En abril del 2013, apenas un mes después de su nombramiento al solio de Roma, el papa Francisco consultó al prefecto de la Congregación de la Doctrina para la Fe para que pusiera el nihil obstat (visto bueno) a la causa de canonización de monseñor Óscar Arnulfo Romero y devolverla así a la Congregación para las Causas de los Santos. A la vez mandó a llamar al postulador vaticano solicitándole que reactivara el proceso. Es decir, el primer papa latinoamericano puso entre las prioridades de inicio de su pontificado ese asunto que había sido congelado por los dos papados anteriores.

El propósito del papa Bergoglio, antes que nada, fue entonces desagraviar a monseñor Romero como Iglesia católica institucional frente al entero pueblo católico de El Salvador. El 30 de octubre del 2015, con Monseñor ya beatificado, el papa Francisco se dirigió a los peregrinos salvadoreños en la Sala Regia en el Vaticano de esta forma: «El martirio de monseñor Romero no fue puntual en el momento de su muerte, porque una vez muerto —yo era sacerdote joven y fui testigo de eso— fue difamado, calumniado, ensuciado; incluso por hermanos suyos en el sacerdocio y en el episcopado».

Más allá de los católicos laicos que lo mandaron a matar, de hecho las hostilidades hacia Monseñor en vida se prolongaron, ya fuera en el interior de la Iglesia salvadoreña (prohibiendo, por ejemplo, que se hablara de él o que aparecieran imágenes suyas en los templos), o en la curia romana, donde su causa era frenada.

No es casual que en la primera etapa de la canonización monseñor Romero haya sido declarado beato en cuanto mártir in odium fidei; es decir, por primera vez en la historia de la Iglesia, asesinado como católico (además arzobispo) por católicos a su vez.

Romero no era un político; pero sus discursos, al lado de los pobres y por una justicia social, tenían consecuencias políticas. Y, como tuve la oportunidad de escuchar de su vicario monseñor Ricardo Urioste, «lo mataron como a Jesús, tildándolo de político también».

Los escritos y las homilías de Monseñor fueron examinados con lupa por años por los eclesiásticos en la Santa Sede. Concluyeron que Romero, en circunstancias históricas sumamente difíciles, había seguido nada más que la doctrina social de la Iglesia, enriquecida por los conceptos del Concilio Vaticano II, que la iglesia latinoamericana, con Medellín, sintetizó en la opción preferencial por los pobres. Hasta que monseñor Romero terminó siendo el primer mártir del Concilio.

Y tampoco es casualidad que Francisco haya canonizado a Romero junto con el papa Pablo VI, que concretó la idea del Concilio de Juan XXXIII. Y que además fue el único papa que apoyó a Monseñor en vida.

Por eso la santificación de Romero hace parte integral del relanzamiento del papa Francisco del mismo Concilio Vaticano II en cuanto a compromiso del cristiano en la vida política y social; retomando además el ecumenismo, la sinodalidad en la toma de decisiones y la reforma de la curia romana.

El teólogo jesuita alemán Martin Mayer hasta llegó a afirmar recientemente que «la canonización de monseñor Romero es el paradigma del pontificado de Francisco».

Ahora el gran desafío es que el martirio de San Óscar Romero no continúe; sea por obra de eclesiásticos (donde quiera que estén) o de los laicos, especialmente de El Salvador. Porque entre los que no tuvieron de otra que asumir su canonización, no faltan quienes se empeñan ahora en convertirlo en un santito inocuo solamente para rezar y no como un ejemplo también para seguir, como fue desde un comienzo la intención del papa Bergoglio.

Y la prueba más clara de esta voluntad Francisco la dio en la audiencia especial para los salvadoreños en la Aula Pablo VI en Vaticano el lunes siguiente a la santificación de Romero, cuando, para sorpresa de todos (eclesiásticos incluidos) llamó a su lado a la que fue la asistente de Monseñor en los últimos ocho años de su vida, Angelita Morales, que hoy vive olvidada con su hija en un tugurio de un barrio pobre de San Salvador: «una persona muy humilde que lo ha acompañado, que lo ha seguido, que estuvo cerca de él […] en ella pongo la representación del pueblo de Dios». Con este gesto el papa Francisco terminó su reparación y desagravio hacia monseñor Romero y a su pueblo pobre, al que le dio voz, que fue mártir con él y que desde la noche misma de su asesinado lo consideró su santo.

Para concluir esa reflexión, siendo que todos los protagonistas y los herederos del escenario nacional en el tiempo de Monseñor y en la posguerra civil siguen siendo en gran parte católicos, resultaría coherente pasar de lo político-religioso a lo político. Me refiero al auspicio primordial para este sufrido país y el subcontinente entero, que el papa Francisco así sintetizó en su discurso con los salvadoreños: «El recuerdo de san Óscar Romero es una oportunidad excepcional para lanzar un mensaje de paz y de reconciliación a todos los pueblos de Latinoamérica».

Casi que el pontífice se puso a la orden (como ya lo hizo en su momento con Cuba, Colombia y Venezuela) sus buenos oficios para que antes que nada El Salvador de Romero se reconcilie. Pero para esto se necesita que los actores políticos históricos (Arena y el FMLN), junto con nuevos emergentes, salgan de la parálisis de siempre, para sentarse y fijar una agenda nacional. Y que la jerarquía católica salvadoreña, a partir del cardenal Gregorio Rosa Chávez (elevado a purpurado quizás para esto también) tome iniciativa para propiciar un diálogo nacional.

En ese sentido, si la canonización de monseñor Óscar Romero no fructificara sería un gravísimo y culpable desperdicio. Porque además Monseñor todo lo dijo en sus seis volúmenes de homilías sobre lo que El Salvador necesita para que tenga un futuro de paz…

Un intercambio que ha dejado una huella, que modificó nuestras estructuras y perspectivas del ejercicio público y los vínculos humanos.

Conocer más sobre Alemania y su impacto en lo político, público y demócrata humanista, seguirá siendo un factor de acción en nuestro quehacer. Regresamos a casa con satisfacción y amor a nuestros países, además de admiración por quienes construyen a lograr el bien común entre las naciones. Un intercambio que ha dejado una huella, que modificó nuestras estructuras y perspectivas del ejercicio público y los vínculos humanos.

Dieciséis jóvenes de Latinoamérica nos encontrábamos rumbo a una de las mejores experiencias antes vividas que marcarían nuestras vidas. Todos integrantes de la red de becarios del Programa Regional Partidos Políticos y Democracia en América Latina conocimos sobre la cultura política de Alemania, las estructuras partidarias juveniles, así como lo que viven los legisladores día a día en el antiguo continente.

En nuestro paso por Berlín, la capital de Alemania, una ciudad que llamó mi atención por su arte en todo sitio, cualquier edificio contaba con muestras de arte contemporáneo y de todo estilo en sus espacios, la metrópoli de la libertad de expresión y uno de los dieciséis estados federados alemanes. Ahí fue donde comenzamos nuestra aventura.

Visitamos la sede matriz de la Konrad Adenauer Stiftung, conocimos el trabajo que se realiza y el impacto que este genera en el mundo y la democracia en aras de consolidar la paz y la libertad, construyendo con ello un continuo diálogo sobre política exterior, así como el intercambio entre las diversas culturas y religiones.

Estuvimos en la sede de la CDU, un impresionante edificio con la solidez que requiere una institución partidista que ha construido una de las mejores potencias a nivel mundial, mucho el trabajo que se realiza con la población alemana, de ideas y de batallas ganadas.

Las instituciones de partidos políticos son un espacio para servir, un puente y un hogar donde aprendes a ser voz y decidir por muchos. Eso es lo que creo que es y hace el servicio público y grande el trabajo que realiza la canciller Angela Merkel.

Conversamos con Danny Freymark, un joven diputado regional, impregnado de cariño por su nación y su ciudad natal, quien nos contó paso a paso su labor y la auténtica cercanía con la población de su distrito.

Las características genuinas de los integrantes del viaje cada día se hacían notar. Las diferencias en el lenguaje hispano y costumbres de nuestros países con el paso de los días hacían ver con sus particularidades, los acentos, el reflejo de una pluralidad mayúscula y las coincidencias, visibles en todos lados, en las historias de vida, la actividad política humanista, las tradiciones, lo político y los hábitos.

Conversamos también con el Dr. Ozcar Nierdermaier, quien nos acercó un diagnóstico del comportamiento electoral, en las instalaciones de la Universidad Libre de Alemania.

Desde un análisis académico, basado en una interpretación de estudios estadísticos electorales de los últimos tres años de todos los partidos, el profesor enmarcó los hechos que habían generado disturbios, declives y proclives de las tendencias en favor de algunos partidos radicales; las razones en las que se basan los electores para llegar a determinados votos y la fundación de los últimos partidos políticos, que surgen únicamente de acuerdo con las demandas sociales de actualidad.

Nos habló de los asuntos migratorios en la entidad, por lo que creo que importante trabajar en el reconocimiento absoluto de las ideas, pensamientos, credos y costumbres; ya que es vital para continuar en una dinámica de armonía en el espectro social de Europa y el mundo, que se encuentra polarizado por este fenómeno.

Las juventudes representantes de nuestros países nos encaminamos luego a Hamburgo, otro de los estados federados de Alemania, una ciudad donde la brisa del mar nórdico rozaba nuestras mejillas y el frío se hacía presente. Conversamos con otro legislador, Philipp Heissner, un joven que conversó con nosotros acerca de su labor en esa ciudad y un poco de lo que también realiza en la Junge Union.

Nos dio la premisa del maravilloso evento al que asistimos como delegación internacional, el Deustschlandtag 2018. Agradecemos la hospitalidad de Paul Ziemiak.

Conocer jóvenes de otros países, con las mismas intenciones de buscar fortalecer el bienestar de las familias en sus entidades, es la riqueza y experiencia que nos llevamos como jóvenes políticos que somos, la labor de impulsar cada política, programa o gestión en favor de su desarrollo.

Encontrarme tantas almas comprometidas con el desarrollo de ideas y valores me recuerda que el amor de la juventud a nuestras naciones también es universal.

De entre tanto, nuestra visita al país de la cerveza y la salchicha, el arte y la resiliencia, nos permitió ampliar el horizonte respecto a otras culturas y dinámicas sociales con relación a las que vivimos en América Latina, acompañados de las caminatas entre diversos espacios con árboles grandes y de hermosos paisajes.

Finalmente, con alegría y nostalgia nos despedimos. Partimos a nuestros países seguros de que nunca antes habíamos sentido tanta emoción al escuchar experiencias de otros sobre el ejercicio político, ni nos habíamos inundado de ganas por continuar fortaleciendo la democracia en nuestro continente.

Conocer más sobre Alemania y su impacto en lo político, público y demócrata humanista, seguirá siendo un factor de acción en nuestro quehacer. Regresamos a casa con satisfacción y amor a nuestros países, además de admiración por quienes construyen para lograr el bien común entre las naciones.

¡Somos jóvenes, somos activistas enamorados de nuestros orígenes!

Agradecemos el soporte que hoy nos unió, el vehículo promotor de armonía entre cada país e ideología. A la Konrad Adenauer Stiftung, a los programas regionales, a Kristin y a Soeren, que con esta experiencia no solo dejan un precedente, sino que marcan un parteaguas en nuestra forma de hacer política para nuestro país y para el mundo.

La irrupción de Bolsonaro es la individualización de la política. La política del miedo y el fracaso de la política (tradicional). Brasil y la región, en incertidumbre.

¿Qué sucedió o qué no sucedió en Brasil para que Bolsonaro se constituyera en la centralidad política del proceso electoral? ¿Por qué la novedad de Bolsonaro dice más de la forma de analizar los fenómenos de la representación y la democracia en Brasil, que del propio Bolsonaro?

Un punto de quiebre, sin duda, fue el proceso de impeachment contra Dilma Rousseff. Esta instancia marcó el inicio de un proceso de descenso en la calidad institucional de Brasil. La deslegitimación de la investidura presidencial vino acompañada de una nube de sospechas sobre el proceso de impeachment en sí mismo, lo que devino en la asunción de Temer como presidente de Brasil, con márgenes de popularidad inferiores al cinco por ciento. El resultado del impeachment contra Dilma fue el primer acto de campaña de Bolsonaro. Y la prohibición de la candidatura de Lula fue el segundo.

Bolsonaro y su equipo comprendieron la oportunidad electoral que ofrecía el sentimiento antipetista que se propagaba por Brasil, y definieron trazar una estrategia comunicacional para encarnar ese espacio político. En este punto Bolsonaro debió construir un relato que resultara electoralmente efectivo y lo hizo tomando el principio borgeano de «no nos une el amor, sino el espanto», para catalizar un conjunto contradictorio de voluntades políticas excluyentes entre sí. Ese relato político concentró a los desencantados del PT, demandas populares tradicionales como la seguridad, demandas de los sectores más nacionalistas y la promesa de una mejora relativa en los términos de inserción global de Brasil. Un relato embebido por el halo místico de la Iglesia pentecostal. Sin duda Bolsonaro leyó a Laclau: encontró en el antipetismo y la corrupción su significante vacío, y desde ahí, articulando una serie de cadenas de equivalencia, solo nos queda el interrogante de si podrá consolidar una hegemonía gramsciana.

«Orden y Progreso» reza la bandera de Brasil. Quizás este punto sea otro de los apoyos del bolsonarismo, porque el horizonte parece no ubicarse en un salto hacia adelante, sino que encuentra salida en el pasado. En esa tarea de reconstruir el pasado a partir del orden y el progreso, la tarea asociada es revertir el orden social que construyeron los gobiernos de Lula y Dilma. El paraíso bolsonarista, de existir, se encuentra en un orden social prepetista.

Parece cobrar sentido una nueva interpretación que aporta el jesuita Rodrigo Zarazaga, y que «la dinámica del odio acorrala a la democracia». El voto parece subvertir su valor consagratorio y, desde algunos sectores de la sociedad, toma una carga de castigo y va a parar al extremo opuesto de quien se responsabiliza por fracasos políticos anteriores.

Solo resta ver si el presidencialismo disperso del sistema institucional brasilero actúa como un dique o como un trampolín para un potencial hiperpresidencialismo autoritario de Bolsonaro en pos de dar una respuesta al problema social de la seguridad en los grandes centros urbanos.

El efecto Bolsonaro termina por relevar más interrogantes que certezas. ¿Los gobiernos que practican el extractivismo desarrollista necesariamente devienen en populismos de derecha? ¿Es posible salir de una crisis de legitimidad a partir de un personalismo extremo? ¿La corrupción es la variable explicativa de las crisis orgánicas que vive la política tradicional latinoamericana? ¿Es necesario que surjan Bolsonaros para que la centroizquierda haga autocrítica sobre la maduración de los procesos políticos? ¿Será el Brasil de Bolsonaro sinónimo de «Orden y Progreso»? Y así cobrará sentido el 18 Brumario de Luis Bonaparte: «¡Antes un final terrible que un terror sin fin!».

A 500 años de la Reforma Protestante, Taurus publicó Martin Lutero. Renegado y profeta, la historia de una vida que cambió el curso de la Iglesia y el orden del mundo.

Es la historia de un monje rebelde, que «acabó para siempre con la unidad de la Iglesia Católica». Martín Lutero, conocido por sus 95 tesis presuntamente clavadas hace 500 años en una iglesia, no era ni campesino ni burgués. Provenía en cambio de una remota zona minera en Alemania, cuya cultura, mitos y miedos impregnaron su pensamiento y explican algunas de sus características personales.

La biografía de Martín Lutero de Lyndal Roper nos ambienta en una época de grandes cambios; la irrupción del Nuevo Mundo y de la imprenta, la amenaza turca, la peste siempre acechante y los incendios que devastaban ciudades, los conflictos entre reinos cristianos y los pogromos de judíos, las luchas por la independencia de ciudades y los conflictos en el Sacro Imperio. Es el relato de un mundo violento y peligroso, en el que la fe daba seguridad y la Iglesia Católica Romana ordenaba la vida política y prometía salvación a cambio de obras y sacrificios.

La autora nos acompaña en un recorrido por una época hoy difícil de imaginar. Tal vez resulte extraño que Mansfeld, esa pequeña ciudad alemana en la que Martín Luder pasó sus primeros años, estaba en la periferia del Imperio, alejada del centro del poder en la lejana Roma. Para la minería era una época de «complejidad financiera acompañada de incertidumbre en las relaciones económicas, jurídicas y sociales” (p. 37). Allí estaban los riesgos inherentes a la actividad; «nada se interponía entre el minero y el desastre. Por cada uno, con suerte muchos otros lo perdían todo» (p. 45). «El minero siempre podía invocar a los santos, en particular a santa Ana. Pero al final, se enfrentaba solo a Dios» (p. 41). Esta soledad frente al Dios estará en el centro de la protesta de Martín. No habrá indulgencias ni obras, como tampoco intercesiones de una madre piadosa, que permitan evadir el encuentro con el Creador. De ahí también su rechazo al marianismo.

La vida de Martín es conflictiva desde el comienzo cuando, desobedeciendo el mandato paterno de una formación jurídica para apoyar el emprendimiento familiar, decide ir al monasterio. Allí comienza un periplo lleno de incertidumbres en el que, como los mineros, enfrenta la amenazante oscuridad en pos del metal precioso. Para la autora, este sentimiento de desamparo, esta soledad total, es clave para entender al monje que buscaba un contacto directo con Dios y que creía que las Escrituras eran la fuente única de conocimiento.

El apogeo es su rechazo de la venta de indulgencias, «que convertía un ejercicio espiritual en una transacción económica» (p. 13). Con esto atacaba las fuentes de financiación de la institución más importante del Occidente medieval. Al cuestionar la autoridad del papa y la salvación colectiva, y dar a cada creyente la autoridad de leer e interpretar por sí mismo las Escrituras, este monje agustino provoca un terremoto teológico pero también político y social. Martín opta por la libertad y su búsqueda culmina con la adopción del nombre Eleutherius (‘opción por la libertad’). En el cambio del nombre culmina también su distanciamiento del padre.

Sale en defensa de su madre, que trabajó en los baños públicos, y sufre el acoso de algún polemista católico deseoso de desprestigiar al reformador queriendo demostrar que era vástago del demonio. Esto muestra también la virulencia en los enfrentamientos religiosos, que una y otra vez terminaban en ataques a los judíos.

En el final de su vida y enfermo, Lutero vuelve al lugar de su nacimiento, ahora muy teñido de conflictos entre sus seguidores y la Iglesia católica. Al punto de que la capilla tenía dos puertas, una para cada grupo. Y la actividad minera descendía y colapsaba finalmente, ya que «los productores de plata alemanes no pudieron hacer frente a la competencia que suponía la plata del Nuevo Mundo» (p. 39).

Lutero ya no se recupera y fallece. Tuvo una buena muerte, acompañado de su familia y seguidores. El renegado y profeta había sido un excelente divulgador de sus ideas utilizando la lengua vernácula y la imprenta. Supo usar habilidosamente redes de contactos. Con su Biblia alemana utilizó una prosa “que convirtió a la lengua alemana en el alemán coloquial que conocemos hoy» (p. 435). Tal vez por eso no sorprenda que la autora considere su muerte como un «evento mediático» (p. 420). Poco después tenían lugar el Concilio de Trento y la Contrarreforma (año 1545). La separación es definitiva y el mundo cristiano cambiará para siempre.

Roper ve en Lutero un «héroe difícil por la virulencia de su argumentación y su retórica escatológica. Lutero es autoritario, intimidante, inconformista, aunque también abierto, honesto y dispuesto a arriesgar todo. Desconfiaba profundamente de la razón; creía que la duda era inseparable de la fe» (p. 436). Su rechazo por el monacato ascético y la limosna eran viscerales. La autora advierte que su concepción sobre libertad y conciencia no son lo que pensamos hoy (p. 437). Su mensaje es susceptible de múltiples lecturas y tal vez por eso fue seguido por tan diferentes personalidades de la época. «El genio de Lutero consiste en haber sabido atraer a todos ellos, aunque cada uno oyera algo diferente en sus palabras» (p. 434).

Lyndal Roper es autraliana. Se formó en la Universidad de Melbourne, la Universidad de Tubinga y el King’s College de Londres. Es la primera mujer que accedió al título de Regius Proffesor en la Universidad de Oxford. Se define como historiadora de la religión y formada «por el movimiento feminista». Es autora de numerosos libros sobre brujería. La versión española contiene una selección de ilustraciones y láminas que contribuyen a la comprensión de una época lejana y hacen amena la lectura. La obra puede ser leída de un tirón y seguramente será consultada numerosas veces.

Ficha técnica

Martín Lutero. Renegado y profeta
Lyndal Roper. Traducción de Sandra Chaparro
Taurus. Barcelona, 2017
640 páginas
ISBN 978 8430618637

Tras una holgada y casi decisiva victoria personal en la primera vuelta, el diputado y militar retirado Jair Bolsonaro se encuentra a las puertas de Planalto. Más allá de los retos de gobernar al gigante suramericano, cabe plantearse la causa profunda de esta emergencia electoral.

La mayoría de las encuestas parecen converger en un resultado cantado: Fernando Haddad, el limitado candidato del tóxico Partido de los Trabajadores, no llegará a consolidar una mayoría contra Jair Bolsonaro, quien supera cómodamente la meta mínima en todos los sondeos. Esto podría ser atribuido a la dinámica habitual de los sistemas políticos: la fatiga hacia un partido impopular en medio de una recesión económica impone un cambio. Pero este no es un cambio cualquiera.

Bolsonaro, con quien la dinámica global de las derechas antisistema alcanza a América Latina, no es la mera corrección conservadora al giro populista de la región. No es un Piñera, un Macri o un Duque, quienes están en el flanco derecho de sus respectivos sistemas democráticos, sino un impugnador de toda la institucionalidad regional. Ideológicamente, podemos señalar como alarmantes su propensión a la declaración machista o la celebración de la tortura, y la nostalgia por la dictadura militar, pero lo clave es su rechazo a lo que se presume que son las consecuencias de la democracia: delincuencia, igualitarismo, demagogia a favor del débil. ¿Será esta una radicalización reaccionaria?

Una mirada superficialmente electoralista de la pasada primera ronda presidencial del Brasil, arroja un resultado notable. Por una parte, resalta a nivel nacional la volatilidad del sistema de partidos brasileño, que parecía haberse consolidado durante los tres ciclos anteriores hacia un bipartidismo con dominio del PT sobre el PSDB, partidos cuyo caudal electoral se ha reducido a mínimos históricos. Por otro lado, los votantes de Bolsonaro aparecen mayoritarios a través de los distintos estratos y regiones del país, con ligeras desventajas entre las mujeres y las zonas rurales del Nordeste. Su partido, el Social Liberal, ha adoptado por completo la plataforma e ideología de su carismático candidato, emergiendo desde la oscuridad para sumar una pluralidad de curules.

Sería así irónico que, pese a este panorama de apoyo popular, los votantes de Bolsonaro solo vayan a reforzar su escepticismo hacia el sistema democrático. No solo carece de una mayoría en las Cámaras legislativas —los tres primeros partidos no alcanzan ni siquiera un cuarto de los escaños—, sino que enfrenta a una burocracia relativamente autónoma y a un Poder Judicial que no tiene remilgos hacia el Ejecutivo. No es así extraño que el antiguo paracaidista haya planteado revisar los límites de la Constitución.

Y aquí aparecen las dos causas del surgimiento de Bolsonaro. Por un lado, la decepcionante experiencia de la democracia brasileña, ante la cual el paréntesis del sensato mandato de Fernando Henrique Cardoso parece una excepción remota. La tímida y tutelada transición brasileña rápidamente dio lugar al escandaloso experimento neopopulista de Collor de Melo. La expectativa de un gobierno progresista liderado por Lula Da Silva fue consumida por su tolerancia hacia los peores regímenes del continente y su complicidad activa con la red de corrupción más grande de la historia de la región. Y, pese a la apariencia de severidad institucional, la salida del impeachment sobre Dilma Rousseff por un Congreso igualmente rechazado y condenado solo corrió la arruga.

Por otro lado, es preciso recordar que Brasil siempre ha estado más a la derecha de su región. Monárquica, esclavista y bajo control de oligarquías cariocas y paulistas, alcanzó apenas la Velha República y la igualdad liberal casi en el siglo XX, y su limitada democracia electoral siempre tuvo una presencia importante de militares desarrollistas (así como la presencia socialmente conservadora y muy levemente democrática de movimientos cristianos). Las encuestas regionales siempre mostraban en Brasil un apoyo menor a los gobiernos abiertos, mientras que la abstención electoral del país ha sido siempre notoria. Bolsonaro se arropa en una saudade dictatorial y en la angustia social de sus compatriotas, siendo hoy el ruidoso vocero de un clamor autoritario muy arraigado.

La existencia generalizada de los valores del pluralismo democrático junto con instituciones que puedan canalizar cualquier conflicto son requerimientos básicos para mantener la democracia. La tragedia de Brasil es que no cuenta con ninguno, y parece que sus élites prefieren enfrentar la incertidumbre de Bolsonaro —que haberse planteado el esfuerzo de concertar una alternativa viable—, esperando que apenas sea un autoritarismo eficiente, mientras que los sectores populares se dividen entre la fe, la resignación y el resentimiento por ser despojados de ventajas incipientes.

Como fuese, no será un gobierno que genere indiferencia, ante la alarmante tendencia global de rechazo a las sociedades abiertas.

Siendo lo mejor posible 1 (uno), el IDH de Argentina es de 0,825. Pero en este caso los datos son del 2017, por lo que en el ingreso per cápita no se consideró la gran subida en la cotización del Dólar que se vivió este año. Con el marcador de 0,825, Argentina ocupa el puesto 47 de los 189 países analizados y es el segundo en la región detrás de Chile.

No hay registros que lo comprueben, pero se cuenta que según el Nobel en economía Simon Kuznets existían cuatro tipos de países: los desarrollados, los subdesarrollados, Japón y Argentina. La grandiosidad en Japón está en cómo tras ser prácticamente destruida en la Segunda Guerra Mundial y sin contar con grandes recursos naturales, logró un inmenso crecimiento económico por el cual nadie apostaba. Mientras que la triste particularidad de la Argentina es que si se tienen en cuenta sus recursos debería ser de los países más desarrollados del mundo, pero no lo es.

Tomando en cuenta el Índice de desarrollo humano (IDH), tampoco es que Argentina está tan mal. Este índice, elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), hace sus mediciones en base a tres indicadores: la esperanza de vida, el acceso a la educación (que se calcula a través de la media de años de escolaridad para la población adulta y los años esperados de escolarización para los niños en edad de ingreso escolar), y el nivel de vida (calculado por el ingreso nacional bruto per cápita expresado en dólares).

Siendo lo mejor posible 1 (uno), el IDH de Argentina es de 0,825. Pero en este caso los datos son del 2017, por lo que en el ingreso per cápita no se consideró la gran subida en la cotización del dólar que se vivió este año. Con el marcador de 0,825, Argentina ocupa el puesto 47 de los 189 países analizados y es el segundo en la región detrás de Chile (que ostenta un valor de 0,843). Pese a haberse incrementado el IDH un 17,2 % en los últimos 27 años, el IDH de la Argentina todavía se encuentra lejos del 0,894 que exhibe el promedio de los países con muy alto desarrollo humano.

Ahora bien, ¿ese 0,825 se distribuye por igual en la población? Definitivamente no. Si se ajusta el IDH por la desigual distribución del desarrollo humano, el IDH de la Argentina cae un 14,3 % llegando a 0,707. En este sentido, está a mitad de camino entre los países con un IDH muy alto donde la caída es de 10,7 % y América Latina y el Caribe cuyo promedio de IDH baja un 21,8 % cuando se lo ajusta por la desigualdad.

Sin embargo, en Argentina las desigualdades no cesan. Este programa de las Naciones Unidas también elabora un Índice que mide la pérdida en desarrollo humano por culpa de la desigualdad en los logros entre varones y mujeres (IDG). El IDG se calcula a partir de tres aspectos: salud reproductiva (teniendo en cuenta la mortalidad materna y la tasa de fecundidad adolescente), empoderamiento (considerado como la proporción de cargos parlamentarios ocupados por género y el logro de la educación secundaria y superior en cada género), y por último la actividad económica (tasa de participación en el mercado laboral para cada sexo).

El IDG de la Argentina es de 0,358, ocupando la mitad de tabla entre 160 países. La razón que explica la profundidad de este tipo de desigualdad se halla en la salud reproductiva. En Argentina cada 100.000 nacimientos, 52 mujeres fallecen por causas vinculadas al embarazo y la tasa de fecundidad adolescente es de 62,8 cada 1000 mujeres entre 15 y 19 años. Tanto la tasa de fecundidad adolescente como la de mortalidad materna se encuentran con niveles similares al promedio regional, pero ambas se ubican lejísimo de los números que identifican a los países con muy alto desarrollo humano (15,9 y 15 respectivamente).

Si bien Argentina dista de estar entre los mejor ubicados, cuesta decir que en el país no haya desarrollo. Lo hay, pero muy desigual. Tal vez el primer paso para revertir esto sea pensar que detrás de todos estos fríos números, hay personas; personas que en Argentina no viven como deberían.

Publicado en Análisis Latino, portal del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), el 19 de octubre de 2018.

Es casi seguro que Bolsonaro triunfe el 28 de octubre. Entre otros motivos porque el PT que, en su primera etapa, usufructuando las condiciones internacionales favorables, generó enormes cambios en distribución del ingreso y reducción de pobreza a millones de ciudadanos, se corrompió. Y, en lugar de realizar acuerdos basados en una revisión sincera de sus delitos, con el centro del espectro político, se volcó más a la izquierda, evidenciando su tozudez ideológica.

Hitler fue aceptado en 1933 por la ciudadanía alemana sin que hubiera un conocimiento real de su proyecto inhumano. Casi un siglo después del irresistible ascenso de Hitler, Jair Bolsonaro, un excapitán de Brasil expulsado por indisciplina del ejército, obtuvo el 46 % de los votos, equivalentes a casi 50 millones de ciudadanos brasileños que, con mayor o menor información, conocen las despreciables ideas de esta persona.

El ya casi seguro presidente de Brasil ha ofendido a su hija y a las mujeres en general; a los negros, que, según él, solo sirven para procrear; ha despreciado a quienes tengan una opción sexual diferente a la suya; ha rechazado a los extranjeros, por eso anuncia cierre de fronteras. Ha prometido la libre portación de armas de los ciudadanos para ajustar cuentas con la delincuencia. Y, además, ha expresado su admiración por los torturadores y violadores de derechos humanos de la dictadura brasileña (1964-1985).

En la campaña electoral su hijo Eduardo, electo diputado, anunció que Brasil invadiría a Venezuela para eliminar el narcogobierno de Nicolás Maduro. En otro video, grabado hace unos meses, Bolsonaro Jr. aparece rodeado de armas de guerra y pronuncia amenazas contra el dictador venezolano.

Todo parece irreal: el retroceso político y el aventurerismo de jugar con una guerra en Sudamérica. ¿Puede retroceder tanto la democracia en Brasil y en la región?

Las viudas del PT de Brasil corren a convencer, a la mayoría ciudadana brasileña, de que están en un error. Manuel Castells, el sociólogo más prestigioso de España, escribe una carta abierta «A los intelectuales del mundo» para que ayuden a reflexionar a los brasileños sobre el riesgo que supone Bolsonaro, porque —dixit— el problema no es el PT, aunque tibiamente admite que se haya desprestigiado por haber participado en la corrupción. Castells dejó pasar años en los que pudo aplicar se lúcida crítica y reclamar duramente el desvarío del PT y de otros gobiernos populistas latinoamericanos, todos untados por la corrupción. No fue así. Hace apenas dos años, Castells exhortaba a los socialistas españoles a encontrar en sus compatriotas de Podemos y en el socialismo del siglo XXI —de Maduro, Rafael Correa y Luiz Inácio Lula da Silva— el verdadero camino popular. Es decir, corruptos, como algunos de los dirigentes de Podemos seducidos por los petrodólares de la narcodictadura venezolana que suicida presos políticos, sumados a incursos en otras modalidades delictivas, podían ser buenos guías para el profesor español.

La arrogancia de Castells es tal que le permite aconsejar a los millones de brasileños que votaron por Bolsonaro a que no repitan y pasa de agache respecto al retroceso democrático monumental exportado desde el Brasil del PT para toda Latinoamérica.

En Brasil, el dominico Frei Betto, exasesor del PT y crítico desde la izquierda de los gobiernos petistas, no obstante, cuestiona la detención del expresidente Lula y añadía, antes de la desautorización judicial a Lula para ser candidato, que «la mayoría del pueblo brasileño está dispuesta a elegirlo presidente por tercera vez».

Chico Buarque, Gilberto Gil y Caetano Veloso también firman en estos días una carta en el mismo sentido que Castells. No hace un año que el creador de Oh ¿qué será? defendía al PT desde la dudosa óptica del empate delincuencial, al sostener que también «el Partido de la Social Democracia Brasileña es bandido». La diferencia de que haya bandidos en un partido político, con el PT, es que este hizo del bandidismo una forma de gobernar. Gil, en un video grabado en apoyo a la candidata del PT a la vicepresidencia, la comunista Manuela d’Ávila (PCdB), no hizo mucho más que un juego de palabras sobre Lula: «es un preso político y es también un político preso» para agregar que el reclamo de libertad para el expresidente «si no es plenamente, por lo menos es parciamente justificado». La verdad, no se percibió muy convincente. Igualmente Veloso, quien en otro video publicitario simplemente se declaró feliz.

Hay más. El canciller uruguayo Rodolfo Nin Novoa había dicho antes de la elección que deseaba el error de las empresas encuestadoras que daban a Bolsonaro como triunfador y una ministra, al conocer la diferencia entre Bolsonaro y el candidato del PT, Fernando Haddad (26 %) twitteó: «Lo que sucede cuando la política deja de ser limpia y transparente y cuando la ética se mancha. Viene lo peor disfrazado de antisistema». Cero análisis.

Ninguna de estas viudas del PT analiza detenidamente y se pronuncia sobre tres aspectos:

1) La democracia permite la rotación en las urnas y si el gobierno de Bolsonaro es realmente como puede presumirse a partir de sus discursos, en 2022, la ciudanía brasileña podrá votar por otra opción para presidir el país. Esto debería ir naturalmente unido a una sincera autocrítica sobre cómo Lula y el PT defraudaron la esperanza de millones y desarmaron los logros que hubo en el primer gobierno de Lula, y al trabajo partidario de un PT que obtuvo algo más del 10 % de las bancas, esto es la primera minoría en un Parlamento sumamente fragmentado, donde Bolsonaro cuenta con cuatro senadores. Construir una oposición racional es fundamental para la vida democrática.

2) Asumir que el PT mediante la corrupción iniciada con el Mensalão, continuada con el LavaJato (Petrobras) y coronada por Odebrecht, inficionó a toda Latinoamérica de su propia degradación democrática y contribuyó a la violación de los derechos humanos de millones de seres: la corrupción afecta los derechos de la salud, vivienda y educación de los más pobres de nuestros países. Se estima que entre 2004 y 2012 cerca de 8000 millones de dólares fueron licuados por esta red criminal que operó en toda América Latina.

3) Que el PT, con Lula y Dilma a la cabeza, sustentó —sin desconocer las importantes diferencias que existen entre ellos y el binomio Maduro/Ortega— los regímenes dictatoriales de Venezuela y Nicaragua que hoy siguen reprimiendo, torturando y asesinando en las calles a los ciudadanos de ambos países.

La encuesta de Ibope conocida el pasado lunes 15 de octubre adjudica una intención de voto del 59% al anodino concejal y diputado durante tres décadas, hoy candidato de millones de brasileños; y un 41% al exalcalde de San Pablo.

Bolsonaro no tiene propuesta económica sólida ni ha definido una política comercial internacional, salvo anunciar un cierre de fronteras —admira a Donald Trump— y genéricos anuncios proteccionistas, que no difieren mucho de la práctica seguida por el PT respecto a Uruguay, por ejemplo, a quien se le adjudica el mote de enano quejoso del Mercosur.

Sus anuncios no concilian con su futuro ministro de Economía, el exbanquero ultraliberal Paulo Guedes, partidario de privatizar las empresas estatales, entre ellas la emblemática Petrobras. Guedes es investigado por el Ministerio Público sobre supuestas irregularidades vinculadas a fondos de inversión.

¿Por qué es casi seguro su triunfo el 28 de octubre? Porque el PT que, en su primera etapa, usufructuando las condiciones internacionales favorables, generó enormes cambios en distribución del ingreso y reducción de pobreza a millones de ciudadanos, se corrompió. Y, en lugar de realizar acuerdos basados en una revisión sincera de sus delitos, con el centro del espectro político, se volcó más a la izquierda, evidenciando su tozudez ideológica.

Bolsonaro agrupó una heterogénea multiplicidad de partidos y personas que incluyó hasta un actor porno, que arrasó en San Pablo como diputado más votado por el Partido Social Liberal (PSL), encabezado el excapitán reservista. También sectores del agro y las iglesias cristianas constituyen una parte sustancial de su electorado.

En abril pasado, el exfutbolista argentino Diego Maradona dijo a CNN que Cristina Fernández de Kirchner debía retornar al gobierno de su país, que había hablado con Maduro y «estaba bárbaro, lo veo fuerte» y que hay una «conspiración internacional» detrás de la detención de Lula. Eso también es el mundo actual: que Maradona y Castells coincidan en sus visiones de Latinoamérica.

Publicado en Análisis Latino, portal del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL), el 19 de octubre de 2018.

«En todas partes se ha infiltrado el hombre y su ciudad. Piensa que hay murallas infinitas. Edificios que tienen ascensores rápidos y ascensores mixtos: tanta es la altura a recorrer». Roberto Arlt, Los lanzallamas (1931)

No es una novedad: Latinoamérica dejó de ser rural hace tiempo para convertirse en un continente predominantemente urbano. Sus poblaciones, de antaño bucólicas, sobreviven hoy apretujadas en ciudades que lo ofrecen todo, pero también lo cobran todo. En otras palabras, como lo advirtió el escritor argentino Roberto Arlt, el drama de la vida cambió paulatinamente los árboles por ascensores y los campos por las selvas de cemento.

Un estudio de The Economist, bautizado Índice de habitabilidad global, parece confirmarlo en su informe de 2018: con excepciones, las capitales de Latinoamérica están lejos de ser buenos lugares para vivir. De 140 ciudades de todo el mundo, ninguna asoma la cabeza hasta bajar la mirada a los puestos 62 (Buenos Aires), 63 (Santiago) y 67 (Montevideo).

Si bien es meritorio que Argentina, Chile y Uruguay demuestren que poseen una tradición urbanística y humanista aceptable, que al menos pone a sus centros políticos en mitad de tabla, no deja de ser preocupante que más allá del puesto 100 encontremos urbes realmente poco aptas para el buen vivir y que las cuatro peores ciudades de la región en ese sentido sean Bogotá (108), Ciudad de México (111), Ciudad de Guatemala (114) y Caracas (126).

La metodología clasificatoria de The Economist se centra en cinco puntos claves: estabilidad, cuidado de la salud, cultura y tecnología, educación e infraestructura. En esta medida, la estabilidad es una variable que afecta a ciudades donde afloran crímenes pequeños o violentos, amenazas terroristas, conflictos militares o enfrentamientos civiles. ¿Suena a algo familiar? Y a estas condiciones de inseguridad se suman la polución y la dificultad para trasportarse, además del tiempo que se pierde en viajar de un punto a otro.

¿Por qué estamos tan lejos de Viena, Melbourne u Osaka, primeros puestos? Sencillamente porque Latinoamérica se mantiene por debajo del promedio mundial de habitabilidad (68,2% frente a 75,7%), y porque aunque destaquen aspectos como las ofertas culturales y de entretenimiento, continuamos habitando ciudades donde la desigualdad predomina y la violencia es cotidiana. En cualquier caso para The Economist la habitabilidad en el mundo ha mejorado por segundo año consecutivo (de 74,8% se subió a 75,7%), y esto nos sirve para preguntarnos seriamente en qué clase de ciudades queremos vivir.

Los medios sociales revolucionan a la opinión pública, el periodismo y el comportamiento de comunicación.

La libertad de prensa y opinión está garantizada en Alemania y es un bien jurídico anclado en la Constitución, en cuyo artículo 5 se lee: «Toda persona tiene el derecho a expresar y difundir libremente su opinión oralmente, por escrito y a través de la imagen, y de informarse sin trabas en fuentes accesibles a todos. […] La censura está prohibida». En el Press Freedom Index de la organización no gubernamental Reporteros sin Fronteras, Alemania se ubicó en 2017 en el lugar 16 de 180 países. Existe una variedad de opiniones y pluralismo de la información. La prensa no es propiedad ni de gobiernos ni de partidos políticos, sino que trabaja en forma de empresas privadas mediáticas. La radiodifusión pública (ARD, ZDF y Deutschlandfunk) está organizada, siguiendo el modelo británico, en forma de corporaciones de derecho público financiadas con tasas. Es uno de los dos pilares del sistema de medios, basado en el principio dual de componentes privados y públicos, que en esencia permanece inalterado desde la fundación de la República Federal de Alemania, en 1949. Desde 2015, la tasa mensual para la radiodifusión es de 17,50 euros por mes. En el mercado operan desde 1980 también numerosas emisoras privadas de radio y TV. Los noticieros más importantes son Tagesschau y Tagesthemen, de la emisora ARD; Heute y Heute Journal, de ZDF, y RTL aktuell. Solo en Berlín, una de las diez ciudades mediáticas top del mundo, trabajan 900 corresponsales parlamentarios acreditados y 440 corresponsales internacionales de 60 países.

Parte de la polifónica escena mediática son unos 300 periódicos, en su mayoría regionales, 20 semanarios y 1.600 revistas. Alemania es, después de China, India, Japón y Estados Unidos, el quinto mayor mercado de publicaciones impresas en todo el mundo. Por día de aparición se venden 16,1 millones de ejemplares de diarios y cinco millones de semanarios y periódicos de los domingos (2016). Las publicaciones líderes de circulación nacional, Süddeutsche Zeitung, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Die Welt, Die Zeit, taz y Handelsblatt, se caracterizan por un periodismo investigativo, con análisis, textos de fondo y numerosos artículos de opinión. El semanario Der Spiegel/Spiegel Online (internet) y el tabloide Bild están considerados los medios más citados.

Simultáneamente, el sector atraviesa por un profundo proceso de cambios. Los periódicos pierden desde hace 15 años regularmente entre un 1,5 y un 2% de la tirada impresa, llegan cada vez menos a los lectores jóvenes y se hallan en crisis permanente, debido a la reducción tanto de las ventas como de la facturación por publicidad. Como respuesta a la cultura de la gratuidad en internet, más de 100 periódicos han introducido barreras de pago. Por otra parte, casi 800.000 ejemplares de periódicos se venden diariamente en papel electrónico y el número de suscripciones digitales crece constantemente.

La digitalización de los medios, internet, el aumento de los dispositivos móviles y el éxito de las redes sociales transforman drásticamente el uso de los medios de comunicación. Unos 62,4 millones de alemanes mayores de 14 años (89,8 %) tienen hoy acceso a internet. Más de 50 millones de personas entran diariamente a la red. En promedio, cada usuario está en línea unos 165 minutos por día (extrapolado al total de población: 149 minutos). Uno de cada dos entra a internet a través de un dispositivo móvil. Además, más de la mitad de los usuarios de internet son miembros de una red social. La revolución digital creó un nuevo concepto de opinión pública: los medios sociales y la blogosfera son el espejo de una sociedad abierta y dialógica, en la que todos pueden participar en la discusión pública. Aún no está claro si la interactividad conformará simultáneamente el fundamento del periodismo digital del futuro. Pero muchos periodistas asumen ya responsabilidad en la lucha contra las noticias falsas y la desinformación.

Publicación original de la página web «La actualidad de Alemania»

Las elecciones regionales y municipales peruanas del 7 octubre dieron resultados contradictorios. Mientras que en Lima las fuerzas políticas moderadas celebraron un triunfo notable, en algunas regiones llegan al poder movimientos populistas, caracterizados por un discurso antiminería y la presencia de personas de dudosa reputación en sus filas.

El 7 de octubre, 23.375.001 votantes registrados cumplieron con la obligación legal de elegir a las 12.966 autoridades regionales, municipales y locales, entre ellas 25 gobernadores y vicegobernadores regionales, así como alcaldes de provincias, distritos y comunidades.

En este proceso, el cargo con más significado político es el del alcalde de la capital, Lima, en la cual se encuentran más de 8 millones de votantes. En un giro sorpresivo y con una amplia ventaja (36,2% de los votos), fue electo como alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz Wells, hasta la fecha alcalde del pudiente distrito de Miraflores. Muñoz Wells se candidateó por el partido histórico Acción Popular, al cual se unió en enero de este año.

El segundo puesto lo obtuvo el candidato de corte populista y exministro del Interior, Daniel Urresti, cuyo partido Podemos Perú obtuvo el 19,6% de los votos. Renzo Reggiardo, antiguo congresista conservador, y su partido Perú Patria Segura, obtuvieron el tercer lugar con un 8,8%. Finalmente, el presidente del Partido Popular Cristiano (PPC), Alberto Beingolea, obtuvo 4,5% de los votos.

Muñoz, quien desde hace años cultiva una imagen de político local moderado y prudente, contaba hasta dos semanas antes de las elecciones con apenas un 4% de intención de voto, muy por detrás de Reggiardo y Urresti, quienes por meses estuvieron a la cabeza.

La popularidad de Muñoz se incrementó significativamente después de su buena performance en el primer debate televisado de los candidatos a la alcaldía, llevado a cabo el 22 de setiembre, y al cual Reggiardo no asistió. De esta manera, la contienda final fue entre Muñoz y el nacionalista de izquierda Daniel Urresti. Este último, antiguo general del ejército y (por algunos meses) ministro del Interior durante el gobierno de Ollanta Humala, consiguió el apoyo de los sectores populares con un discurso de mano dura, el cual, sin embargo, generó el rechazo de otro número importante de electores. Asimismo, tres días antes de las elecciones, Urresti fue declarado inocente por el Poder Judicial en el caso de un periodista asesinado en 1988.

El miedo ante una posible victoria de Urresti movilizó a sectores medios y medios bajos a favor de Muñoz y le concedió una holgada victoria, y a Acción Popular doce alcaldías distritales en Lima. Sin subestimar el rol del factor anti, es también necesario destacar lo que los sectores políticos moderados pueden conseguir si trabajan de forma unida y organizada, en vez de boicotearse mutuamente. Esta tendencia fue, sin embargo, perjudicial para la candidatura del candidato del PPC, Alberto Beingolea, quien cuenta con el apoyo de los mismos sectores sociales que respaldan a Muñoz. El PPC obtuvo cuatro alcaldías distritales en Lima, buenos resultados en diversos distritos de la capital y algunas posiciones en ciertas localidades. Además obtuvo varias alcaldías en regiones.

El primero de enero de 2019, Jorge Muñoz asumirá la alcaldía metropolitana de Lima, el cargo por votación directa más importante después de la Presidencia de la República. Importancia que se verá incrementada por el hecho de que el presidente Martín Vizcarra no fue elegido por votación popular, sino que asumió el cargo como vicepresidente.

La gestión de Muñoz, abogado de 56 años, será evaluada en función de cómo lidie con las preocupaciones fundamentales de los limeños: seguridad ciudadana, transporte y lucha contra la corrupción. Queda también por verse si Muñoz se limitará al ámbito de la política municipal o si utilizará su gestión como trampolín para consolidarse como una figura política a nivel nacional.

Fragmentación del sistema de partidos

Si bien las fuerzas políticas moderadas y el partido histórico Acción Popular celebraron en Lima un triunfo inesperado, la situación es muy diferente en los gobiernos regionales, donde persiste la fragmentación del sistema de partidos políticos. Después de los resultados de las elecciones, en 15 de las 25 regiones habrá este 9 de diciembre una segunda vuelta electoral para elegir al gobernador, ya que el candidato vencedor no alcanzó el mínimo de 30% de los votos.

En el norte del país, el partido Alianza para el Progreso (APP), obtuvo buenos resultados al ganar dos gobiernos regionales, muchas alcaldías y con cinco candidatos que participarán en la siguiente ronda de sufragio.

Sin embargo, APP no es un partido con una ideología y programa claros, sino más bien una asociación de candidatos de diversas facciones, unidos por el liderazgo y —según muchos observadores— por los enormes recursos económicos de su fundador César Acuña. Este, dueño de varias universidades privadas, sacará provecho de estos resultados para concretar sus ambiciones presidenciales el año 2021.

El partido Acción Popular consiguió pasar a la segunda vuelta electoral en dos elecciones de gobierno regional, entre ellas en la región minera de Cajamarca, donde hasta el momento gobernaba un partido de corte de izquierda, dirigido por el activista antiminero Gregorio Santos.

Otros resultados, sin embargo, generan cierta preocupación. En la región minera de Puno, en el sur del país, ganó Walter Aduviri, quien en el pasado organizó protestas violentas contra proyectos mineros, por lo que fue condenado a siete años de privación de la libertad. Su participación en las elecciones fue posible solo después de que el Tribunal Constitucional anulara su condena pocos días antes de los comicios. En el Callao, región que limita con Lima, ganó Dante Mandriotti, contra quien actualmente hay una orden de captura por pertenecer a una organización criminal. Luego de que la orden de captura se dio a conocer (un día antes de las elecciones) Mandreotti desapareció a fin de evadir la justicia. Por lo tanto, el gobierno regional deberá ser asumido por el número 2 de su lista. En la provincia de Madre de Dios ganó Juan Imura, quien, según diversos informes, estaría vinculado a las mafias que extraen ilegalmente oro en esta región. Estas organizaciones constituyen un Estado dentro del Estado. Durante los últimos años el gobierno central ha intentado combatirlas, sin mucho éxito. Iduviri, Mandriotti e Imura, al igual que la mayoría de candidatos electos en provincias y distritos, pertenecen a movimientos locales que no siguen intereses claramente definidos y, al carecer de una línea ideológica, son vulnerables a la influencia de organizaciones criminales.

Normalmente, en el Perú, los resultados electorales a nivel municipal y regional no tienen una vinculación muy estrecha con las elecciones nacionales. De todos modos, se pueden observar algunos indicadores. Esto es particularmente cierto con relación a los resultados del partido fujimorista Fuerza Popular (FP). Este partido, que tiene 62 de 130 congresistas, perdió las tres regiones que ganó el 2014. Tampoco ganó ningún distrito en Lima y su candidato a la alcaldía de Lima obtuvo un 2,6% (un resultado tan bajo como lo fue el del 2014). Sin embargo, FP obtuvo algunas alcaldías en zonas rurales, las cuales —de acuerdo con las afirmaciones de su lideresa Keiko Fujimori— sumarían 50. Es plausible asumir un vínculo entre los débiles resultados de FP y la pérdida de prestigio de este partido, causada por la actitud beligerante de su bancada en el Congreso de la República. De la misma manera, el partido histórico APRA, que presentó pocas candidaturas, obtuvo malos resultados. El partido de gobierno Peruanos por el Kambio ganó a nivel nacional solamente dos alcaldías, acelerando así su proceso de declive.

Junto con la falta de programas de gobierno y líneas ideológicas claras, resalta la preocupante falta de representación de las mujeres. Ninguna mujer fue elegida para los gobiernos regionales y, a nivel nacional, solo habrá alrededor de 20 alcaldesas. En las últimas elecciones el 2014, fue elegida una gobernadora regional y 51 alcaldesas, lo que en aquella época representaba menos del 3%.

Conclusión

Las elecciones regionales y municipales se celebraron en un contexto de mucha tensión política. Más que temas electorales, la discusión se centró en el anunciado referéndum para la reforma constitucional y la anulación del indulto humanitario al expresidente autoritario Alberto Fujimori. En la semana posterior a las elecciones, la detención de Keiko Fujimori, lideresa de la oposición, remeció el tablero político. Para los próximos meses se avecina una situación de continuo enfrentamiento entre el Ejecutivo y la fuerza mayoritaria del Parlamento. Esta situación puede provocarle a muchos el anhelo por serenidad, moderación y reformismo. En este momento, el recién electo alcalde metropolitano de Lima, Jorge Muñoz, es quien encarna mejor esta promesa.

Traducción: Dr. Andrés Hildebrandt

«Fernando nunca pasó de largo ante la injusticia… Fernando era un hombre de fe. Cristiano fiel. Abierto a la esperanza. Jamás… óigase bien, JAMÁS hubiese atentado contra su vida». Fueron las palabras del diputado Miguel Matheus en su intervención a propósito de la presentación del acuerdo parlamentario en condena del secuestro, tortura y asesinato del concejal Fernando Albán.

«Hacemos del conocimiento de toda la comunidad nacional e internacional que el concejal del Municipio Libertador de Caracas Fernando Albán era un hombre de sólidos valores cristianos y compromiso con los pobres… La información dada hoy por el fiscal general de la República nos deja perplejos y llenos de dudas razonables ante la tesis de un supuesto suicidio no corroborado por una investigación profunda y objetiva. […] Hombre comprometido con la acción social de la Iglesia Católica. […] Hasta ayer se conoció que estaba sereno y tranquilo —inclusive— envió directrices a su equipo para que se mantuviese trabajando en favor de los más pobres», agregó la Arquidiócesis de Caracas en un comunicado oficial.

Sus amigos, familiares y quienes tuvieron la oportunidad de conocerlo no tardaron en manifestar que de Fernando podrían esperarse muchas cosas, pero jamás claudicar. Su fortaleza espiritual, su testimonio de vida y lucha no dejaron margen de duda.

Pero por si todo esto fuera poco, la dictadura bolivariana de Nicolás Maduro no tardó en contradecirse en la versión oficial de los hechos dejando claro quiénes son los responsables de tan lamentable perdida.

Albán había estado en Naciones Unidas una semana antes de su muerte, denunciando, junto a una delegación, los abusos cometidos por el régimen de Maduro. El día viernes 5 de octubre, a su regreso, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía. En realidad fue secuestrado, una detención ilegítima y sin el debido proceso. «Las formas» hace rato que dejaron de cuidarse por allí.

El día sábado Fernando logró comunicarse con su esposa y le comentó que lo imputarían por traición a la patria y magnicidio, pues lo vincularon con otro hecho fantasioso de la dictadura de Maduro, el «atentado» en el que un drone «explotó» ante el tirano en un acto oficial. No hace falta ser perito ni muy experto, basta con ver el video, para notar lo absurdo de ese montaje, que sirvió además de excusa para detener a Juan Requesens, un joven diputado opositor privado de libertad hace más de dos meses, justo después de haber dado un enérgico discurso en la Asamblea Nacional, en donde repitió una y otra vez «Yo me niego a rendirme», en consonancia con el discurso de todos los líderes opositores venezolanos.

El día lunes Tarek Willian Saab, fiscal general de Venezuela informó que Albán se había suicidado arrojándose del décimo piso del SEBIN, luego de haber pedido permiso para ir al baño. Minutos más tarde, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, escribió en su cuenta de Twitter que «encontrándose en la sala de espera del SEBIN, (Albán) se lanzó por una ventana de las instalaciones», evidenciando que la verdad de lo ocurrido estaba siendo escondida.

La muerte de Albán es una de los cientos de injusticias que se cometen a diario en Venezuela por quienes, no contentos con todo lo que han abusado y robado, se empeñan en someter a un pueblo, arrancándole hasta lo más básico, para que solo piense en qué comer y cómo vivir el día siguiente. La crisis humanitaria de Venezuela no es causada por mentes incapaces; es causada por almas despiadadas. No es que les falló el plan: les salió tal cual lo previeron. Es un monstruo que se alimenta de las desgracias, las necesidades, el exilio y el dolor.

Hay una sociedad que resiste, dentro de sus fronteras y fuera de ella. Hay una oposición que aun con las diferencias propias de tan compleja situación, se mantiene unida y se prepara para una transición. También hay un continente al que ya le tocó entender que tantas injusticias traspasan los límites territoriales y llegan a nuestros países encarnados en más de cuatro millones de migrantes que buscan un mejor porvenir.

Pero falta determinación e insistencia. Necesitamos que la comunidad internacional no deje margen de duda. Necesitamos que no se pase de largo una sola injustica más. Que, así como lo hizo Albán durante toda su vida, nuestros países den una muestra clara, con testimonio, denuncia y lucha, de que en la construcción de un continente democrático y libre, claudicar no es una opción.

La primera vuelta electoral sacude los cimientos de la democracia más grande de Latinoamérica.

Los ganadores indiscutibles de la primera vuelta electoral por la presidencia de Brasil, el pasado 7 de octubre, son Jair Messias Bolsonaro, con el 46,03 % y Fernando Haddad, con el 29,28 %. Debido a que ningún candidato alcanzó la mayoría absoluta, el próximo 28 de octubre el puesto será disputado en una segunda vuelta entre el ultraderechista Bolsonaro, perteneciente al relativamente pequeño Partido Social Liberal (PSL) y Haddad. Este último es considerado el candidato de Lula y un clásico representante del tradicional sistema del PT, después de cuyo mandato de trece años (2003-2016), la política brasilera no solo se vio hundida en el escándalo de corrupción Lava Jato, sino que al mismo tiempo el país vivió la peor crisis económica de su historia. A pesar de haber pasado a la segunda vuelta, Bolsonaro y Haddad son también los candidatos con el mayor nivel de rechazo de la gente, según las encuestas de los últimos meses. Esta circunstancia muestra la enorme polarización del país.

Geraldo Alckmin, el moderado candidato de centroderecha, perteneciente al Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), no alcanzó los votos necesarios para pasar a la segunda vuelta, al igual que los demás candidatos de centro. Esto sacude, en una suerte de terremoto, el paisaje político del país y es una suerte de censura al sistema bipartista que ha existido de hecho durante muchos años. El PSDB, clásico antagonista del Partido de los Trabajadores, no alcanzó por primera vez en 25 años siquiera pasar a la segunda vuelta, ni ganar las elecciones en la primera vuelta. Con menos del 5% de los votos, obtuvo el peor resultado desde su fundación en 1988.

Los votantes dispusieron de una amplia variedad de representantes para elegir, entre los que también se encontraba el actual presidente de la República. A nivel federal, los 147 millones de brasileros con derecho a voto (que además tienen la obligación de votar en caso de tener entre 18 y 70 años), eligieron a los 513 miembros de la Cámara de Diputados y a 54 senadores —dos tercios del Senado—. Aparte, también a nivel federal, se podía elegir a los 26 gobernadores de los diferentes estados y del Distrito Federal de Brasilia. Finalmente, también se eligieron los 1.059 miembros de los Parlamentos estaduales. Para los 1.654 cargos en disputa, los brasileros tuvieron que elegir entre más de 23.000 candidatos en total. La paradoja de esta enorme variedad salta a la vista: después de más cuatro años de crisis debido al monumental escándalo de corrupción Lava Jato, ninguno de los candidatos fue capaz de personificar la renovación necesaria para lograr recuperar la credibilidad en los políticos y, por último, consolidar la democracia más grande de Latinoamérica. Teniendo en cuenta que la confianza de la población en las instituciones políticas ha alcanzado el porcentaje récord más bajo, como en el caso del Congreso con 0,6 % o de los partidos políticos con 0,2 %, una renovación de los cuadros políticos hubiera sido más que positiva. Sin embargo, en las urnas electrónicas abundaron las mismas caras de siempre. Muchos de ellos buscan con su reelección la inmunidad ante los fiscales.

¿Quién será el nuevo presidente y jefe de Estado de Brasil a partir de enero del 2019?

Esta pregunta dominó las elecciones en la percepción pública. A Bolsonaro, con su 46,03%, le siguió a gran distancia Haddad con el 29,28%. Los otros once candidatos prácticamente se hundieron en la insignificancia [1]. Ciro Gomes volvió a perder, con un 12,47%, tras el fracaso en las elecciones de 1998 y 2002, y representó a una izquierda muy fragmentada. El PT permanece siendo, de todas formas, el partido más fuerte dentro de la izquierda. La otrora ministra de Medioambiente Marina Silva (REDE) se candidateó por tercera vez a la presidencia. Después de perder las elecciones en 2010 y 2014, esta vez sus chances parecían ser más altas que nunca. Según las encuestas de principios del verano era la única candidata que podía estar por encima de Bolsonaro en una segunda vuelta; en comparación con esto, su resultado de 1% se presenta como una caída dramática.

Un flojo 4,76% para los candidatos de centro: ¿cómo se puede explicar este resultado históricamente bajo?

Después de años de experiencia en distintos cargos públicos en el Poder Ejecutivo y habiendo sido gobernador del enorme estado federal de San Pablo, Geraldo Alckmin se postuló por segunda vez desde 2006 para la presidencia de Brasil. A pesar de haberse asociado con algunos representantes manifiestamente corruptos del llamado Centrâo, el gran bloque de centroderecha del Congreso cortejado por casi todos los candidatos, Alckmin demostró su capacidad para juntar a distintas fuerzas políticas del fragmentado espectro de partidos brasilero. Esta habilidad será fundamental para el próximo presidente, que de otra manera se verá imposibilitado de gobernar. El triunfo más grande de Alckmin fue el armado de una gran coalición para la campaña electoral, que le permitió tener el 44% del tiempo (más de cinco minutos y medio) de publicidad gratuita en la televisión.

Este tiempo de publicidad gratuita superaba ampliamente el que tenía la coalición para la campaña electoral hecha por el Partido de los Trabajadores (alrededor de dos minutos y medio) y el del actual partido de gobierno MDB (dos minutos). En un país de proporciones continentales (Brasil es 24 veces más grande que Alemania y dos veces más grande que la Unión Europea), la presencia visual en todos los hogares del país garantizó durante décadas un alto grado de popularidad. Y eso, en el quinto país más grande del mundo en superficie, es un factor importante para el éxito electoral.

Sin embargo, en la era de las redes sociales, las cosas han cambiado. Bolsonaro amplió constantemente su liderazgo con tan solo ocho segundos de publicidad gratuita y estuvo ausente de la mayoría de los debates televisivos. Su gran presencia en las redes sociales fue el as bajo la manga, que demostró que Brasil ya no le da tanta importancia a la televisión. Alckmin, a pesar de sus apariciones televisivas, a duras penas lograba llegar a los dos dígitos en los porcentajes de las encuestas.

Cuanto más avanzaba la campaña electoral, más invisible y aburrido se volvía Alckmin a los ojos de los brasileros. Estos comparan al paulista, cuya vida en la desarrollada ciudad de San Pablo es percibida como una realidad muy distinta a la propia, con una insípida verdura llamada chuchu (chayote). El intento final de Alckmin de agrandar informalmente su coalición, que ya constaba de nueve partidos, fracasó porque ni siquiera fue posible haceruna reunión entre los candidatos del centro ampliado. Sumados los porcentajes de un dígito de los candidatos del espectro político burgués, como Henrique Meirelles (PMDB), Marina Silva y João Amôedo (No-vo), podrían haber competido con Haddad. Pero la estrategia de Alckmin basada en atacar al candidato nacionalista de derecha Bolsonaro también demostró ser fatal para su campaña.

Así fue como este último logró ser el único contrincante realmente importante para el PT. Bolsonaro atrajo y ganó no solamente a los votantes tradicionales del PSDB, sino también a aquellos de otros partidos como el PMDB (partido de gobierno hasta fines del 2018), los de Marina Silva del REDE o muchos que siempre estuvieron contra el PT. El llamado voto útil de muchos brasileros hizo que los candidatos de centroderecha tuvieran peores resultados que los que las encuestas predecían.

Los resultados de estas elecciones fueron los peores del PSDB desde su fundación en 1988. Las repercusiones de la fuerte derrota de Alckmin en las relaciones de poder político dentro del partido van a estar estrechamente vinculadas al resultado de João Doria en la segunda vuelta por el puesto de gobernador de la ciudad de San Pablo, tradicionalmente baluarte del PSDB.

Terremoto político en el sistema bipartidario brasilero

Los desastrosos resultados del PSDB en las elecciones marcan el final del sistema bipartidista que se había instalado de hecho desde 1994 en Brasil. En este sistema, el PT y el PSDB eran los dos polos más importantes entre los 28 partidos representados en el Congreso. El MDB, a pesar de ser el partido brasilero con más miembros y al que pertenece Michel Temer, presidente desde la destitución de la expresidenta electa en 2014 Dilma Rousseff (PT), no jugó por primera vez en 25 años ni siquiera un papel secundario en las elecciones. A causa de la alta impopularidad de Temer entre los brasileros, debida en parte a sus reformas durante la crisis económica (poco amigables pero necesarias) y en parte a las acusaciones de corrupción contra él, el MDB en esta primera vuelta electoral del 2018 apenas si llegó a los porcentajes para figurar entre los partidos votados. En los últimos 24 años el MDB, que programáticamente nunca estuvo del todo definido, apoyaba a uno u otro de los polos dentro del Congreso.

La renovación política, tan deseada debido a la corrupción endémica [2] pero finalmente no lograda, combinada con la poca capacidad de los partidos tradicionales para resolver problemas, le abrieron el camino a un populista a la segunda vuelta electoral y llevan a la democracia más grande de Sudamérica a sus límites [3].

La campaña electoral de los extremos

En las próximas tres semanas, dos extremos se disputan los votos de los brasileros. Del lado de la derecha nacionalista se encuentra el evangélico Bolsonaro, que glorifica a los militares y defiende su lema «Brasil sobre todo y Dios sobre todos». El general Mourão, su candidato a vicepresidente (ya conocido por sus polémicos discursos), también ha dado que hablar debido a sus propuestas de cambiar la Constitución sin respetar el proceso democrático necesario en esos casos.

Una característica que distingue a Bolsonaro de los demás es su capacidad de entusiasmar a quienes lo siguen. La única persona que poseía también esta capacidad era Lula, en caso de que su candidatura hubiese sido posible. La forma en la que el otrora militar Bolsonaro logra ganar votos de distintos frentes políticos es mostrando su candidatura como un acto heroico, victimizándose; también teniendo un claro y sencillo discurso, que es reducido y provocativo; y, aparte, escondiendo posiciones extremistas detrás de eufemismos. Al mantener su posición de que la culpa siempre es de otros, logra ganarse la simpatía y aumenta la autoestima de aquellos que se sienten olvidados por la política. Muchos se preguntan qué va a ser de ellos en un mundo globalizado o tienen miedo de que su situación actual empeore. No solo tienen desconfianza en la política y en los partidos políticos, sino también en otras instituciones. Esta sensación de haber sido olvidados es suelo fértil para la estrategia de Bolsonaro: él también se presenta como un outsider, perteneciente a la velha política (política vieja), dando la impresión de que en el pasado fue excluido de la política y, al igual que sus votantes, olvidado por esta. Pero esta teoría se olvida de que Bolsonaro cumple actualmente su séptimo mandato en la Cámara de Diputados.

El candidato evangélico sorprendió a los analistas de las elecciones no solo debido a que su predicha derrota no se cumplió. El hecho de que con el tiempo ganara más votos fue todavía más sorprendente, debido a que el sistema electoral brasilero (que presenta un fragmentado paisaje partidario) beneficia a los partidos políticos grandes frente a los pequeños. Este hecho en 2018 no tuvo ningún tipo de repercusiones en la victoria de un populista del pequeño partido PSL, que hasta el momento no tenía una gran base ni tampoco disponía de muchos recursos financieros o del costoso tiempo de publicidad en la televisión. Después de ser apuñalado en un discurso durante su campaña, Bolsonaro estuvo tres semanas en reposo, y siguió desde allí la fase más importante de la campaña electoral. En mensajes de video se veía muy débil al nacionalista de 63 años, y en su cara se imprimía el agotamiento, a pesar de que lo intentaran disimular con maquillaje. Los votantes de mayor edad comenzaron a encontrar analogías entre el candidato de extrema derecha y Tancredo Neves, quien fue electo presidente de Brasil en 1985. Sin embargo, Neves nunca pudo ocupar su puesto, debido a una úlcera gástrica que le produjo todo tipo de complicaciones y poco tiempo después murió a causa de una sepsis.

El candidato sustituto de Lula: «Haddad es Lula»

La izquierda es representada por Haddad, un candidato tradicionalista del PT, miembro del partido desde 1983. Si bien Haddad fue ministro de Educación (2005-2012) y alcalde de San Pablo (2013-2016), hasta el verano pasado no era demasiado conocido. Fue propuesto para sustituir a Luiz Inácio Lula da Silva, candidato que el PT había elegido y expresidente de Brasil (2003-2010). El Tribunal Superior Electoral vetó la candidatura de Lula, al declararlo no apto para ser electo. La exclusión de su candidatura fue justificada por los jueces a través de la ley llamada Ficha Limpa. A través de esta, un colegio de jueces puede declarar a un candidato no apto para ser electo, por espacio de ocho años, a pesar de que este no hubiera agotado todas las instancias legales.

En el aviso oficial de la candidatura de Haddad se leyó una carta de Lula. El mensaje era claro: el candidato sustituto había sido elegido por Lula personalmente. No se trataba de una elección del partido. Las palabras «por la gracia de Lula» describen perfectamente la situación. Haddad consultaba con frecuencia a su mentor y padrino en la cárcel en Curitiba, al sur de Brasil. Incluso en los carteles publicitarios del candidato aparecía Lula mirándolo sonriente por detrás del hombro, como su marioneta.

Sin duda alguna, Haddad no tiene el poder de Lula para entusiasmar a sus votantes. De todas maneras, el carisma de Lula fue el factor decisivo para que Haddad pudiera alcanzar tantos votos en la primera vuelta. El nombre Lula significa para muchos brasileros un ascenso económico, aunque este haya estado fuertemente ligado al consumo y haya durado poco tiempo. Los programas sociales fomentados por el Estado, como Bolsa Familia y Bolsa Escola, lograron durante el gobierno del PT atención primaria de salud y formación escolar incluso en zonas muy pobres. El hecho de que la distribución de la riqueza a principios del milenio fue posible debido al boom de las materias primas se olvida con frecuencia por aquellos que anhelan viejas épocas. Este anhelo es utilizado por el PT en su lema «Brasil de vuelta feliz». Muchas personas conectan este «Brasil feliz» con Lula, por lo que él supone para ellos el PT en persona. Por eso, en el programa electoral del PT «O Plano Lula de Governo 2019-2022», que tiene 72 páginas, el nombre del expresidente aparece 159 veces.

Con miras al enfrentamiento

Sea quien sea que gane en la segunda vuelta, la renovación política que el país necesita no se encuentra en ninguno de los dos candidatos. Muy por el contrario, el aspecto en común que ambos tienen es su vinculación con el pasado: Jair Bolsonaro embellece la época de la dictadura militar. Según lo que él mismo dice, le gustaría tener a los militares en su gabinete, aunque usando procedimientos democráticos. Sin embargo, el hecho de que su gobierno se desarrollaría de forma autoritaria y vertical no está puesto en duda. Los analistas ven en las palabras de Bolsonaro y su vicepresidente un peligro a corto y largo plazo para la democracia brasilera y sus instituciones. Las empresas e inversores extranjeros guardan la esperanza de que, a corto plazo, el consejero para economía de Bolsonaro logre mantener estable la novena economía más grande del mundo. Se trata de un Chicago boy llamado Paulo Guedes, caracterizado por su línea ultraliberal. De hecho, pocos días antes de las elecciones se pudo observar una pequeña mejoría del índice fundamental de la bolsa brasilera (Bovespa). Lo mismo ocurrió con el real, que aumentó un poco, después de encontrarse en una situación bastante precaria desde principios de año. Estos desarrollos se dieron de forma paralela con el aumento del porcentaje de los votos de Bolsonaro, ya al final de la campaña [4].

La marioneta de Lula, Fernando Haddad, promete volver a un Brasil feliz. Con esto se refiere, como ya se dijo, a los años del boom de las materias primas. Apela entonces a los recuerdos de millones de brasileros que, bajo el gobierno de Lula, experimentaron un gran ascenso económico. Lo que el PT no da es la respuesta a la pregunta sobre cómo mantener esos programas sociales después del boom, poco tiempo después de una crisis económica y con un alto déficit presupuestario. A pesar de todo esto, las políticas económicas tendrían fuertes intervenciones estatales.

En otras palabras, los brasileros deben elegir dentro de tres semanas entre un populista, al que los analistas le adjudican tendencias antidemocráticas; y Haddad, una marioneta, al que Lula aconsejaría y probablemente mandaría desde la cárcel, y bajo el cual el intervencionismo estatal brasilero volvería a florecer. Si los votantes brasileros fueran Odiseo, tendrían que probablemente elegir en estos tiempos revueltos para la democracia entre Escila y Caribdis. Por lo tanto, no es sorprendente que desde hace meses tanto Bolsonaro como Haddad sean los dos candidatos que producen el mayor rechazo en la población. En muchos sondeos de ayer, el instituto de estadísticas Datafolha llegó a la conclusión de que Haddad es el único candidato que no derrotaría a Bolsonaro en una segunda vuelta. Esto demuestra que, a pesar de temer por la estabilidad de la democracia, muchos brasileros del ámbito burgués prefieren votar a Bolsonaro que a un candidato del PT. Después de trece años gobernados por el Partido de los Trabajadores, los brasileros viven la recesión más grande de la historia del país y se ven rodeados por varias redes de corrupción, que han logrado que la población pierda todo tipo de confianza en las instituciones. Por eso, para muchos votantes del ámbito burgués, votar a un candidato del PT no es una opción.

El candidato de izquierda Ciro Gomes se mostró contradictorio en las últimas semanas con respecto a su apoyo al candidato del PT. Ahora queda esperar para saber a qué candidato apoyará la coalición de Geraldo Alckmin y a cuál el MDB, que tiene redes en todo el país. Es posible pensar que todos los partidos de la Centrão se unan para apoyar a uno de los candidatos. También es posible, sin embargo, que la gran coalición se muestre neutral o se separe y se vuelva a unir de manera diferente. Las alianzas en Brasil suelen ser temporales y se caracterizan más por su poder político que por sus convicciones ideológicas o programáticas. Por el momento queda abierta la pregunta sobre quién será elegido presidente de Brasil el próximo 28 de octubre.

Traducción: Sofía Cerrillo y Manfred Steffen, de la oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer.

Venezuela combina una extraña mezcla entre hiperinflación y escasez de dinero en efectivo, lo cual parece contradictorio si se observan fotos que documentan las hiperinflaciones a lo largo de la historia.

Tanto en Latinoamérica como en Europa y hasta en África, las hiperinflaciones quedan retratadas en fotos de personas con enormes fajos de efectivo, carretillas llenas de billetes y personas usándolos para empapelar paredes o quemándolos para producir calor. Sin embargo, en Venezuela es tan común ver una cola de gente para comprar pan o jabón en un supermercado como ver una cola en una taquilla bancaria o frente a un cajero automático a la espera de retirar un poco del efectivo que las personas tienen en sus cuentas.

La realidad es que ambos fenómenos no son tan incompatibles como parece. Los gobiernos se financian generalmente con lo que recaudan de impuestos; con ese dinero pagan los salarios de los funcionarios, construyan obras públicas o compran insumos para hospitales y escuelas. No obstante, en la actualidad es común que el dinero recaudado no sea suficiente para los ambiciosos objetivos que los gobiernos modernos se plantean, por lo que se ven obligados a endeudarse.

Por otro lado, más del 95% del PIB de Venezuela proviene de la exportación de petróleo. Mientras este se cotizaba por encima de los 100 dólares el barril, Venezuela conseguía muchos inversores dispuestos a prestarle dinero. Con la caída de los precios, a la superendeudada Venezuela no le quedó otro remedio que financiar sus altos niveles de gasto público por la vía de la emisión de inflación.

La inflación es un impuesto indirecto, que permite a los gobiernos financiarse en los momentos en los que es políticamente inviable cobrar mayores niveles de impuestos y no se consigue acceso a financiamiento a través de la emisión de deuda.

Por su parte, la inflación es el incremento de masa monetaria en la economía, que genera un aumento generalizado de los precios. Esto ocurre porque se incrementa la cantidad de dinero a disposición del público, sin que se incremente la cantidad de bienes que producen, es decir, hay más dinero para perseguir los mismos bienes, lo que hace que sea necesaria una mayor cantidad de billetes para comprar la misma cantidad de bienes. La consecuencia es que los ingresos y los ahorros de los ciudadanos se ven disminuidos, mientras que el gobierno capta un dinero adicional.

El gobierno de Venezuela ha tenido que expandir la masa monetaria para cubrir el cada vez mayor déficit fiscal, La inflación subió a niveles superiores al 100% mensual y se estima que para 2018 la inflación acumulada sea superior al 1.000.000%.

Sin embargo, la escasez de bienes básicos en Venezuela, producto de los controles de precios que ejerce el gobierno, hace que sea muy difícil conseguir el papel para la impresión masiva de nuevas piezas de billetes en efectivo. En consecuencia, el gobierno ha necesitado importar las piezas de billetes fuera de Venezuela, con un gasto gigantesco en dólares para comprar billetes que valen muchísimo menos que el papel y la tinta con que están hechos, billetes que en un solo mes pierden, cuando poco, la mitad de su poder compra.

El gobierno venezolano decidió entonces emitir dinero de forma digital, es decir, a través de transferencias bancarias. Ello incrementó la inflación sin límites físicos y sin costo alguno, por lo que la hiperinflación viene acompañada de escasez de efectivo, ya que mientras más dinero emite el gobierno, menos unidades de billetes existen para satisfacer la demanda de retiros de los ciudadanos que poseen la mayor parte de sus volúmenes de este dinero digital emitido por el gobierno.

En una economía sana, la proporción de dinero en efectivo frente al total de liquidez es del 12% al 20%. En Venezuela, en 2008 esta magnitud era el 12,33%; en 2018, antes de la entrada del bolívar soberano, los niveles de efectivo con respecto a la liquidez eran del 0,8%, la semana en la que se hizo la reconversión monetaria los niveles llegaron a 2,63% y enseguida empezaron a retroceder de nuevo, debido a las emisiones de dinero digital que el gobierno continúa haciendo. Así, mientras más sube la inflación, mayores niveles de escasez de efectivo se generan.

La falta de nuevas figuras en el espectro político del Uruguay, es preocupante. Para mejorar la dinámica se necesitan más representantes de las nuevas generaciones.

En este año preelectoral la situación política y social del país parece ser todo, menos calma. Se escuchan quejas, expectativas, propuestas y reclamos de la sociedad uruguaya hacia el gobierno. Me pregunto entonces, ¿qué papel juega la juventud uruguaya en esta escena política agitada y vibrante? Esta pregunta no la hacemos muy frecuentemente, porque la política en el Uruguay parece ser un asunto de los mayores. La falta de presencia joven es aún más obvia cuando uno ha pasado algún tiempo en el exterior. Viviendo en Europa, puedo decir que allí la juventud no se muestra tan apática respecto a la política actual. Uruguay no tiene por qué parecerse al viejo continente, ese no es el punto al que quiero llegar. Lo que sí creo que es que hay que darles espacios a los jóvenes para innovar y mejorar nuestro país.

Liderazgo joven en Uruguay

Aun más preocupante que este espacio casi inexistente es el aparente desinterés que presentan los jóvenes uruguayos frente a la escena política actual. No estamos hablando de una nación en la que no haya cosas para mejorar o derechos que reclamar. Eso no existe ni aquí, ni en ningún lado. Entonces, ¿por qué el letargo en el que parece sumergida la población menor de 30 años en lo que a política se refiere? ¿Dónde está el liderazgo que representa a la juventud? Es obvio que no nos encontramos ante un régimen autocrático que presione a los movimientos sociales o calle las voces de sus ciudadanos: Uruguay es una de las democracias más institucionalizadas de América Latina y, según el Latinobarómetro del 2017, es la democracia más plena en la región.

[Lee también: La política como conflicto]

El estudio Living Politics de la Fundación Konrad Adenauer afirma que en Uruguay el 70% de los jóvenes tienen una afinidad política definida. Esto ubica al país muy por encima del promedio latinoamericano, ya que en otros países del continente estos tienden a no sentirse allegados a un partido en especial.

Por otro lado, según el mismo estudio, solamente el 6% de los jóvenes uruguayos trabajan para un partido político o candidato. Esta brecha entre ambos porcentajes demuestra, según mi punto de vista, que muchas veces los jóvenes votan simplemente al partido (guiándose por la tradición) y no a un candidato de carne y hueso con propuestas y agenda de gobierno. Esto es parte de las consecuencias del desinterés, que lleva a que no se informen lo suficiente y, por lo tanto, no tengan ideas claras respecto a lo que quieren para su país. Por la misma razón es que solamente el 6% de los jóvenes trabajan para los partidos.

La lucha por una mejor educación

Y si se habla del 6%, ¿cuánta influencia han tenido los jóvenes en la lucha por el 6% del PBI para la educación? Beneficiarse de la educación pública es uno de los derechos más importantes que puede tener la población joven. Por lo tanto, el reclamo de recibir más presupuesto para la educación tendría que ser protagonizado por ellos. Sin embargo, basta con leer un resumen de las noticias para ver que este no es el caso: la lucha está liderada en primer plano por los sindicatos de docentes.

La ausencia de la juventud también se ve reflejada en los puestos jerárquicos: actualmente en el Parlamento uruguayo no hay ningún diputado ni senador menor de treinta años, a pesar de que, según la Constitución, se puede ocupar una banca a partir de los veinticinco.

Por más que los partidos tengan grupos jóvenes internos, si estos no ejercen presión pública, sus intereses no van a ser escuchados. Las autoridades de dichos grupos tienen que ocupar cargos jerárquicos; de otra manera, la juventud va a seguir quedando en segundo plano en la política.

Falta de interés

Lo que creo más preocupante es la falta de opinión e interés en muchos grupos de veinteañeros respecto a la política. En varios casos no es un tema de conversación ni mucho menos una discusión que se pueda llegar a desarrollar. En otros países, sí. Personalmente he escuchado muchas veces en Uruguay frases de amigos o conocidos, como: «la verdad, no tengo ni idea de política» o «no me interesa la política». Estoy hablando de jóvenes que estudian una carrera universitaria, se preparan para una vida laboral activa y tienen contacto día a día con la realidad uruguaya. Pero no hablan de política y muchos menos intentan influir o participar en las decisiones públicas, en caso de tener algún reclamo o exigencia. Tal vez hablamos del tema cuando sucede algo imposible de ignorar, o a una semana de las elecciones nacionales, porque uno debe irse haciendo la idea de ir a votar. De lo contrario, no. ¿Por qué esta falta de interés por influir, por hacer algo, por cambiar? Las fuerzas jóvenes son las que tienen el deber de mejorar su país, porque es el que van a heredar.

Hay que hablar, reconocer lo que está bien y lo que está mal, lo que hay que mejorar y lo que es preferible dejar como está. Hay que impulsar al país para que tenga un futuro mejor. Los jóvenes debemos empezar a interesarnos más por lo que está pasando. No se pueden perder nuestras voces en la política porque, si estas se pierden, entonces no hay perspectiva de futuro.

La dictadura tenía fecha de vencimiento, después de tantos desaparecidos, asesinados, torturados. Después de tanto despotismo, 30 años atrás, los ciudadanos chilenos decían ¡basta! Con más del 55% de los votos, Chile le decía a Augusto Pinochet que tenía que dejar el poder.

Fueron 15 años de oscuridad y de usurpación del poder por un gobierno cívico-militar, donde los militares tenían la última palabra, respaldados por las armas y el terrismo de Estado.

La presión internacional fue fundamental para llevar al régimen chileno a una consulta popular. Los gobiernos democráticos de la región habían expulsado de sus territorios a los embajadores de la dictadura y habían llamado a consultas a sus representantes en Chile. La condena a las actuaciones de Pinochet eran constantes, acompañadas por acciones concretas.

El 5 de octubre de 1988 se convocó al referéndum y previamente se abrió un periodo de propaganda electoral. En la televisión nacional se emitían las campañas para cada una de las opciones, 15 minutos para el sí y 15 minutos para el no.

El 2 de febrero de 1988 se creó la Concertación de Partidos por la Democracia, una coalición de partidos políticos que sumaba a todas las fuerzas opositoras a la dictadura, promotora del no para el plebiscito. Esta coalición se caracterizó por su firmeza contra Augusto Pinochet, mientras simultáneamente ofrecían a la población una alternativa clara de país con la campaña “Chile la alegría ya viene”. Los ciudadanos chilenos tenían confianza en esta coalición, no había ningún tipo de dudas de que sus líderes estaban comprometidos con el objetivo de liberar a Chile de la dictadura militar.La tensión abrumaba a los ciudadanos chilenos, rumores de boicot y de fraude electoral recorrían las calles, las dudas de que la dictadura militar reconociera su derrota en las urnas eran latentes. Los resultados finalmente fueron publicados. Con el 55% de los votos a favor del no, la dictadura era derrotada y Augusto Pinochet aceptaba su derrota.

Chile, ayer un país sumido en una dictadura militar feroz, hoy es un ejemplo de democracia y de progreso en América Latina. Logró superar los obstáculos, las divisiones y fortaleció a las instituciones que conforman el Estado. Lamentablemente, sobre la región latinoamericana no se puede decir lo mismo. La consolidación y el surgimiento de regímenes despóticos y autoritarios no se ha podido detener. Cuba, Venezuela y Nicaragua son un claro ejemplo de esto.

El 11 de septiembre del año 2001 se firmó en el seno de la Organización de Estados Americanos la Carta Democrática Interamericana, un instrumento por el que los Estados miembros de esta organización se comprometían a defender y proteger los derechos humanos y la democracia en el continente americano. Hoy vemos como en la región progresivamente se ha normalizado la convivencia con regímenes dictatoriales. Hoy los Estados democráticos tienen representación en lugares donde las libertades individuales, políticas y económicas son totalmente coaccionadas por el terrorismo de Estado. Hoy vemos cómo Estados democráticos brindan inmunidad diplomática a representantes de gobiernos que persiguen y encarcelan a opositores, mientras se refugian en discursos retóricos que constantemente son repetidos en foros internacionales y entrevistas, pero que no significan una presión real contra los opresores.

A 30 años del plebiscito histórico que puso fin a la dictadura de Pinochet, Latinoamérica tiene muchas tareas pendientes en cuanto al derecho de protección. Millones de personas víctimas de regímenes no democráticos huyen a otros países y generan crisis migratorias como la que actualmente viven los venezolanos. En las relaciones internacionales, las declaraciones sin acciones quedan en buenas intenciones. Las dictaduras de ayer fueron presionadas y condenadas; las dictaduras de hoy deben ser condenadas y presionadas. Los derechos fundamentales y universales del ser humano deben ser protegidos y la democracia debe ser fortalecida diariamente con educación y cultura política.

Para la reflexión, ¿hoy se podría repetir un plebiscito como el realizado en Chile de 1988 en Cuba, Nicaragua y Venezuela?

Es necesario recordar este tipo de triunfos para reflexionar sobre la democracia y asimilarla como un ineludible y esencial valor que por ningún motivo se debe perder.

El año 1970 el socialista Salvador Allende Gossens ganaba democráticamente las elecciones presidenciales de Chile y, junto con ello y teniendo en cuenta la realidad política que acontecía en América Latina, surgieron más temores que expectativas positivas. Aquellos temores se hicieron realidad y de esta forma se comenzaba a establecer en Chile la denominada vía chilena hacia el socialismo bajo el alero de la Unidad Popular.

En 1973 la situación era prácticamente insostenible, con un gobierno que no respetaba los compromisos, quebrantando el orden constitucional y con una crisis económica que al mes de septiembre se reflejaba en una inflación del 300 %. Sumado a esto había una notable polarización en el país, que trajo consigo un empecinado odio que concluyó con un golpe militar y una larga dictadura hasta el año 1988.

Esta mención histórica sirve para contextualizar que ganar una elección de modo democrático también implica pregonarla como tal. Allende triunfó en la elección democráticamente; sin embargo, las políticas públicas llevadas a cabo durante su mandato y la omisión de la clase media chilena deterioraron la democracia y la libertad. Democracia no es solo participación, sino también es respetar y velar por quienes te eligieron y también por quienes no te eligieron, porque finalmente es la ciudadanía la que otorga el poder verdadero. En efecto, Cicerón expresaba: «La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder supremo».

En los largos 17 años de dictadura no existió el más mínimo indicio de libertad y prevaleció un régimen que violó sistemáticamente los derechos humanos, manipuló su propio pseudo-Poder Ejecutivo, suprimió el Poder Legislativo y restringió el Poder Judicial.

Desde aquel entonces comenzó un difícil camino hacia la libertad, donde diversos actores políticos, eclesiásticos, civiles, internacionales, entre muchos otros, confluyeron para el anhelado retorno a la democracia que se pudo materializar el miércoles 5 de octubre de 1988, mediante un plebiscito nacional en el cual se decidiría la continuidad de Augusto Pinochet en el poder.

De este modo, luego de casi dos décadas, la gente regresaba a las urnas para sufragar de forma democrática y así dar a conocer la voluntad de las mayorías. Ganó la opción por el no, con un 53,31% de votos, contra un 44,34% de la opción por el sí (que legitimaba la continuidad de Pinochet en el poder).

Sin embargo, hay que poner en relieve que en Chile la crisis democrática no inició con la dictadura, sino que más bien esta última fue una de las tantas consecuencias del debilitamiento de la democracia, que sucedió con antelación y que se pudo evidenciar durante el gobierno de Allende.

Cuando observamos las actuales crisis políticas que viven algunas naciones de América Latina, como es el caso Venezuela y Nicaragua, no podemos omitir la experiencia ocurrida en Chile, que experimentó una lucha sin igual por acabar con la dictadura.

La democracia siempre se impondrá, en la medida en que nosotros mismos le prestemos constante atención, porque hechos como el acontecido en Chile hace treinta años invitan a poner todos nuestros esfuerzos en cuidar la democracia. No hoy, sino siempre.

Alemania también celebra un día nacional. Cuando en América Latina se suele festejar la independencia del país o un acontecimiento revolucionario, en Alemania se celebra un hecho reciente: la reunificación en 1990.

El 3 de octubre de 1990 Alemania vivió un momento muy importante de su historia: tras 41 años de haber sido fundadas dos Repúblicas alemanas con dos modelos económicos y políticos distintos, una de ellas desaparecía uniéndose a la otra. La República Democrática Alemana, conocida como Alemania Oriental, con su sistema de economía planificada, seis estados y 16,4 millones de habitantes, se disolvía e integraba a la República Federal de Alemania.

Este fue el resultado de las transformaciones políticas en Alemania y el mundo. Por una parte, la sociedad civil de Alemania Oriental se organizaba para pedir más libertades políticas y se manifestaba de forma multitudinaria y pacífica. El camino al 3 de octubre de 1990 tuvo en el 7 de noviembre de 1989 uno de sus momentos más significativos: la apertura esa noche de los puntos de control a lo largo del Muro de Berlín, la frontera física y de alta seguridad que rodeaba a Berlín Occidental, y separaba esa isla de la República Federal en el corazón de la República Democrática. Por otro lado, los cambios que se registraban en el escenario mundial de reforma en los países socialistas y la distención de la guerra fría, permitieron que las cuatro potencias vencedoras de la segunda guerra mundial (la Unión Soviética, por una parte, y Estados Unidos, Francia y Reino Unido por la otra) accedieran a que las dos Alemanias condujeran su proceso de reunificación.

Con la reunificación de 1990 se cerraba una larga etapa de la historia alemana: desde el principio del siglo XX el país había experimentado transformaciones revolucionarias, muchas veces de una violencia sin precedentes en la historia de la humanidad. Y por fin un proceso político pacífico lograba conciliar al país, que a la larga sentó nuevas bases para el escenario europeo.

Qué se celebraba antes

Antes de la reunificación, cada una de las dos Alemanias tenía un calendario cívico diferente. Ambas Repúblicas se habían fundado en 1949, pero solo la Alemania Oriental celebraba el día de su fundación como fiesta nacional: 7 de octubre, Día de la República. Con la dificultad de celebrar una historia tan reciente, y sin soberanía plena, el Oeste no tenía una fecha equivalente. Esto cambió en 1953, cuando el 17 de junio un levantamiento popular en Alemania Oriental había sido disuelto y perseguido violentamente. Así, la República Federal conmemoró a partir de 1954 cada 17 de junio como día símbolo de la unidad en libertad. En 1963, una década después del alzamiento, y casi dos años tras la construcción del Muro de Berlín, el Oeste designó ese día como del Recuerdo del pueblo alemán. Alemania Occidental honraba el sacrificio de la otra mitad de Alemania que buscaba mayores libertades políticas y económicas.

La reunificación en 1990 brindó la oportunidad de crear una nueva fecha, con positivo y esperanzador significado, para el calendario cívico de la República Federal de Alemania.

Qué significa la unidad hoy

La unificación política del país resultó aparentemente sencilla. Los desafíos se han acentuado en aspectos económicos y sociales: ¿cómo transformar una sociedad y una economía que por casi medio siglo había acumulado diferencias tan estructurales con el país al que ahora se integraba? En preparación de la reunificación el gobierno alemán previó, y a lo largo de casi treinta años ha seguido implementando programas de transferencias de los estados del Oeste más prósperos hacia los del Este con mayores rezagos, para aumentar los niveles de desarrollo y propiciar condiciones equivalentes de vida. Pero este esfuerzo titánico no ha impedido que haya actividades económicas y regiones muy afectadas por la reunificación. Eso ha redundado en malestar social que se catalizó en años recientes alrededor del ingreso masivo de refugiados.

El Gobierno Federal cuenta con una agencia dedicada a continuar con las mejoras de los estados del Este (los neue Bundesländer o nuevos estados federados. El Comisionado del Gobierno Federal para los Nuevos Estados Federados publica año con año un reporte sobre los avances y problemas del proceso. A finales de septiembre, justo previo a la celebración del Día de la Unidad, el Comisionado da a conocer su informe sobre el estado de la unidad. En el año 2018 se destacan aspectos positivos: sí hay una convergencia de las condiciones de vida, acercando los niveles del Este a los del Oeste en temas como infraestructura, calidad del medio ambiente, acceso a salud. El desempleo en el Este, aunque es más alto que en el Oeste, tiene su nivel histórico más bajo, los salarios promedio en ramas de negociación colectiva son casi iguales, y los pagos de las pensiones se equiparán en 2024. El lado menos halagüeño indica que, en términos económicos, el Este sigue rezagado económicamente porque no es sede de ninguna de las grandes compañías que cotizan el principal índice bursátil de la Bolsa de Fráncfort; tampoco grandes empresas alemanas o extranjeras tienen su sede principal en el Este.

Cómo se celebra este día

Desde 1990, el 3 de octubre se convirtió en el Día de la Unidad y año tras año ha sido celebrado. Los diversos festejos de realizan siguiendo el espíritu federal de Alemania: cada año la sede de la celebración oficial se turna entre capitales o ciudades simbólicas de los 16 estados federados. Así, la celebración y los actos de Estado no son exclusivamente en Berlín.

Se ha vuelto una tradición que en el acto oficial participen el o la canciller en turno, así como el presidente del Parlamento Federal, y el presidente federal. En sus mensajes, estos personajes de la política evalúan los progresos del país y sus desafíos. Particularmente notable es el discurso del presidente federal, pues él suele no manifestarse sobre la política cotidiana del país, así que sus mensajes son reflexiones de fondo y con miras de largo plazo sobre el estado interno del país y su relación con Europa y el mundo.

La sede de la celebración oficial es rotatoria, en función del estado (Land, en alemán) que ese año detenta la Presidencia del Consejo Federal o Bundesrat (la Cámara del Poder Legislativo que representa a los estados, o Länder). Este año ha tocado a Berlín, ciudad-estado y capital federal. El gobierno de la ciudad ha dispuesto una celebración bajo el lema «Nur mit euch» (‘solo con ustedes’), que por tres días festeja en una feria abierta al público la riqueza de la diversidad y la colaboración en Alemania.

Solo con ustedes, nur mit euch

Según los organizadores, la consigna «Solo con ustedes» celebra la historia, el presente y el futuro de Alemania: solo con la sociedad civil de Alemania Oriental se pudo lograr un cambio pacífico, solo con las antiguas potencias de ocupación que dieron su anuencia se pudo reunificar el país, solo con la variedad cultural de migrantes y costumbres de quienes habitan Berlín la ciudad tiene lo que la hace mundialmente famosa. Solo con la participación de tantos se puede hacer una celebración como esta; y solo con todos, el país puede tener futuro. Es, además, una frase que se opone a otras consignas políticas que hoy en Alemania y otros países claman por la exclusión.

El festival abierto al público se lleva a cabo del 1 al 3 de octubre. Tiene lugar alrededor de la Puerta de Brandemburgo, el símbolo de la reunificación que conecta la histórica avenida Unter den Linden con la avenida 17 de junio (en honor a la fecha descrita párrafos atrás). También hay exposiciones de cada uno de los 16 Länder, y escenarios para conversar con políticos de estos estados, con representantes del Bundesrat y del Bundestag, así como del Gobierno federal. Todo esto en la inmensa Plaza de la República, en la que se encuentra el histórico Reichstag (sede del pleno del Parlamento Federal) y el Bundeskanzleramt, la sede del poder Ejecutivo alemán y oficina de la canciller Angela Merkel.

La noche del 3 de octubre, el acto principal del festejo es un concierto al aire libre donde participarán la cantante Nena, y otros como Samy Deluxe, Patrice, Philipp Poisel, Namika y Meute. Todos estos espacios están conectados por la Banda de la Unidad, una instalación de letreros adheridos al suelo (letras negras sobre fondo amarillo, de los que indican en los caminos cuando se entra o sale de una población). Son 11.040 anuncios con igual número de poblaciones de Alemania (la totalidad), que componen una banda de dos y medio kilómetros de largo. Los organizadores estiman la presencia de un millón de asistentes, que equivale a poco menos de una tercera parte de la población de la ciudad de Berlín.

La ceremonia protocolaria o acto de Estado tiene lugar unos cientos de metros de distancia de la Puerta de Brandenburgo: el presidente federal Frank-Walter Steinmeier y representantes de otros Estados, por ejemplo los embajadores adscritos en Berlín, participan en una recepción en la Ópera Estatal de Berlín, un histórico edificio sobre la avenida Unter den Linden que justamente hace un año, para esta misma fecha, fue reinaugurado por el presidente y la canciller Merkel.

Alemania habla, Deutschland spricht

Alrededor del 3 de octubre no todo es alegría. En los últimos años, Alemania ha experimentado un crecimiento del descontento social por la forma de hacer política y tomar decisiones. Una de las principales expresiones de esa tensión es la polarización de posturas, la reducción de argumentos y la tendencia a ignorar la validez del pensamiento del otro. El hoy presidente federal de Alemania, Frank-Walter Steinmeier fue anteriormente ministro federal de Relaciones Exteriores y desde esa posición había señalado los riesgos de ese diálogo de sordos. Como presidente, no ha cesado en promover el diálogo entre alemanes.

El periódico hamburgués Die Zeit también ha percibido la problemática y desplegó una iniciativa que coincide en tiempo con el debate que los políticos, intelectuales y medios de comunicación realizan alrededor del Día de la Unidad. Con el título «Deutschland spricht», esta publicación convocó a casi veinte mil alemanas y alemanes de todo el país a conversar, conocerse y confrontar argumentos de una sociedad cuyos segmentos han dejado de escucharse.

En una presentación de Die Zeit en Berlín a finales de septiembre, el presidente federal Steinmeier celebró la iniciativa «Alemania habla» y puso en perspectiva nacional la contribución que hace un diálogo de esta naturaleza. Este es el segundo año que se lleva a cabo, y la numerosa participación de periodistas, académicos, intelectuales, y sobre todo ciudadanos de a pie que se registraron para encontrarse y conversar con gente que tiene condiciones de vida distintas y piensan distinto, hacen de este esfuerzo una parte fundamental de la democracia: la libertad de expresión es importante, pero lo son aún más el entendimiento y el acuerdo.

Cortesía del Centro Alemán de Información para Latinoamérica.

Zirahuén Villamar
@zirahuenvn
Nació en la Ciudad de México, donde trabajó para una fundación política alemana. Hoy (2018) escribe su tesis doctoral sobre política exterior germana en la Universidad Libre de Berlín.

Costa Rica se encuentra hoy al borde de una crisis financiera severa, a raíz de prácticas económicas nada saludables, arrastradas a lo largo de muchos años. Sin embargo, no es algo extraño para la memoria colectiva de los costarricenses.

Ya durante los años ochenta Costa Rica enfrentó una inflación sin precedentes Esta situación afectó la rutina cotidiana de la mayoría de sus ciudadanos y produjo un crecimiento enorme en sus índices de pobreza.

Hoy el panorama es similar. En una escueta síntesis, los ingresos del gobierno de Costa Rica no alcanzan para cubrir sus gastos, una situación que es considerada normal en cualquier Estado, y se le denomina déficit fiscal. Pareciera que actualmente todos los Estados están bajo la presunción de tener un déficit establecido, por el cual deben velar, regular y sostener a márgenes aceptables por los organismos internacionales y, en especial, por las denominadas calificadoras de riesgos. Estas juegan un rol sumamente importante en la crisis actual que vive Costa Rica.

Las calificadoras de riesgos evalúan la capacidad de pago y cumplimiento a estándares de préstamos de deuda externa. Más sencillo, si la calificadora Z dice que el país tiene X% de riesgo, se complica el financiamiento externo de este y, por ende, su manejo económico.

En el caso concreto de Costa Rica, algunas calificadoras determinaron que existe un desfase entre el crecimiento económico y el déficit fiscal, los cuales eventualmente generarían un panorama económico insostenible. Su recomendación es que Costa Rica apruebe urgentemente una medida: un paquete fiscal con nuevos ingresos.

La propuesta que se encuentra actualmente en la Asamblea Legislativa presenta un trueque que pareciera sencillo de plantear: el Estado cobrará más impuestos a los ciudadanos y, a cambio, tomará medidas en contención del gasto para equilibrar las finanzas públicas. Pero esto, claro está, no puede ser analizado con tal sencillez. Por ejemplo, el compromiso del Estado de reducir el gasto mediante una serie de decretos, los cuales, en primer lugar, debieron haber sido implementados hace algún tiempo y, a su vez, por principios legales, pueden ser revertidos por cualquier decreto que así lo manifieste. En contraste, los impuestos muy probablemente nunca más bajaran para los costarricenses, ya que requieren de la aprobación de 29 votos en la Asamblea Legislativa de los 57 diputados electos.

Existe un dogma político que establece que todo impuesto es impopular. Sería análisis de otro escrito investigar si alguna campaña política exitosa tuvo como eje central de comunicación el incremento de los rubros impositivos. Esto se genera por una razón lógica: las personas no quieren un costo de vida más caro, y tienden a pensar que los gobiernos podrían y deberían administrar mejor sus recursos.

La transición de impuestos que se quiere dar en Costa Rica suma un elemento de resistencia más a la mesa: pasar de un impuesto de venta a un impuesto de valor agregado que gravaría servicios hoy exentos, y que por lo tanto subirían su precio: taxis, abogados, médicos, Netflix, alquileres, peluquería, entre otros. Asimismo, una nueva tabla de impuesto a la renta también traería un significativo aumento.

El Estado promueve una fuerte contención del gasto, y con esto abre un frente más de impopularidad. Las medidas giran en torno al recorte del empleo público, rubro que ha tenido un crecimiento descontrolado, en parte por el plan escudo ante la crisis del 2008, cuando se crearon múltiples plazas para mejorar la situación económica del país en tiempos de inestabilidad internacional.

Al mismo tiempo, estos recortes generan gran efervescencia en los sindicatos, que defienden aumentos salariales, convenciones colectivas, anualidades y el congelamiento de pagos por rubros que se han extrapolado en los salarios de la mayoría de los funcionarios públicos.

Por todo esto, Costa Rica se encuentra cursando la tercera semana de huelga indefinida y en medio de un debate multisectorial, con un choque cruzado de opiniones, que una vez más vuelve a calar en los escritos cuasivinculantes de las calificadoras de riesgo. Se evidencia la falta de un consenso social de años, pues se fueron posponiendo acciones para evitar una crisis de la que todos estábamos informados. Ahora, todos debemos colaborar para encontrar una salida negociada, que no golpee a los sectores más vulnerables de la población.

La política también es estética, y a veces es una estética de lo grotesco que corresponde a la definición del esperpento, el género teatral ideado por el escritor español Ramón María del Valle-Inclán, en que los héroes clásicos resultan deformados por los espejos cóncavos que reflejan sus imágenes, como lo diría uno de los personajes de su obra Luces de Bohemia.

En términos más sencillos, esperpento es justamente una estética en la que las figuras que deberían ser bellas y heroicas según ciertos cánones, son degradadas y bajadas de los altares donde se las idealizaba.

La decisión del gobierno español de exhumar los restos del Francisco Franco del Valle de los Caídos, votada por una ajustada mayoría en el Congreso, tiene características esperpénticas, en el sentido que le da Valle-Inclán al término. El decreto ley del gobierno del PSOE tiene como objetivo arreglar las cuentas pendientes que dejó la llamada transición. Se trata de poner a Franco en su sitio; de sacarlo del monumento que pretende conmemorar a todos los caídos en la guerra civil, pues, argumentan los socialistas, el Generalísimo fue el principal verdugo de al menos la mitad de esas víctimas.

La clave esperpéntica de Valle-Inclán nos permite profundizar en el análisis de la decisión de Sánchez, y compararla con otras situaciones que, si bien difieren en cuanto al contexto social y cultural, ilustran lo que podríamos llamar el fenómeno de la necropolítica, es decir, la manipulación simbólica de personajes muertos desde las instancias de poder. Para ello nos vamos a detener en la difusión televisiva de la apertura del sarcófago que guardaba los restos de Simón Bolívar, exhumación dirigida por el entonces presidente de Venezuela Hugo Chávez.

El 15 de julio de 2010, Chávez anunció vía Twitter que el cadáver de Simón Bolívar había sido exhumado con el fin de determinar las «verdaderas causas» de su muerte hacía prácticamente doscientos años. Unas horas más tarde, el vídeo con los detalles de la exhumación fue transmitido en cadena nacional de televisión. Una primera lectura de este hecho nos indicaría que estamos frente a un acto de revelación de la verdad que, como en el caso de Franco, busca ejercer algún tipo de justicia histórica. Con Bolívar la excusa fue establecer por qué murió, en el marco de una teoría conspirativa de Chávez según la cual el Libertador habría sido asesinado. Con Franco, la intención es relocalizarlo material y simbólicamente en la historia reciente de España.

En clave esperpéntica, ambos casos tienen que ver con la imagen degradada del héroe. Chávez buscó con ese acto acercar la figura mítica de Bolívar a la suya. Paradójicamente, el efecto de acercamiento de los personajes se da a través de la desacralización del héroe fundador de la patria, como ya lo notara Valle-Inclán en su estética sistemáticamente deformada.

En la iconografía tradicional, Bolívar es el guerrero a caballo o el legislador que redacta las Constituciones de las nacientes repúblicas americanas. En estas representaciones están los elementos de una religión republicana, en palabras del historiador Pino Iturrieta, en la que el divino Bolívar juega un papel central en un panteón de héroes militares. Pero, el mostrar urbi et orbi el esqueleto inerme del Libertador tiene un efecto justamente esperpéntico: deforma la imagen del héroe a través de la mediación de la pantalla de televisión y de las redes digitales.

Es en sus efectos prácticos que la puesta en escena esperpéntica adquiere su verdadera connotación política. Hubo en la transmisión televisiva de la exhumación de los restos de Bolívar una sensación de hiperrealismo que se mezclaba con el irrealismo de lo impensable ante la desacralización del llamado Padre de la Patria. Ya en España algunos denuncian una eventual profanación de la tumba de Franco, o incluso de la utilización electoralista por parte de Sánchez de este decreto ley.

La necropolítica en su vertiente esperpéntica busca también reescribir la Historia (con mayúscula). Chávez presentó dos años después un nuevo rostro de Bolívar, recreado digitalmente a partir del cráneo exhumado, lo que algunos consideraron como un intento más del comandante presidente de acercar su propia imagen a la de un Libertador zambo.

El PSOE de Sánchez quiere completar la tarea pendiente de la transición para borrar las huellas del Franco heroico de la historia de España. Además de repolarizar a la sociedad española, obligando a sus adversarios políticos del PP y de Ciudadanos a tomar partido sobre el significado actual del dictador, la decisión de Sánchez podría dar pie para transformar el significado del Valle de los Caídos, eliminando el carácter de mausoleo del general.

Pero el ruido y la furia propios de debates en las redes sociales ha dado cuenta de la idea de convertir el Valle de los Caídos en un museo de la memoria, como lo había propuesto originalmente Sánchez. Valle-Inclán estaría admirado del potencial escénico que tiene la necropolítica en esta era de medios digitales, grandes espejos cóncavos desde los que consumimos millones de imágenes deformadas.

Isaac Nahón Serfaty
PhD en Comunicación. Profesor en la Universidad de Ottawa, Canadá.
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@narrativaoral

Los escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos tiempos en América Latina son, de alguna manera, una señal que permiten ser cautamente optimista. Los mecanismos democráticos que sobreviven en nuestros países —imperfectos, limitados y hasta en cierta medida sesgados—han permitido que se expongan y se procesen.

La telenovela destapada por los cuadernos K en Argentina y el escándalo de corrupción que sacudió al Poder Judicial en Perú son las más recientes muestras del largo y al parecer interminable amasijo de trapos sucios que inundan las redes sociales y acaparan titulares en los medios de comunicación en América Latina. No es de extrañar que la opinión pública esté cansada de políticos y autoridades y que, por extensión, incube un creciente sentimiento de desdén y hastío hacia la democracia que los políticos representan y encarnan.

Esta es, sin duda, la consecuencia más grave de los escándalos de corrupción que vienen sacudiendo a nuestra región. El desencanto con la democracia conlleva un gran número de riesgos. La corrosión de los valores cívicos que nos permiten convivir en libertad y respeto y la predisposición a caer seducidos por los cantos de sirena de los gobiernos de mano dura son dos de los más graves.

Es necesario hacer un esfuerzo para recordar, como sociedad, que es precisamente la democracia la que ha permitido que estos escándalos se destapen. Sin la —imperfecta— libertad de prensa y expresión de los sistemas democráticos, sin la existencia de grupos de oposición y sin la libertad que tienen las organizaciones de la sociedad civil para funcionar y manifestarse, estos escándalos difícilmente habrían salido a la luz. Esto a pesar de los propios políticos, que se deben a la democracia pero que seguramente hubieran preferido una sociedad menos fiscalizadora. Afortunadamente no contaban con el poder suficiente para amordazarla.

Nos guste o no, la tendencia a la corrupción es parte de la naturaleza humana. ¿Quién, en un momento de apuro, no ha sentido la tentación de comprar un bien o un servicio sin factura o boleta o ha tratado de buscar la forma de quitarse de encima una multa? Que todos hayamos sufrido estos momentos de debilidad no justifica en absoluto la corrupción de políticos, empresarios y autoridades, pero nos pone en el contexto correcto para valorar la democracia y las instituciones que permiten investigar, denunciar, juzgar y eventualmente condenar a quienes están envueltos en actos de corrupción.

Hay gente que piensa que un gobierno de mano dura, sacrificando libertades y derechos básicos, puede poner fin a la corrupción estatal. Todo lo contrario. Los gobiernos autoritarios son el caldo de cultivo ideal para la corrupción y los manejos bajo cuerda. Sin libertad para investigar y denunciar, sin instituciones que garanticen un debido proceso y sin estructuras de contrapeso al poder político, la corrupción tiene vía libre.

Las evidencias empíricas abundan. Las cuentas en Andorra de la elite gobernante de Venezuela que se destaparon en Europa son un buen ejemplo. Paradigmático es el caso de Augusto Pinochet, quien por mucho tiempo fue considerado un dictador duro y cruel, pero honesto, hasta que se destaparon —ya en democracia— las célebres cuentas del Banco Riggs donde el dictador y su familia habían escondido varios millones de dólares. O el de Alberto Fujimori, el héroe que acabó con el terrorismo en el Perú y puso fin al caos económico del país pero que, de la mano de su jefe de inteligencia, Vladimiro Montesinos, instauró un maquiavélico sistema de corrupción y extorsión para mantenerse en el poder.

Los escándalos de corrupción que han salido a la luz en los últimos tiempos en América Latina son, de alguna manera, una señal que permiten ser cautamente optimista. Los mecanismos democráticos que sobreviven en nuestros países —imperfectos, limitados y hasta en cierta medida sesgados—han permitido que se expongan y se procesen.

Nunca ha habido tantos casos en América Latina de políticos y empresarios procesados por la justicia y en varios casos encarcelados. Es cierto que la dimensión de los escándalos de los últimos años —en especial los del Lava Jato en Brasil y los de los cuadernos K en Argentina— son extraordinarios, en parte debido a la abundancia de recursos producto de un boom económico no visto en muchos años gracias al superciclo del precio de las materias primas.

Pero eso no quiere decir que haya sido la democracia la que trajo la corrupción. Lo que trajeron la democracia y sus instituciones fue la posibilidad de que estos delitos no queden impunes. Algo que no sucedía en los tiempos de las dictaduras en nuestra América y que nos debe llevar a redoblar esfuerzos por valorar nuestra imperfecta democracia y seguir trabajando por fortalecer las instituciones sobre las que funciona.

Publicado en análisislatino.com, el 25 de septiembre de 2018.

La democracia paraguaya necesita una urgente reforma electoral.

Las denominadas listas sábanas, que permiten candidaturas plurinominales para el Congreso y otros órganos legislativos departamentales y municipales, constituyen el refugio de averiadas figuras políticas que acceden a los cargos amparadas en el prestigio o buen nombre de quienes encabezan esas listas. Se trata de un sistema de listas cerradas y bloqueadas que, en la mayoría de los casos, es un mecanismo de protección e impunidad ante eventuales requerimientos judiciales.

En Paraguay ya existe un clamor popular por el desbloqueo de las listas sábanas, mas estas no son el único obstáculo que amenaza seriamente la credibilidad del proceso democrático. Las últimas elecciones nacionales han dejado un elevado margen de sospechas sobre el vigente sistema electoral por, de algún modo, alentar o proteger el fraude, cuyas redes llegaron a involucrar a las autoridades jurisdiccionales del fuero electoral que generaron la duda sobre la imparcialidad de sus decisiones.

Urge introducir una serie de transformaciones a las actuales reglas electorales. Enumeraremos algunas de ellas, comenzando, por supuesto, con el desbloqueo de las listas. La sustitución de papeletas, urnas y actas manuales por un sistema de voto electrónico, con expedición de impresos pasibles de auditoría, con las actas informatizadas dispuestas para la firma de los integrantes de cada mesa electoral. Mejora sustancialmente el control, aunque sea posible vulnerarlas. Es una herramienta que, bien auditada, contribuye a la disminución del fraude.

La integración de las mesas electorales, que son propuestas por los partidos con representación parlamentaria, solo beneficia a las fuerzas de mayor estructura y no garantiza el debido proceso, por cuanto la mayoría de los casos de fraude se operan en las mesas y en las actas allí confeccionadas tras las elecciones. Se aconseja que, en todas las mesas del país, por lo menos un miembro de mesa resulte sorteado y ocupe un lugar como carga pública.

La financiación de la política es clave para impedir el acceso de fondos marginales que acechan a la democracia. Una propuesta aconsejable es determinar la trazabilidad del dinero invertido en campañas electorales, fundamentalmente en la previa interna partidaria.

Otras modificaciones tienen que ver con el sistema de representación proporcional. El D’Hondt vigente es de aplicación perversa, porque premia desproporcionadamente a las mayorías, en detrimento directo de la diversidad de voces de la sociedad, muchas veces postergadas por la injusta distribución de las bancas en disputa.

Sin estos cambios, y otros que se requieran, se arriesga la consolidación de la democracia paraguaya, en especial, la legitimidad de origen de quienes resulten electos en procesos viciados, que le restan credibilidad a las instituciones. Sin este soporte republicano básico, los caminos del desarrollo social y económico del Paraguay sostenido y equilibrado pueden entorpecerse por la incomprensión de coyunturales intereses sectoriales.

La extrema derecha avanza en la tradicional democracia nórdica sueca.

Dicen que Suecia es la sociedad más justa y solidaria del mundo. Un país que hasta mediados del siglo XX poseía una base de campesinos pobres con vocación de emigrantes, como había sucedido a finales del siglo XIX, para superar el hambre y un futuro esquivo. Pero Suecia despegó, explotando sus riquezas naturales y su diplomática distancia geopolítica, construyendo una bonanza que fue repartida en clave socialdemócrata y legando un ejemplo de igualdad, acceso a la educación, servicios de salud, asistencialismo y tolerancia a los refugiados.

Ahora, esta Suecia, la de la trasparencia y la civilización democrática, se ve amenazada por el arribo de un grupo extremista de derecha, los mal llamados Demócratas Suecos, quienes bajo la ya tradicional receta del miedo a lo foráneo y el nacionalismo radical proponen restringir en buena parte el modelo social de su país. Los resultados no son despreciables, pues con 17,6 % de los votos han alcanzado 63 escaños en el Parlamento y una capacidad de negociación con la derecha tradicional que les da posibilidades de acceder al gobierno.

¿Qué tan cerca está la extrema derecha de llegar al poder? Para obtener una respuesta debemos recordar que los Demócratas Suecos comenzaron a obtener escaños en 2010, haciendo más flexible su discurso y desprendiéndolo pragmáticamente de sus bases más radicales, como Alternativa para Suecia y otros sectores considerados neonazis, quienes mantienen posturas cerradas contra los inmigrantes. Este avance debe ser contextualizado en un modelo parlamentario en que la izquierda (144 escaños) y la derecha (143) necesitan establecer alianzas para gobernar sin los votos de la ultraderecha.

Aunque existe la posibilidad de que los Demócratas Suecos puedan avanzar, para analistas como Antonio Albiñana [1] el fin del modelo sueco está lejos de la realidad: aunque se presente una «fatiga de los materiales» respecto a los gobernantes, aún está enraizado en la sociedad, desde la zona sur poblada por numerosos inmigrantes hasta el norte más allá del círculo polar ártico, donde el sindicalismo de vieja data ligado a las minas de hierro aún se hace respetar y la ausencia de privilegios y desigualdades son bien vistos en todo el país.

En cualquier caso, el avance de la derecha extrema es una advertencia para el país que más refugiados y asilados recibe de toda Europa (un 16 % de sus habitantes son extranjeros) y que aún tiene presente el legado de Olof Palme. Recordemos que el antiguo líder nórdico recibió a miles de personas que buscaban protección huyendo de las dictaduras latinoamericanas, generosidad que le es aún reconocida, aunque paradójicamente muriera asesinado en plena calle, en un misterio aún por resolver.

El actual mandatario, Stefan Löfven, sindicalista, soldador, sin estudios universitarios completos, abandonado por sus padres y adoptado por un leñador, ha decidido desde 2014 mantener una política de brazos abiertos frente a los inmigrantes y refugiados, en la que se destaca la oleada de sobrevivientes de los conflictos de Oriente Medio que llegaron a Suecia. Contra esta generosidad y estas tradiciones democráticas es que la amenazante extrema derecha, en concordancia con sus pares continentales, parece mostrar sus dientes y ha ganado un terreno que no debe dejar de ser observado por la comunidad internacional.

Nota:

[1] Véase Albiñana, Antonio (16.09.18): «Tormenta sobre Suecia», en el periódico El Tiempo, Bogotá (Colombia).

Son muchas las interrogantes que tiene Bolivia con relación a lo que llegará a pasar próximamente.

En el país, el ambiente político se encuentra muy tenso debido a que se tiene cerca la elección presidencial. Toda discusión o debate gira en torno a esa forzada intención de reelección que pretende Evo Morales, y es que Bolivia está ingresando a un punto crítico y decisivo para su historia reciente. Claramente, la nueva Ley de Organizaciones Políticas ha entrado con fuerza a este escenario. Con una gran rapidez y en medio de mucha polémica, se promulgó el 1 de septiembre esta ley, en la que se introduce una nueva figura en Bolivia: las elecciones primarias. Este nuevo mecanismo electoral es, de ahora en adelante, un requisito obligatorio que los partidos políticos deben cumplir previamente a otras elecciones.

Más pronto de lo previsto, Bolivia tendrá que votar nuevamente, en este caso para elegir a quienes serán los candidatos de las próximas elecciones presidenciales de 2019.

La Ley de Organizaciones Políticas nació bajo duros cuestionamientos, debido al momento en que fue promulgada, con unas elecciones presidenciales muy cercanas. La prisa por implementarla vino desde la Cámara de Diputados, donde se llevaron a cabo ciertos cambios con miras a la aplicación de esta nueva normativa para el proceso electoral de 2019. A su vez, las modificaciones fueron rápidamente respaldadas por el Senado.

Con una conocida mayoría de parlamentarios del partido de gobierno en ambas Cámaras, rápidamente se generaron comentarios, críticas y ansiedades en torno a los intereses ocultos que impulsaron esta ley. Actualmente, estas preocupaciones parecen haberse confirmado. La ley será la vía definitiva que utilizará el Gobierno para intentar legitimar la candidatura forzada de Evo Morales, evitando los resultados del referendo de 2016 mediante el uso de unas elecciones primarias. Las declaraciones del mismo Evo Morales así lo corroboran: «Iré a las primarias por decisión del pueblo y del Tribunal Supremo Electoral, que tiene que cumplir con la sentencia constitucional» (El Deber, 2018).

Pero ese no es el único gran impacto que esta norma tendrá en las próximas elecciones presidenciales. En esta oportunidad, los tiempos y plazos a cumplir se están tornando aspectos restrictivos para la participación de nuevas organizaciones. Dado que las elecciones primarias serán en enero del próximo año, las organizaciones políticas interesadas tendrían hasta octubre del 2018 para inscribirse. Con esto, ninguna nueva agrupación podrá participar de las elecciones presidenciales de 2019, puesto que estas tendrían la imposible tarea de sacar una personería jurídica —de organización política—- en menos de dos meses.

Con esta nueva ley, pareciera que una de las intenciones es mantener un escenario similar al de las pasadas elecciones, con una disputa por los votos entre los mismos partidos. Un contexto que le daría mayor seguridad a Evo Morales y a su partido para repetir una victoria. Esto, si la candidatura de Evo Morales fuera legal.

Sin lugar a dudas, adelantadamente, esta Ley de Organizaciones Políticas ha empezado a definir el escenario para las elecciones presidenciales. Primero, elaborando un nuevo medio para intentar colocar a Evo Morales dentro del proceso. Segundo, limitando la participación de nuevas agrupaciones ciudadanas, que para participar tendrán que buscar alianzas obligadamente con los actuales partidos.

Quizá en otro contexto, esas primarias podrían haberse configurado como una nueva forma para que los partidos capten nuevamente la atención de la sociedad civil. Una preselección de candidatos como un primer paso para que la gente se sienta más identificada con lo que representan estas estructuras políticas: candidatos, propuestas y visiones. Pero, actualmente, es claro que este mecanismo está actuando en favor de los intereses particulares de un grupo.

Cada vez se está más cerca de ese punto de inflexión para el devenir de Bolivia y la nueva Ley de Organizaciones Políticas se suma al repertorio de mecanismos que el gobierno utilizará para forzar la candidatura de Evo Mórales.

En este escenario tan crítico y electoralizado en que se encuentra Bolivia, es preciso recordar que las elecciones son una mínima condición que toda democracia necesita. Pero la salida del conflictivo escenario que el país tiene enfrente dependerá, más que nada, de los valores y principios democráticos que la sociedad civil guarda.

Lava Jato, Brasil 2014, más de 10.000 millones de dólares. El caso Duarte, México 2016, al menos 1700 millones de dólares. Los cuadernos de las coimas, Argentina 2018, al menos 600 millones. Ese es el precio de la corrupción. Tanto dinero perdieron los Estados afectados.

Y estos son solo tres de los mayores escándalos de sobornos en los últimos años en América Latina. El soborno es parte de la vida cotidiana. A diferencia de Europa Occidental o los Estados Unidos, es socialmente mucho menos proscrito. En Perú, por ejemplo, 7 de cada 10 personas toleran prácticas corruptas, según una investigación de la organización no gubernamental Proética, la filial peruana de Transparency International. Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, explica la actitud negligente de sus compatriotas:

«Los peruanos sabemos que algo está mal, sabemos que es corrupción, pero no nos parece importar mucho. Hay como una normalización de este tipo de conductas» (Siete-de-cada-diez, 3.8.18)

Pero la corrupción no es un pecadillo, porque priva a los Estados involucrados de miles de millones de dólares, que en otras partes faltan para la inversión que tanto necesitan. Y socava la confianza en el Estado y sus instituciones. Nadie reacciona a esto tan rápido y con sensibilidad como la propia economía: después de que el caso de La Línea, una larga red de corrupción que involucraba al propio presidente Otto Pérez Molina, fuera descubierto en Guatemala en 2015, la confianza económica cayó un 60 % en solo cinco meses, según la Encuesta de Expectativas Económicas (En cinco meses…, 30.8.15). En Brasil, el producto interno bruto bajó un 10 % en tres años a través del escándalo Lava Jato (lavadero, en castellano). (Produto … 27.6.18)

Ni siquiera las estructuras democráticas que existen en casi todos los países latinoamericanos son una garantía contra la corrupción. Esto se demuestra no solo en Brasil, donde, además de la historia casi mafiosa del Lava Jato que afecta al grupo Petrobras, se han descubierto docenas de otros casos de corrupción, incluyendo la construcción de los estadios para la Copa Mundial de 2014. También se demuestra en Argentina, que actualmente está viviendo el mayor escándalo de sobornos en su historia: casi dos docenas de políticos y empresarios están bajo custodia. Implica millones en pagos por contratos gubernamentales encarecidos durante los mandatos del presidente Néstor Kirchner (2003-2007) y su esposa y sucesora Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015). Especialmente en estos doce años, cuando Argentina se cerró con el intervencionismo estatal y el aislamiento económico, la corrupción estaba profundamente enraizada hasta en las instituciones democráticas. Y la lucha contra ella fue superficial, como escribe el historiador Luis Alberto Romero:

«En la provincia de Buenos Aires hubo intentos de eliminar la corrupción de la Policía bonaerense, pero fueron esporádicos y poco exitosos, y finalmente se volvió al sistema de acuerdos espurios, para tolerar sus actividades y limitar su visibilidad. En el caso de la Policía Federal, el Gobierno nacional aceptó durante estos años sus prácticas corruptas tradicionales […]». (Romero, 2012, p. 385)

Otro factor que ha favorecido la corrupción en Argentina, en lugar de luchar contra ella, es la excesiva política de clientelismo de los gobiernos de los Kirchner. Innumerables programas sociales lograron que la pobreza en el país bajara en parte. Al mismo tiempo, los controles estatales en la lucha contra los abusos de estos programas fracasaron, según escribieron las periodistas Alejandra Gallo y Martín Dinatale en un estudio de 2013:

«Poco se puede esperar de los organismos de control estatales en la Argentina para corregir los planes sociales errados o para enmendar aquellas políticas asistenciales […]. Lamentablemente los mecanismos dispuestos en todos los casos resultaron insuficientes o inoperantes a la hora de resolver y terminar con complejas prácticas de corrupción en los programas sociales». (Dinatale y Gallo, 2013, pp. 163-164)

[Lee también: Brasil sin perspectivas. Ni con el presidente Temer, ni sin él]

El reciente escándalo de corrupción en torno a los cuadernos de las coimas corresponde a las muestras bastante conocidas en otros casos de sobornos en el continente: siempre se trata de dinero público, escribe el diario español El País:

«Con las debidas diferencias, se trata de un entramado similar al descubierto […] en otros países de Sudamérica donde los fondos y comisiones generados por la obra pública terminan financiando la política y, en algunos casos, sirviendo para un notable lucro personal» (Corrupción, 22.8.2018)

Pero gradualmente estas redes e interconexiones parecen perder su estabilidad. Los ciudadanos, la justicia e incluso la economía están detrás de los fiscales independientes que investigan el caso Lava Jato en Brasil. Ahí y en Argentina, ahora hay leyes que hacen posible la indulgencia a través de arreglos de testigos principales, lo que lleva a más confesiones. En Guatemala, en 2015, la presión de las redes sociales y de la Comisión Internacional Anticorrupción terminó en la renuncia del presidente Pérez Molina. Y en Argentina, el asesor político Carlos Fara cree que las cosas podrían cambiar después del reciente escándalo:

«Difícil de predecir, obviamente. Pero en todo caso es un golpe fuerte que actuará como sedante por un tiempo largo, ya que “si las barbas de tu vecino ves cortar, pon las tuyas a remojar”» (Fara, 10.8.2018)

Tal vez esto finalmente lleve a la clase política en América Latina a la comprensión: muchos de sus miembros se han beneficiados de la corrupción hasta el momento. En abril, una cumbre anticorrupción en Lima terminó sin resultados verdaderos. Y la expresidenta argentina Cristina Kirchner considera las acusaciones en su contra como manipulación (Di Marco, 24.8.2018).

Pero, al fin y al cabo, la solución del problema de la corrupción debe ser política.