El primer mensaje del nuevo presidente de México fue polarizante, maniqueo y de grandes compromisos que no queda claro de qué manera podrán llevarse a la práctica: más demagogia que técnica, más incertidumbres que certezas.

Pocas novedades que no hayan sido dichas en campaña se desprenden del discurso de Andrés Manuel López Obrador, el sábado 1 de diciembre, durante la toma de protesta como presidente de México.

Un mensaje que, sin separarse de la retórica que promete cambios profundos e inmediatos pero jamás atina en señalar la manera en que se realizarán, siguió la lógica de una campaña que tuvo dos grandes aciertos: encasillar a sus opositores como un bloque único y, a partir de esa división, construir un mensaje maniqueo que divide la pluralidad política en dos polos irreconciliables.

Preocupa, sin lugar a duda, que incluso ya como titular del Ejecutivo esa narrativa se mantenga y se reafirme; el encono que se promueve y la división son caldo de cultivo para seguir zanjando brechas que contribuyen en poco a la conciliación y la unidad del país.

Sin embargo, más preocupante aún resulta que, durante la jornada de ese día, las palabras de López Obrador apuntaran a un auténtico desmantelamiento del sistema mexicano.

El primero de sus anuncios, al amparo de lo que él mismo ha llamado la cuarta transformación, fue destacar que a partir de ese momento iniciaba un «cambio de régimen político» que busca continuar la labor de los próceres mexicanos de los siglos XVIII, XIX y XX; es decir, asumiéndose como legatario de una herencia que está llamado a perpetuar, en el más claro mesianismo que ve en el propio líder a un reformador del siglo XXI.

Luego, un recorrido por la historia económica del país, mucho más cercano a la reinterpretación del pasado, con un solo culpable de las desigualdades y altos niveles de pobreza que asolan al país: el periodo neoliberal, el de las privatizaciones, el que abrió México al mundo a través del tratado de libre comercio con América del Norte, el que ha traído inversión, diversificado la economía y generado polos de desarrollo de nivel mundial. El que, en fin, si bien adolece de grandes pendientes, ha sido efectivo para la generación de riqueza.

En unos minutos, López Obrador denunció que esa etapa, los últimos 25 años, debían clausurarse para dar paso a un modelo estatista como el de los años setenta del siglo pasado, vertical, con un control que diera al Estado muchas más facultades en la conducción económica; una vez más, la condena al empresariado y a la oposición, a los que asoció explícitamente con la corrupción –que en su diagnóstico es el mayor lastre del país, y su solución, la salvación de todos los males–, sirvió como excusa para dar nuevo énfasis a ese discurso maniqueo que acompañó todo su mensaje.

Así, a lo que llamó «el fracaso del modelo neoliberal» como causa de la injusticia y la inseguridad, contrapuso un nacionalismo plagado de propuestas y promesas, obras faraónicas, la cancelación de la reforma educativa, la centralización de la seguridad, el perdón como estrategia de justicia frente a los corruptos, el antagonismo de la clase política y el pueblo, los de arriba y los de abajo, el «empresariado rapaz» contra la sociedad oprimida…

Como última alocución, el saludo a los visitantes internacionales, incluidos los dictadores de Cuba y Venezuela, Miguel Díaz-Canel y Nicolás Maduro, abucheados por el bloque opositor conformado por el Partido Acción Nacional, el de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, y celebrados por los integrantes y los aliados de Morena, fuerza política de López Obrador, cercana al Foro de Sao Paulo, afín en muchos de sus grupos a gobiernos opresores y antidemocráticos.

La síntesis del primer mensaje de López Obrador es pues preocupante tanto por lo dicho como por lo insinuado, el tono utilizado y la suma de propuestas que, inclusive contradictorias, lo siguen presentando como un líder mesiánico, dispuesto a emplear su gran legitimidad y la devoción que genera entre sus seguidores para llevar a cabo una transformación que al menos desde el discurso apunta a desmontar el sistema económico del país.

Junto a ello, la apertura de la otrora casa presidencial al público como centro cultural, el desmantelamiento de la guardia personal y la venta del avión del presidente, así como la cercanía con sus adeptos, desmontan de igual manera muchos de los símbolos tradicionales del poder, haciendo una suma riesgosa que podría resultar de gran costo para la estabilidad política y social.

El gobierno lopezobradorista inicia así una época en la que los antagonismos, la incertidumbre y la falta de seriedad en muchas propuestas imperarán en la vida pública, y ante lo que la oposición deberá estar alerta y ser eficiente en defender libertades y contrapesos de un modelo de convivencia democrática que, ante todo, ha permitido que la pluralidad del país tenga tránsitos pacíficos de un partido a otro, elecciones limpias y confiables, y un equilibrio de poderes que debe fortalecerse y afinarse.

«Los dos vamos hacia el risco, el que salte primero es la gallina». El juego se hizo conocido con la película Rebelde sin causa, protagonizada por James Dean. Dos autos van a toda velocidad hacia un precipicio. El conductor que primero se desvía o salta del vehículo, pierde y queda catalogado como una gallina. Pero, si ninguno lo hace, ambos van a terminar cayendo.

Donald Trump está habituado a este tipo de juegos. En las situaciones de conflicto elige aumentar la presión, esperando que sean sus rivales quienes se rindan primero. Lo probó en la política doméstica, después lo implementó en el enfrentamiento con Corea del Norte, y ahora lo sigue usando en la «guerra comercial» con China. El G20 parecía ir hacia el risco pero Trump levantó el pie del acelerador.

En Buenos Aires presenciamos una suspensión temporal de las tensiones. Un alto el fuego. En una reunión sin grandes sorpresas ni temas inesperados en la agenda, los conflictos que se anticipaban fueron resueltos o —al menos— ignorados, evitando la confrontación directa. Incluso la diferenciación de Estados Unidos con respecto al cambio climático pasó desapercibida en la declaración conjunta de la cumbre. Muy lejos parece la foto del G7, en junio de este año, donde Angela Merkel se le plantaba, con las manos en la mesa, a un Trump de brazos cruzados y gesto caprichoso.

Frenos simétricos

Tras la cena que compartieron el sábado, Trump y Xi Jingpin acordaron poner frenos simétricos a los aumentos tarifarios. Si no hay consensos políticos, al menos fluirá mejor el dinero. El cuestionamiento al liderazgo de Arabia Saudita, a raíz del asesinato del periodista Jamal Khashoggi en Turquía, era otra potencial fuente de conflicto. Quedó sofocada antes de estallar. El príncipe Mohammad Bin Salman fue interpelado tímidamente por Macron, hizo high five con Putin y se retiró con su país confirmado como sede de la cumbre para 2020.

¿Qué mérito le cabe a Argentina, como organizador y moderador del encuentro, en esta atmósfera de calma? A lo mejor la pregunta está mal. La realidad es que, sea mucha o poca su influencia en este resultado, Argentina puede capitalizarlo de todas maneras.

Ayuda mucho que la paz haya reinado en Buenos Aires tanto dentro como fuera de la cumbre. La capacidad del país para garantizar la seguridad del evento había sido puesta en duda en las últimas semanas, pero el operativo de seguridad fue, finalmente, un éxito que contrastó con los episodios violentos en Hamburgo, el año pasado. Ayudó, también, para subrayar la calma, que los noticieros mostraran a pantalla partida los incidentes que tenían lugar en París, mientras los líderes del mundo se reunían en Buenos Aires.

Argentina logró oficiar correctamente como sede y obtener la visibilidad internacional que tanto buscaba. Dos logros que no tienen consecuencias tangibles en lo inmediato, pero que resultan de alto valor simbólico, incluso en la política local. En el plano económico, se lograron acuerdos comerciales concretos, explotando la localía y aprovechando especialmente los márgenes de la cumbre. En cuanto a los temas candentes, Argentina mostró una adecuada neutralidad, haciendo equilibrio entre los mimos a Trump, Xi, Putin y Macron.

Mediaciones

Tampoco fue necesaria, a decir verdad, una mediación particularmente enérgica. Si no estuvo presente la Merkel del G7 es porque tampoco lo estuvo el Trump del G7. Nadie se plantó simplemente porque no hizo falta plantarse.

Por lo demás, el liderazgo europeo palideció frente a los tres ejes del poder global: Washington, Moscú y Beijing, aun cuando los líderes europeos insistieron en hacer énfasis en los acuerdos de París y abordaron, de costado, al príncipe saudita. Si el evento deja un legado es la ratificación de que la política mundial se está moviendo otra vez de la lógica de soft power que Estados Unidos quiso instalar en las últimas tres décadas, a una dinámica de hard power. Menos «permiso» y más «correte».

Una vez más, las potencias procuran construir y sostener su dominancia a partir de elementos coercitivos: el poder militar, el apoyo económico, las trabas comerciales. El soft power, en cambio, suponía consolidar la influencia de Estados Unidos y sus aliados a partir de elementos ideológicos, y culturales; dejar que los principios de la democracia y el liberalismo se impusieran por su propia superioridad moral.

El realismo económico primó sobre el idealismo político. La política internacional multilateral empieza a perder su relevancia frente a una conducción, en general, más agresiva. Se impone una política de alta velocidad que, igual que en la guerra fría, sigue la lógica del juego de la gallina: acelerar siempre, esperando que sea el otro el que se asuste y decida saltar primero.

Los expresidentes del Perú en la mira de la justicia.

Corrupción, lavado de activos, falta de transparencia y una inherente sensación de traición a la patria son los delitos técnicos y éticos por los que se investiga a los expresidentes del Perú. Como si se tratara de una tragicomedia, incluso el actual mandatario Martín Vizcarra ha sido ya amenazado por la Fiscalía con imputarle debido a la suscripción de una adenda cuando fue ministro del gobierno anterior en torno al nuevo aeropuerto de Cusco.

Ahora la prohibición de salida contra Alan García es el hecho que nos permite corroborar que todos los expresidentes de este país están condenados o investigados por distintos delitos, la mayoría rastreables a casos relacionados con la corrupta multinacional brasileña Odebrecht, que ha abierto una pestilente caja de pandora en toda la región.

Ollanta Humala y su esposa ya probaron la prisión y Alberto Fujimori se aferra a una clínica para no volver a su fría celda, al tiempo que a su hija y heredera Keiko le fue suspendida la libertad preventivamente. Como si este panorama contribuyera poco a que la política sea vista como un aspecto siniestro de la sociedad del espectáculo, García solicitó asilo a Uruguay, mientras que Alejandro Toledo espera que Estados Unidos no lo extradite.

¿Cómo se llegó a esta lamentable situación? Hay que señalar que las fallas no son necesariamente producto del sistema presidencial a la cabeza del Ejecutivo en la democracia peruana, que ya ha venido recibiendo intentos de reforma pero no los suficientes para detener el fraccionamiento del sistema de partidos, el personalismo y la ausencia de una participación política de calidad [1]. Porque, como en todo sistema de gobierno, prima la hondura moral o amoral de la clase política, que le da sentido a sus instituciones, y la propia cultura política —buena o mala— de la ciudadanía.

De esta manera, independientemente del sistema político (por más perfecto que parezca), la corrupción y el derrumbe de la democracia siempre pueden emerger. En esa medida, Perú arrastra aún los fantasmas de la década de 1990, pues Alberto Fujimori, además de su autogolpe a la democracia y a la división de poderes del país, tiene vigente una condena de 25 años por delitos de lesa humanidad y corrupción. A su vez, Pedro Pablo Kuczynski, quien estratégicamente intentó indultarlo por conveniencia, es investigado por lavado de activos al descubrirse que su consultora Westfield Capital facturó 782.000 dólares a Odebrecht cuando era ministro en el gobierno de Alejandro Toledo. Mientras Kuczynski dimitió para evitar que el Congreso lo destituyese, y no puede salir del país, el actual presidente llegó al cargo no por mérito propio sino por el de las circunstancias.

Alan García no se queda atrás, pues está investigado por colusión y lavado de activos en el caso de sobornos de Odebrecht a funcionarios de su segundo gobierno para la construcción de la línea 1 del metro de Lima. Además se señala que habría recibido 100.000 dólares de la misma empresa por una conferencia dictada en 2012 en Brasil, por lo cual un juez le ha bloqueado la salida del país, ya que actualmente reside en España, lo cual lo ha llevado a acudir a la embajada de Uruguay en Lima para solicitar asilo diplomático, como ya lo hizo hace varios años en la embajada de Colombia, emulando el viejo caso de Haya de la Torre.

Por estas razones son bienvenidas reflexiones como las de Luis Viloria en Diálogo Político sobre cómo podemos mejorar el presidencialismo en América Latina, pero sin olvidar que, sin un buen análisis de contexto histórico y sin considerar las características de nuestra cultura política [2], podríamos seguir condenados a que nadie salga vivo de aquí. Al menos los expresidentes del Perú.

Notas

[1] Hernández Chávez, Pedro (2018). «El sistema político peruano: su principal nota característica y dos omitidas propuestas de reforma», Vox Juris, Vox Juris, Lima (Perú), 35 (1), pp. 57-67.

[2] Cepeda, José, y Ortiz, Richard (5.2.2004). «La epidemia del presidencialismo y la receta parlamentaria», Semana,

El diálogo interpartidario entre las juventudes de las fuerzas políticas uruguayas llevó a realizar un acto en el que se honró a la democracia y a todos los que lucharon por ella. Los jóvenes asistentes creen que más que nunca se deben defender los valores republicanos.

El 27 de noviembre de 1983 frente al Obelisco a los Constituyentes de 1830, el pueblo uruguayo se alzó unificado en un grito: «¡Viva la patria, viva la libertad, viva la república, viva la democracia!». Después de diez largos años de dictadura militar, los orientales volvían a hacer escuchar su voz. En la marcha estuvieron presentes todos los partidos políticos de aquel momento, sin excepciones. Fue la manifestación más multitudinaria que se recuerda en la historia moderna del país.

Tras 35 años de aquel episodio, este 27 de noviembre los uruguayos demostraron en la explanada del Palacio Legislativo en la ciudad de Montevideo que ellos continúan firmes en su apoyo a la democracia. El acto fue convocado por las juventudes de los partidos políticos (Partido Nacional, Frente Amplio, Partido Independiente y Partido Colorado) y una de las consignas fue no izar otra bandera distinta a la nacional. Cientos de personas se reunieron frente a la sede del Parlamento a apoyar la idea de los jóvenes que celebraron esta fecha en conjunto.

Se debe resaltar la relevancia del diálogo interpartidario, sobre todo si se tiene en cuenta la situación actual en varias partes de la región, donde las ideas políticas están tan polarizadas que llegan a irritar a la sociedad. No se debe olvidar que «es con los partidos como se mantiene la democracia y el sistema republicano». Que estos puedan dialogar es un muy buen síntoma; así como también que sean los jóvenes quienes lleven la interacción adelante, apostando a un futuro democrático donde el diálogo, sin importar las ideologías, tenga lugar.

En 1983, un par de años antes de que la dictadura militar finalmente llegara a su fin, la marcha se celebró para reivindicar el sistema democrático. Esta vez el motor fue resaltar que los cimientos de este sistema se mantienen firmes en tierra oriental. Para ello, tanto en aquel entonces como ahora, los partidos políticos, sin distinciones, debían estar presentes. Ellos son uno de los pilares esenciales de la existencia misma de la democracia. Tanto el pluripartidismo como la tolerancia son valores que deben estar a la orden del día en un país democrático.

La fragmentación social, la violencia, la polarización y el radicalismo ideológico son fenómenos que desembocan en ríos populistas que amenazan las estructuras democráticas a nivel mundial. Por eso hoy es más importante que nunca que los jóvenes de nuestro país demuestren que, a pesar de todo lo negativo que día a día se le atribuye a la democracia, esta sigue siendo la mejor forma de gobierno que un pueblo puede tener.

En 1983, el discurso había sido redactado por un líder del Partido Nacional y uno del Partido Colorado —Gonzalo Aguirre y Enrique Tarigo, respectivamente—, y leído por Alberto Candeau, figura de la Comedia Nacional. El hecho de que el discurso fuera leído por un personaje públicamente apartidario resaltó la integración entre los partidos, que era el eje principal del acto. Lo mismo ocurrió el pasado martes, cuando la joven Belén Barreto, estudiante de secundaria premiada por la NASA en Estados Unidos, leyó el discurso, sin ser representante de ningún partido político en particular. También esta vez, como en 1983, varios músicos cantaron diferentes canciones.

Hace 35 años la marcha se realizó bajo la consigna «Por un Uruguay sin exclusiones». Hoy, en un mundo que muchas veces no es lo suficientemente tolerante, deberíamos guiarnos por esta misma idea en todos los ámbitos de nuestra vida. Sin la existencia de diferentes opiniones y creencias, que abran debates y exijan acuerdos, la democracia no es posible. Por eso deberíamos, por una vez, estar agradecidos como país por la pluralidad de nuestras opiniones, porque gracias a ella existe la democracia.

Por eso, digamos esta vez: ¡Viva la patria, viva la libertad, viva la república, viva la democracia! Y, sobre todo, ¡viva la divergencia y la tolerancia entre el pueblo!

Los países de América Latina que ocupan las peores posiciones no sorprenden a nadie. Es inimaginable que tanto en Cuba como Venezuela, donde funcionan autocracias que coartan la libertad de sus ciudadanos en todos los aspectos posibles, haya un uso libre del Internet.

En un contexto global donde la intromisión de los gobiernos en la vida digital de los ciudadanos está creciendo, Latinoamérica raramente iba a ser la excepción. En esta región, como en la mayoría del mundo, cada vez tenemos menos libertad a la hora de navegar por Internet.

Esta medición que es elaborada por la reconocida ONG Freedom House tiene en cuenta a 65 países en base a tres aspectos principales: los obstáculos al acceso a internet, la imposición de límites en el contenido online (la manipulación sobre qué cosas se puede hablar o no), y la violación a los usuarios de sus derechos en materia de privacidad o castigos por sostener determinada postura crítica en línea.

Los países de América Latina que ocupan las peores posiciones no sorprenden a nadie. Es inimaginable que tanto en Cuba como Venezuela donde funcionan autocracias que coartan la libertad de sus ciudadanos en todos los aspectos posibles, haya un uso libre del Internet. Saben muy bien que internet puede funcionar como un medio para promover movilizaciones sociales que, como sucedió en la Primavera Árabe, acaben de una vez por todas con sus parasitarias ambiciones de poder sin límites, y por eso le tienen miedo.

En el caso de Cuba, que ostenta 79 puntos (siendo lo peor posible 100), el problema viene desde el vamos. En medio de una economía estatista que hace agua por todos lados, el índice de acceso a la red es de solo el 38%. Inclusive si se es lo suficientemente afortunado como para acceder a internet, el Gobierno practica la censura con la misma intensidad que lo hace en la vida no digital. Los hostigamientos y persecuciones a portales y periodistas críticos hace tiempo que se hicieron costumbre.

Por el lado de Venezuela, el régimen chavista tiene 66 puntos (repito, siendo 100 lo peor posible). La hipermegainflación con la que Maduro está sometiendo a su propio pueblo a un estado de miseria también golpea las empresas de telecomunicación, por lo que menos venezolanos pueden acceder a internet. Copiando al régimen castrista en lo referido a la censura, en Venezuela se destaca la conocida Ley contra el odio. Cualquier mensaje de odio, que para las autoridades es sinónimo a cualquier tipo de crítica al gobierno, es castigado con la cárcel y el mensaje inmediatamente borrado.

Dejando a un lado los países categorizados como no libres, Brasil (38), Colombia (31) y México (40) son considerados como parcialmente libres. Entre estos tres países hay un denominador común: recientemente vivieron elecciones presidenciales. La agitación social que se vivió en las calles se trasladó fácilmente al campo virtual. Proliferaron las noticias falsas que no hacen otra cosa que engañar al elector, los trolls, que son usuarios manejados por personas contratadas para manipular discusiones atacando determinadas opiniones y bots, que consisten en una masividad de cuentas online controladas por un software cuyo fin es marcar tendencia en la red.

De toda América Latina, el único país considerado libre en materia de Internet es Argentina (28) (tampoco es para emocionarse, pues otros países con democracias consolidadas como Chile y Uruguay no son analizados por Freedom House). En Argentina es clara la gran influencia que tienen las redes sociales en la vida política. Movimientos que empezaron en las redes sociales como el #NiUnaMenos llegaron a niveles de popularidad tan altos que hasta trascendieron la frontera nacional. Con respecto a la polémica por la aprobación del gobierno a la fusión de Telecom con Cablevisión, Freedom House se muestra ambigua y comparte dos miradas distintas. A favor de la medida se señalan los que afirman que la industria de las telecomunicaciones se está moviendo hacia una estructura de mercado consolidada, mientras que del lado de los que se oponen alertan sobre la concentración de muchos servicios en una sola compañía. Como retroceso en el camino a una mayor libertad en internet también se destacan el encarecimiento del servicio producto de la inflación y los sistemáticos ataques de trolls y bots contra periodistas y activistas.

La cantidad de aspectos de nuestra vida que depositamos en internet no para de crecer. Desde datos personales hasta la expresión de opiniones, todo parece estar canalizándose por medio de las redes sociales. Cada día somos más internet, y considerando todos los obstáculos que se imponen a su uso adecuado, cada día somos menos libres.

Publicado el 22 de noviembre de 2018 en el portal Análisis Latino, de CADAL.

La tradición de evaluar los primeros cien días de un gobierno nace con el presidente de Estados Unidos Franklin D. Roosevelt en los tiempos aciagos de la Gran Depresión, la peor crisis del siglo XX.

Era un imperativo categórico tomar medidas urgentes para salir de la oscuridad. El mandatario estadounidense envío rápidamente al Congreso diversos proyectos de ley para levantar al país desde los escombros y se ganó los vítores de los votantes que lo apoyaron holgadamente en las urnas en cuatro períodos consecutivos.

Desde entonces, es ampliamente aceptado —aunque no siempre sea así— que en los cien primeros días se ven los desafíos que enfrenta un nuevo gobierno, toma forma la hoja de ruta de una agenda que se empieza a escribir con las promesas e ideas que sedujeron a los votantes y ofrece una primera impresión del talante del primer mandatario en el ejercicio del poder. Es cuando el pulsómetro mide el grado de apoyo al jefe de gobierno y a sus políticas.

Si pasamos raya al gobierno del presidente de Colombia, Iván Duque, de 42 años, muy pocos pondrían en duda su malograda llegada a los cien días, luego de un arranque prometedor por su renovado y conciliador discurso político y una comunicación muy cercana a la gente.

Si existiera un video assistant referee (VAR) para analizar cada jugada de Duque del partido que comenzó el 7 de agosto, confirmaría que el modo componedor que lo llevó al poder —con el inédito respaldo de más de 10 millones de votos—, terminó transformándose en un hándicap para su liderazgo político ante los diversos y complejos problemas que exhibe el país.

En menos de tres meses se esfumó la luna de miel con los partidos políticos y, más grave aún, con una opinión pública desanimada. Colombia parece un país diferente al que se suponía que había heredado el presidente más joven de su historia. El medioambiente político y social se revela más contaminado. No hay problemas nuevos pero el aire político y social se ha deteriorado. Y en ese contexto, una manera mediadora en el ejercicio del poder podría estar transmitiendo la idea de que en la casa no hay cosa con cosa.

La impronta del presidente Duque está lejos de representar fielmente la etimología de su apellido que nos remite al mando de un general o de un caudillo. Ejerce un liderazgo más tecnocrático —aunque cálido—, el de un político estudioso de los asuntos de gobierno, así como de los problemas y posibles soluciones, y proclive al diálogo razonado.

Pero un liderazgo de mediador no se muestra como el más convincente para timonear una coyuntura con nubarrones económicos —que obliga a tomar medidas impopulares—, conflictos sociales, un clima de crispación por escándalos de corrupción y una profundización de los desafíos del masivo éxodo de venezolanos. Esa lista desafiante no incluye la compleja implementación del acuerdo de paz, que ya no figura en los primeros lugares de los temas que generan más inquietud e interés, pese a su importancia para el futuro de Colombia.

Y el bajón en el estado de ánimo de los colombianos es lo que reflejan los últimos sondeos difundidos en el contexto de los primeros cien días de Duque, un presidente que ganó con el apoyo de importantes sectores de la derecha, pero que en algunos temas ha tenido una impronta más moderada o de centro, marcando cierta distancia respecto a ciertas posiciones radicales de su partido Centro Democrático, que lidera el influyente expresidente Álvaro Uribe, su mentor político.

Una paradoja del escenario político es que Duque —con una posición de derecha moderada— genera rabietas, que por ahora no se exhiben en público, entre sus apoyos electorales —sectores ideológicamente conservadores— y, por otro lado, ninguno de quienes se yerguen como opositores lo van a aplaudir desde la tribuna, ni siquiera por sus ideas para combatir la corrupción y no hacer trizas el acuerdo de paz. Así, el presidente es sermoneado por la derecha y por la izquierda.

En ese entorno de torbellino, una encuesta de la firma Invamer para la revista Semana, Caracol Televisión y Blu Radio, realizada entre el 9 y el 12 de noviembre, reveló que 64,8 % de los consultados desaprobaron la gestión de un joven mandatario que tiene 27,2 % de aprobación. Esos datos tienen más sentido si se los compara con el sondeo de septiembre: 32,5 % de rechazo y 53,8 % de apoyo.

El porcentaje de quienes consideran que el país va por mal camino saltó de 59 % a 73,8 % entre septiembre y este mes.

No hay una explicación unidireccional para entender una caída en tobogán en tan corto período de tiempo. Hay por lo menos tres asuntos que han sido un dolor de cabeza para el presidente y que explican una buena parte del malhumor de los votantes.

El primero, la reforma tributaria para tapar un hueco fiscal, que contenía medidas que mostraban un giro copernicano respecto al Duque candidato presidencial.

El presidente y su controvertido ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentaron una reforma tributaria que contradecía todo lo que un convincente Duque había prometido: no aumentar impuestos y mucho menos el IVA. Pero eso fue lo que hizo en un proyecto de ley de financiamiento presentado en el Congreso que no tuvo ni el apoyo de su propio partido y hoy es en un tema urticante de negociación política.

Fue un golpe al liderazgo presidencial que finalmente haya tenido que retirar la propuesta de gravar con el IVA a la mayoría de productos de la canasta básica alimentaria y tenga que buscar con afán otros recortes de gastos o incluso aceptar un mayor déficit fiscal en caso de no conseguir la totalidad de recursos.

Hay quienes creen que las diferencias públicas entre Duque y buena parte del Centro Democrático, que incluye al caudillo Uribe, es una puesta en escena extraída de El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde. Así se interpretó cuando Duque apoyó la malograda consulta popular para endurecer la lucha contra la corrupción, a la que se opuso Uribe.

Las diferencias entre el Ejecutivo y el oficialismo en el Congreso reflejan más bien las tensiones por una nueva relación entre ambos poderes. El presidente nombró un gabinete sin apelar a la vieja usanza del reparto político, con la que tradicionalmente el Gobierno se aseguraba cierto respaldo parlamentario a leyes de reformas. El corazón más tradicional del Centro Democrático puede estar pasándole una factura al mandatario por no refugiarse en la denominada mermelada en la política. Este nuevo ejercicio del poder —que no reconoce las maquinarias políticas— no ha permitido la conformación de una coalición mayoritaria en el Congreso que esté en sintonía con la hoja de ruta de Duque, lo que deriva, a su vez, en problemas de gobernabilidad.

A la controversial reforma tributaria se sumó el impacto mediático de multitudinarias marchas de estudiantes universitarios en reclamo de más presupuesto para las universidades públicas, una reivindicación que ha sido apoyada por buena parte de los partidos políticos y la sociedad civil, mientras el Gobierno balbucea respuestas.

Como si los líos del aumento del IVA y del conflicto en la educación fueran pocos para un presidente inexperto, en estos cien primeros días del gobierno estalló un grueso escándalo en torno a la investigación por la trama de corrupción de la consultora brasileña Odebrecht, que salpicó al fiscal general Néstor Humberto Martínez y a poderosos empresarios del país, un caso que investiga la Justicia.

No importa que Duque no esté manchado con ningún caso de corrupción, si más de la mitad de los colombianos cree que el presidente no está comprometido con la lucha contra este flagelo, uno de los temas que más preocupa a los ciudadanos.

Aunque en los rounds de sus primeros cien días Duque ha sido golpeado por varios y difíciles oponentes, no parece haberse dejado vencer por las adversas circunstancias. Es un político convencido de que dará frutos su actitud de mano extendida en la política. Pero no debe olvidar que sin reelección no tendrá una revancha. Solo tiene cuatro años para convencer a los partidos políticos y, lo más importante, a los ciudadanos, de que eligió el camino correcto para la buena suerte de Colombia.

Estados Unidos, tras las elecciones intermedias que tuvieron lugar hace casi dos semanas confirma su gusto por el giro populista que ha dado su democracia, aunque el cheque firmado de cara a los siguientes dos años del gobierno de Trump ya no es en blanco. Su beligerante presidente tendrá que aprender a gobernar con contrapesos. La oposición demócrata tendrá que demostrar si sabe emprender otras acciones que la queja.

Las elecciones legislativas intermedias del 6 de noviembre pasado han dado pie a un sinnúmero de análisis políticos de la más diversa índole; ilustrativos todos ellos del dicho que reza que cada quien cuenta según cómo le va en la feria. Si uno repasa los medios de comunicación locales —y considera las palabras de su presidente como portadoras de verdad—, al mantener la mayoría en el Senado (e incluso incrementarla con hasta dos escaños más) los republicanos ganaron sonoramente, los ciudadanos americanos coinciden en que Trump ha hecho a América great again y la excelente marcha de la economía es prueba incontestable de ello. Si uno repasa los medios de comunicación locales los demócratas, al conseguir la mayoría en la Cámara de Representantes (lo que no sucedía desde 2010), han vencido elocuentemente, la ola azul refleja el mismo cambio demográfico que se avecina y es la ciudadanía (demócrata) la que está llamada corregir los desmanes de su presidente.

Lo cierto es que el país sigue dividido tras las recientes votaciones, aunque ahora se han podido afinar las diferencias ad interim que lo tensan, entre las que se cuentan, por ejemplo, que los suburbios son ahora el nuevo territorio político morado (norteamericanos de clase acomodada que normalmente emiten un voto conservador pero que no coinciden plenamente con la ideología trumpiana); que el campo y una gran parte del cinturón industrial norteamericano se mantienen fieles a su presidente, que las grandes ciudades son demócratas; que la presencia de perfiles más diversos (las primeras representantes nativoamericanas, musulmanas y —jóvenes— latinas en ser elegidas para la Cámara de Representantes) en la política estadounidense es el síntoma de una transformación social imparable o que las mujeres cobrarán con el tiempo mayor peso e importancia en la vanguardia política.

Si, por otra parte, solo se atiende al desarrollo de las elecciones en sí mismas, parece sensato concluir que la democracia norteamericana está viva (sea que gire hacia el populismo o vire ligeramente hacia tendencias más liberales): 113 millones de ciudadanos norteamericanos emitieron su voto en las intermedias de 2018, esto es, el 48% del electorado total (en las intermedias de 2014 se trató tan solo del 39%). De ese porcentaje los jóvenes con edades comprendidas entre los 18 y los 29 años tuvieron una participación más activa: 3,3 millones de millenials emitieron su voto temprano en estas elecciones (un incremento del 118% con respecto al voto temprano de las generaciones más jóvenes en 2014).

Esta vitalidad no implica la ausencia de problemas, al contrario, el recuento de votos en los estados de Florida y Georgia ha hecho visibles las sombras de un proceso electoral heterogéneo y dependiente de las leyes locales. El fantasma del fraude (esto es, la desconfianza populista hacia la democracia), que representantes de ambos partidos azuzaron por igual, solo sirve para ocultar las tendencias reales para dificultar o favorecer el derecho al voto según el sector social o la oportunidad política de la que se trate. Y que la democracia norteamericana esté viva implica también que sigue consumiendo cantidades ingentes de dinero: según un estudio del diario US Today, en las campañas intermedias del 6 de noviembre se gastaron más de 5000 millones de dólares. ¿Los candidatos ganadores se verán obligados a retribuir con decisiones partidistas la «inversión» que representan?

Con estos elementos sobre la mesa, cabe hacerse la pregunta de si Estados Unidos sigue siendo la reserva moral de la democracia hacia la que mirar en busca de guía. Como un testigo extraño en este país no encuentro argumentos suficientes para confirmar esta idea. Ejemplar es sí el deseo de ciertos sectores de la sociedad de contrastar y contrarrestar la narrativa hegemónica que sale del altavoz llamado Trump, pero incluso esos esfuerzos no escapan de la retórica de la confrontación. El consenso, la llamada a recuperar el centro es, al día de hoy, ajena a las mentes de republicanos y demócratas por igual. Finalmente, lo que estas elecciones no han podido desmentir mi opinión es que el gobierno de Trump ha dejado al descubierto (y esto es lo que incomoda a los demócratas moderados de cualquier partido por igual) que el principio organizativo de Estados Unidos es, hoy por hoy, el dinero.

Los procesos de integración regional están sufriendo un periodo de cuestionamiento en todo el mundo, y América Latina no es la excepción. Nuevos líderes políticos hacen más foco en los costos que en los beneficios de integrarse. ¿Qué pesa más en nuestra región?

Desde la caída del muro de Berlín y especialmente a raíz de crecimiento de la Unión Europea, comenzaron a proliferar mecanismos de integración económica que llevaron a prever un mundo cada vez más unido mediante bloques regionales.

Sin embargo, las consecuencias de la crisis económica/financiera de 2009 pusieron en tela de juicio el optimismo integracionista que reinaba en el mundo. El brexit en 2016 fue la primera gran advertencia de que las cosas estaban cambiando a nivel global, lo cual quedó mucho más expuesto con la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. En materia de política exterior, la administración republicana ordenó una revisión inmediata del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (NAFTA), argumentando que el injusto proceso de integración regional generaba perjuicios a la economía norteamericana y provocaba un saldo comercial negativo de 17.000 millones de dólares con Canadá y de 71.000 millones con México.

Paulo Guedes, asesor económico del recientemente electo presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha manifestado que el Mercosur —que componen además de Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Venezuela, de momento suspendido— no se encuentra entre sus prioridades en materia de política exterior ya que, según su visión, ha sido muy restrictivo para la relación comercial de Brasil con el resto del mundo.

Así, se observa una tendencia creciente de algunos líderes políticos de hacer foco en las desventajas de los procesos de integración comercial, cambiando la retórica imperante hasta el momento previo a la crisis de 2009.

En un contexto de estancamiento de la mayoría de los grandilocuentes procesos de integración surgidos en América Latina entre 1960 y 1995, y una situación global en la que el multilateralismo y las ventajas de la integración económica empiezan a verse cuestionadas, cabe preguntarse: ¿cuáles son los beneficios de integrarse económicamente?, ¿superan los costos que implica el proceso de integración?

Todos los procesos de integración implican costos y beneficios diversos, aunque podemos afirmar que la mayoría de las experiencias exitosas demuestran que a largo plazo la integración, si se realiza con políticas de acompañamiento adecuadas, puede generar potencialmente un efecto neto positivo que se canalizará en un aumento del crecimiento y el desarrollo en las economías que integran el bloque.

Dicho esto, es importante destacar que una de las tradiciones políticas latinoamericanas tiene que ver con la dificultad de la elite dirigente para encarar procesos de transformación cuyos beneficios sean palpables a largo plazo. Existe al mismo tiempo una inclinación retórica hacia procesos de integración de amplio alcance, muchas veces inasumibles, pero acompañados de políticas que brindan réditos a corto plazo.

Si nos concentramos, por ejemplo, en las claves del éxito de la integración europea observamos que se basan principalmente en dos elementos: el compromiso político sostenido en el tiempo y la construcción de un sistema institucional supranacional estable. En la mayoría de los casos de integración entre países latinoamericanos, estos dos factores han brillado por su ausencia, con excepción de algunos ejemplos virtuosos, pero por cortos periodos de tiempo, como podría ser el Mercado Común Centroamericano durante la década de 1960.

Por esto, si bien las ventajas de la integración son potencialmente mayores a sus costos, en América Latina se suma una complejidad extra que reside en la tendencia a no optar por políticas sostenidas en el largo plazo que permitirían ver los mayores beneficios de la integración. Ante esta situación, ¿es factible que prosperen los procesos de integración en la región? Sin duda la respuesta es afirmativa, aunque resulta imprescindible para aprovechar las potenciales ventajas de la integración que exista una sostenida voluntad política acompañada de la creación de estructuras institucionales robustas, surgidas no bajo la imitación de otros procesos, sino más bien atendiendo al contexto y las necesidades regionales.

La canciller Angela Merkel estableció una importante señal con la decisión de no presentarse al cargo de presidenta de la CDU en el Congreso Federal de diciembre próximo. Se trata de un proceso normal, ya que todos los cargos electivos son temporales. Los 18 años de ejercicio de Angela Merkel fueron una larga y determinante fase, que habla por sí misma.

Por su decisión de pasar la posta, Angela Merkel merece gran reconocimiento y respeto. Al anunciar a fines de octubre su decisión, ella misma habló de una nueva ventana de oportunidades. Dichas oportunidades refieren no solamente al próximo o próxima presidente del partido, sino también al camino a recorrer hasta su elección. Se trata de la ventana de oportunidades para poner a prueba la vigencia de la democracia interna de la CDU como partido popular del siglo XXI, tanto hacia dentro como hacia fuera.

El marco está dado: al final del congreso federal del partido, 1001 delegados decidirán en elección libre y secreta sobre la presidencia. Los delegados representan a nivel federal a unos 450.000 afiliados. Provienen de todas partes del país. El número se determina básicamente por los afiliados de cada lugar. La numerosa agrupación de Renania del Norte-Westfalia envía, por ejemplo, 296 delegados. Ellos representan a aproximadamente 130.000 afiliados de ese estado federado. En nombre de los 5200 miembros de la agrupación de mi estado natal Mecklenburgo-Pomerania Occidental participan 14 delegados. Este sistema asegura la representación regional. Si bien donde hay más miembros habrá más delegados, al final todas las comarcas estarán representadas.

En este marco, actualmente se produce un proceso muy fructífero: más de diez candidatos expresaron públicamente su intención de presentar su candidatura para suceder a Angela Merkel, entre los cuales están el presidente del bloque parlamentario Friedrich Merz, el ministro federal de Salud Pública Jens Spahn y la actual secretaria general Annegret Kramp-Karrenbauer. El mero hecho de la variedad de candidatos constituye una apasionante prueba de la viva discusión intrapartidaria. La conformación de la voluntad dentro del partido se constituye sobre personas diferentes, cada una de las cuales tiene una propuesta propia a los miembros del partido. Esto es muestra de la característica fundamental de un partido político popular (representativo de todos los sectores de la sociedad). Los candidatos tendrán la oportunidad de presentarse a los miembros del partido en conferencias regionales, en las que todos y todas podrán formarse una opinión propia. También los futuros candidatos son parte de la membresía partidaria y tendrán la oportunidad directa de confrontar su propia opinión con la de sus competidores antes de la decisión libre en el congreso partidario.

Este proceso es una vívida conformación de voluntad dentro de un partido político y esto debe ser reconocido públicamente. Se trata de una competencia de argumentos y no de una lucha de unos contra otros. Me alegro de que dentro de la CDU de Alemania entendemos y aprovechamos la oportunidad de transitar este camino.

Traducción: Manfred Steffen, de la oficina Montevideo de la Fundación Konrad Adenauer

Podemos suponer que el cuerpo se ha disuelto en la amorfa virtualidad de las plataformas digitales. Ya no somos parte de un colectivo físico, de cuerpos apretujados, sino una colección de individualidades que buscan hacerse escuchar o ver por la intermediación etérea de las pantallas.

¿Realmente la masa se ha diluido en el ciberespacio? Vale la pena volver sobre la obra magna de Elías Canetti, Masa y poder (1960), para responder esta pregunta. Cuando Canetti escribió este ensayo tenía como referentes los dos extremos de los fenómenos de masas del siglo XX: el nazifascismo, derrotado en la Segunda Guerra Mundial, y el comunismo soviético, todavía vivo y poderoso en ese entonces. Además, los medios de masas estaban en plena expansión, especialmente la televisión que, con su efecto hipnótico, era un medio ideal para personajes carismáticos, como lo demostraría el debate de J. F. Kennedy y Richard Nixon en 1960, y el surgimiento de la cultura pop de la mano de Elvis Presley y de los Beatles.

La tesis de Canetti, sin embargo, no se ocupa meramente de un problema contemporáneo, sino que busca ir a las raíces del fenómeno humano del clan, la tribu y otras manifestaciones de la vida colectiva. Su punto de partida es el cuerpo. Vale la pena leer las primeras líneas de Masa y poder:

«Nada teme el hombre más que ser tocado por lo desconocido. En todas partes el hombre elude el contacto con lo extraño. Aun cuando nos mezclamos con la gente en la calle, evitamos cualquier contacto físico. Si lo llegamos a hacer, es porque alguien nos ha caído en gracia. La rapidez con que nos disculpamos cuando se produce un contacto físico involuntario, pone en evidencia esta aversión al contacto.

Solamente inmerso en la masa, puede liberarse el hombre de este temor a ser tocado. Es la única situación en la que ese temor se convierte en su contrario. Para ello es necesaria la masa densa, en la que cada cuerpo se estrecha con el otro; densa, también, en su constitución cívica, pues dentro de ella no se presta atención a quién es el que se estrecha contra uno. En cuanto nos abandonamos a la masa, dejamos de temer su contacto. Llegados a esta situación ideal, todos somos iguales.»

¿Tiene alguna importancia este contacto entre cuerpos en las comunicaciones virtuales? Para responder esta pregunta debemos, en primer lugar, aclarar qué entendemos por virtual. Según Pierre Lévy, estudioso de los fenómenos colectivos en la era de Internet, existe un vínculo indisoluble entre lo virtual y lo real. Dice Lévy que lo virtual refiere a lo simbólico, mientras que lo real refiere a lo material. Pero no hay manera de acceder a lo físico o material sin referirnos a lo virtual o simbólico. En esta era de comunicaciones virtuales (toda comunicación es virtual porque implica siempre una mediación simbólica), el cuerpo ha vuelto a ocupar un lugar preponderante. Su aspecto simbólico está más presente que nunca en los millones de imágenes de cuerpos que la gente produce y consume a través de las redes sociales. Además, las consecuencias materiales de estas comunicaciones virtuales se traducen en acciones corporales y no solamente representaciones mentales (p. ej., comer, tener relaciones sexuales, hacer ejercicio físico, viajar).

Canetti diferencia entre multitudes cerradas, aquellas que tienden a limitarse, y multitudes abiertas, aquellas que buscan expandirse. Las colectividades digitales también pueden calificarse como cerradas o abiertas. Cuando los integrantes de una colectividad virtual se comportan como una tribu (término que gustan usar los expertos en marketing), activan lo que podemos denominar loops discursivos e imaginarios para confirmar o reforzar sus opiniones y comportamientos. Por su lado, los colectivos abiertos en el espacio digital buscan atraer más cuerpos para desarrollar redes que se expanden, lo que es propio de Facebook o Instagram que ya alcanzan miles de millones de usuarios.

Las masas son altamente emocionales, como ya habían observado Tchakhotine y Freud, es decir, reaccionan ante la invocación de pulsiones básicas como la sexual, la maternal-paternal o la de supervivencia. Canetti pone el énfasis en el efecto reconfortante de los cuerpos que se tocan creando una entidad en la que los cuerpos individuales se incorporan a un cuerpo más grande. La masa, que se asume poderosa, no le tiene miedo al peligro.

Y este envalentonamiento de la masa viene de lo que Canetti denomina el momento de la supervivencia, ilustrado en la situación en la que un clan nómada se encuentra un cadáver en el camino. La primera reacción es el llanto desgarrado del clan, que sabe que algún día todos morirán. Pero, enseguida, el llanto se transforma en carcajadas, que primero se expresan con cierta reserva para después resonar con fuerza. El clan se ríe sonoramente pues se sabe superviviente, vencedor momentáneamente de la muerte.

Volver a leer Masa y poder de Canetti en tiempos de multitudes digitales nos ayuda a comprender mejor a las colectividades virtuales en las que nuestros cuerpos se exponen y son expuestos a un gran espectro de emociones, desde el horror hasta el sentimentalismo kitsch. Es también el confort que sentimos al estar, aunque sea virtualmente, entre muchos, y la ilusión de supervivencia reforzada por las imágenes de nuestros cuerpos que se multiplican.

Nicaragua vive la peor crisis de su historia. La dictadura de Ortega ha reprimido, con un saldo de 520 muertos y 4000 heridos en ocho meses. El Gobierno se rehúsa al diálogo para una salida pacífica.

Daniel Ortega retornó al poder en 2007, luego de haber gobernado de 1979 a 1990, y definió un nuevo modelo: alianza con el capital, partidos satélites, populismo y alianza con Rusia y Venezuela.

Se hizo reelegir en 2011 con un fraude por el que se adjudicó el 70% de los votos y gran abstención electoral; suscribió acuerdos militares con Rusia y se sumó a la estrategia geopolítica de esta.

En 2013, los 60 diputados sandinistas de 90 parlamentarios del Congreso, aprobaron la Ley del Canal, para la construcción de un canal interoceánico, que provoca rechazo de los campesinos.

En 2016, Ortega fue a la reelección, con su esposa de candidata a vicepresidenta; participaron cinco partidos satélites, y un partido independiente formó una coalición opositora, pero fue eliminada bruscamente de participar. El FSLN logró 70 de 90 diputados, el 70% de los votos, con una abstención del 60%.

En marzo de 2018 se dio un gigantesco incendio forestal en una reserva biológica, ocasión en que el Gobierno actuó con negligencia, lo que desató protestas de los estudiantes universitarios. El 16 de abril el Gobierno anunció reformas unilaterales a la seguridad social, y los estudiantes subieron el tono de la protesta. Empresarios rompieron con el Gobierno.

Esos detonantes provocaron del 18 al 23 de abril de 2018 una rebelión estudiantil que Ortega sofocó brutalmente; hubo 65 muertos, casi todos jóvenes, y 100 heridos. Esa rebelión recibió apoyo popular y toda Nicaragua despertó. Se dieron protestas en todo el país; campesinos en lo rural y jóvenes en lo urbano erigieron tranques y barricadas y paralizaron gran parte del país. Igualmente se dieron gigantescas manifestaciones.

A fines de abril, la esposa de Ortega llamó a los obispos católicos y les pidió convocar a un diálogo nacional y mediarlo. El diálogo se inició el 16 de mayo, pero los muertos y heridos aumentaban, la policía y antimotines la emprendían contra las protestas. Los muertos ya pasaban de 100, heridos llegaban a 500. El 30 de mayo masacraron a 30, la mayoría jóvenes, y el diálogo entró en crisis. Pero se reanudó. Los obispos presentaron una agenda para reformas al Estado y pidieron adelantar las elecciones para marzo de 2019, como salida pacífica a la grave crisis.

El Gobierno consideró dicha propuesta como un golpe de Estado y organizó una fuerza paramilitar irregular de 3000 a 4000 elementos, armados con fusiles de guerra. El 9 de julio, los obispos fueron agredidos físicamente, por evitar una masacre contra gente que se había refugiado en iglesias. Ese día el Gobierno afirmó que no volvería al diálogo hasta que se levantasen los tranques y barricadas.

Los paramilitares iniciaron a mediados de julio la operación limpieza, para «limpiar» al «costo que sea» tranques y barricadas. Realizaron una carnicería humana en la que fueron asesinados más de 200 personas, y hubo más de 2000 heridos.

La comunidad internacional multiplicó en julio y agosto sus llamados al fin de la represión y a un diálogo para negociar la salida pacífica. La OEA se reunió en julio y agosto. Llamó a parar la represión, pero el Gobierno seguía con su operación limpieza.

Las fuerzas represivas eliminaron los tranques y barricadas y declararon su «victoria», con más de 400 personas muertas, 3000 heridos y cientos de desaparecidos, como saldo desde abril. Luego de la operación limpieza, el Gobierno comenzó a realizar detenciones arbitrarias de los que acusó de promotores de protestas. Hay de 400 a 500 presos políticos, según las organizaciones de derechos humanos, pero el Gobierno solo reconoce 246, parte de los cuales ya están con penas de 25 a 30 años de cárcel.

En las persecuciones se han dado asesinatos en agosto, septiembre y octubre. La cifra de muertos a la fecha llega a 520, y hay 4000 heridos, según la Asociación de Derechos Humanos de Nicaragua.

Es unánime la petición de que el Gobierno retome el diálogo nacional y que se adelanten las elecciones como la salida pacífica, pero el Gobierno sigue cerrado. Nicaragua está en incertidumbre.

Con la misma fuerza con la que prohíben que los opositores hagan críticas al régimen desde dentro del país, el gobierno cubano también hace uso de su poder para que no lo hagan desde el extranjero.

Al ser disidente, Yoandy Izquierdo es testigo de esto. Ya estaba listo en el aeropuerto de La Habana para partir rumbo a Europa, donde brindaría una conferencia en la Universidad Europea de Valencia con un mensaje contrario al relato oficial. El gobierno cubano no lo podía permitir: las autoridades rompieron en la cara su pase de abordar y no pudo salir de la isla.

Casos así hay muchos en Cuba. Como todo totalitarismo, no se toma muy en serio la Declaración Universal de Derechos Humanos que reconoce el derecho de toda persona a poder salir libremente de su país.  En la mayoría de los casos, ni si quiera se toman la molestia de dar una razón de por qué se imposibilita abordar el avión y todo se termina resumiendo en un conjunto de arbitrariedades que no requieren explicación.

Muchas veces se utiliza el derecho de salir de Cuba como una simple extorsión. El periodista independiente Roberto de Jesús Quiñones Haces tenía programado viajar a Jamaica para visitar a su hijo que no veía hace seis años. Tristemente, eso fue imposible. Sólo le permitían viajar si a cambio dejaba de escribir para el portal digital Cubanet.

Inclusive si por los azares del destino te dejan salir de Cuba, lo peor viene para la vuelta. Tal es el caso de Leodán Suárez Quiñones, activista LGBTI que viajó a Buenos Aires invitada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) con el objeto de tener reuniones con otros activistas que realizan su misma actividad y para realizar exámenes médicos al ser portadora de VIH/SIDA, ya que en Cuba fue varias veces excluida del sistema de salud por ser opositora y miembro de la comunidad LGTBTI (paradojas de la muchas veces vanagloriada salud cubana).

Ni bien volvió a poner los pies en la isla, a Leodán la detuvieron para humillarla e interrogarla sobre lo que había estado haciendo en Buenos Aires y porque estaba hablando mal del gobierno.  Una y otra vez fue escupida en la cara por las autoridades al grito de «esto es lo que tú te mereces por estar hablando mal de quien te da la mano» y «no te hemos dado la atención médica necesaria porque tú no te lo has merecido y ahora te lo vas a merecer menos».

Debido a que pretenden aparentar algo que no son, los totalitarismos siempre están llenos de contradicciones. En el caso del gobierno cubano es que mientras se la pasa hablando del injusto supuesto bloqueo de Estados Unidos, parece olvidarse del bloqueo que impone a sus mismos habitantes para entrar o salir libremente del país.

Publicado en el portal Puente Democrático, de CADAL, el 6 de noviembre de 2018.

Hay cierta corriente ideológica que está implícita en una parte importante de los juicios negativos hacia partidos y actores políticos de América Latina. Su excesivo tono moralizante, en vez de debilitar a estos personajes, los fortalece y empobrece los valores que ella misma defiende.

Hay ciertos temas que se han vinculado tradicionalmente al progresismo. Dentro de estos se destacan el cuidado del medioambiente, la igualdad de género, la equidad social, la exigencia por la transparencia, el buen manejo de la economía de mercados y el fortalecimiento de la democracia. Esto podría ser útil por la poca polémica que este tipo de elementos, en abstracto, tienen dentro de la población civil y el cuerpo político. Sin embargo, ha venido ocurriendo que los partidos y actores políticos que han logrado que su imagen se conecte con estos temas se han aproximado a ellos de una manera especialmente conservadora. No constituyen temas de auténtico trabajo político, susceptibles de modificaciones en la marcha para generar eco en la población civil, sino que consiguen que cualquier lectura de estos esté atravesada por cierta sacralización que les resta aplicabilidad y, especialmente, realismo.

El progresismo se ha distanciado del cuerpo electoral porque su aproximación a los temas parece exógena y limitada. Una sacralización de estos temas no genera sino la percepción en los votantes de que se trata de una propuesta política ingenua; probablemente, el elemento que resulta más perjudicial para el progresismo es que estas propuestas pueden parecer inaplicables, irreales, ilusorias o secundarias. Tal es el caso de la preocupación por la equidad social o el cuidado del medioambiente. En vista de esta falencia, actores y partidos políticos que se abanderan de temas específicos son especialmente eficientes en lo electoral, pues simulan ser realistas y acotados. Esto, con total independencia de que, en la práctica, efectivamente vayan a serlo.

No parecen existir problemas sociales que se inscriban por sí mismos en una corriente ideológica, sino que hay tendencias que los abanderan y terminan por construir la agenda de dicho problema. En América Latina hay actores políticos y partidos que han conseguido que ciertos temas se rotulen como exclusivamente pertenecientes a su tendencia y con esto crean una imagen simple, que es utilizada por el público para caracterizar el panorama político. Tal es el caso frecuente de los candidatos que definen su campaña por temas como la seguridad. Con base en esta imagen juegan los medios de comunicación, creando personajes y estructurando dramas electorales.

Las preocupaciones de estas corrientes puritanas basadas en el progresismo se perciben referenciadas en un valor idealizado y sagrado, con el que pretenden solucionar asuntos abstractos. Otras tendencias, por el contrario, parten del aparente olvido de los valores para concentrarse en la gestión de problemas específicos, que así estuvieran dentro de la apuesta progresista, no aparentan estarlo. Esta aproximación a los temas que le preocupan al progresismo ha conseguido que sus valores generen rechazo y se identifiquen con una política utópica.

Las críticas a gobiernos, partidos y personajes que han aprovechado el vacío del progresismo para fortalecer su capital político, tienen un tono de indignación similar al del moralismo religioso ante el no cumplimiento de algún mandato divino. Esto recuerda la superioridad moral ilustrada, donde al insistir tan profundamente en la verdad absoluta de sus planteamientos, la no negociación de sus postulados y en el infinito error de los pecadores, se alimentaba la popularidad del sujeto rebelde y parecían cada vez más dogmáticos los planteamientos que este rechazó. Las críticas a dichos fenómenos, desde partidos, actores políticos e intelectuales progresistas, pueden acercarse a esto peligrosamente.

El tono moralizante se materializa en el particular sectarismo que el progresismo tiene a la hora de interactuar con sectores sociales que entrarían en divergencia con alguno de sus postulados, pues resultan tan estrictos que dan la impresión de que no están dispuestos a participar de la vida política, sino a exorcizarla. Sobre esto, Gray afirma:

[…] estaba lejos de mostrarse escéptica sobre la verdad en religión o en moral. Presuponía que ya se había encontrado la verdad e imponía al gobierno la obligación de promoverla. [1]

El riesgo de este fenómeno es que la decadencia del progresismo o, por lo menos, de las posturas que este defiende, no está relacionada con la emergencia de una amenaza externa que sea exitosa gracias a la ignorancia e irresponsabilidad política de los civiles, sino con las deficiencias comunicacionales y excesivo apego a lineamientos doctrinales de sus adeptos.

[1 ] Gray, J. (2011). Anatomía de Gray: textos esenciales. Grupo Planeta, p. 36.

La democracia es desafiada por discursos populistas en varios lugares del mundo. Tenemos que analizar las razones de ello, para responder democráticamente a este desafío. Jair Bolsonaro y José Antonio Kast son actores que recuerdan el fortalecimiento de fuerzas ultraderechistas en Europa.

Jair Messias Bolsonaro es el nuevo presidente brasileño, elegido el 28 de octubre de 2018 con el 55,13% de los votos. Su discurso agresivo denuncia a los gobiernos anteriores incriminándolos por los escándalos de corrupción. En el país ha crecido un modo de pensar derechista que cuenta con cada vez más apoyo no solo en Brasil, sino también en varios países del mundo. Esto ocurre especialmente en Europa y ahora en algunos casos en Latinoamérica.

Pero, ¿cuáles son las razones para que una sociedad busque soluciones políticas en discursos tan radicales y contrarios a la globalización? En ese sentido, ¿hay puntos en común entre los países de Europa y Latinoamérica a pesar de la disparidad geográfica y los diferentes contextos políticos?

El fortalecimiento de la derecha en los Estados miembros de la UE es más visible que nunca. Países claves de la integración europea se encuentran frente a grupos de su población que rechazan la idea de la unión continental, los valores fundamentales de la democracia y anhelan la vuelta de los Estados nacionales fuertes y aislados.

Lo que parecía un peligro lejano hace unos años es la pura realidad de estos días. El partido de la derecha en Hungría obtuvo 49,28% en las elecciones parlamentarias de este año. Marine le Pen llegó a la segunda vuelta en las elecciones presidenciales en Francia en 2017 y obtuvo el 33,9% de los votos. También, en Alemania entró por primera vez en 60 años un partido de la ultraderecha al Parlamento, con el 12,6% de los votos. Otros ejemplos de países con partidos de este tipo en sus Cámaras legislativas son Polonia (37,6%), Suecia (17,5%), Bélgica (24%), Austria (35,1%), Dinamarca (21,1%) o Eslovaquia (16,6%), y la lista sigue. Esto refleja claramente esta evolución (¿o involución?) preocupante.

Las razones son diversas y están por supuesto ancladas al contexto sociopolítico de cada país. Pero se pueden observar similitudes entre lo que está sucediendo en América y el viejo continente.

Un factor importante en Europa fue la crisis migratoria en 2015, debido al incremento del flujo descontrolado de refugiados. En ese año entraron más de un millón de personas a Europa y 3406 murieron en el intento. Alemania, que fue el país de destino para una gran parte de los refugiados, ha recibido desde el 2015 más de 1.300.000 solicitudes de asilo. Sin embargo, ya desde el 2014 más del 75% de los electores del partido alemán AfD tenían miedo de una extranjerización de su país.

En Hungría, la política migratoria es la más restrictiva de toda Europa. Actualmente el país permite la petición de asilo solamente a dos personas por día.

Debido a los atentados terroristas islámicos en Francia, una percepción de peligro musulmán se ha fortalecido en varios países europeos. Otra razón importante es el papel que juega la historia de los doce países nuevos en Europa, como se llama a los países miembros de la UE desde el colapso de la Unión Soviética (incluyendo los estados de la ex-República Democrática Alemana, donde la derecha extrema es más fuerte que en el resto del país. Al analizar estos países debemos tener en cuenta que su enemigo común en la guerra fría era el bloque occidental-capitalista.

Con el colapso de la Unión Soviética y la ampliación de la UE en estos países, el enemigo se hizo amigo. Pero el mundo de hoy, globalizado y multipolar, que ofrece varias ideologías distintas, es más complejo y menos definido que en la guerra fría. El escepticismo frente a nuevas culturas (distintas del propio estilo de vida), la política común de la UE (que está desunida en el abordaje de la crisis migratoria) y el capitalismo global (que tuvo una importante crisis en 2008) ha provocado un regreso a la identidad nacional. Los factores externos son percibidos como culpables de problemas y ayudan en consecuencia a los partidos de la extrema derecha.

En Latinoamérica, el empoderamiento del populismo de derecha es todavía menos fuerte, pero se pueden observar algunas evoluciones significativas.

El tema principal del discurso del nuevo presidente Jair Bolsonaro, no es el de los refugiados, sino el de la corrupción y los consiguientes grandes escándalos de los últimos años que derivaron en la destitución de una presidenta y en la condena a prisión a un expresidente y a cientos de políticos y empresarios. El desafío del Estado no proviene de problemas externos. Sin duda, la corrupción es uno de los más grandes desafíos que impiden la autenticidad y la credibilidad de la vida política en Brasil. Pero lo que comenzó como una campaña anticorrupción, acentuada por la desigualdad económica en la sociedad y el alto índice de criminalidad, se transformó en una lucha ideológica con un discurso, nostálgico de la dictadura y de la pena de muerte. El reconocido politólogo estadounidense Francis Fukuyama dijo al diario Folha que «Bolsonaro representa una verdadera amenaza para la democracia».

La nostalgia por un pasado autocrático se encuentra también en algunos sectores de la política en Chile. En las pasadas elecciones presidenciales del país quedó en relieve un modesto apoyo al candidato de derecha extrema José Antonio Kast, quien consiguió el 8% de los votos. Su discurso rechaza los cambios experimentados en la transición democrática y es contrario al ingreso de migrantes. Un número considerable de personas se identificaron con su discurso, un indicio que preocupa, si se toma en cuenta que Chile cuenta con una de las democracias más sólidas de la región.

Como elemento particularmente llamativo y común en los casos de Europa y América Latina aparece la preocupación de la gente a perder su posición social. Las personas se pueden sentir así debido a un gobierno muy corrupto, flujos migratorios, dificultades económicas, estructuras internacionales desunidas donde la ciudadanía se pueda sentir amenazada por factores externos, entre otros. En estas situaciones se intensifica el discurso de fuerzas tradicionales. Miedos tales como a ser olvidado por los gobernantes o que los cambios políticos sean insuficientes, se reflejan en las personas, quienes buscan una forma de protección en entes comunes: la nación, la religión, los valores culturales.

La democracia se enfrenta a nuevos desafíos en un mundo cada vez más veloz. Simplificar problemas complejos en discursos populistas no es solución. Por lo contrario, si nuestro mundo se está modernizando, ¿por qué no modernizar también nuestra visión de la democracia?

La apatridia es la posibilidad de que una persona carezca de patria. Es el riesgo que corren los niños venezolanos nacidos en Colombia, hijos de venezolanos que carecen allí de régimen de regularidad migratoria.

Esta situación se deriva de la imposibilidad constitucional de considerar a estos hijos de venezolanos en Colombia como de esta nacionalidad, y de la negativa venezolana de inscribirlos como nacionales de su país, al estar irregularmente en la nación neogranadina.

El venezolano, si alguna Constitución conoce, es la propia. Eso, seguramente, le hace incurrir en error cuando se ve precisado a migrar. Conforme a la Constitución, son venezolanos por nacimiento todos aquellos que nacen en territorio nacional. Eso, que es tan normal para nosotros dentro de fronteras, no lo es en el exterior.

Así, conforme a la Constitución colombiana, la sola circunstancia de nacer en su territorio no acredita nacionalidad. Para que esta se adquiera deben concurrir, conforme a su artículo 96, entre otras circunstancias, las siguientes dos condiciones: 1. que sea hijo de padre o madre colombiano, o 2. que siendo hijo de extranjero, este se encuentre domiciliado en Colombia al momento del nacimiento.

Para que un extranjero pueda considerarse domiciliado en Colombia debe estar en condición migratoria regular. Vale decir, pasaporte sellado y visa de por medio. Y allí está el problema.

En la actualidad, buena parte de los migrantes venezolanos, en su despavorida huida del territorio nacional, carecen de pasaporte y quizás, aun teniéndolo, este está vencido. Para estas personas el gobierno colombiano diseñó el permiso especial de permanencia (PEP).

Pero a quienes carecen de todos esos instrumentos y tienen hijos en Colombia, la situación se les complica y no realmente por este país, sino por el nuestro, Venezuela.

Colombia, con base en la legislación vigente, considera que el venezolano debe acercarse al consulado nacional a hacer la respectiva inscripción del nacido en tierra extraña. Dicha inscripción implicaría que ese niño, nacido en territorio extranjero, sea venezolano por nacimiento; pero este país que hoy me acoge desconoce allí la realidad nacional.

Por el inmenso tamaño adquirido por el Estado venezolano, buena parte de quienes migran están vinculados a alguna actividad o programa gubernamental, ya sea por vía de una vivienda, un crédito, un trabajo y hasta por una bolsa de comida. Son métodos de control que se aplican en el país.

Quien sale de Venezuela y tiene un hijo en la tierra de Santander y Caldas, piensa, y quizás con mucha razón, que si informa del nacimiento de su hijo allí, puede tener como consecuencia la pérdida de la vivienda, la ejecución del crédito, la exclusión de la lista de comida o el retiro forzado del trabajo. Ante esa circunstancia, no hará la notificación.

A Colombia hay que informarle que el venezolano, si le es posible, omite registrarse en cuanto sistema venezolano le sea requerido por nuestro país, porque desde el año 2004, como consecuencia de la solicitud de referendo revocatorio contra el presidente Chávez, cualquier actuación personal que quienes dirigen el país consideren como contraria a sus intereses, será sancionada. Y lo hacen efectivamente.

Si a ello sumamos que los consulados venezolanos en territorio neogranadino solo tramitan documentación a los venezolanos en condición migratoria regular, podemos concluir, como en efecto lo hizo recientemente un alto funcionario, que las solicitudes de ayuda en materia de prevención de apatridia son muy pocas. A él en privado me permití ilustrar sobre la situación que lo origina.

En Colombia nacen diariamente niños hijos de padres venezolanos que están imposibilitados de inscribir a sus hijos en el consulado venezolano. A ellos el gobierno colombiano ciertamente les da una tarjeta de identidad; pero carecen efectivamente de nacionalidad. Hay aquí otro problema que enfrentar y resolver.

Aporofobia, uno de los neologismos más oportunos de la lengua castellana.

Aporofobia o rechazo a los pobres. O el simple miedo a quienes carecen de recursos. Este neologismo, adoptado por la Fundación del Español Urgente (Fundéu) y la Real Academia de la Lengua en su diccionario correspondiente, es uno de los términos de raíces antiguas más novedosos para comprender el mundo desigual que habitamos.

La responsable de acuñar la palabra es la filósofa española Adela Cortina, quien se ha hecho popular entre los currículos estudiantiles en Iberoamérica. Ella ha explicado que, ante la necesidad de poder definir la aversión a quienes están en condiciones de inferioridad, recurrió al griego juntando los términos á-poros (el que no tiene recursos) y fobia.

En un reciente paso por Colombia, como lo relató a UN Periódico de la Universidad Nacional, en su n.º 220, Cortina afirma que en muchos casos los gobiernos prefieren invertir solo en quienes tienen la oportunidad de dar algo a cambio, sea un respaldo político o de opinión, y que también los individuos se movilizan por el principio de reciprocidad, donde el que no está en capacidad de ofrecer un intercambio es automáticamente excluido.

Las consecuencias de este comportamiento abren puertas al racismo, la xenofobia, la homofobia, la islamofobia, la discriminación intelectual, física o el rechazo estructural, entre otros. Un ejemplo contundente es el recibimiento positivo que se tiene a los extranjeros que llegan con recursos a una sociedad foránea, mientras que a aquellos inmigrantes sin nada entre las manos se les juzga por sus condiciones de pobreza.

Amartya Sen, uno de los intelectuales de origen indio que mejor han señalado la necesidad de forjar sociedades equitativas, nos ha recordado que la pobreza justamente es la falta de libertad para llevar adelante los planes de vida, algo cercano a la violencia estructural que han señalado estudiosos de la resolución de conflictos como el noruego Johan Galtung.

Pero Adela Cortina va más allá en sus explicaciones. Ha citado a su colega Agustín Squella, profesor de Derecho en la Universidad de Chile, quien ha propuesto con sensatez la palabra plutofilia, que sirve para describir el amor que se ejerce hacia los ricos y los poderosos, es decir, la otra cara de la moneda y uno de los rasgos esenciales de los que hace alarde la sociedad de consumo y el capitalismo.

Quienes estén interesados en reflexionar sobre la aporofobia y los retos que entraña para la ética social, el bien común, el humanismo y la felicidad en tiempos de polarización, populismo y posverdad, viene bien acudir al ensayo de Adela Cortina titulado Aporofobia, el rechazo al pobre: un desafío para la democracia (Paidós, 2017). Nunca será tarde para reflexionar sobre de qué materiales —buenos o malos— está constituido el talante humano.

De pronto el muro se derrumbó o, más bien, se abrió y de todos lados la gente lo traspasó. El reencuentro, deseado por tantos años, se produjo. Después de la sorpresa, de la incredulidad, algunos se treparon y sencillamente miraron hacia un lado y otro de lo que ahora no separaba más. Otros, armados de picos, martillos y fierros descargaban su rabia en ese muro. El 9 de noviembre de 2018 se recuerda entonces como el Día de la Caída del Muro, del abrazo postergado.

Pero el 9 de noviembre no es solamente una fecha de celebración. También ese día, en 1938, turbas asaltaron y destruyeron en forma sistemática sinagogas, negocios y edificios de la comunidad judía. Fue la Noche de los Cristales Rotos, en la que no se trataba solo de destruir físicamente. Había que humillar. Por eso, antes de los incendios se obligaba a los fieles a sacarse el sombrero dentro de la sinagoga, a entonar canciones nazis, a gritar «¡Somos un pueblo sucio!». Y al acto cruel personalizado seguía la destrucción del lugar sagrado y, con él, sus textos y recuerdos.

Lo que el partido nazi presentó como una reacción espontánea y popular en realidad fue una acción coordinada. La destrucción desatada aquella noche no fue sino la confirmación de lo que se avecinaba. Mientras ardían sinagogas, los campos de concentración eran ampliados, se producían estrellas de David para marcar a los judíos, que a partir de ese momento iban a ser sistemáticamente perseguidos y finalmente eliminados.

La infamia a menudo deja en evidencia la miseria humana. Así, los bomberos apagaban solamente las casas vecinas a las sinagogas. Los ciudadanos miraban en silencio la desgracia de sus vecinos, y las iglesias cristianas muchas veces guardaban silencio dejando preguntas sin respuesta sobre la compasión humana.

La barbarie de la trágica noche también tiene otras facetas. Está aquel solitario policía, Wilhelm Krützfeld, que pistola en mano enfrentó a las bandas de las SA frente a la Nueva Sinagoga de la calle Oranienburg en Berlín. Krützfeld consiguió salvar el magnífico edificio de las llamas aquella noche. Siempre que voy a Berlín, me paro en el lugar y trato de imaginar su enorme soledad frente a la violencia. Lamentablemente, durante la guerra la aviación aliada lo dañó severamente. Hoy la sinagoga está reconstruida. En su fachada una placa recuerda al solitario héroe.

Nadie sabrá si la fecha de la Noche de los Cristales fue elegida a propósito. Porque en otro 9 de noviembre, quince años antes, se había producido un intento de golpe por Adolfo Hitler. Todo empezó en una cervecería en Múnich, en la que el futuro führer lanzó su proclama de revolución nacional contra la república que él llamaba traidora. En una marcha tal vez inspirada por la de Mussolini a Roma, las fuerzas de las SA atacaron el Ministerio de Defensa de Baviera. La revuelta fracasó y varios de sus jefes fueron condenados a la cárcel. Allí escribió Hitler su Mein Kampf, en la que se anunciaba lo que vendría.

La república contra la que se levantaron los nazis nació al finalizar la Gran Guerra. Hace exactamente cien años, un 9 de noviembre fue proclamada la República en Alemania. La derrota militar del Imperio y la abdicación del emperador Guillermo en el marco del levantamiento espartaquista [1] produjo una situación de anomia e incertidumbre. Tratando de adelantarse a la proclamación de la República Socialista por el líder comunista Karl Liebknecht, Philipp Scheidemann decretó la República desde la ventana del Reichstag. Nacía la República de Weimar, de corta y conflictiva existencia [2]. Es oportuno recordar que entre sus primeros logros estuvo la introducción del derecho al voto de la mujer, que también cumple cien años estos días.

La toma del poder por los nazis, la Segunda Guerra Mundial, la terrible destrucción de Alemania, las inconmensurables masas de fugitivos desde el este y, finalmente, la separación en dos Estados, hablan de una historia dolorosa, llena de derrotas, sufrimiento y dudas hasta la reunificación. Hoy la historia presenta a la República Federal de Alemania desafíos inéditos por sus dimensiones y gravedad. La interminable ola de migrantes que llegan buscando paz, su correlato del renacimiento de nacionalismos y xenofobia, la entrada en escena de actores políticos como China son solamente algunos de estos retos.

Las coincidencias históricas del 9 de noviembre le han dado el nombre de Schicksalstag, ‘Día del Destino’. Tal vez sea oportuno recordar hoy a aquel policía que en su momento supo encontrar coraje para enfrentar el destino y encender una llama de esperanza en la solidaridad.

Notas:

[1] En referencia a la Liga Espartaco, agrupación comunista alemana liderada por Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg.

[2] H. A. Winkler (2000). Der lange Weg nach Westen (‘El largo camino hacia el oeste’). Múnich: C. H. Beck.

No corren tiempos fáciles para la democracia, o al menos para ese concepto sobre el que la ciencia política ha teorizado durante tanto tiempo. Vivimos una época en la que extremistas y populistas ocupan las primeras planas de los periódicos y no solo por sus discursos delirantes sino por la capacidad real que tienen de ganar elecciones. En este periodo convulso todos deberíamos preguntarnos cuál ha sido el detonante que ha tornado en éxito esta forma de hacer política.

Vivimos en constante transición. Como anunciaba uno de nuestros eslóganes en esta plataforma hace unos años, «la política evoluciona, nosotros también». A lo largo de la historia, la sociedad ha sido testigo de múltiples mutaciones de los sistemas políticos. Sin ir más lejos, en la región, en menos de cincuenta años experimentamos regímenes autoritarios, periodos neoliberales o giros a la izquierda, todo ello sin apenas pestañear para no marearnos. Diversas experiencias políticas que se saldaron con consecuencias distintas en cada país. Sin embargo, hoy parece que presenciamos el despertar de los extremos. En medio de este clima, el consejo editorial de Diálogo Político se reunió en Montevideo para debatir sobre los temas que nos atañen como medio de reflexión cívico. ¿Por qué apuesta Diálogo Político?

Apostamos por la ciudadanía

Como medio de difusión queremos servir de vínculo entre la sociedad y la realidad política. Nos interesa servir de espacio donde nuestros lectores no solo se informen sino también expresen sus opiniones e intercambien visiones. Somos humanistas y apostamos por el ser humano.

Apostamos por el debate fraterno

Estas interacciones deben propiciar la solidaridad y la libertad, valores fundamentales de esta casa, y no fomentar la polémica ni las actitudes defensivas. No entendemos la antítesis amigo-enemigo que pretenden instalar el populismo y los extremos. Preferimos ubicarnos en el centro; aquel viejo conocido que hoy parece querer esconderse, quizá intimidado por las actitudes ególatras de los extremos. Buscamos ayudar a mentes abiertas dispuestas a entender las opiniones diferentes que nos pueden enriquecer mutuamente. Nos situamos en contra de los discursos divisorios.

Apostamos por la reflexión

El intercambio de opiniones nos lleva a fomentar la reflexión. Debemos anticipar los problemas y no esperar que estos lleguen a nosotros. Ser provocadores de discusiones constructivas que lleguen a la ciudadanía y ayuden a seguir desarrollando conciencias. Tanto América Latina como Europa están siendo amenazadas por los mismos desafíos y, por esto, nos presentamos como un espacio de diálogo y encuentro entre ambas regiones. En este escenario, nos preocupan temas como el cambio climático y la necesidad de concientizar a la población acerca de sus alcances, los flujos migratorios y los golpes mortales de las corrientes populistas que está sufriendo la democracia en nuestros continentes.

Apostamos por el pensamiento crítico

Vivimos en un mundo con sobredosis de información. Cada día recibimos nuevas noticias cuyo trasfondo no sabemos gestionar. Las fake news nublan nuestra comprensión de la realidad y nos dificultan la distinción de lo verídico. La democracia está en riesgo bajo este escenario. Por ello, debemos ser un espacio de capacitación que genere cultura política entre los ciudadanos. Una de nuestras misiones debe ser la formación de conciencias críticas que sepan diferenciar la realidad relevante. Somos traductores de conocimiento.

Apostamos por la verdad

Por eso, este no es un espacio para la falsedad ni la manipulación de información. Meditamos sobre los hechos y la política tal cual son. En un momento en el que cada grupo crea sus propias metanarrativas con las que defender su posición a toda costa, debemos servir de ancla con la verdad.

Como se expresó en el foro «¿Democracias en jaque?» al que asistimos al finalizar nuestra mesa de trabajo y que contó con la participación de varios de nuestros redactores, la democracia es frágil y exigente, y requiere participación y la moderación de las élites y las multitudes. Para ello, como defendía Aristóteles, debemos buscar el centro y huir de los extremos. Algo difícil en nuestros días cuando la acumulación de fracasos de las clases políticas ha llevado a populistas y extremistas a ocupar esos espacios que se han ido creando con voluntades y promesas diferentes.

Por eso, no debemos equivocarnos. No nos encontramos ante el triunfo de los extremos sino ante la derrota del centro, ese espacio que ya nadie parece querer ocupar. ¿Dónde se fue el centro? ¿Planea volver? Quizá huyó porque no supo cubrir las demandas de una ciudadanía que, extasiada en escándalos de corrupción y cansada hasta el hartazgo de una clase política que no contestaba a lo que se le reclamaba, decidió castigarlo.

Hoy todos buscamos el centro. No sabemos dónde fue. Se ofrece recompensa al que lo encuentre; está en busca y captura.

El pasado 13 octubre, bajo el lema #indivisible, 200.000 personas marcharon en Berlín a favor de una sociedad abierta y plural; y en contra de la creciente influencia de los grupos de extrema derecha en Alemania, incluido el partido Alternativa para Alemania (Afd), que está conformado por populistas con inclinaciones nacionalistas.

La manifestación fue un mensaje poderoso en aras de una sociedad civil democrática y pacífica. Sin embargo, no estuvo exenta de experiencias negativas. El siguiente texto retrata una de estas. Su autor, Benedikt Brunner, impactado por los eventos, escribió ese mismo día este texto en su página de Facebook. Desde entonces ha sido leído más que 18.000 veces y —junto con textos de personas que pasaron por un trance similar— ha desatado una discusión en la prensa alemana sobre el rol de los colores nacionales (negro, rojo y dorado) en el espacio público. A continuación, la versión original del texto de Facebook que inició este debate.

Hoy, 13 de octubre, me ocurrió algo que nunca antes me había pasado: me gritaron racista miserable, no porque hubiera dicho o tenido con alguien algún gesto o actitud racista (¡nada me sería más ajeno, por lo demás!). Las personas que me insultaron no me conocían, ni habían hablado conmigo. Entonces ¿qué fue lo que pasó? Muy sencillo: fui tildado de racista miserable por participar en Berlín en la manifestación #indivisible —a favor de una sociedad cosmopolita, el derecho al asilo y contra el odio y el racismo—, porque llevaba una bandera alemana (de colores negro, rojo, dorado) y una de la Unión Europea atadas a un mismo mástil. Mi intención era demostrar que estos colores no le pertenecen a la AfD, al Pegida, o a otros grupos similares, sino a nosotros: cerca de 82 millones de personas que representan la gran diversidad de este país. Debo confesar que la agresividad que esto suscitó me dejó y aún me deja perplejo, y es por esto que he decidido escribir estos pensamientos.

Todos conocemos las imágenes de manifestaciones de grupos de extrema derecha, en las que se ve con frecuencia la bandera tricolor negra, roja y dorada alemana en grandes tamaños. Sin embargo, en las contramanifestaciones, la tricolor negra-roja-dorada brilla por su ausencia. De la misma manera, después del fin de la euforia del movimiento Pulse of Europe, la bandera de la UE ha prácticamente desaparecido del espacio público. Esto es una lástima, ya que juntar las dos banderas constituye un mensaje poderoso contra el mal uso ideológico de la tricolor negra-roja-dorada por los grupos de extrema derecha.

Un amigo y yo estábamos convencidos de la importancia de este mensaje, por lo que decidimos llevar ambas banderas de una manera muy visible a la manifestación #indivisible.

Les presento una selección de las reacciones más memorables con las que nos vimos confrontados en nuestro recorrido desde el Alexander Platz hasta el Postdamer Platz.

En varias ocasiones fuimos llamados miserables e incluso racistas miserables, tanto por transeúntes como por participantes de la manifestación. Naturalmente fuimos fotografiados y filmados por algunas de estas personas. Es una sensación angustiosa saber que uno figura en las redes de ciertos activistas, en las que uno será seguramente difamado como racista o, tal vez, como otras cosas.

Asimismo, fuimos abordados por cuatro (¿reales?, ¿supuestos?) representantes de los organizadores de la manifestación, quienes nos explicaron distintas reglas que habrían sido acordadas en consenso sobre el tema de las banderas: las banderas alemanas están permitidas, pero no en la primera fase; las banderas nacionales están prohibidas, pero se permiten las de la UE; no se permiten ni banderas alemanas ni de la UE. De la misma manera, comentarios del tipo: «¡les podemos quitar sus banderas!»; «¡lamentablemente no les podemos quitar sus banderas!». Finalmente, un hombre con chaqueta de guardia de seguridad respondió —después de hablar un momento por radio— a mi pregunta sobre si realmente querían quitarnos las banderas con las palabras: «Ahora estamos ocupados, pero luego nos ocuparemos de ustedes».

No sé si sea solo por mi interés por la Historia, pero la frase «luego nos ocuparemos de ustedes» me dejó una sensación perturbadora.

A la altura de la municipalidad metropolitana de Berlín nos abordaron tres mujeres muy jóvenes, quienes nos gritaron, demandando que bajáramos las banderas inmediatamente. Creo que para ellas el tema de fondo también era el racismo. Lo que pasó a continuación —para expresarlo de manera cordial— fue una retahíla de ataques verbales. Un hombre que acompañaba a las mujeres se me plantó delante. (¡Esto me generó cierto orgullo, ya que nunca en mi vida había sido el causante de una barricada humana!). Después de que en repetidas ocasiones el hombre no me dejara pasar, di un paso al lado, lo que solo causó que otra manifestante me cerrara el paso. Segundos después, una de las mujeres le quitó a mi amigo su bandera alemana. Él debió luchar por recuperarla, lo que pudo conseguir sin ningún tipo de agresión física. Ni obstante esto, rompió parcialmente la bandera. Sin embargo, aún pudo atarla nuevamente junto a la bandera de la UE.

Más allá de esto, tuvimos conversaciones cargadas de insultos pero también algunas con preguntas formuladas razonablemente hacía nosotros. Con una joven que solía trabajar como periodista (si bien ya no se dedica a esto, según ella), tuve una conversación muy interesante. Casi al finalizar, ella dejó de llamar a la bandera tricolor «nacionalista», para referirla simplemente como los «colores nacionales». Dudo mucho que en las próximas elecciones corra a votar por la Unión Demócrata Cristiana (CDU); sin embargo, fue una de las pocas conversaciones que tuve hoy que se desarrolló como deberían darse todas las discusiones entre demócratas, particularmente entre aquellos que asisten a manifestaciones por una «sociedad abierta».

Que quede claro: en el transcurso de la marcha encontramos también personas a quienes les gustó nuestro mensaje expresado a través del uso conjunto de la bandera alemana y la europea y que concordaban con nosotros en que los colores negro, rojo y dorado no pueden convertirse en un símbolo de la extrema derecha. Una familia (padre, madre y dos hijas pequeñas) llevaba consigo una bandera alemana a la que habían colocado un cartel con el primer artículo de la Constitución de la República Federal de Alemania: «la dignidad humana es inalienable».

Pensando en esta provisión de nuestra Constitución, los eventos del día de hoy parecen aún más absurdos. Junto a un número que oscila entre las 150.000 y 250.000 personas, nos manifestamos en Berlín a favor del derecho al asilo; derecho que tienen todos los perseguidos y que está anclado en el artículo 16 de la Constitución alemana. Hemos participado en una manifestación haciendo uso de los derechos garantizados por el artículo 8. Muchos de los manifestantes llevaban carteles y pancartas, lo que les está permitido por la libertad de expresión que protege el artículo 5. Podríamos citar otros de los derechos y principios que hacen a nuestra carta magna una las mejores del mundo y que nos dan razones para celebrarla en manifestaciones públicas. Sin embargo, si bien el artículo 22 de la Constitución alemana dice «la bandera nacional es negra, roja y dorada», esto parece ser desconocido para muchos. Dicho de otra manera: el negro, el rojo y el dorado está en la misma Constitución que consagra el derecho al asilo. ¿Puede alguien explicarme por qué algunos odian los primeros y manifiestan a favor del último?

Por lo menos en la manifestación de hoy nadie tenía una respuesta. Y yo le pegunté a todos aquellos que quisieron hablar con nosotros en vez de insultarnos. Solo para dejar las cosas en claro y a fin de que este texto no sea aprovechado por racistas o radicales (a los cuales mi amigo y yo soportamos tan poco como algunos de los manifestantes hoy): participamos en la manifestación con plena convicción, volveríamos a participar; y volveríamos a hacerlo llevando el negro, rojo y dorado.

En este texto he descrito algunas de reacciones que observamos, pero no tengo ninguna razón para afirmar que estas representan el sentir de la mayoría de los participantes de la manifestación. Si este hubiera sido el caso, probablemente no hubiéramos podido recorrer el trecho portando nuestras banderas.

Sin embargo, me he dado cuenta de algo: la mayoría de las manifestaciones de este tipo son organizadas por la izquierda (¡ya quisieran las juventudes del CDU poder organizar algo de esta magnitud!). Y en muchos activistas de izquierda hay un desagrado arraigado (odio, incluso) contra la bandera tricolor alemana, el cual hace casi imposible una discusión civilizada. Y esto en muchos aspectos es muy corto de vista. Hoy día he aprendido mucho sobre tolerancia e intolerancia y sobre la incapacidad de muchos de individuos de diferenciar entre estos dos conceptos. Pero este tema es muy complejo como para entrar ahora en detalle…

A pesar de todo —y no quiero dejar de recalcar esto— este día me ha dejado una lección valiosa: haber participado en la manifestación #indivisible ha sido como haber realizado un workshop en democracia aplicada. No es especialmente agradable ser insultado e implícitamente amenazado, pero creo que realmente hizo bien haber tenido la oportunidad de defender los principios en los cuales uno cree —la democracia, la Constitución, los derechos fundamentales, los colores nacionales y los de la amistad europea, y mucho más—. Nos encontramos en una fase en la que es necesario defender —quizás ahora más que en los últimos 50 años— aquellos principios y reglas de la convivencia social que considerábamos autoevidentes. Para muchas personas, nuestro sistema democrático y basado en las libertades civiles ha dejado de ser una certeza, tal como lo era en el pasado y como debería serlo en nuestros días. El que quiera defender este sistema debe practicar a defenderlo. Y es por eso que hoy fue un buen día para practicar la democracia.

Traducción: Dr. Andrés Hildebrandt.

Es probable que en el momento en que estén iniciando la lectura de este texto haya concluido ya la jornada electoral en Estados Unidos, las conocidas como elecciones legislativas intermedias que este año están llamadas a ser una de las más concurridas en la historia reciente del país norteamericano.

A la espera de que se emitan los resultados y comiencen los análisis sobre los ganadores y perdedores en esta contienda electoral (si los republicanos han conservado el poder en el Senado, si la ola azul —demócrata— ha conseguido arrebatar la Cámara de Representantes al partido del presidente Trump, me permito unas cuantas reflexiones sobre lo que, de forma general, se califica aún hoy día como voto latino o electorado hispano y sus tendencias políticas o comportamiento electoral, si es que cabe asignarles alguno. Y es que, a pesar de que, según cálculos del Pew Research Center, existen unos 29 millones de ciudadanos americanos de ascendencia latina con edad para ejercer el voto, solo el 30 % de ellos han participado activamente en este ejercicio democrático.

¿Cómo es que la minoría que está llamada a ocupar el primer lugar en peso demográfico en los Estados Unidos —según previsiones del Hufftington Post— en las próximas dos décadas, siga teniendo tan poco peso electoral? ¿Cambiarán las actuales elecciones intermedias este fenómeno? ¿En qué contexto coyuntural se ejerce el voto latino justo estas midterms? Revisaré dos estados en los que el voto hispano al parecer jugará un papel importante a la hora de decidir el futuro político: Nevada y Florida.

El aftermath boricua

Si tenemos en cuenta que la narrativa más elocuente ha definido a las actuales elecciones intermedias como un referéndum sobre la administración actual, esto es, como un voto de confianza o de desaprobación al presidente Trump, acaso en ningún otro estado como el de Florida se pueda dar por válida esta caracterización. Y ello (en el marco del voto latino) porque es aquí donde una parte del electorado hispanoamericano ha vivido directamente el extravagante trato de este particular presidente.

Tras el huracán María que devastó la isla de Puerto Rico, la actuación de Trump hacia sus conciudadanos boricuas dejó mucho que desear. No solo porque tardó dos semanas en visitar a los afectados —en claro contraste con otros lugares que también recientemente habían sufrido catástrofes naturales similares—, sino porque cuando lo hizo se comportó displicentemente, arrojando papel de baño a algunos de los ciudadanos, y alabando la gestión del gobierno puertorriqueño que, ya entonces, era cuestionado. Cuando un año más tarde se publicó el estudio independiente (encargado a la Universidad George Washington) que situaba la cifra oficial de muertos en 2975, Trump se atrevió a formular la idea de que se trataba un complot demócrata con el objetivo de hacerlo ver mal.

Si Puerto Rico contaba con 3.327.000 habitantes en septiembre de 2017, para febrero de 2018 la población había disminuido a 3,048,000 boricuas aún viviendo en la isla. Los casi trescientos mil restantes (un 8 % de la población) habían emigrado a los Estados Unidos en busca de una mejor situación tras la catástrofe. Se calcula que unos 150.000 convirtieron al estado de Florida en su nuevo hogar. La ley establece que, aun siendo ciudadanos norteamericanos de pleno derecho, los puertorriqueños solo pueden participar en elecciones legislativas y/o presidenciales, como estas intermedias, si se encuentran en la mainland (en la isla principal, esto es, en suelo continental). Una encuesta realizada entre la población boricua en Florida, llevada a cabo por la iniciativa «Nuestro Futuro is in your hands», señaló que tres cuartas partes de los encuestados tenían una opinión negativa de Trump, y al menos el 50% dijeron que votarían por el Partido Demócrata. Habrá que esperar para ver si el presidente actual, como otros republicanos que gestionaron mal catástrofes naturales, sufre un aftermath de parte de una población a la que ha maltratado visiblemente.

Nevada y la fuerza laboral hispana

Como sucede en distintos estados de Norteamérica, las actuales elecciones legislativas pondrán en juego puestos en el Senado, en la Cámara de Representantes y también numerosas plazas de administración pública locales. Jacky Rosen (demócrata) lucha por obtener el curul en el Senado del republicano Dean Heller en una cerrada contienda electoral (las encuestas más recientes dan solo 4 puntos de ventaja a la candidata azul sobre su contendiente). Si hacemos caso a los números, la población de origen hispano solo representa un 28 % del total demográfico en el estado de Nevada, por lo que no parece que el voto latino tenga un peso significativo. Las Vegas sería una anomalía (ni siquiera es la capital del estado de plata, dirían algunos) con un 32 % de su población con raíces latinas. Pero, y aquí está la cuestión, es que el condado de Clark —del que Las Vegas sí es capital— cuenta con dos tercios del total de la población del estado.

Así las cifras, muchos ven con respeto y asombro la reciente actividad política que ha emprendido el poderoso sindicato Culinary Workers Union 226, que aglutina a unos 57.000 afiliados —en su mayoría latinos—, en defensa y representación de sus derechos laborales en la industria de la gastronomía, el entretenimiento y la hospedería. Este sindicato ha permitido y auspiciado un explícito activismo electoral de cara a las intermedias, ofreciendo incluso un día libre a todos sus afiliados para que vayan a ejercer el voto previo —una posibilidad llevada a efecto ya por el 40 % de ciudadanos en el estado—. Si bien a nivel estatal Nevada ha elegido en las presidenciales a candidatos demócratas en las últimas tres elecciones, en periodos electorales intermedios —o en puestos como el asiento en el Senado— los ciudadanos han elegido a candidatos republicanos.

En todo caso, si hacemos caso a la encuesta de la organización Latinos Decision, que señala que un 57 % de los hispanos en el estado no habían recibido la visita de ningún candidato para explicar sus propuestas (y ganar su voto), ni republicano ni demócrata, no sería osado decir que si los azules dejan ir esta oportunidad, en el pecado han llevado la penitencia.

El anuncio realizado por la canciller alemana Angela Merkel es una apuesta audaz para mantener el legado de democracia, prosperidad y equidad que han caracterizado sus administraciones, procurando abatir los riesgos de fracturas internas y las presiones antiliberales.

Liderar en política es servir. Servir en política implica entregarse al bien común, y procurar el encuentro de voluntades en torno a los fines posibles, los medios disponibles y los ideales anhelados. Para muchos políticos, prolongarse en el poder implica la claudicación del ideal en nombre de la permanencia, que lleva a una inevitable decrepitud. Es raro el líder que termina su mandato en una coyuntura triunfal que comenta su influencia en las décadas por venir, contentándose con que la historia, retrospectivamente, le adjudicará su grandeza.

Eso, para algunos, lleva a los políticos al cinismo o a la frustración. Pero el objeto trascendente, del cual el político es guardián, implica un deber de dignidad; y servir políticamente, en palabras de la canciller Merkel, ha de ser servir con dignidad. En ese sentido, al haber anunciado su retiro del liderazgo de la Unión Cristiano Demócrata (CDU) y su no disposición a buscar la reelección en las próximas elecciones del Bundestag, se encuadra en esta narrativa. Se trata de defender la mayoritaria vocación de la pluralidad política alemana, priorizando los valores de su democracia y los objetivos prácticos de la cancillería, mientras se deja de lado a los que ostentan el poder. Nadie es indispensable, y mucho menos si su permanencia puede crear un riesgo irreversible para las instituciones. En su propia admisión, los recientes resultados electorales de la CDU/CSU eran un aviso que obligaba a revisar la continuidad.

Toda decisión está expuesta al azar, claro está, por cuanto los estadistas de hoy están rodeados de inquietudes que muchas veces cuesta aclarar. Al llegar al poder, caracterizada por sus rivales como joven, inexperta y sin contactos en la política central alemana, Merkel logró capear las dificultades en un mundo más interconectado pero con mayores certidumbres.

Claro, no eran retos menores: llegó al poder en un momento en que Occidente enfrentaba la amenaza del terrorismo islámico, con la división de enfoque estratégico con los Estados Unidos. Así mismo, se encontró con el potente ascenso chino que debilitaba la expansión económica de la Unión, y con las consecuencias geopolíticas del auge petrolero y gasífero ruso. Con todo, logró concretar alianzas a la vez pragmáticas e idealistas en torno a cambios domésticos, como el matrimonio igualitario y la política sustentable en energía.

Los problemas más severos de sus gobiernos, y que dieron al mundo la medida de la trascendencia de enfoque de la canciller, emanaron primero de la crisis económica global de 2008, y sus ramificaciones en la crisis fiscal y monetaria del sur de Europa. El rescate a Grecia y la asistencia a España e Italia mostraron el compromiso unitario con el equilibrio. En segundo lugar, la alborada optimista de la Primavera Árabe legó las crisis de Egipto, Libia y Siria, donde su guerra civil y la aparición del ISIS produjeron una crisis humanitaria y de afluencia migratoria sobre Europa que ha movido el centro político de la región.

¿Será esta la crisis definitoria de las décadas por venir? Lo cierto es que la respuesta principista, con sentido de la responsabilidad humana de países prósperos ante grupos humanos menos aventajados, ha desatado pasiones autoritarias, engranadas con la vocación autoritaria de los populismos de izquierda y derecha, con lo que el centro político se encuentra bajo presión. La debilidad relativa de los aliados socialdemócratas y liberales —matizada por el crecimiento experimentado por los Verdes, de claro compromiso pluralista— pone sobre la CDU/CSU el peso de liderar sobre la fatiga de un gobierno prolongado. La sombra del ascenso evidente de la ultraderecha, no meramente como crítica conservadora sino como impugnación de todo el sistema, es una evidente amenaza.

En ese sentido, la decisión de la canciller Merkel de administrar institucionalmente la incertidumbre de una sucesión, mitigando los traumas que la presión electoral pueda tener sobre el proceso, es una apuesta audaz. La canciller reconoce que los gobiernos del futuro cercano no contarán con respaldo parlamentario mayoritario, y que el nuevo clivaje, ya no de izquierdas y derechas, sino entre pluralistas y autoritarios, marcará las coaliciones. Así, se ofrece de puente ante este nuevo escenario. La puja por la sucesión en el liderazgo de la CDU, muestra confianza en la institución partidaria y en su vitalidad y flexibilidad doctrinal, oscilando entre la continuidad con la canciller —representadas en Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK)— y las críticas hacia ella —expresadas por Friedrich Merz y Jens Spahn—, manteniendo lealtad y unidad, y así la necesaria cohesión del centro.

Más allá de estos meses, el legado del liderazgo se medirá por sus efectos profundos, los cuales no son hoy claros: las amenazas vívidas a la democracia, las libertades, el respeto a la ley y a la dignidad de la persona humana son simplemente demasiado fuertes como para tener un sosiego definitivo. Pero, insistiendo en que el líder democrático es un servidor, el ejemplo de entrega y dignidad de la canciller Merkel no deberá pasar desapercibido y trascenderá la coyuntura del hoy.

El ultraderechista Jair Messias Bolsonaro (Partido Social Liberal, PSL) ganó la segunda vuelta electoral el pasado 28 de octubre con el 55,13 % de los votos. A partir del 1.º de enero va a gobernar el quinto país más grande del mundo. El candidato del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), Fernando Haddad, obtuvo el 44,87 % de los votos. La erosión del centro político, el rechazo hacia el PT y, sobre todo, la orientación en general del centro hacia la extrema derecha eran esperables. A los más de cuatro años de crisis en Brasil se le sumó la poca capacidad de los partidos tradicionales de resolver problemas, y así lograron que muchos votantes (otrora fieles al centro) se volvieran susceptibles a las promesas de solución de los populistas. El nuevo presidente es una caja negra: ni en Brasil ni en el extranjero se sabe qué esperar de él.

La mayoría electoral del candidato nacionalista de derecha del hasta entonces pequeño PSL es a primera vista indiscutible pero debe ser tomada con pinzas. Se trata de un resultado del sistema de mayoría de voto que rige en Brasil desde 1988, con sus típicas ventajas y desventajas. Jair Bolsonaro tuvo el 55 % de los votos válidos a su favor. Pero en números absolutos el resultado es un poco distinto.

58 millones votaron al populista de derecha, en 147 millones brasileros con derecho a voto y obligación de hacerlo en caso de tener entre 18 y 70 años. Teniendo en cuenta esto, solamente un tercio de los votantes activos se pronunciaron a favor del futuro presidente. De cada diez votantes, más de seis (más de 89 millones) votaron por el contrincante Haddad (alrededor de 47 millones) o bien por ninguno de los dos (alrededor de 42,3 millones). Debido a esto, su contrincante y varios críticos del sistema electoral ya plantearon dudas respecto a la legitimidad. El candidato del PT Haddad no felicitó al ganador la noche de las elecciones.

¿Quién es Jair Bolsonaro?

Con su eslogan «Brasil acima de tudo e Deus acima de todos» ‘Brasil sobre todos y Dios sobre todo’, el evangélico admirador de los militares logró ganarse —en tan solo un intento— las llaves del palacio presidencial Planalto. Esto es importante de destacar porque desde la elección de Henrique Cardoso (PSDB), hace un cuarto de siglo, ningún candidato había logrado ganar en su primera postulación. Como si esto fuera poco, Bolsonaro no tiene tampoco ningún tipo de experiencia en ocupar cargos dentro del Poder Ejecutivo. El otrora capitán militar es miembro electo del Congreso desde 1991.

Sin embargo, ha estado ausente en muchas sesiones. En sus siete períodos legislativos, el ultraderechista de 63 años ha llamado más la atención por sus polémicas y contradictorias declaraciones, así como también por formar parte de nueve partidos diferentes (todos del espectro político de derecha), que por presentar proyectos de ley concretos. A pesar de esto, los brasileros lo perciben como una figura fuera del sistema de la velha política, es decir, de la política tradicional. Bolsonaro ha alimentado con fuerza esta idea que tiene el pueblo brasilero sobre él, ya que más de una vez ha dicho que en el pasado (a pesar de sus siete mandatos) lo han excluido de la política.

Doce explicaciones

Los votantes de los partidos tradicionales parecieran haberle querido darles a estos una lección, según muchos analizaron después de la primera vuelta electoral. Pero esta justificación parece muy breve para explicar la arrolladora victoria del populista de derecha en ambas vueltas electorales. ¿Cómo logró el hasta entonces irrelevante diputado, que no tenía base ni recursos financieros, para ganar las llaves del palacio presidencial en su primera candidatura?

1. Oleada de populismo en el mundo
2. Falta de eficiencia del gobierno y del Estado en general
3. Pérdida de la credibilidad política
4. Desaprovechamiento de la situación posterior al impeachment
5. Los dirigentes de los partidos políticos obstaculizan la renovación
6. Nostalgia de los viejos tiempos y glorificación del pasado
7. Pobre elaboración de la propia historia
8. Capacidad de entusiasmar
9. Redes sociales 1, campaña televisiva 0
10. Fake news en grupos de WhatsApp cerrados
11. Influencia de los evangélicos
12. Un claro voto anti-PT

El fenómeno Bolsonaro es evidentemente más que una lección y no es una sorpresa. Es el producto de numerosos factores actuando en conjunto. Si algunos de estos hubieran distintos (formar otras alianzas, renovación seria, mejor uso de los medios digitales durante la campaña), tal vez otro candidato hubiera podido obtener la llave del palacio presidencial Planalto. Sin embargo, esta hipótesis quedará sin respuesta concreta.

Perspectiva: caja negra

Después de incontables declaraciones polémicas, es válida la preocupación sobre cómo el nuevo presidente se va a relacionar con las instituciones democráticas, los principios del Estado de derecho y los derechos humanos de la mayor democracia de Sudamérica. A pesar de que con el correr del tiempo ha relativizado muchas de sus polémicas expresiones, la reiteración constante de estas muestra que no se ha tratado de simples errores.

Dichas expresiones contrastan con su primera aparición pública en la televisión la noche de las elecciones. En un discurso de diez minutos Bolsonaro se mostró (al contrario de lo que muchos espectadores esperaban) conciliador, se declaró presidente de todos los brasileros y puso énfasis en que su gobierno defendería la Constitución, la democracia y la libertad. Este discurso da vitória significa un rayo de esperanza en el horizonte. Pero cómo actuará realmente como jefe de Estado y de gobierno es pura especulación en este momento.

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Bolsonaro no ha presentado ninguna propuesta concreta sobre cómo pretende resolver de manera sostenible y duradera los problemas más urgentes de Brasil. Por ahora, ha utilizado una metáfora futbolística para responder a las preguntas sobre áreas en las que no tiene conocimiento: como presidente se ve como entrenador del país, que va a colocar a los mejores ministros como jugadores. Lo único seguro por ahora parece ser que algunos de estos van a ser antiguos generales. Lo que también es probable es que el asesor económico de Bolsonaro, Paulo Guedes, se desempeñe como ministro de Economía. Los inversores extranjeros y las empresas se alegrarían con las políticas liberales de este Chicago boy. Aparte, se espera a tecnócratas en el nuevo gabinete. Un astronauta sería, por ejemplo, el encargado del Ministerio de Ciencia y Técnología, según dijo Bolsonaro en julio pasado.

Congreso

Debido al aumento en el número de diputados (el PSL cuenta con 52 escaños y constituye la segunda bancada parlamentaria), el nuevo presidente tendrá una base propia en el Congreso. Para llevar a cabo sus planes políticos va a depender sin embargo del llamado Centrão, el gran bloque de centroderecha, ya que el Partido de los Trabajadores (56 bancas en el Congreso) y otros partidos del espectro de izquierda formarán un importante contrapeso.

En resumen: los brasileros eligieron en realidad una caja negra. A partir del 1.º de enero de 2019 se podrá observar si el ruido de sables de la campaña se convierte o no en hechos concretos.

Este texto es un resumen del artículo publicado en la página web de la Fundación Konrad Adenauer. El análisis completo podrá leerse en la edición impresa de Diálogo Político, de próxima aparición.

Traducción: Sofia Cerillo, Jenny Schürmann y Manfred Steffen, de la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo.

El balance de los primeros cien días de gestión del nuevo gobierno de Costa Rica presenta luces y sombras. En la asunción del poder el 8 de mayo último, el entonces presidente electo prometió a las dos mil personas congregadas en la Plaza de la Democracia en San José, y a los miles de ciudadanos que siguieron las alternativas de la asunción de mando por radio, televisión y redes sociales, conducir al país con inteligencia, con responsabilidad, con equilibrio y con fuerza. Concluyó su discurso asumiendo el compromiso personal y de su gobierno de trabajar duro para el bien de todos. El 16 de agosto Carlos Alvarado hizo un resumen positivo de su gobierno con las palabras: «Hoy cumplimos nuestra promesa: 100 días de trabajar, trabajar, trabajar».

No obstante, la población hace una evaluación crítica de la gestión del presidente y su gobierno. Según una encuesta realizada entre el 13 y el 16 de agosto por el reconocido Centro de Investigación y Estudios (CIEP) de la Universidad de Costa Rica, Carlos Alvarado solo obtuvo un 35,3 % de respuestas positivas, en tanto que un 35,7 % tiene una imagen negativa de su persona y el 29 % considera su gestión regular. Juicios negativos merecen sobre todo el gerenciamiento de la crisis financiera y el problema de la seguridad.

Apenas un 28 % de los encuestados considera positiva la gestión de gobierno de Carlos Alvarado. Un 25 % la catalogan de regular y un 47 % incluso la califican como mala o muy mala. En la percepción de la población, la elevada fragmentación en la Asamblea Legislativa y las relaciones de poder poco claras constituyen una traba para la gestión de gobierno. El Parlamento está dominado por la oposición, y los diferentes partidos, o bien bloques, están fundamentalmente ocupados con sus propios problemas internos. Consiguientemente, falta un claro liderazgo opositor. Como principales debilidades del Parlamento se mencionan la corrupción, mociones y proyectos legislativos poco realistas, así como la inexperiencia de los diputados.

Poder limitado

El resultado electoral limitó el poder del presidente en el sistema semipresidencialista de Costa Rica. Si bien Carlos Alvarado ganó en segunda vuelta con algo más del 60 % de los votos, la fracción del Partido Acción Nacional (PAC) está compuesta por tan solo 10 diputados sobre un total de 57 que integran la Asamblea Legislativa. Debido a esta frágil base parlamentaria, Carlos Alvarado aprovechó los dos meses entre ambas vueltas electorales celebradas el 4 de febrero y el 1.° de abril para abogar en favor de un gobierno de unidad nacional. El único político que en marzo firmó un acuerdo formal de cooperación fue el candidato por el Partido Unidad Social Cristiana PUSC, Rodolfo Piza, que no logró pasar a la segunda vuelta. El PUSC también aportó un programa de trabajo al posterior gobierno de Unidad Nacional. Aunque sin firmar un acuerdo formal, dirigentes de primer nivel del Partido Liberación Nacional (PLN) de extracción liberal socialdemócracta, del Frente Amplio y del partido cantonal Curidabat Siglo XX, manifestaron su disposición de cooperar con el gobierno. El PAC del presidente Alvarado solo reúne el 44,4 % de los cargos dentro del gobierno.

En principio, con los acuerdos alcanzados se sentaron efectivamente las bases para un gobierno de amplio apoyo popular. No obstante, las relaciones de mayoría en el Parlamento resultaron ser complejas y opacas. El mandato limitado a cuatro años de los diputados, sin posibilidades de reelección directa, no contribuye a dar continuidad a una labor parlamentaria orientada al mediano y largo plazo. De los 57 miembros que integran la nueva Asamblea Legislativa, apenas seis cuentan con experiencia como diputados de períodos anteriores. El Parlamento está fraccionado y se divide en siete partidos que cuentan entre uno y 17 diputados. La situación se dificulta aun más debido a que prácticamente no se conoce la disciplina partidaria y dentro de las bancadas ya se vislumbran diferentes corrientes y opiniones individuales, con límites muy fluidos.

Reforma fiscal

La difícil búsqueda de mayorías en el Parlamento se hizo manifiesta en el proyecto central del gobierno, que es la reforma fiscal. Esta debe ser abordada con absoluta prioridad si se quiere evitar que el país entre dificultades de pago con las conocidas consecuencias para un país emergente. El endeudamiento acumulado del país en los últimos años alcanzó a más del 50 % del PBI y el Banco Central pronostica para 2019 un déficit fiscal del 7,9 %, si no se reduce en forma urgente el gasto público y/o se elevan los ingresos del Estado. Las estadísticas más recientes del Ministerio de Hacienda sitúan el déficit del primer semestre de 2018 en el 3,3 % del PBI, lo que equivale a 1100 billones de colones (1900 millones de dólares), el valor más alto de los últimos seis años.

El borrador del Ministerio de Hacienda para la reforma fiscal presentado a la Asamblea Legislativa desató debates intensos en los medios, en la población y entre expertos y partidos. El presidente Carlos Alvarado avaló expresamente el proyecto de reforma, que es determinante para su gobierno y para todo el período legislativo. Casi todos los partidos presentaron mociones para introducir cambios al proyecto que derivaron en prolongados debates que aún continúan.

La encuesta citada revela que la población está mayoritariamente dispuesta a aceptar un incremento en la carga impositiva, si ello permite superar la crisis financiera del Estado. No obstante, las dos terceras partes de los encuestados reclaman que paralelamente se recorte el gasto público. Un 37 % exigen que antes de incrementar la carga impositiva de la población se proceda a recortar el gasto público. El 52 % consideran que el principal responsable de la crisis financiera es el gobierno y el 20 % responsabilizan al Parlamento, en tanto que un 22 % mencionan a la evasión impositiva como responsable del déficit fiscal. A la luz de estos datos es evidente que el gobierno carece de una estrategia de comunicación que le permita explicar adecuadamente la compleja realidad que vive el país.

Interesante es la posición del PUSC, que prescindió de presentar mociones para modificar el proyecto de reforma. A cambio de aprobar la reforma fiscal le exige al gobierno que presente un programa económico que fortalezca la competencia y reactive la economía en un plazo perentorio. Su fracción parlamentaria envió al presidente Carlos Alvarado un escrito de ocho páginas que fundamenta el pedido. Sobre esta base, el PAC, el PUSC y el PLN podrían alcanzar un consenso y garantizarle al gobierno la necesaria mayoría para aprobar su paquete de reformas.

Perspectivas

Al cabo de los primeros cien días, la imagen del presidente y la gestión de gobierno muestran una tendencia negativa. No obstante, las decisiones más importantes como la reforma fiscal y la reactivación económica del país son temas muy complejos. Poco tiempo después de asumir el poder, el gobierno elaboró la reforma fiscal y remitió el proyecto de ley a la Asamblea Legislativa. La fragmentación del Parlamento y la inexperiencia de los nuevos diputados, así como la heterogeneidad de las opiniones dentro de los propios partidos y sus bancadas, generó en la población la impresión de que este gobierno, al igual que los anteriores, no está en condiciones de implementar las reformas urgentemente necesarias. Actualmente se observa una negociación más focalizada y se perfila la probabilidad de alcanzar la mayoría necesaria para la aprobación del proyecto. De consolidarse esta tendencia, es probable que las encuestas vuelvan a registrar valores más positivos para el oficialismo.

Las elecciones legislativas intermedias en los Estados Unidos tendrán lugar el ya muy cercano 6 de noviembre —aunque en muchos estados ha dado inicio el proceso de votación vía correo postal y a través de casillas abiertas para ejercer el voto temprano (la agencia AP calcula 10 millones de boletas emitidas hasta mediados de la semana pasada)—, en un momento de polarización de la sociedad y de la clase política inédito.

En los últimos días, la competición electoral se ha visto salpicada de matices desconocidos (y desconcertantes) hasta ahora, con un sesgo violento pocas veces visto: el envío de paquetes bomba a miembros del Partido Demócrata y personajes críticos con el actual presidente (de la talla de Barack Obama y Hillary Clinton, además de las oficinas centrales de CNN), por un fanático de Trump y el más reciente tiroteo en una sinagoga de Pittsburgh (en el que fallecieron 11 personas y que confirma el incremento de fenómenos antisemíticos en Estados Unidos en un 57 % solo en 2017), aumentan la tensión de unas elecciones que, para bien o para mal, se leerán como un referéndum de la vocinglera e incendiaria Administración actual.

Las elecciones intermedias del próximo 6 de noviembre permitirán reasignar 33 de los 100 escaños en el Senado norteamericano (más uno de votación especial por el estado de Minnesota). Aparte de ello se renovarán la totalidad de los asientos en la Cámara baja (de Representantes) de los Estados Unidos, así como 36 gobernaturas y otras tantas elecciones a cargos estatales y locales intermedios. Las llamadas midterms son parte del ecosistema electoral de Estados Unidos y, a medio camino de las elecciones presidenciales, sirven tradicionalmente como un barómetro del gobierno y presidente en turno. Sin embargo, la actual Administración —y en particular su jefe— han convertido estas elecciones legislativas en un asunto dicotómico, un asunto de vida o muerte, de rojos contra azules, de ellos contra nosotros, elevando los niveles de polarización entre la sociedad a niveles que muchos medios norteamericanos califican de extraordinarios.

A nadie le cabe duda ya que entre las habilidades del presidente Trump no están su contención diplomática o su habilidad para generar consensos y sí, en cambio, su altísima destreza para generar enfrentamientos y liderar la narración principal a golpe de contradicciones y medias verdades (o abiertas mentiras). Trump ha conseguido que la prensa en su (casi) totalidad entienda estas elecciones legislativas como un plebiscito sobre su gestión, y de ello sacará provecho no importa el resultado; si los republicanos mantienen la mayoría en el Senado —y los datos y estadísticas lo avalan— será una victoria suya; si la ola roja no logra detener a la azul en la Cámara de Representantes (y las tendencias muestran que esta posibilidad es real) será por el malvado actuar demócrata en contra de su (particular) gran América.

Él mismo ha impuesto esa lectura sobre las elecciones intermedias. No en balde ha sido el presidente norteamericano que más se ha implicado en esta tradicional etapa del proceso electoral: al menos 40 mítines en favor de distintos candidatos republicanos han llevado a Trump a recorrer el país en los últimos meses (Bush participó en 33 y Obama en 22, en sus respectivos primeros años al mando). La buena noticia de este frenesí legislativo es que, en unas elecciones en las que por norma solo participaba uno de cada cuatro electores, hoy se prevé una participación del 45 a 50 % del electorado.

Sea para votar en contra o a favor de Trump —según el instituto demoscópico PEW un 60 % de los ciudadanos que acudirán a las urnas tendrán en cuenta al presidente a la hora de decidir su voto— estas legislativas están llamadas a generar, también, una participación democrática extraordinaria. En este activismo electoral han tenido su parte los partidos demócratas y republicanos, y los candidatos rojos y azules que piden el voto de sus conciudadanos.

Las estrategias políticas para ganar el apoyo en las papeletas han sido muy variadas, según la localidad y el perfil de los candidatos, aunque se pueden esbozar dos líneas generales en esta arena en la que se han convertido las intermedias norteamericanas: los republicanos han optado por alabar el buen curso de la economía, el excelente estado del mercado de trabajo (donde la rebaja fiscal que ellos apoyaron juega, en su discurso, una parte importante) y distanciarse del polémico presidente si perciben que su electorado puede no tomar a bien su flamígera inquina (en estados o localidades donde, sobre todo, no existe una clara tendencia republicana, en los llamados estados morados). Los demócratas, por su parte, han caído en el juego de hacer de estas elecciones una evaluación sobre Trump y azuzan a sus electores contra la misoginia, xenofobia y nepotismo del presidente. En algunos casos, la supuesta ola azul ha tenido el pragmatismo de no apostar todo a una sola carta y han llamado a corregir políticas republicanas en temas importantes como la salud pública y la educación, temas que en el ámbito local cobran bastante peso y dejan ver sus efectos reales entre los votantes.

En todo caso, los últimos sucesos ocurridos en el país norteamericano —al que se debe sumar la marcha de miles de migrantes centroamericanos por México rumbo a Estados Unidos, fenómeno preferido del presidente para quien la inmigración ilegal encarna los males que justificarían la dureza de su política—, solo han echado más leña al fuego. Los votantes están llamados a acudir a las urnas en medio del griterío que, hasta el momento, no parece que nadie —ni los medios, ni los partidos, ni la actual Administración— quieran de verdad disminuir a favor de la concordia democrática.