En Argentina, la Cámara Nacional Electoral ordenó al Congreso elevar el número de diputados, para ajustarlo a lo que manda la Constitución. Se ha generado un debate sobre la conveniencia o no de cumplir la sentencia. ¿Qué sucede?

Hace pocos días, la Cámara Nacional Electoral de Argentina, fruto de un proceso de amparo iniciado por dos ciudadanos de Córdoba, decidió que la Cámara de Diputados de la Nación debe extremar los recaudos para ejecutar el mandato que establece el artículo 45 de la Constitución y elevar el número de representantes, que actualmente es de 257.

Básicamente, este artículo establece cómo se compondrá la Cámara. Teniendo presente que sus miembros representan al pueblo, se precisó que la composición sería de uno por cada 33.000 habitantes o fracción que no baje de 16.500. Además, se incorporó, al final del artículo, lo siguiente: «Después de la realización de cada censo, el Congreso fijará la representación con arreglo al mismo, pudiendo aumentar pero no disminuir la base expresada para cada diputado».

La lectura no es difícil de comprender: luego de cada censo hay que conciliar la relación ciudadanos-representantes. Así, en su caso, se debe elevar la cantidad de estos últimos, manteniendo siempre los que se posean al momento de producirse dicha evaluación. La idea es progresiva, no regresiva; así, cuando una provincia logra un número determinado de diputados, los mantendrá siempre, más allá de que disminuya su cantidad de habitantes.

El debate tiene dos vertientes posibles de análisis, según mi visión: un punto de vista sustantivo y otro material. Comienzo por el primero. Existe una obligación (ni más ni menos que constitucional) dirigida directamente al Congreso: luego de cada censo, debe revisarse la composición de la Cámara baja. En el caso de dilatar extremadamente este proceso, es claro que se está ante una omisión constitucional que, en su caso, puede ser declarada como inconstitucional, según las teorías actualmente vigentes en este ámbito, a las que adhiero.

Por otro lado, las cuestiones materiales son dos. La primera de ellas es el costo que supone el incremento de diputados por provincias, lo que deberán soportar los ciudadanos. Se podría decir que esto beneficia a los partidos políticos que pueden aumentar sus escaños, pero perjudica las finanzas del Estado. La segunda, es la cuestión debatida en la sentencia: la sobrerrepresentación y subrepresentación de cada ciudadano de un determinado distrito respecto de la cantidad de diputados que se pueden elegir, lo que genera desigualdad relativa. Así, el voto de un ciudadano de Chaco puede valer más o menos que el de Salta, o el de Mendoza que el de Jujuy, por ejemplo.

La cuestión material sobre las finanzas es algo difícil de resolver, pero no imposible. Elevar el número de diputados no implica duplicarlo, sino ajustarlo al último censo electoral, lo que supondría llevarlo a los 328 miembros. Por ejemplo, se podría reducir la cantidad de fondos a cargo de cada diputado y, así, distribuirlos equitativamente entre todos los nuevos integrantes de la Cámara. Claro está, con el elevado costo que posee mantener la Cámara, indudablemente deberá aumentar el presupuesto del Congreso. Se puede o no estar de acuerdo, pero no se puede dejar de atender a este problema.

Sobre la otra cuestión material y la sustantiva, creo, se debe avanzar para superar las actuales barreras. Al ser representantes de los ciudadanos, no nos podemos permitir que el voto de un cordobés valga menos que el de un puntano (o cualquier combinación que se quiera realizar).

En definitiva, creo que los representantes se deben (y nos deben) un debate en torno a este asunto, no sólo porque la Constitución lo indica (y lo hace a modo de obligación), sino también porque hay que cumplir con el mandato judicial al respecto y se debe ejecutar la sentencia. El debate nos lo debemos en estos meses, teniendo en cuenta la proximidad de las elecciones legislativas, que deberían servir para devolver a los argentinos la igualdad que esta omisión les ha quitado.

El 20 de julio de 1944 un grupo de oficiales del ejército alemán, asqueados por las matanzas nazis, colocaron una bomba en el cuartel general de Hitler, la Wolfschanze. La bomba explotó, pero una pesada mesa de roble protegió al Führer e hizo fracasar el atentado que tal vez hubiera cambiado la historia. Los oficiales implicados, liderados por Claus Schenk Graf von Stauffenberg, pagaron con su vida. Y la guerra siguió con su terrible secuela de dolor. El 20 de julio es recordado como Día de la Resistencia Alemana.

Cincuenta años más tarde, Liliana Edith pasaba por la calle Pasteur frente a la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) de Buenos Aires cuando estalló la bomba. Un vehículo estacionado provocó la muerte de personas que trabajaban, buscaban trabajo o hacían algún trámite en la institución. Liliana Edith tenía 22 años.

Entre los 85 muertos en el atentado de la AMIA había también trabajadores migrantes bolivianos, ocupados en tareas de refacción del edificio. Fueron víctimas de un terrorismo sin sentido. A tantos años del episodio, la tragedia sigue impune. Cien artistas argentinos se reunieron a cantarle a todos los muertos de la AMIA. «Todo está guardado en la memoria», dice la canción.

El expresidente federal de Alemania Joachim Gauck sabe también de injusticias experimentadas en carne propia. Tras la unificación alemana, fue comisionado federal para los archivos de la Stasi —los servicios de seguridad del régimen de la Alemania comunista—. Allí promovió el esclarecimiento de los crímenes sin perder de vista la paz como fin último.

Los responsables del atentado de la Amia siguen sin conocerse a 24 años del crimen. Y los sobrevivientes siguen convocados por la consigna «Justicia, justicia perseguirás» (Deuteronomio 16, 20).

Joachim Gauck sabe que el objetivo no está en el castigo, sino en la restauración de la honra de las víctimas. «La verdad es indispensable para dar paso a la reconciliación», afirma el expresidente, también pastor protestante, y citando el Evangelio, concluye: «Es la verdad lo que nos hará libres» (Juan 8, 31-38).

Siete observaciones sobre Brasil a 100 días de las elecciones.

Así como el gobierno no era consciente de cuán dependiente es el país de los suministros de los camioneros, tampoco los camioneros eran conscientes de su propia fuerza. Solo con la prolongación de la huelga y la escasez de suministros se dieron cuenta de lo que eran capaces de hacer. Durante mucho tiempo pareció que ya no se trataba del precio del combustible, sino de si el presidente podría mantenerse hasta fin de año. La huelga en sí y la forma de actuar del gobierno enseñan mucho al observador sobre el estado de la democracia más grande de América del Sur.

A 100 días antes de las elecciones:

1. La huelga y la reacción del gobierno son verdaderas metáforas del estancamiento en Brasil y de la incapacidad del gobierno en el período legislativo actual. Sacudidos por el escándalo de corrupción Lava-Jato y por las consecuencias de la peor crisis económica del país (2014-2016), los políticos se encuentran permanentemente en modo de supervivencia. Después de que inicialmente el gobierno de Temer realizó importantes reformas desde 2016 como, por ejemplo, la lucha contra el terrible déficit fiscal, al final abandonó los proyectos de reforma; el más reciente fue el de la reforma de pensiones, en febrero de 2018. El gobierno tiene cada vez menos control sobre los problemas urgentes, porque no puede o no hace una oferta lo suficientemente buena al pueblo, es decir, el gobierno no suministra. Las consecuencias negativas son notorias para todos. En el caso actual, la reducción del precio del diésel se paga con dinero de los contribuyentes. Este dinero se necesita urgentemente en otras áreas.

2. La manera de actuar del gobierno es un ejemplo de su modo de crisis: en lugar de presentar planes sostenibles a largo plazo, sus acciones se caracterizan más bien por soluciones ad hoc. Por ejemplo, la reforma de pensiones, que se necesita con urgencia, será sustituida por un plan de 15 puntos. Las soluciones ad hoc son la mayoría de las veces de carácter temporal, lo que significa que los problemas solo están disfrazados y pueden regresar.

3. La huelga revela la deficiente gestión de crisis del gobierno. Debido a la mencionada dependencia de la red de carreteras y de los camioneros para transportar bienes esenciales, los encargados de tomar decisiones en Brasilia deberían haber previsto tal situación. Sin embargo, faltaron planes de acción y escenarios de crisis desarrollados de antemano. Un mes después de que terminó la huelga, el gobierno aún no ha presentado un posible escenario de crisis permanente que pueda aplicarse para la próxima huelga. Con la reducción del precio del diésel lo que se compró fue tiempo. Los camioneros ahora se concientizaron de su influencia. Sin cambios estructurales, no se puede descartar una repetición en el futuro.

4. Parece que el gobierno solo sabe auxiliarse a través del despliegue de los militares, que son muy respetados en Brasil. En la huelga ellos despejaron los bloqueos y escoltaron a los suministros de combustible. Ya en las Olimpiadas de 2016 en Río de Janeiro, los militares eran los encargados de velar por la seguridad. La situación precaria de seguridad fue enfrentada con los militares en el año 2017 en el estado de Espíritu Santo y en febrero de 2018 hasta finales de año en el estado de Río de Janeiro. Las fuerzas armadas también contribuyeron al buen desarrollo de las elecciones de gobernador en el estado norteño de Tocatins, el 24 de junio. Lo que llama la atención es que el gobierno recurre siempre de manera inmediata a los militares, que en realidad son el último recurso del Estado. Omite reformas de estructura, ya sea para mejorar la seguridad pública o para garantizar los servicios de suministro.

5. Cada vez son más las personas que piensan que los militares deberían tomar el poder político para llegar a una solución final de los múltiples problemas que se han establecido. De todas las instituciones, los militares son los que gozan de la mayor confianza (56 %). En caso de que Bolsonaro salga victorioso, los generales podrían regresan a la mesa del gabinete por el camino democrático.

6. El suministro de bienes a través de la red de carreteras, y las dependencias que resultan de esto, no es ni remotamente el único problema estructural en el que el Estado no ayuda o no puede ayudar, es decir, en el que no está presente. En muchas áreas, el Estado está siendo sustituido por diversos agentes no estatales: debido al deficiente sistema de salud y de educación, quien puede, busca soluciones privadas. La precaria situación de seguridad demuestra que el Estado brasileño en su mayor parte ha perdido el monopolio del ejercicio legítimo de la violencia física. El tiroteo de largas horas entre bandas enemigas y las fuerzas de seguridad en el mundialmente famoso Pan de Azúcar en la primera semana de junio, que tuvo como consecuencia la interrupción del servicio del teleférico y la muerte de siete presuntos delincuentes (los familiares culpan a las fuerzas de seguridad de que se trata de una ejecución extralegal), así como el tiroteo de la mañana del 19 de junio frente al Colegio Alemán de Río de Janeiro, cuando los alumnos eran llevados a sus aulas, son solo dos ejemplos de la escalada de violencia y de su cotidianeidad. También en el área de la seguridad se toma como válido lo siguiente: quien pueda, que tome por sí mismo las precauciones necesarias.

7. Finalmente, la huelga nos enseña sobre la influencia de las nuevas tecnologías y del eco en las redes sociales. Favorecidos por la estructura descentralizada de la huelga, se esparcieron insistentes rumores en diferentes grupos cerrados de WhatsApp, lo que permitió la continuación de la huelga. Por ejemplo, se afirmó que los militares estaban a punto de asumir el control político en Brasilia, notoriamente una fake new, lo que constituye un anuncio de los que podría generarse en la próxima contienda electoral.

En tal escenario, ¿a quién confiarán los brasileños la solución de los problemas? Es larga la lista de requisitos a los representantes del pueblo que serán electos. La gobernabilidad de Brasil podría tornarse menos sencilla en el próximo periodo legislativo. A pesar de la aplicación de una cláusula restrictiva de 1,5 % en las elecciones nacionales, la reducción de los partidos representados en el Parlamento (actualmente 28) será mínima.

El sistema electoral brasileño no favorece a los partidos pequeños y los políticos emergentes

A la hora de posicionarse para la campaña, el sistema electoral favorece a los grandes partidos ya establecidos. En un país de proporciones continentales, para los partidos pequeños y los políticos emergentes es muy difícil hacerse conocer en los 45 días que dura la campaña. Esta situación se complica además por el hecho de que los partidos, dependiendo de su tamaño, reciben financiamiento de fondos partidarios y electorales, así como tiempo de publicidad gratuito en televisión y radio. Por ejemplo, el partido REDE de Marina Silva se enfrenta a condiciones desfavorables con los diez segundos diarios de publicidad disponibles. Los líderes de los partidos son los responsables de la distribución interna del dinero. Muchos partidos ya han anunciado que invertirán sobre todo en los candidatos que se postularán para un cargo en el Ejecutivo. Incluso los legisladores que han sido elegidos en el pasado recibirán apoyo reforzado. Parece que los partidos han reservado menos dinero para los nuevos políticos y, por lo tanto, para las nuevas caras y actores de la política brasileña. Así, la urgente y necesaria renovación política probablemente no tendrá lugar.

El día 18 de julio se conmemora un nuevo aniversario de la jura de la primera Constitución uruguaya, de 1830, la «partida de nacimiento» de cualquier Estado.

El Uruguay tiene una larga tradición constitucional, desde la primera, ya mencionada, redactada por la Asamblea General Constituyente que se instaló un 22 de noviembre de 1828, integrada con 28 miembros, en la villa de San José. La Asamblea comenzó a tratar el proyecto el 6 de mayo de 1829. Superados diversos problemas de organización y funcionamiento, aprobó un texto el 10 de setiembre. El 18 de julio de 1830 se juró la primera Carta Magna.

A partir de ese momento la Provincia Oriental se organizó como Estado soberano e independiente. En aquella Constitución se definía al Estado como la asociación política de todos los ciudadanos comprendidos en su territorio. Se afirmó la independencia de todo poder extranjero y los derechos de los habitantes a ser protegidos en el goce de su vida, honor, libertad, seguridad, trabajo y propiedad. La Constitución estableció un régimen unitario y la República estaba dividida en nueve departamentos.

De acuerdo con Benjamín Nahum,

«[…] la afirmación de derechos personales, la distribución de poderes, las garantías para su funcionamiento fueron rasgos positivos de esta Constitución, que la hicieron perdurable. Fue vista por el país como una garantía de vida civilizada, como un símbolo de orden al que todos se remitían o decían aspirar. Estuvo por encima de los caudillos y luego de los partidos, y todos fueron conscientes de que muchos males de la República derivaban de su no acatamiento».

En un país atravesado por las guerras de independencia y sin una organización interna, la Constitución de 1830 quiso asentar la estabilidad, al hacer muy difícil su reforma y crear un Ejecutivo fuerte y centralizado.

Se le han señalado también rasgos negativos a esta primera Constitución, comprensibles si pensamos en la época, la circunstancia y la poca o nula experiencia en la materia, lo que no es una justificación, sino una explicación. La Carta se componía de 159 artículos.

Un Estado unitario y democrático

Las luchas por la independencia sumieron al país en un desorden que obligó a pensar en una constitución liberal pero que confiriera unidad, a través de un sistema centralizado en el Poder Ejecutivo. Así se adoptó un Estado unitario y democrático.

La división de los poderes del Estado se estructuró con un Poder Legislativo ejercido por una Asamblea General, con sede en Montevideo, compuesta por dos Cámaras: una de Representantes, elegidos por los ciudadanos, en proporción de uno cada tres mil habitantes, o fracción no menor de dos mil, sistema de designación que se aplicaría a partir de la tercera legislatura, cuando ya estuviera confeccionado el censo (artículos 19 y 21), y otra de Senadores, elegidos uno por departamento, de modo indirecto (artículo 28).

El Poder Ejecutivo era ejercido por el presidente de la República, elegido por la Asamblea, a pluralidad absoluta de votos, por cuatro años, sin ser reelegible para el período inmediato posterior (artículo 75). Era también jefe de Estado, de Gobierno (artículo 79) y del Ejército (artículo 80).

Esta Constitución conservó su vigencia hasta 1917. En 1912 la Asamblea General aprobó un mecanismo para su reforma constitucional. Sus características principales eran un Poder Ejecutivo colegiado, la descentralización, la autonomía municipal y la separación entre la Iglesia y el Estado.

En virtud de su aplicación, el Estado pasó de denominarse Estado Oriental del Uruguay a República Oriental del Uruguay.

Nuevas constituciones

En 1934 se aprobó una nueva Constitución. Sus principales características fueron: la supresión del Consejo Nacional de Administración, el retorno al Poder Ejecutivo unipersonal; el Senado de 15 y 15, ideado para darle automáticamente la mitad de los senadores a cada uno de los dos sectores políticos más votados —esta disposición pretendía darle estabilidad al sistema político—; se creó el cargo de vicepresidente y se le dio particular relevancia a los entes autónomos y servicios descentralizados.

En 1942 apareció la tercera Constitución, con un contenido más democrático, aunque fue, al igual que la anterior, producto de un golpe de Estado, y legitimada por el plebiscito popular fundado en la llamada teoría del poder Constituyente derivado.

Una de sus reformas importantes fue el artículo que estableció, en materia de derechos individuales, que:

«Los preceptos de la presente Constitución que reconocen derechos a los individuos, así como los que atribuyen facultades e imponen deberes a las autoridades públicas, no dejarán de aplicarse por falta de reglamentación respectiva, sino que esta será suplida recurriendo a los fundamentos de las leyes análogas, a los principios generales de derecho y a las doctrinas generalmente admitidas.»

Se trata del actual artículo 332 y permite el ingreso de una infinidad de derechos y garantías que no están reconocidos a texto expreso en la Carta.

En 1952 se aprobó otra Constitución. Esta carta magna consagró el Ejecutivo colegiado con el nombre de Consejo Nacional de Gobierno y suprimió la figura del vicepresidente, entre otras reformas.

Estuvo en vigencia durante 15 años, hasta que un plebiscito coincidente con las elecciones de 1967 hizo que entrase en vigencia una nueva Carta Magna, la cual, entre múltiples reformas, suprimió el Ejecutivo colegiado.

Un país reformista

Todas las Constituciones fueron escritas, codificadas y rígidas. Es importante realizar un aporte crítico a la situación actual, que puede ser valioso en estos tiempos.

El Uruguay se ha caracterizado por ser un país muy reformista de su Constitución, tanto que desde la de 1918 no ha pasado un solo acto electoral —cada cuatro años hasta 1967 y cada cinco años de ahí en adelante—, sin que se intentara reformar la Constitución; incluso entre periodos de gobierno se la ha reformado, pero la pregunta a hacerse es por qué desde 1967 no ha habido una nueva Constitución. Dejando de lado los años 1973 a 1985, en que no rigió por el gobierno cívico militar de la dictadura, la Carta no se ha aplicado con el rigor que es deseable. Es decir, se han dictado infinidad de leyes en contra de lo que dispone la Constitución, y eso pareciera que, entre otras consecuencias, ha llevado a que la Constitución se modifique por ley, lo que está expresamente prohibido, puesto que al ser la Carta rígida, requiere un procedimiento especial para su reforma, que surge del artículo 331. Por tanto se puede decir que ha habido una gran cantidad de leyes inconstitucionales que han cambiado incluso por la vía de los hechos nuestra forma de gobierno, de semiparlamentarista a presidencialista.

Para no extenderme, comparto un solo ejemplo, entre muchos que podría señalar: en el Uruguay, por disposición constitucional, la Presidencia de la República y la Jefatura de Estado son sinónimos. Esto es aceptado forma unánime por toda la doctrina nacional. Al respecto, la Constitución le atribuye a la jefatura de Estado, es decir a la Presidencia de la República, al presidente de la República, seis competencias puntuales: en los artículos 195, 174, 148 inciso 4, 161, 168 y 230.

La vigente Constitución de 1967 ha sido reformada por ley en una gran cantidad de sus disposiciones, y esa dinámica adoptada por la clase política ha evitado que se acuda a los procesos de reforma constitucional del artículo 331 de la Carta, requisito absolutamente necesario para sostener la plenitud del Estado de derecho en el Uruguay.

A manera de reflexión, citamos al profesor Luís Arcos Ferrand en su clase inaugural del curso de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, en 1933:

«La democracia ha sido y seguirá siendo, a pesar de todos los intentos, una conquista gradual, una fatigosa y a veces trágica conquista, que hemos de caminar sin desaliento pero bajo el peso de una dolorosa certidumbre, la de que acaso nunca llegaremos a su integral realización. Pero no debemos desalentarnos y pensar que los pasos de aquella conquista gradual solo serán valederos cuando se ajusten al ritmo impersonal e impasible de las normas constitucionales. Todo lo que se haga o se intente fuera de ese margen nos retrotrae al imperio de la arbitrariedad.»

El próximo 15 de agosto se instalará el nuevo gobierno paraguayo, encabezado por el presidente Mario Abdo Benítez. Deberá enfrentar una coyuntura complicada en lo político, por las fracturas indisimuladas en los partidos tradicionales, y en lo social, por las importantes asimetrías no resueltas por el gobierno de Cartes. A esto habrá que agregar una agenda clave en las relaciones internacionales. De su resolución podrán resultar impactos decisivos para el futuro del país.

En efecto, en un país mediterráneo como el Paraguay, una estrategia patriótica e inteligente de política internacional es fundamental para superar las barreras bilaterales y regionales que la imposición geográfica determina. Rodeado por los dos grandes de la región, Brasil y Argentina, el Paraguay comparte con ellos Itaipú y Yacyretá, dos empresas binacionales proveedoras de una abundante —por ahora— energía eléctrica, que debieran promover el desarrollo del Paraguay pero hasta este momento no cumplen a cabalidad ese objetivo fundacional.

En el caso de Yacyretá, se ha renegociado el anexo C e imprevistamente el anexo A que, entre otros aspectos relevantes, debía definir el monto de la enorme deuda contraída por la EBY y el pago de beneficios al Paraguay postergados por larga data. Del acuerdo Macri-Cartes surgieron las notas reversales que hoy se encuentran con media sanción del Senado y pendiente de definición en la Cámara de Diputados. Para muchos expertos y analistas en esta materia, la negociación no fue del todo satisfactoria, principalmente porque se repiten en gran parte los términos de la funesta nota reversal 92, muy perjudicial para el Paraguay porque el desendeudamiento de Yacyretá no fue transparente y los beneficios debidos a este país nuevamente serán pagados en cuotas anuales de imprevisible cumplimiento, dado el comportamiento histórico del otro socio.

En realidad, muy poco margen le queda al gobierno entrante, por cuanto los términos acordados están cerrados y las mayorías en Diputados no le serían favorables para un rechazo. Con este escenario de la real politik, Yacyretá se convertirá en una suerte de espejo para las negociaciones que la administración presidida por Abdo Benítez emprenderá con el Brasil por el caso de Itaipú, cuyo anexo C vence en el 2023. Allí tendrán un importante impacto las debilidades del acuerdo con la Argentina, el cual, si bien tiene una realidad diferente, puede constituirse en términos geopolíticos en un precedente negativo para los intereses paraguayos.

La idea lanzada por el Grupo de Investigadores de la Facultad de Politécnica de la Universidad Nacional de Asunción de aprovechar la negociación del 2023 para avanzar hacia una real integración energética que promueva el desarrollo para los pueblos del Mercosur a través de una corporación energética que encare mediante esta coparticipación el mejor aprovechamiento de los grandiosos recursos naturales disponibles, puede constituir una formula transaccional en una negociación dura y difícil con el poderoso vecino del norte.

Esta propuesta tiene, por otro lado, la virtud de revitalizar el estancado proceso de integración del Mercosur, cuyo desempeño el gobierno entrante debe reimpulsar con la captación de los mercados intrarregionales que, en la actualidad de los bloques, es el modo positivo y práctico de construir espacios comunes de progreso. Basta decir que el Mercosur solo ha promovido alrededor del 50 % de los intercambios internos, con lo cual queda abierta una ancha avenida para justificar este proceso regional.

Otro reto internacional del Paraguay es el de establecer relaciones diplomáticas con la China continental, por obvias razones comerciales que, desde luego, en los hechos ya se practican. La formalización de los vínculos favorecerá la aceleración de determinados mecanismos, como un TLC China-Mercosur que hasta hoy no se concreta por la ausencia de Paraguay, que sigue conectado a Taiwan. Con este país se pueden concretar modos alternativos de relaciones internacionales, como ya lo han experimentado la mayoría de los países del planeta, entre ellos, la propia República Popular de China.

Todo ello resalta la importancia gravitante de una estrategia internacional para el desarrollo paraguayo. El gobierno de Abdo Benítez, si bien es el responsable constitucional de la administración de las relaciones internacionales, debe abrir un proceso con los actores políticos y sociales más representativos, para consensuar una sola voz en todas las plataformas y foros internacionales. No se trata solo de defender los derechos del Paraguay, sino de insertarlo en la dinámica global con el respaldo de políticas públicas asumidas con responsabilidad desde los distintos sectores de la sociedad.

El Gobierno de Pedro Sánchez cumple un mes al frente de España mientras el PP busca reinventarse con una cara nueva que tome el relevo de Rajoy y atraiga el electorado que perdió en los últimos años. Así se cierra un capítulo en la historia de España y se reabre de nuevo el debate ideológico en las filas populares.

En los últimos años, el Partido Popular dejó de ser un partido de ideas para centrarse en la dura labor de gobernar España. Ya fuera por evitar quiebres internos o por desligarse de los planteamientos de Aznar, lo cierto es que el PP de Mariano Rajoy se alejó de las grandes líneas de pensamiento que habían marcado a este partido desde su fundación y que potenciaban que su caudal electoral no quedara atrapado bajo el sistema de clivajes. En efecto, el PP representa la centroderecha española, con la diversidad de ideas y posiciones que esto supone. Sin embargo, desde que Rajoy llegó a La Moncloa en 2011, este partido no luchó por contradecir esa imagen de derecha extrema con la que lo etiquetaba la izquierda. Así, una formación que tanto por ideología como por tradición debía atraer a una gran diversidad de votantes del espectro político acabó nadando a contracorriente y haciendo lo contrario a lo que rige su estructura: perder votos y focalizarse en un único tipo de electorado.

El nacimiento de los llamados partidos nativodigitales, que encarnan otra forma de hacer política y atraen a los votantes más jóvenes, transformó el sistema político español. Esto, sumado a las tramas de corrupción, fue otro de los indicadores que más perjudicaron al partido que lideraba Rajoy, cuyos votantes más jóvenes se fueron desligando de su estructura para seguir a los nuevos actores protagonistas de este escenario que proponía una manera diferente de participación. Las redes sociales impulsaron este nuevo hacer político al que los partidos tradicionales tardaron en sumarse. Ciudadanos, con Albert Rivera a la cabeza, fue quizá el que más se aprovechó de este desgaste y del trasvase de votos desde los partidos tradicionales, sumando a los votantes más jóvenes de familias tradicionalmente afines al PP a sus filas. Con una propuesta cívica alejada de partidismos y enfocada en alcanzar a diversos sectores de la sociedad, Ciudadanos pasó a representar el nuevo centro político español y a posicionar aún más a la derecha del espectro al partido de Rajoy.

Hoy el PP busca reinventarse. Tras la moción de censura que llevó a Pedro Sánchez al control del Ejecutivo español, el antiguo partido de gobierno decidió que ya era tiempo para los aires de cambio. Así, hace unos días el PP celebraba sus elecciones internas, cuyos resultados arrojaron a Soraya Sáenz de Santamaría, exvicepresidenta del Gobierno, como ganadora con el 37,03 % de los votos, seguida por un joven Pablo Casado, con el 34,36 % del caudal. Ambos se enfrentarán en el Congreso la semana próxima para delimitar quién será el nuevo líder de la formación popular.

Mientras tanto, el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez también se presenta lleno de innovaciones. Con once mujeres ministras —frente a las cinco del Gabinete anterior—, el Ejecutivo del líder del PSOE demuestra una fuerte voluntad europeísta, como manifiesta la nueva denominación del Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación. Asegurar la gobernabilidad no será fácil para este Gobierno, que debe mediar con los intereses de Podemos y de los nacionalistas. Sin embargo, las primeras líneas de su administración defienden un estilo progresista y de compromiso con la igualdad.

Así se ha abierto este nuevo capítulo de la historia de España. Con un PP que intenta una regeneración que lo vuelva a acercar al centro y reabra el debate ideológico que nutre sus filas. Para esto se necesitará un liderazgo consistente, que pueda permitirse competir con el carisma de los populismos y sepa adaptarse a los nuevos tiempos. Devolver la confianza a los votantes, fomentar el consenso entre los españoles y despuntarse de los estereotipos que lo sitúan en el extremo derecho del espectro político es la primera tarea que debe desempeñar quien se ponga a la cabeza del partido. Siguiendo las tipologías de la ciencia política, el PP debe trabajar su capacidad de chantaje [1], para ser visto como un interlocutor apto con el que negociar y como opción de gobierno. Además, este partido debe centrarse también en dar voz a los jóvenes, quienes como ha quedado demostrado están revolucionando el sistema político y son actores importantes en el futuro del Estado. Por otra parte, Sánchez propone una nueva forma de gobernar el país, con un Ejecutivo que apuesta por Europa, la memoria y la igualdad. Corren vientos de cambio en España.

[1] Sartori estableció que un partido debe tener capacidad de chantaje, es decir, capacidad para negociar y crear coaliciones con otros partidos. Sartori, G. (2005). Partidos y sistema de partidos. Madrid: Alianza Editorial.

El sistema judicial peruano no goza de la confianza de la gran mayoría de la población desde hace mucho tiempo. Es muy probable que las próximas encuestas arrojen cifras aún más bajas de aprobación, tras la difusión, por el equipo de periodistas de investigación de la ONG Instituto de Defensa Legal (IDL), de audios que revelan graves actos de corrupción y de tráfico de influencias entre altos magistrados y funcionarios.

Los peruanos han podido así escuchar al presidente de la Corte Superior de la provincia portuaria del Callao, vecina de Lima, coordinando la manipulación de los concursos de nombramiento de jueces y fiscales ante el organismo competente, el Consejo Nacional de la Magistratura, para favorecer a determinados postulantes. Otra de las conversaciones grabadas, particularmente chocante, es protagonizada por el presidente de una de las salas de la Corte Suprema, César Hinostroza, que se muestra dispuesto a negociar la absolución o la rebaja de la pena de un hombre condenado en la instancia anterior por la violación de una niña de once años.

Un canal de televisión se ha sumado al IDL y ha transmitido nuevos audios. Se anuncia además que vienen muchos más que, según lo informado, forman parte de una investigación que la fiscalía abrió contra una banda del crimen organizado y que ha terminado alcanzando al propio aparato judicial.

El material divulgado hasta ahora ha generado tal conmoción que el presidente de la República, Martín Vizcarra, ha anunciado que propondrá, en ocasión de su próxima presentación ante el Congreso, el 28 de julio, día nacional del Perú, una reforma integral del sistema judicial.

Las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo también han reaccionado prometiendo actuar. No obstante, diversos integrantes de la bancada mayoritaria, la del partido Fuerza Popular, de Keiko Fujimori, parecen estar indignados, no tanto por lo revelado por los audios como por la divulgación en sí. De hecho, el presidente fujimorista de una comisión congresal citó a los periodistas Gustavo Gorriti, de IDL, y Rossana Cueva, del canal 5, para que revelen cómo los audios llegaron a su poder. Ambos anunciaron que no asistirían por considerar a la diligencia como un ataque a la libertad de prensa. La actitud de los parlamentarios de Fuerza Popular podría deberse a que en una de las grabaciones se oye al juez Hinostroza coordinando, en términos más o menos crípticos, una reunión con una «señora K» de «la primera fuerza». Para muchos, se trata de una alusión a la lideresa fujimorista, aunque ella negó cualquier conversación con el magistrado del escándalo. Como fuere, está claro que Fuerza Popular se ve afectada y se encuentra a la defensiva.

Habrá que ver qué sucederá en las próximas semanas, y, en particular, ante la anunciada divulgación de más audios. Por lo pronto, ya se ha producido una primera marcha de protesta en las calles de Lima contra la corrupción y se anuncian otras. Ciertamente, en esta temporada invernal le espera al país un clima bastante caliente. Tal vez sea la oportunidad para depurar profundamente el sistema judicial, una tarea que ha sido postergada una y otra vez, por falta de voluntad política.

El maratón electoral mexicano del 1 de julio de 2018 tuvo un resultado inequívoco, cuya claridad y dimensión sorprendió un poco.

Mandato claro a AMLO. ¿Qué sigue ahora?

Andrés Manuel López Obrador será el nuevo presidente mexicano con 53 % de los votos, su plataforma MORENA en alianza con el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES) tendrá la mayoría en ambas cámaras del Congreso. A nivel regional y local MORENA pudo aumentar su presencia significativamente al calor de la elección presidencial.

El Partido Revolucionario Institucional (PRI), que dirigió los destinos de México durante más de setenta años casi autocráticamente, sufrió una derrota histórica y quedó con su candidato José Antonio Meade en tercer lugar (16,4 %). Tampoco el Partido Acción Nacional (PAN) pudo cumplir con las expectativas y alcanzó con Ricardo Anaya solamente un modesto 22,5 %, aunque a nivel regional y local tuvo algunos éxitos considerables. Como conclusión queda un claro mandato y una clara mayoría, por una parte, así como grandes expectativas y poca claridad respecto a cómo siguen las cosas, por otra.

Punto de partida antes de las elecciones

El 1 de julio de 2018 había 89,3 millones de electores, dentro y fuera del país, convocados para elegir 3406 cargos.

A nivel nacional fueron elegidos el presidente y la totalidad del Congreso, lo que comprende 128 senadores y 500 diputados, en el marco de un sistema mixto de mayorías relativas y proporcionales.

A esto se sumaban 8 de los 32 gobernadores, 1596 de 2446 alcaldes en 26 estados federados, la totalidad de los 16 alcaldes dentro de la capital Ciudad de México y 972 de 1125 representantes locales y regionales en los 26 estados federados, además de 185 cargos más.

Los tres candidatos presidenciales se presentaron con coaliciones más o menos amplias: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) con el Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Encuentro Social (PES); Ricardo Anaya con el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido de la Revolución Democrática (PRD) y el Movimiento Ciudadano. Finalmente, José Antonio Meade con el Partido Revolucionario Institucional (PRI), Nueva Alianza (PANAL) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM).

Solamente el cuarto candidato, Jaime Rodríguez «El Bronco», se presentó como independiente, y sin chances.

Los resultados electorales más importantes

Ya en la tarde de la elección quedó claro que López Obrador surgiría como claro ganador de la contienda electoral. Las primeras proyecciones después del cierre de los locales de voto mostraban una victoria demoledora. Los candidatos derrotados, Meade y Anaya, aparecieron cerca de las 21.30 para felicitar al vencedor.
AMLO, por su lado, aportó al desarrollo tranquilo de la noche electoral con un primer discurso llamando al consenso, renunciando a ataques a sus adversarios políticos derrotados.

Resultados de la elección en detalle

Votos escrutados: 93,56 %
Participación: 63,45 %

Notable fue también el alcance territorial del triunfo de AMLO. Con excepción del estado de Guanajuato, en el que triunfó Anaya, AMLO pudo hacerse de una clara mayoría en los restantes 31 estados federados.

Particularmente amargo desde la perspectiva del candidato de la oposición, Anaya, fue que en los nueve estados en los que hubo elecciones para gobernador, él recibió menos votos que el propio candidato al cargo, por lo que quedó en evidencia la votación cruzada.

En la renovación total del Congreso mexicano, la alianza MORENA quedó como clara triunfadora en ambas cámaras. De acuerdo al estado actual del escrutinio (93%), MORENA, PT y PES obtendrán juntos, sumando escaños proporcionales y relativos, la mayoría absoluta (en el senado 68 de128 escaños, en Cámara de Diputados 307 de 500 escaños).

A la vista de estas cifras, queda en evidencia el dramático descenso del PRI y el aumento análogo de MORENA.

En conjunto, es de notar que hay un aumento de la participación femenina en ambas cámaras. En la Cámara de Diputados habrá ahora 243 mujeres, es decir, el 49 % (en 2003 había solamente 115) y en el Senado 63 (también 49 %); en el año 2000 eran solamente 20. A partir de ahora los proyectos de ley que no requieran mayorías especiales podrán ser promulgados con las mayorías propias, privilegio con el que no contaron los últimos tres gobiernos del PRI y del PAN.

Elecciones de gobernadores

La alianza MORENA-PT-PES quedó también como clara vencedora de las ocho elecciones de gobernadores y de la elección en la Ciudad de México. Evidentemente, esto está fuertemente correlacionado con el triunfo de su candidato presidencial.

El análisis del resultado requiere, por lo tanto, de una explicación, ya que en algunos casos hubo alianzas que se mantuvieron mientras que en otros eran de nueva formación, por lo que la pertenencia a un determinado partido del viejo y del nuevo gobernador no explica por sí sola el resultado. Basándose en ese criterio, el PRD perdió en los tres distritos (CDMX, Tabasco y Morelos) y el PRI lo hizo en ambos estados federados (Jalisco, Yucatan). El PAN, por su lado, pudo ganar Puebla (con limitaciones), mantener a Guanajuato y ganar Yucatán. En cambio, perdió Veracruz. El Movimiento Ciudadano ganó en Jalisco y MORENA pudo triunfar en cinco estados (CDMX, Morelos, Veracruz, Tabasco y Chiapas, este último gobernado hasta el momento por el Partido Verde (PVEM).

El resultado en Puebla está siendo impugnado en forma vehemente y violenta, por lo que debe ser observado con prudencia.

Elecciones de alcaldes y parlamentos de los estados federados

Hubo elecciones parlamentarias en 26 de los 32 estados federados. También aquí se continuó el «tsunami MORENA», que ahora dispone como alianza MORENA-PT-PES de mayorías en 19 estados (Baja California, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Durango, Edo. de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas). Los otros partidos pudieron imponerse solamente en Chihuaha, Jalisco, Querétaro, Campeche, Aguascalientes, Guanajuato y Yucatán.

En la capital Ciudad de México se eligieron también todos los 16 alcaldes de distrito, de los cuales 11 fueron obtenidos por MORENA-PT-PES y 4 por la alianza PAN-PRD-MC (Coyoacán, Milpa Alta, Benito Juárez y Venustiano Carranza, aunque en todos ellos son alcaldes electos del PRD) y solamente uno del PRI (Cuajimalpa). Con esto continúa el descenso dramático del PRI y del PRD en favor de MORENA.

A nivel nacional MORENA ganó numerosas capitales de estado (Toluca, Hermosillo, Oaxaca, Morelia, Villahermosa, Puebla, Acapulco). El PAN pudo mantenerse en sus bastiones de Chihuahua, Mérida y León.

Conducta electoral

No disponemos de análisis detallados de la conducta de los votantes. Sin embargo, existen encuestas que muestran la extensión del apoyo a AMLO. En la encuesta a boca de urna realizada el día de la elección por el instituto Defoe quedó en evidencia la inexistencia de diferencias significativas entre los votantes de AMLO con relación a género (51% hombre y 49 % mujeres), formación (AMLO en todos los estamentos entre 44 % y 53 %) e ingresos (en todos los segmentos entre 47 % y 53 %).

Solo en los grupos etarios se pudieron constatar diferencias interesantes: mientras que AMLO obtuvo más de 50 % en todos los grupos mayores de 26 años, entre los votantes jóvenes y que votaban por primera vez «solamente» alcanzó el 45 %. Es sorprendente, entonces, que quien sacó ventaja en este segmento no fue el candidato más joven, Ricardo Anaya (que obtuvo un 22 %), sino el candidato sin chances, Jorge Rodríguez El Bronco, que consiguió un 22 %. Sus propuestas radicales (como cortarles la mano a delincuentes) y su lenguaje descuidado parecen haber despertado simpatías entre ese sector.

Por lo demás, quedó manifiesto que el fenómeno AMLO fue exitoso en diferentes clases, edades y géneros, y que ello se explica ante todo por el extendido fastidio con la política y los partidos políticos. La rabia y desilusión de grandes sectores de la población se proyecta sobre el establishment político y ve como culpables principales al PRI, al PAN y al PRD de los tres grandes problemas irresueltos: corrupción, seguridad interna/criminalidad organizada e injusticia social. Estos son los factores principales que explican el triunfo de AMLO, que logró presentarse a través de mensajes sencillos (a veces simplotes), como la solución y el agente de cambio creíble. El hecho de que esté activo desde hace veinte años en la política mexicana y, por lo tanto, que sea todo menos un newcomer, no lo perjudicó. Por el contrario, la postura de darle a él también una oportunidad fue un motivo para votarlo. Sus explicaciones y promesas algo nebulosas y extremadamente simplificadas, en contraste con los análisis y propuestas precisas y concretas, ante todo del candidato Anaya, tampoco fueron perjudiciales para AMLO, ya que logró llegar con ellas a los sentimientos, y ello se tradujo finalmente en un éxito.

El perfil del nuevo gobierno

Andrés Manuel López Obrador, de 64 años, estudió ciencias políticas y administración. Por largo tiempo fue miembro activo del PRI, en donde dirigió el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. En 1989 dejó ese partido para fundar a su contrincante de izquierda, el PRD (Partido de la Revolución Democrática), al que presidió de 1996 a 1999. En el año 2000 fue electo alcalde de la Ciudad de México por el PRD. En el año 2005 renunció del cargo para postularse como candidato a la presidencia en 2006. Perdió por poco esas elecciones en favor de Felipe Calderón (PAN), cuya victoria electoral no reconoció por mucho tiempo. En el año 2012 se postuló nuevamente, esta vez perdiendo ante su rival del PRI, Enrique Peña Nieto. Por consecuencia, AMLO dejó el PRD y preparó su candidatura para el 2018 con el movimiento MORENA, fundado en 2011 y reconocido como partido político en el año 2014.

A comienzos de diciembre de 2017 AMLO anunció su futuro gabinete, para sugerir en ese momento tan temprano que él básicamente ya era presidente. Entre las figuras centrales se perfila, entre otros, Alfonso Romo, su asesor de política económica más importante, un empresario que probablemente se convertirá en jefe de la Oficina de la Presidencia. Él y el secretario de Hacienda y Crédito Público designado, Carlos Manuel Urzúa, quien ya fue secretario de Hacienda en el gobierno de la capital federal, serán las figuras centrales de la nueva política económica.

Otras figuras importantes son Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila (Secretaria de Gobernación), antigua jueza de la Suprema Corte de Justicia, así como el diplomático de carrera Héctor Vasconcelos para la Secretaría de Relaciones Exteriores. Aquí parece estar involucrado también Marcelo Ebrard, sucesor de AMLO en la alcaldía de la capital (2006-2012).

Para la Secretaría de Energía esta prevista Norma Rocío Nahle, quien hasta la fecha ha sido líder del grupo parlamentario de MORENA en la Cámara de Diputados y tiene una larga carrera profesional en la compañía estatal de energía PEMEX.

En general, el futuro gabinete muestra una mezcla de amigos partidarios, académicos y no demasiada experiencia política. En vista de las conocidas características personales de AMLO es de esperar, sin embargo, que a largo plazo el único poder decisión recaerá sobre el presidente.

Los desafíos de la política interna y externa

El nuevo gobierno se encuentra frente a una tarea casi imposible. Más allá de las expectativas ya descritas, el gobierno se enfrentará a tareas concretas que, por su complejidad, difícilmente pueden ser superadas.
Además de los problemas estructurales de largo plazo, como la dramática injusticia social y la falta de una clase media amplia o el problema endémico de la corrupción en todos los niveles públicos y privados, que está vinculado y se alimenta del crimen organizado, de sus recursos financieros y sus armamentos, surgen otras cuestiones estratégicas.

¿Cómo se verá la nueva política económica? ¿Se mantendrá AMLO con la misma apertura económica del país (que ha insinuado vagamente) o buscará más incentivos para el crecimiento interno (que también ha insinuado)? ¿Continuará abogando por la continuación del TLCAN (NAFTA) (y por lo tanto atrayendo inversión extranjera) o se comprometerá en aislarse de Estados Unidos?

¿Cómo reducir la injusticia social con una política social más activa pero aún alcanzable? Con la simple venta del avión presidencial o renunciando a la guardia presidencial, es poco probable que esto se financie. El dinero ahorrado por reducir la corrupción hasta la fecha es más una esperanza que un cálculo económico concreto.

Respecto a la reforma educativa, iniciada por Peña Nieto con el apoyo de la oposición, hay más bien motivos para temer un retroceso, en parte debido a la influencia del fuerte sindicato de maestros, a quienes AMLO ha apoyado abiertamente. En el caso de la ya iniciada reforma energética para la apertura a inversión extranjera en el monopolio estatal PEMEX, también hay razones para temer el estancamiento. Con su anuncio de que quiere construir más refinerías, apuesta a combustibles fósiles y, por lo tanto, a PEMEX. También aquí los sindicatos desempeñan un importante rol. Hasta el momento no se vislumbra un posicionamiento a favor del uso de energías renovables como alternativa.

En política exterior, por supuesto, la relación con los Estados Unidos es el factor decisivo. Después de que el presidente Trump continuó hablando de sus promesas de campaña, como la construcción de un muro fronterizo financiado por México, e insultando repetidamente a los mexicanos que cruzan la frontera de la peor manera posible, las relaciones entre él y Peña Nieto se erosionaron cada vez más. Aún queda por ver si Trump y AMLO, que ciertamente tienen rasgos de personalidad comparables, conseguirán entablar un diálogo constructivo. Esta posibilidad no se puede descartar. Al menos como una primera reacción después de la victoria electoral, Trump expresó palabras amistosas para AMLO, lo cual no es una cuestión de rutina para el presidente americano.

Sin embargo, la continuación del TLCAN es crucial a nivel económico para las relaciones bilaterales. En el pasado, Trump se ha expresado en tono muy crítico sobre este asunto, que fue percibido en México con gran preocupación. Dentro de lo visible, AMLO está dispuesto a mantener con vida este tratado.

En lo que concierne a las líneas de la política exterior, AMLO dejó relativamente claro durante su campaña electoral que no quería seguir participando en la dirección de la mayoría latinoamericana, es decir, la de una evaluación crítica de la situación política en Venezuela, por ejemplo. Esto significaría un lamentable paso atrás en la tradicional neutralidad autoimpuesta de la política exterior mexicana y que ni siquiera apoye los principios democráticos en la región.

En relación con la Unión Europea, está listo para ser firmado el tratado de libre comercio, que ya ha sido negociado de facto. AMLO hasta el momento no ha indicado si pretende reabrir o renegociar este tratado.

¿Qué hace la oposición?

De acuerdo con los resultados de estas elecciones, comienzan tiempos muy difíciles para la oposición. Por encima de todo, el PRI se encuentra en una grave crisis. Después de setenta años de alto y muy alto dominio, y de largo tiempo de control exclusivo (de facto), su debacle electoral es evidente en todos los niveles. En el Congreso, en los estados federales y a nivel local, se le perdieron territorios completos que han sido ganados ante todo por MORENA. Esto tendrá considerables consecuencias políticas y financieras. Es difícil imaginar cómo se recuperará de esto después de todos esos cómodos años en el gobierno.

El declive del PRD comenzó incluso antes de las elecciones. Con la renuncia de López Obrador, el partido había perdido a su carismático líder. Aunque la alianza electoral con el PAN condujo a algunos éxitos notables para la coalición en las elecciones regionales de 2016, esto no continuó así en las elecciones de 2018. El PRD también se enfrenta a la cuestión de su existencia. No está claro dónde y cómo el partido podrá levantarse y reinventarse a sí mismo en caso de ser necesario, especialmente porque no se vislumbran nuevos líderes auténticos.

Con esto, el PAN es y sigue siendo el partido de oposición más importante a pesar de la fuerte derrota electoral. El papel de oposición ya fue anunciado de manera clara por Ricardo Anaya en la noche de las elecciones: cooperación con el gobierno en caso de coincidencia en temas concretos, una oposición dura y responsable.

En el Congreso, sin embargo, es probable que este papel de oposición tenga un carácter más declaratorio debido a las relaciones de poder. Por eso, el enfoque principal está en el nivel regional, donde el PAN tiene gobernadores importantes y puede proporcionar un cierto contrapeso al gobierno de MORENA. Sin embargo, queda por ver si el PAN actuará de manera concertada en este tema. Algunos gobernadores del PAN ya habían ofrecido su cooperación en los días previos a las elecciones, en vista de la probable derrota electoral, lo que fue criticado con justicia por la dirigencia del partido como capitulación precipitada.

En el PAN, las elecciones de la junta directiva están programadas para los próximos seis meses. Ahí se decidirá si la derrota electoral conducirá a la confrontación y fragmentación internas del partido o a cerrar filas. El partido está en una encrucijada. El propio Ricardo Anaya tendrá que asumir la responsabilidad política de la derrota electoral, pero no debería ser dejado de lado por completo debido a su edad. Sin embargo, el papel de liderazgo probablemente tendrá que ser asumido por los actuales líderes de opinión de entre las filas de los nuevos y antiguos gobernadores.

Además de los partidos, la cuestión del contrapeso y el control democrático también se plantea para la sociedad civil. Con instituciones estatales débiles y un gobierno con amplios poderes, un contrapeso democrático es una necesidad política. Una de las muchas cuestiones abiertas que ayudarán a decidir si el despertar eufórico conducirá a reformas estructurales y a una solución gradual de los problemas, o en última instancia a una resaca aún más violenta, es si la sociedad civil mexicana —que con su compromiso también ha contribuido a romper con las estructuras políticas anquilosadas— está ahora dispuesta y es capaz, y en qué medida, de seguir garantizando el control y la vigilancia democráticos.

Conclusiones

Los superlativos y dramáticos comentarios que se dieron después de la victoria electoral sobre el comienzo de un cambio de sistema en México tendrán que darle paso gradualmente a un análisis más objetivo. Si la «fiesta Mexicana» (semanario Wirtschaftswoche 29.6.) con el «mesías de México» (diario FAZ 28.6.) realmente traerá el «cambio mexicano» (diario Handelsblatt 29.6.) es, por lo menos, incierto. Una evaluación más realista solo podrá comenzar cuando el nuevo gobierno presente ideas más concretas sobre las medidas políticas, los cambios y las correcciones que deben introducirse, o cuando las aplique tan pronto como asuma sus funciones el 1 de diciembre de 2018.

La simple distribución de dinero para reducir la injusticia social o la lucha contra la corrupción confiando sencillamente en la integridad personal del propio presidente serán tan insuficientes como un nebuloso anuncio de que se quiere luchar exitosamente contra el crimen organizado.

Las expectativas desatadas por esta clara victoria electoral, que también fueron fomentadas específicamente por AMLO durante la campaña, son en principio un voto de confianza que es indudablemente importante, incluso para poder abordar cuestiones complejas con el necesario viento de popa político desde el comienzo.
Desafortunadamente, la historia en América Latina y también en México muestra que las expectativas (demasiado) altas, de no cumplirse en un futuro previsible (y por lo general a corto y no a largo plazo), pueden convertirse rápidamente en decepción. Aquí es donde reside el riesgo de una simplificación extrema durante la campaña electoral: sugerir que los problemas más complejos pueden ser resueltos de manera sencilla. Como esto no sucede, el riesgo de fracaso es grande, sobre todo, cuando la ilusión de las soluciones simples resulta ser una quimera. La eliminación del Mundial de Fútbol ya se digirió, ahora se trata de las cuestiones realmente importantes del país.

México está enfrentando tiempos cautivantes pero también difíciles. La superación exitosa de sus problemas, tanto a corto como a largo plazo (esto requiere un gobierno fuerte, pero también una oposición responsable y atenta como contrapeso y alternativa), no solo es de interés para el país, sino también de la región y de los socios internacionales, incluidos Alemania y la Unión Europea. México tiene una enorme importancia como socio comercial, como lugar de inversión, como socio de una comunidad de valores, especialmente en el contexto de unas relaciones cada vez más volátiles e irritadas en el Atlántico Norte. Por lo tanto, la proximidad y la cooperación política, económica y cultural deben seguir siendo imperativas para ambas partes.

Traducción: Nicole Rubio y Manfred Steffen, de la oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer

* Este artículo obtuvo el primer premio en el concurso de artículos breves «Partidos políticos y sociedad: ¿cómo recuperar la confianza?» organizado por Diálogo Político en 2018.

El presidencialismo como conductor de la confianza partidista y el parlamentarismo como fórmula de retorno. Una revisión institucional de nuestras democracias.

Reiterar que las causas de la desconfianza hacia los partidos han sido la corrupción, los altos niveles de desigualdad, la pobreza y demás dificultades que hoy por hoy siguen siendo el común denominador del sur y centro del continente, no resultaría muy provechoso [1]. Al margen de tan lamentables entornos tenemos que negarnos a creer que la realidad no apremia un análisis más reflexivo, sin desconocer, por supuesto, que aquellas circunstancias juegan un papel preponderante en la pérdida de la confianza. Hay que echar una mirada a nuestra institucionalidad.

En un breve ejercicio de abstracción, nos formulamos una pregunta: ¿en dónde está depositada la confianza que correspondió a los partidos? Si se pretende retornar algo, lo que habría de advertirse en principio es dónde se encuentra o tan siquiera saber si existe. Por suerte, pareciera que la confianza no ha desaparecido [2]; el punto es que aquella ya no se encuentra en los partidos, pues se ha instalado en otro actor del espectro democrático. Alguien se ha encargado de cooptar esa confianza y algo de reconducirla en una dirección equivocada. Ese algo que guía ha sido un modelo presidencialista [3] que ruega por una trasformación y esos alguien que han recibido aquella determinación y confianza han sido los liderazgos ingentes que en medio de la profunda inequidad se han adueñado de la esperanza. Es algo así como una resurrección mesiánica del caudillismo.

La estructura democrática esta instituida alrededor de una figura y de un poder que parece omnipresente: el presidente; aun cuando la incapacidad de los partidos de materializar los intereses de quienes representan influye en el debilitamiento de la confianza y en que aquella se extrapole a liderazgos cuyas banderas son la negación misma de la política [4], hay que agregar que el modelo presidencialista enquistado en la región latinoamericana no conduce a la constitución de democracias partidistas sólidas. Este sistema es el verdadero causante de una dispersión de aquella confianza, pues alrededor de aquel se edifican liderazgos que muestran la potencialidad de transformar al margen de los intereses representados por la voluntad parlamentaria [5].

Aquellas personalidades que han aparecido a lo largo de las últimas décadas no son coincidencias ni obedecen a simples inflexiones históricas y descontentos alrededor de la ineficiencia de la representación partidista. Son producto de una institucionalidad que conduce la confianza hacia el personalismo a raíz de la atribución desmedida de competencias y poderes a la figura del presidente, que generan expectativas en torno a opciones de representación distintas a los partidos políticos.

Es hora de plantearnos reformas profundas de los sistemas democráticos en Latinoamérica, pues la forma de retornar aquella confianza —que en buena medida reposa en los liderazgos que nacen incluso al margen de los partidos— es fortalecer lo que debiera posicionarse en la cima de la pirámide democrática: el Parlamento. Y eso permite concluir que quizá un modelo semiparlamentario tendría que ser el camino que comiencen a recorrer las naciones latinoamericanas, desescalando la figura presidencial de aquel pedestal y permitiendo, a su vez, que la esperanza de transformación también sea posible desde el Parlamento y que sean objetivos atractivos de la confianza por su incidencia en el panorama democrático. Esto constituiría un paso importante (no el único) en la consolidación y retorno de aquella credibilidad perdida y radicada en aquellos liderazgos.

Todo ello, teniendo en cuenta que ante la realidad de América Latina, que hace proclive, por sus deficiencias e historia, estas pérdidas constantes de la confianza en la democracia de partidos, se hace necesario construir una institucionalidad vigorosa que permita garantizar amplios márgenes de representación con una fuerte figura parlamentaria y una cabeza del Ejecutivo mucho más discreta. Pues si se posibilita la labor de canalizar las incertidumbres en la figura presidencial y se permite que la confianza pueda extrapolarse hacia figuras que desbordan la institucionalidad, no habría retorno alguno de aquella confianza hacia los partidos por la frágil significación del Parlamento.

La institucionalidad tiene que estar diseñada de tal manera que la ciudadanía se vea avocada a buscar soluciones en medio del escenario partidista, de modo que, cada vez que surgiere una disminución de la confianza, aquella tuviera una mermada posibilidad de afincarse en un liderazgo personalista y más bien hallare la opción de buscar otro movimiento que congeniara más con aquellos déficits de representación que desataron la disminución de la confianza. Pero ello solo es posible si la figura central del esquema democrático reside en el Parlamento y no en la Presidencia.

Quizás es un poco aventurado pretender explicar en tan cortas líneas la articulación de cada uno de los conceptos y realizar afirmaciones que requieren un análisis más profundo de las particularidades de cada democracia, pero esta es la alternativa: abrir el debate en relación con las obligaciones de la institucionalidad democrática.

Bibliografía

ARENDT, Hannah (2003). Conferencias sobre la Filosofía Política de Kant. Introducción, edición y ensayo interpretativo de Ronald Beiner. Barcelona: Paidós.

ARENDT, Hannah (2001). ¿Qué es la política? Barcelona: Paidós.

PEREIRA Porto, Mauro. (2000): «La crisis de confianza en la política y sus instituciones: Los medios y la legitimidad de la democracia en Brasil», América Latina Hoy, vol. 25, agosto. Universidad de Salamanca, España.

NINO, Santiago (1990). «El presidencialismo y la justificación, estabilidad y eficiencia de la democracia», Revista Propuesta y Control, septiembre-octubre, pp. 39-56.

Notas

[1] Consideramos, en la línea del autor Mauro Pereira (2000), que «el descrédito pone fuertes obstáculos a la consolidación de la democracia»; por lo tanto, es necesario tener una mirada mucho más holística de aquel descrédito o falta de confianza, más allá de los discursos tradicionales de la mala gestión partidista, cuya importancia no negamos.

[2] Asumiendo un poco la posición de Hannah Arendt respecto la política, consideramos que la confianza no desaparece, pues «el hombre como el ser que actúa» (Arendt, 2003) se ve tentado hacia el quehacer político, toda vez que «la política trata del estar juntos y los unos con otros de los diversos», (Arendt, 2001) y mientras subsistan aquellos presupuestos y la pluralidad, la confianza será un elemento que perviva en las sociedades, pues el ejercicio de la democracia representativa se traduce, en buena parte, en la confianza depositada a través del voto.

[3] Cuando referimos los modelos presidencialistas en América Latina reconocemos que aquellos no responden a los modelos clásicos del concepto; más bien se han modernizado de alguna manera, introduciendo modificaciones a sus Constituciones políticas, en donde el Parlamento ha venido ganando terreno, como en Colombia, Brasil, Paraguay y demás. No obstante, no puede negarse la sobresaliente figura del presidente en los esquemas democráticos latinoamericanos que se sobreponen al Parlamento.

[4] Sobre este punto quiero referir aquel fenómeno latente en Latinoamérica a través del cual se imponen liderazgos por medio de discursos antiestablecimiento que pueden provenir desde cualquier orilla del espectro ideológico. Para dar claridad respecto a este punto, podemos traer a colación la década de los líderes del socialismo del siglo XXI, que aun cuando algunos de ellos ya no ostentan posiciones de poder, gracias al ímpetu de su liderazgo permanecen vigentes en sus territorios.

[5] Como afirma Santiago Nino, «en un sistema presidencialista lo que importa es principalmente el tipo de representación que asume el presidente, ya que el Parlamento ocupa de hecho un lugar secundario en buena parte de las decisiones» (Nino, 1990).

* Artículo premiado con mención en el concurso de artículos breves «Partidos políticos y sociedad: ¿cómo recuperar la confianza?» organizado por Diálogo Político en 2018.

El sistema democrático en América Latina está en crisis. La falta de institucionalidad de los partidos políticos provoca desconfianza y esto les reduce legitimidad frente al electorado. Sin confianza, no hay plena democracia.

La primera definición de la Real Academia Española sobre el término confianza es: ‘esperanza firme que se tiene de alguien o algo’. Con esta definición se entiende que hay una relación entre dos actores. En la democracia representativa, los partidos políticos son ese canal de confianza entre la sociedad y el gobierno. Esto porque cuando la ciudadanía ejerce el voto confía en un partido político para que traduzca sus intereses en políticas públicas al ganar una contienda electoral. La confianza política es un factor y fuente primordial para el funcionamiento pleno de una democracia, según Marc Hetherington (1998). Sin embargo, hay que preguntarse cuál es la situación de la democracia en el mundo, la percepción de la sociedad latinoamericana con respecto a los partidos políticos y presentar también algunas reflexiones sobre cómo recuperar la confianza del electorado en los partidos políticos.

El índice de democracia publicado por la Unidad de Inteligencia de The Economist en enero de 2018 evalúa 60 indicadores, entre ellos, proceso electoral y libertades civiles, de 167 países en una escala del 1-10 agrupada en cuatro categorías: régimen autoritario (0-4), régimen híbrido (4-6), democracias defectuosas (6-8) y democracias plenas (8-10). El estudio concluye que menos del 5 % de la población mundial vive en una democracia plena y los únicos países de América que están dentro de esa categoría son Canadá y Uruguay. Bolivia, Nicaragua, Guatemala y Honduras son un régimen híbrido; Cuba y Venezuela uno autoritario y el resto de América son democracias defectuosas. En ese contexto, ¿cuál es la percepción de la población de América Latina con respecto a los partidos políticos? De acuerdo a la Corporación Latinobarómetro, en 2015, 44 % del total de los encuestados en 18 países de la región respondieron que no tienen ninguna confianza en los partidos políticos.

Estos resultados representan una crisis del sistema democrático porque los partidos son canales de cambio político, y la desconfianza del electorado genera mayor abstención. Una democracia débil puede derivar de varios fenómenos como el del personalismo, que, por girar en torno a una persona, deja de lado al partido político que está detrás.

Un ejemplo de esto es el Partido dos Trabalhadores (PT) y su máxima figura Luiz Lula da Silva. En abril de 2018 fue sentenciado por corrupción y dejó al PT sin otra opción de precandidato presidencial y un incierto panorama para las elecciones de octubre. En Ecuador, tras diez años del movimiento Alianza País a la cabeza, Rafael Correa al no poder perpetuarse en la silla presidencial dejó una organización fragmentada en dos alas, correísta y morenista (quienes apoyan al actual presidente Lenin Moreno). Hugo Chávez, con el Partido Socialista Unido de Venezuela, dejó el recuerdo de un autócrata para unos y un culto a la personalidad para otros. Estos casos evidencian la falta de institucionalidad en algunos partidos en América Latina, pues al parecer no tienen más cuadros que ocupen un cargo y solo sirvieron para catapultar a una persona. La idea no es que el retiro de ese gran líder equivalga al acta de defunción del partido o a la formación de diversas facciones.

Ante esta situación poco alentadora, ¿qué hacer? La credibilidad se genera cuando hay un proceso sistemático que consolida a un partido como un proyecto político a largo plazo, no para ganar una elección. La legitimidad se gana cuando la ciudadanía percibe que hay un sistema de partidos institucionalizados. Un partido debe formar líderes donde suplir al otro no se convierta en tarea imposible. La participación de jóvenes es importante en este punto, no solo porque la juventud represente el mayor activo de este grupo poblacional o por el mero hecho de presentar rostros nuevos, sino porque los jóvenes deben ser sinónimo de prácticas distintas y, con ello, recobrar la confianza en la ciudadanía.

Detrás de esto también está la necesidad de educación, dentro del Estudio Internacional de Educación Cívica y Ciudadana (ICCS 2016) se aplicó una encuesta a estudiantes de Chile, Colombia, México, República Dominicana y Perú. La UNESCO presenta un breve resumen de ese estudio en el que señala que un 69 % y un 65 % de los estudiantes de secundaria encuestados estarían de acuerdo con un régimen dictatorial a cambio de seguridad y beneficios económicos, respectivamente. La ICCS concluye que entre menor es el conocimiento cívico en los estudiantes secundarios, mayor es la tendencia a respaldar prácticas autoritarias. Esto muestra que las orientaciones democráticas son bajas y que la educación sobre participación política formal es imprescindible para el fortalecimiento del Estado de derecho.

Noruega ocupa el primer lugar desde el 2010 como la mejor democracia del mundo, según el índice de The Economist; entonces podría tomarse como referente sobre qué hacer. Un medio de comunicación entrevistó a habitantes de ese país y sus respuestas no parecen dar la receta de la democracia perfecta; de hecho, son simples pero reales. Varios mencionan que los políticos en su país no pertenecen a una élite, sus salarios no son ostentosos y son vistos como ciudadanos regulares que optaron como empleo el de servir a la sociedad. En Noruega existe una relación entre la gente y los hacedores de política; parecen tener un contrato tácito. Ahí es donde radica la confianza. La esencia de la democracia está en el pluralismo, la transparencia y el pensamiento crítico. Todos estos valores deben manifestarse en los partidos políticos.

Bibliografía

Corporación Latinobarómetro (2015). «Análisis online: confianza – partidos políticos».

Real Academia Española (2018). «Confianza», Diccionario de la Lengua Española.

Hetherington, M. (1998). «The Political Relevance of Political Trust», The American Political Science Review, vol. 92, n.º 4.

Smith, A., y Adam, B. (2017). «Norway Is the ‘World’s Best Democracy’ – We Asked Its People Why», NBC News.

Schulz, W., Ainley, J, Cox, C., y Friedman, T. (2016). Percepciones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina. Estudio Internacional sobre Educación Cívica y Ciudadana 2016 de la IEA Informe Latinoamericano. Amsterdam: IEA.

The Economist (2018). The Economist Intelligence Unit’s Democracy Index.

UNESCO (2018). «Apoyo de estudiantes a prácticas autoritarias se relacionan con niveles inferiores de conocimiento cívico», Oficina de la Unesco en Santiago

* Artículo premiado con mención en el concurso de artículos breves «Partidos políticos y sociedad: ¿cómo recuperar la confianza?» organizado por Diálogo Político en 2018.

Paradójicamente, la expansión de la democracia en el mundo vino acompañada del incremento de la desconfianza en la política. La tercera ola de democratización (Huntington, 1991), que significó la transición de regímenes autocráticos a democracias liberales, expandió la realización de elecciones multipartidistas hasta el este de Europa y América Latina. Los dictadores comenzaron a trasladarse a la arena electoral y a contaminar los procesos electorales con desviaciones y estrategias fraudulentas que minimizaran los riesgos de perder el poder (Schedler, 1996). La falta de confianza en las instituciones puede erosionar las percepciones de los ciudadanos sobre la legitimidad de otras figuras tradicionales de representación política, como es el caso de los partidos políticos.

La llamada crisis de la democracia representativa es un fenómeno difuso y es, en efecto, un problema multicausal de alta complejidad. Pareciere que las democracias liberales se han probado ineficaces en evitar el deterioro de la sociedad o incluso en poder satisfacer las promesas hechas en los períodos electorales. Igualmente, los partidos han fracasado en su labor de ser la correa de transmisión de las necesidades e intereses del electorado con las instituciones a través de la articulación de intereses.

Factores como la permisividad de la corrupción, [1] el radicalismo político y el auge de valores posmaterialistas (autoexpresión individual, medioambiente, e-government, calidad de vida) (Catterberg y Moreno, 2006) han perturbado la confianza de los ciudadanos en sus gobiernos y en los partidos políticos, y han generado una profunda desafección al sistema. Estos factores culturales, característicos de América Latina, pudieran ayudarnos a entender, en parte, el auge de populismo que vive el hemisferio actualmente, que, aunque parece estar moderándose, la amenaza de su regreso está vigente en tanto la democracia liberal no se recomponga.

Las crisis se pueden superar con cierto reequilibrio, pero este debe funcionar sobre una base de legitimidad. La legitimidad de los gobernantes depende poderosamente de la confianza de los ciudadanos en el proceso por el que fueron elegidos inicialmente (Birch, 2008; Norris, 2013; Schedler, 2002), especialmente en aquellos regímenes con menos experiencia con elecciones multipartidistas (Kerr y Lührmann, 2017). A pesar de que las democracias estén establecidas hace mucho tiempo, los sentimientos de legitimidad se derivan de la experiencia electoral repetida y, si el proceso es defectuoso, puede socavar progresivamente la confianza en el elector.

Varios autores han destacado la importancia de la confianza en el buen funcionamiento de las instituciones sociales. Hay quienes incluso colocan la confianza social en medio de un círculo virtuoso complejo, en el que la prevalencia de actitudes y normas de reciprocidad y moralidad generalizada entre las personas en un sistema político dado tiende a facilitar la acción colectiva y favorecer el buen gobierno, que, a su vez, crean condiciones favorables para el florecimiento del desarrollo económico, la confianza social y política (Martini y Torcal, 2016).

A pesar de que la confianza en los partidos políticos y en los gobiernos ha disminuido aceleradamente en los últimos años, sigue habiendo un encanto por las elecciones como principal mecanismo para influir en las decisiones políticas dentro del sistema representativo de las democracias modernas . [2] Creemos que el primer paso para recuperar la confianza en los partidos pasa por mejorar y velar por la calidad del propio sistema por el que los partidos alcanzan el poder. Mejorar la integridad electoral fortalece la confianza pública en las instituciones, estimula la competitividad haciendo más propensa la alternabilidad del poder al igual que se establecen patrones de participación electoral y se desarrollan otras actitudes positivas como la satisfacción con el desempeño de la democracia, la mejora de la rendición de cuentas y la capacidad de respuesta de los representantes elegidos (menor corrupción).

Si bien los partidos políticos son piedra angular de los sistemas representativos, de igual manera es vital que se desarrollen o fortalezcan mecanismos institucionales que permitan canalizar las demandas de la sociedad, sin que haya que depender estrictamente de elecciones, para castigar o premiar a sus gobernantes. Nos referimos a mecanismos participativos como la inclusión de la ciudadanía en el diseño de los presupuestos, la apertura de espacios institucionales a grupos de interés o a sistemas de decisión de participación directa o referendarios que funcionen como contrapeso ciudadano. Igualmente, es deber de los partidos responder a su electorado pues, de no hacerlo, la sombra populista está siempre al acecho.

Referencias bibliográficas

Birch, S. (2008). «Electoral institutions and popular confidence in electoral processes : A cross-national analysis», Electoral Studies, 27.

Catterberg, G., y Moreno, A. (2006). «The Individual Bases of Political Trust: Trends in New and Established Democracies», International Journal of Public Opinion Research, 18(1), pp. 31-48.

Huntington, S. P. (1991). «Democracy’s Third Wave». Journal of Democracy», nov. (2), pp. 299-307.

Kerr, N., y Lührmann, A. (2017). «Public trust in elections: The role of media freedom and election management autonomy», Electoral Studies, 50(170), pp. 1-24. h

Martini, S., & Torcal, M. (2016). «Trust across political conflicts: evidence from a survey experiment in divided societies». Party Politics, 1177 (septiembre).

Norris, P. (2013). «The new research agenda studying electoral integrity», Electoral Studies, 32(4), pp. 563-575.

Schedler, A. (2003). «Democratización por la vía electoral», Foro Internacional, 43 (4), pp. 822-851.

Schedler, A. (2002). «The Menu of Manipulation», Journal of Democracy, 13(2), pp. 36-50.

Notas

[1] A pesar de las recientes luchas a nivel legislativo y judicial contra la corrupción en varios países de la región, la mayoría aún mantienen un alto nivel de corrupción, según el índice de percepción de corrupción 2017 de Transparencia Internacional. 

[2] Según un estudio reciente del Pew Research Center (2017), el 78 % de la muestra encuestada valora a la democracia representativa como mejor sistema de gobierno. En América Latina, la media de compromiso con la democracia representativa es del 64 %.

* Artículo premiado con mención en el concurso de artículos breves «Partidos políticos y sociedad: ¿cómo recuperar la confianza?» organizado por Diálogo Político en 2018.

La recuperación de la confianza en un régimen democrático no debe enfocarse en la transformación política, sino en la ciudadana. El rol de la educación como medida de potencialización de la discusión pública.

En la política actual, en diversos países del mundo la figura de los partidos políticos ha estado perdiendo fuerza. El encasillamiento de la población en márgenes establecidos, como lo son los partidos, ha pasado por procesos de resquebrajamiento. Además, la relación entre las personas y los partidos ya no se hace manifiesta desde el establecimiento de confianza o verdadera representación. La figura de una representación popular de los intereses por parte de los gobernantes se ha quebrado y la política ha perdido gran parte de su legitimidad y apoyo popular. Esto genera que el poder del Estado solo se encuentra en el ejercicio fáctico de sus capacidades, más no cuente con la legitimidad popular, lo que genera que las políticas públicas, los planes de acción, la construcción de democracias más fuerte, entre otros procesos, se dificulten por falta de unión de estos dos actores en la persecución armónica de los mismos fines.

En muchas ocasiones esto se debe al accionar político, ya que en cuanto a su relación con la sociedad civil no ha establecido un respaldo fuerte, lo que principalmente se ha debido por una apatía política de la ciudadanía. En el panorama actual, las figuras de corrupción resaltan abruptamente y se piensa que los políticos están haciendo las cosas de manera incorrecta en todos los ámbitos, lo que encasilla a su accionar fuera de la representación real de la ciudadanía.

Teniendo el panorama así, donde la democracia se construye como esta relación entre ciudadanos y gobierno (Tilly, 2007) la solución se podría establecer en el segundo. Se podría pensar en diversidad de ocasiones que la principal acción a tomar en cuenta es que los partidos empiecen y persigan de forma transparente la búsqueda y la persecución de los intereses comunes y no privados. En un panorama donde lo político no es muestra de una real conjugación de los intereses comunes, se puede pensar que el cambio está simplemente en hacer en la política las cosas bien, seguir procesos de consulta, tener un equilibrio en la capacidad estatal, tener instituciones fuertes, entre otras, pero esto no ocurre con solo decirlo, sino que toma fuerza real si la ciudadanía lo solicita y entra con un rol activo en la “arena política” (Long, 2007).

No obstante, esto no ocurre cuando la población es apática políticamente y no conoce ni reconoce su rol en la transformación de su nación. Por ello, un peldaño para la recuperación de la legitimidad es la educación para la democracia. Pero, ¿por qué? Porque al potenciar ciudadanos que conozcan que es en ellos donde realmente radica el poder, que se les brinde capacidades de argumentación y criticidad y que se les enseñe a fundamentar sus posiciones; genera la elección y la crítica efectiva del accionar político.

La educación ciudadana es la forma de vincular activamente y propender por la vinculación activa del Estado en el establecimiento de un régimen democrático. Es el primer paso para la búsqueda de lo que Tilly (2007) titula la “consulta mutua vinculante”. Es dotar al pueblo de herramientas cognoscitivas para ejercer de forma activa su rol como sociedad civil en el debate y en la construcción de la democracia.

La mayoría de los sistemas políticos actuales en el mundo funcionan bajo regímenes democráticos y el sustento se encuentra en procesos donde el poder se construye como “gobierno por discusión” (John Stuart Mill citado por Sen, 2012). La confianza se encuentra en que en el debate las opciones que se escogen sean las más adecuadas por haber pasado por procesos de cuestionamiento y se han puesto a consideración ciudadana. Así, un gobernante que es escogido en un verdadero gobierno por debate no solo tiene más fuerza argumentativa que lo llevó ahí, es decir razones suficientes que le hacen merecer ese lugar; sino que sus partidarios y la población en general lo acepta y confía más en esa persona al ser escogido con mayor argumentación y fuerza política, lo que vincula a la ciudadanía con un apoyo al ejercicio de los planes gubernamentales. Es decir, al tener legitimidad se tiene un plan de acción popular razonado y que, mediante el rol activo de la sociedad, construye y genera alternativas viables con la confianza por parte de la sociedad.

Entonces, viendo que la confianza se construye mediante la educación ciudadana, ¿cómo se construye esta última? Es mediante el estudio y la potencialización de las humanidades y las artes en los procesos formativos a todos los niveles. Es volver a lo que nos recuerda Martha Nussbaum (2010) para la construcción de ética ciudadana, de intereses comunes sobre los privados y del desarrollo de capacidades argumentativas y críticas; palabras más, palabras menos: Es educar individuos para el ejercicio de la democracia.

La confianza en el sistema político se construye cuando se sabes que las instituciones están desarrollando de la mejor manera sus funciones, se materializa cuando la igualdad y la libertad actúa como principios ejes para el desarrollo de la sociedad, pero se hace real en el ejercicio de una sociedad civil cuyas acciones se vinculan con los procesos democráticos y exigen al Estado su vinculación. La confianza en la política actual necesita de un cambio en los políticos, pero a su vez y con gran ahínco, necesita de ciudadanos que sean conscientes y tomen su rol, que exijan y que hagan uso eficaz de las herramientas que tienen para buscar de forma efectiva un sistema más democrático y confiable.

Bibliografía

Long, N. (2007). “La construcción de un marco conceptual e interpretativo” en Sociología del desarrollo: una perspectiva centrada en el actor. México: Ciesas – El Colegio de San Luis.

Nussbaum, M. C. (2010). Sin fines de lucro. Por qué la democracia necesita de las humanidades. Katz Editores.

Sen, A. (2012). La idea de la justicia. Ciudad de México: Taurus.

Tilly, C. (2010). Democracia. Madrid: Ediciones AKAL.

La orden de prisión preventiva y el envío de la alarma roja a la Interpol contra Rafael Correa nos dan una clara señal de que la justicia ecuatoriana ha cambiado.

Al iniciarse el proceso por su presunta vinculación con en el secuestro del ex asambleísta alterno Fernando Balda (Partido Sociedad Patriótica, PSP), pocos se imaginaron los alcances de las acusaciones de la defensa de Balda y del poder de las evidencias que ha presentado hasta el momento. La jueza de garantías penales, Daniella Camacho, dictó orden de prisión preventiva el pasado 3 de julio al ex presidente Rafael Correa después de que el recientemente designado como Fiscal General encargado, Paúl Pérez[1], la solicitara debido a que Correa no se presentó en las cortes ecuatorianas el pasado 2 de julio. En lugar de eso, el ex mandatario acudió a rendir cuentas a la Embajada de Ecuador en Bélgica, país donde reside desde que dejó la presidencia en mayo de 2017.

El factor sorpresa de esta situación va más allá del hecho de que a un ex presidente se le haya dictado tal medida, que en realidad es un fenómeno bastante común en la región. La sorpresa reside más bien en los cambios del accionar judicial en Ecuador desde que Lenin Moreno tomó la silla presidencial. Sí, la transición es evidente, y no importa de qué lado de la moneda nos encontremos. Existen dos alternativas: o la Justicia se independizó porque finalmente dejó de estar controlada por el correísmo, y Moreno favoreció el escenario político para que esto sucediera, o, la Justicia se mantiene como un instrumento político que, sin embargo, esta vez se dirigió hacia el lado contrario, justamente en contra de la persona que la moldeó y manejó a diestra y siniestra por más de una década.

Con respecto a la primera alternativa, no se puede poner en tela de juicio que el plebiscito a comienzos de año[2], propuesto por Lenin Moreno, fue un factor determinante en el cambio de la justicia ecuatoriana. Una de las siete preguntas por las cuales el pueblo acudió a las urnas, implicaba  la sustitución de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y de Control Social (CPCCS), una entidad inexistente antes de la Constituyente del año 2008, y al que se le reprochaba mucha cercanía y afinidad al correísmo. En la consulta ganó el sí (67.8 %), y consecuentemente la Asamblea Nacional eligió un CPCCS transitorio. Lo que llama la atención de esta institución son algunas de sus funciones, como por ejemplo la designación del Fiscal General del Estado, Procurador, Contralor, entre otros. A pesar de que esta elección en parte es realizada a través de  un concurso de méritos, tal función representa un cierto grado de poder muy alto del CPCCS. Efectivamente el nuevo Consejo designó nuevos fiscales y jueces en todo el país pero resolvió prescindir del concurso de méritos. Entre los nuevos funcionarios se encuentra al actual Fiscal General, Paúl Pérez.

De todos modos, tiempo antes de la consulta popular, Jorge Glas, ex vicepresidente de Rafael Correa y de Lenin Moreno, ya había sido enjuiciado y sentenciado a 6 años de cárcel por corrupción en el caso Odebrecht. Otros dos ejemplos son la sentencia también por 6 años del ex contralor Carlos Pólit, que desempeñó ese cargo entre 2007 y 2017, y la destitución de su sucesor Carlos Baca Mancheno y del entonces Presidente de la Asamblea Nacional, el oficialista José Serrano (Alianza País, AP).

Probablemente no fue el liderazgo o la administración de Lenin Moreno lo que tuvo injerencia directa en las decisiones específicas del CPCCS, pero si fue él quien permitió y dio la libertad necesaria para que la Justicia se maneje de manera independiente y alejada del Ejecutivo. Partiendo de las consecuencias que dejó la década correísta, esta sí es una verdadera revolución.

Para Rafael Correa aquí no se trata más que de un “complot” del gobierno, del CPCCS y del Consejo de la Judicatura. Para él, los jueces han sido nombrados “a dedo” y según sus declaraciones, el presidente con mayor popularidad que ha tenido Ecuador, no tiene “una orden de arresto por la justicia, sino por la injusticia ecuatoriana”,  y todo gracias a lo que él describe como el fin del Estado de Derecho en el país.  Esto da pie a la oportunidad perfecta para que el mismo Rafael Correa y sus simpatizantes se escuden en el discurso de los mártires y de los perseguidos políticos. Se aprovecharán de la situación para acuñar en la opinión pública el término de lawfare, así como lo hizo Lula en Brasil y Cristina Fernández en Argentina. De todos modos, Correa utilizará la “injusticia ecuatoriana” y la supuesta “judicialización de la política” a su favor. No se puede descartar una eventual solicitud de asilo político en Bélgica  para amortiguar la caída que su imagen está teniendo a nivel internacional.

Con respecto a las reacciones en la región, Evo Morales y Nicolás Maduro pronunciaron en sus cuentas de Twitter su rechazo a la solicitud de la Fiscalía de Ecuador. El mandatario boliviano no perdió la oportunidad para resaltar la intención de Estados Unidos de encarcelar a Correa. Por su lado, Maduro exigió que se detenga la “persecución contra los líderes auténticos” de América. En consecuencia, el actual canciller ecuatoriano, José Valencia, anunció que queda suspendido el viaje del nuevo Embajador designado a Venezuela, Fabián Solano, y que en los próximos días regresará al país Franklin Columba, Embajador en Bolivia. Las consecuencias de estas  declaraciones reflejan el deterioro de unas relaciones diplomáticas que se mantuvieron muy estables durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Además, es público y notorio que la relación entre Correa y su sucesor Moreno es conflictiva. ¿Será esta medida judicial contra Correa lo suficientemente fuerte para mantenerlo alejado de futuras aspiraciones en la política ecuatoriana?

[1] El 2 de mayo de 2018, Paúl Perez fue designado por unanimidad como Fiscal encargado por el consejo de CPCCS transitorio después de que el ex Fiscal Carlos Baca Mancheno fue destituido por la Asamblea Nacional. Pérez se desempeñaba como fiscal en la provincia del Carchi, al norte de Ecuador.

[2] El referéndum y la consulta popular del 4 de febrero de 2018 estuvo compuesto por siete preguntas. Las modificaciones y enmiendas propuestas, implicaban gran cambio en ciertos aspectos de alta relevancia a nivel nacional. Aquí se destacaron la eliminación de la reelección indefinida, la imposición de límites a la minería metálica, y la no prescripción de delitos sexuales contra menores de edad, entre otros.

Cien días antes de las elecciones, los más de 145 millones de votantes inscritos brasileños presentan un catálogo de demandas normal para Brasil; sin embargo, particularmente largo para los futuros representantes del pueblo.

Parte esencial de estas demandas son el reclamo de mejoras notables en las áreas de seguridad, educación, salud y trabajo y el fin de la corrupción y el abuso de poder. Después de que a finales de mayo, debido a una huelga de once días de los camioneros, hubo dificultades de aprovisionamiento, se sumó a las demandas la continuidad en el suministro de mercaderías. ¿En quiénes confiarán los electores para encontrar una solución duradera a los muchos problemas urgentes? Según el instituto de encuestas Datafolha, en junio un tercio de los brasileños todavía no tenía una respuesta a esta pregunta.

Los representantes del pueblo serán reemplazados en diferentes niveles: además del presidente de la República, los brasileños también elegirán el 7 de octubre una nueva Cámara de Diputados y dos tercios del Senado. El 28 de octubre probablemente se llevará a cabo una segunda vuelta electoral para el cargo presidencial. A nivel federal se elegirán 27 gobernadores y representantes parlamentarios de cada uno de los estados. En la percepción pública, estas superelecciones han estado dominadas por la pregunta de quién será el próximo jefe de gobierno, que es al mismo tiempo jefe de Estado en Brasil. Aunque la maraña de posibles candidatos ha comenzado a despejarse, el escenario sigue siendo bastante confuso. Recién entre el 20 de julio y el 5 de agosto los partidos determinarán en sus congresos quiénes serán los candidatos definitivos y se construirán las coaliciones para la campaña electoral. Los candidatos tienen hasta el 15 de agosto para registrarse en el Tribunal Supremo Electoral.

El menú de candidatos comienza a ordenarse

Al menos cuatro nombres están actualmente encabezando la carrera por la Presidencia, pero los resultados en ambas rondas dependerán de si el expresidente Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT), condenado y encarcelado por corrupción y lavado de dinero, puede o no presentarse como candidato. Lula lidera en todos los escenarios electorales, con un 30 % de las intenciones de voto. De acuerdo con la situación actual, él saldría victorioso en una segunda vuelta electoral. Sin Lula en carrera, según Datafolha, la primera vuelta sería ganada, con 19 %, por el homofóbico, misógino, racista, glorificador del régimen militar y evangélico Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal, PSL), que quiere posicionar a Brasil por encima de todo [1]. Atrás de él se ubicarían la exministra de Ambiente Marina Silva (Rede, 15 %), el izquierdista Ciro Gomes (Partido Democrático Laborista, PDT, 10 %) y el candidato de centroderecha Geraldo Alckmin (Partido de la Social Democracia Brasilera, PSDB, 7 %). Si la encuesta del 10 de junio fuese correcta, Marina Silva le ganaría a todos los candidatos mencionados en la segunda vuelta del 28 de octubre, con excepción de Lula. Los otros tres nombres coinciden en la intención de voto con una margen de ± 2 %.

Hay que destacar que Bolsonaro se muestra relativamente poco y, sin embargo, él y Lula son los candidatos a la Presidencia más comentados y con mayor presencia. Este alto grado de popularidad podría terminar siendo beneficioso para él. En Brasil, que es casi tan grande como un continente, no todos los nombres de los candidatos son conocidos en los rincones más remotos del país.

De igual manera, Mariana Silva es relativamente conocida. La exministra de Ambiente, que renunció al gabinete de Lula y al PT, ya se postuló sin éxito para el más alto cargo estatal en 2010 por el Partido Verde y en 2014 por el PSB (Partido Socialista Brasilero). Durante los años entre las elecciones no se escuchó mucho de ella. Sin una base partidaria grande y, actualmente, sin alianzas con otros partidos, aún queda por ver cómo podrá garantizar su visibilidad en los próximos meses. Con un discurso tendencialmente liberal, Marina Silva intenta posicionarse como la alternativa elegible para los mercados.

Ciro Gomes también se une a las filas de exministros candidatos presidenciales (1998, 2002). A comienzos de año, en sus apariciones, a menudo se aseguraba el estruendoso aplauso del público. Su estrategia parece tener como objetivo la unión de la izquierda.

Los observadores explican que la modesta actuación actual de Geraldo Alckmin, gobernador del estado de San Pablo desde 2006 hasta abril de este año, con índices positivos de aprobación, se debe a que no es conocido, a la lucha interna en su partido y al desgaste de su imagen debido a los escándalos de corrupción.

Dos cuestiones son decisivas para la victoria o el fracaso, no solo de Gomes y Alckmin. Primero: dado el caso, ¿quién heredará los votos de Lula? Segundo: ¿quién se llevará el 34 % de los votos de las personas aún indecisas o que pondrán voto inválido o en blanco? El expresidente del Tribunal Supremo, Joaquim Barbosa (PSB), descartó una candidatura para la Presidencia.

El impopular presidente Michel Temer (Movimiento Democrático de Brasil, MDB) también desistió en mayo de una posible candidatura y anunció su apoyo al exministro de Finanzas y copartidario Henrique Meirelles, que según las encuestas cuenta con el 1 % de la intención de voto.

Si los niveles de aprobación del actual presidente no hubieran alcanzado ya un mínimo histórico, habrían caído aún más como resultado de la huelga de camioneros y por la subsiguiente reacción del gobierno. Fue recién en mayo de 2018 que el quinto país más grande del mundo y su gobierno se dieron cuenta de manera dolorosa de lo mucho que dependían de los camioneros.

Los camioneros paralizan al Brasil…

Debido a que en Brasil prácticamente no existe una red ferroviaria, el transporte de bienes a todo el país se realiza por la red de carreteras. Más de dos tercios de las mercancías se transportan en camión. En respuesta a la notable subida de precios de los combustibles para los consumidores brasileños desde comienzos de año, el aumento de los precios del crudo en el mercado mundial y la política de precios más liberal de la empresa semiestatal Petrobras desde julio de 2017, los camioneros iniciaron el lunes de Pentecostés una huelga de once días y provocaron alrededor de mil cierres en carreteras. Todo esto, después de haberlo anunciado con varios meses de anticipación y de haber sido ignorados por el Gobierno. Los empleadores de los camioneros, que se vieron también afectados por el aumento de precios del combustible, apoyaron la huelga. Las consecuencias fueron notorias: Brasil se paralizó.

A las gasolineras de todo el país les faltaba combustible. El transporte público se interrumpió casi por completo y las escuelas y universidades tuvieron que permanecer cerradas durante tres días. Se cancelaron 270 vuelos, porque 14 aeropuertos no disponían de combustible. Al cabo de unos días, los productos frescos no consiguieron llegar más a las estanterías, lo que significó un gran daño para el sector agrario, una de las muchas ramas afectadas de la economía. Dos ejemplos: 70 millones de pollos tuvieron que ser sacrificados, 360.000 litros de leche tuvieron que ser desechados. En uno de los países agrícolas más grandes del mundo y líder en la producción de carne, los productos agrícolas no llegaban a los consumidores debido a las deficiencias estructurales. Si se tiene en cuenta que Brasil es miembro del G20 y del Foro BRICS, y fue considerado hasta hace pocos años como un superjugador emergente en la escena internacional, en tiempos del auge de las materias primas y de los grandes acontecimientos deportivos, y que tenía la pretensión de haber superado el umbral de un país en desarrollo, los acontecimientos bajaron al país a la realidad.

…y revelan el estancamiento y la incapacidad del gobierno para actuar

Las reacciones del Gobierno se hicieron esperar y fueron evaluadas como inadecuadas por el 95 % de la población. Después de tres días de espera, el gobierno de Temer primero eligió a las contrapartes negociadoras equivocadas. Debido a que los camioneros no están organizados, por ejemplo, en sindicatos, no fue posible identificar a una persona central de contacto. En vez de eso se reportaron nuevos líderes de los conductores, con quienes también se tuvo que negociar. Cuando después de cinco días llegó la escasez de suministros, los militares debieron despejar los bloqueos de las carreteras y escoltar los suministros de combustible. Con un creciente descontento de la población, provocado más bien por la incapacidad de solucionar problemas del Gobierno que por los camioneros, Temer anunció en el séptimo día una reducción del precio del diesel de 0,46 Rs (aproximadamente 0,1 EUR) durante un periodo de 60 días. Sin embargo, pasaron cuatro días más hasta que los camioneros regresaron al volante.

[1] De su página Facebook, posteo del 10.6.2018: «Brasil acima de tudo».

Traducción: Nicole Rubio

La mayoría con la que López Obrador llega al poder representará un reto mayor para la oposición y la sociedad civil, que deberán estar atentas al cumplimiento de promesas contradictorias y ser un dique ante cualquier intento de regresión autoritaria.

El triunfo de Andrés Manuel López Obrador en la presidencia de México es contundente e inobjetable: al momento de escribir estas líneas, se prevé que obtenga la votación más alta para ese cargo desde el inicio de la alternancia política (año 2000) y que su partido, Morena, obtenga una mayoría si no absoluta en el Congreso (Cámaras de Diputados y Senadores), sí suficiente para contar con un gobierno que tendrá amplios márgenes de acción.

En lo que respecta a las nueve gubernaturas en disputa, al menos cinco serán para esa fuerza política que, en alianza con la izquierda y la derecha extremas, se ha consolidado como la que logró captar la indignación de una ciudadanía hacia el gobierno de Enrique Peña Nieto, el desprecio a los partidos de mayor tradición (PAN, PRI, PRD) y la esperanza de una justicia social que abata las amplias brechas de desigualdad de un país donde, según cifras oficiales, casi la mitad de la población vive en algún grado de pobreza.

La primera de las lecciones claras que arroja el proceso del pasado domingo es, en ese sentido, el llamado a repensar el modo en que esos partidos se relacionan con la propia ciudadanía y con sus principales carencias, ya que si bien México presenta cifras saludables desde hace décadas en lo que se refiere a macroeconomía, esta estabilidad no ha redundado en beneficios directos para la población. La señalada distancia entre actores políticos y sociedad, además, se agrava con la corrupción que no distingue color partidista y que pareciera instalada en la médula del sistema político mexicano.

La campaña de López Obrador estuvo centrada en atacar ambos problemas: con su tercera campaña presidencial a cuestas, ha mantenido una cercanía constante con el electorado, tras recorrer prácticamente hasta los rincones más olvidados del país; ha sido capaz de construir un mensaje de esperanza cercano sin duda al mesianismo, pero efectivo al momento de captar electores, y también ha congregado a actores políticos y sociales de signos opuestos y hasta contradictorios.

Bajo el llamado a la honestidad, de igual modo, ha centrado y recalcado en sus primeros discursos como virtual presidente electo que el eje de su gobierno será el combate a la corrupción, aunque sin jamás dejar en claro el modo en que solucionará un problema de sumo complejo, ni tampoco la estrategia o el camino que seguirá en este como en otros asuntos urgentes de la vida pública; entre estos, la violencia y la inseguridad, el crimen organizado, la relación cada vez más compleja con Estados Unidos, las graves deficiencias en el acceso a la salud, entre otros. Para López Obrador todos estos pendientes podrán financiarse con los ahorros que se generen de detener, sí, la corrupción.

La segunda lección que queda de esta elección es el alto grado de incertidumbre que acompaña la llegada del nuevo mandatario al poder, tras una campaña en la que habló ante cada foro con las palabras que los oyentes querían escuchar, sumando promesas que llegan a extremos como la búsqueda de autonomía alimentaria para el país, la vuelta al principio de no intervención en política internacional, el aumento a apoyos sociales en efectivo que no queda claro de dónde se obtendrán, el compromiso de garantizar pleno empleo… Este incierto panorama deja en el aire cuáles serán las acciones y estrategias que se seguirán en el corto y mediano plazos.

Frente a la amplia legitimidad que acompaña los triunfos de Morena, queda una oposición diezmada y con un margen de maniobra reducido, en un nuevo acomodo del tablero de las fuerzas políticas que, ante la gran mayoría alcanzada por el ganador, deberán plantarse como un contrapeso frente a cualquier intento de retroceso en los avances de la vida institucional de México y ante el mínimo gesto autoritario que pueda aparecer en el futuro.

En esta labor será indispensable, además, el papel de la sociedad civil, de los medios de información, del empresariado, de una ciudadanía que ejerza su papel activo en la vigilancia y denuncia del nuevo gobierno: un momento, en suma, para que la democracia mexicana demuestre su madurez, defienda sus avances y corrija sus aún muchos pendientes, esos que López Obrador supo señalar y en los que basó su campaña, esos que no queda claro de qué manera enfrentará, esos que no se solucionarán ni con retórica ni con mesianismos ni con promesas de campaña.

Enormes desafíos después de una tensa segunda vuelta.

Iván Duque, abogado de solo 41 años y protagonista de una callada pero ascendente carrera política, resultó elegido como el presidente número 60 de Colombia, en una tirante segunda vuelta en la que, con el 53,98 % de los votos se impuso al férreo candidato de izquierda Gustavo Petro, que se quedó con el 41,81 %, mientras los votos en blanco sumaron 4,20 %.

Las primeras palabras de Duque, representante del Centro Democrático capitaneado por el expresidente Álvaro Uribe, han sido un llamado a una unidad nacional, en un intento por despolarizar un caldeado ambiente, no solo respecto al revanchismo de Petro y su proyecto Colombia Humana (contrario a todo lo que huela a statu quo), sino de modo extensivo a ciertos sectores radicales de derecha encumbrados por su propio padrino político.

Duque es hijo de un exministro y proviene de una familia tradicional. Se formó en Colombia pero ha pasado la mayor parte de su vida profesional y adulta entre el circuito burocrático y académico de Washington, al que llegó espoleado por el propio actual presidente, Juan Manuel Santos, para ser repatriado por Álvaro Uribe, quien le abrió las puertas del legislativo y permitió el ascenso de su candidatura.

Pese a un «no más divisiones», al que apela Iván Duque, y a los acercamientos discursivos tanto suyos como de Petro en la segunda vuelta para pescar en los huérfanos votos del centro, no se prevé un panorama de reconciliación: los ajustes al proceso de paz, las políticas de seguridad, la visión tradicional católica de familia, el enfoque económico y de desarrollo son característicos del centroderecha, mientras que Petro ha anunciado que desde el Congreso y las calles hará una dura oposición con miras a repavimentar su futuro.

La agenda del nuevo mandatario

En el panorama le esperan varios desafíos. Aunque ganó en numerosos departamentos y contará con mayorías en el Congreso, los partidos se han visto disminuidos frente a liderazgos personalistas y oportunistas, no siempre fiables, sin contar con un innegable avance de la izquierda especialmente en algunas ciudades vitales y a pesar del pésimo arranque de las FARC como opción. Esta reafirmada bipolaridad ideológica, si bien no es tan extrema como en ocasiones se plantea, sí ofrece una alta polarización que no es conveniente en términos de gobernabilidad y para los breves cuatro años que tendrá su gobierno (la reelección en Colombia, recuperada por el uribismo, por fin fue dejada atrás).

El conflicto armado y el narcotráfico aún dejan secuelas que, así como condicionan la cooperación con Estados Unidos en tiempos de America First de Donald Trump, Europa y buena parte del mundo lo juzgarán por hacer avanzar o retroceder al país en su pacificación (recordemos que vienen siendo asesinados numerosos líderes sociales en las provincias y la guerrilla del ELN está en mora de negociar o volver a la guerra). Guste o no a los uribistas, el legado de Santos es un país con menos muertes que no puede alterarse.

Ambientalmente, como lo demuestran las secuelas del cambio climático y el reciente fracaso en el encauce del río Cauca con miras a la represa de Hidroituango, Colombia deberá afirmar su natural potencial medioambiental con políticas progresistas y no solo extractivistas —incluso ilegales en el sector minero—, que deben ir más allá de la propuesta millennial de economía naranja enfocada en servicios y tecnologías no industriales de Duque. Así como la economía deberá cuidar su potencial en hidrocarburos y gas en tiempos de un precio inestable del petróleo, es tiempo de comenzar a aprovechar los recursos eólicos y solares, así como otras fuentes para plantear una ruta de energías renovables.

Colombia tiene el desafío de generar inclusión social, cobertura de salud y un modelo de verdadera educación democrática que, si bien no puede satanizar a los sectores privados, sí debe proveer una sociedad más igualitaria. Y es que sin equidad no habrá posconflicto, desde una capital como Bogotá que se perfila como una megalópolis andina y un país multicultural en el que el censo está por arrojar un saldo de 50 millones de habitantes.

Y no sobra mencionar dos fantasmas que seguirán merodeando al nuevo presidente: la corrupción, enquistada en diversos sectores políticos y privados en torno al clientelismo y la contratación pública, y una frontera porosa e inamovible con Venezuela, que representa un drama humanitario y político al que no se le puede dar la espalda, con un líder llamado Nicolás Maduro que, a pesar de su inmadurez, no le dejará dormir plácidamente.

Este es el panorama crudo, pero también hay que considerar que estos comicios fueron históricos, con la participación más alta en 20 años para un balotaje, con una organización eficiente y sin rastros de violencia, además de presentar el nombre de Martha Lucía Ramírez como primera mujer vicepresidenta. Si todo esto es un aceptable presagio, por ahora los colombianos tienen derecho a los anestésicos placeres del Mundial de Fútbol.

Diálogo Político ofrece a sus lectores dos posiciones frente al polémico proyecto de ley de aborto o interrupción voluntaria del embarazo votado en la Cámara de Diputados el pasado 15 de  junio de 2018 y que ahora está a consideración del Senado argentino.

Mi voto en contra 

Fue una jornada de 23 horas de duración, donde debe destacarse que se han escuchado campanas y discursos de lo más disímiles pero siempre en el marco del respeto. Lo mismo ocurrió con las audiencias previas de los plenarios de las comisiones que se desarrollaron durante todo el mes de mayo. No deja de ser curioso, no obstante, que para el tratamiento de este proyecto se diga que nuestros partidos nos dejaban libertad de conciencia al momento de votar. Debo decir que yo siempre he votado a conciencia y jamás he acompañado una ley con la que no estuviera de acuerdo.

Nuestro primer deber en el tratamiento de una ley, y en especial en el de una tan delicada, es el de la honestidad. En este sentido, no puedo dejar de advertir que en el proyecto deliberadamente se omite referir a la vida del niño o niña por nacer. Y no es una omisión menor, sino una ausencia esencial, que no puede faltar en este debate. Las preguntas que debemos responder con coraje y honestidad son: ¿qué hemos de priorizar: el derecho a la vida o el de la mujer a interrumpir el embarazo? El primer derecho humano es a la vida. ¿Y qué vida hay más frágil, más indefensa y que necesite más protección que aquella que crece en el vientre materno?

No estamos frente a derechos encontrados, sino frente a derechos compatibles: el de las dos vidas. Y nuestro deber como legisladores es, en todo caso, proteger a ambas, acompañarlas, darles contención, herramientas, futuro.

Dije al comenzar que es una situación delicada, y sería muy necia si desconociera la terrible realidad de miles de mujeres que, por diversas circunstancias, se encuentran en la tristísima y angustiante posición de tener que cuestionarse si seguir adelante con un embarazo o abortar. Por algo el clamor de la ola verde. Hay muchos conciudadanos que se han manifestado públicamente a favor de la sanción de esta ley y es sin dudas un asunto al que atender.

Todo ello nos lleva necesariamente a pensar qué clase de sociedad es la que queremos para Argentina. No podemos reducir un debate de esta magnitud a una rivalidad entre verdes y celestes, como si fuese un Boca-River, sino empezar a trabajar sobre todas aquellas cuestiones que la ley que obtuvo media sanción no aborda y son cultural y socialmente trascendentes.

Pero forzaríamos nuestro ordenamiento jurídico si insistiéramos en la existencia de un derecho al aborto. Se trata de derechos humanos. Derecho a la vida y derecho a la salud. Y con base en este que, en caso excepcionalísimo, podríamos priorizar una vida por sobre otra. Casos que, así como los de las aberrantes violaciones, ya están contemplados en nuestra legislación.

Debemos, sí, trabajar mucho más enérgicamente en la educación sexual, en la prevención de embarazos no deseados y también en el acompañamiento de las mujeres, brindándoles información y alternativas en un marco de contención frente a la tragedia de tener que decidir si continuar o no con un embarazo. Es en esta tarea donde debemos ahondar y poner nuestros mayores esfuerzos.

Porque tristemente, de aprobarse esta ley, la mujer que está cursando un embarazo en soledad y en situación de vulnerabilidad seguirá quedando desamparada. No se contempla, por ejemplo, la obligatoriedad de una consejería previa a la práctica abortiva. Las menores de 16 años, cuyos embarazos indeseados suelen ser producto de abusos intrafamiliares, quizás deban recurrir a esa trágica alternativa bajo la tutela de los mismos abusadores, y luego de eso no harán más que volver al ciclo de su propio infierno. En determinadas circunstancias, además, el aborto podrá practicarse hasta el último mes de embarazo. El proyecto que se debatió en la Cámara de Diputados deja desamparada a la mujer que pasa por la tragedia de un embarazo no deseado. Y también deja desamparado, definitivamente, al niño por nacer.

Pongámosle fin a la hipocresía y hablemos con honestidad, pongamos sobre la mesa todas estas problemáticas que el proyecto en cuestión pasa por alto. La legalización del aborto conlleva a su naturalización. Una vez más, llamo a la reflexión sobre qué sociedad queremos. ¿Queremos naturalizar el descarte de aquel que no puede defenderse?

La vida de un hijo siempre, siempre, nos cambia radicalmente, nos interpela, nos arrolla, nos llena y modifica para siempre. Sentirse discriminadas, o incapaces de llevar adelante el embarazo, por encontrarse solas, por no sentirse en condiciones, por no querer o por la razón que fuere no puede ser motivo para deshacerse de una vida. Se trata de humanizar el proceso que deben transitar madre e hijo: intentar que la mujer se conecte con la vida que late en su vientre. La solución de un problema jamás puede ser la no solución.

Hemos dado en Diputados una discusión que Europa encaró hace 40 años; me resisto a pensar que no podamos tener soluciones superadoras. ¿Queremos ser una sociedad de vanguardia? Entonces pongámonos a trabajar hacia el real empoderamiento de las mujeres, que falazmente se asocia con la legalización del aborto. El real empoderamiento, la verdadera igualdad de género, se va a dar cuando esas mujeres puedan sustentarse económicamente, cuando puedan contar con un marco laboral flexible que les permita conciliar la maternidad con el trabajo y el desarrollo profesional, con estructuras acordes que simplifiquen los procesos de adopción, con una sociedad contenedora que no las enfrente con la necesidad de optar. Tendremos un país de vanguardia cuando cuidemos de manera integral a la familia, el trabajo, las mujeres y a todos los ciudadanos argentinos, cuando cuidemos todas las vidas.

Mi voto a favor 

Antes de decidir mi postura respecto a la votación, me hice muchas preguntas.

La primera fue si es que estoy en contra o a favor de la interrupción voluntaria del embarazo. La respuesta que encontré, basada en mis valores y en mis acciones, fue que estoy en contra de esa interrupción. Nunca la promoví, ni la sugerí.

Una vez respondido esto, me pregunté cuál era el eje en torno al cual estábamos basando esta votación. ¿Mantener las cosas como están contribuye a que se disminuya el número de interrupciones de embarazo? La respuesta es no. No conozco ni una mujer que dijera que no lo haría por el hecho de ser legal.

¿Con esta ley estamos promoviendo la interrupción del embarazo como método anticonceptivo? La respuesta también fue negativa. No conozco mujer que vaya a utilizar este accionar, tan traumático y difícil, como forma de prevenir la gestación de un hijo.

Me pregunté además si esta ley va a permitir a una mujer interrumpir la gestación de una vida. La respuesta es negativa: una mujer actualmente puede decidir, amparada por la ley vigente, si desea interrumpir un embarazo producto de una violación.

Aprobada esta ley, dejaremos de ser los “comisarios de la ética” que instrumentan normativas que condenan a quienes desean interrumpir su embarazo producto de relaciones que si fueron consentidas.

No tenemos que abogarnos el rol de “jueces morales” y condenar a quienes cayeron en la supuesta inmoralidad de dar consentimiento a sus voluntades a la hora de tener relaciones. Ya no castigaremos a quien sí quiso tener relaciones y ellas serán tratadas igual a las que no. Ellas lo resolverán a función de sus valores y no a función de los nuestros.

¿Con la aprobación de esta ley estamos yendo en contra de promover la información, la educación sexual y la toma de conciencia de nuestras responsabilidades? La respuesta también es no.

¿Tengo derecho a decirle a una mujer, quien colocó mal su diafragma, a quien se le perforó un preservativo o a quien su ginecólogo le colocó mal un DIU, que condicione su libertad o su planificación personal a los valores de los integrantes de esta cámara? Otra vez la respuesta es no.

De tanto pensar, se me ocurrió en último momento preguntar a cuanta persona conozco si, en caso de que su hija, ahijada, vecina o su pareja le dijera que acaba de interrumpir voluntariamente su embarazo, la llevaría a la comisaría más cercana a entregarla por haber infringido la ley. La respuesta fue siempre fue no, indudable, culposa y sinceramente no.

Con esta respuesta llegué a la última pregunta, dirigida para quienes consideran que abortar es un asesinato: si la mayoría de nosotros no haría nunca una denuncia, ¿no seríamos todos cómplices de las ilegalidades que vimos, silenciamos y consentimos?

Si esta ley se aprueba hoy, como lo espero, lamentablemente el día de mañana va a haber la misma cantidad de interrupciones que hay hoy. Pero serán a la luz del día, sin que las mujeres pasen vergüenza, van a ser con control médico y con control a los médicos, ya no será un negocio para los que juegan con la vergüenza de la sociedad, será sin que los legisladores nos transformemos en un tribunal moral con respecto de quien da o no su consentimiento a la hora de tener sexo, va a ser sin que mintamos que no conocemos a nadie y que no sabemos dónde se hacen.

Lo más importante es que, si se aprueba, Argentina será un país con menos hipocresía.

(Extractos de la justificación de voto en la Cámara de Diputados)

1. Policías uniformados, francotiradores, fuerzas parapoliciales afines al gobierno Ortega-Murillo disparan a mansalva a la población desarmada. Las fuerzas parapoliciales están aplicando mecanismos de terrorismo de Estado contra la ciudadanía desarmada y pacífica. En esas condiciones no se puede sostener un diálogo con el gobierno, dicen obispos de la Conferencia Episcopal de Nicaragua (CEN).

2. En esta lucha política-social nadie es neutral. Hay distintos niveles de conciencia, distintos niveles de compromiso, distinta capacidad de sacrificio, pero el 90 % de la población desea un cambio definitivo, porque el orteguismo en crisis ha revelado un rostro criminal inaceptable.

3. Hasta el 11 de junio de 2018 se contabilizaban por lo menos 150 muertos, más de 1500 heridos, centenares de desaparecidos y presos políticos. Sin exagerar se puede decir que la represión de la dictadura orteguista contra la demanda pacífica de justicia y democracia es una masacre.

4. Muy pocos ciudadanos prefieren seguir viviendo bajo un régimen que asesina a estudiantes desarmados, y que resulta ser inviable para la futura estabilidad del país. El quid del asunto actual radica en la circunstancia y en el método con que se producirá el cambio, la caída de Ortega-Murillo.

5. Los cimientos éticos, morales e institucionales de Nicaragua hasta el 17 de abril de 2018 ya estaban socavados, el gobierno Ortega-Murillo y el gran capital habían vendido una imagen falsa, una ficción de seguridad individual y jurídica, crecimiento económico y paz. Ignorando las innumerables carencias de la población, el desempleo, la pobreza, la desigualdad, la justicia social.

6. Desde el inició de la crisis, en la práctica Ortega-Murillo y su familia están presos en su residencia de El Carmen (residencia y oficinas del poder dictatorial), pues no se pueden movilizar con tranquilidad en la ciudad capital y menos en el resto del país. Lo cual demuestra el aislamiento social que sufren.

7. A menos de dos meses de la crisis sociopolítica la agencia calificadora S&P Global Ratings cambió la perspectiva de la calificación crediticia de estable a negativa. Esto eleva el costo del financiamiento comercial que Nicaragua adquiere en el exterior y hace al país menos atractivo para la inversión extranjera.

8. El 12 de junio, el paro de 24 horas convocado por la sociedad civil y los diferentes sectores productivos de la ciudad de León es efectivo en casi 100 % las calles lucen desiertas; el sector transporte que incluye a taxistas y buses son muy escasos. La mayoría de la población de León se suma al paro un ejemplo de lucha que puede ser imitado para otras ciudades de la nación.

9. El paro en la ciudad de León, la segunda ciudad de importancia de Nicaragua, es un éxito total. Los mercados de la Estación y Central están cerrados y reguardados por los comerciantes. Los alrededores están cerrados, las barricadas del centro de la ciudad no las pudo quitar la Alcaldía ni la policía. Las principales tiendas de la ciudad están cerradas: Gallo más Gallo, La Curacao, El Verdugo, El Tropigas, Sinsa, Pali, Proquinsa, etc. Las calles estar desiertas y las pocas que transitan se mueven en moto, vehículos y a pie. Andan mirando, tomando fotos para que nadie les cuente o los engañen con fake news. Esto puede repetirse a nivel nacional. En León sí se pudo.

10. Ortega desde que llegó al poder, enero 2007, estableció una alianza con el gran capital. Hasta abril 2018, ese sector había mantenido un respaldo al gobierno Ortega-Murillo, luego de la insurrección cívica de abril-mayo-junio ha tomado cierta distancia del gobierno. Sin embargo, se apuntan a una salida al suave, que significa: elecciones anticipadas, que todo cambie para que nada cambie.

11. El culpable de todo esto no es solo el gobierno Ortega-Murillo, sino toda la oligarquía y la élite política de este país, por complicidad o por incapacidad. El acuerdo entre el gobierno Ortega-Murillo, los grandes empresarios y los sindicatos ha permitido a Ortega-Murillo gobernar sin contrapesos, pervertir las instituciones estatales y eliminar a la oposición, con la bendición y complicidad de los grandes empresarios que, a cambio, dictaban las medidas económicas y se beneficiaban del Estado.

12. El país no cuenta con verdaderos partidos de oposición. Fueron comprados, neutralizados o declarados ilegales. El papel de la verdadera oposición lo están jugando los estudiantes, los pobladores en los tranques, los campesinos, la sociedad civil y la población autoconvocada en general.

13. La actual crisis política-social rebalsó a todas las instituciones, ninguna puede actuar en forma independiente. El Poder Legislativo, la policía, la Corte Suprema de Justicia, la Fiscalía General, la Contraloría de la República, el Consejo Supremo Electoral y las principales alcaldías están subordinados y controlados por Ortega-Murillo.

14. El Estado dictatorial se ha convertido, en su conjunto, en un Estado terrorista. Vemos alcaldes dirigiendo a paramilitares y pandilleros para reprimir a la población indefensa. Observamos a la ministra de Salud ordenando a los médicos de los hospitales públicos no atender a los ciudadanos heridos.

15. Las fuerzas policiales y parapoliciales están actuando de la mano del poder central y/o del poder municipal. Todas están aplicando una política del miedo contra la población para desmovilizar las protestas sociales en marcha. Sin embargo, la desproporcionada represión por las fuerzas policiales y de las fuerzas de choque afines del gobierno ha permitido que la población se vaya incorporando a la insurrección cívica.

16. Una década de autoritarismo sin límite, un acumulado de indignación antes los abusos, arbitrariedades, corrupción, desigualdades, desempleos, crímenes impunes encendieron la mecha de la protesta. Es decir, la arrogancia del poder cada vez más absoluto y asfixiantes ayudó a la protesta generalizada.

17. La decisión de Ortega-Murillo es organizar y armar a delincuentes, darles total impunidad y licencia para asesinar, robar, saquear e incendiar establecimientos públicos y privados. Estas fuerzas están actuando en los barrios de las ciudades, en los ataques a los tranques con total impunidad y acompañados o protegidos por la policía. Estas fuerzas delincuenciales son los responsables de crímenes con la población civil desarmada y de asaltos a negocios.

18. Por esta razón, la población coloca a la policía al mismo nivel de las turbas, las fuerzas delincuenciales, las fuerzas parapoliciales y los grupos armados al margen de la ley.

19. El objetivo de Ortega-Murillo es conducir/empujar la protesta cívica y desarmada al camino de la confrontación armada. Al mismo tiempo, la estrategia del gobierno Ortega-Murillo ha sido y sigue siendo ganar tiempo, provocar un desgaste en filas de la rebelión y utilizar la represión indiscriminada contra la población para sembrar miedo y terror.

20. Otro objetivo del gobierno Ortega-Murillo es aguantar lo más que se pueda, pensando que el pueblo se vaya cansando y cunda la desesperación. Al mismo tiempo, a través de la Organización de Estados Americanos (OEA), oxigenar a la oposición comparsa que ellos controlan. La Secretaría General de la OEA ha sido cuestionada por su cercanía con Ortega-Murillo.

21. La estrategia de Ortega-Murillo es reprimir indiscriminadamente para intentar cambiar la correlación de fuerzas, combinando la separación de la Conferencia Episcopal de Nicaragua como mediadores del diálogo nacional. Su objetivo es poner a la OEA como mediadora e incorporar al diálogo a los partidos comparsas, sectores evangélicos afines al gobierno, con el fin de cambiar el rumbo de las negociaciones en curso.

22. Michel Forst, relator especial de Naciones Unidas (ONU) sobre la situación de las personas defensoras de derechos humanos se refiere a la situación que vive Nicaragua y que afecta gravemente los derechos a la libertad de expresión, a la reunión y asociación pacíficas y a la participación política, así como el derecho a la vida y la integridad personal.

23. La crisis sociopolítica que atraviesa a Nicaragua está impactando a los otros países centroamericanos por tres vías: la actividad comercial, ya que muchas de las mercancías que se desplazan por vía terrestre deben transitar por Nicaragua; los efectos negativos a la economía de cada país; y las repercusiones sociopolíticas que se puedan presentar por los vasos comunicantes existentes entre los países de la región centroamericana.

24. En los días 10 y 11 de junio, la represión gubernamental recrudeció en varias ciudades de las principales del país (Jinotega, Matagalpa, Jinotepe, Diriamba, Las Maderas, Masaya, Sébaco, Estelí, Ocotal, Somoto, Mulukukú, etcétera) y, también, en los barrios orientales de la capital Managua, en los que nuevamente los pobladores han señalado a policías y paramilitares como los responsables de la agresión a la ciudadanía que se manifiesta en contra del régimen orteguista.

25. Se reportan tomas tierras en todo el Pacífico por integrantes de las fuerzas paramilitares. Es la modalidad de pago del gobierno Ortega-Murillo a los paramilitares, a cambio de atacar a los tranques y usarlos contra los manifestantes cívicos. Por eso son tan agresivos. El régimen trafica con la pobreza y la necesidad para convertirlos en sicarios. Los últimos cuatro muertos en Chinandega han sido causados por estas fuerzas instaladas como tomatierras. En Managua, están en la zona de Ciudad Belén y buscando hacia Sábana Grande (cerca del aeropuerto internacional).

26. En cada ciudad o comunidad (León, Chinandega, Managua, Carazo, Matagalpa, Estelí, etcétera) se sabe quiénes son los que invaden ilegalmente las tierras: grupos marginales y delincuenciales. Las tierras son invadidas bajo protección policial y de secretarios políticos del partido de gobierno. Estos grupos están estableciendo bases territoriales desde donde puedan operar flagrantemente para delinquir y aterrorizar a la población. La estrategia de Ortega-Murillo es desatar el caos para que la población pida la intervención del Ejército.

27. El orteguismo ha reagrupado las fuerzas lúmpenes que han podido, en algunos lugares más y en otros menos, para hacer que actúen como paramilitares, atacando a personas de su propio pueblo, barrio o ciudad o de los pueblos, barrios y ciudades vecinas. Ellos le están llamando a eso Operación Limpieza y los alcaldes, secretarios políticos y sus principales cuadros en cada lugar están activamente involucrados.

28. El Ejército no puede vivir durante esta revolución cívica en una burbuja al margen de la suerte del país. El Ejército deberá optar abiertamente entre la república democrática o la dictadura. La prudencia actual del Ejército indica que tiene intereses más amplios que los que ofrece el marco jurídico viciado del orteguismo. El Ejército, para su sobrevivencia, tiene que separarse de los errores irreparables del gobierno Ortega-Murillo.

29. El Ejército, como institución, se ha convertido en un poder económico importante principalmente en bienes inmobiliarios. Al mismo tiempo, tiene fuertes inversiones en la bolsa de valores de New York. Razones por las cuales no puede apoyar abiertamente a Ortega-Murillo. Cualquier involucramiento abierto tendría consecuencias nefastas para la institución castrense tanto a nivel nacional como internacionalmente.

30. Según otra encuesta de opinión, más del 70 % de la población nicaragüense mayor de 16 años está de acuerdo con la demanda del movimiento estudiantil y de otros sectores sociales, de que Daniel Ortega renuncie y abandone el poder junto a su esposa Rosario Murillo, vicepresidenta de la República, por considerar que son los principales responsables de la matanza de más de 150 personas, desde el 18 de abril hasta el presente.

31. Informaciones que circulan en las redes sociales, provenientes de trabajadores del aeropuerto internacional de Managua, indicando que aterrizaron dos jets privados de Venezuela, provenientes del aeropuerto de Maiquetía, Caracas; uno de los dos aviones es militar y se denuncia que trajo armamentos y municiones.

32. Ortega-Murillo están acorralado. Han perdido importantes sectores de su base social. Según la misma encuesta de opinión, solamente los apoyan entre el 14 y 18 % de la población. Muchos de sus funcionarios en secreto dejaron de apoyarlo, no lo expresan públicamente, pero a nivel personal y privado lo manifiestan, algunos se han marchado del país a escondidas.

33. Cada día que se mantiene la insurrección pacífica Ortega-Murillo pierden facultad para seguir gobernando. A Ortega-Murillo les está quedando solamente la represión para permanecer en el poder. Esto lo aleja de un proceso de negociación con salida al suave, el pueblo no va a permitir que permanezcan en el país en cualquier salida que se establezca. Estamos en una verdadera encrucijada en la que Ortega-Murillo acepta salir del poder o la crisis se va a alargar, sin pronóstico favorable.

34. El día 9 de junio arribó a Nicaragua un enviado del presidente del Comité de Relaciones Exteriores del Senado norteamericano. Ha tenido reuniones con los obispos, con Ortega-Murillo, con banqueros y sectores del gran capital. El mensaje es de apoyo a la Conferencia Episcopal como los mediadores del diálogo; adelanto de las elecciones con observación electoral nacional e internacional; parar la represión; y salida del poder de Ortega-Murillo.

35. La presión norteamericana es fuerte, con la amenaza de que el Senado norteamericano pueda aprobar una ley, en caso de la represión indiscriminada continúe, que afectaría directamente a la familia Ortega-Murillo, ministros y allegados del gobierno.

36. Existen tres posibles escenarios de salida. Primer escenario: que Ortega logre a sangre y fuego superar la crisis y permanecer en el poder por tiempo indefinido. Escenario poco probable.

37. Segundo escenario: que se llegue a un acuerdo de la salida al suave con elecciones adelantadas para el año 2019. a) que Ortega logre negociar quedarse en el poder para organizar las elecciones. b) que Ortega tenga que renunciar y que asuma el control un gobierno de transición. Este escenario es el que se visualiza como el más probable, apalancado por los Estados Unidos, el gran capital, sectores del orteguismo, el Ejército y algunos miembros de la Conferencia Episcopal.

38. Tercer escenario: Producto del incremento de la insurrección social, los tranques y el paro en las principales ciudades, Ortega abandona el poder y se llama a una Junta de Gobierno de Transición, se convoca a una Asamblea Nacional Constituyente para refundar el Estado. Se destituyen a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Supremo Electoral, Alcaldes involucrados en la represión, Contralores, Fiscal General, principales mandos de la Policía, etcétera.

Oscar René Vargas Escobar
Sociólogo, economista, historiador y analista político. Autor y coautor de 55 libros.
https://www.facebook.com/oscarrene.vargasescobar

El 23 de marzo Martín Vizcarra juramentó como presidente del Perú. Una de las prioridades en su agenda es el crecimiento económico. Para poder impulsar las reformas estructurales que el Perú necesita, su gobierno, compuesto por diversos actores políticos, deberá en primer lugar apaciguar la situación política en el país. A pesar de que Vizcarra ha apostado por el consenso, es incierto si tendrá éxito.

El 4 de junio, casi 90 días después de su juramentación como presidente de la República, Martín Vizcarra se dirigió por segunda vez al país en un mensaje televisado. El presidente manifestó su compromiso a reactivar la economía, la cual había estado prácticamente «paralizada» durante la gestión de su predecesor, el presidente Pedro Pablo Kuczynski. Sin embargo, Vizcarra anunció durante el mensaje que el ministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, había entregado su renuncia, después de haber estado solo dos meses en el cargo. El director del Banco Central de Reserva, Carlos Oliva, asumió esta cartera, convirtiéndose así en el quinto ministro de Economía y Finanzas en menos de dos años. Tuesta había sido fuertemente criticado por sus controversiales propuestas de aumentar los impuestos a diversos productos, sin haber recibido el respaldo necesario por parte del jefe del Ejecutivo.

La afirmación de Vizcarra durante su mensaje televisado de que «el crecimiento del país se logrará en base a inversiones y a una mejor recaudación, no a costa del incremento de tasas impositivas» fue interpretada como más que una crítica soterrada al ministro renunciante. Durante las últimas semanas, los transportistas y otros gremios se habían movilizado, a través de protestas y el bloqueo de carreteras, contra la propuesta de aumentar los impuestos a los combustibles.De esta manera, la discusión de los efectos de la política fiscal sobre la economía se convirtió en el centro de la atención mediática.

Durante el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (de julio de 2016 a marzo de 2018), que terminó abruptamente, fue, sin embargo, posible hacer algunos cambios en la economía peruana. El gobierno estableció como prioridad mejorar la infraestructura del país. El monto de inversión pública en este rubro, especialmente en el sector transporte, creció en el año 2017 un 1,7 %. Sin embargo, un gran número de estos proyectos no fue dado nunca en concesión o sufrió atrasos considerables. Esto afectó también a los proyectos de reconstrucción tras los graves daños ocasionados por el fenómeno El Niño la primera mitad de 2017.

El gobierno de Kuczynski obtuvo algunos logros en la eliminación de barreras burocráticas y la modernización de algunas instituciones como las dependencias de recaudación fiscal y el servicio de migraciones. Asimismo, puso sobre la mesa planes y propuestas para la lucha contra la corrupción. Con relación a este tema existen, sin embargo, enormes desafíos. De acuerdo al índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, el Perú alcanza los 37 puntos (0 = extremadamente corrupto; 100 = sin corrupción), lo que revela que, incluso en comparación con otros países de América del Sur, la corrupción en el Perú es todavía un problema grave.

Necesidad de reformas en la política económica

Hasta la fecha, el Perú crece más rápido que la mayoría de las economías en América Latina. De acuerdo con los pronósticos, hasta el 2020 el crecimiento anual del PBI será de por lo menos 3,5 %. Algunas razones para esto son la apertura del mercado peruano, los bajos aranceles, la cantidad elevada de reservas internacionales de divisas, la solidez del sector financiero y la presencia de grandes reservas de hidrocarburos. Sin embargo, el Perú sufre de una escasa diversificación de su economía, déficits de infraestructura, falta de mano de obra calificada y un ingreso per cápita bajo. Además, según la información del Instituto Nacional de Estadística (INEI), más del 70 % de la población laboralmente activa trabaja en la informalidad; uno de los índices más altos en América Latina. En los sectores agrícola y pesquero esta cifra alcanza más del 90 %.

Las oportunidades para un desarrollo económico favorable se encuentran principalmente en el poder adquisitivo creciente de las clases populares y medias, las perspectivas de crecimiento en las regiones y la necesidad urgente de desarrollar proyectos de infraestructura. Sin embargo, para poder aprovechar estas oportunidades se deben eliminar las barreras burocráticas para los grandes proyectos, luchar contra la informalidad y reducir la desigualdad en la distribución de la riqueza. Todo esto revela un panorama esperanzador, pero no carente de dificultades, para el futuro de la economía peruana.

El aprovechamiento del potencial económico de los diversos sectores es muy disímil. De acuerdo al Banco Central, el sector minero tendrá un crecimiento muy fuerte, de alrededor del 6,5 % anual. Solo para el 2018 se espera que las inversiones en este sector aumenten en un 20 %, lo que permitirá compensar las pérdidas causadas por la caída de los precios internacionales durante los últimos años. Aun así, el sector minero podría ser mucho más eficiente si contara con mejor infraestructura de transporte y un marco normativo más estable. Sin embargo, este sector es también frecuentemente criticado por su forma de tratar a las poblaciones que habitan en las zonas de explotación minera respecto al uso de los escasos recursos hídricos. No siempre es posible encontrar soluciones óptimas, como en el caso de la mina de cobre Cerro Verde, en el que la empresa construyó una estación depuradora de aguas residuales, lo cual mejoró de forma considerable la calidad de vida de la población local.

Los proyectos mineros sufren con frecuencia retrasos a causa de la aplicación ineficiente tanto de los procesos de consulta a la población afectada como de las evaluaciones ambientales, así como debido a las huelgas y protestas sociales.

Un problema especialmente grave es la minería ilegal, que, especialmente en la Amazonía, se dedica a la extracción de oro. Estos campamentos mineros no solo generan enormes daños al ambiente y a la salud, debido al uso de mercurio en el proceso de extracción del mineral, sino que también son centros de actividades ilegales como el tráfico de personas y la prostitución. A pesar de algunos esfuerzos, los últimos gobiernos no han podido controlar este problema. Esto también se debe a que los mineros ilegales cuentan con influencias políticas y económicas a nivel de los gobiernos municipales y locales.

Un desafío importante para el presidente Vizcarra es la reforma de la rígida legislación laboral en el Perú. El exministro de Economía y Finanzas, David Tuesta, se refirió en repetidas ocasiones a este tema como una importante tarea pendiente. Según los economistas, la rigidez del mercado laboral genera muy pocos incentivos para convertir puestos de trabajos informales en contratos formales que significan altos costos para el empleador.

Otra necesidad urgente, tal como el propio Vizcarra lo ha señalado en varias ocasiones, es promover las asociaciones público-privadas y culminar proyectos de infraestructura claves, como la línea 2 del metro de Lima y la ampliación del aeropuerto internacional de Lima (incluyendo mejores rutas de acceso vehicular). Asimismo, el gobierno planea aumentar la inversión en sistemas de agua potable y alcantarillado.

El riesgo de la inestabilidad política

No solo el gobierno del presidente Kuczynski estuvo marcado por el fracaso de reformas políticas y económicas estructurales debido a la falta de institucionalidad y la inestabilidad política. Esta última es también palpable en la distribución de fuerzas del Congreso actual. El partido Fuerza Popular (que formalmente pertenece a la oposición) en este momento cuenta con 62 de 130 escaños y goza de una amplia mayoría. El gobierno de Vizcarra es de facto dependiente de la colaboración con FP para llevar adelante su agenda.

Además, las relevaciones del escándalo de corrupción de la empresa constructora Odebrecht cuelgan sobre toda la clase política peruana como una espada de Damocles.

El 11 de junio la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de investigaciones a los expresidentes Alejandro Toledo, Alan García y Pedro Pablo Kuczynski por sospecha de lavado de activos con relación a donaciones de Odebrecht para sus campañas electorales. Por las mismas razones hay ya un proceso penal en marcha en contra del expresidente Ollanta Humala.

De acuerdo con una encuesta publicada por el diario El Comercio el 10 de junio, la aprobación del presidente Vizcarra cayó en el transcurso de solo dos meses del 57 al 37 %. El premier César Villanueva cuenta con un 21 %, mientras que el Congreso y el sistema judicial tienen un 14 % y un 19 %, respectivamente. Es aún incierto cómo se manifestará este descontento en las elecciones regionales y locales que se llevarán a cabo el 7 de octubre.

En vista a que las condiciones actuales son propicias para un crecimiento económico sólido, es extremadamente importante que el gobierno y las fuerzas políticas actúen con tacto, busquen consensos y eviten por todos los medios regresar a una situación de conflicto generalizado, ya que esto pondría en riesgo la implementación de las reformas políticas y económicas que el país necesita con urgencia para garantizar la estabilidad.

Es aún incierto si Vizcarra tendrá éxito en esta delicada misión. Una señal positiva son sus antecedentes políticos como gobernador la región sureña de Moquegua, que lo alejan de las luchas de poder de las elites capitalinas. Asimismo, Vizcarra ha buscado de forma activa el diálogo. Durante las primeras diez semanas de su gobierno viajó a los lugares más alejados del país y restableció el diálogo con la bancada de Fuerza Popular, el cual se había visto interrumpido desde la última fase del gobierno de Kuczynski.

Esto, sin embargo, ha acarreado las críticas de un sector de la prensa, que lo acusa de cogobernar junto a Fuerza Popular. Esto es una clara muestra lo difícil que es actualmente en Perú gobernar apelando al consenso y generar la estabilidad política necesaria para permitir el crecimiento económico sostenible.

Finalmente, vale mencionar el impacto positivo de la participación de la selección peruana de fútbol en el Mundial Rusia 2018, después de 36 años de ausencia. Los logros de la selección han generado un ambiente de optimismo y unidad que el Perú podría aprovechar para superar el clima de división política. Asimismo, la consolidación del equipo, a través de años esfuerzo y compromiso institucional serio, son una metáfora de los desafíos que enfrenta el Perú como país.

Traducción: Dr. Andrés Hildebrandt

Iván Duque será el nuevo presidente.

A partir del 7 de agosto, la sede presidencial colombiana Casa de Nariño tendrá un nuevo residente: Iván Duque, quien consiguió 53,97 % de los votos emitidos el 17 de junio de 2018, con lo cual derrotó en la segunda vuelta electoral a su contrincante, Gustavo Petro (41,81 %). El resultado indica una clara victoria del conservador Duque; sin embargo, tiene que quedar constancia de que hasta el día de hoy Petro ha sido el político de izquierda que mejores resultados ha obtenido en unas elecciones presidenciales.

En las semanas previas a las elecciones en Colombia, el ambiente era tenso. En la primera vuelta electoral, el 27 de mayo, se dividieron los 19 millones de los votos emitidos entre las diferentes corrientes que representan el espectro político en Colombia. Contrario a la polarización que comúnmente se plasmaba en los medios de comunicación, los votantes demostraron que en Colombia domina una diversidad ideológica, que va desde la derecha política hasta los partidos y movimientos del centro y los partidos más izquierdistas. Sin embargo, bajo la presión de la nueva situación, el panorama cambió de manera fundamental en la segunda vuelta electoral. Después de los resultados muy diversificados de mayo, los ciudadanos tuvieron que elegir solo entre dos extremos políticos: Iván Duque en el lado derecho y Gustavo Petro en el izquierdo. La decisión salió a favor de la derecha.

Sin embargo, los partidarios del centro político se vieron en un fuerte dilema, que tuvo como resultado que muchos de ellos no fueran a las urnas o que hayan hecho uso de su derecho al voto en blanco, que se encontraba como tercera alternativa en la papeleta electoral. Parecido al porcentaje de la primera vuelta, la participación en la votación de junio fue del 53 %, una cifra muy buena para Colombia. Hubo un 4,2 % de votos en blanco.

Observaciones sobre les elecciones

En general, las elecciones presidenciales de 2018 muestran que la democracia en Colombia funciona bien, a pesar de algunos defectos. Por un lado, la maquinaria política (estructura extraoficial y no ideológica que practica la compra de votos del electorado a cambio de efectivo, concesión de beneficios económicos o asignación de cargos, etc.) no jugó un papel muy importante en estas elecciones. Por el contrario, lo que prevaleció fue el voto de opinión, que refleja la verdadera preferencia personal. Una prueba de esto es el hecho de que el candidato de la clase política tradicional, quien tiene acceso a la maquinaria (Germán Vargas Lleras, de Cambio Radical), solo consiguió 7,3 % de los votos.

Pero ¿por qué la maquinaria no funcionó o no influyó en las elecciones presidenciales de este año? Hay que mencionar tres razones: primero, evidentemente ya en las elecciones parlamentarias del 11 de marzo de este año se agotaron los recursos económicos y la logística correspondiente para la compra de votos. Además, los controles institucionales se intensificaron y los observadores electorales estaban alarmados por la revelación de algunos casos espectaculares de fraude. Con esto se limitó el accionar de la maquinaria. Segundo, por primera vez subió el porcentaje de personas que fueron a las elecciones en primera vuelta (53,36 %), que en Colombia hasta ahora siempre estuvo debajo del 50 %. Meses antes de las elecciones se inscribieron más de un millón de votantes primerizos en las diferentes juntas receptoras del voto. La participación electoral creció. Por otro lado, el electorado del centro político fue una excepción en la segunda vuelta, debido a que no se sintió representado por ninguno de los dos candidatos y muchos prefirieron no acudir a las urnas.

Una prueba más del buen funcionamiento de la democracia en Colombia fue la sorprendente votación del candidato del centro político en primera vuelta, Sergio Fajardo. Él consiguió casi 4,6 millones de votos y sólo por muy poco no pasó a la segunda vuelta. Esto evidencia que los ciudadanos colombianos dudaron y que buscaron alternativas políticas y nuevas propuestas para poder incluir más al pueblo. Un punto débil de todas las votaciones de este año en Colombia fue el rol disminuido de los partidos, sobre todo de los tradicionales. En este sentido, el Partido Conservador no propuso ningún candidato y sus referentes políticos anunciaron públicamente su apoyo a diferentes candidatos de otros partidos; esto significa que no rige una disciplina partidaria y que no existían posiciones compartidas. A pesar de que el Partido Liberal tenía su propio candidato, Humberto de la Calle, un político experimentado y exnegociador de las conversaciones de paz, su partido, sin embargo, no lo apoyó lo suficiente y por esa razón recibió solo el 2,06 % de los votos emitidos en la primera vuelta. También en esta ocasión se dividieron los votos de los liberales tradicionales en otros dos candidatos, sin mantener, de este modo, la necesaria disciplina partidaria.

El debilitamiento del sistema partidario es evidente y se refleja en el hecho de que la mayoría de los candidatos no fueron presentados por un partido en concreto, sino que obtuvieron su candidatura a través de la recolección de firmas de adhesión en la población.

Los primeros días de Iván Duque como nuevo presidente. ¿Cómo sigue esto?

Ya en la batalla electoral Iván Duque había anunciado una serie de reformas y medidas que tomaría al convertirse en presidente. Su partido, Centro Democrático, puede ya preparar algunas de estas medidas, después del establecimiento del nuevo Parlamento el 20 de julio, unas semanas antes de su propia asunción en el cargo, el 7 de agosto.

Una de las propuestas de reforma de Duque refiere al tratado de paz con la guerrilla de las FARC y todas las disposiciones jurídicas vinculadas a este que se efectuaron en el gobierno de Santos. Con esto pretende, según el propio Duque, garantizar más verdad, justicia y la compensación de las víctimas del conflicto armado. Al mismo tiempo deberán ser impuestos castigos más justos para delitos graves de la guerrilla, para de este modo combatir la impunidad denunciada por él.

Dos semanas antes de la segunda vuelta, sin embargo, Duque enfatizó en una entrevista que él no quiere derogar completamente el tratado de paz, sino que quiere hacer algunas modificaciones y adaptaciones. De esta manera quiere conseguir «una paz creíble y duradera» que «esté anclada firmemente a la justicia». Veremos qué significará esto en la práctica. Por un lado, se puede presuponer que Duque tiene que satisfacer a su clientela pero, por otro lado, él no va ser tan poco astuto y poner en verdadero riesgo el tratado de paz.

Otra reforma que Duque quiere llevar a cabo durante su mandato es la de la justicia. Como para esto él depende de un debate de largo alcance y del apoyo de otras representaciones parlamentarias en el Congreso, los primeros pasos podrían concretarse ya en los próximos días. Por el momento, el Poder Judicial en Colombia se compone de cuatro altas cortes: la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Corte Constitucional y el Consejo Superior de la Judicatura, que en conjunto comprenden 75 jueces de dedicación exclusiva. En los últimos años, las cortes estuvieron envueltas en varios escándalos de corrupción y conflictos de competencia, por lo que una solución rápida y eficiente de la crisis en el sector es de significado vital para el país.

La propuesta de Centro Democrático, bajo la dirección del nuevo presidente, es la sustitución de las cortes actuales por una corte única con las correspondientes salas especializadas. Con esta reforma estructural se podría, entre otros, reducir el gran número de jueces superiores. Otros temas de la agenda del nuevo presidente son, por ejemplo, la decisión sobre la continuación de las conversaciones de paz con el otro grupo guerrillero, el ELN (Ejército de Liberación Nacional), o la solución de las emergencias como los daños en la represa de Ituango en el departamento de Antioquía, donde el agua amenaza con inundar numerosas comunidades. También la migración sin control desde la vecina Venezuela está en la agenda política.

¿Qué queda de la campaña electoral? ¡La democracia en Colombia funciona!

Aunque las elecciones presidenciales dejaron en evidencia la polarización de la ciudadanía colombiana, los mecanismos democráticos de participación funcionaron y la ciudadanía efectivamente los utilizó. Desde la perspectiva política se puede afirmar que el nuevo presidente dispone de una sólida mayoría en el Congreso: las representaciones parlamentarias del Centro Democrático, el Partido Conservador, Cambio Radical, el Partido Liberal y el Partido de la U, que se unieron a su campaña en el balotaje, quieren apoyarlo también en el gobierno. Habrá que esperar a ver cómo funcionará esto en la política del día a día. Por ejemplo, el Partido Liberal puso claras condiciones a su apoyo en la campaña electoral. Una importante era la defensa del tratado de paz y de los compromisos vinculados con este, como el de una reforma agraria para impulsar la productividad del campo colombiano. Posiblemente, después de la campaña las cosas se enfríen considerablemente. Muestra de esto es que los partidos que apoyaron hasta ahora la coalición de Santos, expresen su deseo de participar en el gobierno de Duque.

Otra señal clara es el resultado muy bueno del político de izquierda Petro. Cada vez más colombianos rechazan el vaivén después de las elecciones y la entrada más o menos colectiva en el gobierno del presidente electo. Es de esperar entonces que el nuevo presidente haya reconocido los signos de su tiempo y que trate efectivamente de unir su país y que coloque en el centro de su agenda temas como la disminución de la desigualdad, la justicia en cuanto a oportunidades para todos y el combate a la pobreza. Si esto no fuera así, tal vez ya en 2022 también en Colombia llegue la hora de los populistas.

Traducción: Nicole Rubio, Manfred Steffen.

Una mirada a instrumentos, negociaciones, procesos y actores relevantes para Latinoamérica.

El Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA) de la Fundación Konrad Adenauer y la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA) editaron recientemente un informe destinado a facilitar a diferentes actores involucrados en los procesos de negociación comercial y ambiental un panorama sintético de la historia y situación actual, a fin de entender el contexto de una crecientemente compleja arquitectura institucional y normativa sobre comercio y el medioambiente.

La intensificación de la discusión sobre la relación entre el comercio internacional y el medioambiente se remonta a la década de los años noventa, cuando se cerró la negociación del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), se creó la Organización Mundial de Comercio (OMC) para administrar y gestionar este Acuerdo y se inició un proceso de creciente preocupación ambiental con la Conferencia de Naciones Unidas sobre Medio Ambiente (CNUMAD). Las partes contratantes del GATT son, salvo algunas excepciones, las mismas que en los Acuerdos Multilaterales sobre Medio Ambiente (AMUMA). En términos sencillos, en el contexto de las negociaciones comerciales internacionales, se pretende asegurar que medidas ambientales no se conviertan en barreras o distorsionen el comercio, mientras que, en el contexto de los AMUMA, se discute, entre otros temas, la prevalencia que pueden o no tener estos acuerdos y sus mandatos y principios sobre protección ambiental en general sobre los principios del libre comercio internacional.

Varios AMUMA en vigencia son, en esencia, acuerdos comerciales o que protegen intereses ambientales a partir de regulaciones a ciertos bienes y servicios del ambiente o la biodiversidad. De la revisión de los principales acuerdos comerciales, con algunas diferencias evidentes por las características de los socios y partes contratantes, es posible identificar un patrón general pero muy claro en cuanto a los temas que casi son ineludibles en estos acuerdos: principios de no discriminación (trato nacional y nación más favorecida), agricultura, propiedad intelectual, medidas sanitarias, obstáculos técnicos al comercio, institucionalidad ambiental y temas ambientales, servicios.

En la actualidad, y producto sin duda de un largo proceso de maduración, reflexión e incidencia desde diferentes frentes, hay consensos generalizados y amplios en el sentido que no hay manera de concebir el desarrollo y progreso de los países sin tomar en cuenta la variable ambiental. El concepto de desarrollo sostenible ha logrado permear todos y cada uno de los procesos internacionales de negociación en materia de comercio y temas afines. Por otra parte, la idea de mutua complementariedad (mutual supportiveness) entre los AMUMA y los acuerdos comerciales y aquellos emanados desde el GATT y la OMC es, desde hace un tiempo, parte regular de los esfuerzos de negociación, interpretación e implementación de estos diferentes instrumentos. Sin embargo, hay una continua exigencia por descifrar cómo puede hacerse esto en la práctica, especialmente en la medida en que el comercio globalizado es también causa directa e indirecta de una enorme presión sobre los recursos naturales, la biodiversidad y el medioambiente en general.

Esta suerte de paradoja empieza cuando menos a reconocerse entre negociadores y actores diversos; asimismo, empiezan a establecerse a través de normas ambientales sustantivas de muchos acuerdos en materia comercial (p. ej. TLC) disposiciones que buscan prevenir, mitigar y aprovechar de manera positiva las fuerzas que el comercio internacional desencadena a nivel de preferencias de consumidores, fluctuaciones en precios, generación de desechos, polución industrial, entre otros. Esto ya es un avance. El comercio internacional es un factor dado, que existe y no va a revertirse por lo menos de manera evidente en el mediano plazo; como motor del desarrollo impulsado por casi todos los países (descontando proteccionismos pasajeros y coyunturales), corresponde identificar cómo y de qué manera desde la política y normativa ambiental pueden enfrentarse y contrarrestarse algunas de las fuerzas que este fenómeno desencadena y que tienden a afectar a poblaciones vulnerables de los países, especialmente en desarrollo (p. ej. semillas y commodities baratos que afectan a los precios y a los pequeños agricultores). Es importante, en ese sentido, asegurar desde los foros de negociación que no sean las reglas y principios del comercio las que prevalezcan necesariamente en casos de controversia y conflicto. El mismo orden internacional ofrece principios (p. ej. precaución, estudios de impacto ambiental, responsabilidades por daño ambiental, legitimidad para accionar, etc.) y ha reconocido derechos fundamentales que se encuentran incluso por encima de los intereses comerciales. Esto es algo que debe defenderse: no hay ninguna regla que obligue a preferir foros comerciales o principios comerciales para resolver disputas en las que surjan tensiones y fricciones entre éstos y principios y derechos de naturaleza ambiental reconocidos en diversidad de instrumentos internacionales.

Descarga el informe completo aquí.

Autores del informe:

Perla Buenrostro es abogada, graduada del Instituto Tecnológico Superior de Monterrey, especialista en temas ambientales y de comercio. Trabajó hasta hace poco con el International Centre for Trade and Sustainable Development (ICTSD) en Ginebra. En la actualidad es miembro del Bolder Group en México y trabaja con mujeres emprendedoras.

Manuel Ruiz es abogado, graduado de la Pontifica Universidad Católica del Perú. Se desempeña en la actualidad como asesor senior e investigador de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental.

El proceso político brasileño se encuentra hoy mucho más que en dificultades. Está sumido en una profunda crisis, con una desconfianza compartida entre los actores políticos, sociales y económicos. Es un desafío que acecha al próximo gobierno y pone en jaque la continuidad de la actual configuración política.

Brasil enfrenta en la actualidad la peor crisis de su historia. Durante el mes de mayo, por ejemplo, el país tropical vivió una huelga general del sector camionero, impulsada por el aumento exponencial de los combustibles. El país estuvo paralizado por varios días y llevó a los brasileños a la escasez de alimentos, la inmovilidad urbana y la congelación del sector comercial de servicios. Una parte de los camioneros movilizados pedía la intervención militar, es decir, un golpe. Luego de que el gobierno Temer logró contener la paralización, con el resultado de la dimisión del presidente de la gigante Petrobras, fue el turno de los petroleros, que entraron en huelga por 72 horas. A este contexto se agrega un sentimiento nacional de desesperanza; síntoma de ello es el escaso 53 %, según Datafolha, de personas interesadas en la Copa del Mundo, en el país que supo ser el más futbolero del mundo.

Para sumar los últimos ingredientes de la actual tragedia brasileña, están los avances de las investigaciones anticorrupción que miran a Michel Temer y sus cercanos. El presidente ya enfrentó dos denuncias de la fiscalía general, que fueron bloqueadas por el Congreso Nacional, y sufre el total rechazo de los brasileños por su gobierno: solamente un 3 % aprueban su gestión, según números de Datafolha.

Los pedidos de intervención militar se han vuelto cada vez más recurrentes, al punto de masificarse, según el Instituto Paraná Pesquisas. El apoyo a una interrupción del proceso político civil por los militares aumentó de 35 % en 2016 a 43 % en 2017, es decir, cuatro de cada diez entrevistados. Probablemente este número haya vuelto a aumentar en el presente año.

En contraste con la crisis, hay una gran expectativa de que el proceso electoral de este año funcione como una vía de escape, como argumenté en un artículo anterior. Es una fuerte posibilidad, si se deja de lado la ingenuidad de creer que el sucesor de Temer cambiará los paradigmas del diseño del presidencialismo de coalición, el infame sistema que llevó el país al presente caos. El gobierno que surja de las elecciones de octubre heredará una economía haciendo vinagre, un déficit previsional monstruoso, un pacto federal desactualizado y el Legislativo más fragmentado del mundo. Las condiciones no estarán a su favor.

Para los demócratas que participan del proceso político, las elecciones de octubre son fundamentales para intentar recuperar el rumbo. Además de la elección presidencial se renovará la Cámara baja completa, dos tercios del Senado, todos los gobiernos estadales y sus respectivas casas legislativas locales.

Si bien las elecciones pueden bajar la presión, el escenario no es bueno. Hasta el momento hay quince precandidatos. El expresidente Lula da Silva, preso desde hace dos meses, sigue liderando las encuestas. Sin su nombre, el fascistoide populista de derecha Jair Bolsonaro queda primero y Marina Silva, ambientalista de renombre mundial, se consolida en el segundo lugar; vale decir que ambos sin el apoyo de los partidos políticos, esenciales en el proceso legislativo brasileño. Este cuadro electoral es muy inestable; se espera que varios precandidatos quiten su nombre de la carrera y, en resumen, aún todo es posible.

Los indicadores no son favorables. Después de 2014 Brasil empeoró en todos los índices de democracia. Por ese motivo, los líderes que se elegirán en octubre tendrán como principal desafío volver a colocar Brasil en el camino de la consolidación democrática, reencantar a los intervencionistas e incentivar al sector productivo para que el país vuelva a crecer.

Dados todos estos factores y condiciones excepcionales, en octubre los brasileños resolverán en las urnas el gran dilema del país para los próximos cuatro años, tal vez para toda la década siguiente.

A partir del mes de abril Nicaragua vive una revolución pacífica en la cual el estandarte principal ha sido la unidad azul y blanca. La indignación y la ira al ver cómo la dictadura reprime y asesina al pueblo que se manifiesta desarmado ante la violación a sus derechos han activado el levantamiento de tranques, barricadas y paros ciudadanos con desobediencia civil en diversas partes del territorio nacional.

Desde los barrios, comarcas, comunidades rurales, urbanas, indígenas y afrodescendientes ha florecido la visión de nación, esa donde solo el pueblo salva al pueblo, que exige la participación de todos los sectores y la resistencia colectiva sin claudicar, demandando justicia y la democratización del país.

Con más de 130 muertos, centenares de heridos y reos políticos en menos de dos meses, según informes del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos, las organizaciones de sociedad civil, coalición de estudiantes, organizaciones no gubernamentales y movimientos sociales, tenemos el gran reto de lograr una verdadera articulación que en conjunto pueda concertar una propuesta de democratización desde las bases sociales, adecuada a la realidad nicaragüense.

El papel criminal que ha jugado el régimen, asesinando a decenas de hombres y mujeres —la mayoría de ellos jóvenes y niños—, asediando, reprimiendo y persiguiendo al pueblo, no ha tenido más que un objetivo: infundir pánico en la población para que esta no se organice, no se movilice y no logre articular la demanda de sus derechos. Pero, muy por el contrario, la gente ha perdido el miedo y sigue firme en las calles denunciando los abusos que este sistema ha ejecutado en todo este tiempo y cómo ha venido durante once años reformando y acomodando las leyes junto con la Constitución Política a favor del sistema autoritario que impuso desde el 2006.

Cabe mencionar que todos estos actos los ha ejecutado la Policía Nacional. bajo el mando del presidente de la República, como jefe supremo de este órgano, como lo establece el artículo 1 de la ley 872 («Ley de organización, funciones, carrera y régimen especial de seguridad social de la policía nacional»). Viola así la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los convenios de Ginebra y otros convenios internacionales que tutelan los derechos humanos.

Esta insurrección pacifica de todo un pueblo que exige justicia está por encima de la tiranía, no posee distingo de raza, género o edad, ni oportunismos antagónicos, de los cuales históricamente estamos cansados. Solo tiene dos objetivos: justicia y democratización. Establecer un verdadero Estado de derecho en que los poderes del Estado sean independientes y la corrupción se combata con justicia, donde se pueda ejercer el derecho al voto escogiendo con libertad y transparencia el gobierno que decidamos tener.

Las y los ciudadanos demandamos al gobierno que permita la presencia el Alto Comisionado de los Derechos Humanos para que se investiguen a profundidad todos los crímenes y se le dé respuesta al pueblo. A la vez, pedimos a toda la comunidad internacional que siga apoyando a un pueblo que clama justica, para que Nicaragua vuelva a ser una república.

La impunidad ya no debe ser el pan de cada día para cada una de las familias de los asesinados, activistas defensores de derechos humanos y demás victimas que han sobrevivido a secuestros, torturas, masacres y detenciones ilegales y sin fundamentos para desvirtuar la lucha.

Las y los jóvenes nicaragüenses le hemos dicho sí a la democracia y no a la dictadura, en rebelión al régimen. Cada uno desde sus posibilidades, e incluso traspasando estas, en muchos casos hasta dar la vida, como en el caso de Alvarito Conrado y demás niños asesinados.

En este período de revolución cívica es clave poder lograr cambios sin llenarse las manos de sangre, por la vía pacífica que ha marcado historias a nivel mundial y que permitirá la refundación del Estado de Nicaragua, con su historia singular que trascenderá a toda América Latina.

Faltan poco más de dos semanas para que concluya el proceso electoral 2017-2018 en México, en el que se renovará el Congreso, la Presidencia de la República y cerca de tres mil cargos de elección popular.

La elección más grande en la historia del país tiene, hasta el momento de redactar estas líneas, un claro puntero: Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido, Morena (Movimiento de Regeneración Nacional), encabeza las encuestas de la Presidencia y la Cámara de Diputados, así como la mayor parte de las gubernaturas que se decidirán el próximo 1 de julio.

Al margen de que esas cifras puedan variar en los próximos días, la distancia que lo separa del segundo lugar —que la mayor parte de los sondeos otorga a Ricardo Anaya, del Partido Acción Nacional (PAN)— se encuentra estancada entre los 10 y 15 puntos porcentuales desde hace por lo menos un mes y medio y, si bien se antoja que la recta final extreme los ataques contra López Obrador, la cuesta arriba a recorrer es cada vez más vertical, cuenta regresiva que además del tiempo tiene en su contra el inicio del Mundial de Fútbol, que distraerá la atención de la contienda electoral.

Es complejo imaginar cuáles serán las cartas que jugarán tanto el PAN como el PRI (Partido Revolucionario Institucional) para revertir los números que arrojan las encuestas. Al candidato de Morena parecieran no afectarle los ataques que ha recibido durante el proceso, y su capacidad de marcar pauta de la agenda pública ha hecho que buena parte del debate público se centre en sus propuestas, muchas de ellas más cercanas a la ocurrencia, cuando no al absurdo, pero que lograron atraerle la simpatía de sectores de la población otrora ajenos a su proyecto.

Y es que López Obrador logró lo que ninguno de sus rivales. En primer lugar, encerrar a la suma de partidos contra los que compite en un solo concepto, la mafia en el poder, término que hoy es parte del vocabulario de la política mexicana. Además, hizo del combate a la corrupción, flagrante y cínica durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, la principal bandera de su campaña, reuniendo la inconformidad e indignación popular y usándola contra quienes ya han tenido oportunidad de gobernar al país.

Esta suma de estrategias, que ha construido discursivamente desde por lo menos el año 2006, van aunadas a propuestas que apelan a un Estado fuerte, solucionador y, casi por añadidura, controlador: llama al regreso de un modelo que centraliza las decisiones y revierte avances en materia educativa, energética y política.

Además, se asume como aquel capaz de erradicar la corrupción sin otra propuesta que la frase «si el presidente no es corrupto, nadie más lo será»; garantiza eliminar la pobreza con aquellos recursos que se ahorren de terminar con esa corrupción; otorga candidaturas y espacios a quienes le garantizan apoyo y suman votos, sin importar si están bajo sospecha de actos ilegales o si se ufanan de su cercanía con los gobiernos dictatoriales de Cuba y Venezuela… Todo ello, cabe señalar, distintivo de los populismos latinoamericanos.

Sin embargo, ese lenguaje cercano donde otros se pierden en tecnicismos, esa sensibilidad para captar lo que más indigna a la mayor parte de la población, ese llamado a terminar con los privilegios de la clase política, ese representar la voz de quienes de una u otra forma han quedado excluidos del desarrollo del país, esa apertura donde otros partidos se han encerrado en sí mismos y se han distanciado de la ciudadanía, han sido suficientes para que se ignoren todas sus carencias, para que se pasen por alto las acusaciones no menores que se levantan en su contra y, sobre todo, para que hoy su posibilidad de triunfo esté a la vuelta de unos días.

Esperar a que las encuestas se equivoquen, a que el voto útil cambie escenarios, a que un hecho fortuito o un golpe de suerte alteren lo que parece inevitable es arriesgar demasiado. La cuenta regresiva para el primero de julio puede terminar en una fecha que marque el inicio de una regresión para el país y, al no tener el sistema político mexicano segunda vuelta, lo único que pareciera capaz de evitar el triunfo de López Obrador sería un acuerdo entre PAN y PRI, que hoy no se antoja probable y para el que quizá sea ya demasiado tarde.