La vigésima primera edición de la Copa Mundial de FIFA, que se disputará en Rusia entre el 14 de junio y el 15 de julio de 2018 está cerca, y nada mejor que el actual contexto para reflexionar sobre la relación entre fútbol y política en América Latina.

Este torneo contará con la participación de cinco selecciones afiliadas a la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol): Argentina, Brasil, Colombia, Perú, y Uruguay, y tres pertenecientes a la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol (Concacaf): Costa Rica, México y Panamá.

La relación entre fútbol y política está presente en la región desde las primeras décadas del siglo XX. Como bien señala el escritor uruguayo Eduardo Galeano, «el fútbol y la patria están siempre atados; y con frecuencia los políticos y los dictadores especulan con esos vínculos de identidad». Desde una perspectiva como esta, el uso político del fútbol se basa en la creación de una identidad colectiva signada por los sentidos de patriotismo y nacionalismo, transformando a las selecciones nacionales en factores identitarios. Cinco países latinoamericanos fueron sede del Campeonato Mundial de Fútbol, en siete ediciones de la competencia, haciendo notar esa tendencia en mayor o menor grado: Uruguay (1930), Brasil (1950 y 2014), Chile (1962), México (1970 y 1986) y Argentina (1978).

Para comenzar, tomemos por ejemplo la primera edición de la Copa del Mundo de FIFA, que se llevó a cabo en Uruguay del 13 al 30 de julio de 1930. Aquel año, el país celebraba el centenario de la jura de su primera Constitución, y fue este uno de los factores que llevaron a la FIFA a aprobar la candidatura de Uruguay para organizar y ser sede de la primera edición de la copa, además de que su selección hubiera obtenido la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 1924 y de 1928, en París y en Ámsterdam respectivamente, transformándose en una de las principales potencias del fútbol mundial por aquel entonces. La gran final rioplatense enfrentó a las selecciones de Argentina y Uruguay el 30 de julio, en el Estadio Centenario, en Montevideo.

La rivalidad entre ambas selecciones, que eran protagonistas del fútbol latinoamericano en la década del veinte, se hizo presente en aquella fecha. La propia final del Mundial de 1930 fue una reedición de la final de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam en 1928. Al grito de «victoria o muerte», miles de hinchas argentinos cruzaron el Río de la Plata rumbo a la capital uruguaya. Con el fútbol atravesando un momento de gran popularidad en ambos países, la pasión de las hinchadas y el sentimiento nacionalista se hicieron patentes. Al final, los anfitriones ganaron el partido por 4 a 2, transformándose en los primeros campeones mundiales de fútbol, al mismo tiempo en que el país se celebraba el centenario de su conformación como nación.

La campaña de la selección brasilera dejó mucho que desear. Una disputa de índole política, que involucró a la Confederación Brasilera de Deportes (CBD), organización federal fundada en 1914, y la Asociación Paulista de Deportes Atléticos (APEA en portugués), fundada en San Pablo en 1913, provocó que Brasil no concurriese al torneo con todo su poderío. Al rehusarse la CBD a integrar representantes del fútbol paulista en la comisión técnica, la APEA impidió la participación a sus jugadores afiliados, haciendo que Brasil fuera representado por una selección carioca. [1] Podemos trazar un paralelismo con los conflictos sociopolíticos que por aquel entonces sucedían en el país, y que desembocaron en la Revolución de 1930, y la llegada al poder de Getúlio Vargas, así como también con la Revolución constitucionalista de 1932 como respuesta paulista. Un dato curioso, por ejemplo, fue la ausencia de Arthur Friedenreich, la principal estrella de aquel entonces, del equipo que disputó la Copa Mundial de 1930, y su participación, dos años más tarde, con el rango de teniente, en filas del ejército paulista.

La cuarta edición de la Copa del Mundo de FIFA fue realizada por segunda vez en Latinoamérica. Brasil fue elegido como sede para 1950. Una vez más, la relación entre política y fútbol se puso de manifiesto. Brasil, que desde el final de la Segunda Guerra Mundial pasaba por un proceso de franca industrialización, intentó aprovechar el torneo para ganar visibilidad en el escenario político y económico mundial, así como para afianzar su protagonismo en la región. El Estadio Municipal, con una capacidad de 200.000 espectadores, construido especialmente para el torneo, debía aparecer como monumento arquitectónico del «nuevo» Brasil que surgía en el concierto mundial. El proyecto fracasó tanto en el plano político como en el simbólico, con la derrota 2 a 1 de la selección brasilera frente a la celeste olímpica en el último partido del cuadrangular final, disputado el 16 de julio de 1950. Esa derrota, que puso fin al sueño momentáneo de grandeza política y económica, pasó a conocerse en la historia del fútbol mundial como maracanazo.

Salvando las distancias, podemos apreciar en este suceso cierta correspondencia entre lo acontecido en la Copa de 1950 y la de 2014, no solo porque en ambas ediciones, y a pesar de haber sido locataria, la selección brasilera fue derrotada, confirmándose como la única selección campeona mundial en no haber ganado una copa en su propio terreno, pero también porque fracasó un proyecto político impulsado por el gobierno del Partido de los Trabajadores para insertar a Brasil en el espacio restringido de naciones con liderazgo mundial y ocupar un sillón permanente en el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, en medio de manifestaciones en contra del gobierno federal que ocuparon calles y plazas del país, tanto durante la Copa de las Confederaciones en 2013 como durante el Campeonato Mundial de 2014. En un mismo sentido, la organización y realización de la Copa del Mundo servirían como instrumento de apoyo a la política exterior encarada por el país, que quedó a mitad de camino en medio de una crisis política y económica enfrentada por el gobierno de aquel entonces. Así, la narrativa de la patria de los zapatos de fútbol se desmoronó, incluso con un nuevo capítulo «trágico» para el fútbol brasilero: la humillante derrota ante la selección alemana en la semifinal del torneo, por un marcador de 7 a 1, el mineirazo.

Otra edición de la Copa del Mundo de la FIFA disputada en la región también nos permite reflexionar acerca de la relación entre fútbol y política: la undécima edición, realizada en Argentina, en 1978. Por cuarta vez, luego de Uruguay en 1930, Brasil en 1950, Chile en 1962 y México en 1970, un país latinoamericano conseguía el derecho a ser sede del torneo. El país anfitrión enfrentaba por aquel entonces años de turbulencia política, a partir de la instauración de la dictadura militar en 1976. Como sucediera con otros eventos deportivos de alcance mundial, donde el deporte fue utilizado como instrumento de propaganda política e ideológica —a modo de ejemplo podemos tomar la Copa del Mundo de 1934, disputada en Italia bajo el yugo del dictador Benito Mussolini, con su máxima «vincere o morire», y los Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, en la Alemania nazi al mando de Adolph Hitler—, una vez más un dictador se hacía presente en la historia del deporte mundial: el general del ejército Jorge Rafael Videla, líder de la junta militar que asumió al frente del Estado argentino el 24 de marzo de 1976, luego del golpe que destituyó a Isabelita Perón.

Figura caudillesca, muy habitual en la región, el general Videla tomaba para sí la responsabilidad de llamar a la nación argentina no solo para alentar a su selección sino también para apoyar al régimen, a partir de una retórica nacionalista, en los actos oficiales —como el del discurso inaugural del Mundial, el 2 de junio de 1978— o a través de campañas en la prensa.

El general estuvo presente además en todos los partidos disputados por la selección argentina a lo largo del torneo, y se transformó en una figura omnipresente que formó parte de la afición en las tribunas.

Uno de los momentos de esa Copa que permite apreciar de mejor manera la relación entre fútbol y política fue el hecho de que tanto Videla como los demás miembros de la junta militar asistieron al encuentro entre Brasil y Argentina junto al presidente de la FIFA, Joao Havelange, una figura del fútbol que brindó su apoyo incondicional a la realización de la Copa en un país bajo una dictadura, que se hacía sentir a través de la censura, las violaciones a los derechos humanos y la persecución a disidentes. El máximo momento de conjunción entre fútbol y política se alcanzó durante la ceremonia de premiación a los campeones mundiales, en el Estadio Monumental, cuando Daniel Passarela —capitán de la selección argentina— recibió el trofeo de manos de Videla, en una especie de símbolo de la unidad entre sociedad, nación y gobierno. Cabe recordar que en las adyacencias del Estadio Monumental de Núñez, a menos de un kilómetro de distancia, se ubicaba la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), principal centro de represión política durante el gobierno de la junta militar, donde los disidentes políticos eran mantenidos presos, torturados y asesinados.

Sin duda, el caso argentino está lejos de ser excepcional en el uso político de eventos deportivos para adjudicarse dividendos en la economía simbólica, con el propósito de legitimar regímenes dictatoriales, independientemente de su color ideológico. En América Latina, en particular, hay otros dos casos que pueden ser recordados, referidos ambos a Brasil: las Copas de 1938 y de 1970.

En 1938, en pleno Estado novo, bajo el gobierno de Getúlio Vargas, el fútbol pasó a formar parte de un proyecto político de construcción de una identidad nacional. Con una popularidad creciente desde la década de 1920, el fútbol llamaba la atención de las autoridades como un vehículo de integración de la sociedad y, por esa característica, pasible de ser instrumentalizado para tal construcción. No se trató meramente de una estrategia de propaganda cuyo objetivo fuese la legitimación del régimen, sino de algo mayor: la consolidación de la unidad nacional ante los enfrentamientos regionales. Basta recordar, si no, el conflicto mencionado entre las federaciones —la APEA y la CBD— en el marco de la Copa de 1930.

Así, en la Copa de 1938, disputada en Francia, superados los conflictos organizacionales e ideológicos del pasado, en nombre de un discurso de unidad nacional cimentado en los símbolos patrios, la selección brasilera, al obtener un meritorio tercer lugar en el torneo, colocaba la piedra fundamental para la constitución del mito del fútbol arte y de la Patria canarinha. [2]

A su vez, 32 años más tarde, en la Copa de 1970 disputada en México, una vez más en pleno régimen dictatorial, en los llamados años de plomo, el fútbol sería pasible de instrumentalización. Incluso, si prestamos atención a los detalles de tal instrumentalización, dejaremos de lado aquella idea, muy de sentido común, de que el gobierno dictatorial habría pegado su imagen a la del triunfo de la selección brasilera al conquistar el tricampeonato mundial. Mucho más profunda, la relación entre fútbol y política en aquel contexto deja entrever una preparación minuciosa y eficiente en términos deportivos y organizacionales, que había iniciado en 1968. Para empezar por la comisión técnica, formada con varios nombres provenientes de la Escuela de Educación Física del Ejército, lo más avanzado en términos de táctica y de preparación física fue puesto en práctica para brindar a la selección brasilera condiciones de alto nivel para la disputa del torneo, luego de una campaña pobre en la Copa de 1966, disputada en Inglaterra.

Si en la era Vargas el proyecto procuraba más la superación de los localismos políticos en nombre de la unidad nacional —utilizando al fútbol como medio aglutinador y, al mismo tempo, promotor de valores y símbolos nacionales— que la legitimación del régimen, el gobierno dictatorial en 1970 poseía otros objetivos. Los localismos, en mayor o menor medida, estaban superados. En aquel contexto, la imagen del gobierno y sus políticas debía ser legitimada a partir del uso político de la conquista en el ámbito futbolístico, al tiempo que la censura y la represión a disidentes colocaban al país en la vidriera de aquellas naciones que violaban los derechos humanos.

En ese aspecto, el uso político del fútbol puede también ser considerado una estrategia para desviar la atención de las políticas internas, pensando en la vieja y gastada máxima de considerar al fútbol como el opio de los pueblos, que poco o nada contribuye a evaluar en qué medida eventos de esa naturaliza tienen el poder de despertar emociones y, al mismo tiempo, elaborar sentidos simbólicos de pertenencia, sea de índole clubista o nacional.

Innegablemente, la relación entre fútbol y política, nación y emoción, patria e identidad, permitió el surgimiento en la región de mitos como el fútbol mulato, el fútbol arte, el país del fútbol, la patria en zapatos de fútbol, de la selección canarinha en Brasil, o del fútbol criollo, de la gambeta en Argentina, o de la garra charrúa en Uruguay, como metonimia de las respectivas naciones y como forma de expresión, a través del fútbol, de la propia idiosincrasia de cada país a partir de sus comunidades imaginadas, para usar la expresión del historiador y cientista político norteamericano Benedict Anderson, fundamentadas por tradiciones inventadas, según lo planteado por el historiador británico Eric Hobsbawm. De acuerdo con lo planteado por Eduardo Galeano, a lo largo del siglo XX, «el fútbol fue el deporte que mejor expresó y afirmó la identidad nacional. Las diversas maneras de jugar han revelado, y celebrado, las diversas maneras de ser».

Así, como medio de identificación colectiva el fútbol ha sido, desde el comienzo, pasible de instrumentalización para fines políticos e ideológicos. Sin embargo, este esquema no parece sostenerse en tiempos de globalización, en que las transformaciones ocurridas en las últimas tres décadas impusieron nuevos órdenes políticos, económicos y culturales, e incluso la fragmentación de las identidades nacionales. Tal proceso también se ha experimentado en el resto de América Latina.

Finalizando nuestro breve abordaje sobre tan polémica relación, cabe recordar una frase del antropólogo brasileiro Roberto Da Matta, que define de manera precisa la maleabilidad del fútbol, requerida para una instrumentalización eficaz, según la forma en que una sociedad se apropia de él: el fútbol es aquello que hacemos de él, pues «como todas las actividades humanas, no tendría una esencia llena o vacía de consecuencias, sino que dependería de la relación que establece con sus receptores, en un momento dado y en una sociedad determinada». Nos queda esperar al Mundial de Rusia para evaluar mejor su impacto en los países latinoamericanos, en términos de uso político de eventuales resultados obtenidos en el marco deportivo.

[1] Carioca es el gentilicio de los oriundos del estado de Río de Janeiro.
[2] Canarinha es como se conoce popularmente a la camiseta amarilla de Brasil.

Traducción: Federico Irazabal

En diciembre de 2017, el diario argentino Clarín publicó una foto («Una foto…», 22.12.2017). Fue grabada en 2012 durante un congreso de la Confederación Sudamericana de Fútbol, Conmebol, en Buenos Aires, y muestra a quince hombres, mayoritariamente de edad avanzada, todos vistos de traje.

La primera fila se encuentra sentada y la fila detrás de pie, en alusión a las fotos habituales de los equipos de fútbol. Pero estos hombres no son futbolistas, son funcionarios. Son los diez jefes de las asociaciones nacionales de fútbol sudamericanas y algunos altos funcionarios. En el borde de la imagen alguien anotó a mano y con tinta azul los nombres de las personas y cifras correspondientes: los números van desde 12,2 a 2,2. Representan millones de dólares estadounidenses. Son sobornos que se supone que los funcionarios embolsaron entre 2010 y 2016.

En la parte superior de la lista se encuentra Julio Grondona, el difunto expresidente de la Asociación de Fútbol Argentina, AFA, de quien se dice que cobraba USD 12,2 millones de coimas. En el otro extremo de la lista también se encuentra un argentino: José Luis Meiszner, expresidente de Quilmes AC, club de la primera división y ex secretario general de la Conmebol. Se dice que Meiszner recibió USD 2,2 millones, una pequeña luz mala en el pantano corrupto del fútbol sudamericano. Solo uno de esos quince hombres aparentemente ha desafiado con éxito todos los intentos de corrupción: es Sebastián Bauzá, hasta 2014 presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol. La investigación en su contra fue suspendida en 2017 («Una foto…», 22.12.2017).

La foto de los funcionarios sirvió como prueba número 100 en un juicio espectacular en Nueva York, que terminó por mandar a prisión al expresidente de la Conmebol, el paraguayo Juan Ángel Napout, y al exjefe de la Confederación Brasileña de Fútbol, José María Marín, por formar una organización criminal, por fraude bancario y por lavado de dinero («FIFAgate…», 22.12.2017). Fueron las primeras sentencias de una investigación preliminar, hoy día bien conocida como FIFAgate, que empezó en 2015 con el arresto de altos funcionarios de la asociación mundial del fútbol FIFA en Zúrich y cuyo final está lejos de terminar. Se trata, en todos los casos, de corrupción en la adjudicación de torneos, contratos de equipos deportivos y derechos de transmisión de televisión. Y muchas pistas conducen a América Latina. En ninguna parte del mundo el fútbol es tan corrupto como en este continente.

Incluso el mayor escándalo de corrupción en la historia del deporte comienza en América Latina: la empresa de marketing suiza, International Sports and Leisure (ISL), adquirió en los años ochenta y noventa los derechos de emisión de los eventos deportivos de las asociaciones deportivas y los trasladó a emisoras de televisión, patrocinadores y comercializadores. Entre sus clientes estaban las asociaciones mundiales de atletismo, de natación y de tenis, así como el Comité Olímpico Internacional y la FIFA. Antes de ir a la quiebra en 2001, la ISL pagó USD 182 millones en sobornos a funcionarios deportivos. Uno de los principales beneficiarios fue el brasileño João Havelange, funcionario deportivo y, entre otras cosas, desde 1974 hasta 1998 presidente de la FIFA, quien cobró junto con su yerno más de USD 20 millones («Korruption…», 24.6.2013, p. 13). Este abogado había establecido durante su mandato un sistema de beneficios, que internamente se llamaba cadena alimentaria («Havelange, Joao», 13.5.2017). Sus agentes indirectos en Brasil eran los llamados cartolas (‘cilindros’), funcionarios dependientes y por lo tanto leales, cuya influencia se extendía profundamente hasta los clubes nacionales del continente. La propia familia de Havelange se beneficiaba del extenso sistema: sy nieta Joana trabajó en el comité organizador de la Copa Mundial 2014 y ganó USD 50.000 al mes.

Aunque las acusaciones contra João Havelange habían sido documentadas en miles de páginas, el patriarca y su familia siempre negaron haber sido sobornados. Al contrario: Havelange, que murió en 2016 a la edad de 100 años, se jactó de haber profesionalizado el fútbol y de haber hecho grande a la FIFA:

Cuando llegué a la sede de la FIFA en Zúrich, encontré una casa vieja y algo de dinero en un cajón. Cuando renuncié a mi puesto, 24 años después, la FIFA tenía más de USD 4000 millones en contratos y activos. («Havelange, Joao», 13.5.2017)

Havelange finalmente reinaba sobre más asociaciones nacionales del fútbol que miembros hay en la ONU. No sin razón, el escritor uruguayo Eduardo Galeano lo describió como un viejo monarca:

Ha cambiado la geografía del fútbol y lo ha convertido en uno de los más espléndidos negocios multinacionales. Bajo su mandato se ha duplicado la cantidad de países en los campeonatos mundiales. […] Por lo que se puede adivinar a través de la neblina de los balances, las ganancias que rinden estos torneos se han multiplicado tan prodigiosamente que aquel famoso milagro bíblico, el de los panes y los peces, parece chiste si se compara. (2005, p. 167)

Con sus métodos, Havelange y sus funcionarios han convertido el fútbol en un producto comercial. Ya en la década de 1990, el fútbol profesional movía USD 225.000 millones al año. A modo de comparación: el entonces mayor grupo mundial, General Motors, de EUA, alcanzó una facturación de USD 136.000 millones. El sistema Havelange estaba en el mundo y despertó deseos que continúan hasta hoy día. Las estaciones de televisión desempeñaron un papel cada vez más importante: el fútbol y la televisión entraron en una sociedad muy unida, dice el exdirector deportivo del Real Madrid y entonces jugador internacional de Argentina, Jorge Valdano:

Nadie duda de que la televisión haya impulsado el fútbol. […] El fútbol, un mediador infranqueable de las imágenes, no pudo mantenerse apartado durante el espectáculo de la observación. (2006, pp. 234-235)

El poeta e hincha de fútbol Eduardo Galeano hizo hincapié, ya en los años noventa, en las consecuencias económicas de esta interacción:

La venta de los derechos para televisión es la veta que más rinde, dentro de la pródiga mina de las competencias internacionales, y la FIFA […] recibe la parte del león de lo que paga la pantalla chica. (2005, p. 169)

Este sistema está alimentado por las estructuras de las políticas deportivas y de medios en América Latina: miles de emisoras están inundando a las personas con información y entretenimiento, cultura y deporte. Pero solo unas pocas dominan el mercado continental. Poderosas empresas de medios privadas, que no solo tienen una densa red de estaciones de televisión, estaciones de radio y periódicos, sino que también suelen tener las mejores conexiones en política. Una transmisión pública con los órganos de supervisión adecuados prácticamente no existe, para ella no hay lugar entre la televisión comercial dura y los medios de propaganda del Estado. La influencia de estos últimos en el negocio del fútbol no debe subestimarse, como muestra bien un ejemplo de Argentina: Allí, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, que gobernó entre 2007 y 2015, lanzó un programa en el que todos los hinchas podían seguir los partidos de la Primera División, de la copa nacional y de las competiciones internacionales de clubes con participación argentina en vivo y gratis. A cambio, la audiencia se vio inundada de propaganda progubernamental. Después de tres años, Fútbol para Todos había costado 4000 millones de pesos (actualmente USD 195 millones), incluidos los pagos a la AFA por los derechos de transmisión (Casar González, 9.12.2012).

Cuando el programa se suspendió, en 2017, probablemente le había costado al contribuyente argentino mucho más dinero. Aquí también hubo sobornos; al menos eso dijo el ex-CEO de un comercializador de derechos deportivos en una audiencia durante el proceso FIFA en Nueva York, cuando afirmó que dos personas a cargo de Fútbol para Todos habían recibido de su compañía USD 4 millones (Casar González y Mathus Ruiz, 14.11.2017). Uno de los dos acusados, el abogado argentino Jorge Delhon, unos días más tarde se arrojó delante de un tren en Buenos Aires.

Argentina también domina el negocio del fútbol en los medios privados: muchas radiodifusoras importantes y vendedores de derechos están activos en todo el continente y, con la excepción de Brasil, no tienen barreras idiomáticas. En cambio, influyen en el mercado desde México a Chile. Las sucursales hispanohablantes de las redes estadounidenses Fox Sports y ESPN tienen comentaristas predominantemente argentinos. Y no es raro que los reporteros deportivos trabajen incidentalmente como asesores de jugadores.

Si este poder económico, la falta de transparencia y las estructuras descontroladas de las asociaciones de fútbol se encuentran, la puerta a la corrupción está abierta. Esto demuestra el caso del expresidente de la Conmebol, el uruguayo Eugenio Figueredo, quien en el contexto del FIFAgate fue puesto bajo arresto domiciliario. Figueredo admitió, al fiscal que investigaba el caso, haber recibido de diversas fuentes cientos de miles de dólares para la asignación de derechos de emisión de TV. Pero la energía delictiva fue aún más lejos, dice el fiscal Juan Gómez.

[Figueredo] reconoce que al ser evidentes los manejos indebidos de dinero en la Confederación (Sudamericana de Fútbol), y por los contratos que esta firmaba, al asumir como presidente procuró legalizar (sic) la plata dulce (sic) que se repartían [en] una red de corrupción, que lamentablemente azotó al fútbol sudamericano, en impunidad que se ha mantenido durante décadas. («FIFAgate: Figueredo declaró…», 25.12.2015)

Como «legalización» entendió el exoficial de fútbol y exvendedor de coches Figueredo invertir los sobornos en inmuebles de lujo en California, Panamá y Uruguay. Cómo los millones negros pudieron pasar las autoridades sigue siendo un misterio.

El caso de Figueredo también arroja luz sobre los daños que causa la corrupción directamente al fútbol latinoamericano y a sus clubes, porque la comercialización de los torneos Conmebol siempre fue cedida a la misma compañía. En la víspera de la Navidad de 2013, siete clubes uruguayos y la Mutual de Jugadores Profesionales de Uruguay denunciaron a autoridades de la Asociación Uruguaya de Fútbol e incluso a Eugenio Figueredo. La demanda se retiró apresuradamente, después de que a los clubes se les dejó inequívocamente claro que, de lo contrario, se los excluiría de los torneos internacionales, lo que, por supuesto, les era financieramente lucrativo («FIFAgate: Figueredo declaró…», 25.12.2015). La amenaza vino del entonces director general de la Conmebol. Su padre, hoy en día suspendido de todos sus cargos, pero aún influyente, fue presidente de la Real Federación Española de Fútbol. Esto muestra qué dimensiones internacionales tiene el tema de la corrupción.

El fútbol de clubes de América Latina todavía está dominado con demasiada frecuencia por funcionarios corruptos y muy poco por jugadores talentosos. Pero lentamente crecen las fuerzas que podrían drenar el pantano. Por ejemplo, Romario de Souza Faria, legendario jugador de la selección brasileña y hoy senador, logró en 2015 que las acusaciones de corrupción en el fútbol fueran investigadas. Tales intentos siempre habían sido prevenidos en las décadas anteriores por los señores mayores de las asociaciones latinoamericanas. Pero Romario fue campeón del mundo y dispone de una gran credibilidad. Era más dificil comprarlo por funcionarios corruptos.

Bibliografía

CASAR GONZÁLEZ, Alejandro (9.12.2012). «El Fútbol para Todos costó $ 4000 millones en tres años», La Nación.

CASAR GONZÁLEZ, Alejandro, y MATHUS RUIZ, Rafael (14.11.2017). « Alejandro Burzaco confirmó que coimeó a dos funcionarios kirchneristas durante el Fútbol Para Todos», La Nación.

«FIFAgate: Figueredo declaró que trató de “legalizar la plata dulce” que se repartía en la Conmebol» (25.12.2015). La Nación.

«FIFAgate: condenan a dos altos dirigentes del fútbol sudamericano y van a prisión» (22.12.2017). Clarín.

GALEANO, Eduardo (2005). El fútbol al sol y sombra, 3.ª edición. Madrid: Siglo XXI.

«Havelange, Joao» (13.5.2017). Wikipedia.

«Korruption – Wie die Weltmeisterschaft nach Brasilien kam» (24.6.2013). Berliner Zeitung.

«Una foto en Buenos Aires, la prueba número 100 en el FIFAgate» (22.12.2017). Clarín.

VALDANO, Jorge (2006). El miedo escénico y otras hierbas, aqui citado por su edición alemana Über Fußball, Múnich: Bombus.

Traducción: Manfred Steffen

El significado social del fútbol en América Latina.

El fútbol impregna como ningún otro deporte la cultura cotidiana de cientos de millones de aficionados alrededor del planeta. Especialmente en Latinoamérica la euforia casi no conoce límites. Superestrellas como el argentino Lionel Messi o el brasileño Neymar son ídolos nacionales que mueven a las masas mucho más allá del ámbito deportivo. Al exjugador Diego Armando Maradona sus seguidores la dedicaron incluso una religión. Él mismo se había erigido verbalmente en un dios del fútbol cuando justificó su gol irregular con la mano en el partido contra Inglaterra de cuartos de final del Mundial de 1986, diciendo que había intervenido la mano de Dios. El último Mundial en el continente americano en Brasil se convirtió en un gigantesco espectáculo futbolístico que durante los partidos de la Seleção dejaba desiertas las calles y paralizó durante semanas la vida pública fuera del fútbol. La falta de sustentabilidad social del megaevento provocó, sin embargo, fuertes críticas. El templo futbolero de Manaos, en la Amazonia brasilera, construido a un costo de millones de dólares, decae hoy abandonado y simboliza el lado oscuro del negocio del fútbol lejos de la euforia mundialista.

A pesar de tanto entusiasmo, en Latinoamérica jugadores y fanáticos del fútbol se enfrentan cada vez más a voces críticas. Estas se centran en la industria multimillonaria, tan alejada de la vida real de los hinchas y que parece considerar el compromiso con el fairplay solamente como una declaración intrascendente. Incidentes violentos, hooligans, expresiones abiertamente racistas, difamación de minorías, sueldos astronómicos de los jugadores, manipulación de los partidos y escándalos de apuestas, así como tramitación corrupta en la designación de las sedes llenan los titulares y conforman la parte oscura del fútbol, no solamente en Latinoamérica.

Frente a esto se presenta la fuerza integradora y unificadora de la cacería del balón de cuero, un ritual que sigue las mismas reglas en todos los continentes y que supera sin esfuerzo barreras idiomáticas, culturales o religiosas. Del deporte de tiempo libre al fútbol de equipos organizado nacional o internacionalmente, y de este al campeonato mundial, los jugadores y jugadoras se desempeñan en las canchas y promueven respeto, tolerancia, honestidad y espíritu de equipo. Nadie que haya presenciado un partido en vivo en un estadio lleno ha podido evitar la fascinación que provoca el fútbol y las emociones que libera.

Entre la guerra del fútbol y las fábulas de verano

El fútbol no es solamente un espejo de nuestras sociedades. Más bien, su inmenso atractivo lo lleva a influir en el desarrollo social como motor o, al menos, catalizador. En un sentido negativo, se pueden nombrar megaeventos como los campeonatos mundiales, que han sido utilizados por gobernantes autoritarios para legitimarse internacionalmente y fortalecer su poder. No solo la adjudicación del Mundial de 1978 a la junta militar argentina es un capítulo triste del fútbol mundial. Las adjudicaciones recientes también muestran que los estándares democráticos mínimos no son una condición previa para organizar una Copa del Mundo. La exacerbación consciente del resentimiento y los nacionalismos llevó ya en 1969, en ocasión de un partido de clasificación entre Honduras y El Salvador, no solo a disturbios con muertes, sino también a la autodenominada guerra del fútbol entre ambos países. Ya se trate de gobiernos corruptos, empresarios influyentes, barones de la droga colombianos o de la Stasi (servicios de inteligencia de la exRepública Democrática Alemana), en todo el mundo los dueños de los clubes de futbol los utilizaron y los utilizan para mostrar públicamente su poder y con eso influir la sociedad.

En cambio, al campeonato mundial de 2006 en Alemania, presentado como El mundo entre amigos, se le reconocen impactos sociales positivos, ya que los alemanes aprendieron que una porción sana de patriotismo no excluye la apertura y la hospitalidad, sino que idealmente las complementa. El hecho de que las posteriores revelaciones respecto a las cuestionables prácticas en la adjudicación de la sede del Mundial de 2006 dejaran un sabor amargo sobre el cuento de hadas en muchos hinchas futboleros, solo muestra cuán cercanas están las luces y las sombras también en el fútbol. Esto vale también para la otrora figura luminosa del fútbol alemán, como fue apodado Franz Beckenbauer, presidente del Comité de Organización de la Copa Mundial de Fútbol FIFA de 2006.

La fuerza positiva y el potencial de desarrollo social inherentes al fútbol están en el foco de numerosas iniciativas privadas y estatales en todo el mundo. La organización Streetfootballworld, sita en Berlín, por ejemplo, lanzó la iniciativa Common Goal, que promueve que los futbolistas donen por lo menos uno por ciento de sus honorarios a un fondo, para financiar proyectos sociales a nivel mundial. Conocidos profesionales como el jugador de la selección alemana Mats Hummels se sumaron a la iniciativa. El Ministerio Federal de Cooperación Económica y Desarrollo fundó el área deporte para el desarrollo, en cooperación con la Federación Alemana de Fútbol, centrada en la promoción y la integración de refugiados a través del fútbol. También se apoyan proyectos en el extranjero que, a través de la cooperación para el desarrollo del fútbol, permiten llegar a niños y jóvenes, y con esto contribuyen a promover la formación, la salud y la igualdad de derechos.

Honestidad, juego limpio, tolerancia, respeto: importantes no solo en el campo de juego

Como fundación política cuyo mandato principal es la promoción de la democracia en el mundo, la Fundación Konrad Adenauer ya tiene buenas experiencias con proyectos relacionados con el fútbol. Entrenamientos compartidos acompañados de talleres y partidos de interés público con participación de personalidades cristianas y musulmanas contribuyeron al fortalecimiento del diálogo interreligioso y a la celebración de elecciones pacíficas en Tanzania. Con la iniciativa Green Goal 2010, la Fundación Konrad Adenauer sentó una pauta de sustentabilidad, protección del ambiente y del clima en la Copa Mundial de Fútbol en la República Sudafricana.

En vísperas de un campeonato mundial es adecuado recordar que el juego limpio, la tolerancia, el aprecio y respeto mutuo son principios importantes no solo en el campo de juego, sino que constituyen las bases indispensables para la convivencia y el desarrollo de nuestras sociedades.

En pocas regiones del mundo el fútbol tiene un significado tan grande como en Latinoamérica. Por esta razón, la Fundación Konrad Adenauer organizó, en cooperación con la Asociación Alemana de Investigación Latinoamericana (ADLAF), un congreso sobre «Fútbol y sociedad en América Latina», del 7 al 9 de junio de 2018, en Berlín.

En el centro del evento inaugural estuvo el debate de destacados representantes de los deportes, la política y organizaciones no gubernamentales, que versó sobre los aspectos luminosos y los oscuros del fútbol, desde diversas perspectivas. Felix Magath, leyenda del fútbol alemán dentro y fuera de la cancha, habló sobre «¿Qué puede aprender la sociedad del fútbol?», al inicio del panel inaugural sobre «Corrupción, machismo y racismo. Desafíos y fuerza positiva del fútbol». Este panel constituyó un puente de la perspectiva alemana hacia América Latina. Participaron Aline Pellegrino, excapitana de la selección femenina de Brasil y codirectora del proyecto Guerreiras, al igual que Antonio Leal, director fundador del festival de cine de fútbol CINEfoot en Brasil, Jürgen Griesbeck, director fundador de la mencionada organización Streetfootballworld e iniciador de Common Goal, y Cornelia Schmidt-Liermann, diputada nacional del Parlamento argentino, presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto y del Grupo Parlamentario de Amistad con Alemania. Más allá de esto, en el núcleo del congreso ADLAF 2018 hubo numerosos paneles académicos, con presentaciones de algunos de los expertos más reconocidos en sus campos respectivos. Esta parte de la conferencia estuvo enmarcada por una tarde de cortometrajes sobre fútbol alemán y latinoamericano y numerosas actividades acerca del tema del fútbol.

La Fundación Konrad Adenauer y la ADLAF quisieron, a través de este evento, llamar la atención sobre el tema del fútbol como fuerza positiva para el desarrollo social, sin por eso negar los aspectos negativos.

Traducción: Manfred Steffen

Completando el álbum del Mundial en familia hice en voz alta la siguiente pregunta: ¿Por qué no hay una sola mujer en más de 600 postales? A lo que me respondieron, con total naturalidad, «porque es un álbum del Mundial de Fútbol de hombres».

Entonces me pregunté si no existe acaso una mujer que merezca una figurita-postal, alguna hincha de la barra que haya acompañado a su equipo o selección, alguna profesional, médica, reportera, alguna esposa, mamá, o tal vez una foto de la tan renombrada abuela de Messi, ¡qué sé yo, alguien! Para quienes no lo han visto, el álbum oficial del Mundial trae, además de las fotos de los jugadores, fotos de los equipos, de los estadios, de las leyendas del fútbol y hasta imágenes de la emblemática catedral de San Basilio, pero mujeres no, ni una matrioska [1] como símbolo de la cultura rusa.

Semanas después me enteré que la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) entregó a periodistas que cubrirán esta gran fiesta del fútbol un manual sobre el idioma y cultura rusa en el que se incluyó una sección sobre «qué hacer para tener alguna oportunidad con una chica rusa», la cual consistía en técnicas de conquista que incluía «recomendaciones», algunos básicas como «ser limpio»(qué manera innecesaria de hacer quedar a los hombres como poco aseados) y otras más extrañas como «a las chicas rusas no les gusta que las vean como objetos»(¿a qué ser humano sí le gustará esto?, me pregunto); en fin, varias frases que me hicieron reaccionar: ¡Ah, caramba! Resulta que para ciertos aspectos del fútbol las mujeres sí son tenidas en cuenta, ¡eh!

Recordé entonces las imágenes de una reportera paraguaya que cubría las afueras del estadio en una fecha del torneo local, que en pleno reportaje fue acosada con besos y manoseos de los hinchas. Situaciones similares vivieron una reportera mexicana, otra francesa y quién sabe cuántas más ¿Por qué el fútbol tiene que ser un ambiente tan hostil para las mujeres?

Recordé también que una vez, jugando fútbol en el colegio, tuve uno de esos días en los que te salen todas las jugadas, ¡fue un buen partido! Al finalizar, un chico que no conocía se me acercó y me preguntó dónde tenía escondidos los testículos… Me sentí tan mal, ¡yo era una niña! Pero entendía lo que me estaba diciendo y me quedé muda. Le comenté lo ocurrido a un amigo y me dijo que yo no debía sentirme mal, que eso había sido un cumplido. «Si te tratan de nene es porque jugás bien», sentenció. Listo, me dejaron claro que las mujeres no podemos tener cierta destreza en el fútbol (y menos aún las nenas). También recuerdo escuchar al papá de una compañera decir que su hija era muy talentosa en el fútbol pero que dejó de llevarla a las prácticas porque se trataba de un «ambiente muy lésbico». Estructuras mentales, estereotipos y prejuicios que cortan alas.

¿Acaso estos espacios en donde los protagonistas «son hombres» tienen la finalidad de menospreciar y cosificar a la mujer? ¿Acaso en esos ambientes «masculinos» las mujeres solo merecen aparecer en calendarios y revistas XXX? Me niego a creerlo y, si fuese así, necesito cambiar esa realidad, porque me gusta el fútbol, porque a mi hija le gusta el fútbol, porque el fútbol es familia y amistad, y porque en el mundo cabemos todos con el mismo respeto y dignidad.

Ni hablar de la invisibilización de los logros y triunfos de los equipos de fútbol femeninos, esto con una gran cuota de responsabilidad de la prensa. Claudio Agurto lo ejemplifica muy bien en su artículo «Fútbol y mujeres en Chile en su minuto clave», haciendo referencia al titular de un medio escrito con motivo del triunfo de la selección chilena femenina en la reciente Copa América Femenina jugada en Chile: «La Alexis Sánchez que dejó a Chile con un pie en la ronda final de la Copa América». Esto, referido a María José Rojas y el gol que le dio el triunfo a Chile sobre Uruguay. [2]

Hay personas que no entienden mucho de fútbol pero que igual lo disfrutan porque reúne a la familia, personas que van a la escuelita de fútbol todos los días a llevar a su hijo o nieta que sueña con jugar un Mundial… ese sueño es suficiente para vivir la pasión futbolera. Recuerdo que mi profe de Inglés del colegio sabía el resultado de todos los partidos de cada fecha, de fútbol local, de la Liga Española y de la Premier League. Una vez le pregunté si siempre fue así y me dijo que no, que es un gusto que adquirió de grande porque el fútbol era la excusa para conversar más con su esposo y con sus hijos, y eso para ella era fantástico.

Claro que también hay mujeres que no la tienen muy clara, que no entienden cuando es córner y cuando es lateral, ni la injusticia de un offside o de eliminarte en Francia 98 con un perverso gol de oro (tenía 12 años, creo que fue la primera vez que lloré por amor). Pero también hay hombres que no saben cómo cambiarle los pañales de sus hijos y nadie los excluye de la vida social a causa de eso, ¿no? Y el fútbol es de interés lúdico y la paternidad responsable, un deber. Pero bueno, prioridades.

Termino estas reflexiones futboleras con un fragmento de la carta que la diputada Cornelia Schmidt-Liermann envió a la AFA tras el escándalo del manual arriba citado:

«Pareciera que la celebración del Mundial es un evento exclusivamente masculino en el que se aprovecharía a “conquistar” a las mujeres locales. […] el Mundial de Fútbol representa la oportunidad de aunar familias […]. El fútbol, nuestro deporte más popular, funciona inevitablemente como la imagen reflejada de la sociedad, y representa una pasión única a nivel mundial».

Por segunda vez consecutiva mi selección no va al Mundial, pero igual voy a seguir esta fiesta del fútbol, a ver si la Copa sigue en el viejo continente o si por fin vuelve a Latinoamérica. A los latinos que van después de mucho tiempo les deseo buena suerte; a los caídos hace cuatro años, mucha fuerza para levantar cabeza; a los que han lograron posicionarse como revelación les deseo tenacidad; y a los que aman el fútbol (hombres y mujeres), el tiempo y el respeto necesarios para vivir con pasión y altura esta fiesta del deporte.

¡Nos vemos en Qatar!

[1] Tradicional muñeca rusa que alberga en su interior a más muñecas.

[2] Publicado en Diálogo Político, edición especial sobre «Sociedad, política y fútbol», mayo de 2018, p. 51

Una suma de autores estudia el fenómeno populista en las distintas democracias de América y Europa, a través de una obra que bien podría ser el catálogo del sinsentido en la política del siglo XXI.

«Cuanto más complejos se van haciendo los problemas, más y más gente está hambrienta de respuestas muy simples. Una fórmula que lo cubra todo»… La frase es del escritor israelí Amos Oz (El País, 12.5.2014) y glosa de manera precisa aquello que el populismo de nuestros días ha entendido con claridad: la inconformidad de una gran mayoría no admite ya explicaciones elaboradas o profundas, no necesariamente falsas pero que sí son insuficientes para seguir justificando por qué el crecimiento, el bienestar y los avances de la democracia no se traducen en mejoras tangibles en la calidad de vida.

Frente a este descontento, muchas veces justificado, la búsqueda de culpables, la simplificación de las causas, las soluciones demagógicas y el lenguaje sencillo y cercano son herramientas que, por la vía democrática, llevan al poder a esos caudillos que ofrecen redención, justicia, un futuro de ilusiones que el presente de incertidumbre no alcanza a desmentir. Se puede y se debe condenar al populismo, pero resulta irresponsable y peligroso dar la espalda a las causas de quienes encuentren en sus promesas y en sus denuncias una razón para volver a confiar en la política.

Porque al final de cuentas, el triunfo o la presencia de alternativas de ese tipo de posturas también son representativas de una molestia y un reclamo que es urgente atender. Inconformidad que en cada país tiene distintas manifestaciones y que, no obstante, abreva de ese denominador común que ofrece soluciones precisas —aunque sean irreales— donde otros repiten fórmulas gastadas de un modo de hacer política que, aunque poco a poco halla un camino para diferenciarse del pasado, todavía dista mucho de construir un auténtico puente que dignifique de nuevo la labor pública.

A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela (1999), y en buena medida fruto del financiamiento de un país con las mayores reservas petroleras del mundo, el populismo latinoamericano gozó de una expansión que fue conquistando en el transcurso de casi dos décadas a diversas naciones del continente. Con la bandera de un supuesto combate a la desigualdad bajo el brazo —en la región más desigual del mundo— y el azuzar de un antiimperialismo que señala culpables en el opresor local —Estados Unidos en algunas partes, pero también las oligarquías económicas, políticas, tradicionales o empresariales de cada país—, una generación de gobernantes accedió al poder con la promesa de reivindicar a los marginados y, a la postre, la certeza de que todo aquel diagnóstico y señalamiento de responsables no era sino la máscara para ocultar la vuelta a un estatismo que terminó por ahogar en, mayor o menor medida, la primera garantía que exige una sociedad para funcionar: la libertad.

El recorrido de esos casi veinte años es la base de El estallido de populismo (Planeta, 2017), compilación coordinada por Álvaro Vargas Llosa y que, caso por caso, ahonda en la forma en que diversas naciones han padecido o padecen la presencia de gobiernos que en nombre de un Estado capaz de solucionarlo todo, han construido regímenes donde el autoritarismo, la sinrazón o el absurdo se convierten en distintivos incapaces de cumplir siquiera la mínima parte de las promesas con las que se gana el favor de la ciudadanía. País por país, nombre por nombre, desde México hasta Argentina, cada uno de los autores que integran esta compilación reseña la labor de gobernantes, las propuestas de candidatos o la presencia opositora de quienes hacen de la política una farsa que en mayor o menor medida termina en tragedia.

López Obrador en México, bajo la pluma de Enrique Krauze; Cuba y su influencia tras bambalinas en la región, por Carlos Alberto Montaner y Yoani Sánchez; Nicaragua y la advertencia de la tragedia que se vive hoy día, con las reflexiones de Sergio Ramírez; Venezuela, Chile, Colombia, Brasil, Ecuador, Argentina o Bolivia… Ninguna nación latinoamericana se encuentra a salvo de uno de los más nocivos males —junto con la corrupción— de las democracias, y tampoco aquellas naciones europeas (España, Inglaterra, entre otras) que complementan un cuadro en el que la primera pincelada es el triunfo de Donald Trump en los Estados Unidos.

Paisaje escalofriante en todos los casos, futuro complejo en la mayoría, retos que obligan a pensar que ese reiterado y renombrado distanciamiento de las clases gobernantes y la sociedad exige aires nuevos que vuelvan a llenar de sentido, de ciudadanía, de valores relegados (ética, transparencia, cercanía) una forma de hacer política a la que cada vez le cuesta más detener los embates del simplismo, la arbitrariedad y el mesianismo. No es poco lo que está en juego y sí mucho el daño que genera para cualquier sociedad el avance de populismo: conocer a fondo sus estrategias, sus recorridos y sus dolorosos resultados es un primer paso para comprender la urgencia de poner un freno legal, democrático y creativo a quienes lo defienden y lo representan. Las consecuencias de no hacerlo son retrocesos de los que los pueblos, la gente, el ciudadano, como bien lo demuestran casos presentes, tardan décadas en recuperarse. Es tiempo.

La democracia representativa está en crisis. Se han devaluado los partidos políticos y los parlamentos. La aparición de las nuevas TIC ha eliminado los límites espacio-temporales para la expresión de demandas ciudadanas. Las democracias occidentales son cada vez más participativas y menos representativas.

«La era de la democracia de partidos ha pasado. Aunque los partidos permanecen, se han desconectado hasta tal punto de la sociedad en general y están empeñados en una clase de competición que es tan carente de significado que ya no parecen capaces de ser el soporte de la democracia en su forma presente». Con esta afirmación comienza el politólogo irlandés Peter Mair su libro Gobernando al vacío, obra en la que aborda la crisis de la democracia representativa en Europa.

¿Qué está ocurriendo en las democracias occidentales? Se está produciendo una adaptación del sistema democrático tradicional (tal como lo conocemos) al mundo del siglo XXI. Esta adaptación se debe a dos factores claves: el primero consiste en el distanciamiento de la sociedad civil con la política tradicional (dirigencia y partidos políticos tradicionales); y el segundo, al advenimiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC). En lo que refiere al primer punto, se observa en todas las democracias occidentales una crisis de los partidos políticos caracterizada por: 1) no ser más los canales exclusivos de expresión de los intereses ciudadanos; 2) pérdida de capacidad para marcar la agenda pública; 3) pérdida de su base de apoyo natural o voto cautivo; 4) falta de formación y promoción dirigencial; y 5) disminución de los niveles de afiliación e identificación partidaria. Además, se puede agregar a estos puntos característicos un retraimiento recíproco de los líderes políticos, quienes, a su vez, se han alejado de las estructuras partidarias para refugiarse en instituciones públicas.

En lo relativo al segundo apartado, la aparición de las nuevas TIC ha cambiado el paradigma de la democracia representativa volcándola hacia una democracia más participativa. En términos de la cientista política Yanina Welp, se está produciendo una democratización de la democracia. Ahora bien, ¿cómo inciden las TIC y por qué se habla de democratización de la democracia? Las nuevas TIC han generado un empoderamiento ciudadano en el sentido de haberle otorgado, al gran conjunto de la población, la posibilidad de expresarse por igual y de manera inmediata, por ejemplo, a través de la utilización de las redes sociales. Hoy las redes son una gran asamblea donde cada ciudadano puede expresar sus ideas y debatir. Esto ha ocasionado que ya no sea necesario acudir al partido político (espacio) para llevar a cabo la discusión pública, y que además exista la posibilidad de hacerlo de manera inmediata (tiempo) con solo acceder desde un teléfono celular a la red social. La comunicación y la información (por ende, la capacidad de expresión y debate público) ya no están limitadas ni por el tiempo ni el espacio.

Se observa entonces un nuevo paradigma de la democracia. Las vías institucionales de expresión de demandas ciudadanas parecerían no ser más los partidos políticos, independientemente de que continúen siendo las estructurales legales para acceder a un cargo público. Se han devaluado los partidos y también los parlamentos. En esta democratización de la democracia comienzan a aparecer otras vías de participación y expresión de demandas ciudadanas, como las ONG y las redes organizadas en torno a una causa común, por ejemplo: #niunamenos. A esto se suma el triunfo de líderes políticos «independientes» o ajenos a la política de partidos (outsiders), como Macron en Francia, Van der Bellen en Austria o Donald Trump en Estados Unidos; o la aparición de nuevas organizaciones políticas que rechazan la vieja forma de hacer política, como Podemos en España o 5 Estrellas en Italia.

No existe una despolitización de la sociedad como afirman algunos especialistas. Lo que acontece es que se han transformado las formas de participación política. El desafío para los gobiernos del siglo XXI está en poder generar nuevos mecanismos institucionales que, aprovechando las nuevas TIC, canalicen las demandas ciudadanas (inputs) y las devuelvan mediante la formulación e implementación de políticas públicas orientadas a mejorar la calidad de vida de la población. El centro de gravedad de la participación política se está trasladando desde lo electoral hacia una forma/necesidad de participación más directa en la toma de decisiones. Pensar y generar nuevos mecanismos para canalizar esa participación contribuirá a fortalecer este nuevo modelo de democracia más participativa, en que los ciudadanos no participen tan solo en los procesos electorales

Como cada mañana en la vivienda en donde se encontraban ya despiertos diez niños, la canción empezó a sonar. Y, como cada mañana, el padre dibujó un rictus en su rostro irlandés, entre la sonrisa y el sentido de la responsabilidad.

Los niños querían que su padre presentara su candidatura en las elecciones presidenciales estadounidenses de 1968. Él quería ser leal al presidente Johnson, militante también del Partido Demócrata. Pero, entonces, la voz de Don Quijote emergía desde El hombre de La Mancha, el musical de Dale Wasserman, para recitar: «Soñar, lo imposible, soñar/ vencer al invicto rival/ Sufrir el dolor insufrible/ Morir por un noble ideal». Y, finalmente, cuando Johnson renunció a la reelección, el 16 de marzo de 1968, Robert Kennedy presentó su candidatura.

La más bella campaña política de la historia comenzó entonces. Sin estructura, con voluntarios que aparecían de manera espontánea, y multitudes que pretendían tocar al senador por Nueva York, que en la noche cerraba su jornada con los brazos arañados, las mangas de la camisa rotas y manchadas de sangre, rodeado por el entusiasmo de los estudiantes, pero también de los mayores, de las minorías, especialmente hispanos y afroamericanos, de los trabajadores… Una campaña en la que, él mismo era consciente, podía morir. Cuando en la tarde del 4 de abril de 1968, en plenas primarias de Indiana, conoció la noticia del asesinato de Martín Luther King, preparó apresuradamente un discurso que giraba en torno a un concepto esencial en la política y en la vida: el de compasión. La vida como pasión por la otra y por el otro. La vida como pasión compartida. La certeza, que tenía ya el maestro de Sainte-Colombe, de que la existencia carece de sentido si no es vivida apasionadamente.

El 5 de junio de 1968, tras imponerse en las decisivas primarias demócratas de California, vaciaron el cargador de un revólver en su cabeza cuando atravesaba la cocina del Hotel Ambassador de Los Ángeles. Bañado en su propia sangre, sus últimas palabras fueron: «¿Está todo el mundo bien? ¿Ok?». No llegó a conocer a su undécima hija. Muchos de sus hijos nunca corrieron por la mañana hasta su dormitorio, o le consultaron sus dudas escolares, o celebraron con él sus cumpleaños o, simplemente, pudieron hablarle. Pero sus hijos, y toda mi generación, crecimos con su testimonio de cristiano comprometido con el bien común. Y recordamos los versos finales de El sueño imposible: «Luchar, por un mundo mejor/ Perseguir, lo mejor que hay en ti/ Llegar, donde nadie ha llegado/ Y soñar, lo imposible, soñar».

Tiberio Claudio César Augusto Germánico, emperador de la dinastía Julio-Claudia, gobernó desde el 41 d. C. hasta el 54 d. C. Su casi inexistente actuación política le sirvió para sobrevivir a las distintas conjuras que provocaron la caída de Tiberio y Calígula.

Calígula, asesinado por sus propios pretorianos, sumió a Roma en un ambiente de terror cuasi irreal. La guardia encontró a Claudio detrás de unas cortinas de palacio, patéticamente escondido por temor a ser muerto como su sobrino. Era el único hombre adulto de la familia.

Fue por tanto candidato ideal para ser nombrado emperador, pensando en alguien manejable y débil. Pese a sus deficiencias físicas y de carácter, fue un inteligente gobernante, buen estudiante y brillante estratega militar. Su gobierno implicó una prosperidad superlativa en todas las áreas. Pero, aquella tarde en palacio, muchos romanos se deben haber preguntado qué cadena de factores y causalidades habrían llevado a este ser al sillón más poderoso del Imperio.

A las 11.34 h del viernes 1 de junio de 2018, en los pasillos del Parlamento español, muchos se deben haber hecho la misma pregunta.

Ana Pastor, presidenta del Congreso, leyó el resultado de la votación por la que cayó el gobernante que más elecciones había ganado en el agitado último lustro electoral ibérico.

Como Mariano Rajoy ha dicho en alguna de sus alocuciones, él ha ganado todas las últimas elecciones, mientras que Pedro Sánchez, ese intruso desafiante que se le ha plantado, las ha perdido todas, obteniendo los peores resultados en la historia del PSOE. «En una democracia, señor Sánchez, gobiernan los que ganan elecciones». Esta afirmación es de una lógica impecable y se asienta en una realidad constatable, pero no explica los acontecimientos de las últimas horas.

Durante el año 2016, los españoles demostraron elección tras elección que privilegiaban la estabilidad y la recuperación económica que proporcionaba el Partido Popular. Eso explica cómo una y otra vez la oposición de izquierda (Socialistas y Podemos, fundamentalmente) se daban contra la pared en los intervalos electorales mientras también se dedicaban a confrontar entre sí, en un juego de egos bastante irresponsable. Rajoy hacia su juego haciendo… nada; solo esperaba, mientras las votaciones de censura se trababan por falta de mayorías.
¿Qué cambió? Cuatro grandes factores jugaron a favor de que el viento virara en contra del PP.

Cataluña siempre importa

La novela de los catalanes, su elección, el artículo 155 por el que Madrid interviene allí y los roles jugados por Rajoy, Rivera y Puigdemont… El PP jugó el papel del malo de la película, moviéndose torpemente, imponiendo una fuerza inusual y privilegiando el ejercicio de la fuerza antes que la negociación política. Si se tiene la ley de su lado (y Rajoy la tenía), no siempre es recomendable ejercer la imposición coactiva del orden. Aun estando respaldado, hubiera sido más inteligente buscar salidas políticas, consensos y otro estilo de diálogo, no por el resultado en sí, sino por la imagen de paz y acuerdo que necesitaba la sociedad de toda la nación.

Ciudadanos, a caballo de una fenomenal campaña de Arrimadas, no solo fue protagonista en el sur, sino que se potenció a nivel nacional como fuerza visible. Dejo atrás algunos preconceptos y mostró su cara responsable y políticamente correcta. Eso es algo que suma mucha imagen.

Puigdemont no puede quejarse. Pese a su turismo por toda Europa, nada le salió mal del todo, judicialmente no pagó todavía un precio y, quizás en forma inmerecida, mantuvo una imagen de hábil negociador y operador político. Tal vez no sea cierto, pero sí es cierto que cada punto que suma, se le resta a Rajoy, en ese modo cuasideportivo que ven la política los españoles.

Ciudadanos aparece por el codo final

Así como los favoritos en cualquier gran premio de turf aceleran en el codo donde comienza la recta final, el partido de Rivera, que era tercero o cuarto cómodo hace un año, ve crecer su imagen y sus potenciales votos en los últimos meses de una forma poco previsible. Quizás sea el efecto Arrimadas en Cataluña, quizás los discursos medidos de Albert Rivera, quizás una inteligente agenda legislativa que les mostró técnicamente capaces y preocupados por temas específicos. Lo cierto es que de compañeros de ruta del PP, parecen haberse puesto los pantalones largos y, eso, al votante de Rajoy le da una puerta lateral por donde escapar con su voto del PP. Aquellos nunca dispuestos a dar poder a la izquierda, tienen su plan B. Eso pone nerviosos tanto a Rajoy como al PSOE… Hay ahora alguien que electoralmente podría recoger el testigo de la centroderecha, no contaminado por la corrupción y con pocos votos negativos. Si Rivera hubiera obtenido las elecciones anticipadas que buscaba, quizás hoy la izquierda hubiera corrido el riesgo de seguir… con la ñata contra el vidrio, mirando de afuera.

Podemos se disciplina, autónomos priorizan

Hace dos años, por dos veces, Sánchez intento el gobierno y chocó contra una colaboración imposible de Pablo Iglesias. En efecto, siempre el precio era demasiado alto. Una vicepresidencia, un paquete de medidas demasiado radicales, una superpoblación de cargos de Podemos a un nivel demasiado alto y un discurso incendiario del número dos de Podemos. Demasiados fuegos artificiales, demasiado perfil alto. Lo mismo sucedía con los grupos separatistas. Precios muy altos por el apoyo. Líneas rojas que se cruzaban, riesgos demasiado grandes.

Todo esto puso además nerviosos a los que estaban sentados unas filas detrás de Sánchez en el PSOE. Estaban a punto de prometer demasiado y vender el alma al diablo, no es aconsejable, nunca.

Esta vez el trato no es conocido, pero es indudable que a nadie le gustó el Noviembre de Barcelona y muchos dejaron de pensar en el precio y prefirieron el cambio. «Más vale lo bueno que no cambia nada, que seguir con lo malo conocido…», parece ser la conclusión.

Sánchez sabe que lo único que puede prometer es conservar presupuestos, así que no promete nada y solo les pide que sean racionales y dejen a Rajoy irse. Parece poco, pero fue suficiente.

Esos votos, pocos, eran la diferencia entre un futuro sin Rajoy y la permanencia.

La corrupción al auxilio de Sánchez

Pedro fue expulsado de la presidencia de su partido y lo abandonó por la puerta de atrás. Fiel a su carácter empecinado, se subió a su coche y recorrió España pueblo por pueblo, como en sus primeras épocas de militante, y desde abajo irrumpió en la interna socialista, ahora sin deberle nada a nadie y sin estar a la sombra de ningún barón.

Emergente otra vez en la presidencia socialista, realizó su propia purga y se lanzó a la caza de Rajoy. Pero algo en fondo del discurso de Rajoy es cierto: Sánchez no tiene el recorrido político como para ser presidente del Gobierno, no tiene los apoyos ni la estructura como para hacerse del poder, no se sabe si tiene un plan y solo representa un quinto de la ciudadanía. Sus diputados no llegan a 20.

Pero el escándalo del pronunciamiento judicial sobre un caso de corrupción del PP puso al escenario político en shock. El mensaje era demasiado directo: un fallo judicial que da por cierto un esquema oficial de coimas y desvío de fondos, cajas negras y enriquecimiento de miembros del partido por manejos del partido, en cargos del partido y con arrepentidos y confesiones del partido.

Era demasiado y, quizás, sin ese fallo Pedro nunca hubiera llegado a tener esa epifanía que le llevo a pedir la censura.

El momento y lugar adecuado

Por lo visto anteriormente, nuestro amigo Pedro se vio ante un caso de corrupción que puso de rodillas a Rajoy, un aceleramiento de la carrera de Ciudadanos hacia la Presidencia, aprovechando su empujón en Cataluña y a Podemos y los separatistas desesperados dando su voto a quien pudiera frenar a la derecha… ¿Demasiada tentación? Pues claro, allí fue Sánchez… Y ganó.

Al final del día, como Claudio, detrás de las cortinas aparece el nuevo emperador, cuando muchos no lo esperaban y con la enorme duda sobre sus capacidades reales. Seguramente era más urgente la necesidad del cambio que asegurar la calidad de la solución.

En 1934, Robert Graves escribió Yo Claudio, donde expone una autobiografía ficticia del emperador. Este libro se constituyó en una de las mejores descripciones de la vida y política romanas escritas alguna vez.

Esta noche del 1 de junio, horas después de la censura, informado el rey e impuesto en su cargo por las Cortes, puedo ver a Pedro levantándose en la madrugada, sin poder conciliar el sueño, dirigirse a su escritorio particular, abrir su laptop y, a la luz de la luna, entre las nubes de Madrid, empezar a escribir su propia historia…

La moción de censura que desplazó a Mariano Rajoy del Gobierno y convirtió a Pedro Sánchez en nuevo presidente de España deja al nuevo Ejecutivo y al país entero en una encrucijada ante grandes retos.

La última semana de mayo en España ha sido una de las más tumultuosas que se recuerdan. Las lluvias torrenciales que cubrían la capital no solo anunciaban el retraso de un verano que parece nunca llegar sino también un nefasto desenlace para la administración de Rajoy. Así, el pasado viernes 1 de junio todos fuimos testigos de lo que en un primer momento parecía improbable: Pedro Sánchez se convierte en el nuevo presidente de España tras lograr que prosperara la moción de censura presentada por el PSOE contra Mariano Rajoy. El líder de los socialistas consiguió el 51,4 % de los votos de la Cámara tras un debate con el líder de los populares en el que este se negó a dimitir. Pero, ¿qué causas se esconden tras esta victoria? Por una parte, el descubierto de la trama Gürtel (investigación sobre un caso de corrupción vinculado al PP), que condenó al partido de Rajoy y lo dejó aún más expuesto y, por otra, los apoyos de Unidos Podemos y de partidos nacionalistas como ERC, PNV, PDeCAT, Compromís, Bildu y Nueva Canarias, que seguramente ven en Pedro Sánchez un líder mucho más manejable para cumplir sus pretensiones.

No obstante, tras la consecución de esta nueva regeneración institucional también se encuentran otras causas más transversales, como el progresivo desgaste del PP a expensas de Ciudadanos, quien con el trasvase de votos desde filas populares despejó aún más el camino para la creación de una posible unión de oposición contra Rajoy. Así es como llegó al poder un presidente que no fue elegido democráticamente por su ciudadanía y que cuenta con menos de un cuarto de los escaños del Parlamento. Ahora Pedro Sánchez debe demostrar si su ambición le basta para gobernar un país y hacer frente a los grandes desafíos que se le presentan. Solo el tiempo dirá si los métodos utilizados por el líder del PSOE para alcanzar el poder podrán mantener la gobernabilidad democrática en el largo plazo y afianzar la estabilidad, legitimidad y eficacia de su administración.

Los principales retos a los que se enfrenta el nuevo presidente son la cuestión catalana y la agenda social. Con el cambio de gobierno y la toma de posesión del nuevo Govern de Quim Torra dejó de estar vigente en Cataluña el artículo 155 de la Constitución española y devolvió el autogobierno a la Generalitat. No obstante, otro de los grandes desafíos del administración Sánchez será el manejo de las relaciones con Podemos, que ya ha vetado los presupuestos en el Senado. El partido de Iglesias se encuentra ahora en la misma posición que ocupaba Ciudadanos con el PP y no dudará en comenzar a desplegar sus fuerzas para imponer sus aspiraciones. La pregunta es: ¿hasta qué concesiones será capaz de llegar Sánchez para mantenerse en el poder?

Así, el nuevo Ejecutivo se enfrenta a una serie de disyuntivas cuya resolución marcará a largo plazo el futuro de España. Uno puede imaginarse a Pedro Sánchez retirándose por primera vez a descansar en su nueva recámara de la Moncloa, dispuesto a soñar con su toma de posesión sin Biblia ni crucifijo pero incapaz de conciliar el sueño, pues mil dilemas corren por su mente: ¿aprobar los presupuestos del PP contra el deseo de Podemos o mantenerlos en pro de la visión de la Unión Europea?, ¿satisfacer las demandas nacionalistas o no nublar la unidad nacional?, ¿seguir con las críticas al PP o centrarse en las que señalan al seno de su propio partido?

Sin duda, Pedro Sánchez ha demostrado ser todo un estratega que ha sabido jugar sus cartas para conseguir lo que hacía años venía buscando y nadie habría apostado que algún día conseguiría. Ahora solo queda ver cómo gestiona los numerosos desafíos que se le aproximan y que plantearán nuevos episodios en el ya agitado panorama político español. Las relaciones con PP y Ciudadanos, por una parte, y con Podemos y los nacionalistas que conjugan causas distintas dentro de un mismo espectro sumadas a las tensiones y anhelos internos dentro del propio PSOE marcarán el desenlace de la administración del primer presidente investido por una moción de censura en la historia de España. Lo que está claro es que este país hubiera necesitado más elecciones y no tantas ambiciones.

Horacio Cartes nunca había votado en su vida, y lo hizo por primera vez cuando se votó a sí mismo en el año 2013.

No era afiliado al Partido Colorado; se afilió poco antes de anunciar su candidatura. Tuvieron que amoldar, en una asamblea extraordinaria, los estatutos de aquel partido para reducir a un año la antigüedad requerida para ser candidato. Lo consiguió.

Horacio Cartes quería ser presidente de la República del Paraguay. Lo consiguió.

Horacio Cartes quiso modificar la Constitución para optar a la reelección, pero la sangre de varios jóvenes militantes de la oposición detuvo su intento.

En sus intensos cinco años de militancia política, el actual presidente paraguayo ha mostrado un ímpetu en la concentración del poder desconocido en la transición democrática paraguaya. Dividió a la sociedad entre cartistas y anticartistas. Difuminó las fronteras entre rivales políticos, a quienes también arrinconó de un lado o del otro.

Poco a poco, los paraguayos hemos conocido el carácter de nuestro presidente, no muy dado a hablar con los medios. En su visión, él no suma derrotas, sino que solo posterga sus victorias.

Horacio Cartes construyó un enorme movimiento político transversal a varios partidos, y lo hizo porque no vino a la política de paso, sino para quedarse.

Quedarse en la política partidaria activamente luego de haber sido presidente tiene un precio que ningún expresidente hasta la fecha pudo pagar. Ese precio es el de violar, con autorización de la Corte Suprema de Justicia, la Constitución de la República del Paraguay.

Recién el 15 de agosto de 2018 el presidente Horacio Cartes debe entregar el poder al presidente electo Mario Abdo Benítez. La sucesión presidencial, sin embargo, no es la única sucesión en los poderes constituidos, ya que los nuevos legisladores electos asumen sus funciones el 1 de julio de 2018.

La Constitución, que claramente veda la posibilidad de que los presidentes ocupen cargos en el Legislativo, obviamente no previó el absurdo del ridículo al que somete la Corte Suprema al republicanismo al permitir a una persona ejercer el cargo de presidente de la República y ser al mismo tiempo senador electo.

Por el temor a que sus futuros colegas del Senado no le tomen jamás el juramento, Cartes se ve forzado a dejar el cargo de presidente mientras aún le responden los congresistas salientes que le deben aceptar la renuncia. Horacio Cartes pretende jurar con sus pares y, si no lo hace el mismo día, aparentemente teme sumar quizá su primera derrota política

Iván Duque y Gustavo Petro, los elegidos a segunda vuelta en Colombia.

Tras una larga insistencia de la clase política de que la derecha y la izquierda como polos ideológicos son conceptos del pasado, la primera ronda presidencial en Colombia ha desenmascarado de nuevo esta cortina de humo: la polarización, la diferenciación programática, los estilos de comunicación, los planteamientos económicos y hasta los simbólicos fueron lo suficientemente distintos para decantar a dos candidatos radicalmente opuestos con posibilidades de poder: Iván Duque, el nuevo hijo mimado de la derecha del expresidente Álvaro Uribe, y por la izquierda el exguerrillero del M-19, agitador consumado y antiguo alcalde de Bogotá, Gustavo Petro.

Sí, la estrategia de pretender inscribir candidaturas que dicen prácticamente lo mismo y se copian a sí mismas, como si fuesen productos lácteos o artículos de primera necesidad, es una de las formas en que el marketing político apela para aspirar a electores en todos los niveles, para no perder posibles compradores. Pero esto no funciona aún en un país como Colombia, que ha estado haciendo lo posible y lo imposible por dejar atrás medio siglo de conflicto armado y violencia arraigada en sus territorios, enfrentando posiciones que van desde el dogmatismo revolucionario de guerrillas como las FARC y el ELN hasta los intereses de la extrema derecha terrateniente, narcotraficante y paramilitar.

En medio de esta inclemente lucha por el poder —legal y extralegal—, las instituciones democráticas colombianas son aún lo suficientemente fuertes para sostener procesos electorales competitivos, valioso legado del siglo XIX, que han separado a la nación de la barbarie y del rótulo de Estado fallido. Las elecciones del domingo 27 de mayo decantaron, legítimamente, dos propuestas reorganizativas para el país: una derecha tradicional pronunciada, que se opone en gran medida al acuerdo de paz del actual gobierno de Juan Manuel Santos, que aspira a unificar y subordinar el funcionamiento de la rama judicial desde sus cortes, mantener los principios liberales del mercado y promover el orden y la seguridad, frente a una izquierda populista y caudillista, de talante redistributivo, que aún apela a la lucha de clases para prometer la anhelada igualdad en los sectores populares.

Los resultados fueron concluyentes: el 39,14 % de votantes apoyó a Duque, delfín político formado en Washington, frente a 25,08 % de Petro, polemista profesional que tiene el mérito de cautivar a las grandes masas y a los excluidos del paraíso terrenal natural que dicen que es Colombia. Los herederos directos de Santos, de origen liberal, su exvicepresidente Germán Vargas Lleras y su antiguo negociador de paz, Humberto de La Calle, sucumbieron como un aeroplano sin dirección ni combustible (7,28 % de votos para el primero y 1,76 % para el segundo). Mientras el matemático, profesor, exalcalde de Medellín y exgobernador de Antióquia Sergio Fajardo, con una meritoria campaña alcanzó el 23,73 % de los votos, pero no pudo consolidar por su propia tibieza su posición de verdadero centro. En todo caso, por sus eventuales apoyos, será la pareja de baile más solicitada en la segunda vuelta presidencial.

A 70 años de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán y la explosión de la violencia política que aún marca a la nación, ya veremos quién será el próximo presidente de Colombia que pueda o no darle contenido a un país más pacífico y participativo (las últimas jornadas electorales han sido las menos violentas y con la abstención más baja en cuatro décadas). Será un debate en que la paz estará de fondo y de nuevo interferido en exceso por las encuestas, con sobreexposición de los dos candidatos, pero que requerirá otra vez de la paciencia, el compromiso democrático ciudadano y el generoso apoyo de la comunidad internacional.

El 22 de abril se celebraron los comicios electorales en Paraguay. Por la presidencia de la República compitieron dos grupos políticos liderados por los partidos tradicionales: por un lado, la Asociación Nacional Republicana (ANR) y su candidato Mario Abdo Benítez y por el otro la Gran Alianza Nacional Renovadora (Ganar) y su candidato Efraín Alegre; además de varios candidatos testimoniales.

Mario Abdo Benítez actualmente es senador de la República y tiene una carrera política desde la ANR (popularmente llamado Partido Colorado) desde el 2005. Marito, como lo llaman, es hijo de quien fuera secretario privado del dictador Stroessner y que, entre otras cosas, le legó su mismo nombre y fortuna: Mario Abdo Benítez. De corriente conservadora en lo moral y económico, su discurso estuvo enfocado en dignificar y reivindicar a los colorados. Este discurso se construyó a partir de dos hechos: 1. Cartes abandonó a las bases coloradas durante su gestión; 2. los colorados constituyen la mayoría del electorado.

Efraín Alegre es el actual presidente del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA). Respecto a Marito, Efraín tiene una carrera política más dilatada y más experiencia en la función pública, ya fue ministro de Obras Públicas y senador de la República, entre otros cargos. En términos electorales, este fue el segundo intento de llegar a la Presidencia, luego de las elecciones del 2013. Efraín fue el candidato de la Alianza Ganar, entre el Partido Liberal y una gran cantidad de partidos no tradicionales, entre ellos la Concertación Frente Guasú liderada por Fernando Lugo.

La victoria fue para Mario Abdo Benítez, quien consiguió el 46% de los votos frente al 43% de Efraín Alegre, según datos del Tribunal Superior de Justicia Electoral.

¿Cuáles fueron las claves de la victoria?

1. Mayoría electoral colorada y heterogeneidad de GANAR. La ANR tiene de por sí un electorado capaz de hacerle ganar las elecciones sin necesidad de sumar a electores de otros sectores. Marito enfocó su discurso en reivindicar a los colorados y con eso sumó los números suficientes para llegar. En cambio, Efraín, dada la heterogeneidad de su público meta, tuvo que construir un discurso mucho más complejo y finalmente no logró generar credibilidad ni la identificación necesaria.

2. Fracturas internas más profundas en el Partido Liberal. Si bien ambos partidos se presentaron con importantes fracturas internas, los colorados lograron una unidad, frágil y tensa pero suficiente para enfrentar las elecciones. Sin embargo, los liberales llegaron muy divididos y la mezquindad de los liderazgos tuvo un impacto negativo. La división liberal y la unidad colorada son escenas que se repiten en todas las elecciones y esta no fue la excepción. Dentro de la alianza Ganar, las diferencias internas y las dinámicas al interior de cada partido que la componían tampoco colaboraron suficientemente para lograr la victoria. Muchos de los aliados estaban más preocupados por lograr un escaño en el Senado antes que la Presidencia.

3. El conservadurismo paraguayo. Los paraguayos son mayormente conservadores, tanto en relación con las costumbres morales como en los aspectos económicos. El coprotagonismo de un partido de izquierda en GANAR posiblemente restó más de lo que sumó. Esta resistencia se incrementó con la figura desaliñada y poco convencional de Leo Rubín, candidato a vicepresidente. Jugaron un papel importante las posturas progresistas de Leo y del Frente Guasú sobre temas controversiales como el aborto y el matrimonio de personas del mismo sexo.

4. Desgaste de Efraín y del Partido Liberal. Un dato interesante es que el 37% de las personas que votaron por Marito no votaron por la ANR para la lista de senadores, lo cual evidencia una desconfianza hacia el Partido Colorado. Esta desconfianza no pudo ser capitalizada por la dupla Efraín-Leo. Los electores sencillamente no encontraron en el Partido Liberal un comportamiento distinto al del Partido Colorado. En cuanto a Efraín, su paso por el Ministerio de Obras Públicas le generó una serie de acusaciones de corrupción.

5. El costo de las incoherencias. Efraín construyó un relato y un prestigio durante la crisis del 2017 gracias a su defensa de la institucionalidad; sin embargo, al aliarse al Frente Guasú echó todo por la borda. Recordemos que durante la crisis del 2017 sucedieron varios hechos muy significativos: la quema del Congreso de la Nación, el ilegal atropello y asalto de la policía al local del PLRA y consecuente muerte del joven dirigente liberal Rodrigo Quintana. Tanto Marito como Efraín defendieron la Constitución Nacional y cuestionaron a Cartes, Lugo y Llano, quienes intentaron violentar la institucionalidad.

6. Marito primeramente se juntó con Cartes luego de las internas coloradas. La oportunidad que tenía Efraín de golpear a Marito construyendo un relato contra el cartismo y el atropello institucional fue desaprovechado al aliarse con el Frente Guasú, de Lugo. Esta alianza también significó un duro golpe a la credibilidad de Efraín.

La victoria de Mario Abdo implica pocas posibilidades de que se produzca un cambio brusco en las políticas públicas vigentes. Así también, dado el discurso de campaña que prometía coloradizar las instituciones, genera preocupación que haya un retroceso en las políticas de servicio civil, donde se ha buscado transparentar y establecer criterios claros de contratación y promoción de los funcionarios públicos.

Sin dudas, el gran desafío de Mario Abdo será la reconstrucción y recuperación de las institucionalidad que ha sido minada por el gobierno de Horacio Cartes. En este sentido, es muy probable que el nuevo gobierno tenga que guiar a la sociedad paraguaya a una anunciada reforma de la Constitución Nacional.

Paraguay viene transitando por un buen sendero económico, con un crecimiento sostenido y buenas perspectivas a futuro; es importante que el sector político acompañe el ritmo de la economía con instituciones fuertes y reglas claras y justas para todos.

La continuidad del régimen chavista representa un peligro para los venezolanos y su aspiración de recuperar el sistema democrático, pero también para toda América Latina por el impacto negativo de las prácticas populistas, la migración descontrolada y el apoyo a otros gobiernos autoritarios.

Las candidaturas de Henry Falcón y el pastor Javier Bertucci, los contrincantes de Nicolás Maduro en las cuestionadas y poco reconocidas presidenciales del 20 de mayo, además de despertar el rechazo de buena parte de la población opositora al régimen chavista, y aglutinar a pequeñas minorías esperanzadas en el sufragio como herramienta de cambio sea cual fuere el contexto de su convocatoria (reflejadas en sus respectivos resultados electorales), sirvieron también para dejar en evidencia la falta de estrategia detrás del llamado a la abstención por parte del Frente Amplio Venezuela Unida, la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) y la Asamblea Nacional. Las fuerzas opositoras se unieron, con el firme apoyo internacional de países americanos y europeos, en una convocatoria general al desconocimiento del evento electoral y la no participación [1]. Sin embargo, tras el resultado del domingo por la noche, marcado por múltiples acusaciones de manipulación y fraude, la alternativa al chavismo sigue sin mostrar una estrategia que movilice a la sociedad y direccione el descontento ciudadano.

La abstención es una decisión política. Abstenerse es elegir un camino, una opción en el tablero. Ciertamente las democracias no se sustentan en la promoción de la abstención como una posibilidad, menos aún en los países donde votar es obligatorio (no es el caso de Venezuela). Todo lo contrario. Se alienta la participación y el empoderamiento de la población a partir del voto. Pero eso no resta el alto, aunque relativo, potencial de la abstención electoral como instrumento para enviar un mensaje de rechazo al sistema político. Siguiendo esa pauta, la abstención necesita de un pienso, una construcción intelectual, una estrategia que le dé sentido lógico y político: hacer del no sufragio una actividad que en sí misma movilice y sea parte del desarrollo de una agenda.

Desde el llamado a elecciones, la energía del frente opositor venezolano estuvo puesta en el rechazo al día D a través de un plan comunicacional y diversos contactos internacionales que reforzaran esta posición. No se pudo evitar que alguien de la órbita de la MUD se postulara (Henry Falcón), tampoco articular una agenda aglutinadora que priorizara la presión social en la calle mientras, a la par, la crisis económica y humanitaria mantiene una escalada impresionante. De forma que las plataformas disidentes, si bien instalaron un mensaje de no convalidación del fraude electoral a través de la abstención, no complementaron su repertorio de acción con algo más que comunicados de prensa.

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Con el nuevo escenario que mantiene de facto a Nicolás Maduro en el poder, en principio hasta el año 2025, la ola de inmigración venezolana consigue un nuevo punto alto que profundiza la ya grave crisis de refugiados en las fronteras con Colombia y Brasil, y dispara las proyecciones del movimiento migratorio de ciudadanos venezolanos en toda América Latina, con especial alarma en el ascenso de tránsito terrestre que ha ocasionado una situación alarmante en los puntos fronterizos.

Esta nueva estampida tiene algunos elementos clave que no son menores: ciudadanos sin pasaporte o con documentación incompleta producto de la escasez de material en el Servicio de Administración de Identificación, Migración y Extranjería; ciudadanos sin documentación complementaria indispensable para tramitar permisos de residencia temporal o permanente como la apostilla de antecedentes penales y carta de nacimiento, consecuencia del colapso del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano; ciudadanos sin el protocolo de vacunación básico; incremento de las solicitudes de refugio en países vecinos. En marzo de 2018 la Asamblea Nacional informó que 4,3 millones de venezolanos se encontraban en el extranjero, una cifra difícil de confirmar pero que aporta una dimensión de lo que hoy es el éxodo más grande registrado en América en lo que va del siglo XXI.

Coherente con esta situación, los países representados en el Grupo de Lima [2] han emitido un comunicado sumamente relevante que, además de rechazar enérgicamente las presidenciales que mantienen al chavismo en el gobierno, y reducir drásticamente las relaciones diplomáticas, informa un amplio plan de medidas para orientar a toda la región en la canalización de la inmigración venezolana. Este plan tiene los siguientes puntos fuertes: organizar nuevas reuniones con autoridades del tema migratorio y de refugio con miras a generar un «lineamiento de respuesta integral»; considerar contribuciones financieras a organismos internacionales para atender el flujo migratorio venezolano; cooperación para atender la emergencia epidemiológica en Venezuela y países vecinos. De igual forma, en materia económica y financiera exhorta a las naciones miembros del Grupo, y al continente en general, a extremar acciones para evitar los préstamos al gobierno de Maduro que no estén avalados por la Asamblea Nacional, así como intensificar labores de inteligencia contra operaciones que cuenten con dineros de y para la corrupción, el lavado de activos y el financiamiento al terrorismo.

Esta instancia ha decidido, como informó durante el preámbulo a la elección presidencial, dar un paso adelante al recrudecimiento de las relaciones con el gobierno de Venezuela incrementando la presión económica, al tiempo que promueve una mejor atención para la gigantesca diáspora que impacta fuertemente a América.

Se ha dicho en otras oportunidades y es válido reiterarlo: la crisis venezolana puede arrastrar a Colombia por la insuficiente capacidad de este último para atender el desplazamiento masivo de ciudadanos venezolanos y de colombianos-venezolanos que retornan. No depende exclusivamente de un tema de gestión y logística, sino de recursos económicos, disponibilidad de servicios básicos y oferta laboral para esta masa que se mueve huyendo del caos. Situación similar en el norte de Brasil y en otros puntos de la región que están desbordados por una inmigración que hace cuatro años atrás era impensable.

El régimen chavista es el mayor peligro latente para los venezolanos, una sociedad con la tasa de homicidios y los niveles de violencia más altos del continente, la escasez de productos elementales al nivel de los territorios más críticos de África y la inflación más elevada del planeta. Pero también es el mayor peligro latente en toda América Latina, siendo teatro de operaciones de grupos al margen de la ley que influyen en buena parte del territorio y nido de enfermedades como el sarampión, el paludismo y la difteria, que habían sido totalmente erradicados tiempos atrás.

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El gobierno de Nicolás Maduro promueve el autoritarismo en la región. Su impacto negativo en los sistemas políticos del vecindario, el gigantesco reto que representa para América Latina la ola migratoria de venezolanos y los cientos de denuncias por violaciones a los derechos humanos han generado un aislamiento diplomático pasmoso. En América, apenas siete países reconocieron la reelección de Nicolás Maduro. El mapa muestra un contraste impresionante porque el resto del continente abstuvo su venia. Una vez más llama la atención la posición de Ecuador y Uruguay, cuyos gobiernos hicieron un tibio reconocimiento unos días después de conocido el resultado electoral que quizá pueda considerarse como neutro. Son reconocimientos indirectos, tímidos, impulsados más por las fuerzas políticas internas progresistas que integran el oficialismo que por la línea de los mandatarios. Reconocimientos que parten de una crítica y una observación a la situación conflictiva que vive Venezuela. Ecuador encuentra preocupante «la difícil situación en la que se encuentran los hermanos en Venezuela y las condiciones de participación de la oposición en el último proceso electoral» [3]. Uruguay consideró que la elección «confirma la necesidad de un diálogo nacional amplio, inclusivo y respetuoso entre todos los actores políticos y sociales de Venezuela como la única herramienta viable para lograr la paz social» [4]. Ambos gobiernos se plantan como neutrales o posibles interlocutores en un eventual escenario aún más adverso para Caracas.

Los aliados del régimen son los de siempre, el ala contraria a Occidente. China y Rusia a la cabeza. Le siguen Irán, Turquía, Siria, Bielorrusia, Laos, Argelia, Cuba, Surinam, Haití, Nicaragua, El Salvador, Bolivia y República Dominicana. Como es evidente, los apoyos al chavismo no son precisamente de los referentes democráticos del mundo. Todo lo contrario, en la lista están varios Estados acusados por sus prácticas dictatoriales o por sus débiles sistemas democráticos.

Por el momento, la conclusión parcial que podemos avistar es que el gobierno de Maduro seguirá atrincherado en el Palacio de Miraflores asfixiado por mayores presiones económicas de parte de América y Europa, el bloqueo en los principales mercados, el derrumbe de la arquitectura institucional del país y la masiva inmigración. El escenario se plantea con un chavismo acorralado, ficha coyuntural de las potencias adversas a Occidente, y una población cada vez más cubanizada, sin acceso a los bienes básicos, dependiente totalmente del pobre aporte del Estado y expectante ante el trabajo de la oposición política que por el momento no plantea una estrategia que movilice a una sociedad presa del miedo y la incertidumbre.

[1] Véase el Informe del Observatorio Electoral Venezolano sobre las condiciones de la elección presidencial de 2018.

[2] Conformado por los gobiernos de Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía. Véase el comunicado aquí.

[3] Comunicado oficial publicado en la cuenta de Twitter de la Secretaría de Comunicación del Gobierno de Ecuador el 23 de mayo de 2018.

[4] Comunicado de prensa n.º 33/18 del Ministerio de Relaciones Exteriores de Uruguay.

El 27 de mayo de 2018 se dio en Colombia la primera vuelta para la elección del nuevo presidente. Como ganadores resultaron Iván Duque, del partido Centro Democrático (CD), con 39%, y Gustavo Petro, del grupo Coalición Petro Presidente, con 25% de los votos emitidos. Ambos se confrontarán, por lo tanto, nuevamente el 17 de junio en una segunda vuelta electoral, en la que se decidirá definitivamente quién gobernará los próximos cuatro años en el palacio presidencial Casa de Nariño.

Primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia

Junto a Duque y Petro se candidatearon en la primera vuelta electoral Sergio Fajardo, postulado por la Coalición Colombia (conformada por los partidos Alianza Verde y Polo Democrático Alternativo), quien consiguió 23,75% de los votos y jugará un papel muy importante en la segunda vuelta debido a sus muy buenos resultados. Otros candidatos fueron Germán Vargas Lleras, candidato por el movimiento Mejor Vargas Lleras, quien llegó al 7% de los votos, y Humberto de la Calle, candidato del Partido Liberal, quien logró apenas 2% de los votos.

La legión de candidatos: reducida de 53 a dos

A pesar de que 53 precandidatos quisieron lanzar su candidatura en el año 2017, el número de aspirantes se redujo a comienzos del 2018. En febrero había tan solo cinco candidatos que recibían apoyo directo de sus partidos, mientras que ocho personas se presentaron a través del método de recolección de firmas. Hasta la fecha de las elecciones, los postulantes que tenían pocas oportunidades de ganar fueron renunciando a la campaña o adhiriéndose a las campañas de otros candidatos. Incluso el representante del recientemente fundado partido FARC (derivado de la organización guerrillera del mismo nombre, como resultado de los tratados de paz), Rodrigo Londoño, desistió; por un lado, por razones de salud, y por otro, por orden del propio partido, que según ellos no tenía las garantías suficientes para participar en política.

La nominación de candidatos presidenciales tuvo lugar junto con las elecciones parlamentarias el 11 de marzo. De este modo fue nominado Iván Duque como el candidato del espectro político de centroderecha. Con esto se convirtió en el representante de quienes a finales del año 2016 rechazaron en consulta popular el tratado de paz con las FARC. El exguerrillero y exalcalde de Bogotá, Gustavo Petro, fue elegido como el candidato de la izquierda. Así quedaron fuera de la contienda tanto Marta Lucía, una candidata cercana al expresidente conservador Andrés Pastrana, así como Alejandro Ordóñez, un exprocurador considerado también conservador, y Carlos Caicedo, exalcalde de Santa Marta, quien era bastante desconocido en el resto del país.

Por otro lado, el exnegociador principal del Gobierno en los diálogos de paz con las FARC, Humberto de la Calle, en 2017 ya había ganado a Juan Fernando Cristo en la votación interna del Partido Liberal. Sergio Fajardo, exalcalde de Medellín y gobernador de Antioquia fue seleccionado por los partidos Alianza Verde y Polo Democrático como el representante de la Coalición Colombia.

Germán Vargas Lleras consiguió postularse como candidato del movimiento independiente Mejor Vargas Lleras a través de la recolección de firmas. Con esto marcó, por un lado, distancia de su propio partido Cambio Radical, que está envuelto en múltiples escándalos de corrupción, y por otro lado, se alejó del actual presidente Juan Manuel Santos, con quien formó binomio presidencial durante tres años.

La contienda electoral: muchos debates presidenciales en televisión

A finales de enero, es decir, exactamente cuatro meses antes de las elecciones, comenzó la batalla electoral. Si bien las campañas individuales transcurrieron con tranquilidad, existían de todos modos problemas de seguridad, como por ejemplo, los ataques a algunos candidatos durante apariciones por campaña electoral, el secuestro y asesinato de tres periodistas en la frontera con Ecuador y también las batallas entre diferentes grupos armados ilegales en ciertas regiones del país. Para sorpresa del público, se transmitieron una gran cantidad de debates televisivos, algo poco común para los electores colombianos. De esta manera se proporcionaron a los hogares de las personas los diferentes programas de gobierno de los candidatos. En los debates se trataron distintos temas y se dieron en varias regiones del país. Además de los temas comunes de la contienda electoral, como economía, prestación sanitaria, educación, lucha contra la corrupción o creación de empleo, se discutió sobre temas muy específicos como, por ejemplo, la problemática de los inmigrantes venezolanos y los proyectos futuros para Bogotá, la capital.

Aunque la aplicación de los acuerdos de paz desempeñó un cierto papel y dividió al electorado en dos bandos —por un lado, los que aceptan los tratados de paz tal como fueron acordados, y por otro, aquellos que prefieren que se hagan cambios—, este no fue el tema central en la contienda electoral. El enfoque del pueblo se dirigió más bien a los problemas cotidianos y a los temas que en cierto modo también contribuyen a la construcción de paz: mejoramiento de la prestación sanitaria y del sistema de educación, promover la economía, protección medioambiental o lucha contra la corrupción. En estos contenidos se concentraron los debaten entre los candidatos.

La victoria de las encuestadoras

A pesar de que los institutos de encuesta y opinión en Colombia justamente no sean conocidos por hacer pronósticos precisos, tuvieron razón con respecto a los resultados de la primera vuelta. Desde el comienzo de la campaña electoral hicieron la previsión de que Iván Duque y Gustavo Petro serían los competidores finales. Según los datos de la Registraduría Nacional, había hasta la fecha límite más de un millón de nuevos electores registrados. Esto es cinco veces más votantes de los que había en el mismo periodo para las elecciones presidenciales del 2014. El fenómeno se observó sobre todo en las grandes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Cartagena. Con los nuevos inscritos creció el número de electores a 36,78 millones, de los cuales solo 53% hizo uso de su derecho al voto. En la primera ronda de las elecciones presidenciales en 2014 fueron incluso 7% menos.

La segunda vuelta del 17 de junio: una batalla por el centro

El 17 de junio de 2018 tendrá lugar la segunda vuelta para la elección presidencial. Hasta entonces, el panorama político y la sociedad colombiana estarán —debido a la elección de Duque o Petro— nuevamente polarizados, así como ocurrió después del resultado final del referéndum sobre los acuerdos de paz a finales de 2016.

En las próximas semanas habrá una batalla presidencial entre dos polos contradictorios, que lucharán por los votos del centro político y que desean convencer al pueblo de sus programas gubernamentales. Por un lado, Iván Duque tendrá que demostrar a los electores de centroizquierda que él es independiente del expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), de quien alrededor de 41% de los colombianos tienen una imagen negativa, aunque aún sea uno de los presidentes más conocidos de Colombia. Del otro lado, Gustavo Petro (el primer político de izquierda en entrar en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia) tendrá que convencer a los electores que no quiere encaminar el país por el sendero de un socialismo del siglo XXI según el modelo de Venezuela. A finales de 2017, alrededor de 55% de los colombianos temían que su país llegara a una situación parecida a la de su país vecino.

Traducción: Nicole Rubio Jaramillo, pasante en la oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer.

En el emblemático Museo del Fútbol del Estadio Centenario de la ciudad de Montevideo, el día miércoles 6 de junio, a las 12.30 hrs (GMT-3), la revista Diálogo Político realizará el lanzamiento de una edición especial sobre sociedad, política y fútbol, con el marco de los dos Mundiales que se llevarán a cabo este año (Rusia y Uruguay Sub 17).Diálogo Político es una publicación de la Fundación Konrad Adenauer para América Latina y el Caribe, editada desde su oficina en Montevideo.Esta edición cuenta con análisis, entrevistas y testimonios en los que se analiza el impacto del fútbol en la ciudadanía y sus instituciones.

Política, deporte, economía, cultura, género y sociedad son algunos de los ejes que periodistas y escritores de toda América Latina y colaboradores especiales europeos abordan desde diversos ángulos.

El lanzamiento será transmitido por el Facebook, Instagram y Twitter de la Fundación Konrad Adenauer oficina Montevideo. Estará disponible para su lectura y descarga libre desde el portal dialogopolitico.org

¡Están todos invitados!

Algo que parece debemos agradecer los bolivianos al Movimiento Nacionalista Revolucionario y la desastrosa revolución de abril de 1952 es nuestro amor irracional hacia el estatismo.

En la actualidad, esa emoción incontrolable al Estado sigue trayéndonos más problemas que beneficios. Hoy, toda la clase política boliviana, ya sea el oficialismo o la oposición, sigue con devoción y sin ningún tipo de crítica la idea de que el Estado es el pilar fundamental del desarrollo y que los individuos no tienen la capacidad innovar sin su control y ayuda.

Incahuasi es el más claro ejemplo de cómo el estatismo es capaz de destruir el desarrollo y crear una rencilla entre dos departamentos: Chuquisaca y Santa Cruz. Ya en la revolución de la década de 1950 adquirimos la costumbre de vivir de la renta que nos da el Estado por las materias primas, hábito que seguimos conservando. El campo de Incahuasi no es otra cosa que la práctica de una de nuestras costumbres. Es inaudito que en pleno siglo XXI los representantes de estos dos departamentos entren en peleas y medidas de presión por la renta petrolera, bajo la excusa de que necesitan del dinero para desarrollar su respectiva región. Tal argumento carece de sentido, ya que un porcentaje superior al 70 % de la renta petrolera va al gasto corriente y al aumento de la burocracia del gobierno regional.

La clase política boliviana parece olvidar que el Estado es ineficiente y que son los individuos, de manera generosa, quienes desarrollan el lugar donde viven. Tanto Santa Cruz como Chuquisaca, en caso de que fueran realmente autónomos, tendrían la capacidad de dar incentivos impositivos, impuestos bajos para que los individuos vayan a invertir a las regiones correspondientes y así crear empleo formal y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. Desgraciadamente no es así y el discurso de parlamentarios, autoridades regionales y gran parte de la población es clamar por la renta petrolera pensando ingenuamente que de esa manera el gobierno regional llevará el desarrollo y el progreso que tanto añoran y necesitan. Los representantes políticos no tienen la capacidad de pensar que los bolivianos vivimos en un infierno fiscal, que el Estado sufre de gigantismo y que todas las acciones que toma el gobierno central, las gobernaciones y los municipios no son inversiones, sino gasto público. Parecen desconocer que las instituciones estatales no generan ganancias, que simplemente gastan dinero que les llega de los impuestos de los ciudadanos, las empresas y de la explotación de los hidrocarburos.

Nuestros representantes políticos de cualquier nivel del Estado parecen desconocer que el comercio informal es parte de la política estatista que pone muchas trabas para la creación de empleo formal y no es, como repiten sin ningún tipo de razonamiento, un problema de educación.

Incahuasi es la más clara muestra de que nos gusta fomentar nuestra pobreza, quitarle a los individuos la capacidad creadora y enseñarnos a todos que el Estado, en un acto benevolente, nos da unos cuantos pesos para sentirnos mejor y protegidos. Con estas actitudes, Bolivia se encuentra una vez más postergada, y lo único que nos dice que somos ricos es la propaganda gubernamental.

Nuevamente estamos recorriendo el camino para que Bolivia se nos muera. O cambiamos de paradigma y tomamos cada uno de nosotros nuestro destino, o vamos a paso certero hacia el desastre.

Pocas dimensiones marcan más claramente la división ideológica y política de nuestro tiempo como la actitud que asumimos frente al fenómeno migratorio. Mucho se ha escrito sobre las consecuencias negativas del retroceso del liberalismo en los países occidentales que supieron ser su vanguardia, lo que es cierto, pero también es claro que aún vive y lucha.

Mientras Merkel parece haber pagado un costo importante por una política favorable a la inmigración, Trump ganó las elecciones teniendo prácticamente una única y muy gráfica propuesta: construir un muro en la frontera con México. El mundo se debate entre viejos y buenos valores liberales y la xenofobia populista y demagógica, con un final lamentablemente incierto.

Este dilema, hasta hace poco ajeno y lejano, ha venido cobrando relevancia en Uruguay. En estos últimos años hemos vuelto a ser receptores de inmigrantes, en muchos casos producto de las situaciones trágicas que viven cubanos o venezolanos que buscan escapar de los regímenes oprobiosos de sus países y encontrar en nuestra tierra la libertad que ansían y la posibilidad de prosperar económicamente.

De acuerdo con una reciente encuesta de Cifra, el 55 % de los uruguayos evalúan positivamente la llegada de inmigrantes mientras que el 32 % lo ven en forma negativa. El saldo es favorable pero no deja de ser preocupante que solo la mitad de la población entienda este fenómeno como positivo. Afortunadamente los líderes políticos de todos los partidos que se han expresado sobre el tema han mantenido el talante liberal y abierto que supo caracterizar a nuestro país y que deseamos que siga manteniendo en el futuro.

No podemos descartar, sin embargo, que algún oportunista vea un botín electoral en el tercio de uruguayos que tiene una actitud negativa hacia este asunto, así que antes de que esto ocurra es oportuno intentar inocularnos contra el formidable virus de la ignorancia y la xenofobia que tanto daño hace en el mundo.

En primer lugar, es importante tener presente que la teoría económica tiene bien establecido que la inmigración tiene efectos nítidamente beneficios para el país receptor. No es cierto que se pierdan puestos de trabajo; al contrario, tiende a aumentar el producto potencial de la economía y con el dinamismo económico que genera nuevas oportunidades. Los inmigrantes, además, aportan su conocimiento en las profesiones u oficios que desempeñan generando nuevos aprendizajes. También rejuvenecen este envejecido país, lo que ayuda a paliar un gran problema que tenemos por delante que es el de la financiación de la seguridad social.

En segundo lugar, y quizá más relevante aún, es el beneficio en términos sociales y culturales. Los inmigrantes nos ayudan a diversificar nuestra sociedad, a ampliar el horizonte y a volver a ser un país más abierto en términos ya no solo comerciales sino mentales. La riqueza cultural es una parte nada menor del aporte de los inmigrantes y puede ser muy relevante para romper con nuestra gris monotonía y esclerosante conservadurismo.

Por todo esto es muy positivo que veamos cada vez más personas que llegan al Uruguay buscando oportunidades. Correspondámosles con una actitud abierta y receptiva como la que tuvo el país para con nuestros antepasados.

Publicado en El País de Montevideo, el 11 de mayo de 2018

El Consejo de Cooperación del Golfo (CCG), compuesto por Kuwait, Arabia Saudí, Baréin, Catar, Emiratos Árabes Unidos (EAU) y Omán, sufre momentos aciagos. La reciente crisis diplomática que enfrenta a Catar contra Arabia Saudí, Baréin y EAU se cierne sobre el único oasis de estabilidad y desarrollo económico en la región.

Ya en 2014, Arabia Saudí, Bahréin y EAU retiraron sus embajadores de Doha, a quien acusaban de apoyo al terrorismo e interferencias en los asuntos internos de otros Estados. En realidad, tanto esta crisis como la actual responden a los mismos condicionantes que en 2014 Catar prometió solventar pero que continúa pasando por alto. En concreto, el apoyo catarí a los Hermanos Musulmanes siempre ha suscitado la ira de sus vecinos, que consideran a la organización como una grave amenaza para la legitimidad política de sus petromonarquías. Del mismo modo, la inclinación de Al Jazeera (la cadena de noticias controlada por el emir de Catar) por airear los trapos sucios de todos sus vecinos, excepto los del propio Catar, no gusta demasiado en el resto de la región.

De este modo, la crisis actual se entiende en el contexto de una desafección profunda con Catar y sus políticas disidentes e incluso contrarias a los intereses de sus vecinos. Cierto es que no sería la primera vez que los países del CCG se solapan e incluso se contraponen en sus iniciativas exteriores. Tampoco es Catar el único país del CCG con una diplomacia independiente alejada de la línea dura suní propugnada por el bloque saudí-emiratí. Véase en este caso el ejemplo de Omán, considerado el verso suelto del CCG por sus excelentes relaciones con Irán, y que, sin embargo, ha sabido mantener un equilibrio adecuado logrando hacer respetar su política exterior de mediación y pragmatismo. [1]

Por un lado, Catar ha debido hacer reajustes importantes con el fin de sobrellevar no solo una crisis diplomática, sino también un bloqueo económico y comercial de implementación intermitente y parcial. Dado que la inmensa mayoría de las importaciones de alimentos y otros productos básicos proceden de la única frontera terrestre de Catar con Arabia Saudí, el boicot comercial ha inflado los precios, mientras los aviones turcos e iraníes llenan poco a poco este vacío. El aislamiento de Doha también afecta al tráfico aéreo, pues la prohibición de la aerolínea nacional Qatar Airways de sobrevolar el espacio aéreo saudí, emiratí y bahreiní ha provocado graves pérdidas, que el apoyo tímido de Omán ha aliviado parcialmente.

Por el otro lado, los países ejecutores del bloqueo también está sufriendo graves desajustes comerciales, en especial el Emirato de Dubái, que se nutre de exportaciones de servicios cataríes y el transporte de mercancías desde Doha. [2]

Además, el CCG debe ahora más que nunca presentarse como un frente unido, a la luz de la escalada de violencia cerca sus fronteras, en Siria, Irak y sobre todo en Yemen, donde existe una gran crisis humanitaria.

Los dos países del CCG que hasta ahora se han mantenido fuera de esta controversia son Kuwait y Omán, ambos con una sólida reputación como mediadores imparciales y efectivos [3]. Los dos países tienen mucho que perder si el CCG acaba desintegrándose y, sin embargo, sus esfuerzos hasta la fecha han resultado infructuosos. La diplomacia silenciosa de estos dos países rehúye el conflicto y cultiva amistades altamente lucrativas con enemigos irreconciliables como son Irán y Arabia Saudí. Queda por ver hasta qué punto las tensiones internas del CCG ponen en peligro estas políticas exteriores independientes y pragmáticas, que hasta ahora han sido la principal fuente de estabilidad en la región.

Lo que está en juego en esta crisis diplomática son dos visiones geoestratégicas excluyentes: frente a la defensa reaccionaria del statu quo de Arabia Saudí, Catar ha luchado contra la fuerza de gravedad de Riad, que ha atraído exitosa e irrevocablemente a otros Estados pequeños y vulnerables como Bahréin bajo su órbita. En su intento por no convertirse en un cliente saudí y destacar entre sus vecinos, Catar ha optado por un enfoque revisionista que se materializa en una apuesta clara por el islamismo y otros vientos de cambio.

La perpetuación de la crisis catarí no beneficia a nadie, ni dentro ni fuera del CCG. Estados Unidos y los países occidentales necesitan un Consejo unido que mantenga la estabilidad en la región. El eje saudí-emiratí-bahreiní necesita del apoyo de Catar si pretende contener a un Irán optimista tras el levantamiento de sanciones. Ni Kuwait ni Omán pueden mantener sus diplomacias independientes y pragmáticas con la alineación de sus vecinos árabes. De este modo, mientras Oriente Medio arde en llamas y sus crisis se multiplican de Siria a Yemen, el Golfo es testigo de una grave brecha interna que, si no se soluciona a tiempo, puede dar al traste con el único oasis de estabilidad y paz en la región.

[1] Cafiero, Giorgio, y Yefet, Adam (2016). «Oman and the GCC: A Solid Relationship», Middle East Policy Council, vol. 23, n.º 3, pp. 49-55.

[2] Kerr, Simeon (12.12.2017). «Gulf banks face up to Qatar fallout», Financial Times.

[3] Cafiero, Giorgio, y Karasik, Theodore (22.6.2017). «Kuwait, Oman and the Qatar Crisis», Middle East Institute.

Las elecciones presidenciales venezolanas refuerzan las fundadas críticas hacia su sistema electoral y, aunque sus resultados abren las puertas de una reunificación opositora, dejan la amarga sensación de un recrudecimiento autoritario. ¿Hay oportunidad para la restauración democrática?

El anuncio, esta vez, fue temprano: el presidente Nicolás Maduro fue declarado electo con un 68 % de los votos, en la elección presidencial venezolana con más baja participación de electores en toda su historia contemporánea, menor a la mitad de los electores. Entretanto, los dos candidatos importantes a la zaga, el exgobernador Henri Falcón y el pastor protestante Javier Bertucci, denunciaron las irregularidades del proceso y solicitaron la repetición de las elecciones.

Es difícil comentar las cifras de los resultados intrínsecamente, puesto que el sistema electoral planteado desde el chavismo, tras la derrota electoral parlamentaria de 2015, ha implicado la escalada de abusos de poder habituales de amedrentamiento, coerción y uso sesgado de reglas electorales, con una estructura de control social perversa, que aprovecha la miseria impuesta por las políticas socialistas como herramienta para la movilización partidista: a cambio del voto, se ofrecen beneficios sociales directos en una red de distribución estatal que exacerba el control sobre los individuos: el carnet de la Patria y los comités locales de alimentación. Puesta a prueba, la movilización no habría funcionado: ni los millones inscritos en el partido de gobierno ni los millones suscritos a esta red asistencial politizada habrían asistido a sufragar. En una elección en la que la abstención fue la norma, se refuerza el maquillaje de datos.

Y esta es la matriz que forzó la división opositora en esta ocasión. El núcleo de partidos de la Unidad Democrática, asistentes a las rondas de negociación a finales del año pasado en República Dominicana en pos de garantías electorales que corrigieran estas iniquidades sistemáticas, optó por no participar, rompiendo una línea de crecimiento electoral de más de una década. El exgobernador Falcón, apostando al descontento de las bases con esta decisión, y al descontento general hacia el gobierno, decidió participar con una pequeña coalición de partidos periféricos de oposición dentro y fuera de la alianza opositora y con un importante programa modernizador; su postura, al final del proceso, lo coloca en el bando del escepticismo acerca de las elecciones. El Frente Amplio, la unión entre la Unidad Democrática y sectores importantes de la sociedad civil, denunció la ausencia de transparencia de los resultados. Es una oportunidad para que la oposición se reunifique en torno a la petición de más democratización, con la bandera abierta de un nuevo proceso electoral. Pero, ¿tiene los recursos para exigirlo? ¿Son unas nuevas elecciones suficientes como medio para este cambio?

Otra lectura del proceso está en que la abstención electoral no es solo desfavorable al gobierno, sino que también implica un descontento hacia el liderazgo opositor, y no una aceptación de su línea política. De acuerdo con esta postura, estas elecciones nos dejan en un vacío que solo el vértigo de una emergencia antipolítica podrá llenar, atizado por la amargura que la más profunda crisis social y económica en Venezuela ha generado. El gobierno socialista pareciera haber vaciado de contenido al voto, toda vez que logró derrotar eficazmente a la protesta social, allanando riesgos inmediatos.

Lo cierto es que el presidente Maduro amanece con un nuevo sexenio, y que ha logrado desafiar todos los pronósticos sobre su final político. Pero los problemas con los que llega la alianza gubernamental no son escasos: las políticas públicas de empobrecimiento de la sociedad y de destrucción económica existen para el enriquecimiento del grupo gobernante, de manera que toda política pública alternativa sensata sería cara para la coalición, que es su verdadera base electoral. Pero también las sanciones personales del mundo occidental han afectado las capacidades de riqueza del círculo gobernante y su despliegue. Nótese además que, pese al alza de los precios petroleros, la crisis de la estatal energética venezolana PDVSA hace que no lleguen nuevos recursos a las arcas venezolanas. Fuera del financiamiento chino o ruso, y de rutas ilegales o heterodoxas de obtención de moneda dura —como el narcotráfico y las criptomonedas, alternativamente—, la estrechez y el desgaste de su propia burocracia no parecen tener solución.

Sin embargo, el gobierno tiene enormes ventajas. Pese al descontento, y sobre este, ha logrado acelerar la partidización de todo el Estado, incluyendo a las fuerzas armadas, en la cual más oficiales y tropas regulares salen a buscar nuevos destinos, siendo sustituidos por milicias cercanas al Partido Socialista. Pese a su falta de recursos, el gobierno cuenta con más herramientas que la sociedad civil y los partidos, desarticulados, perseguidos y empobrecidos. Pese a la crisis social, el gobierno ha mostrado que el costo humano de su permanencia en el poder no le es relevante. Pese al golpe de la abstención como muestra de la ebullición de la protesta social, puede ser también muestra de una decepción hacia toda oportunidad de cambio, la que se refleja en la creciente y comprensible emigración. El actual régimen chavista es uno donde la desesperanza y la represión son instrumentales para su dominio, y la legitimidad de origen o de ejercicio un asunto de menor importancia.

Esto nos lleva a considerar el ambiente internacional adverso. Para un sector de la opinión, la solución al problema venezolano —que es esencialmente uno de seguridad hemisférica, dada la crisis de emigración masiva y la circulación de tráficos ilícitos por el país suramericano, cabeza de playa de la inserción de Eurasia en el continente— es la intervención extranjera. Ciertamente, América Latina parece no estar dispuesta a tolerar al gobierno de Caracas, y los Estados Unidos han escalado su retórica contra el país; pero China y Rusia son protectores poderosos, y las venideras elecciones mexicanas pueden dar un respiro regional a Maduro y sus aliados que cambie el tono de los últimos años.

La resiliencia del sistema venezolano, en su primer sexenio abiertamente pos-Chávez, nos da cuenta de un régimen que buscará consolidar el liderazgo de Nicolás Maduro, el más ortodoxo de los socialistas, hacia un modelo donde el totalitarismo no sea ya un proyecto, sino una realización efectiva por encima de toda oposición social. ¿Tendremos los venezolanos cómo resistir o estamos condenados a vivir la realidad de los países sometidos bajo este peso ideológico?

La memoria olfativa es —para legos como nosotros— un fenómeno misterioso, pero conocido. El perfume de los árboles en la primavera, el aroma de una torta recién horneada o la fragancia francesa de esa marca importada que usaba mamá nos transportan, sin escalas, a otro momento. La infancia, una tarde de lluvia con los libros de la facultad abiertos frente a nosotros, cualquier recuerdo que parecía borrado reaparece de pronto despertado por un olor particular. Así de poderosa es la memoria olfativa.

Claramente, se trata aquí de una memoria individual. Más aún: es esta una memoria íntima. Otras memorias son, por el contrario, sociales. O colectivas. De manera ejemplar, la memoria histórica de los pueblos se construye como un recuerdo colectivo. Un recuerdo que no exige siquiera la presencia efectiva de quienes lo recuerdan. La imagen del 25 de mayo de 1810, con el pueblo a las puertas del Cabildo y una profusión de paraguas bajo la lluvia pertinaz, es compartida por todos los ciudadanos que han asistido a la escuela primaria en el territorio de la República Argentina.

Lo interesante del caso —interés que esta misma imagen repetida en los textos escolares corrobora— es que no hace falta ni la presencia ni la veracidad para que el recuerdo se mantenga (de hecho, muchos historiadores afirman que es imposible que hubiera tantos paraguas por ese entonces en las tierras del Río de la Plata). Y tampoco hace falta que sea propio para que el recuerdo se mantenga con vigor.

Como en el caso de esa imagen, aunque de manera mucho más sutil (imperceptible y sorda), la memoria discursiva —que es también colectiva y social— conserva escenarios, escenas y actores que recurren encarnados en frases y palabras. Frases y palabras que, al decirlas (o al oírlas), nos trasladan (a veces, sin que nos demos cuenta) a otro tiempo ya vivido. O ya escuchado. Porque lo que se vive o es vivido por otros solo puede ser comprendido en la medida en que se dice. Y se dice con palabras. Y se evoca con palabras.

La historia que la Argentina ha construido en su vínculo con el Fondo Monetario Internacional y la sigla que lo representa está jalonada de episodios angustiosos: momentos de crisis económica, con su saldo de desempleo y de desconcierto. Y apenas nombrar al organismo —que, desde otra perspectiva, podría ser visto como salvador— dispara una red tácita de frases siempre asociadas a eventos que ensombrecen nuestra memoria colectiva: riesgo país, deuda, condicionalidades.

Una simple encuesta informal entre ciudadanos argentinos de más de 35 años confirma estas intuiciones. El recurso al FMI no se concibe como una solución eficaz y eficiente a un problema coyuntural. Se percibe, antes bien, como el manotón del ahogado que se aferra a un cocodrilo. O como la estrategia de algunas administraciones nacionales que no saben o no quieren probar una fórmula más amigable.

Y es que el pedido de crédito a una institución paternalista (como esta), que lo otorga pero exige obediencia, opera, desde luego, como una demostración palmaria de que las cosas —al menos en la economía— no están tan bien. Igual que no lo estaban cada vez que se recurrió a esta misma receta.

En concreto, el desembolso de divisas provenientes del FMI, dicen los encuestados informalmente, viene atado a un paquete de medidas que —al menos en lo inmediato— se traducen en malestar general. Achicamiento del Estado —hoy gran proveedor de fuente laboral—, suspensión de obras públicas, aumento de tarifas, privatizaciones. Y viene atado, también, al recuerdo de que muchas de esas medidas nos condujeron, hace menos de dos décadas, a una crisis monetaria que terminó en el corralito.

Los psicólogos dirían que no hay dos situaciones idénticas. No estamos hoy ni como estábamos al principio ni como estábamos al final de los años noventa. No estamos como estábamos al final de la convertibilidad. Pero los argentinos sentimos que el FMI presentifica un tiempo ya vivido, en carne propia o por televisión. Un tiempo doloroso, ya sufrido.

Si, como afirma Jean-Jacques Courtine, el lenguaje es el tejido de la memoria, no hay manera de evitar que los recuerdos despertados por la sigla FMI construyan una trama de fantasmas y zozobra. Que nos dejen, en la boca, un gusto amargo. Y la impresión de que algo huele mal en el ambiente.

Crítica a la creencia común de que los resultados de las elecciones, por sí mismos, serán determinantes para el futuro del país.

Se habla reiteradamente de la importancia histórica de las elecciones mexicanas que tendrán lugar el 1 de julio de 2018, argumento que se ha reiterado hasta el cansancio desde hace casi dos décadas, sin que se hayan dado los cambios institucionales y estructurales necesarios para transformar el régimen.

El cambio político ha sido gradual, conservándose un sistema presidencialista acotado ahora por múltiples órganos constitucionales autónomos que se han creado para quitarle al Ejecutivo funciones que antes controlaba, como la política monetaria y la organización de las elecciones, para acotar a las autoridades con órganos de transparencia y derechos humanos o para realizar funciones técnicas especializadas en materia de telecomunicaciones, política energética y competencia económica.

Hoy se habla nuevamente de un cambio de régimen bajo el supuesto de que el presidencialismo ya no es funcional y que debe transitarse a alguna forma de semiparlamentarismo, como sería la institucionalización de la ratificación de todos los integrantes del gabinete por el Poder Legislativo. Esta «solución» parece igual de ocurrente que muchas de las reformas que se han impulsado y que en el fondo han agravado los problemas de desigualdad, inseguridad y corrupción.

Ante un Poder Legislativo indolente y en constante parálisis, resulta cuestionable transitar a un esquema en el que a los poderes que tiene, y que no ejerce plenamente, se le sumen nuevas potestades que conllevan el riesgo de mantener la captura del Congreso por obra de los partidos políticos, que hoy día se han convertido en los mayores extractores de rentas estatales.

Lo que está en juego en la elección mexicana es poner fin a una serie de condiciones estructurales e institucionales que han degradado el espacio público, minado la confianza en la política y contaminado a la sociedad a partir de la extensión tentacular de amplias redes de corrupción que hoy llegan a todos los grupos organizados: partidos, sindicatos, gremios, corporaciones.

Lo que está en juego en la elección mexicana es la apuesta por un gobierno que tenga la determinación firme y el valor necesario para poner fin a un vasto sistema de privilegios centenarios, a una serie inconfesable de arreglos corporativos que conllevan la colusión de intereses gremiales y estatales, y a vasos comunicantes a través de los cuales se extienden relaciones de connivencia orientadas a la extracción de rentas estatales.

El final del sindicalismo corporativo, la limpieza de las instituciones del Estado en todos los órdenes de gobierno y el predominio de controles institucionales que limiten el abuso del poder son hoy grandes pendientes de la agenda política. Más allá de políticas clientelarmente orientadas, que lo único que logran es la perpetuación de la pobreza ancestral, se requiere un rediseño institucional que depure la vida pública de lacras centenarias y que vincule colectivamente a la sociedad con base en un proyecto ampliamente compartido; no debería estar en juego el cambio ornamental de las instituciones estatales, sino la transformación de las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía, para hacer frente a los problemas de representatividad, pérdida de confianza, desigualdad lacerante, corrupción institucionalizada e inseguridad estructural.

Este giro copernicano de nuestro sistema político es lo que realmente está en juego en la elección del 1 de julio y no el relevo de élites. No se trata de que se quiten unos para que se pongan otros, sino de transformar las relaciones entre el poder y la ciudadanía, lo que conlleva un auténtico cambio de régimen, y no nada más la creación, sustitución o desaparición de burocracias que han secuestrado la agenda de los cambios sociales necesarios. Al final de cuentas, si esperamos que nuestros problemas los resuelva un líder inspirado y omnipotente, estamos confundiendo a nuestros limitados políticos con dioses providentes.

Así que el 1 de julio los mexicanos votaremos, muchos con la idea romántica de que alguno de los candidatos logrará el ansiado cambio para mejor, pero unos pocos con la certeza de que mientras no haya un nuevo pacto social incluyente, que obligue a que el gobierno impulse una agenda innovadora y transformadora, seguiremos como desde hace algunos años, creyendo que esta elección sí es «la buena», para luego desencantarnos con el gobierno en turno y rumiar durante años la esperanza de que la próxima elección será la decisiva.

Si, como todo indica, el Consejo Nacional Electoral proclama a Maduro como «reelecto», estaría también anunciando que los venezolanos respaldan un modelo económico socialista que arrasó desde todos los ángulos con el país otrora más próspero de la región.

Debe ser desesperante estar en la piel del jefe del régimen venezolano. Los números que recibe a diario sobre la tragedia económica, financiera, monetaria y humanitaria (él lo sabe bien) tienen el sello de su inacción.

Las encuestas detallan que más del 80 % de la población no lo rechaza, lo repudia. Aun así, presentó su nombre para seis años más al frente del gobierno. En posición adelantada, fuera de los lapsos que establece la Constitución, con los principales líderes opositores presos o inhabilitados y, lo peor, sobre los escombros de un país.

La sola idea de su inminente «reelección» es sinónimo del cinismo político más exacerbado. Es como asumir que el venezolano es una rara especie de homus masoquista que siente placer viviendo condenado a la falta de medicinas y de alimentos, a la hiperinflación. En fin, a una vida miserable.

Si, como todo indica, el Consejo Nacional Electoral (CNE), aliado sin cortapisas del régimen, proclama a Maduro como «reelecto», estaría también anunciando que los venezolanos respaldan un modelo económico socialista que —en pocas palabras— arrasó desde todos los ángulos con el país que otrora fue el más próspero de la región. Hoy quedan solo las ruinas.

Si el CNE anuncia en su boletín oficial el próximo domingo o el lunes en la madrugada, como ya es natural, que Maduro gobernará por otro periodo, entonces estará informando también que el grueso de los venezolanos están convencidos de que su sufrimiento, su hambre, sus penurias y toda la tragedia que significa sobrevivir en el país caribeño es producto de la fantasiosa guerra económica imperialista introducida por la escasez y la hiperinflación.

Detrás de este montaje eleccionario existe una realidad medida que conoce el mundo: todos los estudios de opinión —sin excepción— apuntan a que en un escenario de elecciones medianamente libres, inclusive con la ventaja de la maquinaria oficialista, el heredero de Hugo Chávez sería derrotado con más de 28 puntos porcentuales.

A pesar de que el Grupo de Lima, Estados Unidos y la Unión Europea advierten que no reconocerán los resultados, Maduro y los factores que lo dominan siguen adelante con este montaje que va más allá de la necesidad del régimen de legitimarse. El problema que entraña el próximo domingo es que el efecto será exactamente contrario.

Una elección impuesta

Si la evidente tragedia venezolana se tratara solamente de que un presidente por accidente, sin mayores talentos, se transfiguró en un autócrata que asesina a estudiantes protestantes, inhabilita a sus opositores e irrespeta todas las líneas de convivencia democrática, el caso sería más sencillo. Pero no. Maduro es solo la cara visible de todo un entramado perverso que va más allá de una dictadura cínica y tropical.

Todas las fuerzas exógenas que están detrás de los hilos del poder venezolano decidieron que la agonía de Maduro debía prolongarse mucho más. Por ello el llamado precoz a elecciones.

La convocatoria del 20 de mayo se puede definir como cualquier cosa menos como una elección. Con toda seguridad se sumará a la cadena de sacrificios del rehén de los hermanos Castro, para prolongar lo más que se pueda el control de La Habana sobre los escombros del país con las mayores reservas de petróleo del mundo.

Maduro es un rehén del crimen organizado trasnacional. Cuba es su metrópoli. El heredero de Hugo Chávez se juega una carta muy pesada, que lo terminará de deslegitimar aun más ante el mundo.

El régimen sabe que está poniendo el pie en el acelerador de una crisis mayor ante la comunidad internacional. Nadie en sus cabales podría siquiera dudar de que los electores venezolanos apostarían a depositar su confianza en los responsables activos y pasivos de una crisis humanitaria que adquiere cada día un tono más dramático.

El cálculo es que mientras más aislamiento y sanciones, más capacidad habrá de sobrevivir simbólicamente sobre la tesis absurda de la guerra económica imperial. Los números están claros para el régimen. Cerca de 4 millones de electores creen en esta manipulación discursiva. Hay que decirlo. Existen venezolanos que agradecen la dádiva, buscan entre la basura para comer y creen en la versión cantinflesca de una guerra económica como la detonante de su tragedia.

Pero el presidente —solo en apariencia— de la nación suramericana tiene que lidiar con los demonios propios de la tragedia que causó la revolución, el rechazo de las mayorías a las que se niega el derecho a elegir, la presión internacional que se ha calentado en las últimas horas, la lucha entre las facciones del chavismo por el control de los negocios lícitos e ilícitos que se mantienen a la sombra del régimen y especialmente los mandatos de las fuerzas extraterritoriales que verdaderamente lo dominan. La oposición venezolana, como contrapeso, no existe.

En campaña: una victoria simulada

En las maltrechas calles de las principales ciudades de Venezuela hay ambiente de todo, menos de campaña electoral presidencial. El candidato a la «reelección» se hace acompañar de artistas, moviliza «simpatizantes» con bolsas de comida haciendo las veces de señuelo. Imita en sus repetidos discursos la cadencia y el tono discursivo del fallecido Hugo Chávez.

Se muestra ante el aparataje comunicacional dominado por su régimen como un hombre de familia, un líder victorioso. Él sabe, el país sabe, el mundo sabe, que es un gran perdedor. Ni todas las baterías del marketing político ni los mejores asesores pueden lograr que despierte un suspiro. Su gira por el país es solo un trámite, una puesta en escena para dar más forma al montaje.

Para agudizar el absurdo, exige a sus seguidores que solo con su reelección —con 10 millones de sufragios— se podrá recuperar la economía y torcer el cuello a las mafias que inducen la inflación y el ataque a la moneda.

Hugo Chávez, el padre de la Revolución bolivariana, nunca logró esa meta, ni siquiera en medio de citas electorales marcadas por un artificial clima de prosperidad generado por la bonanza petrolera.

Este repetido ejercicio de subestimación a los ciudadanos ya es común. Meses antes prometió que con la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente se diversificaría la economía. Lo único concreto es que, solo en 2018, la inflación se dispara en más de 430 %, que la escasez de alimentos básicos asciende al 90 % y la falta de medicinas es una maquinaria de muerte y dolor en todos los rincones.

Si en 2013, con todo el impulso emocional que tuvo por ser el heredero de Hugo Chávez tras la muerte de este, y sin haber demostrado su exiguo talento como gobernante, el CNE apenas pudo imponerlo con una ventaja de menos dos puntos porcentuales frente al opositor Henrique Capriles; hoy Maduro, con esas mismas garantías electorales, quedaría pulverizado.

Que en esta contienda no hayan surgido voces de jerarcas del Partido Socialista Unido de Venezuela en contra de la nominación de Maduro (que los hay, civiles y militares) y que, por el contrario, simulen un apoyo irrestricto en el fragor de esta campana, es un encuadre que emula al funcionamiento de las estructuras de la mafia. Es preferible no mostrar las grietas internas de la organización por la supervivencia de todos.

Por donde lo veamos y a pesar de la astucia del régimen de disminuir al mínimo a la dirigencia opositora, la cual es percibida a lo menos como sospechosa, el aspirante a la reelección camina en un campo minado.

Sanciones económicas, suspensiones de visas, designaciones en listados de grupos criminales de Estados Unidos y la Unión Europea, es la forma como se ha venido allanando el terreno de su grupo de colaboradores más cercanos, incluyendo a su propio vicepresidente, Tarek Alaissami.

Vínculos con el narcotráfico, apoyo a grupos terroristas y lavado de dinero es la trinidad delictiva que supuestamente rodea a Nicolás Maduro y a su equipo más cercano, de acuerdo con las conclusiones de los organismos internacionales.

Luego, todo el compendio de pruebas de violaciones de los derechos humanos fundamentales, como la libertad de expresión, el derecho al debido proceso y a la vida, configuran un prontuario muy pesado para el inquilino del Palacio de Miraflores.

Después del 20 mayo el mundo será más reducido para Maduro, pues esta jugada de simulación electoral lo terminará coronando como un dictador.

El factor Henry Falcón

Sobre el principal candidato «opositor» de esta contienda existen más dudas que certezas. Es percibido como un constructo del madurismo para dar algo de legitimidad a una cita comicial que es descrita por más del 60 % de los sufragantes como un circo.

En las últimas horas, ciertos agentes de las redes sociales han contagiado a algunos sectores con el rumor de que existe un pacto entre el madurismo y la cuestionada candidatura opositora de Henry Falcón, para entregarle el poder en medio de una transición que le permita al régimen dictatorial huir de sus demonios.

Falcón forma parte de todo este paisaje perverso. En caso de que se materialice este supuesto acuerdo, Venezuela entraría en una espiral de destrucción mayor. Además, sería un atajo de impunidad de los delitos de quienes saquearon al país petrolero.

Finalmente, Maduro tiene que acatar las disposiciones de las fuerzas exógenas y criminales que lo dominan. Y si tiene que entregar el poder a Falcón, no lo hará con base en el principio de alternabilidad democrática, ni por la voluntad de las mayorías, sino por un cálculo de supervivencia en el que el CNE solo atiende órdenes, para imponer los resultados que sean necesarios para el régimen.

El liderazgo opositor, más que fragmentado, luce inexistente en el país petrolero. Pequeñas facciones políticas se debaten entre apoyar o no la participación en las elecciones. Los partidos mayoritarios (Acción Democrática, Voluntad Popular y Primero Justicia) llaman a la abstención.

Ante la cercanía del proceso, algunos dirigentes opositores «sospechosos» han manifestado su apoyo a la participación y han levantado el brazo a Falcón, llamando a votar para derrotar al chavismo.

Una crisis sin freno

Todo indica que la economía seguirá su ritmo sin freno rumbo al primitivismo. Venezuela estará más aislada internacionalmente. Finalmente, es un escenario más favorecedor para el proyecto dictatorial que se maneja desde La Habana.

El primer trimestre de este año cierra para Venezuela con cifras escalofriantes, que dan cuenta de que los indicadores de calidad de vida del país que era más rico en la región siguen estando muy por debajo que Haití. No es una apreciación periodística de este cronista. Ni un ejercicio de imaginación. La inflación acumulada en 2018 ya se disparó en 453,7 %, un número frío que entra en una ecuación de hambre, muerte y escasez.

Desde la crueldad más manifiesta en gobernante alguno, el heredero de Hugo Chávez promete que solo con su reelección el país mejorará económicamente, cuando todo indica un desastre mayor en los meses que están por venir.

El Fondo Monetario Internacional pronostica una inflación monstruosa al cierre de este 2018: 13.000 %. Sí, estimado lector, usted leyó bien. Ni la sumatoria de la inflación acumulada de todos los países de este continente se le acerca a esta cifra.

Las medidas anunciadas en lo monetario y cambiario, según los expertos, solo destruirán mucho más un colapsado sistema económico.

Pese a todo este panorama absurdo de destrucción y saqueo, de dolor y desesperación de las mayorías, todo indica que Maduro será «reelecto» en un acto electoral que se convertirá en la esfinge de un fraude que no será reconocido por el mundo civilizado. Si se acuerda entregar el poder a Falcón sería una farsa aún mayor.

Sea lo que sea, el destino de Maduro en el lugar más despreciable de la historia ya está apartado. Es cuestión de tiempo.

Fernando Martínez | @fermartinezm
Periodista, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Docente universitario. Articulista del diario Centro (Tampa, EUA) y otras publicaciones en América Latina

La KAS y el Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS) organizaron el 18 de abril pasado un debate sobre la alianza estratégica entre Alemania y América Latina hacia una política global de transición energética, en el marco del IV Diálogo de Transición Energética realizado en Berlín.

Alemania es reconocida internacionalmente por su Energiewende (cambio de la matriz energética). América Latina es de importancia estratégica para las políticas energéticas sostenibles internacionales de Alemania. Tres países latinoamericanos son particularmente relevantes para los esfuerzos de Alemania por construir alianzas para una transición energética global: Alemania estableció alianzas energéticas bilaterales con los pesos pesados regionales Brasil y México, mientras que Argentina asumió la presidencia del G20 de Alemania en 2018 y jugará así un papel central en la conformación de la agenda energética global a lo largo de su presidencia.

El gran tamaño geográfico y económico de Brasil lo convierte en el mayor consumidor de energía en América Latina. La energía renovable representa una parte muy alta de la electricidad de Brasil (74 % en 2015), muy superior al porcentaje de Alemania y al promedio mundial. En 2008, Alemania y Brasil firmaron un memorando de entendimiento sobre una asociación energética bilateral. De 2012 a 2016, recibió el 23 % de los compromisos de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) alemana para el sector energético de América Latina (465 millones de dólares). Un tema prometedor aquí son las subastas de energía renovable. Brasil ya había establecido subastas de energía renovable en 2005, mientras que la implementación en Alemania recién comenzó en 2017.

México está pasando por una transformación integral de la política energética. Como consecuencia de la reforma del mercado energético adoptada por el presidente Enrique Peña Nieto (Partido Revolucionario Institucional, PRI) con la ayuda en el Congreso del Partido Acción Nacional (PAN) en 2013, México permitió importantes inversiones internacionales en su infraestructura energética. La cooperación germano-mexicana se ha intensificado en los últimos años, con el establecimiento de una asociación energética bilateral en 2016. Al mismo tiempo, México se ha convertido en el mayor destino latinoamericano de la cooperación alemana para el desarrollo relacionada con la energía, que representó 612 millones de dólares (31 %) entre 2012 y 2016. Durante su presidencia del G20, Alemania solicitó a México que copresidiera los grupos de trabajo de energía y clima. Además, México y Alemania publicaron conjuntamente una revisión por pares de subsidios fósiles en 2017 como un paso hacia el objetivo declarado del G20 de «eliminar los subsidios ineficientes a los combustibles fósiles».

Desde la elección de Mauricio Macri como presidente a fines de 2015, Argentina se ha involucrado en la liberalización del mercado energético. La seguridad del suministro de energía es un tema político urgente, especialmente en la Argentina rural. Con el fin de mejorar la competitividad internacional en el sector de la energía, los subsidios para el uso de fuentes de energía fósiles nacionales como el gas y el petróleo se han reducido drásticamente. El aumento del precio de la energía causó protestas públicas. Al mismo tiempo, Argentina está fortaleciendo sus esfuerzos para explotar sus enormes recursos de gas de esquisto, por ejemplo, a través de la inversión internacional en la Formación Vaca Muerta. Hasta el momento, Argentina no ha sido identificada como un socio estratégico por el gobierno alemán, ni es un país socio de la cooperación alemana para el desarrollo. Sin embargo, los pasos iniciales para fomentar la cooperación se han tomado en los últimos años. La presidencia argentina del G20 introduce el término transiciones energéticas, en plural, para enfatizar que cada país puede elegir una trayectoria diferente, dependiendo de su dotación de recursos naturales, la disponibilidad de tecnologías y capital y otros factores de contexto nacional.

Para fortalecer tales esfuerzos cooperativos, el gobierno alemán debe considerar los siguientes pasos:

1) Ajustar la comunicación de Energiewende a los contextos nacionales de los países socios, abandonando el término transición energética, si es inadecuado.

2) Movilizar los beneficios socioeconómicos de las energías renovables para fomentar una narrativa orientada a las oportunidades en las políticas climáticas.

3) Aprovechar los conocimientos de los países asociados para la cooperación internacional en materia de energía sostenible.

El informe Germany–Latin America: Fostering Strategic Alliances for a Global Energy Transition ofrece recomendaciones para alianzas sólidas con respecto a la energía sostenible y analiza los escenarios actuales de transición energética en Brasil, México y Argentina.

Descarga el informe completo aquí

Programa Seguridad Energética y Cambio Climático en América Latina (EKLA-KAS) | @ekla_kas

Autores del informe:

Dra. Sybille Röhrkasten, líder científica del proyecto «Pathways to Sustainable Energy» en el Instituto de Estudios Avanzados de Sostenibilidad (IASS)
Sonja Thielges, investigadora asociada en el «Proyecto Pathways to Sustainable Energy» en IASS
Dr. Sebastian Helgenberger, líder científico del Proyecto «Movilización de las múltiples oportunidades de las energías renovables» en IASS
Dr. Christian Hübner, director del Programa Regional Seguridad Energética y Cambio Climático América Latina, KAS

Al igual que otros países, Chile ha experimentado un proceso de fortalecimiento del populismo de derecha. A más de 27 años de terminada la dictadura militar resurge en Chile un movimiento que expresa rasgos nacionalistas, xenófobos y con ciertos elementos de fundamentalismo religioso.

Durante la primera vuelta de la elección presidencial del 2017, el candidato independiente de ultraderecha José Antonio Kast —que renunció a la UDI, el partido de derecha fundado por el ideólogo de la dictadura, Jaime Guzmán— obtuvo un sorpresivo 7,93% de los votos. Pese a que no postuló candidatos al Parlamento y, por lo tanto, no tiene representación parlamentaria propia, en abril del 2017 se constituyó un movimiento político con la denominación de Movimiento Acción Republicana.

La votación obtenida por José Antonio Kast (más de 520.000 electores) no fue menor, dado que el candidato de la centroderecha, Sebastián Piñera, obtuvo en esa elección un 36,64% de la votación (más de 2.400.000 votos). El hecho de que Kast haya llamado a votar en segunda vuelta por Sebastián Piñera (aunque no forma parte de su coalición) también indica las significativas contradicciones de los apoyos con que fue electo el hoy presidente de Chile.

¿Sólo frases del populismo?

Entre las frases polémicas de Kast figuran: «Las fuerzas armadas no usaron la fuerza para tomarse el poder, sino para recuperar a Chile», «Si Pinochet estuviera vivo votaría por mí», «Indulto a Fujimori en Perú es un ejemplo de cómo avanzar en justicia y no venganza. Un anciano de 80 años no merece morir en la cárcel», «En Chile tenemos que discutir en serio sobre uso de armas. Hoy la gente honesta no tiene cómo defenderse de delincuentes y narcotraficantes», «Solo una maquinación intelectual es capaz de decir que la mujer tiene derecho a decidir sobre su cuerpo», «No creo en el matrimonio igualitario, porque creo que dos hombres no son igual que un hombre y una mujer. Dos hombres no pueden procrear», «Sobre profesores de religión, lo digo sin ambigüedades: a los chilenos les hace falta Dios y el Estado debe promover la religión en los colegios».

En el acto de creación del Movimiento Acción Republicana sorprendió que entre los asistentes se encontrara el exalcalde y excoronel del Ejército Cristián Labbé, que fue encargado de seguridad de Augusto Pinochet mientras era agente de la tristemente recordada Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) y, posteriormente, ministro secretario general de Gobierno del régimen militar. Desde 2003 Labbé es investigado como responsable de diversos casos de tortura y violaciones de los derechos humanos y ha sido procesado por distintas causas relacionadas con graves violaciones a los derechos humanos. Habrá que esperar futuras elecciones para ver si este movimiento se logra cristalizar en algo mayor; sin embargo, su discurso extremo y su práctica polarizante es de por sí un signo preocupante.

¿Fotografías controvertidas o populismo?

El más reciente episodio de José Antonio Kast fue la divulgación de una fotografía en que aparece en un acto junto a una persona con la polera «Pinochet’s Helicopter Tour», que se mofa de los asesinatos practicados por la dictadura chilena, en particular de aquellos relacionados con el lanzamiento al mar de cuerpos e incluso personas vivas, desde el aire. La expresión comenzó a masificarse en junio de 2015, cuando se creó la página de Facebook «Pinochet Helicopter Rides and Rentals», que publicaba chistes y memes sobre el dictador, y que luego se hizo aún más masiva cuando un usuario publicó un meme del exprecandidato presidencial demócrata Bernie Sanders lanzado desde un helicóptero. Aunque posteriormente, a través de Twitter, Kast se disculpó explicando que no se dio cuenta de la imagen, el hecho sembró fuertes dudas sobre los sectores que respaldan sus posturas.

Una de las preocupaciones existentes en Chile es que el fortalecimiento de estos grupos populistas de derecha se da, como lo indica el informe del 2016 Auditoría a la democracia, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), producto de un empeoramiento de la percepción del funcionamiento de la democracia. La percepción de los chilenos que consideran que la democracia funciona mal o muy mal aumentó de 20% (2012) a 40% (2016). Esta situación, además, se da en un contexto en el que disminuyen los niveles de confianza, aumenta la percepción de corrupción en todas las instituciones —públicas y privadas— y se profundiza el distanciamiento entre las elites y la ciudadanía.

Percepciones de los jóvenes

Además, aumenta la preocupación al observar los resultados del informe Percepciones de los jóvenes acerca del gobierno, la convivencia pacífica y la diversidad en cinco países de América Latina, de la Asociación Internacional para la Evaluación del Logro Educativo (IEA). El estudio concluye que la mayoría de los estudiantes en todos los países latinoamericanos analizados (Chile, Colombia, República Dominicana, México y Perú) apoyaron justificaciones para una dictadura. En promedio, en los cinco países el 69% de los estudiantes en el International Civic and Citizenship Study (ICCS) 2016 estuvieron de acuerdo con que la ley y la seguridad, y el 65% con que los beneficios económicos, son justificaciones aceptables para un régimen dictatorial.

En el caso de Chile, pese a que la comparación de estos resultados con los de ICCS 2009 reveló una disminución (en promedio de nueve puntos porcentuales) estadísticamente significativa (p < 0.05) de la ley y la seguridad como mecanismos de justificación, el que un 57% de los jóvenes encuestados en 2016 señalen que están de acuerdo o muy de acuerdo con que las dictaduras están justificadas cuando traen orden y seguridad, debe ser una señal de alerta.

Existen, sin lugar a dudas, innumerables avances en el proceso de profundización democrática de Latinoamérica. Sin embargo, los retrocesos significativos que se han observado en algunos países, y todos los elementos mencionados, nos deben hacer reflexionar sobre cómo profundizar los mecanismos de formación democrática. Parece ser que, crecientemente, los enemigos de la democracia no solo provienen del populismo de izquierda, sino además de un populismo creciente (incipiente aún pero no por eso menos preocupante) de ultraderecha nacionalista.