción de la realidad de un electorado cercado, y los efectos de la presión norteamericana. Con todo, la lección ha de ser otra si se ve desde la perspectiva dictatorial: no inicie Ud. una apertura que no esté seguro de dominar, y si lo hace, asegure un plan de supervivencia política. Ortega, derrotado, volvió en el curso de una década y media de democracia, muy imperfecta, y desde entonces ha logrado una estadía en el poder más duradera. Ciertamente, durante un tiempo asumió una política de oposición moderada, retomando paulatinamente control del FSLN y emergiendo con un gobierno económicamente más sensato. Pero su marca ha sido el creciente control político sobre un sistema democrático aún débil, barriendo con los límites constitucionales hasta tornarlo en uno de los nuevos autoritarismos de la ola socialista del siglo XXI.

Téngase en cuenta que los movimientos de oposición democrática han tenido éxitos parciales ante las democracias híbridas y las nuevas dictaduras, como lo demuestran las «revoluciones de colores» en los Balcanes, o incluso la frustrante Primavera Árabe. Pero mientras en sociedades cerradas circularon con furtivo entusiasmo los libros sobre protesta pacífica y resistencia no violenta de Sharpe o Chenoweth, se fue demostrando que sin la presión externa o sin las herramientas de un relativo pluralismo, las recetas de rebelión social parecían crecientemente insuficientes.

Son inevitables, tras cien días de lucha social, las comparaciones entre Venezuela y Nicaragua, y lo más resaltante es determinar cómo regímenes que parecen tener todo en contra permanecen en pie. El auge autoritario de este siglo vino aparejado con un refinamiento de las tecnologías de represión, como paradójico resultado de la globalización de la lucha frente al terrorismo internacional, y el acceso a nuevos sistemas no solo desde Occidente, sino también desde Rusia o China. Aprovechando estas herramientas, y los viejos contactos y lealtades entre agencias de inteligencia, se han refrescado viejos modos de control que aprovechan la ambivalencia democrática: si se espera que las redes sociales comuniquen y movilicen a los rebeldes, se les aprovecha para difundir propaganda y abatimiento, mientras se monitorea a la oposición; a estas organizaciones se las divide, hostiga y confunde, cuando no se ejerce una represión focalizada; se aprovechan fuerzas paraestatales con cruel discrecionalidad y una represión sin escrúpulo. Si logra su cometido, se somete a la sociedad hasta el próximo estallido; en el peor de los casos, se confía en que el tiempo agote la vigilancia internacional y que cualquier futura solución negociada los coloque como rectores del cambio.

En el fondo, esa es la lección que Ortega sacó de finales de los ochenta: redefiniendo ese hito como una derrota a la Revolución, no como una transición a la democracia, asume una nueva narrativa. La resiliencia autoritaria es defensa de los logros de la Revolución, y la transigencia es permitir que ganen viejos y nuevos adversarios. El radicalismo ante circunstancias de vértigo es la apuesta dictatorial.

Los demócratas debemos también aprender la lección y actuar, con fuerza y severidad, hacia la meta de la apertura política. Si hay segundas partes buenas, que no lo sean solo para el poder.

Con la llegada de las elecciones generales brasileñas en el próximo mes de octubre de 2018, algunas cuestiones relevantes se ponen en la agenda.

Se elegirá al presidente y al vicepresidente de la República, a los gobernadores de los 26 estados brasileños y del Distrito Federal, a todos los miembros de la Cámara de Diputados federal y de las Asambleas Legislativas estatales, como uno de los pleitos más imprevisibles de los últimos años, y dos tercios de los miembros del Senado federal.

Las discusiones políticas sobre las elecciones se revelan profundamente marcadas por los sucesivos escándalos recientes de corrupción desencadenados por la Operación Lava Jato, que involucraron a los principales partidos políticos del país y que pueden afectar su popularidad en las urnas. En los últimos meses la prisión del expresidente Luiz Inacio Lula da Silva, señalado por las encuestas como el candidato favorito al cargo de jefe del Poder Ejecutivo, añadió más dudas al escenario de incertidumbre sobre quién será el próximo presidente brasileño.

Los desafíos que aguardan al próximo mandatario no serán pocos. Desde el punto de vista económico, además de los efectos de la crisis que afecta al país desde 2014, tendrá que lidiar durante los próximos cuatro años con el déficit presupuestal del gobierno, la desindustrialización y el desequilibrio negativo de la balanza de pagos del país. Además, cuestiones como la política de precios adoptada por Petrobras, la propuesta de joint venture entre el fabricante brasileño de aeronaves Embraer y la compañía norteamericana Boeing y los recientes proyectos de reformas económicas deberán estar en la agenda económica de los próximos años.

Políticamente, todo indica que el horizonte no estará despejado para el candidato que tomará posesión a principios del próximo año. Además de los resultados imprevisibles generados por los incesantes escándalos de corrupción, el reajuste en el equilibrio entre los poderes republicanos provocados por el creciente protagonismo de los tribunales será un gran desafío para el próximo presidente.

Desde el punto de vista de las relaciones exteriores, Brasil también tiene diversos desafíos por delante. Los problemas generados por la crisis venezolana, traducidos en la creciente afluencia de refugiados en las fronteras del norte del país, tienden a acentuarse con el agravamiento de la situación política en el país vecino, y la búsqueda de soluciones negociadas debe seguir pautando la actuación del Ministerio de Relaciones Exteriores brasileño. La búsqueda de soluciones colectivas también debe seguir siendo el principio cardinal de las relaciones de Brasil con los otros países del Mercosur en el fortalecimiento conjunto de sus economías, especialmente con relación a la formulación del estratégico acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Otro punto importante es la participación brasileña en el sistema de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas. La ayuda de Brasil en este tipo de misiones, considerada esencial para la contribución del país al sistema mundial de seguridad colectiva y para la relevancia de su papel como actor global, fue sustancialmente reducida en octubre de 2017 con el fin de la Misión de las Naciones Unidas para la Estabilización de Haití (Minustah), que había contado con la participación de más de 37.000 militares brasileños desde 2004. Las negociaciones infructuosas sobre la posible participación de Brasil en una misión de las Naciones Unidas en la República Centroafricana, cerradas en abril de este año , no pueden ser vistas como una renuncia del país a participar de este tipo de misiones.

Las incertidumbres y expectativas que rodean las próximas elecciones brasileñas deberían fomentar el debate, pero aún no se observa tal discusión. Tenemos hasta octubre para discutir temas caros al país y decidir quién los administrará en los próximos cuatro años.

Tan opuestas como el verde y el celeste que las han representado, cada imagen despierta en la audiencia adhesión por identificación o discrepancia por incompatibilidad. ¿Por qué?

El 1 de marzo de este año, el presidente Mauricio Macri anunció que enviaría al Congreso un proyecto de ley para legalizar el aborto. Este anuncio inspiró, el 8 de marzo, una movilización a favor de la legalización y otra, el 25 de marzo, en contra. En un clima de alta polarización relativa a todos los temas públicos, al anuncio y a las movilizaciones se sumó un interesante proceso de exposiciones en el Congreso, que terminó con una histórica —y maratónica— sesión de la Cámara de Diputados. En su transcurso, un proyecto consensuado recibió media sanción para pasar a la Cámara de Senadores, donde una nueva serie de exposiciones desembocará en el debate final (a menos que la aceptación con modificaciones obligue a regresar el proyecto a Diputados).

Tanto discurso vertido y difundido por los medios (masivos y sociales) puede —y debe— ser analizado desde distintas perspectivas. Una de ellas es la que pretendo presentar aquí: la de la imagen discursiva del orador que queda plasmada en el producto de su oratoria.

De modo consciente o inconsciente —eso no importa—, el empleo de la palabra conlleva siempre la construcción de la imagen de quien produce el discurso. Como sabe cualquier hablante sensato, uno no dice ser lindo y bueno para que los demás lo sepan, sino que muestra que lo es por la manera en que se expresa. Es más: puesto que el modo de hablar responde a restricciones impuestas por cada comunidad para cada rol, toda expresión evidencia cuánto se acerca —o se aleja— el individuo en cuestión a los modos de ser ratificados socialmente y consistentes con el contenido de lo que se está diciendo.

En esa línea de razonamiento, es dable observar que las exposiciones que antecedieron a cada debate legislativo sobre la ley de interrupción del embarazo —o legalización del aborto— revelaron perfiles bien diferenciados según sea el polo de la discusión en que se encuentran sus contenidos. Es decir que construyeron dos imágenes particulares y contrapuestas.

Como no quiero aburrir, me concentraré —muy brevemente, por cierto— en dos de las exposiciones que resultan ilustrativas para mi argumento: la del doctor Alberto Kornblihtt y la del doctor Abel Albino, quienes depusieron en el Senado el 17 de julio y el 25 de julio respectivamente.

Tras presentarse como biólogo y con la actitud del conferencista habituado a los congresos disciplinares, Kornblihtt leyó una exposición que adelantó —tal cual hace el discurso académico consagrado — el orden de los tópicos que tomaría. Pero el núcleo de su alocución podría condensarse en un adjetivo que solo admite una interpretación científica: epigenético. Y es que el especialista definió al embrión y al feto en tanto se van configurando en el curso de su propio desarrollo. Esto es, ni el embrión ni el feto son independientes de la madre y, por ello, no puede considerárselos persona. Tienen vida, sí, pero también tienen vida los espermatozoides y los óvulos.

Albino, por su parte, eligió un modo de discurso totalmente distinto. Con actitud histriónica, se dirigió a la audiencia de modo enfático, riendo por momentos y por momentos alzando la voz. Pero el meollo de su disertación podría resumirse en un imperativo: «No maten a los niños». Y es que el médico privilegió un tipo de discurso directivo, matizado por alusiones literarias que —casi teatralmente— se permitió recitar: un fragmento del Martín Fierro de José Hernández y el poema «Piececitos» de Gabriela Mistral. Y hasta por (¿anacrónicas?, ¿fálicas?) metáforas de su propia creación: «La mujer es el divino pedestal donde se alza el árbol enamorado del hombre».

A la manera de polos contrapuestos, ambos discursos podrían sintetizar, si se me autoriza la generalización, lo que se ha escuchado en el recinto y en la calle. El discurso del doctor Kornblihtt —a favor de la ley— configuró una imagen serena pero firme, sustentada en el saber erudito y en los últimos hallazgos de la ciencia. El discurso del doctor Albino —en contra de la ley y de la educación sexual también— configuró una imagen enfática y popular, ratificada por su condición de médico que se ha mezclado «con la gente común».

Tan opuestas como el verde y el celeste que las han representado, cada imagen despierta en la audiencia adhesión por identificación o discrepancia por incompatibilidad. Pero quienes legislan deberán hacer caso omiso de esas representaciones y atender, antes bien, a los argumentos que se han esgrimido. Para votar, en definitiva, a favor de la ciudadanía.

El logro de un joven alemán y de otros que con esfuerzo han llegado a este punto es una fuente de inspiración para los chicos y chicas de América Latina.

El prestigioso galardón del Premio Nobel se otorga anualmente como reconocimiento a las contribuciones excepcionales en campos de paz, economía, literatura, física, química y medicina. Sin embargo, desde que se hizo la primera entrega de esta distinción en 1902, nunca se ha considerado incluir a las ciencias matemáticas. De todos modos, para contrarrestar esta falta, se hace entrega de la Medalla Fields, el premio más importante dentro de la comunidad matemática internacional, que se concede desde hace más de ochenta años de forma cuatrienal a los mejores aportes en el área durante el Congreso Internacional de Matemáticas (ICM, por sus siglas en inglés), la reunión más importante en la comunidad matemática.

Este símbolo de las matemáticas aterrizó, en su mayoría, en manos de académicos europeos y estadounidenses. No fue sino hasta hace poco tiempo que por primera vez en América Latina un matemático consiguió acuñar su nombre en la afamada lista de ganadores. Ese fue el caso del franco-brasileño Artur Ávila (39) del Instituto Nacional de Matemática Pura y Aplicada, condecorado en la ciudad de Seúl en el año 2014. Este reconocimiento parece haber dado visibilidad a la región en el mundo de las matemáticas. Así es como, después de 121 años, el ICM llegó por primera vez al hemisferio sur para la edición 2018 y se celebró en la emblemática cidade maravilhosa, Río de Janeiro. Aquí fueron galardonados cuatro científicos: un indio, un iraní, un italiano y el más joven, el catedrático alemán Peter Scholze de 30 años.

Scholze nació en la ciudad de Dresde y creció en Berlín. Consiguió su grado en matemáticas en la Universidad de Bonn cursando solo la mitad del tiempo requerido y hoy es la cabeza del Instituto Max Planck de Matemáticas. El brillante matemático tocaba el bajo en una banda de rock cuando tenía 17 años; a sus 24, gracias al acelerado avance en sus estudios, se convirtió en el catedrático más joven de la historia de Alemania. La Medalla Fields simboliza un logro más dentro de la amplia lista de reconocimientos que ha recibido. Entre todos estos, el que más llamó la atención del público fue el premio de Nuevos Horizontes en Matemáticas, financiado por Mark Zuckerberg y Yuri Milner. No obstante, lo anecdótico no reside en el involucramiento del creador de Facebook, sino en el hecho de que Scholze rechazó el galardón que estaba dotado con 100.000 dólares. Ante la falta de explicaciones de Scholze, solo hay cabida para meras especulaciones.

Partiendo del ejemplo del joven Scholze, vale la pena reflexionar sobre la situación América Latina. Nuestra región tiene indicadores educativos que merecen la atención de todos los gobiernos y de las fuerzas vivas de la sociedad por su bajo rendimiento; apenas diez universidades en toda la región se encuentra dentro de las mejores 500 del mundo. La difusión de la importancia de la excelencia académica es crucial. En matemáticas y en otras disciplinas hay mucho por hacer. El fomento del talento y las excepciones que generan motivación entre jóvenes y estudiantes en general puede ser una herramienta que, con mayor exhibición mediática, ocasione un positivo efecto rebote en toda la región.

El logro de este joven alemán, y de otros que con esfuerzo han llegado a este punto, es una fuente de inspiración para los chicos y chicas que desde las aulas de clases y desde sus hogares se esmeran por dar su aporte al conocimiento humano.

Desde hace varias décadas el debate sobre la educación en América Latina tiene puesto el foco en el presupuesto que los gobiernos nacionales destinan para tales fines y dejan en segundo o tercer plano la excelencia y la calidad resumida solo al contraste con los indicadores que los países desarrollados sacan al mercado para comparar sus instituciones más vanguardistas. La calidad es importante y la excelencia también. Mucho. En ese sentido, poner en relieve premios como este «Nobel» de matemáticas es productivo para aquellas sociedades en vías de desarrollo que persiguen mayor nivel de bienestar.

Un equipo internacional de investigadores procura adaptar el índice MIPEX a la realidad latinoamericana y realizar una primera prueba de medición sobre los miembros originarios del Mercosur.

Vivimos en un momento en el que el fenómeno migratorio ocupa las primeras planas de actualidad alrededor del mundo y son muchos los debates sobre cómo gestionar las políticas públicas destinadas a integrar a los recién llegados en la sociedad de destino. Sin embargo, a pesar de la tardía llegada de la ciencia política a su estudio, los movimientos migratorios no son un hecho reciente sino que han estado presentes desde los primeros albores de la civilización y han marcado en gran medida el devenir de muchas sociedades. La manera en la que las comunidades receptoras han acogido estos flujos y han promovido su integración se traduce en la creación de políticas públicas que permiten a los inmigrantes gozar de una serie de condiciones en diferentes dimensiones de la vida sociopolítica de la sociedad de acogida. Así, uno de los principales focos de atención en el estudio de las migraciones para los politólogos es el análisis de cómo los Estados diseñan y gestionan estas políticas.

El International Migration Policy Index (MIPEX) es un índice que ha permitido comparar exitosamente la evolución de las políticas de integración de inmigrantes tanto en los países que componen la Unión Europea como en otros Estados que recientemente se han convertido en destino migratorio (Japón y Turquía) y en naciones que han sido consideradas históricamente traditional settlement societies (como Australia o Canadá) en la terminología especializada. Se trata de una iniciativa que cuenta ya con cuatro ediciones y forma parte de un proyecto de investigación de carácter abierto y en permanente proceso de transformación liderado por CIDOB Foundation y Migration Policy Group.

En la actualidad, este índice recoge información acerca de 38 países en materia de gestión de integración de la inmigración. Estos datos cubren un total de 167 indicadores que corresponden a diferentes dimensiones de política pública (movilidad en el mercado de trabajo, educación, participación política, acceso a la nacionalidad, reunificación familiar, salud, residencia permanente y antidiscriminación) y que permiten comparar la realidad política en materia de integración de inmigrantes en diferentes Estados.

En este momento, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenauer Montevideo, se está ejecutando un proyecto puntual que pretende analizar el marco metodológico utilizado en la construcción de este índice con el objetivo de sugerir mejoras y adaptaciones para que pueda resultar factible la incorporación de la medición de estas políticas también en relación con países latinoamericanos. A partir de las adaptaciones sugeridas, se realizará una primera aplicación a la realidad de los cuatro Estados originarios del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay) y se discutirán y problematizarán los hallazgos. Es importante destacar que esta será la primera aplicación del índice MIPEX a la realidad de los países latinoamericanos. Así, este proyecto de investigación se presenta como una herramienta que contribuirá al conocimiento de la disciplina sobre integración de los inmigrantes en la región y analizará qué adaptaciones requiere el MIPEX para poder ser también aplicado a la realidad política latinoamericana.

En los próximos meses, en este mismo espacio, se compartirán los avances sobre los hallazgos a producir y lo que estos implican en materia de definición de agenda de políticas públicas con foco en gestión de los flujos migratorios.

Nota: El proyecto que se describe en estas líneas reconoce que el uso del nombre MIPEX y su metodología son propiedad de las instituciones que históricamente lo han promovido. La información a producir será compartida con estas organizaciones para que, en caso de que ellas lo consideren adecuado, incorporen recomendaciones derivadas de esta. Este proyecto tiene exclusivamente fines científicos y carece de objetivos comerciales.

Referencias

Biderbost, P. N., y Boscán, G. (2019). The Use of Canonical Correlation Analysis and Heliograph for Explaining Patterns of Political Integration among Migrants in Host Societies. SAGE Research Methods Cases Politics & International Relations.

Bolzman, C., y Sánchez, C. G. (2017). «Políticas de integración, derechos humanos y MIPEX. Una tipologí», Miscelánea Comillas. Revista de Ciencias Humanas y Sociales, vol. 75, n.º 146, pp. 71-96.

Ingleby, D. (2016). «Access to health service for migrants: what are the policy challenges? Lessons from the MIPEX study David Ingleby», European Journal of Public Health, vol. 26 (suppl_1).

Migrant Integration Policy Index 2015. Disponible en: ‹http://www.mipex.eu›.

Ruedin, D. (2015). «Increasing validity by recombining existing indices: MIPEX as a measure of citizenship models», Social Science Quarterly, vol. 96, n.º 2, pp. 629-638.

Según el historiador Tomás Straka, «quien no entiende de petróleo, no entiende de Venezuela, que es más parecida a las naciones petroleras que a las naciones suramericanas, o sea Libia, Irak e Irán. El petróleo no genera democracias, sino que arruina Estados».

—¿Qué pasa en Venezuela? —pregunta el historiador venezolano Tomás Straka.

Durante enero de 2018 el catedrático ofrece tres conferencias en Alemania, una en Colonia y dos en Berlín. Los títulos hablan por sí mismos: Labour and Nation Building: The Oil Companies and the Modern State in Venezuela; La modernidad fallida: raíces históricas de la crisis venezolana (1950-2002); Democracia y revolución en América Latina: una aproximación desde el caso venezolano (1945-2000).

Esta última se celebra a casa llena en la pequeña y acogedora sala Simón Bolívar del Instituto Iberoamericano, en la capital alemana.

—Una gente que no sabe dónde está parada —se responde Straka frente al público atónito, que en su mayoría está compuesto de migrantes venezolanos—. Vive en el no-sé o en el no-se-sabe.

Es curiosa la observación, porque justo en este lugar el considerado máximo prócer venezolano está representado por tres versiones contradictorias.

1) La estatua negra en las afueras del recinto, aunque fiel a la corta estatura de Bolívar, ostenta una capa, una espada y unas botas demasiado grandes. 2) El busto de mármol blanco en el lobby tiene un grave parecido a Julio César. Y 3) en el retrato del pintor Alirio Palacios dentro de la sala, es un hombre de ojos claros y labios de mujer.

Con elocuencia y gestualidad, el catedrático subraya que la democracia del país suramericano funcionó de 1958 a 1998 gracias a un sistema de pactos y consensos para repartir la renta petrolera:

—Quien no entiende de petróleo, no entiende de Venezuela, que es más parecida a las naciones petroleras que a las naciones suramericanas, o sea Libia, Irak e Irán. El petróleo no genera democracias, sino que arruina Estados.

Irán califica con 29 puntos como Estado «altamente corrupto» en el barómetro global de corrupción e inequidad de la ONG Transparency International. A menor puntuación, peor desempeño. Venezuela e Irak tienen 17 puntos, y Libia 14.

La corrupción se entiende como el abuso de poder o de las funciones públicas para beneficios privados (económicos o de cualquier otra índole), en detrimento del resto de los habitantes: la gran mayoría que no detenta posiciones de autoridad.

El profesor Straka llama al marxismo bolivariano una ideología del reemplazo. Pone como ejemplo el problema del racismo en la sociedad venezolana (una sociedad esclavista), que tras la fiebre revolucionaria pasa a ser llamado la «lucha de clases».

En 2005 el Comandante se declara socialista. En 2012 encarga un retrato 3D de Bolívar que repite sus facciones. Pero las ilusiones ópticas no ocultan la paradoja de que, al reemplazar las formas y no el fondo, la «Revolución bolivariana» profundiza el mismo modelo estatal del siglo XX en el siglo XXI: la repartición selectiva (militares, nueva élite y gente en condición de pobreza) de la renta petrolera.

La capacidad de consumo de estos últimos se duplica y la de la gente en pobreza crítica se quintuplica. Por medio de subsidios el régimen solventa en parte las aspiraciones pide-renta de la sociedad gracias a los altos precios del hidrocarburo.

Es un ensayo de algo próximo al socialismo real diez años después de la caída del Muro de Berlín.

Con el desplome de los precios del petróleo y la incapacidad de elevar la baja producción de barriles, se desploman también los subsidios a la población (cuya demografía, de 1930 a 2018, aumenta 500 %) y queda al desnudo la descarnada realidad actual: hambre y escasez.

La repartición de la renta petrolera sería, según la exposición, el fracaso del Estado y el triunfo de la élite que lo dirige: «el negocio de Venezuela no es exportar petróleo, sino importar divisas».

Durante la ronda de preguntas del público, sin embargo, una mujer anónima rompe el protocolo:

—Lo que ocurre en Venezuela, y no se ha dicho acá, es que hay una narcodictadura al poder —dice con relación a los familiares de la pareja presidencial sentenciados a 18 años de prisión en Estados Unidos por narcotráfico.

A pesar de lo bárbaro de las circunstancias, Straka mantiene la compostura académica: «Es una oportunidad de estudiar problemas más amplios». Y cierra con una frase, que parece el enigma con el que empezó: «Es preferible una democracia que funcione mal a una dictadura que funcione bien»

«Son inversiones de países poderosos, potencias mundiales que no vienen con pretensiones de dominar y saquear a Venezuela». Así describía Nicolás Maduro, el actual presidente de la República Bolivariana de Venezuela, las grandes inversiones en su país a comienzos de junio.

El tiempo de la bonanza petrolera en los años setenta, en los que los mismos venezolanos hablaban de una Venezuela Saudita, es historia. En aquel momento, las exportaciones de petróleo estaban en auge y Venezuela era considerada como un modelo para América Latina en cuestiones de democracia. La estabilidad política era notable en comparación con los otros gobiernos de los Estados sudamericanos, que estaban bajo el control de dictaduras militares.

La pasada gloria de la democracia modelo en América Latina desde hace mucho tiempo que ya no se hace sentir. La mala gestión, inversiones equivocadas y la fallida expansión técnica causaron una situación precaria en la que hoy se encuentra el país más rico en petróleo en el mundo.

Consecuencias de la dependencia

Venezuela está al borde del abismo. La hiperinflación, la escasez de suministros y la corrupción la han convertido en lo que es hoy en día: un país con un Estado frágil. Además de la extracción del crudo, no se ha formado ningún otro sector económico que valga la pena mencionar. Esta fuerte dependencia al petróleo muestra ahora sus consecuencias.

En ningún país exportador de petróleo la relación entre las reservas y la extracción del crudo es tan desfavorable y desventajosa como en Venezuela. Se ha descuidado en gran medida la introducción de procesos de modernización para la industria petrolera. El país se enfrenta a una escasez de trabajadores calificados, las refinerías son anticuadas y se encuentran en un desastroso estado técnico. Incendios y explosiones en las fábricas cobran la vida de muchas personas cada año. Como consecuencia, la producción de petróleo sufre y se registran cada vez menos ingresos del área, lo que intensifica la crisis en el país: necesita divisas y tiene que abrirse a inversores extranjeros. Sin embargo, la ayuda financiera está acompañada de una fuerte dependencia hacia terceros.

Cuando Maduro habla de inversiones de países poderosos se refiere esencialmente a un país: la República Popular de China. Así como anteriormente lo ha hecho en gran parte de África, China refuerza ahora su compromiso y sus inversiones también en América del Sur, y mantiene ahí extensas relaciones políticas y económicas. En ningún otro país del continente China invirtió tanto como en Venezuela. En la última década, Pekín ha hecho préstamos por más de 60.000 millones de dólares al país caribeño.

La República Popular de China abastece a Venezuela con todo lo que esta no es capaz de producir para consumo interno. El país caribeño recibe en estos días, por ejemplo, especialistas y expertos en extracción de crudo y nuevos créditos por 5000 millones de dólares. Las divisas apoyarán la economía nacional y se iniciarán procesos de modernización, necesarios en las refinerías y las plataformas petrolíferas. Es lo que se estima.

¿Cómo se debe evaluar este compromiso de China y qué impacto tendrá esta alianza de socios desiguales a largo plazo?

Venezuela no tiene actualmente otra alternativa que la de aceptar cualquier ayuda de inversores extranjeros y sus disposiciones, porque no está en condiciones de actuar financieramente. Mientras que China pueda adquirir petróleo venezolano a un precio muy bajo, Venezuela no le queda más que esperar que el precio del barril suba para poder lograr mayores ingresos. El gobierno chino enfatiza en los intereses mutuos de la relación económica, como si se tratara de una asociación en la que las dos partes están en condiciones de igualdad y en la que ambos podrían beneficiarse.

Sin embargo, esta primera impresión sería atrevida. A largo plazo, China se beneficiará de los bajos precios del petróleo que se han definido por contrato. La cooperación tiene un precio, que Maduro pagará a costa del país y del pueblo. Queda por ver si esta ayuda financiera a través de créditos chinos contribuirá al mejoramiento de la situación política y socioeconómica del país. De todos modos, el margen de acción de Venezuela está tan limitado debido a la situación actual, que la ayuda debe ser aceptada, a pesar de que esto signifique una fuerte dependencia durante largos años.

Las declaraciones y anuncios hechos por López Obrador y su partido, Morena, a un mes de las elecciones en México, tienden hacia un centralismo que debe mantener alerta a la oposición frente a cualquier riesgo de regresión democrática.

Será el 1 de septiembre próximo cuando el nuevo Congreso mexicano, elegido en los comicios del pasado 1 de julio, asuma sus funciones bajo una conformación política en la que Morena tendrá un aproximado del 60 % de los escaños, esto es, cerca de 300 legisladores que acompañarán a Andrés Manuel López Obrador a partir del 1 de diciembre, cuando rendirá protesta como presidente de la República.

Esta clara mayoría permitirá al futuro mandatario gozar de un claro —aunque no absoluto— margen de maniobra para realizar los cambios constitucionales que definan lo que ha llamado «la cuarta transformación» del país; en sus palabras, un cambio de régimen que apunta a modificar de manera profunda las bases que sustentan el orden público.

No está claro hasta el momento en qué consistirán esas modificaciones ni cuál será su alcance o su ruta: la ambigüedad de los compromisos de López Obrador es tal que incluso hay algunos que se contradicen entre sí. No obstante, algunas señales permiten vislumbrar que, por principio y tras la amplia legitimidad obtenida en las elecciones, podría regresarse a un centralismo que devuelva a la figura presidencial una relevancia que desde hace décadas ha sido acotada por la creación de diversas instituciones autónomas, el orden económico internacional, los contrapesos legislativos, un precario pero ya real fortalecimiento del federalismo o la Suprema corte de Justicia.

Los primeros anuncios del virtual mandatario electo, así como las declaraciones y señales emitidas por su partido, apuntan de manera clara en ese sentido. Resalta, por principio, la creación de 32 delegaciones del Gobierno federal, a razón de una por cada estado del país, que concentrarán las funciones que antes se encontraban repartidas en diversos ministerios, decisión que dotará a una sola figura de un poder tal que competirá en manejo de recursos y toma de decisiones con los gobernadores electos democráticamente, una figura que una parte de la prensa mexicana ha llamado los nuevos virreyes de la nación.

Otra señal de la forma en que podría desenvolverse el nuevo gobierno fue la reacción del propio López Obrador ante la multa de unos diez millones de dólares impuesta a su partido, a razón del mal manejo de recursos durante la campaña presidencial: tras el anuncio de la sanción, el otrora candidato de Morena arremetió contra la prensa crítica, desacreditó al Instituto Nacional Electoral y tachó la decisión de un intento de «la mafia en el poder» de manchar su buen nombre y reputación; esto, acompañado de una campaña en redes y diversos medios que, con un tono beligerante y nula aceptación a la crítica, descalificó a líderes de opinión, periodistas o sociedad civil que se sumaron a las demandas de esclarecimiento de los hechos.

A estas primeras reacciones hay que sumar la presencia de la directiva de Morena en el Foro de Sao Paolo, reunido en La Habana a mediados de este mes y donde Yeidckol Polevnsky, presidenta del partido, suscribió la declaración que respalda al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua tras la represión violenta y asesina de quienes se manifiestan en su contra desde hace meses. Esta postura, así como la intención del futuro gobierno de regresar a una política internacional de no intervención, podría implicar un grave retroceso en una materia en la que México había avanzado para sumarse, entre otras, a las condenas regionales contra los atropellos de Nicolás Maduro en Venezuela.

Un último aspecto tiene que ver con la propuesta de reducir a la mitad el financiamiento a los partidos, realizada por Morena y presentada en el Congreso mexicano, tema que si bien ha sido aplaudido y respaldado por prácticamente la totalidad de las fuerzas políticas y diversos actores de la vida pública, se presenta en un momento en que la oposición se encuentra debilitada, mermada y reducida tanto en el nivel federal como en el local, lo que complicaría en el corto plazo el fortalecimiento de quienes serán determinantes para fungir como contrapesos de un poder que tiende al centralismo y a la decisión cuasi unánime.

A un mes de haber triunfado en las elecciones, los primeros anuncios y acciones de López Obrador, así como muchas de las posturas asumidas por Morena, trazan un camino que no será sencillo ni fácil de transitar, y que exige tanto de la oposición como de la sociedad civil mexicana una madurez política que sea capaz de resguardar los avances que en las últimas dos décadas se han conquistado en los temas de libertades, de fortalecimiento de las instituciones que hacen posible la democracia y de contrapesos al poder central, construidos tras décadas de autoritarismo presidencial.

Un reto que, en suma, debe mantener alerta al país para frenar cualquier intento de regresión hacia el autoritarismo.

Las tensiones cambiarias en la región golpearon más fuerte en la Argentina, lo que llevó al Gobierno a firmar un acuerdo stand-by con el Fondo Monetario Internacional. El presidente del Banco Central renunció. Macri cambió dos ministros claves. Todo en pleno debate parlamentario por la despenalización del aborto, que tensó aún más la relación del Gobierno con la Iglesia. Barajar y dar de nuevo antes de un año electoral.

En tiempos de turbulencias económicas en la Argentina, el presidente de Mauricio Macri se concentró en cerrar un financiamiento con el Fondo Monetario Internacional por un total de 50.000 millones de dólares para oxigenar las tensiones cambiarias. Al mismo tiempo, hizo cambios estratégicos en su gabinete con el objetivo de oxigenar las pujas políticas. Todo este proceso se produjo en paralelo a un profundo debate sobre un proyecto de ley que prevé despenalizar el aborto y que ya tiene la aprobación de la Cámara de Diputados. El próximo 8 de agosto lo debatirán los senadores y, desde ya, se proyectan multitudinarias marchas a favor y en contra, tal como ocurrió en la discusión anterior en la Cámara Baja.

La economía corre por otro carril e impone otras urgencias al presidente. Junto con las modificaciones de gabinete se anunció un nuevo organigrama de las áreas económicas. Justamente uno de los reclamos que se le hacían al jefe de Estado argentino era que no había suficiente coordinación entre los diferentes ministerios vinculados con el quehacer económico. Ahora, Macri designó al ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, como coordinador económico, en un gesto de fuerte respaldo hacia ese funcionario, quien absorbió además la cartera de Finanzas.

El otro gran cambio fue la renuncia del titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, quien admitió que su gestión había perdido credibilidad. El nuevo titular de la autoridad monetaria es Luis Caputo, anterior timonel de Finanzas, el hombre que le había advertido públicamente al presidente sobre un clima más adverso en el ámbito internacional para seguir consiguiendo financiamiento externo con condiciones favorables. Caputo al asumir anunció que enviará al Congreso un proyecto de ley para modificar la carta orgánica del Banco Central, para brindarle más autarquía a la autoridad monetaria y cerrar el grifo de la emisión monetaria, una tentación para todos los gobiernos en la Argentina y de la que abusó la administración de los Kirchner.

En el equipo ministerial también hay modificaciones en la conducción de dos órganos claves: Energía y Producción. Por un lado, Juan José Aranguren fue reemplazado en Energía por Javier Iguacel. Esta, sin duda, es un área clave y sensible para los cambios que realizó el gobierno de Cambiemos y los que aún deberá ejecutar en materia de tarifas. Ese sector administra la eliminación de subsidios energéticos, una pesadísima herencia de la gestión anterior que terminó en subas de costos abultadas en luz y gas para los consumidores. El cronograma de subas tarifarias ideada por Aranguren tras la realización de audiencias públicas generó resistencias en la oposición pero también dentro de la coalición Cambiemos. Por ejemplo, la mismísima aliada principal de Macri, Elisa Lilita Carrió había solicitado una reprogramación de los aumentos 2018 debido a la suba inesperada que tuvo la inflación a partir de mayo pasado. Por su parte, la oposición —con el apoyo de las bancadas kirchneristas— logró votar en el Congreso una ley para dar marcha atrás a todos los aumentos tarifarios. Fue mientras se cerraba el acuerdo con el FMI que implica justamente recortes de gastos y subsidios. El presidente Macri optó por vetarla.

El ingreso de Iguacel al Gabinete ahora distiende solo en parte estas tensiones porque, en realidad, el flamante ministro deberá continuar eliminando subsidios y subiendo tarifas y combustibles. Una tarea poco sencilla porque de ese nuevo cuadro tarifario dependerá en gran parte el éxito o fracaso del achicamiento del déficit fiscal en 1,3 % del PBI, como se comprometió ante el FMI.

Por último, dentro del Ministerio de la Producción se reemplazó a Francisco Cabrera por el economista Dante Sica, exfuncionario del expresidente Eduardo Duhalde y ex consultor privado muy vinculado con las vicisitudes de las pequeñas y medianas empresas y de la problemática con Brasil, el principal socio comercial argentino. Al flamante ministro le tocará administrar épocas duras porque los indicadores económicos, que habían comenzado a mostrar mejoras a principios de este año, ahora se derrumbaron; como el caso de la construcción que, de acuerdo con los números oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos, cayó por primera vez en 15 meses, o las pymes que, de acuerdo con el Observatorio Pyme, denunciaron que tienen rota su cadena de pagos en un 68 %.

De todos modos, en el Gabinete sostienen que la mala racha se revertirá hacia fines de este año de la mano del campo y el sector agrícola, que promete una cosecha récord para el año próximo. Así, desde la perspectiva oficial prevén que en el 2019 la economía y el empleo volverán a crecer. Es el diagnóstico que comparten los funcionarios del Gobierno pero que no consigue eco en la oposición. Las distintas franjas del peronismo deberán acompañar el presupuesto 2019 que el gobierno presentará a mediados de septiembre en el Congreso y que prevé los ajustes necesarios para alcanzar las metas de déficit fiscal comprometidas a cambio de los futuros desembolsos del FMI, justo para el año en que habrá elecciones presidenciales.

La escuela pública es la semilla dura en la formación ciudadana. Los cambios que modifiquen los valores que nutren el funcionamiento de la escuela pública en Uruguay no deben pasar debajo de la mesa.

La escuela pública ha sido la gran receptora de mis hijos y de otros niños inmigrantes. A través de ella, hemos comprendido mucho de lo que forma el ADN de este país, que cada día amamos más. El acto del 19 de junio, con la conmemoración del natalicio de Artigas junto con la promesa de la bandera, invitan año a año a conectarse con la memoria histórica y con los símbolos patrios, que no le pertenecen a ningún partido, sino a todos los uruguayos. Su valor se contagia a los niños extranjeros, como el mío, que cursa tercero de primaria y que el pasado 18 de junio me dijo «mañana pónganse elegantes porque está de cumpleaños Artigas y vamos a la escuela a cantar el himno». Me dio risa su tono de señor pero, a la vez, alegría apreciar que la escuela sigue siendo la cuna de los valores democráticos. También nos impactó gratamente el asunto de los abanderados. Los más chicos anhelan tomar ese lugar llegado su momento.

Ser abanderado no es cosa menor. Transmite a los niños el valor del mérito, el premio al esfuerzo, la materialización de la recompensa que se han ganado a pulso. Ese honor provoca un aplauso que retumba, cuando de viva voz se anuncia a los nuevos abanderados año a año. Los aplauden el maestro, los amigos, sus padres, los padres de los demás; los aplauden el profesional, el no profesional, el que terminó la escuela y el que no también; porque todos, sin discusión, entienden que ese mérito solo lo tiene quien lo ha ganado con esfuerzo, y ese esfuerzo inspira respeto y admiración.

Esa idea siembra el principio que rige el progreso individual. Querer ser mejor para llegar a oportunidades mejores, fijarse metas bajo la idea de que trabajando duro en función de ellas será posible alcanzarlas. Destruir ese pilar bajo la idea de la popularidad o bajo el argumento de ofrecer a todos la misma oportunidad es un errático enfoque de inclusión que resulta en la expropiación del mérito, porque se quita a unos lo ganado por el trabajo propio para darlo a todos por igual, incluso a aquellos que casi por suerte salvaron el año, anteponiendo la camaradería sobre la dedicación. Parecen existir hoy problemas más urgentes en la educación pública —como la deserción, por ejemplo— que demandan acciones enérgicas, antes que medidas tendentes a cambiar aquello que funciona para bien.

Destruir el mérito extingue las aspiraciones y construye una sociedad de conformismo, cuyo motor será el amiguismo. Quien pretenda destruir el capital moral de una sociedad debe empezar, entre otros, por destruir el valor del esfuerzo. Exactamente así ocurrió en mi amada Venezuela, donde la crisis, antes que política y económica, es moral. No fue casual que modificaran nuestros símbolos patrios, mientras satanizaban y prohibían terminantemente la repetición escolar, sin corregir sus causas, y eliminaban los méritos académicos para la obtención de becas y créditos educativos, (como en la famosa Fundación Gran Mariscal de Ayacucho que en su tiempo otorgó becas y créditos educativos a tasas muy benevolentes que solo se obtenían y se mantenían con óptimos índices académicos, criterio que luego fue reemplazado por la mera inscripción en misiones sociales o en consejos comunales).

Ofrecer a las nuevas generaciones el mensaje de que el esfuerzo no supone ninguna recompensa y que lo determinante es qué tan bien visto eres a los ojos de quien toma una decisión que te afecta, es la receta para fabricar incapaces que no se medirán para mantenerse bajo la bota de quien les gobierna, siempre que ello les garantice un puesto de trabajo o una prebenda. Así se fabricó la elite dictatorial de mi país.

El Reino Unido aún no sabe cómo abandonar la Unión Europea.

Donald Trump pasó como un volátil cometa por Londres, arrojando una estela de gestos desobligantes, recomendaciones no solicitadas al gobierno de Theresa May, insultos a sus colegas europeos respecto a sus políticas de seguridad y cooperación, y luego, un tardío manojo de disculpas no muy sinceras. Todo como antesala de su encuentro con Vladimir Putin, una esperada cumbre de pares del caudillismo internacional que incomodó a demasiados observadores, comenzando por sectores conservadores estadounidenses a quienes les molesta la ratificada docilidad del viejo magnate frente al exagente ruso.

Pero esto no debe distraernos del tema de interés que tanto motivó a Trump a meterse con May para alentarlo, y por ende con Europa: el brexit. A dos años del polémico referendo, en uno de los eventos de comunicación política que han sido categorizados como muestras de posverdad, Reino Unido no termina de encontrar una puerta para salir de Europa.

Hay que comenzar aclarando que Theresa May no se encuentra en sus mejores días. Indecisa entre remontar una posición radical o ceder a renegociar lo que sea necesario con Europa, ha sufrido las dimisiones de los dos grandes negociadores del retiro británico, David Davis y el canciller Boris Johnson, sectores duros del nacionalismo del Partido Conservador, aunque hay quienes creen que podría haberse librado de dos rivales.

Reino Unido tiene tres opciones para dejar atrás 44 años de membresía del club europeo, con todas las connotaciones normativas en vigor que esto implica. La primera es una alternativa similar a la de Noruega, abandonando nominalmente pero respetando en la práctica dicha normativa y los tribunales del bloque, lo que sería considerado como alta traición por el nacionalismo británico. La segunda es una salida abrupta y sin anestesia, haciendo que Reino Unido pierda el destino de cerca del 40 % de sus exportaciones, lo que implicaría un desastre económico en la cuna del liberalismo-capitalista. Y por último recular, dar marcha atrás cancelando el brexit, violando con ello el resultado electoral del referéndum.

Como todas estas alternativas son dañinas, Theresa May rebuscó en su agenda y encontró la poco elegante opción de que Reino Unido haga efectiva su salida pero manteniéndose dentro de gran parte del mercado común europeo. Esto es un inverosímil jurídico que dudosamente la Unión Europea aceptaría, pero que le sirve como cortina de humo para ganar tiempo ante sus coterráneos más nacionalistas y las corrientes pragmáticas.

Las consecuencias del euroescepticismo británico aún están por verse. No sabemos si triunfará entonces un brexit duro, la vía más orgullosa, o si, ante una posible crisis que podría llegar a arrastrar a Escocia e Irlanda del Norte, lo mejor sea darle largas a un nuevo gobierno (con May en caída libre), donde se llegase a replantear una marcha atrás y se organizase un segundo referéndum. Es difícil saberlo. El resto del año será de una compleja negociación interna y externa. Mientras tanto, lo único claro que queda es que Inglaterra ya tiene al menos un premio consuelo: Harry Kane es el goleador del Mundial.

En Bolivia pasa un fenómeno bastante interesante. El gobierno del Movimiento Al Socialismo del presidente Evo Morales Ayma intenta sin éxito desconocer los resultados. Por otro lado, existen plataformas ciudadanas que están jugando a la apatía y se estrellan contra dos pilares fundamentales de toda democracia: el sistema de partidos políticos y el sistema electoral.

Después del referéndum constitucional del 21 de febrero de 2016, donde ganó el NO con el 51,3 % de los votos, el Gobierno ha utilizado al Órgano Judicial para imponer una inconstitucional cuarta repostulación de Morales. El 28 de noviembre de 2017, el Tribunal Constitucional Plurinacional dio luz verde a la iniciativa del Gobierno y, para disimular su accionar, habilitó también a todas las autoridades electas. La excusa para llegar a tan oscuro fin fue no violar los «derechos humanos» de la primera autoridad del país. Tal decisión fue tomada desde el Órgano Ejecutivo y mostró su control sobre todos los órganos del Estado. Esto causó gran molestia en la ciudadanía.

Las plataformas ciudadanas aparecieron en el país meses antes del referéndum del 21F. Todas ellas tuvieron una consigna clara: tomar la opción del NO en la intención de voto. Lograron canalizar el malestar de gran parte de los bolivianos, que ven que los recursos públicos son utilizados por Morales Ayma en viajes de placer al Mundial de Fútbol y en otros gastos onerosos e innecesarios, y se van dejando de lado temas importantes como la salud y la educación. Las plataformas ciudadanas cobraron fuerza a partir de la satanización de la política que forma parte del discurso gubernamental.

Así, el Gobierno muestra su estrategia de amigo-enemigo con la que logra minimizar a los partidos políticos. Empero, le surge un problema que no logró divisar: el empoderamiento de los ciudadanos que, huérfanos de representación política, se vieron obligados a salir a las calles a defender las instituciones democráticas y el resultado del referéndum constitucional.

Con las elecciones generales cada vez más cercanas, las plataformas ciudadanas van perdiendo fuerza, ya que simplemente logran hacer eco y tomar lugares emblemáticos de las diversas ciudades del país todos los 21 de febrero. El escenario político se va electoralizando y estas organizaciones van quedando relegadas por quienes sí hacen política (los partidos políticos), que son los habilitados para competir en las urnas. Esto va generando respuestas autoritarias, que parecen dar como solución la siguiente fórmula: para vencer al autoritarismo hay que hacerlo con más autoritarismo. A tal efecto, un grupo de plataformas ciudadanas se reunieron el 30 de junio en Cochabamba bajo el nombre de Congreso Nacional de Unidad o Asamblea Nacional Pacto de Unidad y plantearon entre sus directrices de lucha no reconocer la repostulación de Evo Morales Ayma ni aceptar que los demás contendores vayan a la elección, ya que estos estarían legitimando una victoria de Morales.

Al parecer, los bolivianos estamos viviendo nuestra propia versión de los Ensayos sobre la lucidez de José Saramago. Recordemos que en la novela del autor portugués el Gobierno tiende a mostrarse más autoritario para controlar al Estado. La apatía política de sus habitantes, la baja participación electoral de estos y una alta tasa de votos nulos y blancos le dan carta blanca al Gobierno para crear un régimen de mano dura con ambiciones totalitarias.

Bolivia no se encuentra lejos de esto: existen plataformas ciudadanas que están jugando a ser apáticos y se estrellan contra dos pilares fundamentales de toda democracia: el sistema de partidos políticos y el sistema electoral. Para darle fuerza a su discurso, ya han calificado al régimen de Morales de dictadura. Posiblemente esto se deba a pretensiones propagandísticas, para que sus líderes logren aparecer en los medios de comunicación. Y nos muestra lo que parece que a muchos bolivianos nos gusta ver en política: show del más chabacano posible.

Una vez más nuestra sociedad se encuentra en una encrucijada en su lucha por la democracia: jugar con las reglas establecidas por las leyes o darle el golpe de gracia a la democracia y a las libertades.

Nicaragua vive su peor crisis en 40 años. Comenzó con una protesta estudiantil contra una reforma a la seguridad social —que acabó derogada— y se extendió por todo el país, tras la violenta represión policial y parapolicial.

Desde el 18 de abril, organismos defensores de derechos humanos reportan casi 400 muertos, la mayoría civiles, alrededor de 2500 heridos, decenas de presos políticos y centenares de desaparecidos.

Mientras la persecución, las detenciones arbitrarias y los muertos se multiplican, el gobierno de Daniel Ortega organizó un acto en homenaje a la Revolución de 1979 traicionada por él mismo. Denunció que es víctima de una «conspiración armada y financiada por fuerzas internas y externas» que intentan derrocarlo del poder, en el que se mantiene desde enero de 2007. No mencionó quiénes son.

En este discurso, Ortega cargó contra la jerarquía de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN), a la que tildó de «golpista», desafió a la Organización de Estados Americanos (OEA) y llamó a sus seguidores a «no bajar la guardia» y mantener activos «mecanismos de autodefensa» para evitar un golpe de Estado, en medio de la grave crisis que vive el país.

Esas «fuerzas internas y externas», sostuvo, cuentan con la «complicidad» de los obispos nicaragüenses, que actúan como mediadores y testigos de un diálogo nacional. La CEN propuso a Ortega, el 7 de junio, adelantar los comicios generales de noviembre de 2021 al 31 de marzo de 2019, sin que él pueda presentarse a la reelección, para superar la crisis. Ortega descalificó a los obispos como mediadores del diálogo porque, a su juicio, «tomaron partido», están comprometidos con los «golpistas» y promueven el levantamiento de «sectas satánicas, golpistas y asesinas».

Durante su discurso, Ortega desafió a la OEA, cuyo Consejo Permanente aprobó el miércoles 17 de julio en una sesión extraordinaria una resolución que le pide elecciones anticipadas. «Las decisiones de Nicaragua no se toman en Washington (sede de la OEA), se toman en Managua», remarcó.

La resolución fue aprobada con el voto a favor de 21 de los 34 miembros activos de la OEA, mientras que tres (Nicaragua, Venezuela y San Vicente y Las Granadinas) votaron en contra y se registraron siete abstenciones (El Salvador, Granada, Haití, Trinidad-Tobago, Barbados, Belice y Surinam) y tres ausencias (Bolivia, Dominica y San Cristóbal-Nieves).

¿Es lógico el discurso de Ortega el 19 de julio? La verdad es que es más comprensible que lógico. Si bien es cierto que el gobierno de la pareja presidencial Ortega-Murillo es corrupto, represivo, protector y promotor de los paramilitares, el discurso de Ortega indica que el camino escogido es la línea más dura para resolver la crisis: la vía armada y paramilitar. Es decir, la pinochetización de la gestión gubernamental: intimidar y matar para doblegar la protesta social.

El llamado de Ortega a conformar «comités de autodefensa» en barrios y ciudades en todo el país tiene como objetivo buscar la legitimidad de los paramilitares que han estado operando junto con la policía en la represión contra la población, con la anuencia pasiva del ejército, pese a que la Constitución Política prohíbe la existencia de grupos irregulares.

El discurso de Ortega demuestra que al interior del partido de gobierno ha ganado la tendencia más infame, los que quieren la represión indiscriminada, el inmovilismo político, los que promueven la lógica de conservar el poder cueste lo que cueste, los que piensan que pueden restablecer el statu quo previo al 18 de abril de 2018.

El partido de gobierno es un partido desmoralizado por causar centenares de muertos, miles de heridos, presos políticos y desaparecidos. Es un partido vinculado a la corrupción de sus principales cuadros políticos. En este contexto, el discurso Ortega fue justificador de la represión ejecutada por los paramilitares. Los paramilitares de Ortega son como las «caravanas de la muerte» que creó el dictador chileno Augusto Pinochet luego del golpe de 1973.

El discurso de Ortega señala que la lucha a cuchillo contra la población continuará. Algunos pudieron pensar que en el día después, el gobierno Ortega-Murillo iba a moderarse. Pero no fue así. La pinochetización del gobierno va en serio. Ortega-Murillo adoptan esa estrategia porque saben que para rearticular su base social necesitarán mucho tiempo. Tampoco saben si lograrán hacerlo. Mientras tanto, quieren descabezar las protestas mediante la represión selectiva.

Han cruzado la frontera que separa un gobierno que se equivoca de otro despreciable, que ha perdido todo, hasta los principios. Por eso, lo razonable es que los poderes fácticos (económicos, Iglesia, etcétera) apuesten por evitar la pinochetización del gobierno. Para lograrlo es necesario que apoyen la unidad de todos los sectores sociales que protestan contra el gobierno Ortega-Murillo y presionen en ese sentido.

El gobierno ha demostrado que ha mentido más que hablado. Mintió diciendo que era un gobierno de las mayorías y resultó ser minoritario; mintió sobre su ideología, diciendo que era socialista y resultó ser neoliberal pinochetista; mintió sobre la democracia y quiere construir una dictadura. Igual que mintió sobre la corrupción, sobre el seguro social, sobre la defensa de la igualdad social y de género.

El discurso de Ortega nos obliga a todos a estar alertas. Ortega ha dado un paso de gigante en la dirección de pinochetismo autoritario y asesino. Los diferentes sectores del movimiento social no pueden dejarse amedrentar por las amenazas de Ortega-Murillo. El movimiento social tiene que definir con claridad su apuesta por una Nicaragua moderna y tiene la obligación de pararle los pies a ese proceso de pinochetización de la política del gobierno Ortega-Murillo.