La radical modificación de los flujos migratorios históricos es tanto una constatación de que Chile se está transformando en una plataforma en la cual es posible desplegar diversos proyectos de vida gracias al estadio de desarrollo hasta ahora alcanzado como también un enorme desafío y una oportunidad para la sociedad chilena.

Como fenómeno multidimensional, la inmigración presenta al Estado el desafío de abordarlo como política pública integral —no sectorial— para modernizar las distintas institucionalidades que articulan la red de protección social. De igual forma, la inmigración es también una gran oportunidad, tanto para fortalecer y enriquecer el desarrollo social y cultural del país como para aumentar la productividad y competitividad de la fuerza laboral en una población que ya alcanza una tasa global de fecundidad de 1,79 % y que necesita, por tanto, de la participación laboral de inmigrantes para alcanzar un crecimiento tendencial en los próximos diez años de entre 3,0 % y 3,5 %. [1]

En el último informe de la CEPAL y la OIT publicado en mayo de 2017, Chile resultó ser el país que registró el mayor crecimiento relativo de inmigración en Latinoamérica entre los años 2010 y 2015. En efecto, el informe afirma que la población de inmigrantes aumentó, en promedio, 4,9 % por año, ubicándose por encima de México, con 4,2 %; Brasil, con 3,8 %, y Ecuador, con 3,6 %, cifras que ya internalizan el endurecimiento de las políticas de inmigración de destinos como Estados Unidos. [2]

Por lo tanto, un primer factor a considerar en el análisis de una nueva política migratoria laboral es el impacto que dichos flujos tendrán en la capacidad de nuestra economía para absorber esta creciente oferta de trabajo. Debemos preguntarnos entonces si nuestra regulación laboral tiene la flexibilidad suficiente para crear más y mejores empleos, y entender cuáles son las actuales limitaciones estructurales para acordar los ajustes que sean necesarios. Solo así podremos debatir informadamente sobre los nuevos criterios para el otorgamiento de visas y permisos de trabajo, fiscalización del vencimiento de visas de turista, y sobre las exigencias y requisitos aplicables a distintos países de origen en el mediano y largo plazo.

Toda política pública debe, necesariamente, elaborarse a partir de datos —no opiniones—, pues solo una vez esclarecidos órdenes de magnitud, trayectorias históricas, catastros normativos y proyecciones de corto y mediano plazo podemos discutir las medidas para modernizar nuestros sistemas de seguridad social, de accidentes del trabajo, seguro de cesantía y, especialmente, de nuestro sistema de capacitación y certificación de competencias de los trabajadores. Una vez clarificada la interacción de los inmigrantes con la totalidad de las instituciones que posibilitan el desempeño laboral en el país o que eventualmente pueden verse tensionadas por crecientes flujos migratorios, debemos revisar la expansión, o eventual eliminación, de la norma del Código del Trabajo que establece el tope de contratación de 15 % de extranjeros.

Un segundo factor relevante para diseñar políticas laborales migratorias es el fenómeno de la informalidad. Recientemente, el INE publicó estimaciones de que uno de cada tres trabajadores presta servicios en la informalidad laboral, proporción que según la Corporación de Investigación, Estudio y Desarrollo de la Seguridad Social (CIEDESS), ha aumentado en los últimos años. Esta alarmante realidad es, en parte, el resultado de la indefinición de las actuales políticas migratorias pues, por omisión, el Estado ha puesto el incentivo en la informalidad laboral para el trabajador migrante, aumentando significativamente la tasa de trabajadores sin contrato de trabajo, seguridad social ni protección frente a accidentes del trabajo y enfermedades profesionales.

Un planteamiento transversal en ambos factores debe necesariamente dilucidar los efectos que el aumento del flujo migratorio tiene para nuestra economía, considerando los posibles desplazamientos y vacancias que podrían generarse producto, por ejemplo, del aumento en la cobertura de la formación técnica y profesional para los nacionales, o de la mayor participación femenina en el trabajo. Ambos casos podrían, tal vez, contribuir a la creación de nuevos puestos de trabajo para los que no exista oferta nacional, aumentando consecuencialmente la productividad de la economía y fortaleciendo el crecimiento del PIB en el corto y mediano plazo.

Pero, además, tras estos dos factores se esconden cuestiones de fondo, tremendamente importantes y urgentes, y que tienen relación con la dignidad de las personas y particularmente de los trabajadores.

En efecto, solo determinando las capacidades y limitaciones efectivas de generación y mantención de empleo de nuestro sistema productivo podremos diseñar políticas migratorias que cumplan el objetivo fundamental de respetar la dignidad de los migrantes que legítimamente buscan mejores oportunidades. En efecto, solo estando en conocimiento de nuestras propias limitaciones podremos evitar crear falsas expectativas que finalmente redunden en un gran engaño social, porque el Estado nunca fijó reglas claras ni dio cuenta de las reales posibilidades para que los trabajadores extranjeros puedan asentarse en nuestro país en forma digna y estable. Si queremos que la migración enriquezca a nuestra sociedad en términos sociales, económicos y culturales, el Estado debe definir los parámetros en virtud de los cuales el mundo del trabajo en Chile puede ofrecer oportunidades a cada migrante.

Por otra parte, tras la pregunta sobre si el migrante representa una porción significativa de la informalidad en el empleo, se encuentra la convicción profunda de que un trabajador migrante debe contar con todos y cada uno de los derechos sociales que nacen de una relación laboral, no siendo ni moral ni socialmente aceptable que pase a la informalidad por no contar con redes o protección jurídica. Dicho de otro modo, no cabe discusión alguna sobre si el migrante debe tener un estándar de derechos diferentes al del trabajador nacional.

Por ello, considerando que el 56 % de los migrantes latinoamericanos afirma haber trabajado sin contrato formal, [3] quienes nos dedicamos a las políticas públicas (asociaciones gremiales, ONG, Estado, etc.) nos debemos con urgencia al rediseño de la política migratoria, ya que de lo contrario estaremos avalando la institucionalización de la precariedad laboral de personas más vulnerables y desprotegidas. De igual forma, quienes están en la empresa deben estar en permanente revisión del cumplimiento de los estándares laborales para el trabajador migrante.

En suma, estimamos que, si bien la reformulación de una política migratoria desde la óptica laboral requiere de un trabajo técnico acucioso, serio y responsable, se trata en realidad de un imperativo ético urgente, porque día a día ingresan migrantes con anhelos y sueños de mejoramiento para ellos y sus familias, lo que conlleva una inmensa responsabilidad social para encauzar de buena forma dichos sueños y anhelos a partir de una política pública sostenible, coherente y razonable.

Notas

[1] Véase Banco Central de Chile (2017). Perspectivas para el crecimiento tendencial en Chile.

[2] Al revisar la distribución de los inmigrantes por edad como proporción de la población total, se evidencia que la mayoría están por trabajo. Entre los 20 y 29 años, los inmigrantes representan el 3,1 % de toda la población de esa edad; quienes están entre los 30 y 39 años son el 4,1 % de los habitantes, y entre los 40-49 años son el 2,4 %. En cambio, sobre los 60 años solo son el 1 %.

[3] Véase Lafortune, J., y Tessada, J. (2016). Migrantes latinoamericanos en Chile. Santiago: BID.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista Migrantes, del Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, en mayo de 2018.

Entre las ocho áreas que cubre el índice MIPEX se encuentran el acceso a la residencia permanente y el acceso a la nacionalidad. El análisis de estas políticas con foco en la realidad de los inmigrantes permite explorar si los países de acogida facilitan la integración de los recién llegados en sus sociedades. ¿Cumplen los países originarios del Mercosur con los estándares ideales que marca este índice?

Como se comentaba en nuestra anterior contribución, MIPEX es un índice que mide cuánto facilitan determinadas políticas públicas la integración de los inmigrantes en diferentes sociedades de acogida. Un total de ocho tipos de políticas son las que cubre esta herramienta. En relación con algunas de estas, se pueden realizar fácilmente ejercicios de comparación entre las leyes y los programas que atienden a colectivos nativos y aquellos que regulan la vida de inmigrantes (como en el caso de las que se centran en mercado de trabajo, participación política, antidiscriminación y la recepción de servicios sanitarios y educativos). En otros casos, las políticas intentan responder a situaciones que son propias de la realidad de los grupos inmigrantes. Lo último es lo que sucede, por ejemplo, con el acceso a la reunificación familiar, la residencia permanente y la nacionalidad.

En este artículo se describen brevemente, utilizando ejemplos del Cono Sur latinoamericano, dos políticas que pertenecen al segundo grupo mencionado. Lo ideal en materia de regulación de la figura de residencia permanente, según estiman los creadores de MIPEX, es que los inmigrantes, poco después de arribar a la sociedad de acogida, puedan acceder a tal estatus mediante un proceso corto, cercano a la gratuidad y en el que exista la posibilidad de apelar. Esto puede suceder si los newcomers cumplen ciertos requisitos como sujeción a la ley local, posesión de un ingreso estable y, en ciertos casos, solvencia en la lengua vernácula. Cuando se logra la residencia permanente, excepto en el terreno político, inmigrantes y nativos cuentan con los mismos derechos y obligaciones.

En el caso argentino, según informa su Dirección Nacional de Migraciones (2018), el paso hacia la residencia permanente no es inmediato. Dos años de residencia temporaria son necesarios para naturales del Mercosur y países sudamericanos asociados. [1] El total de años asciende a tres para aquellos extranjeros procedentes de fuera de este espacio geográfico. Estos tiempos de espera desparecen para quienes son familiares (cónyuges, padres e hijos) de ciudadanos argentinos (nativos o naturalizados) o residentes permanentes.

Los requisitos documentales exigidos por la legislación argentina no parecen ser excesivos cuando se comparan con los estándares internacionales. Se centran fundamentalmente en comprobar que el aspirante haya cumplido con la ley en los países en los que residió anteriormente. Esto se hace mediante la entrega de certificación de antecedentes penales y la verificación del ingreso legal al territorio nacional. Por otra parte, se controla su nivel de integración en la sociedad de acogida a través de la posesión de una única factura de servicios públicos a su nombre o, en su defecto, un certificado de empadronamiento. Los requisitos económicos, aunque no se encuentran muy alejados de los parámetros internacionales, sí son elevados. Se exigen 158 dólares para extranjeros procedentes de países no pertenecientes al Mercosur. Esta suma desciende a los 80 dólares para quienes son nacionales del Mercosur y de países sudamericanos asociados. En ambos casos, el pago de tales cantidades da derecho también a la expedición del documento nacional de identidad para foráneos.

Una segunda política típicamente vinculada a la realidad de los inmigrantes es la vinculada al acceso a la nacionalidad del país de acogida. Esta debe materializarse idealmente, según describen los creadores de MIPEX, cuando los inmigrantes que posean planes de residencia futura en las sociedades de destino reciban de parte del sistema político el apoyo para naturalizarse y participar de la vida pública. La naturalización debe tener lugar tras haber transcurrido cinco años de residencia en el país escogido como nuevo hogar y una vez que se cumplimenten requisitos tales como la no posesión de antecedentes penales y la aprobación de cursos o exámenes de lengua vernácula y rasgos cívicos locales. El haber pasado este proceso de obtención de la nacionalidad garantiza que los naturalizados posean los mismos derechos que ostentan los nativos. En este escenario óptimo, todos los inmigrantes naturalizados pueden conservar su nacionalidad de origen, es decir, pueden tener la doble nacionalidad. Al mismo tiempo, los hijos de extranjeros nacidos en el territorio de la sociedad de destino adquieren, vía ius soli, la nacionalidad de la nueva nación.

En el caso uruguayo, según informa su Corte Electoral (2018), el proceso de conversión de un individuo extranjero en ciudadano legal, desde el punto de vista de los tiempos, responde al escenario óptimo antes descrito. Quienes desean adquirir la ciudadanía legal uruguaya [2] sin haber constituido familia en el país de acogida necesitan cinco años de residencia. Este requisito temporal se limita a los tres años para quienes sí han constituido este grupo familiar. En tanto, existe una vía express, escasamente utilizada, a través de la cual se concede la ciudadanía legal de manera extraordinaria por haber prestado servicios notables a la sociedad receptora o contar con méritos destacables. [3]

Desde el punto de vista económico, la gratuidad del trámite facilita su realización. La prueba documental exigida es prudente y, por la naturaleza de lo demandado, la presentación de un documento acreditativo de un requisito basta para la comprobación de otros requisitos. Concretamente, se requiere certificación que justifique autorización para residir en el país, nacionalidad de origen, edad, identidad, tipo de residencia, arraigo, buena conducta y apego por las normas democráticas. El arraigo es justificado mediante «documento público o privado que acredite que el solicitante posee capital en giro, industria, propiedad en el país o que profesa alguna ciencia, arte u oficio». La adhesión a las normas democráticas se comprueba mediante prueba bajo juramento y declaración de testigos.

Otro elemento que acerca a Uruguay al escenario ideal es el que permite que los hijos de extranjeros nacidos en territorio oriental obtengan, mediante ius soli, la nacionalidad y ciudadanía natural del país anfitrión. Este supuesto no tiene lugar cuando los progenitores desempeñan tareas vinculadas al servicio diplomático (excepción prevista por la legislación de la mayoría de los países del mundo). Sin embargo, existen dos ítems que alejan al país sudamericano de las buenas prácticas previstas por los arquitectos del índice MIPEX. Uno es el vinculado al ejercicio de los derechos políticos. A diferencia de lo que acontece en la mayoría de los países occidentales, el acceso a la ciudadanía legal (a través de naturalización) en Uruguay no da acceso al derecho a voto. Para ello, que se concreta con la recepción de la credencial cívica (o inscripción en el Registro Cívico Nacional), debe esperarse un periodo de tres años. Esto provoca que, durante un tramo temporal, nativos y naturalizados no posean exactamente los mismos derechos.

Otro elemento que aleja a Uruguay de buenas prácticas internacionales es la regulación de la doble nacionalidad de los ciudadanos legales. En principio, es posible conservar la nacionalidad de origen (excepto que el país del que se procede no lo permita) cuando se adquiere este estatus jurídico. Sin embargo, existen restricciones para la adquisición de nuevas nacionalidades cuando el estatus mencionado ya ha sido adquirido (restricción que no existe para los nacionales/ciudadanos naturales). En tal sentido, el artículo 81 de la Constitución afirma que «la ciudadanía legal se pierde por cualquier otra forma de naturalización ulterior».

En las dos dimensiones analizadas, se ha visto que estos dos países latinoamericanos, aunque con limitaciones que requieren ser superadas, se acercan a los regímenes entendidos como ideales por los artífices de MIPEX. En nuestra próxima contribución, con el análisis de otras dos políticas públicas, se continuará explorando cómo los países que son miembros originarios del Mercosur están favoreciendo (o no) la integración de los inmigrantes en las sociedades de acogida. La realización de este ejercicio reflexivo permite contrastar (y, eventualmente, verificar o desestimar) la idea que se posee sobre estos sistemas políticos como poco hostiles a la inmigración con la acción política real con foco en el colectivo de origen extranjero.

Bibliografía

Biderbost, P. y Núñez, M. E. (2018). «Del Río de la Plata al Orinoco y viceversa. Patrones y flujos migratorios entre Argentina y Venezuela». En Koechlin, J. y Eguren, J. (eds.). Migraciones venezolanas. Lima: Universidad Antonio Ruiz de Montoya (en prensa).

Corte Electoral de la República Oriental del Uruguay (2018). «Requisitos para la ciudadanía legal».

Dirección Nacional de Migraciones de la República Argentina (2018). «Requisitos para acceder a la residencia».

Pedroza, L., y Palop-García, P. (2017). «The grey area between nationality and citizenship: an analysis of external citizenship policies in Latin America and the Caribbean», Citizenship Studies, vol. 21, n.º 5, pp. 587-605.

Sandonato de León, P. J. (2008). Nacionalidad y extranjería en el Uruguay. Un estudio normopolítico. Revista de Derecho: Publicación de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Uruguay, (3), 175-243.

Notas

[1] Según reportan Biderbost y Nuñez (2018) de acuerdo a lo dispuesto por la Dirección Nacional de Migraciones, este método facilitado aplica solamente para los nativos de todos estos países. Sin embargo, en el caso de los ciudadanos naturalizados, este solo es aplicable a quienes hayan tenido, al menos durante cinco años, la nacionalidad de Brasil, Uruguay, Paraguay, Chile o Bolivia (países limítrofes).

[2] La legislación uruguaya distingue entre nacionalidad y ciudadanía. A efectos de llevar adelante una estrategia comparada según lo previsto por MIPEX, se tomará en cuenta la reglamentación existente para la segunda de estas figuras jurídicas.

[3] Según informa Sandonato de León (2008), este mecanismo ha sido utilizado sólo de manera extraordinaria en ocho oportunidades a lo largo de la historia. Por ejemplo, en 1985, fue utilizado para conceder la ciudadanía legal uruguaya al senador Anselmo Sule, de origen chileno, a quien el régimen de Pinochet le había revocado su nacionalidad.

Se conmemora esta semana, por resolución de las Naciones Unidas, el Día Internacional de la Democracia. En nuestras circunstancias, una fecha así puede invitar al cínico relativismo o a la desesperanza; tratemos nosotros de recordar lo que es precioso y único de este sistema.

En el año 2007, ante la iniciativa que por décadas había tenido la Unión Interparlamentaria Mundial, las Naciones Unidas declararon al 15 de septiembre como el Día Internacional de la Democracia. Siendo un cuerpo organizado originalmente en el consenso de los aliados victoriosos sobre el fascismo y en nombre de los derechos humanos, cabe preguntarse cómo es que tardaron tanto. Lo cierto es que el conjunto de sus naciones fundadoras, y el agregado de nuevos Estados incorporados tras los procesos de descolonización, independencia y desmembramiento de imperios (especialmente el Imperio soviético), no siempre han estado comprometidos con una idea clara de lo que es la democracia.

Este hecho, que frustra a promotores de la democracia alrededor del mundo , puede constatarse entre los considerandos de la resolución que dio origen a la festividad:

«Reafirmando también que, si bien las democracias comparten características comunes, no existe un modelo único de democracia, y que esta no pertenece a ningún país o región, y reafirmando además la necesidad de respetar debidamente la soberanía, el derecho a la libre determinación y la integridad territorial».

Es decir, las Naciones Unidas no pueden imponer ni promover la democracia fuera del consentimiento de los gobiernos de sus países miembros, ni pueden intervenir en pro de la democracia puesto que no existe un modelo único de esta forma de gobierno. A fin de cuentas, se autodefinen como democracias sistemas tan diversos como la República Federal Alemana, la República Popular China, la Serenísima República de San Marino, el Reino de Tonga y la República de Cuba. Y si equiparamos a la democracia con elecciones, acaso la más frecuente de esas características comunes indicadas en la resolución, ¡hay elecciones hasta en el Reino de Arabia Saudita!

Como fuese, hoy nos queda claro que la democracia no son solo elecciones, sino que son las elecciones en un contexto social (relativa igualdad y prosperidad), institucional (división de poderes, libre expresión) y cultural (armonía, no discriminación y concordancia) más amplio, con el propósito de dar autoridad a unos gobiernos con fines muy precisos. Esperamos así la libre competencia entre opciones plurales y diversas, pero además consagramos esa competencia a un valor que es superior a la voluntad parcial de los electores, incluso si esta es abrumadoramente mayoritaria. Y ese valor se encuentra en que los gobiernos y resoluciones derivadas de la autoridad del electorado encuentren su límite en los derechos humanos. Esto es, el conjunto de libertades civiles y políticas y aspiraciones sociales económicas y culturales que acompañan a los individuos desde su nacimiento y dentro de las comunidades a las cuales pertenecen. Aquella intangible dignidad de la persona humana, cuya vulnerabilidad nos es evidente.

En ese sentido, cabe afirmar que la democracia no es un sistema infalible para el mantenimiento de tal dignidad. En su variabilidad, no siempre es capaz de resolver los dilemas entre la prosperidad, la libertad y el desarrollo individual. En su pluralismo ideológico, no siempre es capaz de garantizar que las ideologías más autoritarias pongan coto a sus aspiraciones. Y en su funcionamiento institucional, la diferencia entre los políticos y los ciudadanos puede sentirse profunda durante los períodos de gobierno que conectan a cada elección.

Esto es así porque nosotros, las personas que componemos el demos, no somos perfectos. Las relaciones humanas sobre la base de las cuales imponemos las reglas formales que identificamos con la democracia, no siempre logran modificar nuestra conducta que, así como puede ser generosa, desprendida, emprendedora, colaborativa y respetuosa, puede ser también parcializada, obsecuente, venática, celosa y resentida. Pero sugerir que requerimos un ductor vertical que nos imponga una nueva naturaleza, así como el padre legislador rousseauniano, sería admitir la derrota moral de la democracia, y el primer paso para la renuncia a la libre determinación.

Debemos reafirmar que la democracia es una forma de gobierno superior a sus alternativas, especialmente si comprendemos cuál es su propósito como forma de gobierno. El orden, la prosperidad, la estabilidad, son todos importantes fines para cualquier sistema político, pero solo en la democracia adquieren un sentido orientado hacia la realización del conjunto de sus miembros, reconociéndoles su intrínseco valor. Podemos ver cómo, con la expansión global de las democracias en el último siglo, tenemos en conjunto las circunstancias más avanzadas y seguras para la vida humana en su historia. Solo en las democracias nos es posible reconocer de manera más plena al individuo y a su comunidad, donde el conjunto diverso y contradictorio de nuestros derechos adquiere un valor que se puede defender de los abusos de las minorías y también de las mayorías. Son esas democracias las que han logrado la base material que puede alimentar nuestra pulsión por libertad e igualdad de manera más amplia, pese a lo que nos indica hoy la propaganda de los diversos autoritarismos.

La democracia no ha estado siempre allí, y hoy sufre un malestar que la pone en entredicho aun en nombre de sí misma. Pero estas amenazas nos han de recordar su preciosa rareza, la cual debemos celosamente proteger de los defectos de nuestros políticos —a los cuales podemos reemplazar— y de nuestras propias inclinaciones —las que podemos también moderar—. Debemos conmemorar a la democracia en su vigencia real, y como ideal a alcanzar.

Aplicar la regla de las mayorías (respetando a las minorías), proceder a una efectiva tutela judicial de las libertades, los derechos fundamentales y los derechos humanos, preservar la división de poderes y respetar el imperio de la ley. Democracia. Principios esenciales al proyecto de civilización. Pero, ¿es esto todo? Alexis de Tocqueville añadiría el triunfo de la libertad sobre la servidumbre, del conocimiento sobre la barbarie y de la prosperidad sobre la miseria. ¿Y ya está?

Para un demócrata de inspiración cristiana, sin duda, se trata de lineamientos imprescindibles. Pero no suficientes. Y menos en este momento de la historia. Medio siglo ha transcurrido desde que el 21 de noviembre de 1968 Aldo Moro presentó al Consejo Nacional de la Democracia Cristiana su política para los nuevos tiempos tras dejar la presidencia del Consejo de Ministros. Fue entonces cuando sostuvo que democracia significaba fraternidad. Significaba hacer del Estado, no el tutor de los privilegios, sino justamente el primer garante de la justicia y de la interdependencia entre los seres humanos. Significaba acompañar con humildad, pero también con determinación, la profunda transformación de la historia que denota la venida de una nueva civilización. Significaba liderar la historia a través de la esperanza, la ilusión y la compasión.

Hace ahora 75 años pasaba a la clandestinidad el estudiante de Letras Gilbert Dru, uno de los jóvenes líderes de la Resistencia, democristiano e impulsor del Movimiento Republicano de Liberación que, transformado en el Movimiento Republicano Popular de resistentes como Georges Bidault y Robert Schuman, habría de contribuir decisivamente a la construcción de Europa. Pero, antes de iniciar una existencia que habría de concluir con su detención por la Gestapo y su asesinato en la Place Bellecour de Lyon el 27 de julio de 1944, redactaba un Manifiesto en el que llamaba a los cristianos resistentes a la fundación de un nuevo movimiento democrático que correspondía «a una primacía del estilo sobre la doctrina, de la manera de ser y de actuar sobre las razones de ser y actuar, de la fe, del entusiasmo, del don de ser uno mismo».

Gilbert Dru llamaba a los demócratas de inspiración cristiana a vivir como creadores de una nueva humanidad y, como tales, a vivir en ruptura con toda forma de egoísmo o de individualismo. Con la pasión de quien, como Jorge Guillén, aplaude cada amanecer la salida del sol sabiendo que aplaude el latido de su propio corazón.

El 14 de setiembre de 2019, justo dentro de un año, festejaremos el cumpleaños 250 de Alexander von Humboldt, el segundo descubridor de América y precursor del pensamiento ecológico y global. Una ocasión para el mayor proyecto cultural de Alemania hasta la fecha. En noviembre de 2019 será inaugurado el Foro Humboldt en el Palacio Real de Berlín, un lugar de encuentro para las culturas del mundo.

La relevancia política del proyecto ya es claramente reconocible: en mayo la canciller Angela Merkel invitó al presidente francés Emmanuel Macrón a una conferencia de prensa durante su visita de Estado y lo hizo ¡en una obra en construcción!

El edificio, que se basa en el viejo palacio prusiano reconstruido y modernizado, tendrá cuatro pisos y abarcará 100.000 metros cuadrados. Será una superficie gigantesca disponible para la exposición de las colecciones etnológicas y del Museo Asiático, para exposiciones itinerantes y eventos sobre la historia de este significativo lugar en el centro de Berlín. Numerosos restoranes y cafés ofrecerán lugares de encuentro. Surgirá un nuevo barrio en la ciudad.

«Todo está conectado con todo», aquel principio orientador básico de Alexander von Humboldt podrá expresarse aquí con claridad. Él lo relacionaba con el mundo y el cosmos, el ser humano y la naturaleza, la historia y el devenir de las cosas. El investigador y humanista afirmaba que cada acción lleva a una reacción, que no hay acción sin efectos. Eso ya constituía una suerte de pensamiento en red e implicaba asumir la responsabilidad global para sí y para otros. Humboldt era curioso, abierto y respetuoso de las culturas extranjeras, libre de sentimientos racistas o nacionalistas.

A partir del próximo año, este pensamiento dará forma al espíritu del Foro Humboldt. Un alto objetivo con el que se pone fin a una larga y a menudo problemática historia de orígenes.

Esta historia comenzó a poco de la reunificación. Cuando se conoció que el Palacio de la República que la ex-República Democrática Alemana había construido en lugar del viejo castillo Hohenzollern, dinamitado por Walter Ulbricht en 1950, debía ser demolido por estar contaminado con asbesto. A partir de ese momento surgieron innumerables debates sobre lo que debería construirse: ¿centro de congresos, hotel o galería de arte de los museos estatales? ¿Debería reconstruirse el castillo o hacerse una construcción totalmente nueva? El proyecto más convincente fue finalmente presentado en el 2000 por Klaus Dieter Lehmann, el entonces presidente de la Fundación Preußischer Kulturbesitz. Frente a la Isla de los Museos, con su historia europea y sus raíces en la Mesopotamia y Egipto, se visualizó un lugar en el que pudieran también presentarse culturas de los otros continentes del planeta.

Frente a Wilhelm von Humboldt, otrora padrino de la Isla de los Museos, representante de la herencia clásica del saber y la cultura, quedaría su hermano Alexander, con sus ideas sobre el cosmos. En 2002 el Parlamento Federal (Bundestag) decidió que esto sucedería en el reconstruido castillo berlinés. En 2007, la canciller Merkel se ocupó conjuntamente con la ciudad de Berlín de la financiación y en 2015 se realizó la fiesta de coronación en la obra. Sorprendentemente, la monumental obra está al día tanto con los plazos como con la previsión de costos. Recientemente la Filarmónica de Berlín ofreció un concierto al aire libre en el patio Schlüterhof, maravillosamente reconstruido. La expectativa por el nuevo edificio crece.

Actualmente se crean museos etnológicos en toda Europa. Ya sea en Basilea, Viena o Tervuren (Bélgica), la gente está pensando en lo que significa hoy en día un museo mundial o lugar para las culturas del mundo. ¿Cómo mostrar la historia y el presente de los diferentes pueblos? ¿Cómo deberían encontrarse los pueblos indígenas y las culturas europeas? Una pregunta central y cada vez más importante es: ¿cómo lidiar con el patrimonio colonial, con el origen de los objetos? Y finalmente; ¿qué objetos deberían eventualmente ser devueltos a sus países de origen?

Las expectativas son altas. La cuenta regresiva comenzó. Nosotros —ZDF/3sat—, como media partner de SPK, acompañaremos el proyecto hasta su inauguración en noviembre de 2019. Ya hay seis documentales disponibles. Se trata de un proyecto televisivo único. Para vivir el evento casi en directo, se lo puede seguir 360 grados en www.vr.zdf.de, en el programa «Ways to the Humboldtforum» (Caminos al Foro Humboldt).

Traducción: Manfred Steffen, de la oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer.

A ocho años de la creación del tercer nivel de gobierno, las opiniones de alcaldes y alcaldesas dejan constancia de un afianzamiento institucional de los municipios, pero son más ambivalentes en cuanto a la instrumentación de la participación ciudadana.

La instalación de la figura municipal trajo consigo importantes cambios en la tradicional estructura dualista de gobierno (gobierno nacional-gobiernos departamentales) que caracterizó al Uruguay prácticamente desde su nacimiento como estado soberano. Por su parte, el trasfondo de principios normativos que sirvieron de sustento a tales innovaciones institucionales dotó al proceso descentralizador de una comprensión particular de la democracia y de la relación entre representantes y representados. En efecto, no se trató de una reforma descentralizadora del Estado sin más, sino que implicó también una orientación clara sobre el rol que la participación ciudadana estaba llamada a jugar en ese nuevo nivel estatal.

A la luz de un estudio reciente [1] en el que se recoge la opinión de alcaldes y alcaldesas es posible aproximarnos al funcionamiento y la dotación de recursos de los municipios, así como también a la forma en que el principio participativo es incorporado por los gobiernos locales.

La enorme mayoría de los consultados (96 %) consideran que su municipio tiene un funcionamiento bueno o muy bueno. Si se compara ese dato con relevamientos similares realizados en 2011 [2] y 2013 [3], se confirma la percepción favorable. Más aun, de las tres mediciones, la de 2017 es la que registra las valoraciones más positivas: el muy bueno evolucionó de 19 % en 2011, a 23 % en 2013, y a 28 % en 2017.

Por su parte, cuando se pregunta por los recursos con que cuentan los municipios para realizar sus tareas, puede verse cómo las opiniones de alcaldes y alcaldesas mejoran sostenidamente. Agrupando cinco dimensiones (recursos humanos, recursos económicos, maquinaria, local y equipamiento informático), el estudio construye un índice de satisfacción que va de «0» (completa insatisfacción) a «5» (plena satisfacción). Las opiniones de insatisfacción decaen continuamente: las autoridades que se encuentran entre los valores 0 y 1 del índice, es decir, que muestran insatisfacción con cuatro o cinco dimensiones pasan de 45 % en 2011, a 25 % en 2013 y a 18 % en 2017. Como contracara, el porcentaje de satisfacción respecto de los recursos disponibles aumenta consistentemente: las autoridades que manifiestan estar satisfechas con cuatro o cinco dimensiones pasan de 9 % (2011) a 17 % (2013), concluyendo la serie temporal en 26 % (2017).

En conjunto, las opiniones sobre sus recursos y funcionamiento dejan constancia de una gradual madurez y de un afianzamiento institucional de los municipios. En clave interpretativa, puede aventurarse que los aprendizajes abarcan numerosas áreas de trabajo, las expectativas y los roles aparecen mucho más calibrados y, fundamentalmente, el universo de indeterminaciones que existía en el momento inaugural respecto de lo que es y lo que hace el municipio se ha ido disipando paulatinamente.

En este marco de sostenida consolidación de la nueva institucionalidad municipal, un dato que llama la atención es la opinión ambivalente que manifiestan alcaldes y alcaldesas en cuanto a la instrumentación de la participación ciudadana.

Desde una perspectiva general, existe un acuerdo unánime en que la participación es un factor favorable para el desarrollo del tercer nivel de gobierno. Al ser consultados sobre este tema, ninguno de los gobernantes locales entiende a la participación como algo negativo o indiferente para el buen funcionamiento del municipio. Por el contrario, las respuestas se reparten entre un 46% que opina que, aun cuando no sea indispensable, la participación de la ciudadanía es positiva para el buen funcionamiento del municipio y un 53% que la valora como indispensable para su buen funcionamiento.

Sin embargo, cuando se indaga acerca de la efectividad que consiguen a la hora de implementar concretamente este principio, las percepciones son menos alentadoras. La inmensa mayoría afirma que los municipios promocionan la participación de los vecinos en mayor medida de la que estos participan. En una escala de «1» a «5» (donde 1 es nada y 5 mucho), el 71 % de los alcaldes y alcaldesas se ubican entre el 4 y el 5; pero solo 34 % asignan ese mismo puntaje cuando se les pregunta por cuánto participan los ciudadanos en las instancias promovidas por el municipio.

De nuevo, en clave interpretativa, puede aventurarse que lo que estas opiniones traslucen es una cierta insatisfacción y frustración de los gobernantes locales, al tiempo que evidencian la vigencia de la pregunta por la forma, la finalidad y el alcance que los mecanismos participativos han de tener para que la ciudadanía se apropie realmente de esos espacios.

En este sentido, la normativa municipal, además de haber desplegado un ambicioso ensayo descentralizador, apostó a una combinación de elementos democráticos representativos y participativos. La propia denominación de la ley que en el año 2009 creó los municipios registra el influjo de esta doble intencionalidad: si descentralización política fue su nombre, su apellido sería participación ciudadana. Todo parece indicar que, hasta el momento, el nombre del municipio uruguayo ha evolucionado bastante mejor que su apellido.

Notas

[1] Ferla, P., González, J., Silva, L., y Zuasnabar, I. (2018): Evaluación de los gobiernos locales. La visión de los alcaldes | 2017. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay -Fundación Konrad Adenauer.

[2] Ferla, P., Silva, L., y Zuasnabar, I. (2011). Evaluación de los gobiernos locales. La visión de los alcaldes e intendentes. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay -Fundación Konrad Adenauer.

[3] Ferla, P., Silva, L., y Zuasnabar, I. (2013). Evaluación de los gobiernos locales. La visión de los alcaldes, concejales e intendentes. Montevideo: Universidad Católica del Uruguay -Fundación Konrad Adenauer.

Este interrogante nos interpela como humanidad en el siglo XXI.

El bien común es posible en tanto y en cuanto se dé completa oportunidad a la mujer de intervenir como agente de cambio en diferentes ámbitos de influencia, en un marco de plena inclusividad que transversalice los espacios, estructuras e instituciones mundiales, incluidas las condiciones culturales que una sociedad construye.
Es oportuno mencionar un párrafo del Noticiero DC, que expresa: «[…] la realización del bien común simultáneamente implica la justicia, la seguridad, la defensa del interés general, el respeto y la protección de la persona y sus derechos»

Por el contrario, es impensado el desarrollo del bien común en un marco desclusivo y desclasista para la mujer.

Amerita, entonces, hacer un poco de historia respecto a los derechos políticos de la mujer en Argentina después de la gran conquista que fue el voto femenino, como marco referencial que le otorga sentido a la presente.
Los partidos políticos fueron creados en un contexto de estereotipo cultural predominante de liderazgo masculino (clásico patriarcado).

En 1991 se aprobó la Ley de Cupo Femenino, que permitió que al menos un 30 % de las listas para cargos legislativos nacionales sean ocupados por mujeres. Si bien esto posibilitó una mayor y más activa participación al permitir la diagramación de una agenda cualitativa y cuantitativa inclusiva, paradójicamente terminó convirtiéndose en un techo y no en una plataforma de intervención plena de la mujer en estos espacios. En 2017, el Congreso de la Nación sancionó la Ley de Paridad de Género, que se hará efectiva a partir de las elecciones de 2019. Esta ley impone que el 50% de las listas a cargos electivos y partidarios sean intercaladas entre hombres y mujeres, desde el primer candidato titular hasta el último suplente.

De esta manera se ve reflejado el principio de paridad de género, en consonancia con el espíritu de la Constitución Nacional que compromete al Estado a impulsar acciones positivas que garanticen la igualdad real de oportunidades entre los sexos. Si bien el panorama es optimista respecto de estas medidas, ya que claramente la mujer podrá intervenir en la mesa chica de negociación en los partidos políticos, no debemos olvidar que estos siguen siendo círculos predominantemente masculinos, donde las listas generalmente son encabezadas por hombres. La mujer podrá seguramente influir en la agenda política nacional, pero lamentablemente esta iniciativa solo se circunscribe al ámbito legislativo (diputados, senadores y parlamentarios del Mercosur), y queda al arbitrio o buena voluntad del gobierno de turno el incorporar a las mujeres a sus cúpulas de poder.

Aún hoy el sistema patriarcal persiste y es un tremendo obstáculo para la evolución de la sociedad, de los partidos políticos e incluso de las instituciones privadas (donde por idiosincrasia se replica el modelo), en términos de efectiva pluralidad participativa.

Un gran desafío se presenta a quienes ocupen las bancas en el 2019: dar respuestas libres de prejuicios, incorporando una agenda de género, con políticas públicas de cuidado, protección y de bien común, con el fin de mejorar la vida de manera sostenible para las generaciones futuras.

La sociedad del conocimiento produce efectos significativos en la vida, el trabajo y el modo de entender el mundo. La mujer evidencia actitudes y aptitudes para afrontar, con coraje y competencia, los requerimientos de las transformaciones sociales del siglo presente.

«Hoy está naciendo la criptomoneda para enfrentar a Superman, que no ha podido ni podrá con nosotros» (Nicolás Maduro)

Con esta extraña comparación, Nicolás Maduro anunció en febrero de 2018 la creación del petro, la criptomoneda venezolana basada en el modelo del bitcoin. Mientras que por un lado el bitcoin desde hace ya algunos años ha sido aceptado como método de pago oficial en Alemania, Corea del Sur o Estados Unidos, hasta el momento ningún Estado ha considerado introducir una moneda digital tan especulativa a nivel estatal, y todo esto, por una buena razón.

Contra todas las advertencias del extranjero, la criptomoneda petro fue introducida en la noche del 19 al 20 de febrero de 2018. El proyecto, que el gobierno venezolano anunció en diciembre pasado, tiene por objeto dar al país, plagado de sanciones, un nuevo acceso a los mercados internacionales. Según Maduro, a largo plazo el petro se convertirá en la moneda oficial del país.

A través del petro se pretende construir una sensación de auge en el frágil Estado venezolano debilitado por la hiperinflación, escasez de suministro y fuerte corrupción. En este sentido, el presidente de Venezuela habló de este como el primer correcto e importante paso para fortalecer la estabilidad y el crecimiento financiero del país. Según el planteamiento oficial, la nueva moneda digital, que está cubierta por 5342 millones de barriles de reservas certificadas del campo 1 del bloque Ayacucho de la faja petrolífera del Orinoco, debería aportar nuevas divisas extranjeras, estabilizar la economía, luchar contra la inflación y beneficiar en gran medida a la población civil. Pero ¿tiene realmente el petro este respaldo en barriles? ¿Es posiblemente un milagro económico de este tipo?

Según Francisco Monaldi, director del Centro Internacional de Energía y Ambiente del Instituto de Estudios Superiores de Administración en Caracas, el respaldo del petro por reservas petroleras es mera ficción: «El petróleo en el campo Ayacucho 1 está en el subsuelo. El campo no está desarrollado y ni siquiera hay un plan de desarrollo. Tampoco existe la necesaria infraestructura física adyacente ni los oleoductos para transportar el crudo». Para realizar este proyecto serían necesarias inversiones por valor de miles de millones de dólares. Dinero para el transporte y la extracción que Venezuela no tiene.

Además, las reservas certificadas del campo Ayacucho 1 no son ciertas, sino cálculos aproximados o, en todo caso, especulaciones. Monaldi afirma que las reservas probadas reales son la mitad de los 5342 millones de barriles reportados y hasta ahora no existe un plan de explotación de ese campo.

Pero, ¿acaso no se vio afectado el proyecto de Maduro desde un principio por la sospecha y las dudas que existían debido a la insuficiencia y la incompetencia de Venezuela en el mercado petrolero?

Si se sabe de antemano que tanto el know-how técnico como las instituciones no están suficientemente disponibles en la medida que se los necesita, entonces ¿por qué se introdujo la criptomoneda?

Hasta ahora el petro no ha producido el efecto que se esperaba de él, con excepción de algunas nuevas divisas para Maduro, por un corto tiempo. ¿Puede el petro, por lo tanto, considerarse como el último intento desesperado de la Revolución bolivariana por ocultar el fracaso del Estado mediante el uso de nuevas tecnologías? ¿Por qué tendría que ser Venezuela el primer Estado que ponga a prueba el uso de una moneda digital?

El petro probablemente será solo un mecanismo más para hacer transacciones opacas donde unos pocos se lucran a costa de todos los venezolanos. ¿O acaso hay alguna otra razón por la que el petro no se vende en ningún lugar importante de intercambio de criptomonedas? Tampoco se conocen tiendas que lo acepten en Venezuela.

Medio año después de su lanzamiento, apenas se oye hablar del petro. El proyecto petro, si alguna vez fue serio, no tiene estructura y no beneficia a la población civil. La situación económica es desoladora, la inflación crece sin freno ni control y los alimentos y medicamentos importantes escasean en gran parte del país.

Antes era petróleo, pero ahora Venezuela exporta su gente. Millones hemos dejado el país: corazón roto, cuerpo y espíritu hambriento. Iniciamos una vida nueva donde no hay promesas, solo esperanza y unas ganas inconmensurables de salir adelante.

Los venezolanos, resueltos y sonrientes, nunca crecimos en el ánimo de migrar. Simplemente no estaba en nuestra conciencia colectiva, aunque vivimos rodeados de inmigrantes. El colapso, silente pero indetenible, fue llegando a cada uno de los aspectos que conforman la vida corriente. Una suerte de distopía de ficción se nos hizo realidad y huir se ha vuelto una desesperada necesidad por un mero y básico intento de supervivencia. Huir para no morir, para escapar de la miseria, de la persecución, para respirar en libertad y recordar o —según la edad— descubrir cómo se siente.

Pero alejarse no hace cesar el dolor, y es que en el fondo nunca te vas. Aunque tu cuerpo respire en otras latitudes, el corazón y la mente andan en Venezuela, mientras la vida transcurre alrededor, exigiendo lo propio. Migrar, de algún modo, es desdoblarse.

Desde una mirada cercana, calurosa, sensible y sobre todo real, Florecer lejos de casa ofrece el relato de catorce escritores venezolanos dispersos en distintos lugares, que cuentan sus impresiones como migrantes protagonistas del éxodo. Dejan ver entre sus líneas un hilo común, que entrelaza las historias de ellos y de todos los exiliados venezolanos.

Esta emotiva selección de textos nos muestra que este episodio que vivimos los venezolanos es un redescubrimiento de nosotros mismos y de nuestras prioridades. Los relatos son el indicio de que migrar ha sido la ocasión para encontrar qué es lo verdaderamente valioso e importante y nos empuja a trascender nuestras limitaciones; son el suelo fértil para el nacimiento de importantes redes de ayuda desde el exilio, para los compatriotas que siguen en Venezuela y para los que llegan, como un abrazo que recibe y que entiende sin que haga falta explicación.

A través de estas catorce historias se nos presentan otras miradas del exilio, ese que emprende en tierras nuevas, el que descubre que la integración es una suerte de medicina bastante efectiva para sobrellevar el duelo, ese que entiende que la fuga de cerebros es también talento que crece y madura, listo para una nueva Venezuela, mientras nos hincha el pecho de orgullo cuando lo sabemos al servicio del país que lo recibe.

Este libro es una invitación a levantar la mirada, para entender que podemos ser biculturales, que rompimos las fronteras de Venezuela y la sembramos en el mundo con miles de sucursales; es recordarnos que esta segunda vida nos ha hecho más humildes, resilientes, fuertes y libres. Para muchos es también el reencuentro con la historia de sus ancestros, esos que llegaron a Venezuela con una maleta y esperanza, justo como ahora lo hacen sus descendientes en el suelo que ellos dejaron.

Florecer lejos de casa es el recordatorio de la oportunidad que se nos presenta en medio de la tragedia, una ocasión para hacerlo diferente como ciudadanos, cuidando con mayor celo el tesoro de la libertad, agradeciendo con trabajo y dedicación al suelo que nos recibe, empecinados en salir adelante dignamente, soñando con abrazar nuestros afectos, construyendo país en la distancia al reinventarnos descubriendo lo mejor de cada uno; convencidos de que la tarea es dura, pero que lo necesario para triunfar no hay buscarlo en ninguna parte porque está dentro de nosotros.

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El Consejo Permanente de la OEA aprobó la creación de un «grupo de trabajo», contando con el voto positivo de 20 países de los 34 miembros activos. Por su parte, La ONU está actualmente estudiando la posibilidad de tomar un papel activo respecto a la crisis nicaragüense. Desde que empezó la crisis el pasado 18 de abril en Nicaragua, se estima que al menos 317 personas han sido asesinadas.

El Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) se reunió el jueves 2 de agosto en una sesión extraordinaria para tratar, por quinta vez, la alarmante situación en Nicaragua. Esta vez, un grupo de Estados presentaron una resolución conjunta para crear un grupo de trabajo en Nicaragua con el fin de apoyar el diálogo nacional y contribuir a la búsqueda de una solución pacífica a esta crisis. Este grupo supondría enviar un representante de cada grupo regional y otros Estados miembros que dependerían directamente del Consejo Permanente y al que reportarían los avances del trabajo en Nicaragua mensualmente.

Esta resolución fue impulsada por ocho países: Argentina, Brasil, Canadá, Colombia, Chile, Estados Unidos, México y Perú. El representante de Colombia ante la OEA recordaba que los deberes sustanciales que los países de la OEA adquirieron al ratificar la Carta de la OEA, comprometen a dichos países a trabajar para fortalecer la democracia y el respeto de los derechos humanos en la región. Para honrar dicha misión, los países que impulsaron la propuesta de crear el grupo de trabajo expresaron la necesidad de operacionalizar el mandato del Consejo Permanente y el papel de los Estados miembros en la crisis nicaragüense, respetando la soberanía del país centroamericano.

En cuanto a los países del Cono Sur, la representante de Argentina, Paula María Bertol, presentaba la propuesta de creación de este grupo de trabajo, cuyo ánimo es la búsqueda de una solución que ayude a Nicaragua a salir de esta crisis. De este modo, en palabras de Bertol, el objetivo de esta iniciativa es concretar la función del Consejo Permanente de la OEA y trabajar a favor de la paz en Nicaragua. Así, indicó que el deber de los Estados miembros de la OEA es «agotar todas las instancias posibles que puedan ayudar a encontrar la paz y una solución estable, sostenible y duradera en beneficio de todos los nicaragüenses y de la región».

A su vez, Uruguay transmitió su grave preocupación por la situación de violencia en el país centroamericano. Tras presentar varias sugerencias de modificaciones, que fueron recogidas en la nueva resolución, Uruguay se unió al grupo de países que apoyaron la creación del grupo de trabajo. Asimismo, el representante chileno, Hernán Salinas, reiteró la preocupación su país por la situación que atraviesa Nicaragua, así como el llamado a que este país ponga fin a la violencia e inicie «las vías de diálogo que allanen el camino hacia la paz y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua». Además, recordó que «la promoción y defensa de derechos humanos no reconoce fronteras», haciendo referencia a la noción de que la protección de los derechos humanos no es una materia de jurisdicción interna, como alegaba el canciller nicaragüense.

Sin embargo, Nicaragua no parece estar muy dispuesta a recibir el apoyo para crear un «diálogo nacional» entre la OEA y Nicaragua. En su intervención, Denis Moncada, ministro de Relaciones Exteriores de Nicaragua, tachó la acción de la OEA como injerencista e inamistosa, además de tildarla de hostigamiento y revanchismo político contra Nicaragua. Moncada rechazó tanto la propia convocatoria de esta sesión en la OEA como la conformación de un grupo de trabajo para Nicaragua, puesto que considera no solo que es un ataque a la soberanía y a los asuntos internos de su país, sino que lo que Nicaragua considera un golpe de Estado estaría, según él, neutralizado. Finalmente, Moncada acusó a la OEA de haberse convertido en «la punta de lanza del imperio norteamericano» y declaró que no recibirán al grupo de trabajo de la OEA en territorio nicaragüense.

Destaca también la intervención de Venezuela, cuyo representante alterno Jhon Guerra indicó que Nicaragua está siendo víctima del terrorismo financiado desde el exterior para intentar dar un golpe de Estado al gobierno de Daniel Ortega. El embajador venezolano ante la OEA aseguró que hoy en Nicaragua impera la paz pero continúa la agresión externa, comparando la resolución propuesta con una nueva doctrina Monroe. Asimismo, afirmó que «la resolución propuesta es ilegal, nula e inaplicable».

Tras mucha confusión en la sala, se procedió a una votación, en la que se aprobó la creación del «grupo de trabajo», con el voto positivo de 20 de los 34 miembros activos de la OEA. Solo cuatro países se opusieron a la creación de este nuevo mecanismo: Nicaragua, Venezuela, Bolivia y San Vicente y las Granadinas; ocho países más, en su mayoría caribeños y centroamericanos, se abstuvieron. A pesar de la negativa de Nicaragua a aceptar esta propuesta, la resolución fue aprobada, lo que supone un paso innovador en la historia del organismo, según los representantes ante la OEA de México, Jorge Lomónaco, y de Colombia, Andrés González Díaz.

Serán varios los miembros que compongan este grupo de trabajo. Entre ellos, un representante de cada uno de los grupos regionales en la OEA. Así, estarán presentes el Sistema de Integración Centroamericana (SICA), la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI), la Comunidad del Caribe (Caricom), Estados Unidos y Canadá, estos dos últimos considerados una región en sí misma. Además de estos cinco representantes, habrá un número todavía indefinido de representantes de varios de los países que el pasado 18 de julio votaron a favor de otra resolución que condenaba la situación en Nicaragua. Los integrantes de este nuevo grupo de trabajo serán designados antes del 10 de agosto.

Entre las intervenciones posteriores a la votación, destaca la de Todd Robinson, consejero para América Central del Departamento de Estado de Estados Unidos. Robinson hizo alusión a la responsabilidad de responder ante la situación en Nicaragua y condenó los ataques del gobierno de Daniel Ortega y de los grupos parapoliciales contra la población civil. También condenó la nueva ley antiterrorista que el Congreso de Nicaragua aprobó el pasado mes de julio, pues materializa el temor de que se utilice para arrestar y criminalizar a aquellos que son críticos con el gobierno.

Un día antes de la reunión del Consejo Permanente para discutir la situación nicaragüense, Luis Almagro, secretario general de la OEA, expresaba que no aconsejaba al gobierno de Nicaragua seguir los pasos de Venezuela. Según Almagro, «el esquema represivo genera condiciones que llevan al país a una caída libre, como es el caso de Venezuela», y aconsejaba la realización de elecciones anticipadas en Nicaragua.

No solo la OEA tiene sus ojos puestos sobre Nicaragua. El pasado 19 de julio, António Guterres, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), mantuvo una reunión con el canciller Denis Moncada, orientada a discutir la importancia del cese de la violencia y la posibilidad de encontrar una solución a través del diálogo. Además, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Zeid Ra’ad al Hussein, manifestaba el 2 de agosto su preocupación por las redadas y la persecución judicial a la que se enfrentan los estudiantes en las protestas en Nicaragua. La ONU está actualmente estudiando la posibilidad de tomar un papel activo respecto a la crisis nicaragüense.

Publicado por CADAL, el 4 de agosto de 2018.

El gobierno de Iván Duque en Colombia tiene una estrategia alternativa de construcción de la imagen. Esto ofrece nuevas perspectivas de gobernabilidad y genera acercamientos a los jóvenes desde una instrumentalización de los imaginarios políticos.

La presidencia de Iván Duque en Colombia, en términos generales, no parece constituir un giro definitivo en la orientación de las políticas del país. Sin embargo, sí sugiere una transformación importante en la derecha tradicional y en su estrategia de comunicación política. Este gobierno materializa una estrategia de distribución del trabajo político que tiene gran capacidad de movilización.

Es claro que el gobierno de Iván Duque tiene dos niveles de trabajo, uno relativo al contenido político y otro relacionado con la gestión de la imagen del Ejecutivo. En el primer nivel, que refiere al contenido de las políticas, hay una orientación muy tradicional, donde las peticiones, continuismos, valores, redes e influencia de Álvaro Uribe y del partido Centro Democrático adquieren peso, definiendo líneas de acción claras desde el Congreso. Mientras, en el segundo nivel, el Ejecutivo, con la figura del presidente, trabaja en el centro con los asuntos ya tramitados desde el Congreso. Esta figura administrativa y conciliadora evita que el presidente se conecte con los asuntos ideológicos más polémicos dentro del partido.

Si bien el Ejecutivo tiene relaciones estrechas con la derecha tradicional en el Congreso, este se concentra en proyectar autonomía, una actitud conciliadora y un tipo de progresismo con el que los cuerpos juveniles pueden fácilmente identificarse. Esta imagen aprovecha la tradición presidencialista y evita que el presidente pueda ser identificado con la desprestigiada clase política.

En definitiva, la idea es modernizar y hacer parecer como progresista a un partido tradicional. La novedad de esto radica en el modo en que el gobierno de Duque lo está haciendo.

Podría decirse que Álvaro Uribe y el Centro Democrático como partido recuerdan la figura del padre estricto citada por Lakoff (1997) para hablar de la manera en que el republicanismo en Estados Unidos representa al Estado y al presidente. Según esta idea, el presidente es el padre de la nación, quien debe defenderla al tiempo que define verticalmente la moral y las creencias. De este modo, se encuentra implícita la creencia de que el Ejecutivo tiene un tipo de autoridad y responsabilidad moral en señalar qué está bien y qué está mal. Al tiempo, se presupone que el mundo es y será siempre un lugar peligroso y competitivo.

No obstante, esta imagen no parece ser la que proyecta Iván Duque; por el contrario, él se describe como un administrador conciliador de las diferentes posiciones involucradas. Esta posición recuerda a la figura del padre protector que, para Lakoff, expresa la visión demócrata del gobierno en relación con la nación en Estados Unidos. De acuerdo con esta imagen, se asume que el mundo no es lugar únicamente competitivo, sino que la cooperación está en su base y que es a través de la empatía y responsabilidad de la población que se pueden mejorar las condiciones de vida.

Estas dos formas de representar al Estado se han considerado tradicionalmente como antagónicas, pero, el gobierno de Iván Duque está construyendo una forma tal de hacer política que la figura del padre estricto ha domesticado a la del padre protector y, en la práctica, está instrumentalizando todas las ventajas que tiene esta última para atraer a actores jóvenes y a sujetos con esquemas más progresistas, así como conserva la estructura axiológica y cuerpo doctrinal tradicional del padre estricto. De esta manera, el carácter progresista se encuentra en la superficie, mientras en el contenido se trata de cierto continuismo político.

La pregunta radica en diferenciar el componente de las acciones presidenciales que estarían vinculadas con la proyección de la imagen del padre protector y de qué manera a través de ellas se está instrumentalizando la imagen progresista para legitimar elementos de la agenda tradicional. Una característica de esta estrategia es que hay ciertos rótulos que normalmente se les asignan a presidentes asociados con el esquema de padre estricto, y que no podrán ser asignados con tanta facilidad a Iván Duque, debido a que, en su imagen pública, él está desligado de ese grupo, aunque en la práctica seguramente deba ser consecuente con ellos. Esto logra entonces que su gobierno sea particularmente impermeable a las críticas que citan sus conexiones con uno u otro esquema, e invita a pensar en esquemas de rendición de cuentas que excedan el mero etiquetamiento de un sujeto político como uno que es inconveniente, en tanto cabe dentro de una imagen prototípicamente definida de lo tradicional o lo progresista.

Referencia:
Lakoff, G. (1997). Moral politics: What conservatives know that liberals don’t.

Es hora de empezar a corregir los procesos por violaciones a derechos humanos por masacres, asesinatos y violaciones sexuales que, en muchos casos, siguen sin sentencia.

La urgencia de la reforma de justicia se evidenció a partir de los audios que reflejan lo que estaba ahí: linchamientos, «chapa tu choro», «roba pero hace obra», hechos y frases que revelan una crisis de corrupción, inseguridad jurídica y física que son manifestaciones de impunidad, donde personas con el poder para hacerlo están por encima de la ley, que se vende, se compra o se canjea incluso por entradas al Mundial.

Pero hay más evidencia de lo mal que estamos y es hora de empezar a corregir los procesos por violaciones a derechos humanos por masacres, asesinatos y violaciones sexuales que, en muchos casos, siguen sin sentencia. Esto se suma a que el avance en encontrar desaparecidos solo se daba en el marco de un proceso penal. Con esos plazos nunca encontraríamos a los más de 20.000 civiles, policías y militares que nos faltan. Eso es injusto.

Es el claro ejemplo del caso Soras. Más de 100 campesinos fueron asesinadosa machetazos y pedradas por el terrorista Quispe Palomino, masacre reivindicada por la cúpula de Sendero con pruebas encontradas con el nefasto Abimael Guzmán en su captura. Pero 34 años después no se hace justicia y los plazos permitieron la liberación de terroristas que deberían estar cumpliendo una cadena perpetua que aún no se dicta.

Algunos restos se entregaron a sus familiares, otros siguen pendientes y los padres, hermanos o hijos han fallecido sin dejar una muestra de ADN que permita algún día su identificación. Muchos de ellos nunca supieron que se publicó la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas y que hoy el Estado está obligado a buscar los restos de sus seres queridos por razones humanitarias, así que no saben que pueden intentar cerrar su duelo, terminar su búsqueda, aun cuando no exista un proceso judicial.

Otro ejemplo es Mamá Angélica, mujer ayacuchana que nos enseñó el amor en su máxima expresión, entregando su vida a la búsqueda de su hijo Arquímedes, desaparecido en 1983. En esta búsqueda la acompañaron otras madres, esposas, hijos que, mientras buscaban a sus seres queridos, alimentaban a los cientos de huérfanos que nos dejó este doloroso periodo y que el Estado abandonó, en su mayor parte. Mamá Angélica cumplió el 28 de agosto un año de fallecida, murió a las pocas semanas de conocer la sentencia que daría pasos importantes en la búsqueda de justicia, pero no le devolvería los restos de su hijo para enterrarlos.

Estos ejemplos demuestran que la justicia tarda algunas veces tanto… que borra la memoria. Sin las muestras de ADN será más difícil identificar los restos. Por eso saludamos y felicitamos la aprobación de la Ley de Banco Genético que reúne o reunirá a miles de familias peruanas.

Confiamos en que el Congreso entenderá su espíritu humanitario, así debería ser porque la Ley de Búsqueda de Personas Desaparecidas, en la que se enmarca, fue aprobada por una amplia mayoría, con el voto a favor de los que hoy son la primera fuerza.

Corresponde al Ejecutivo materializar su voluntad política en la asignación de presupuesto, para implementar tanto la ley de búsqueda como la de banco genético, voluntad que no se ve cuando dan una ley, sino cuando se asigna el dinero para que esta funcione. Es simbólico, sin duda, que se anuncie ad portas del Día de los Desaparecidos; toca esperar cuánto recurso se establece para ver cuánto se avanza.

¿Qué tal si hacemos política de verdad, esa que es sinónimo de servicio, que se ejerce con honor y responsabilidad, reformamos la justicia y buscamos a nuestros muertos, que siguen perdidos en miles de fosas clandestinas?

Después de todo, la capacidad de enterrar a nuestros muertos como proceso evolutivo es un dato científico, como señala Jean François Mattei en el Genoma humano: «Como consecuencia del proceso evolutivo, el ser humano alcanza el estado de un ser consciente de sí mismo, consciente de la muerte». En este caso, además de justo, es indispensable como parte de nuestra memoria colectiva, para no condenar a nuestros pueblos a repetir la historia.

Nota publicada en La República, de Lima, el 2 de septiembre de 2018.

Desde Alemania, la Fundación —ligada a la DC— sigue con cuidado los cambios que está llevando adelante la nueva directiva. El director hace un llamado a renovar ideas y liderazgos en el partido y lamenta la salida de históricos como Gutenberg Martínez, Mariana Aylwin y Soledad Alvear.

Era un día soleado en Santiago, en noviembre de 2017, cuando el actual director del Departamento de América Latina de la Konrad Adenauer Stiftung (KAS), Stefan Reith, llegaba a un barrio residencial en Providencia, para participar de un acto conmemorativo en honor al excanciller de Alemania Helmuth Kohl.

En la ceremonia también participó el exministro del Interior Jorge Burgos (DC), el embajador de Alemania en Chile, Rolf Schulze, y el representante de la fundación en Chile, Andreas Klein.

La KAS tiene una relación de larga data con la colectividad chilena. Desde el gobierno del expresidente Eduardo Frei Montalva existe una cercanía estratégica entre la DC y el Centro de Estudios, ya que fue el propio excanciller de la República Federal Alemana Konrad Adenauer quien impulsó la democracia cristiana en el mundo.

Pese a la distancia que existe entre Berlín y Santiago, Stefan Reith está informado del panorama que acontece en Chile. Desde la capital alemana, el académico ha mirado con atención la crisis que ha tenido la DC, sobre todo luego de la debacle electoral que sufrió la colectividad en las últimas elecciones presidenciales y parlamentarias de 2017.

El director de la división latinoamericana de la Konrad Adenauer destaca que su fundación tiene actualmente 16 oficinas a lo largo de la región, poniendo énfasis, entre otras temáticas, en el cambio climático, el fortalecimiento de los partidos políticos y las políticas sociales.

—Enfocándonos en Chile, ¿cómo ha visto el actual escenario de la Democracia Cristiana?

—La DC es un partido histórico que ha vivido momentos difíciles, especialmente después del resultado de las últimas elecciones. Como es lógico, había momentos de incertidumbre y esto ha generado un fuerte debate interno sobre las causas de la derrota electoral. Ahora existe un liderazgo renovado que despierta muchas expectativas, pero todo depende de si el partido logra sacar las conclusiones correctas de los últimos meses, fortalecer la unidad interna y renovar sus caras e ideas, para poder competir en los comicios que vienen.

—¿A qué se refiere?

—Me refiero al programa y a las futuras plataformas electorales. Es lógico que después de una elección, los partidos ganadores traduzcan su plataforma electoral en un programa de gobierno y los partidos de la oposición, como la DC, inicien un proceso de reflexión interna para renovar las bases programáticas. Se deben analizar los grandes desafíos de nuestras sociedades y desarrollar propuestas políticas concretas. Por ejemplo, ¿cómo se puede arreglar el tema de la inmigración de una manera que los que necesitan ayuda la puedan recibir sin sobrecargar nuestra propia sociedad? o ¿cómo se puede contrarrestar el populismo político y fortalecer la democracia en nuestro país y a nivel internacional? Son unas de las cuestiones que requieren respuestas y nuevas ideas, tanto en Alemania como en Chile. Al contrario de otras formaciones políticas, nosotros como democratacristianos tenemos la ventaja de una base de valores muy sólida, de la que podemos renovar y adaptar nuestras ideas y programas políticos.

—¿Qué le pareció la decisión de la DC de competir con Carolina Goic, sin el resto de la centroizquierda?

—Ella es una espléndida persona y una gran líder política. Asumió la presidencia del partido en un momento complicado y aceptó la candidatura independiente fuera de la coalición del gobierno anterior. Y como no se dieron los resultados esperados, aceptó la responsabilidad y renunció a su cargo para abrir paso al debate interno y la elección de una nueva dirigencia.

—En ese sentido, ¿la DC debiera abrirse a lograr acuerdos con la centroderecha, o bien mantener alianzas con el Partido Comunista?

—No me parece adecuado tomar posición en este debate, que debe ser un debate interno del partido. Además, el contexto histórico político de Chile y Alemania es distinto. Después de la dictadura de Hitler, los crímenes horrorosos de los nazis y la Segunda Guerra Mundial, se construyó una dictadura comunista, la RDA, en el este de Alemania. Los democratacristianos en Alemania siempre se enfrentaron a los comunistas y defendieron la reunificación de Alemania. Chile en cambio, vivía la época de Augusto Pinochet. La victoria del No se consiguió gracias a una alianza política muy amplia, de la que la Democracia Cristiana era una parte esencial. Hay que recordar que antes de la dictadura el paisaje político en Chile se dividió en los conocidos tres tercios: la izquierda, el centro y la derecha. La candidatura independiente de la DC en este sentido se puede interpretar como un intento de recuperar el centro político. Y aunque los resultados no fueron los esperados, la DC alcanzó un objetivo estratégico, porque su grupo parlamentario juega un papel clave para lograr mayorías en el Congreso. La Democracia Cristiana puede pensar en negociar con otras fuerzas políticas y asegurar que proyectos de ley y decisiones del Congreso tengan posiciones y demandas de la DC en cuenta. Para la DC es una oportunidad para fortalecer el perfil del partido en público y desarrollar iniciativas políticas mirando a futuras elecciones.

A principios de este año, la Democracia Cristiana sufrió además la partida de dirigentes históricos, profundizando aún más la crisis que vive el partido. A través de una carta el 5 de enero, 30 militantes anunciaban su renuncia al partido, incluida la exministra de Educación Mariana Aylwin y el exsubsecretario Clemente Pérez.

Tres meses más tarde, anunciaban también su salida, entre otros, los expresidentes de partido Gutenberg Martínez y Soledad Alvear. Todos ellos, por su trayectoria, son reconocidamente cercanos a la Konrad Adenauer.

—¿Qué le parece la renuncia de estas autoridades a la DC?

—Es una pérdida lamentable, porque son líderes históricos que tienen mucha trayectoria, experiencia y mucho mérito en el partido. Nuestras familias políticas han tenido, aproximadamente, 60 años de cooperación, que han visto altos y bajos y que han perdurado a una dictadura férrea. Esperamos que la DC pueda salir adelante y recuperar la unidad. Me imagino que las preocupaciones de las figuras salientes forman parte de la reflexión interna que se está llevando a cabo. Con la elección de una nueva cúpula muy prometedora se ha dado un paso significativo adelante. Ahora hay que analizar la situación bien y desarrollar las estrategias para volver a la competición política en vista de las elecciones locales de 2020.

—¿Piensa que el partido tiene posibilidades de salir de su situación actual?

—Por supuesto. Todo depende de si un partido acepta el nuevo papel y, al mismo tiempo, empieza un proceso de análisis y de estrategia para renovarse y desarrollar nuevos conceptos y políticas para convencer a los votantes de nuevo. Los deportistas dicen: «está permitido caerse, pero prohibido no levantarse». Lo mismo se aplica en la política. La DC ha pasado otros desafíos en su historia y va a superar este también.

Latinoamérica

En paralelo, Stefan Reith explica que el panorama latinoamericano también ha sido observado sigilosamente por la Unión Europea. Primero, por el estado en que se encuentra Venezuela, bajo el gobierno de Nicolás Maduro. «Estamos ante una profunda crisis política, económico-social y humanitaria. Hace años Venezuela parecía una democracia estable y avanzada, de la que actualmente queda muy poco. Hay muchos observadores que ya hablan de una dictadura. Y los llamamientos y resoluciones de instituciones internacionales, como la OEA, los Estados latinoamericanos unidos en el Grupo de Lima o la Unión Europea, también analizan y reflejan la situación en un lenguaje muy claro».

En segundo lugar, respecto de lo que sucede en Brasil, el académico de la KAS es enfático en su postura ante una eventual candidatura presidencial de Lula da Silva. «El caso del presidente Lula da Silva es un caso ejemplar. Parece otro expresidente más, involucrado en la corrupción, convencido de que el poder político y la popularidad le pueden garantizar impunidad. Pero las reglas del juego han cambiado en muchos países, también en Brasil. La corrupción ya no se tolera, y los gobiernos ya no están encima de la justicia. Hay una investigación muy detallada por parte de la fiscalía y con pruebas muy sólidas, por lo que hay que respetar la decisión de los tribunales».

En el caso de México, donde asumirá en los próximos meses como presidente Andrés López Obrador, el representante de la Konrad Adenauer se muestra aún escéptico sobre cómo será su gestión. «Es difícil predecir si el presidente puede cumplir con sus promesas electorales y encontrar soluciones sostenibles para los grandes desafíos de México: la corrupción, la violencia, la inseguridad e infiltración del Estado por el crimen organizado, la desigualdad y la pobreza». Y concluye que «hay que darle tiempo y ver cómo se desarrolla su gobierno».

Entrevista de Nicolás Guzmán, en El Mercurio, Santiago de Chile, el 2 de septiembre de 2018

Cincuenta niños muertos en otro bombardeo y la foto de cuadernos en la arena ensangrentada. El ataque fue un jueves en una región de nombre exótico que probablemente olvidemos pronto.

En estos días se conmemora la defenestración de Praga. Hace exactamente cuatrocientos años un grupo de nobles bohemios rebeldes tiraron por la ventana a los enviados del emperador en señal de protesta. Con este acto comenzó una guerra larga y cruel, la guerra de los Treinta Años. Los historiadores dicen que fue la primera guerra total en la que ejércitos y mercenarios mataban y saqueaban, y en algún momento fue difícil, si no imposible, diferenciar amigos de enemigos. Durante aquella guerra ciudades enteras fueron exterminadas, se empleó el saqueo y la tortura sistemáticamente y algunas regiones de Europa quedaron despobladas irreversiblemente.

Yemen es un territorio relativamente pequeño. Durante años hubo allí dos países diferenciados —el del sur y el del norte— que finalmente se reunificaron. Es un país pobre y en su territorio tiene lugar una guerra que enfrenta tribus, líderes y fracciones políticas y etnias. Cada una de las partes enfrentadas tiene apoyos internacionales de países, grupos políticos y hasta contingentes armados provenientes de otras guerras. El panorama es difícil de entender, también por lo complejo y cambiante. Sin embargo, hay dos potencias cuyo involucramiento le da al conflicto un carácter de guerra regional: Irán y Arabia Saudita. Al parecer, en el territorio del pequeño Yemen se dirimen las diferencias políticas, estratégicas y culturales entre estos gigantes regionales.

En Arabia Saudita se hallan la Meca y Medina, los lugares sagrados del Islam y su casa real se presenta como heredera directa del profeta. Mientras tanto, Irán es el baluarte del islam shiita, tradicionalmente minoritario en el mundo árabe hasta la llamada Revolución islámica liderada por el ayatola Jomeini primero y la invasión de Irak después. Por esto, los analistas internacionales dicen que ahora el islam tiene su guerra de los Treinta Años.

Hace muchos años Yemen era parte del reino de Saba. Vivía allí Makeda, la reina de Saba, a la que Salomón amó y con quien según las tradiciones tuvo un hijo, Manelik. Salomón es venerado por las tres religiones del libro. Es el profeta que hace justicia, el de cantares, cuentos y leyendas. Es el Salomón cuyas minas dieron lugar a nostalgias por lugares a descubrir e historias de valientes conquistadores.

En algún lugar del remoto Yemen vivía una niña llamada Buzaina. En alguna de las operaciones militares perdió a toda su familia. Ella salvó su vida muy herida. Una foto la muestra abriendo con una mano su ojito inflamado para ver la cara de quien habla con ella.

A los treinta años de la defenestración de Praga se firmó la Paz de Westfalia. Terminó así la guerra que lleva el nombre de su duración, los treinta años que nadie tuvo tiempo de contar durante la guerra. Hay quien dice que en Westfalia se inventó la soberanía como criterio ordenador de las relaciones internacionales. Se supone que ese tratado dio estabilidad a las relaciones entre los Estados europeos. Henry Kissinger considera que el mundo de hoy, globalizado e hiperconectado, necesita un nuevo tratado. Tal vez entonces Buzaina pueda vivir en paz.

Los acuerdos multinacionales, vistos como grupos de países formando áreas de libre comercio, están cayendo. Los acuerdos país-país empiezan a multiplicarse.

Hubo un tiempo en que la globalización hacía soñar con grandes mercados sin fronteras, donde los bienes transitaban sin trabas generando riquezas por doquier.

Los países, enfrascados en los últimos tiempos de una guerra fría comercial que siguió a la política, ensayaban el lobby de la creación de bloques regionales en todo el Globo. Así, la ronda Uruguay del GATT aportó un entorno arancelario ideal para hablar un mismo lenguaje comercial (y arancelario) en todo el planeta ante el progresivo desmantelamiento de las barreras aduaneras, de acuerdo al catecismo creado un lustro antes.

El Estado de bienestar se guardó en el ropero y ser proteccionista fue un vocablo sinónimo de retrogrado, conservador o miope atado al pasado.

El sudeste asiático generó una sinergia que trajo una enorme transferencia de recursos y riqueza. China empieza a crear su pirámide de producción desde lo agrícola a lo industrial. La era Thatcher-Reagan aceleró procesos de privatización y el mundo cambió. El liberalismo galopa sobre la economía de mercado (triunfante sobre una desaparecida experiencia socialista real). En la cultura se manifiesta en la integración y el contacto de prácticas culturales: marcas, consumo de medios, valores, iconos, personajes, imaginario colectivo, costumbres, relaciones, etc.

La civilización se hace una. La progresiva y rápida digitalización de los soportes de comunicación reduce las barreras a la difusión mundial, haciendo de la cultura global una realidad audiovisual de masas.

Buen inicio, buenas noticias

El efecto derrame fue impresionante. Con una población mundial en franco crecimiento y con los problemas de distribución de alimentos y productos, de todas formas la liberalización de mercados generó oportunidades en países emergentes, una competencia con precios a la baja en países ricos, fondos para educación y salud.
Los índices de pobreza mostraron la pobreza disminuyó de casi el 60% al 20% en 20 años, con énfasis en África (al sur del Sahara) como en Latinoamérica, áreas comprometidas antes de 1980. ¿Qué hay de las grandes promesas? China cayó del 84% al 18%; en la India, del 80% al 42%; y en Brasil, del 17% al 8%.

La OMC, el FMI, el Banco Mundial y OCDE son el pelotón de avanzada de este nuevo tiempo.

La estrategia de las multinacionales que se sumaron dio sus frutos: con bajos niveles de aranceles, los centros de producción podían trasladarse a países con entornos fiscales y de costos más baratos.

La hora de los mastodontes

«Unidos en un bloque podremos negociar mejor frente a otros bloques. Además, hacia adentro, un área de comercio común favorece el crecimiento y el intercambio de bienes». Esa fue la premisa, tomando como ejemplo la Comunidad Económica Europea, de la creación de bloques económicos. El Mercosur (Latinoamérica), el NAFTA (Norteamérica), la Comunidad Andina de naciones (CAN), la Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), la Unión Africana y otros acuerdos transversales abrigaron a países en el afán de integrar un bloque para competir mejor.

Los bloques buscan configurar una unión aduanera, derivar a un mercado común y sumando una unión monetaria, configurar una unión económica.

Pirámide de Maslow y nuevos problemas

Los países, al igual que con las personas, a medida que solucionan problemas básicos se enfrentan a desafíos diferentes, producto de una nueva situación.

Integrar un bloque otorga un mercado ampliado, pero cierra automáticamente las puertas a negociar directamente con alguien de fuera. El bloque es atractivo si las economías de sus miembros son complementarias en muchas áreas. Pero si no es así, si hay repetición o superposición de oferta, el bloque negociará como tal, pero el mascarón de proa tendrá la bandera del país dominante dentro del bloque.

En segundo lugar, hay una progresiva pérdida de soberanía de los integrantes, que ven cómo negociaciones, pautas comerciales, comportamiento aduanero e incluso aspectos culturales o fiscales dejan de ser decididos por los gobiernos para tolerar la participación de organismos supranacionales.

En tercer lugar, se da una paradoja productiva. Lo ideal sería que cada integrante del bloque se especializara en determinados productos. Así se podría ofrecer un abanico de posibilidades. Pero si lo hacen, crean dependencia de las producciones de sus vecinos, pues ellos no las fabrican. Doble pérdida de soberanía y decisión, entonces…

A todo esto, agregamos tres problemas de hecho…

1. La apertura se ha dado en un solo sentido, abriendo los mercados de los países emergentes o pobres, pero manteniendo cuotas de ingreso y aranceles altos en los bloques o países ricos. De esta manera, es posible que los ricos le vendan a los pobres, pero solo bajarán aranceles a productos fabricados por sus propias empresas asentadas en territorio de países emergentes que aprovecharon los bajos costos, no producción legitima de esos países.
2. No se ha previsto que la transferencia de trabajo y métodos de producción a los países no ricos implica un choque cultural entre ambos. La homogeneización resulta negativa para los perfiles nacionalistas de otros países. ¿Por qué deberían adaptarse fácilmente los obreros indios al funcionamiento de una fábrica de alta tecnología norteamericana en Bombay?
3. La apertura de mercados permitió a empresas norteamericanas, por ejemplo, en áreas de manufactura pesada, laboratorios o tecnología digital informática, la fabricación de partes en el exterior o bien instalar directamente las fabricas allí. Los productos finales, bajo licencia norteamericana, van a ese mercado a un costo menor (debido a globalización que permite aprovechar salarios más bajos, por ejemplo), pero supone que una porción de la oferta de mano de obra norteamericana no realiza trabajo alguno. Si es más barato producir afuera, ¿por qué hacerlo aquí? ¿Resultado? Una desocupación creciente en áreas de formación básica en los mercados de los países centrales. No pudieron sustituir las tareas tercerizadas a submercados y su propia mano de obra se encontró desplazada.

El proteccionismo sale del ropero

La llegada de Donald Trump a la Casa Blanca se indica como el comienzo de un empuje proteccionista a nivel global. Eso no es así. La corriente revisionista de la globalización existe desde su mismo comienzo, pero encontró su expresión masiva e incluso electoral durante la crisis griega del 2009.

La presencia china, moviéndose con buenos modales, pero con cero implicancias regionales, hizo más patente la necesidad de revisar posiciones, flancos débiles y peligros en el comercio internacional. El dumping chino es un sable que pende sobre un sinfín de cabezas, aunque nunca se haya expresado en forma tangible.

La recomposición rusa sobre los mercados energéticos del gas y la lenta pero segura decadencia de la oferta petrolera debido a la sustitución energética por la electricidad, alteró los equilibrios y puso nerviosos a los países en forma individual, quienes contagiaron a sus bloques.

La Unión Europea ve en Grecia, Portugal y España muestras evidentes de debilidad económico financiera, mientras el Brexit la deja a un paso de un ataque de nervios. Le vaya bien o no al Reino Unido, tenga razón o no, Europa verá separarse un cuarto de su PBI total, su central financiera y gran porcentaje de su influencia en varios países.

El Acuerdo Transpacífico (TPP) agrupa a once países pero solo cuatro lo han ratificado. La Unasur en América Latina desaparece por la falta de consistencia económica entre países que confundieron la ideología con el comercio. El Mercosur oscila entre una presencia nominal solo útil para el comercio interno y las ganas de acordar por fuera de sus dos economías pequeñas, fruto de la enorme asimetría de sus mercados. El ASEAN (sudeste asiático) solo ha acordado en temas de tránsito y seguridad de personas, sin ninguna pauta económica, financiera o comercial. El APEC (Asia y países del Pacifico) no tiene un tratado formal. Sus decisiones se toman por consenso y funciona con base en declaraciones no vinculantes. ¿Resultado? Nominal, ninguna transacción en 30 años. El NAFTA desapareció y Donald Trump, tal cual lo adelantó en su campaña, firmó un tratado bilateral con México en las condiciones que él cree mejores para la industria norteamericana. Canadá está en la fila para el próximo tratado, espejo del de EUA-México, seguramente.

Los mastodontes arancelarios, llamados bloques económicos o también mercados comunes demostraron ser solo castillos de naipes burocráticos, sin una real integración productiva.

Conclusiones

• La globalización solo fue utilizada por los países centrales para inclinar la balanza arancelaria.
• Esto solo transfirió tecnología (no conocimiento) a los países periféricos, manteniendo su dependencia sin avanzar en formación de personal.
• Con efecto boomerang, los países ricos no crearon actividades sustitutivas al exportar la fabricación, recibiendo creciente desempleo.
• No hubo en los bloques de países emergentes, debido a la paradoja productiva, ninguna complementación económica. Solo administraron comercio.
• La globalización cultural cambió paradigmas y el tránsito de personas, más el turismo, alejó a personal capacitado de las curvas de aprendizaje y estabilidad en zonas productivas. Los empleos fueron, «de paso», temporales.

Los países centrales, como era de esperar, al ver complicarse la logística, crecer el desempleo y recibir (por otras razones) olas migratorias que dificultan la economía domestica, optan por el camino seguro: elevar aranceles, repatriar los procesos de fabricación, priorizar materia prima local y fomentar una reactivación local vía impuestos decrecientes.

Queda en el debe, hacer una integración planificada, complementando económicamente las producciones y permitiendo desarrollo protegido de los países… Otra vez será…

El panorama actual de Colombia es el de una población con marcadas disensiones, pero son precisamente estas las que deben verse como la oportunidad para construir la mejor página de la historia de Colombia.

El 7 de agosto de 1819, en las zonas de Boyacá, cientos de gritos de batalla sonaban al unísono para defender la independencia de nuestra nación. El 7 de agosto de este año, tras el aniversario 199 de este evento, el país continúa experimentando una serie de gritos, ya no en búsqueda de liberarse de la corona española, sino con el objetivo de continuar escribiendo el mejor capítulo de su historia.

Ya han pasado varios días del inicio del mandato del presidente electo, Iván Duque, y el país está crudamente fragmentado, principalmente por lo sucedido en las elecciones presidenciales, el plebiscito y las diversas opiniones sobre la paz. Pero no solo en eso hay divergencias; el país está fraccionado en cuanto a visiones del desarrollo, perspectivas de país, formas de hacer política, formas de hacer el cambio, entre otras cosas. No obstante, es precisamente la labor del nuevo presidente hacer de esto oro.

En esas grandes y distantes diferencias es donde precisamente encontramos lo más valioso. Estos disensos son la base más amplia para poder construir una democracia más fuerte, consolidada y organizada. El gobierno se construye gracias a la discusión y esta es precisamente la esencia de su poder. Este momento funge de forma contundente como la gran oportunidad para hacer que el país crezca, y su democracia, instrumento clave para aumentar el desarrollo y la equidad, tenga su gran auge.

No obstante, en Colombia no solo tenemos que ver los detalles y las perspectivas que nos hacen distantes, sino más bien armonizar en las similitudes —muy abundantes— alrededor de la nación. Todos queremos la materialización de la paz, el desarrollo y una sociedad más equitativa y con igualdad de oportunidades para todos. Y no solo eso; todos estamos listos para luchar con toda nuestra fuerza por ello. Es momento de que nos armonicemos en estas metas comunes y que, a pesar de todo, nos conjuguemos para hacer de Colombia esa nación que nos hace latir el corazón de orgullo. Un gran ejemplo de ello fue la unión de los 18 representantes de Bogotá que, a pesar de sus diferencias, se armonizaron para el mejor futuro de la capital.

Las diferencias han marcado la historia en nuestra nación durante este siglo (y gran parte de nuestra historia). Ahora es el momento de marcar nuestro futuro desde nuestras grandes similitudes. Es el momento de hacer de esa diversidad la fuente del crecimiento, de hacernos grandes y de que esa grandeza sea construida y compartida por todos.

Para materializar esto, nos encontramos con uno de los grandes retos del país: el crecimiento de la justicia. Una justicia entendida como el aumento de las capacidades de las personas para lograr lo que anhelan ser, mejorar su calidad de vida y que los sueños sean palpables en la realidad. Pero, ¿cómo hacerlo? Mediante la reconciliación de puntos de vista; uniendo el arduo trabajo por el desarrollo económico y alimentando el capital público para que permita hacer crecer la base pública y aumentar grosor de los servicios públicos básicos, con cobertura y calidad.

Podemos construir la justicia entre todos y para todos. El nuevo gobierno tiene otro gran reto: amalgamar las diferentes visiones de país y construir un foco integral que propenda por las grandes mejoras estructurales pero que, a su vez, esté atento a la mejora integral de las condiciones de vida de cada uno de los colombianos.

El reto actual es materializar este sonado pacto nacional y generar un país que integre las perspectivas de todos los rincones y orillas que, en la búsqueda de las metas conjuntas, siga haciendo historia. En Japón existe la técnica del Kintsugi, que consiste en reparar cerámica con oro, lo que muestra el valor que hay en las rupturas. Ahora, en Colombia, es el momento de que en los años que vienen nuestras diferencias se vuelvan el oro que nos una y #HagamosHistoria.

Después de vivir variopintas dictaduras en América Latina, aún hay quienes estiman que la democracia es la conquista o más propiamente la «propiedad» de una ideología o de un partido, y caen en un errático camino que nos aleja de la libertad.

En noviembre de 1947, Churchill sentenciaba que «La democracia es el peor de todos los sistemas políticos, a excepción de todos los demás» [1]. Probablemente sea una de las mejores frases para describir la democracia. Aunque sabemos que no es perfecta, mayoritariamente la entendemos como buena y como la meta a alcanzar.

Acá en el sur, la referencia antidemocrática más directa son las dictaduras militares identificadas como de derecha; por ello, para algunos es difícil creer los relatos de Venezuela, mi país, y les cuesta calificar a su actual gobierno como dictadura, entre otras cosas, porque Chávez y Maduro dicen ser de izquierda. Allá, en medio de la tragedia, asqueados de la represión, algunos venezolanos empiezan a defender la dictadura de Marcos Pérez Jiménez y hasta les han salido admiradores a Pinochet y a Franco que, en tono irónico, cuestionan si aquellos eran realmente dictadores.

Es preocupante que, después de tantas dolorosas experiencias dictatoriales a lo largo de nuestra historia, aún existan quienes confunden democracia con ideología o con partidos políticos. Me sorprenden los defensores de Pinochet tanto como los de Maduro y el régimen de Fidel. En 1998, se decía en Venezuela que hacía falta la mano dura de un militar porque durante la dictadura de Pérez Jiménez había orden y prosperidad, y con eso aclamaban a Chávez. «el militar del pueblo».

¿Qué clase de mezclilla tenemos como sociedad cuando no sabemos separar la democracia de los partidos y de las ideologías? Si bien estos últimos son parte de aquella, no son sus dueños. La democracia, ajena a toda apropiación, responde a una serie de elementos objetivos, cuya construcción compete a todos. Responde entre otras, a la separación efectiva y real de los poderes, a las elecciones libres, a la alternabilidad en el ejercicio del poder, también a la transparencia a la tolerancia y fundamentalmente al respeto de los derechos humanos.

La democracia parece estar en eterna construcción y en permanente vigilancia, especialmente cuando sus enemigos aprenden, mejoran en el tiempo y se superan constantemente encontrando mecanismos cada vez más sofisticados para soslayarla.

Evolucionaron de los golpes de Estado y de la lucha armada y mutaron al populismo para usar los propios mecanismos democráticos para acceder al poder. Aprendieron a diversificar las razones para polarizar a las sociedades, porque aquel adagio de divide y vencerás funciona. Aprendieron a ejecutar planes de largo plazo y a tener la paciencia suficiente para recoger lo sembrado, son maestros de la estrategia y actores consumados que han sabido en los últimos tiempos comprarse simpatía aun cuando claramente pisotean la democracia, el gran baluarte del mundo contemporáneo y la única forma probada en la que puede prosperar y convivir una sociedad en la que todos puedan ser libres y forjar su propio destino.

Es preciso desdibujar esa propiedad sobre la democracia, objetivándola a los ojos de los ciudadanos, por encima de partidos políticos, de ideologías, incluso por encima de nuestra propia ideología en un momento dado. Nada mejor para reivindicar y defender una corriente de pensamiento que separarse de aquellos que la envilecen con su acción. Por ello, tenemos la tarea permanente de forjar ciudadanía, mientras seguimos vigilantes del funcionamiento de nuestras instituciones dentro de los parámetros democráticos, en este y en todos los gobiernos. Nada simple, pero nada imposible. La recompensa merece el compromiso.

[1] Winston Churchill, en su discurso ante la Cámara de los Comunes, el 11 de noviembre de 1947. Citado por Kimon Valaskakis en «La democracia y sus mitos. La urgencia de una democracia inteligente».

Las elecciones presidenciales de este año en Brasil prometen ser una carrera importantísima para ese país. En ella los actores principales son en primer lugar la política tradicional, representada por una gran fragmentación de candidaturas tanto de la centroizquierda como de la centroderecha y, por otro lado, el populismo fascistoide militarista de derecha. El escenario es gravemente incierto.

Los ojos de los analistas políticos latinoamericanos estarán direccionados en los próximos meses a la democracia más grande de la región y una de las más grandes del mundo. Brasil tiene más de 125 millones de electores, que el 7 de octubre elegirán los candidatos que pasarán a la segunda vuelta, en un contexto de crisis política y económica generalizada.

La carrera presidencial brasileña tiene dos principales y diferentes niveles de análisis, aunque no del todo incompatibles: por un lado, las anomalías del proceso electoral; por otro, los rasgos que son normales en las elecciones de ese país. La principal anomalía es que la carrera presidencial sigue inestable, ya que uno de los candidatos más importantes e influyentes está preso. Lula da Silva insistió en imponer su candidatura junto con su partido, el Partido de los Trabajadores (PT), aun estando preso por más de cuatro meses.

La candidatura de Lula se aprovechó de la larga duración de los procesos judiciales en Brasil; sin embargo, la apuesta de todo el mundo político y empresarial, hasta de aliados del PT, es que Lula finalmente sea impedido de competir y encabece la candidatura su vice, el exalcalde de San Pablo, Fernando Haddad.

Las elecciones de 2018 serán las más fragmentadas de la historia reciente: hay trece candidaturas a la presidencia. Se suma a este fenómeno la dificultad de generar alianzas electorales, dada la incertidumbre con el futuro de Lula. Muchos partidos esperan la segunda vuelta para cuadrarse con algún candidato. Si las actuales alianzas electorales se mantuvieran durante el gobierno de alguno de los primeros puestos en la intención de votos, ninguno alcanzaría el 10 % de los diputados, tomando como base la actual legislatura.

En la misma línea de anomalías de esta carrera presidencial, el primer lugar en intención de votos lo ocupa un candidato fascistoide con rasgos de populista militarista, el diputado Jair Bolsonaro. En 2016 fue considerado por el portal australiano News como el político más abominable del mundo, por su discurso homofóbico, machista y hasta racista. El presidenciable es un excapitán del ejército y su principal propuesta para temas complejos como la violencia es la legalización del porte de armas. Se da como cierta su ida a la segunda vuelta; el segundo puesto se disputa entre la ambientalista de centro Marina Silva, el exministro de Hacienda Ciro Gomes y el exgobernador de San Pablo Geraldo Alckmin, este último con el apoyo de prácticamente todo el establishment de la política brasileña.

Vale resaltar que Marina Silva también tiene un discurso antiestablishment, culpa a los grandes partidos y a los viejos políticos por la crisis que sufre el país y, tal como Bolsonaro, tiene como objetivo alcanzar al elector cansado de los viejos rostros y de las viejas prácticas. Marina representa la moderación y el centro político, llevando el ambientalismo y el desarrollo sostenible al centro del debate. Sin embargo, ambos tienen un largo historial de cargos públicos: Bolsonaro ha sido diputado por 28 años; Marina, senadora y ministra en el primer gobierno Lula.

La segunda línea del análisis insiste en la normalidad del proceso. Con excepción de Marina Silva, los demás candidatos que pelean el segundo cupo para la segunda vuelta son políticos inside, de dentro del sistema político, principalmente Geraldo Alckmin, que aun teniendo baja intención de votos tiene fuertes posibilidades de ganar el lugar, ya que su alianza electoral con los principales partidos de la centroderecha le garantizó el mayor tiempo de propaganda de televisión. Alckmin tendrá el 40 % de tiempo de propaganda, factor que fue considerado extremadamente importante en las elecciones pasadas.

En síntesis, es altamente probable que un candidato populista fascistoide pase a segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil, pero lo que podemos considerar como seguro es que las fuerzas políticas tradicionales no apoyarán a un aventurero como Bolsonaro en un contexto de crisis y de necesidades vitales de reformas estructurales. Por eso, la tendencia es que el establishment político apoyará a quien desafíe a Bolsonaro, sea quien sea, aumentando las posibilidades de que este o esta desafiante sea el ganador final de las elecciones presidenciales. Presenciaremos entonces el efecto Macron, que aun no teniendo una amplia mayoría en la primera vuelta, con el apoyo de las fuerzas moderadas para derrotar a la extremista Le Pen, fue el ganador final de la carrera.

El XXIV encuentro del Foro de San Pablo, realizado del 15 al 17 de julio pasado en La Habana, culminó con una declaración que incluyó un cerrado apoyo a los autoritarismos de Venezuela y Nicaragua, y a la aspiración antidemocrática de Evo Morales de perpetuarse indefinidamente en el poder.

Y entre críticas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y al Grupo de Lima, la declaración del reciente Foro de San Pablo planteó «convertir la defensa de la Celac en objetivo político prioritario a promover por todos nuestros partidos, movimientos sociales y populares, desde cada escuela, universidad o espacio de creación intelectual».

Para los países latinoamericanos que aspiran al desarrollo en democracia, la Celac no solamente es un organismo ineficaz y una poco acertada inversión de tiempo y recursos. Su real objetivo es que el bloque de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA) influya y condicione políticamente al resto de los países de la región con el expreso propósito de convertir la Celac en «única vocera de la región en los foros, organismos y organizaciones internacionales».

Vale la pena recordar que la creación de la Celac, en febrero de 2010, decía asentarse en el respeto irrestricto del Estado de derecho, la defensa de la democracia, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales como requisitos básicos para integrar el organismo.

Incluso el 3 de diciembre de 2011 la Celac adoptó, irónicamente en Caracas, la «Declaración especial sobre la defensa de la democracia y el orden constitucional», suscrita también por Cuba, cuyo régimen político de partido único la viola expresamente. Sería ilusorio pensar que la Celac aplique su cláusula democrática a Venezuela, Nicaragua o Cuba, pues en los hechos son los países del ALBA los que manejan a su antojo este organismo.

El espíritu bolivariano de la Celac se intentó disimular apelando a la «unidad en la diversidad», como si la democracia y la república fueran lo mismo que la dictadura y la ausencia de Estado de derecho.

Por su parte, Rafael Correa, siendo presidente de Ecuador, afirmó en la II Cumbre de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno en La Habana, en enero de 2014, que la Celac debería sustituir a la OEA.

Por lo tanto, resulta contradictorio que los países del Grupo de Lima formen parte de un organismo como la Celac, que se define como «mecanismo intergubernamental de diálogo y concertación política», cuando Estados que lo integran reprimen a la oposición política, y que al mismo tiempo se propone suplantar a otro del cual forman parte y que cuenta con una institucionalidad superior, como es el caso de la OEA.

En consecuencia, los países de América Latina que integran el Grupo de Lima deberían abandonar la Celac, quitándole así la legitimidad a un organismo liderado por los autoritarismos y al mismo tiempo dejando en claro que convivir con las diferencias políticas tiene como límite no convalidar a gobiernos antidemocráticos.

Hasta el momento, la comunidad democrática regional no ha podido hacer mucho frente al colapso total del Estado de derecho y la criminal represión estatal en Venezuela y Nicaragua. Por lo tanto, frente a lo que se está viviendo en estos dos países, junto con la negación de las libertades en Cuba, más la erosión de la institucionalidad democrática en Bolivia, permanecer en este organismo filobolivariano llamado Celac es una falta de respeto para todos los activistas reprimidos en sus derechos humanos, los opositores políticos perseguidos y encarcelados, y muy especialmente para las víctimas del terrorismo de Estado.

Publicado en el diario La Nación, de Buenos Aires, el 21 de agosto de 2018.

Dos estudios recientes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de la Universidad de Talca arrojan que mayoritariamente los chilenos consideran que ser «blanco» es un valor moral. ¿Por qué y frente a quién se ven así?

Estos resultados develan la comparación que los nacionales establecen con inmigrantes llegados de nuestro continente y con pueblos originarios frente a los cuales se sienten «superiores». Esta percepción, que hace revivir la vacía palabra «raza», necesita ser examinada y reflexionada, pues el hecho de desalojar del cuerpo a la propia historia demuestra que la carencia de conocimiento sobre nosotros puede autorizar el maltrato hacia otra persona por su origen, color, condición económica o género. No debemos olvidar que la historia chilena contiene a la esclavitud, el mestizaje, la pobreza y las guerras que buscaron destruir a quienes poblaban la nación antes de la llegada de quienes se arrogaban su conquista.

A fines del siglo XIX y comienzos del XX, en un contexto de crisis social, se buscó constituir el nuevo «nosotros» proveniente de la búsqueda de identidad nacional que incorporaba la figura de la «raza chilena» para consolidar el mito de la homogeneidad de la nación. Nación y «raza» se anudaron en la figura del «roto chileno», que daba cuenta de una base étnica y de un fenotipo construido después de la guerra del Pacífico. Se apostaba al cruce de dos razas «biológicamente puras» de carácter patriarcal y guerrero: los godos de España y los araucanos, como una manera de incorporar al «otro» dentro de un «nosotros» que se percibía culturalmente europeo y blanco. La configuración de distintas versiones de la identidad chilena ha mostrado que los procesos migratorios han jugado en ella un importante rol, pues la inmigración no es un fenómeno nuevo y tiene distintas facetas, por ejemplo, aquella que el Estado promovió con el fin de aumentar el número de europeos, colonizar los territorios del sur, traer el progreso y «mejorar (blanquear) la raza». El racismo moderno se funda en la idea de «raza» que en Chile proviene de la colonia y de la constitución de los Estados nación. Careciendo de estatus científico, se afirma en un «orden» biológico y adquiere fuerza en las características de acontecimientos políticos o económicos como, por ejemplo, los desplazamientos mundiales de inmigrantes.

La «raza» vincula características físicas con características culturales y morales de las personas a partir de representaciones, valores y normas que construyen al inmigrante como una figura «peligrosa, invasora o contaminante», una elaboración ideal, que consigue que el racismo actúe a nivel emocional como un discurso que argumenta y justifica la violencia de sus prácticas.

A la fuerza de la «raza» se suma la xenofobia, aquella debilidad y sentimiento que, al atribuir superioridad absoluta a las normas y valores de la comunidad blanca-europea, puede conducir a comportamientos violentos que se agravan cuando hay acuerdo social para el despliegue de odio, temor, hostilidad y rechazo hacia ciertos extranjeros y grupos étnicos. La ideología racista remite a rasgos de «pureza», «superioridad» y «selección» que buscan jerarquizar las «razas» pretendiendo un carácter científico (que puede ser usado con fines políticos) basado en la creencia de que la naturaleza determina los rasgos culturales.

Actualmente Chile se ha convertido en un país de inmigración, debido a un sistema económico que atrae a trabajadores del continente cuya situación, por diversas razones, se ha precarizado en sus países. Sin embargo, y a pesar de su aporte, sus presencias son cuestionadas y su vida en Chile se vuelve en muchos casos peligrosa. Desde los años noventa han ingresado desde Perú, Bolivia y Ecuador, y en los últimos años, desde Colombia, República Dominicana, Haití y Venezuela. Contra ellos(as) se ha forjado una imagen negativa y se les ha responsabilizado de afectar el mercado laboral, los servicios públicos, las relaciones vecinales y las matrimoniales, estas últimas como consecuencia de una sexualización racializada principalmente contra las mujeres. Pero el inmigrante es un trabajador inserto en el orden económico mundial que mueve a la fuerza de trabajo precarizada del capitalismo neoliberal, por lo tanto, forma parte del trabajo y se sujeta al orden económico, solo que su condición implica connotaciones negativas respecto al lugar que tiene en la comunidad, dado que conforma un sujeto ajeno a lo «civilizado» y sobre el cual se inscriben los estigmas que naturalizan una «diferencia» basada en falsas ideas sobre la actual inmigración no deseada por los chilenos.

Estos últimos años hemos sido testigos de muertes y sufrimientos de inmigrantes a lo largo del país, principalmente en regiones, comunas y barrios donde las pobrezas se acumulan y las condiciones de vida se vuelven más insoportables en razón del hacinamiento, de alquileres extremadamente caros, de puertas que se les cierran debido a su origen, su color, o a su número de hijos. Estas situaciones se suman a la explotación laboral repetida y mantenida que puede llegar al extremo de delitos como la trata y el tráfico de personas. Al mismo tiempo, un mercado ilegal liderado por «coyotes» se organiza y se enriquece en las fronteras, vendiendo una imagen distorsionada de Chile para atraer a los inmigrantes hacia peligrosos recorridos de pasos minados y no habilitados, venderles visas falsas e ingresarlos para dejarlos repletos de temor, completamente desprotegidos y proclives a múltiples abusos en una vida que se llenará de experiencias traumáticas.

Es preciso una ley de migraciones basada en derechos humanos, pensada desde y con las personas inmigrantes, que admita la importancia de la igualdad y de la consideración que todo ser humano debe tener y, al mismo tiempo, educar, formar y capacitar a funcionarios públicos, profesionales y estudiantes sobre la historia de otros países, así como sobre la riqueza que la inmigración trae consigo. Simultáneamente, es preciso trabajar en el examen de nuestra historia, que desarme los mitos de nuestro origen. Debemos mirarnos al espejo y buscar en nuestro cuerpo, rostro y condición, todo lo que ha sido ocultado como vergüenza y estigma que favorece a un problema tan grave como el racismo y a las consecuencias que estos últimos años hemos visto en Chile. Se trata de humanidad, solo de eso.

Este artículo fue publicado originalmente en la revista «Migrantes», del Instituto Católico Chileno de Migración, INCAMI, en mayo de 2018.

El senador McCain vivió encarnando muchos valores que parecen olvidados en la política actual: espíritu de servicio, sacrificio, entrega, generosidad y honor.

Tras una larga batalla con el cáncer, John McCain ha fallecido esta madrugada en su residencia de Arizona, el estado al que representó en el Senado durante más de treinta años. McCain será recordado como uno de los grandes referentes de la política de Estados Unidos en las últimas décadas. En 2008, cuando ganó la nominación republicana para enfrentarse a Barack Obama, la revista Newsweek afirmaba que su historia personal «dejaba a los demás candidatos como pigmeos». Diez años después, cuando tanto abunda la mediocridad entre la clase política, tal afirmación sigue plenamente vigente. McCain vivió encarnando muchos valores que parecen olvidados en la política actual: espíritu de servicio, sacrificio, entrega, generosidad y honor.

Será recordado como el candidato que no pudo ganar a Barack Obama en su primera campaña, pero su trayectoria va mucho más allá. Hijo de una familia de soldados, John Sydney McCain III nació en 1936 en Coco Solo, en una base militar de la zona del canal de Panamá. Su abuelo, John S. McCain Sr., fue un famoso almirante de la Marina, que tuvo un papel decisivo como piloto en la batalla de Okinawa en 1945 y que contribuyó a que Estados Unidos ganara la II Guerra Mundial. Su hijo, John S. McCain, también sirvió en la Marina, con el mismo rango de almirante y participó activamente en la guerra de Vietnam.

En 1954, tras concluir sus estudios en el norte de Virginia en un colegio episcopaliano, religión que profesaba, entró en la Academia Naval, por donde habían pasado su abuelo y su padre. Su primer destino fue en Pensacola, Florida, y luego Corpus Christi, Texas. Allí se formó como piloto y tuvo el primero de varios accidentes aéreos, de los que siempre salió ileso.

Comenzaban los años sesenta, una década convulsa para Estados Unidos que McCain presenció vestido de uniforme y recién casado. En 1965 contrajo matrimonio con Carol Sheep, una joven modelo de Pensilvania. Adoptó a sus dos hijos de tres y cinco años y poco después tuvieron una hija biológica. En dos años la vida de John McCain había cambiado mucho. Y lo seguiría haciendo todavía más a partir de entonces. A los dos meses de su estrenada paternidad solicitó un destino de combate y fue enviado al buque USS Forrestal, donde pilotaba un avión A4 Shyhawk.

Capturado en Vietnam

El 26 de octubre de 1967, a sus 31 años, McCain realizaba su misión número 23, en Hanoi. Un cohete antimisiles derribó su avión cayendo al lago Truc Bach. Sufrió graves heridas en las piernas y se rompió un brazo. Pero lo peor estaba por llegar. Quedó inconsciente y fue capturado por el ejército norvietnamita, no sin antes ser golpeado, pateado y torturado. La culata de un rifle le dislocó un hombro y su pie izquierdo fue destrozado por una bayoneta de uno de sus captores.

La prisión de Hoa Lo Prison, conocida irónicamente como Hanoi Hilton, fue su nuevo destino, donde fue interrogado y torturado en una pequeña y húmeda celda. McCain se negó a ofrecer información sobre su misión y su identidad, pero el ejército norvietnamita descubrió que era el hijo del comandante en jefe de las fuerzas estadounidenses en el Pacífico, lo que suponía un gran golpe de efecto para su propaganda. El Gobierno de Hanoi ofreció al joven McCain ser liberado a cambio de reconocer que Estados Unidos había cometido crímenes de guerra. Pero McCain se negó y, siguiendo el código militar que establece que los prisioneros deben ser liberados en el orden en el que son capturados, rechazó su libertad. Ese gesto le supuso cinco largos años de prisión, de golpes y de torturas en el Hanoi Hilton. En su celda, de dos por dos metros, padeció frecuentes golpes de bayoneta en los tobillos, junto con largas y dolorosas sesiones en las que era colgado durante horas por las muñecas.

Cuando el 15 de marzo de 1973 fue liberado su historia le convirtió en un héroe nacional. Caminaba con muletas y fue recibido por el presidente Nixon. Fue reconocido con numerosas condecoraciones como la Estrella de Plata, la Legión de Mérito, la Cruz de Aviación por Servicio Distinguido, la Estrella de Bronce o el Corazón Púrpura.

Su segunda carrera como servidor público

En 1976, ya en casa, ocupó un puesto que sería decisivo para su carrera política. Se convirtió en el enlace de la Marina con el Senado, lo que le permitió conocer desde dentro la maquinaria de Washington. Como reconocía el propio McCain comenzaba aquí su entrada «en el mundo de la política y el inicio de su segunda carrera como servidor público».

En su vida personal fueron años difíciles que tuvieron como consecuencia la ruptura de su matrimonio. Poco después conoció a una joven de Arizona, hija de un rico empresario, con quien contrajo matrimonio posteriormente y le convenció para mudarse a su estado. Allí en Phoenix se instaló y tras trabajar en la compañía de su suegro, Hensley Co, gran distribuidora de marcas como la cerveza Budweiser, comenzó a preparar su primera campaña electoral. En 1982 se presentó a la Cámara de Representantes por el primer distrito de Arizona. Consiguió importantes apoyos de la clase empresarial y política del estado y ganó. Dos años después consiguió la reelección. En 1986, uno de los iconos del Partido Conservador, originario de Arizona, Barry Goldwater, se retiró y John McCain se presentó como candidato al Senado. Se enfrentó a Richard Kimbal, demócrata y también muy querido en Arizona. Pero McCain logró el 60% de los votos, frente al 40% de su rival. Comenzaba así su larga carrera como senador.

Durante esos años su familia siguió creciendo: tuvo tres hijos con su nueva esposa y en 1991 decidieron adoptar a una niña de tres meses del orfanato de la Madre Teresa de Calcuta. Por tanto, McCain ya era padre de siete hijos.

Como senador fue reelegido en cinco ocasiones, en 1992, 1998, 2004, 2010 y 2016. En esos años presidió los comités de Comercio, Ciencia y Transporte y el de Asuntos Indígenas, entre otros. Además, participó activamente en el Comité de Relaciones Exteriores, uno de los más importantes. Desde su asiento McCain se granjeó la imagen de opositor a la línea dura de su partido, lo que siempre le ha generado una gran aceptación entre los votantes moderados e independientes.

En 2000 John McCain se lanzó a la carrera por la nominación republicana, pero tenía enfrente a George W. Bush, quien lanzó contra él una campaña no muy limpia, que a la larga acabó con sus aspiraciones. Su campaña de 2000 fue un primer modelo del uso de Internet, al generar una amplia red de seguidores por todo el país a través del correo electrónico, que años después siguió viva. En 2004 McCain apoyó sin reservas al presidente Bush y en 2008 fue el elegido por su partido para hacer frente a Barack Obama. Su derrota dejó huérfano al Partido Republicano, que diez años después sigue sin encontrar su rumbo.

McCain también será recordado por su mal genio y sus declaraciones polémicas y, cómo no, por su sentido del humor. En la campaña presidencial de 2008, con 71 años, le preguntaban que si su edad sería un problema para ganar la presidencia. Su respuesta siempre era la misma: que le preguntaran a su madre, Roberta McCain, de 93 años por entonces, si su hijo era viejo. El pasado mes de febrero John McCain celebró el 106 cumpleaños de su madre, que una vez más le ha acompañado durante los últimos meses en una batalla que no ha podido vencer antes de partir a su nuevo destino.

Publicado en El Confidencial el 26 de agosto de 2018.

Las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea para firmar un acuerdo se encuentran en un punto de inflexión. El cambio drástico causado por la política exterior del presidente Trump y la actitud positiva de los Gobiernos de Argentina y Brasil dinamizaron el proceso de negociaciones después de una década de letargo. Las diferencias en los capítulos negociados no deberían obstaculizar la concreción del acuerdo.

La llegada del presidente Donald Trump a la Casa Blanca ha generado un cambio radical en las relaciones internacionales a nivel global. Su promesa de volver a Estados Unidos grandioso otra vez derivó en un cambio fundamental en la diplomacia internacional. Tanto es así que la canciller alemana Angela Merkel reconoció el hecho de que el aliado de antaño al otro lado del Atlántico ya no es confiable. Esto a su vez imprimió un dinamismo tal a las relaciones entre el Mercosur (Mercosur) y la Unión Europea (UE) como no se veía en una década. Nuestros colegas diplomáticos en las capitales europeas empezaron a mediados del 2017 a conversar más decididamente con nosotros sobre el acuerdo entre ambos bloques y se animaron a dar fechas tentativas para la firma. Incluso se mencionó a la cumbre de la Organización Mundial de Comercio realizada en Buenos Aires en diciembre de 2017 como circunstancia acertada para anunciar el acuerdo entre ambos bloques y dar una señal al mundo de que el multilateralismo está vigente y es la forma más adecuada de asegurar una mejor calidad de vida para los seres humanos. Este dinamismo se vio reforzado por el cambio de actitud de Argentina con la llegada del presidente Macri y de Brasil con el presidente Temer.

Sin embargo, esta euforia se fue enfriando en el 2018, ya que los avances en las negociaciones se estancaron. La directora general de Integración y Mercosur del Uruguay Valeria Csukasi sostuvo, después de las rondas de julio en Bruselas, que «no hubo movimiento del lado de la UE; no hay nada que haya pasado en Bruselas que nos haga sentir que estamos más cerca de un acuerdo, y no por el Mercosur, sino porque no hubo movimientos del lado de la UE». El canciller argentino Jorge Faurie fue un poco más optimista al sostener que el acuerdo podría firmarse en setiembre, fecha en que habrá una reunión de ministros del Mercosur con los comisarios europeos de Comercio, Cecilia Malstrom, y de Agricultura, Phil Hogan. Lo concreto es que el momento para finiquitar este acuerdo está llegando a su punto de inflexión, ya que el Mercosur ha iniciado negociaciones para acuerdos comerciales con Canadá, con la Asociación Europea de Libre Comercio EFTA, y está próxima a negociar con Singapur y Corea del Sur.

Veamos los números del comercio internacional entre ambos bloques para conocer mejor lo que se está negociando (elaboración propia, con datos de la Comisión Europea):

Principales socios comerciales del Mercosur, 2017

Principales socios comerciales de la UE, 2017

Mientras que la UE representa el 20,3 % del total del comercio internacional del Mercosur, constituyendo el segundo socio comercial más importante, el Mercosur es solo el décimo socio comercial de la UE, con un 2,2 % del volumen total. El 72,1 % de las exportaciones del Mercosur constituyen productos primarios (productos agrícolas, combustibles y minería) y el 23,4 % son manufacturas (hierro y acero, químicos, otras manufacturas, maquinarias y equipos de transporte). Las exportaciones de la UE hacia el Mercosur denotan un comportamiento contrario: el 83 % representan las manufacturas y el 13,4 % los productos primarios. Entonces, ¿dónde se encuentra el cuello de botella? Veamos a continuación algunos puntos en donde existen diferencias de criterio.

El sector agrícola es prioridad para el Mercosur pero no para la UE. La cuota propuesta por la UE en carne vacuna es de 99.000 toneladas por año, es decir, no hay aumento de la cuota existente, solo se propone liberación de aranceles. El consumo total de carne de la UE es de aproximadamente 8 milones de toneladas al año, una cuota de 160.000 toneladas como la solicitada por el Mercosur representaría apenas un 2 % del consumo.

Otro rubro en donde no hay acuerdo es en el etanol, en donde a pesar de que las acusaciones de dumping hechas por la UE fueron rechazadas por la Organización Mundial de Comercio, las cuotas siguen sin aumentarse.

El sector automotriz es prioridad para la UE. La regla de origen solicitada por la UE fue aceptada por el Mercosur y será del 45 % (dentro del Mercosur rige el 50 %), pero Brasil solicitó un periodo de transición de más de 10 años para ajustar su estructura industrial. La dependencia económica de algunos países de la UE es muy alta; en Alemania uno de cada cuatro euros de ventas de la industria manufacturera proviene del sector automovilístico.

Las indicaciones geográficas o denominaciones de origen son uno de los puntos más reclamados por la UE; sin embargo, aquí se podría llegar a un acuerdo utilizando el modelo acordado con México, que permite disipar cualquier duda a los consumidores a través del etiquetado correcto que indica de dónde vienen los productos.

La UE ha dado muestras de querer aumentar las cuotas de carne a cambio de tener un acceso preferencial a los servicios y contrataciones públicas del Mercosur, lo que podría dar acceso a 60.000 empresas europeas a estos rubros. Sin embargo, algunos miembros del Mercosur ven esto como una amenaza para sus empresas locales.

La misma complejidad de la negociación es un obstáculo al acuerdo. La UE está compuesta por 27 miembros y el logro de una concertación de intereses se ve complicado por la cantidad de actores con distintos desarrollos relativos, en donde algunos son más agrícolas que industriales, otros se concentran más en servicios, otros en tecnologías. Por otra parte, el Mercosur se caracteriza por una gran asimetría entre sus miembros, en donde los dos grandes socios Argentina y Brasil muchas veces imponen sus intereses a los más pequeños. Aun así, un acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea es perfectamente realizable en el esquema win-win-situation, siempre que para ello exista la voluntad política requerida.

En el Uruguay, como en la mayoría de los países de América Latina, el problema de los residuos tiene dimensión nacional pero se resuelve localmente. Claramente las soluciones referidas al reciclaje y la disposición final están localizadas en aquellos territorios que poseen conciencia ambiental, y sobre todo capacidad para implementar acciones efectivas, convergentes y permanentes.

«Solamente el ser humano tiene la facultad de concebir lo ideal
y añadirlo a lo real». E. Durkheim

En el caso concreto del reciclaje, el departamento de Flores viene recorriendo su propio camino y se destaca en el contexto de la región. Lo que comenzó siendo una pequeña planta de tratamiento (pelletización) de envases de agroquímicos (en épocas del boom sojero) se convirtió ahora en la empresa ancla de un ecoparque industrial destinado a ofrecer infraestructura y servicios para la radicación de nuevos emprendimientos. Este parque de empresas de reciclaje fue concebido en la Dirección de Promoción y Desarrollo de la Intendencia de Flores y cuenta ahora con financiamiento conjunto del gobierno local y del Programa de Competitividad Territorial de la Agencia Nacional de Desarrollo y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Nuestros socios son el Centro Tecnológico del Plástico y la asociación civil Campo Limpio.

Desde que lo iniciamos, hace más de diez años, este camino no ha estado exento de dificultades; no obstante, y teniendo en cuenta que, como alguien dijo una vez, los obstáculos son cosas que las personas ven cuando dejan de pensar en sus metas, podemos decir que jamás perdimos de vista el objetivo de hacer de Flores un departamento referente en la industrialización de residuos plásticos, y promover así una economía circular, inclusiva y ambientalmente responsable.

Ahora bien, ¿cuáles han sido las claves de este trabajo?

En primer lugar, reconocer que desde lo local siempre es posible y necesario «hacer algo». Aun en situaciones donde las competencias de los gobiernos departamentales no estén claras en esta materia, hay que recordar aquello que decía Anthony Giddens en La política del cambio climático (Alianza Editorial, 2009) acerca de que muchas cuestiones ambientales deben ser planteadas de abajo hacia arriba, ya que «especialmente cuando actúan juntos, los dirigentes locales, regionales y municipales pueden ejercer una gran influencia en la política del gobierno central». Entonces, cualquier gobierno local que se precie de moderno y responsable no puede quedarse de brazos cruzados frente al problema de la basura, ni mucho menos esperar que la solución caiga de arriba. Hay que implicarse desde la base, pues a las causas ecológicas se suman los factores sociales y de oportunidades económicas que no se pueden seguir desperdiciando.

En segundo lugar, pasar de la sensibilización teórica a la actuación práctica. En la actualidad existen muchos seminarios, talleres, encuentros y capacitaciones vinculadas al tema medioambiental en general, y de los residuos en particular, lo cual se ha agudizado además con el surgimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Pero sucede que cuando estamos en un gobierno departamental nuestro trabajo no consiste únicamente en asistir a esas instancias formativas, sino que llega un momento en que debemos «tirarnos al agua» y pasar a la acción.

Nuestro trabajo es hacer que las cosas sucedan. Fue así que un día construimos un galpón, compramos máquinas, contratamos expertos, diseñamos una logística de recolección de residuos, los transformamos, identificamos negocios y creamos empleos decentes para quienes hasta entonces hurgaban en la basura. Se trata de una cadena de acontecimientos que sucede cuando hay voluntad política, capacidad técnica y recursos financieros y operacionales.

Con mucho orgullo podemos decir entonces que aquellos que antes parecían no tener otra ocupación que el informalismo de la basura, hoy son trabajadores de planta que han adquirido oficios, han conquistado derechos y han recobrado la autoestima.

En tercer lugar, ocuparse todos los días y por un largo período. Desarrollar estos emprendimientos no equivale a instalar una línea de montaje y sentarse a monitorearla esperando los resultados; por el contrario, se trata de un proceso de transformaciones y adaptaciones permanentes a una realidad que de por sí es compleja, cambiante e interdependiente. Por eso, todos los días hay que encarar limitaciones, entender problemas, buscar alternativas y hacer que las intervenciones sean eficientes y efectivas. Todo esto se torna difícil de explicar cuando todavía algunos organismos financiadores creen que las políticas públicas se implementan a través de marcos lógicos y proyectos cerrados, como si manejáramos «máquinas triviales», al decir de Edgar Morin.

Finalmente, este artículo no estaría completo si omitiera reconocer que aún hay materias pendientes en Flores, como lo son la disposición final, el tratamiento de efluentes de las empresas, la competitividad de los productos finales, y cada día que pasa se suman nuevos desafíos. Más incompletas aún estarían estas líneas si tampoco dijera que para resolver esas materias pendientes hace falta más inversión, más recursos humanos calificados, menos política sin propósitos y menos cortoplacismo. Solo así estaremos en condiciones de añadir lo ideal a lo real.

A medio siglo de una de las revueltas más significativas dentro del socialismo real cabe preguntarse acerca del legado checo para el pensamiento político contemporáneo. ¿Puede el comunismo reformarse?

Cuando las columnas de tanques soviéticos entraron en Praga, ante la gallarda y pacífica resistencia de la población checoeslovaca, se imponía un velo de acero sobre las reformas intentadas por Alexander Dubček. El líder comunista del país eslavo había iniciado desde abril un paquete de reformas conocidas como socialismo con rostro humano (‘socialismus s lidskou tváří’, en checo), intentando dar cuerpo a la ola de descontento y apertura económica y cultural que demandaba esa sociedad. Esta apertura, conocida como la Primavera de Praga, cumple cincuenta años, y nos sirve para recordar a los millones de víctimas del socialismo marxista, así como la tarea contradictoria de intentar aperturas desde aquel.

Checoeslovaquia (hoy dos Estados: Eslovaquia y República Checa o Chequia), fue uno de los pocos países del este de Europa donde la democracia parecía poder sobrevivir al autoritarismo de entreguerras, y donde parecía haber posibilidades de pluralismo bajo un sistema socialista. Si bien los comunistas y socialistas habían alcanzado el poder en 1948 con decidido apoyo soviético, había aún una importante sociedad civil de letrados, emprendedores y clérigos superviviente de los tiempos de la invasión nazi. Pero la imposición estalinista inicial asfixió esta iniciativa, generando presiones internas hacia una mayor participación y apertura.

El programa de Dubček, visto contemporáneamente, podía parecer bastante tímido: considerando que ya no había oposición esencial contra el socialismo checoeslovaco, podía pasarse a una etapa madura e independiente. En esta etapa sería menos necesaria la censura a la prensa y podían limitarse los comisariatos ideológicos, eran posibles las libertades de expresión y de tránsito, una mayor participación local en las decisiones del partido y el Estado, y mayores libertades de iniciativa económica, comercio y consumo. Así mismo, se buscaba un límite a la influencia política de los organismos de consejo, control, policía e inteligencia, así como de sus acciones represivas. En efecto, para la URSS era una posición inaceptable, ya que sacaba del juego a los consejeros soviéticos y a los cuadros locales fieles a Moscú, y disminuía también el poder central del partido comunista checoeslovaco KSČ.

La popularidad de las reformas no se hizo esperar pero, pese a la esperanza que suscitaban, estaban condenadas por una contradicción interna. Al indicar que se trataba de un socialismo con rostro humano, Dubček reconocía la rudeza de los veinte años de posguerra, si no la frialdad esencial de la arrogante planificación centralizada del modelo soviético. Sin embargo, al no romper con el ideal socialista en términos claramente democráticos, no consolidó suficiente poder para repeler la injerencia externa, con la cual no estaba enteramente decidido a romper. La lógica de control inherente al método marxista-leninista impone límites a cualquier ansia de apertura.

Por eso, para el socialismo soviético el loable y pacífico reformismo de la sociedad checoeslovaca era un reto inaceptable. Apoyado en la Declaración de Bratislava de los países signatarios del Pacto de Varsovia, la URSS inició la invasión e impuso lentamente el fin del breve gobierno de Dubček, quien fue retirado a otras labores burocráticas. La imagen de los estudiantes y civiles checoeslovacos debatiendo con las tropas rusas fue quedando en el olvido, a medida que se acrecentaba la represión «normalizadora». Actos heroicos, como la inmolación del joven Jan Palach o los artículos de Milan Kundera y Vaclav Havel, tuvieron más repercusiones en Occidente que en la propia Checoeslovaquia. Los socialistas checos fueron ejemplo discordante para muchos comunistas en Occidente, quienes se sacudieron en su fidelidad a Moscú, planteando reformas que los acercarían a la socialdemocracia y ayudarían a inclinarlos a las transiciones hacia regímenes abiertos. En el mundo socialista, la respuesta apuntó más a las críticas de otros modelos hacia lo que alternativamente era visto como anquilosamiento o revisionismo soviético. Los intentos de reforma interna posteriores se limitaron desde entonces a inconsistentes experimentos económicos, hasta el quiebre definitivo de mucho de estos regímenes dos décadas más tarde.

Con la Revolución de terciopelo de 1989, el propio Dubček volvería a cierta preeminencia política, recordado generosamente por su intento de cambio, pero sin poder canalizarlo hacia una simple reforma. Los checoeslovacos, así como todas las naciones de Europa Oriental, no querían ya el socialismo con rostro humano. Querían su libertad.