Por el alto nivel de incertidumbre y el contexto económico, el juego electoral en la Argentina aparece muy abierto. Hace exactamente 12 meses el gobierno de Mauricio Macri tenía el 2019 asegurado. Hoy el presidente disputa con Cristina quién tiene más rechazo.

El rugir de los motores está a pleno. Se tiene la sensación de estar en el momento de mayor ansiedad en una carrera de Fórmula 1. Pero no son autos: son los presidenciables que aspiran al sillón de Rivadavia en la Argentina. Sin embargo, hay varias diferencias: los pilotos desconocen el circuito, alguno podría cambiar de escudería, y hasta podrían fusionarse algunas de ellas.

Empecemos por marcar dos pautas que los afectarán a todos:

1) Por efecto de la recesión económica y los cuadernos de Centeno, las campañas deberán ser más austeras, ya que el ojo periodístico, judicial y ciudadano estará más alerta que nunca (sobre todo si se aprueba el proyecto de financiamiento que empuja el Gobierno en el Congreso). Eso les dará alguna ventaja a los que ocupan cargos ejecutivos en todos los niveles, inclinando la cancha más de la cuenta.

2) El sentimiento mayoritario es de angustia por la situación económica, de modo que eso reduce la atención sobre los proyectos presidenciales, sobre todo para aquellos que corren desde atrás y no están tan instalados.

En ese marco, la siguiente pregunta es: ¿será un escenario de dos, de tres o de cuatro?

a) Escenario de dos: implicaría una unidad peronista con el aval de Cristina Kirchner. Hoy parece poco probable.

b) Escenario de tres: teniendo en cuenta que dentro de la Alternativa Federal (G-11) hay varios que no quieren saber nada con la expresidenta, este escenario es claramente más probable, más allá de cuán lejos estén hoy de los otros competidores.

c) Escenario de cuatro: no se lo debe descartar por dos vertientes. La primera es que se conforme un frente progresista con el gobernador Lifschitz a la cabeza. La segunda es que además se presente un candidato como el diputado Olmedo, para aprovechar la ola Bolsonaro. Varios se preguntarán «pero ¿y esos cuánto pueden sacar?», subestimando su impacto. Sin embargo, podrían jugar un rol estratégico si el escenario de polarización atenuada de dos jugadores está muy empatado, y el cuarto obtiene 5 preciosos puntos.

Como se mencionó al principio, tampoco deben descartarse fusiones, a saber:

a) todas las tribus peronistas unidas, más el sector progresista,

b) el peronismo alternativo más el sector progresista,

c) Cambiemos más algún peronista alternativo más cercano (¿como vicepresidente?).

¿Por qué el juego aparece tan abierto? Por el alto nivel de incertidumbre del contexto económico que alimenta todo tipo de especulaciones en el plano político. El fenómeno se realimenta: los brokers ven incertidumbre política y crece el riesgo país. Trascartón no ayuda a que sea visto con optimismo el devenir económico, y así sucesivamente.

Para que eso cambie deberían suceder dos cosas en el corto plazo: 1) que las encuestas empiecen a dictaminar un más probable triunfo del Gobierno, dando cuenta de alguna definición del electorado, o 2) que aparezcan los brotes verdes que cambien el clima de votantes y brokers.

Si ninguna de esas dos cosas sucede en un lapso perentorio, habrá que esperar a que se despeje el tercer término de la ecuación —la oferta electoral— para que los estudios de opinión puedan ser más certeros. Hasta acá, con la danza de nombres y combinaciones posibles, es para tomar todo con pinzas y abandonar por un tiempo la ansiedad estadística para recostarse sobre las tendencias más profundas que arrojen los grupos focales.

¿Qué están haciendo los actores? Con semejante incertidumbre pedirles a los corredores que muestren certezas respecto a la efectividad de sus respectivas estrategias tampoco es muy razonable. Hay dos intríngulis: 1) si mejora o no la economía y arrastra al Gobierno hacia arriba, y 2) si Cristina se presenta o no, con todas las derivaciones que eso significa para la confederación peronista. Esos dos nudos gordianos generan estrategias bien contrapuestas.

çPor ejemplo, Urtubey basa sus esperanzas en recoger los votos que se le caen al oficialismo por decepción, mientras que Massa abandona la tercera vía tratando de hacer oposición fuerte sin ser Cristina. Dada la lógica polarizadora que muestran hasta acá los estudios, y el contexto que se está dando en otras partes donde los centros se diluyen, se explica por qué el líder del Frente Renovador tiene hoy más intención de voto que el gobernador de Salta (además de estar más instalado por ya haber sido candidato presidencial). El resto de la confederación merodea una combinación de medios y territorios con escaso impacto por el momento.

La expresidenta juega con el tiempo a su favor. Con un solo tuit puede revolucionar la política argentina, de modo que solo necesita ver cómo los demás mueven sus piezas en la ansiedad por ganar la visibilidad que a ella le sobra. Cristina herbívora no le hace perder votos y le podría permitir sumar oscilantes. El punto es: cuánto miedo puede desarmar para lograr el sorpasso. Es una operación simbólica muy compleja: cortar el cable equivocado hace volar la bomba.

Por último, el Gobierno parece tener algunas cosas más claras en términos estratégicos pese a la hecatombe económica. Su negocio no es plebiscitar su gestión, sino el regreso de Cristina. ¿A qué le tendrá más miedo la sociedad: al regreso de ella o al ajuste del Gobierno? Esa es la cuestión mientras no haya mucho más que mostrar que buena onda, más diálogo, estadísticas veraces, lucha contra el narcotráfico, apertura al mundo y correcciones macroeconómicas.

Hace exactamente 12 meses el Gobierno tenía el 2019 asegurado. Hoy el presidente disputa con Cristina quién tiene más rechazo. Está todo por verse.

Nota publicada en analisistatino.com, de CADAL, y en Clarín, el 31.12.2018.

Fuente: Clarín (Buenos Aires, Argentina
Twitter: @carlosfara
Carlos Fara
Presidente de Carlos Fara & Asociados desde 1991. Consultor político, especialista en opinión pública, campañas electorales y comunicación de gobierno. Ha recibido varios premios, entre ellos el Premio Aristóteles a la Excelencia 2010, en el Dream Team del año compuesto por los diez mejores consultores a nivel mundial en materia de campañas políticas. Ha recibido dos veces el premio EIKON (2009 y 2012). Ha participado en 138 campañas electorales en Argentina y Latinoamérica. Es miembro de la International Association of Political Consultants (IAPC).

Según la Real Academia Española, verdad es la ‘propiedad que tiene una cosa de mantenerse siempre la misma sin mutación alguna’. Es una palabra que utilizamos diariamente, pero muchas veces tendemos a menospreciar su significado.

Si trasladamos este concepto a la órbita nutricional, podríamos decir que #comidadeverdad es todo alimento que se mantiene en sus características naturales.

La #comidadeverdad no está atada a eslóganes, partidos o filosofías de vida. Nace de la necesidad de rebelarse y luchar contra este sistema perverso que busca alimentarnos pero no nutrirnos.

La #comidadeverdad es todo alimento que mantiene sus propiedades nutricionales y no se ha visto vulnerado por el procesamiento industrial: frutas, verduras, frutos secos, semillas, carnes sin procesar, huevos, leche, legumbres, café, infusiones y las especias. Cuando se persigue como objetivo nutricional la salud, es recomendable buscar que al menos un 80 a 90% de las calorías se incorporen a través de estos alimentos.

Es innegable la importancia que ha tenido el procesamiento industrial en determinado período de la historia humana: potabilizar el agua o pasteurizar la leche son algunos de los hitos más importantes que ha logrado la industria alimenticia para preservar la salud.

Sin embargo, conjuntamente con estos enormes avances, se ha logrado embestir las propiedades de los alimentos, alterar nuestros paladares y provocar un deseo inherente por comer productos de escaso valor nutricional, sumamente dañinos para nuestro organismo y, en algunas circunstancias, sus métodos de producción también conspiran contra el cuidado del medioambiente. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) cataloga a estos inventos industriales como ultraprocesados.

En un informe publicado en 2016, la OPS establece una serie de ejemplos sobre lo que considera ultraprocesados:

Las papas fritas en paquete y muchos otros tipos de productos grasos, snacks empaquetados, salados o dulces; helados, chocolates y caramelos; panes, bollos, galletas (galletitas), pasteles y tortas empaquetados; cereales endulzados para el desayuno; barras «energizantes»; mermeladas y jaleas; margarinas; bebidas gaseosas y bebidas «energizantes»; bebidas azucaradas a base de leche, incluido el yogur bebible de fruta; bebidas y néctares de fruta; bebidas de chocolate; leche «maternizada» para lactantes, preparaciones lácteas complementarias y otros productos para bebés; y productos «saludables» o «para adelgazar», como sustitutos en polvo o «fortificados» de platos o de comidas.

Consumir esporádicamente ultraprocesados no constituye un problema. El problema está en que una gran parte de la población lo consume de forma diaria.

Los ultraprocesados vinieron para quedarse, es un hecho. Pero erradicar su consumo de la alimentación diaria debe ser el puntapié inicial que cualquier persona debe dar si quiere llevar adelante una vida saludable.

Muchos ignorarán este mensaje y se excusarán bajo el pretexto de que «de algo hay que morir» pero, como decía Stephen Howking: «Incluso la gente que afirma que no podemos hacer nada para cambiar nuestro destino, mira antes de cruzar la calle».

Durante el 2018 las argentinas y argentinos profundizamos el proceso de cambiar las reglas de la sociedad, con el objetivo de defender a las mujeres de un sistema que las oprime. Este artículo relata desde la experiencia de una mujer en lucha. Feminismo en la acción: ¿qué quiere decir sororidad? ¿Cuáles son los deseos de las mujeres para este año que comienza?

Feminismo y sororidad: dos palabras que se complementan, que se sostienen y que estuvieron en el centro de los asados de los domingos, de las charlas con tu jefa o jefe, colegas, pareja y, sobre todo, en las conversaciones entre amigas. Les pregunto: ¿nos paramos a preguntar el significado de cada una de estas bellísimas palabras? ¿Las entendimos? ¿Las compartimos? ¿Las militamos?

Yo, Solcha, llevo toda una vida cargando la sensación de que algo, en algún lugar del cosmos, no anda bien… como una picadura de mosquito que no te podés rascar porque no sabés exactamente dónde está. Entiendo que tiene que ver con andar hace 34 años intentando encajar en estructuras nada cómodas que la sociedad da por sentadas: si sos una mujer accesible, sos fácil; si sos estricta, te falta sexo; «lady en la cocina y tigresa en la cama»; «muchas mujeres juntas es un nido de víboras»; después de cenar, vos lavás los platos, tus hermanos miran fútbol. Y a esto se suma que cuando encendés el televisor te encontrás paralizada por el miedo y dolorida en la empatía por esa chica que fue asesinada brutalmente por un femicida o que (con suerte) sufrió un abuso.

Algunas personas, con estas dos palabras —feminismo y sororidad— nos sentimos de golpe extremadamente a gusto. Tan a gusto como cuando te la pasás un día de 32 grados de reunión en reunión por el microcentro porteño, llegás a tu casa, te abrís una cerveza helada y te das un baño.

Feminismo y sororidad no significan lo mismo. Una envuelve a la otra, y aquella es su desprendimiento, su brazo y escudo. Paso a explicar definiciones que clarifican la introducción al tema.

El feminismo, según la Real Academia Española, es el ‘principio de igualdad de derechos de la mujer y el hombre’. Claramente esta es solo una definición académica, simple y totalmente comprensible. Yo la especificaría un poquito más: ‘movimiento sociocultural y político que nos debe atravesar a todos y todas, y ser la punta de lanza para llevarnos a una sociedad más justa e igualitaria’. Porque solo con «igualdad de derechos» nos quedamos con gusto a poco. Necesitamos un cambio social que lo haga realidad.

Reivindico con fervor el feminismo porque hoy existen algunos y algunas que se atreven a bastardearlo. Y me duele en lo más profundo de mi ser mujer. El feminismo fue estudiado, fue dividido en etapas (las sufragistas, los movimientos de liberación de los sesenta, #niunamenos, el 8M, ¿les suena?), existen referentes (Simone de Beauvoir, Mary Wollstonecraft, Virginia Woolf, entre otras); y, explicando lo que significa, me atrevo a afirmar que no conozco a nadie que se atreva a no considerarse feminista, ¿verdad?

Bien. Ahora, sororidad. Yo por ahí dije que es un desprendimiento del feminismo. La sororidad es definida (una vez más por la RAE) como ‘la amistad o afecto entre mujeres’ o ‘la relación solidaria entre las mujeres, especialmente por su empoderamiento’. Aburrido. Les cuento: la definición que a mí me gusta más, escrita por una piba argentina (en lucha como nosotras): ‘es la decisión consciente y política de generar vínculos y redes de apoyo entre mujeres. Es desafiar la idea impuesta de que somos enemigas. La sororidad es una de las dimensiones más importantes del feminismo, ya que su fin es reivindicarnos en la complicidad para caminar juntas y fuertes hacia la caída del patriarcado”.

Sí, ya sé. Patriarcado es de esas palabras que hace sangrar los oídos. No me quiero ir del tema pero, para tenerlo presente, básicamente al patriarcado hay que tenerle menos miedo y más desprecio, ya que es solo el sistema social en el que vivimos, donde el rol de la mujer es estar al servicio del hombre, y que le da también al hombre un montón de estructuras a las que atenerse (tienen que ser viriles, no llorar, deben ganar más salario que la mujer, la mujer es la encargada de la crianza, y qué raro es ver a un hombre yendo a buscar a sus hijos o hijas al colegio, etc., etc., etc.).

Así que, en este plan, con estas dos palabras que atravesaron el 2018 de punta a punta, les cuento que con mis amigas y compañeras en Argentina este año aprendimos de sororidad (¡sí que aprendimos!). Nos tomamos una enorme cantidad de vinos y nos dimos cuenta de que, más allá de nuestros colores y pensamientos políticos, todas teníamos las mismas historias que contar y un montón de anécdotas que preferiríamos no haber vivido.

Nos miramos a los ojos, nos entendimos y decidimos, de manera comprometida y con mucha felicidad, caminar juntas para cambiar esa realidad que tanto daño nos hace.

Y no solo nos fue bien, sino de maravilla. Hermosas conversaciones que tengo ganas de escribir para que no se borren de mi memoria, abrazos cargados de «estoy con vos, mujer», incansables y reconfortantes mensajes diarios para que no te sientas sola.

Y hombres, ustedes son parte de todo. Al hombre que abusa de nosotras y nos asesina, a ese ser nefasto, tenemos que combatirlo juntos.

A las reglas de la sociedad que no nos permiten llegar a lugares de toma de decisión donde incluir la perspectiva de la mujer (sin ofender, solamente las mujeres sabemos lo que es ser mujer y vale a la inversa), esas que logran un cambio de juego en la estructura, tenemos que reescribirlas juntos. Si queremos un cambio real donde ustedes sean libres y nosotras no seamos oprimidas por la cultura y la violencia, tenemos que ir juntos (insisto).

Nosotras, sin la alianza con nuestros compañeros, nos vamos a volver endogámicas, belicosas y vamos a acumular, enojadas frente a una sociedad que nos pisotea, demasiado poder. Y porque, amigos, estamos convencidas de que esta es una lucha de la sociedad toda para convertirnos en mejores versiones y por dejarle a las generaciones que vienen un mundo más amable.

Si creyeron que este año fue intenso en Argentina, el 2019 lo será más. No se olviden de que nos seguimos quedando afuera en las reuniones (por lo tanto, en la toma de decisiones); y en la calle —y en casa— siguen abusando de nosotras, nos siguen matando y violando. Ahora, acompañadas del #NoesNo; del «si tocan a una, nos tocan a todas», no estamos solas. Si le cierran la puerta a una, nos la cierran a todas. Eso nos enfurece y estamos dispuestas a protestar públicamente para que nos vean y a luchar para que se lleve a la acción.

Invito a que este año que inicia lo atravesemos unos al lado de las otras. En la misma lucha, feminista: por una sociedad de igualdad entre mujeres y hombres. Y a las mujeres, que sigamos nadando en el mar de la sororidad que tan bien nos hace, nos vuelve hermanas, compañeras, solidarias, empoderadas.

Un 2019 feminista y sororo.

Nota publicada el 2.1.2019 en la revista digital El Cruce, un proyecto de la agrupación política La Generación, de la República Argentina

Desde abril de 2018 el epicentro del poder en Nicaragua —meta constitucional— ha sido golpeado de manera irreversible.

A partir de ese momento, la viabilidad del desarrollo nacional es nula con la pareja Ortega-Murillo en el poder. Es decir, se produjo un punto de inflexión, la sociedad nicaragüense despertó y reclama los derechos políticos y sociales que le habían sido usurpados.

Los partidos políticos zancudos o comparsas han quedado al margen del proceso social en curso. Han demostrado ser mercenarios del sistema.

No hay salida a la crisis sociopolítica con el mantenimiento del esquema político y económico de alianza del gran capital con el gobierno de Ortega-Murillo.

En la política nacional hay mucha simulación. Es como un baile de máscaras en el que todos los políticos tradicionales fingen una cosa pero en la realidad actúan de diferente manera.

El régimen de Ortega-Murillo ya se acabó; sin embargo, el nuevo gobierno no nace todavía. Esta fase de transición se caracteriza por el desorden institucional. Ortega-Murillo permanecen en el poder pero no gobiernan; se sostienen sobre la base de la represión.

La mayoría de las empresas financieras están quebradas: han perdido cerca del 80 % de su capital. La debacle económica tendrá consecuencias negativas para el sostenimiento del régimen Ortega-Murillo.

Muchos pensamos que los bancos, en las condiciones actuales, entrarán en una crisis irreversible en marzo de 2019. El dinero posiblemente sigue saliendo de los bancos.

La crisis del sistema financiero nacional puede obligar al gran capital a presionar al régimen de Ortega-Murillo a buscar una salida negociada. Su error estratégico fue no negociar desde el inicio de la crisis sociopolítica.

Este mes de enero de 2019 es clave. Hay varias fechas de impacto que marcarán el futuro inmediato de Nicaragua:

1. El 1 de enero Jair Bolsonaro asumió la presidencia del Brasil. Políticamente, Bolsonaro es una mezcla de Trump más Pinochet, lo cual trastoca la correlación de fuerzas en toda América Latina.

2. El 10 de enero se reunirá la OEA para tratar el tema Venezuela, país cuyo aislamiento internacional se acelera rápidamente: 13 Estados latinoamericanos, la Unión Europea y Estados Unidos no reconocerán al nuevo gobierno de Maduro. El debilitamiento de Venezuela tiene repercusiones negativas para Nicaragua.

3. Al día siguiente, 11 de enero, la OEA, analizará la posibilidad de aplicar la carta democrática a Nicaragua. La posición de los países de la Comunidad del Caribe (CARICOM) es clave para la aprobación o no de la medida.

4. El pronunciamiento del papa Francisco, el 7 de enero, a favor de una negociación como salida política a la crisis nicaragüense, implica que los obispos asumirán esa posición ante el régimen, pero con menor margen de maniobra de Ortega-Murillo.

5. Hay una mayor fragilidad del régimen por la profundización de la crisis económica, que no puede resolverse por su dependencia de la inversión extranjera directa, por la falta de una banca nacional y por no entender el cambio en la geopolítica mundial que se expresa en una regionalización de las esferas de influencias entre Estados Unidos, Rusia y China.

6. La política de Estados Unidos hacia América Latina se articula en una especie de doctrina Monroe militarizada; por lo tanto, pensar la posibilidad de salir de la esfera de influencia norteamericana es una ilusión sin ningún fundamento.

7. Existe un mayor aislamiento internacional de Nicaragua y un acelerado debilitamiento de los países del ALBA.

Hemos entrado en la fase post-Ortega, una etapa de transición que puede ser de corta duración por la profundización de la recesión económica, por la crisis de todo el sistema financiero y por el mayor aislamiento internacional.

Por esa razón, se inicia el año 2019 de manera incierta, con perspectivas futuras atroces: más desempleo, más pobreza, más crisis social, más crisis económica. Mucha incertidumbre, escepticismo y falta de confianza.

El gobierno cubano se centra en la apertura económica, mientras que las reformas políticas quedan en el camino.

En Cuba, el 2018 no solo estuvo marcado por el traspaso de la presidencia de Raúl Castro a Miguel Díaz-Canel, sino también por una reforma de la Constitución de 1972. A pesar de los cambios constitucionales de 1992 y 2002, la carta cubana se remonta esencialmente a los tiempos de la guerra fría, cuando Cuba todavía dependía económicamente de la URSS. En ese período, el cultivo del azúcar desempeñaba un papel dominante y no se permitía a los particulares poseer ninguna propiedad privada ni dirigir empresas privadas.

Mucho ha cambiado en Cuba desde entonces: el turismo se ha convertido en una fuente principal de ingresos, la apertura económica gradual bajo Raúl Castro permitió la inversión internacional y el número de pequeñas empresas privadas crece constantemente.

Ahora el gobierno cubano quiere adaptar la Constitución a la nueva realidad y al futuro previsible de Cuba. A primera vista, destaca que el proyecto de Constitución presentado por la Asamblea Nacional permite el matrimonio entre personas del mismo sexo, introduce el derecho a la propiedad privada y refuerza la apertura económica al mundo exterior y al sector privado. Sin embargo, no hay lugar para reformas políticas de gran alcance. Así, el socialismo está anclado como la base irreversible del sistema político, económico y social, y el Partido Comunista se confirma como el líder supremo sobre el Estado y la sociedad, mientras que los derechos políticos y civiles casi no se mencionan.

El proceso de reformas

El abordaje del llamado diseño constitucional fue iniciado por un grupo de trabajo del Partido Comunista presidido por Raúl Castro. En junio de 2018, tras la aprobación del Comité Central del Partido Comunista, la Asamblea Nacional nombró una comisión para preparar el diseño constitucional, que a su vez se reunió bajo la presidencia de Raúl Castro. Esta comisión elaboró un diseño del nuevo texto constitucional, que fue sometido a la consulta del pueblo cubano. Del 13 de agosto al 15 de noviembre de 2018, el proyecto de constitución se examinó en aproximadamente 135.000 reuniones y foros en toda la isla, y se presentaron observaciones y enmiendas. También los cubanos exiliados en el extranjero pudieron presentar sus propuestas en línea. La Asamblea Nacional se encarga ahora de incorporar las propuestas y de redactar un diseño de constitución definitivo. Por último, en febrero de 2019 se celebrará un referéndum sobre el diseño modificado y se aprobará la nueva constitución. Sin embargo, algunos sectores de la oposición ya consideran ilegítimo este referéndum, ya que no existe una supervisión electoral independiente, presencia de observadores electorales internacionales o posibilidad de llevar a cabo campañas.

Intervención cosmética en estructuras establecidas

El diseño constitucional de la Asamblea Nacional atrae la atención en el debate internacional, sobre todo mediante la disposición del matrimonio entre personas del mismo sexo, el derecho a la propiedad privada, la apertura económica al mundo exterior y la promoción del sector privado. Estos son, sin duda, temas importantes para el desarrollo futuro de Cuba. Otras innovaciones positivas son la limitación del cargo presidencial a un máximo de diez años, la separación del cargo presidencial del cargo de presidente del Consejo de Estado y la introducción del cargo de primer ministro. Sin embargo, no prevé ninguna reforma política profunda ni el fortalecimiento de los derechos políticos y civiles de la población cubana.

Aunque en el nuevo proyecto de constitución por primera vez no aparece el concepto de comunismo, el artículo 3 establece claramente que el socialismo seguirá siendo obligatorio e irreversible como sistema político. El preámbulo también deja claro que las ideas políticas y sociales de Marx, Engels y Lenin sirven como directrices ideológicas y que el socialismo y el Partido Comunista son pilares fundamentales del orden político, económico y social. El artículo 5 del diseño de constitución confirma que el poder político se concentra únicamente en el Partido Comunista como líder único sobre el Estado y la sociedad. Por lo tanto, Cuba sigue siendo un Estado de un solo partido fundamentalmente socialista. Los disidentes tienen serias consecuencias que temer: el artículo 3 concede a los ciudadanos (literalmente) el derecho a luchar por todos los medios —si es necesario, de manera violenta— contra cualquier intento de derrocar el orden político, económico y social existente. Esto puede y debe ser entendido como una amenaza contra miembros de la oposición política, activistas y periodistas.

Otra innovación es que el artículo 21 reconoce ahora explícitamente la propiedad privada de las personas como una de las posibles formas de propiedad. Además, el artículo 28 establece una apertura a las inversiones extranjeras con el fin de promover el desarrollo económico. Sin embargo, también queda muy claro que el orden económico se basa en principios socialistas, que la economía planificada socialista y las empresas estatales son el fundamento de la economía cubana (artículos 26 y 27) y que el Estado impedirá la concentración de la propiedad en personas físicas o jurídicas no estatales mediante su regulación (artículo 22). Esto, a su vez, lleva al absurdo la supuesta apertura de la economía.

El título IV del proyecto de constitución trata en seis capítulos los derechos, obligaciones y garantías de todos los ciudadanos cubanos. Sin embargo, el enfoque especial está puesto en los derechos sociales, económicos y culturales enumerados en el capítulo III, mientras que se da poco espacio a los derechos políticos y civiles enumerados en el capítulo IV. Si bien el artículo 92 otorga a los ciudadanos cubanos el derecho de participar en elecciones y referendos, esto no se refleja en una participación democrática verdadera, debido al sistema de un solo partido, la falta de supervisión electoral independiente y la prohibición de las campañas políticas. Los derechos políticos y civiles otorgados por el diseño de constitución tampoco se complementan significativamente con los tratados internacionales ratificados sobre derechos humanos reconocidos como válidos en el artículo 39.

Los tratados de derechos humanos ratificados por Cuba regulan principalmente los derechos del niño, así como la protección contra la tortura y la discriminación. Cuba ni siquiera ha ratificado el acuerdo sobre derechos políticos y civiles ni la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

Los derechos individuales (capítulo II, título IV), como el derecho a un juicio justo, la protección contra la detención arbitraria y la invasión a la esfera privada (integridad del hogar, secreto de la correspondencia), la protección contra la confiscación arbitraria de bienes y la libertad de viajar, de expresión y de reunión, están formalmente garantizados, pero restringidos de manera desproporcionada. El proyecto de constitución establece que estos derechos individuales pueden restringirse en cualquier momento por razones de orden público y por decisión de las autoridades responsables.

En Cuba, donde todo el sistema está regulado por el Partido Comunista, estos derechos individuales de los miembros de la oposición y de los disidentes a menudo se restringen masivamente. También en este caso existe una enorme diferencia o contradicción entre la apertura y la concesión de libertades en el marco de esta reforma constitucional y la restricción selectiva y masiva de estas libertades para los ciudadanos que no se ajustan a la opinión del Estado y del Partido.

Conclusión y perspectivas

En general, se puede constatar que las innovaciones establecidas en el diseño de constitución no irán acompañadas de reformas políticas y económicas de gran alcance. A pesar de las libertades y derechos que se conceden superficialmente, la reforma constitucional no permitirá a los ciudadanos cubanos exigir responsabilidades al Gobierno en su papel de ciudadanos y participar en la toma de decisiones democráticas. También es cuestionable hasta qué punto la Asamblea Nacional cubana incluirá los comentarios y propuestas de la población en el diseño final de constitución. Se esperan ajustes superficiales que sugieran tener en cuenta la voluntad de la población, mientras que los principios fundamentales del sistema económico y político apenas cambiarán.

En cambio, este diseño constitucional parece ser más bien un intento del Gobierno de legitimarse ante la población cubana y la comunidad internacional y de consolidar las bases del sistema político y económico. Si el nuevo proyecto de constitución se aprueba por referéndum en febrero —lo que actualmente se considera probable—, el gobierno cubano puede arrogarse el apoyo de su propio pueblo. Si es rechazado, la antigua Constitución con los principios del comunismo, la prohibición de la propiedad privada y la concentración del poder político en el presidente, seguirá en vigor.

Independientemente de los resultados del referéndum, el proceso «democrático» de reforma constitucional permitirá en el futuro al Gobierno cubano rechazar cualquier cuestionamiento del sistema y las críticas de la oposición.

Traducción: Jenny Schürmann, practicante en la Fundación Konrad Adenauer, oficina Montevideo

Las expectativas generadas por Sebastián Piñera en su campaña, y que tuvieron mayor fuerza una vez asumida la presidencia, propiciaron un holograma que más temprano que tarde se ha ido desvaneciendo. ¿Qué pasó con el eslogan de campaña?

Si bien lleva casi un año de gobierno, las encuestas no mienten y la opinión pública ha manifestado mayoritariamente su desaprobación a la administración de Sebastián Piñera, en picada desde abril de 2018 y con un 52% de desaprobación en la actualidad.

Diversos problemas ha tenido que enfrentar el gobierno. Uno de los casos que más afectó la credibilidad de Piñera fue la inimaginable crisis interna de Carabineros, institución policial que pasó de ser uno de los cuerpos con mayor prestigio y confianza a uno de las más cuestionados del país. Esto se debe a irregularidades y desfalcos financieros descubiertos, y aún más luego de la muerte de un comunero mapuche, asesinado por carabineros de fuerzas especiales —según evidencias irrefutables—, en el marco de una de las propuestas de Sebastián Piñera para combatir el denominado terrorismo de la región de La Araucanía.

En otro ámbito, el gobierno tuvo que lidiar con la crisis medioambiental que afectó las comunas de Quintero y Puchuncaví en la quinta región del país, afectadas por emanación de gases tóxicos. Dicha contingencia era liderada directamente por la ministra de Medio Ambiente, sin embargo, el abordaje de la problemática también causó rechazo en los habitantes, quienes no daban crédito a la tardanza de medidas concretas, el desfase y desprolijidad en la determinación de alertas sanitarias y el no tener conocimiento exacto del origen contaminante. De esta forma, en un mes el número de intoxicados pasó de 300 a 1000 personas.

Por otra parte, la reforma previsional y los cambios en la legislación laboral propuestas por el gobierno no representan a la ciudadanía. De hecho, la reforma previsional es un proyecto que apuntaría a potenciar o mejorar el sistema previsional ya vigente con las AFP (aseguradora de fondos de pensiones); sin embargo, la gente clama por un nuevo sistema, no por el que ya está, porque considera que el sistema de capitalización individual impuesto durante la dictadura de Pinochet solo generó pensiones muy precarias. Las AFP fueron creadas en la década de los ochenta por el hermano de Sebastián Piñera, José Piñera Echeñique. ¿Es difícil para un presidente proponer algo que sea mejor de lo que creó su propio hermano?

El tratamiento del tema migración también ha sido cuestionado en la opinión pública. Chile es uno de los países que ha recibido en el último tiempo una gran cantidad de migrantes provenientes especialmente de Venezuela y Haití, debido a la difícil situación económica y política que viven ambas naciones. Si bien el gobierno impulsó y ejecutó un proceso de regularización migratoria, que podría entenderse básicamente como un válido proceso de ordenamiento y control de los extranjeros que residen en el país en cuanto a su estatus actual, el mecanismo generó un gran debate nacional acerca de la realidad y el aporte de los extranjeros en Chile.

Además, en el momento en que se difundía una política migratoria que implicaría puertas cerradas para los delincuentes y puertas abiertas para quienes vengan a aportar, utilizando un tono de integración y paz social, el mismo gobierno decidió retirarse del Pacto para la Migración de la Organización de Nacionales Unidas, lo que arrojó por los aires aquella arenga de política inclusiva para con los migrantes.

Independiente de todo, Piñera llegó con un discurso similar a su primer gobierno: creación de más y mejores empleos y combatir la delincuencia. Sin embargo, lo cierto es que los guarismos son contundentes: la cesantía alcanzó el 7,2 % y la delincuencia también ha aumentado, especialmente en robos con violencia y en robos con intimidación.

En términos macroeconómicos, todas las proyecciones económicas para Chile, hablan de un crecimiento en torno al 3,5%, números que siempre están supeditados a los escenarios internacionales y, en cuanto al aumento de las arcas fiscales, al precio del cobre, algo no muy distinto de lo que ya está sucediendo. No obstante, si bien hubo una mejora importante en la inversión, el gobierno necesitará mayor cantidad de recursos para afrontar lo que prometió, más aún con una sociedad más empoderada y exigente. Piñera tiene otra desventaja nada menor: no cuenta con mayoría en ambas Cámaras legislativas. Por ende, tendrá que llegar a consensos o el camino se pondrá cada día más cuesta arriba.

En 2020 habrá elecciones municipales (alcaldes y concejales) en Chile y, por primera vez en la historia republicana, también se elegirán gobernadores regionales, lo que modificará el mapa político. Por lo tanto, 2019 será un año de posicionamiento de candidatos. Tradicionalmente en Chile el resultado de las elecciones municipales marca la tendencia sobre el sector político que será favorito para las siguientes presidenciales.

De tal manera que durante este año el Gobierno, si quiere pensar en una continuidad, tendrá que mejorar el abordaje de los problemas, cumplir en cierto grado lo prometido y hacer que su aparataje y sus conglomerados políticos trabajen en el terreno para blindar su credibilidad ante los votantes.

La ventaja para el Gobierno es que aún no se aprecia una oposición unida y fuerte; no obstante, 2019 será una ventana para muchos candidatos y sus partidos políticos. De seguir todo tal cual está, sin duda será una tremenda oportunidad para la oposición. Dependerá de esta el aprovechar o no la oportunidad de instalar el concepto de que los tiempos mejores no son un eslogan, sino más bien una necesidad.

A pesar de haber sido elegido por el partido correísta Alianza País, Moreno se convierte cada vez más en un presidente no partidista.

Consecuencias a nivel nacional

La ruptura abierta entre Moreno y Rafael Correa provocó una escisión en el partido gobernante Alianza País (AP). Seguidores importantes de Correa se fueron del partido y fundaron Revolución Alfarista, un nuevo grupo al que hasta ahora se le ha negado la inscripción como partido político. También la fracción parlamentaria de Alianza País, que había obtenido la mayoría absoluta (tenía 74 de los 137 diputados), se dividió en dos grupos, de los cuales el más numeroso apoya a Moreno. Sobre todo en los últimos seis meses, el vínculo entre AP y el gobierno se ha debilitado notoriamente, ya que Moreno ha otorgado muchos cargos en los ministerios a funcionarios que no tienen pasado en ese partido. A pesar de haber sido elegido como un claro candidato de AP, Moreno se convierte cada vez más en un presidente no partidista. De esta manera, el gobierno se ve constantemente frente al desafío de reunir mayorías parlamentarias para los proyectos de ley. En esto se ve enfrentado a la oposición democrática constructiva, formada por CREO, el partido del candidato derrotado Guillermo Lasso, y por el otro, por la oposición fundamental, que es ideológicamente contraria, formada por los seguidores de Correa. Al resto de las fracciones parlamentarias, que son bastante variadas, se las puede tomar como gobierno o como oposición solo en determinados casos.

La situación interna no resuelta de Alianza País provoca que sea muy improbable que el partido pueda tener candidatos unitarios y fuertes para las próximas elecciones regionales y comunales, a celebrarse en marzo de 2019. El grupo de seguidores de Correa solo puede proponer candidatos a través de listas de otros partidos, ya que ellos no conforman uno. Esto da a las fuerzas de la oposición democrática una gran oportunidad para ganar posiciones importantes en el gobierno regional y local y, por lo tanto, inclinar aún más la balanza política del país a su favor.

En un país marcado por el estilo autoritario y de confrontación del gobierno de Correa, el presidente Moreno gozó de una suerte de luna de miel de encuestas, en la que contó con una aprobación de hasta el 70 % de la población. Sin embargo, con el tiempo ha ido cayendo en la realidad política. Una de las razones más importantes de esto es que el país, con sus 17 millones de habitantes, no solamente sufre de una compleja situación económica y de deudas, sino también por la crisis migratoria venezolana. El desempleo es otro de los grandes problemas que salta a la vista en las encuestas, y es ocasionado en gran parte por las condiciones anteriormente mencionadas. El presidente sigue siendo criticado, más allá de su distanciamiento de Correa, por aún no tener ninguna estrategia clara frente a los graves problemas económicos y sociales del país. Aparte, con políticas de austeridad siempre es difícil obtener buenos resultados en las encuestas. Según una encuesta reciente de la empresa Click Report, Moreno tiene solo el 34,5 % de aprobación, el valor más bajo hasta ahora en todo su mandato. Queda por ver si esta tendencia a la baja de porcentaje puede detenerse con la dimisión forzada de su gabinete.

A pesar de esta debilidad actual del gobierno, los tiempos de polarización de Correa parecen estar más lejos en el tiempo y no hace tan solo 18 meses. En la encuesta Click mencionada, más del 80 % afirmó que el diálogo debería ser la forma de resolver los problemas del país. Además, debido a la ausencia física de Correa (se encuentra en el exilio en Bélgica) y a pesar de su frenética actividad en Twitter, a las fuerzas del expresidente no le es posible crear una oposición verdadera dentro de Ecuador. A Correa se lo denuncia entre otras cosas por falsificación de presupuesto y corrupción. Aparte se lo acusa de planear el secuestro de un diputado de la oposición en el año 2012, lo que supone que, si el exmandatario pisara suelo ecuatoriano, sería inmediatamente detenido por la policía.

¿Una fase de transición democrática?

Según el expresidente demócrata-cristiano ecuatoriano Oswaldo Hurtado, el país vive actualmente un clima de libertad que no existió en los diez años de gobierno de Correa. A diferencia de lo que ocurría entonces, las organizaciones no gubernamentales, la prensa y la oposición política informan que pueden desarrollar sus actividades ampliamente sin restricciones ni molestias.

Repetidamente se utiliza la expresión fase de transición, en referencia al cambio de un estado autoritario a uno democrático. Esta idea se corresponde con la declaración de Juan Sebastián Roldán, el portavoz de Moreno, de que el presidente no aspira a la reelección, y le da a Moreno la libertad de dirigir el país sin tener que guiarse por intereses políticos directos.

Por otro lado, los desafíos de Ecuador son enormes: deudas, crisis de refugiados, desempleo, un aparato estatal todavía inflado y disparidades sociales. Existen además algunas disposiciones autoritarias, como la represiva ley de prensa del gobierno de Correa, que ha sido criticada internacionalmente y que desde el punto de vista formal aún está vigente. Si en un país acostumbrado al poder autoritario como Ecuador los problemas actuales siguen empeorando, Moreno corre peligro de ser tomado como un indeciso y un débil. No se debe descartar la opción de que se renueve el pedido por un hombre fuerte.

Los partidos políticos y la sociedad civil ecuatorianos tienen tiempo hasta las próximas elecciones ordinarias de 2021 para hacer uso decisivo de las libertades recuperadas y desarrollar una visión política que afiance firmemente la democracia y el pluralismo en la sociedad. Si esto tiene éxito, es posible que Ecuador sea el primer país que logre dejar atrás el socialismo del siglo XXI en el marco de sus instituciones democráticas y sin una grave situación de crisis, y que pueda volver a situarse firmemente en la alianza internacional de las democracias liberales. Sin importar qué tan difícil se le hace gobernar a Moreno debido a problemas políticos del día al día, esta oportunidad de Ecuador es, en gran parte, su logro.

Acceda aquí a la primera parte de esta nota.

Traducción: Sofía Cerrillo y Aaron Lauterbach, practicantes en la KAS, oficina Montevideo.

El índice MIPEX encuadra la participación política como una de las grandes categorías a tener en cuenta a la hora de medir la integración de la población inmigrante en las sociedades de acogida. ¿Cumplen los Estados fundadores del Mercosur los estándares ideales establecidos por el MIPEX a este respecto?

MIPEX es una herramienta que evalúa las políticas públicas desarrolladas en la generalidad de países occidentales, incluida por completo la Unión Europea y tradicionales sociedades receptoras (anglosajonas). También, incorpora Estados recientemente convertidos en destino de flujos migratorios (Corea del Sur, Turquía o Japón). Normas y políticas son evaluadas en función de cuánto contribuyen a la integración de la población migrante en los territorios de acogida. El índice está compuesto por 167 indicadores que cubren ocho grandes categorías de políticas públicas que abarcan temas tales como la discriminación a la población migrante, la facilidad de acceso a los servicios de salud o para la obtención de la residencia permanente, entre otros.

Una de las grandes categorías es la participación política, la cual incluye medidas como la información que reciben los migrantes sobre sus derechos, las opciones de voto que tienen o la posibilidad de asociación que les brinda el país en concreto. Para los investigadores del MIPEX, la ordenación ideal de la categoría participación política es aquella que dota a los migrantes de las mismas libertades civiles que a los nacionales del país de acogida: se debe permitir la participación electoral una vez adquirida la residencia permanente, así como la dirección de órganos asesores en materia de inmigración. Además, el Estado debe proporcionar de forma activa información sobre sus derechos políticos y promover el surgimiento de una sociedad civil inmigrante.

En el presente artículo se examina sintéticamente, el desarrollo de esta categoría en los países fundadores del Mercosur (Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay). Para ello, se han consultado cinco indicadores: las políticas activas de información, la financiación que ofrece el Estado de acogida a las organizaciones de inmigrantes, el derecho de asociación que tienen, la posibilidad de afiliación a partidos políticos y la existencia o no de órganos consultivos para inmigrantes.

En referencia a las políticas de información dirigidas a grupos de inmigrantes, tan solo encontramos la promoción de campañas informativas dirigidas en la República Argentina, tal como indica el artículo 9 de su Ley de Migraciones. No existe evidencia clara de iniciativas similares en el resto de los Estados.

La financiación que se facilita a las organizaciones de migrantes es inexistente en Brasil y Uruguay. Por el contrario, Argentina contempla en el artículo 106 de su Ley de Migraciones una potencial ayuda al movimiento asociativo de inmigrantes, dentro de la cual cabría la ayuda económica. Paraguay no hace una referencia tan clara en su legislación, pero el párrafo 84 de su Política Nacional de Migraciones alude al deber de prestar atención a las organizaciones de inmigrantes con respecto a su participación política.

Al respecto del derecho de asociación, la práctica de los cuatro Estados permite tener una perspectiva mucho más optimista sobre las políticas migratorias. Brasil reconoce este derecho en el artículo 4 de su ley 13445 de Migración y, más allá del derecho de asociación, también se reconocen los derechos a participar en sindicatos y protestas políticas (Borges Delfim, 2017). Paraguay lo recoge en su Plan de Política Migratoria, pero también lo reconoce el artículo 42 de su Constitución, cuando se refiere al derecho de toda persona a asociarse. Uruguay reconoce la igualdad en derechos y obligaciones de los inmigrantes con los nacionales, en el artículo 7 de su ley 16250 de Migración, y el derecho de asociación de toda persona, en el artículo 39 de su Constitución. Argentina, por su parte, prevé en el artículo 20 de su Constitución la igualdad en derechos civiles entre extranjeros y ciudadanos, y en el artículo 16, el derecho de toda persona a asociarse libremente.

A pesar de que la regulación de la afiliación a partidos políticos por los inmigrantes no está del todo clara, y aunque en Argentina no se permite el ejercicio de derechos políticos a nivel nacional, sí que pueden ser concedidos a nivel infraconstitucional (Begala, 2013). Numerosas provincias y ciudades lo garantizan y promueven. Paraguay reconoce en su Constitución el derecho de participación en las elecciones municipales a los residentes permanentes (artículo 120), y de asociación libre en partidos y movimientos políticos para ciudadanos (artículo 125). Uruguay es el Estado que muestra un mayor avance a este respecto, puesto que reconoce en el artículo 78 de su Constitución el derecho al sufragio de extranjeros con residencia habitual de quince años, sin necesidad de obtener la ciudadanía legal. Por último, Brasil apenas hace referencia a este respecto, impidiendo mediante el artículo 14.2 de su Constitución el alistamiento de extranjeros como electores.

La existencia o no de órganos consultivos difiere mucho de unos Estados a otros. La Ley de Migraciones argentina prevé que el Gobierno debe facilitar la consulta o participación de extranjeros (artículo 11 de la Ley de Migraciones). En Brasil existe, a nivel local, el Consejo Municipal de Inmigrantes de San Pablo, que promueve la defensa de derechos de los inmigrantes así como la implementación de políticas municipales referentes a este colectivo. Paraguay tan solo se refiere a estos órganos cuando reconoce las organizaciones de inmigrantes en su Política Nacional de Migraciones. En tanto, Uruguay promueve los órganos consultivos para uruguayos en el extranjero (artículo 74 de la ley 18250) y no contempla explícitamente un equivalente para extranjeros en Uruguay.

Tras esta breve exposición, podemos comprobar que los cuatro Estados fundadores del Mercosur difieren en el cumplimiento de las expectativas del MIPEX según nos refiramos a una política u otra. Mientras que el derecho de asociación está prácticamente garantizado en los cuatro Estados, no lo están así las políticas informativas, la financiación a organizaciones de inmigrantes, la apuesta por órganos consultivos o la posibilidad de afiliación a partidos políticos. Confiemos en que aquello que afirmaba el líder cubano José Martí en su famoso poema ¡No hay casa en tierra ajena! quede en nada más que en un recuerdo del pasado y que los Estados latinoamericanos apuesten por incrementales políticas migratorias de integración y aceptación del extranjero.

Bibliografía

1. Begala, S. (2013). «Migrantes en Argentina: Inclusión diferencial y ciudadanías jerarquizadas», Anuario del CJIS.

2. Borges Delfim, R. (2017). «12 preguntas y respuestas sobre la nueva Ley de Migración», Brasil de Fato.

Tras 18 meses de presidencia de Lenín Moreno, el país se parece cada vez menos a un Estado bolivariano. El actual presidente ha reformado el país a una velocidad impresionante.

Lenin Moreno no solo se arriesgó y rompió con la línea de gobierno de su predecesor autoritario de izquierda Rafael Correa, reinstaurando importantes derechos de libertad, sino que condujo al país lejos de los gremios bolivarianos y en dirección a la comunidad internacional. Los partidos políticos y la sociedad civil se enfrentan ahora a un nuevo desafío: utilizar el nuevo espacio ganado para poder desarrollar visiones de futuro perdurables y combatir así los intentos populistas.

El 22 de noviembre el presidente Lenín Moreno sorprendió al país una vez más. Dos días antes de que se cumplieran los 18 meses de su mandato, el mandatario le pidió a todo su gabinete que renunciara. Varias discusiones por el planeamiento del 2019, que incluía recortes en sectores estratégicos como la educación, sirven de contexto para esta petición. Según un informe oficial del gobierno, en las próximas semanas se sometería a los ministros a un proceso de evaluación, de cuyas consecuencias el pueblo será informado.

Este acontecimiento reciente no supone la primera sorpresa en el corto pero hasta ahora agitado mandato de Moreno. Sin embargo, los presagios para este gobierno eran todo, menos favorables. Moreno ganó la segunda vuelta electoral el 2 de abril de 2017, como candidato del régimen autoritario de izquierda. En su período como vicepresidente (2007-2017), Moreno se identificó claramente con la Revolución ciudadana. Después de una campaña electoral muy polarizada, el actual presidente obtuvo en la segunda vuelta (según datos oficiales) solamente el dos por ciento más de los votos que su oponente de centroderecha Guillermo Lasso.

Cuando Moreno asumió el poder, el 24 de abril de 2017, se encontró con un país fragmentado y una severa crisis de endeudamiento. Su prensa y sociedad civil se encontraban en gran parte en silencio, ya que habían sido objeto de múltiples ataques del Gobierno. Esto se debía a un Rafael Correa colérico, que reaccionaba a cualquier tipo de crítica acudiendo al acosamiento público, a la intimidación y la persecución. El aparato estatal de Ecuador estaba lleno de funcionarios leales al gobierno debido a su buena paga, por lo que el expresidente lo utilizaba para imponer sus intereses. Ecuador se había alineado con los Estados bolivarianos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. La reelección directa de Correa era constitucionalmente imposible, por lo que el régimen apoyó a Moreno, muy querido entre el pueblo. Después de la victoria electoral de este, la gran pregunta empezó a ser si solamente serviría para ocupar el puesto hasta que Correa pudiera volver, o si, por el contrario, el nuevo presidente desarrollaría un perfil político propio.

La ruptura total con el pasado

Lenín Moreno respondió a esta pregunta más rápido de lo esperado. Luego de un par de meses de mandato rompió completamente con la línea política de Correa. El mayor desencadenante fue el descubrimiento de que Correa sistemáticamente había falsificado los saldos estatales, mejorándolos y escondiendo el verdadero estado de deuda del país, que superaba lo permitido por la Constitución, esto es, el 40 % del PBI. Moreno entonces acudió a la ofensiva y denunció públicamente la mentira de su predecesor. Después de esto, el entonces vicepresidente Jorge Glas acusó a Moreno de traición y fue consecuentemente despedido por este, quien aparte ordenó investigaciones en su contra por corrupción en el escándalo Odebrecht. Glas fue encontrado culpable y cumple desde diciembre de 2017 una pena de seis años en prisión. La justicia ecuatoriana también enjuició a otros altos cargos del régimen de Correa y condenó a varios de ellos.

El distanciamiento de Moreno del régimen de Correa tuvo dos etapas. En la primera, el gobierno ecuatoriano se concentró en la superación jurídica de la corrupción y el desmantelamiento de estructuras estratégicas del autocrático aparato estatal. Al mismo tiempo, Moreno empezó activamente a buscar el dialogo con distintos grupos sociales, como por ejemplo con los movimientos indígenas y los gremios de empresarios, que claramente se posicionaban de contra el régimen de Correa. En la segunda etapa, Moreno también se animó a reorientar las líneas de política fiscal y la política exterior. El referéndum del 4 de febrero de 2018 marcó la línea de separación entre las dos etapas. A través del referéndum Moreno pudo mover a dos tercios de la población a votar una serie de reformas constitucionales, entre ellas, anular la propuesta iniciada por Correa de permitir la reelección del presidente de manera ilimitada. De esta forma, el actual presidente le quitó formalmente a Correa la posibilidad de poder volver a candidatearse para el cargo de primer mandatario.

Al mismo tiempo se modificó completamente la estructura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Este cuerpo era, entre otras cosas, responsable de la designación de un gran número de funcionarios importantes (jueces constitucionales, defensores del Pueblo, Autoridad Electoral Nacional, etc.), y fue criticado durante mucho tiempo por la oposición por ser uno de los órganos que más utilizaba el régimen autoritario para llevar a cabo sus intereses. El resultado del referéndum permitió a Moreno proponerle al Parlamento miembros provisorios que ocuparan cargos en el CPCCS. Al «nuevo» CPCCS se le encargó investigar algunos nombramientos de cargos y hacerlos inválidos en caso de ser necesario. De esta manera se logró despolitizar a un importante órgano constitucional. A partir de la legitimidad que le proporcionó el referéndum, Moreno aprovechó para echar luz sobre distintas anclas del aparato estatal. Así fue como desintegró la Secretaría Nacional de Inteligencia (SENAIN), que actuaba como una policía secreta personal del presidente. Siguiendo esta línea, también propuso un proyecto de ley para eliminar el polémico gremio de control de prensa llamado Superintendencia de la Información y Comunicación.

Salida del eje bolivariano

Sobre todo durante el primer año de gobierno, Moreno fue criticado por los opositores del régimen de Correa por no haber hecho ningún cambio fundamental en las políticas exterior, económica y financiera, a pesar de sostener un discurso moderado. Ambas carteras de valores fueron en un principio dirigidas por ministros que compartían las visiones del régimen de Correa.

Especialmente la primera ministra de Relaciones Exteriores del gobierno de Moreno, María Fernanda Espinoza, mantuvo al país en una dirección bolivariana y evitó la crítica pública al régimen venezolano de Nicolás Maduro. Sin embargo, tras la elección de Espinoza como presidenta de la Asamblea General de la ONU el 5 de junio de 2018, Moreno nombró al diplomático de carrera José Valencia para sustituirla como ministro de Relaciones Exteriores. Esta fue una señal política porque, bajo el régimen de Correa, el servicio diplomático había sido ocupado por un selecto grupo afín a la ideología del expresidente e importantes puestos de embajadores fueron dados más de una vez a familiares y amigos en lugar de diplomáticos.

Bajo la dirigencia de José Valencia, Ecuador se separó casi completamente del eje bolivariano. El país se retiró de la alianza ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), se distanció de la confederación sudamericana UNASUR, se unió al Grupo de Lima, que critica abiertamente el régimen de Maduro, y se convirtió en miembro asociado de la Alianza del Pacífico, que se identifica con el libre comercio. El 18 de octubre Ecuador expulsó al embajador venezolano. La razón principal de esto fueron las declaraciones del ministro de Comunicación de Venezuela, que dijo que Ecuador mentía respecto al número de refugiados venezolanos en el país, ya que daba cifras mayores a las reales. Según las estimaciones del Gobierno, tan solo en los primeros seis meses del 2018 alrededor de un millón de venezolanos llegaron a Ecuador, de los cuales un quinto ha permanecido en el país.

Mientras que Correa vigiló y realizó una supervisión pública de organizaciones extranjeras en su país, enfrentándose a organizaciones multilaterales como las Naciones Unidas con una actitud despectiva, el gobierno de Moreno está buscando activamente la cooperación internacional. De esta forma el nuevo gobierno acabó con los grillos legales que se les habían impuesto a la sociedad civil y a las organizaciones internacionales. Como ejemplo de esto sirve el hecho de que el presidente derogó los decretos 16 (2013) y 739 (2015), que le otorgaban al gobierno influencia de gran alcance en la labor de la sociedad civil y las organizaciones internacionales.

Un resultado de esta actitud más abierta frente a las organizaciones internacionales es la renovada cooperación entre la USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y Ecuador. La organización de ayuda estatal estadounidense trabaja desde el 2018 nuevamente en Ecuador, después de abandonar el país en el 2014 debido a diferencias con Correa. Según el embajador estadounidense en Quito, Todd Chapman, las negociaciones para una reapertura de la oficina de USAID en el país han avanzado. En junio del 2018 Moreno recibió al vicepresidente estadounidense Mike Pence en el palacio presidencial de Quito. Ambos acordaron una mayor cooperación entre Estados Unidos y Ecuador en el área de seguridad, sobre todo en la lucha contra el crimen organizado y el narcotráfico. En una reunión en noviembre de 2018 con el premio nobel Mario Vargas Llosa, uno de los críticos más importantes del populismo de izquierda latinoamericano, Moreno invitó a la Fundación Internacional para la Libertad (FIL), que preside Vargas Llosa, a trabajar en el país. Ecuador es una «tierra de libertades», afirmó el presidente.

Desde mayo de 2018 Richard Martínez, allegado al sector privado, es ministro de Economía y Finanzas. Mientras que el gobierno anterior huyó constantemente de la política de austeridad, sin reparar en gastos, Martínez cambió completamente el rumbo del ministerio. En agosto de 2018, el gobierno anunció un paquete de medidas destinado a reducir drásticamente el gasto público. Esta incluye un aumento de los impuestos sobre los minerales, una reducción del número de ministerios de 40 a 20, una reducción del número de instituciones públicas de 137 a 104, el cierre de embajadas y consulados, reformas administrativas en las empresas estatales, la abolición de los privilegios para empleados del Estado (automóviles de empresa, teléfonos móviles, etc.), así como también una fuerte orientación de las licitaciones públicas competitivas. También habla por sí solo el hecho de que Moreno, al presentar el proyecto de presupuesto para el 2019, no solo dijo que en 2018 en Ecuador se invirtieron 4000 millones de dólares, alcanzando la mayor tasa de inversión privada desde hace diez años, sino que también subrayó la importancia de los capitales privados para lograr «más posibilidades y más trabajo». En qué medida este cambio de rumbo ayudará a mejorar los problemas estructurales del país, todavía es incierto.

Acceda aquí a la segunda parte de esta nota.

Traducción: Aaron Lauterbach y Sofía Cerrillo, practicantes en la KAS, oficina Montevideo.

La reagrupación familiar es uno de los indicadores que los artífices de MIPEX consideran para evaluar si los países de acogida favorecen la integración de los inmigrantes en sus sociedades. Permitir que los recién llegados se reúnan con sus familias en su nuevo destino se considera un derecho del que toda persona debería gozar en los estándares ideales. ¿Cómo se gestiona esta realidad los países en el Mercosur?

Como venimos comentando a lo largo de esta serie de artículos, MIPEX es un índice que mide cuánto facilitan las políticas públicas de determinados países la integración de los inmigrantes en sus sociedades. A través de una evaluación de las legislaciones nacionales en torno a ocho áreas de política, cada país recibe un puntaje que muestra el nivel de integración que reciben los nuevos pobladores que llegan a sus territorios. Algunas de estas políticas hacen referencia a realidades específicas de los migrantes, como es el caso de la nacionalidad y la residencia permanente, áreas que analizamos en nuestra contribución anterior. Así, prosiguiendo esta línea, el presente artículo pretende analizar la tercera de las políticas de este grupo: la reagrupación familiar.

Según estiman los artífices de MIPEX, en un escenario ideal, las familias que se reúnen en un país de acogida deben gozar de la estabilidad sociocultural necesaria para participar de la vida de su nueva nación. Esto implica que, tras llegar a destino, todo ciudadano legal tiene derecho a vivir con su pareja, con sus hijos menores y/o con sus padres y abuelos dependientes. Contar con ingresos básicos y cumplir con los requisitos legales pertinentes garantiza a los recién llegados el derecho a reunirse con sus familiares en la sociedad de acogida mediante un proceso corto y gratuito. Las autoridades no tienen potestad para denegar su solicitud si esta no es fraudulenta y no supone ninguna amenaza para la seguridad del país. Por otra parte, el Estado debe promover la integración familiar al conceder permisos de residencia autónomos y garantizar el acceso igualitario a educación, trabajo y programas sociales.

En el caso argentino, según establece su Ley de Migraciones, todo ciudadano legal con residencia temporaria o permanente que acredite solvencia económica está capacitado a solicitar la figura de la reagrupación familiar. Esto implicaría que no se requiere que el reagrupante cuente con un periodo determinado de residencia previa en el país, lo que acercaría a Argentina a los estándares ideales establecidos por MIPEX. Sin embargo, si nos fijamos en la categoría de familiares que se pueden reagrupar, Argentina solo contempla la figura del cónyuge, progenitor, hijo menor e hijo mayor con capacidades diferentes, dejando fuera la figura de la pareja de hecho y los abuelos, lo que distanciaría al país rioplatense del ideal internacional.

Por otra parte, los costos del proceso también alejan a Argentina de las buenas prácticas pues, según su Dirección de Migraciones, se requieren 300 dólares para nacionales del Mercosur y 600 para aquellos provenientes de fuera del bloque. No obstante, en lo que respecta al campo jurídico, Argentina se sigue posicionando con un alto puntaje en esta área, ya que reconoce el derecho de los migrantes de apelar en caso de que su permiso de reagrupación sea denegado o retirado y reconoce el acceso de los migrantes a la educación, el empleo y los servicios sociales.

Por su parte, Brasil también se acerca en gran medida al escenario óptimo descrito previamente. Según ilustra la ley 13445, aquellos que deseen solicitar la figura de la reagrupación familiar pueden hacerlo acreditando solvencia económica y un permiso de residencia, que puede ser tanto temporario como permanente. Cónyuges, parejas, hijos y familiares dependientes pueden ser reagrupados, lo que extiende la categoría a una colectividad más amplia que en el caso argentino. El costo del proceso, aunque no muy elevado si se compara con otras naciones, hace que Brasil no se ajuste completamente a los estándares ideales pues la tasa de validación del permiso de residencia es de 45 dólares y la emisión de la cédula de identidad para migrantes asciende a 55 dólares. Los migrantes cuyo permiso por reagrupación familiar haya sido denegado o retirado pueden interponer un recurso e iniciar la vía administrativa en un plazo de diez días, pero las autoridades no tendrán en cuenta circunstancias personales a la hora de tomar la decisión. La legislación brasileña también reconoce el acceso libre e igualitario de los migrantes a la educación, el empleo y los beneficios sociales.

El caso paraguayo se aleja un poco más que los dos ejemplos previos de los parámetros ideales dictados por MIPEX en materia de reagrupación familiar. Este país solo permite reagrupar a cónyuges, hijos menores y padres de la persona admitida, sin hacer mención a ningún tipo de relación de dependencia. El nivel de solvencia económica que debe presentar el reagrupante varía en función de la categoría que ostenta el migrante (empleado, estudiante, profesional, agricultor, jubilado) y el costo del proceso es de 237 dólares para permisos permanentes y 225 dólares para temporarios.

Sin embargo, tal y como refleja en su documento sobre política migratoria, a diferencia del resto de países del bloque y aunque no todos los supuestos que concibe MIPEX, Paraguay sí tiene en cuenta determinadas circunstancias personales como edad avanzada, estado grave de salud y los vínculos con familiares residentes permanentes en el país, antes de denegar o rechazar un permiso de reagrupación familiar. De la misma manera, aquellos que hayan recibido objeciones en su solicitud podrán interponer recurso jerárquico en un plazo de tres días. Paraguay también reconoce los mismos derechos y garantías que los nacionales en materia de educación, trabajo digno y servicios sociales.

Por último, Uruguay, al igual que el resto de países del bloque, también reconoce la figura de la reagrupación familiar para aquellos residentes temporarios o permanentes que deseen reunirse con sus familias en suelo oriental. Sin embargo, Uruguay se acerca más que sus vecinos al escenario óptimo planteado por MIPEX ya que, como se muestra en la ley 18250, además de cónyuges, padres, hijos solteros menores o mayores con discapacidad, los uruguayos también incluyen la figura del concubino como potencial benefactor de este permiso. El reagrupante debe demostrar su solvencia económica con ingresos mensuales nominales dependiendo del tipo de empleo que demuestren que puede soportar la manutención de sus familiares. Estos, al igual que el solicitante de la reunión, gozarán de derechos de educación, seguridad social y empleo en pie de igualdad con los nacionales. Además, a diferencia de los tres casos anteriores, el procedimiento de solicitud de la reagrupación familiar en Uruguay es gratuito y se puede realizar tanto de manera presencial como en línea.

Así, el presente análisis nos ofrece una visión de cómo los países latinoamericanos están próximos a los modelos que los artífices de MIPEX establecieron como ideales en materia de reagrupación familiar. Estas naciones deben afrontar nuevos retos en tal escenario, pero la presente evaluación manifiesta cómo los cuatro exhiben por medio de sus políticas públicas una actitud positiva ante la reunión en sus territorios de los migrantes con sus familias que los sitúa cercanos a las buenas prácticas internacionales.

Bibliografía

Dirección General de Migraciones (2016). Política migratoria de la República del Paraguay. 

Lei Nº 13445, Brasil. Lei de Migração.

Ley Nº 18250, Uruguay. Ley de Migraciones.

Ley Nº 25871, Argentina. Ley de Migraciones.

¿Qué camino tomar para los complejos problemas que desafían la estabilidad de la región? Muchas interrogantes. En México y Brasil se estrenan presidentes que protagonizaron campañas populistas. Otro grupo de países se somete a elecciones. La crisis migratoria reta a una Latinoamérica que cree cada vez menos en la democracia.

El año que inicia será particularmente controvertido, como si el 2018 no lo hubiera sido ya. La turbulencia política timoneada por los escándalos de corrupción y el ascenso al poder de dirigentes populistas cuyas campañas electorales estuvieron alimentadas con discursos radicales, introdujeron cambios importantes en el mapa político.

Hace un año atrás era impensable la llegada de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia de México. Tampoco estaba en el pronóstico de ningún analista ni estudio de opinión pública trascendente el triunfo, rotundo y estridente, que tuvo Jair Bolsonaro en Brasil. Ambas aspiraciones fueron tomando forma a principios de 2018, crecieron rápidamente, se posicionaron como favoritas y lograron victorias pasmosas.

Las dos principales economías, y los territorios más extensos de la región son ahora gobernados por hombres que eran parte del espectro político, uno con mayor notoriedad que el otro [1], pero que a partir de una campaña outsider y mensajes controvertidos que despertaron un clima de incertidumbre casi generalizado, instalaron una vieja interrogante: ¿hacia dónde va América Latina?

Este año se espera que las nuevas administraciones de México y Brasil comiencen a desarrollar sus programas de gobierno. Algunas medidas iniciales no solo generan expectativa, sino que amplifican la polarización del debate interno. Ambos presidentes aspiran a introducir reformas relevantes con un apoyo popular histórico. Por ejemplo, AMLO busca cambiar la Constitución para dar marco a un despliegue militar comandado desde el Ejecutivo central mientras Bolsonaro tiene un plan rupturista en temas económicos y sociales: reforma fiscal, flexibilización del uso de armas por parte de civiles e impulso al agronegocio con posibles conflictos con ecologistas defensores de la Amazonía. Los dos mandatarios son partidarios de transformaciones vigorosas promovidas desde el centro de mando.

A pesar de identificarse en polos opuestos del espectro político, AMLO y Bolsonaro tienen en común una tendencia centralista del ejercicio del poder con clara participación protagónica del líder carismático y un espíritu tajante en sus discursos y propuestas iniciales de gobierno. Esto no es menor en una región que tuvo 15 años de una ola progresista caracterizada por el personalismo, por lo que seguro marcará el desenvolvimiento de la política latinoamericana de 2019.

A las urnas

De hecho, se ha dicho que la democracia es la peor forma de gobierno, excepto por todas las otras formas que han sido probadas de vez en cuando. Winston Churchill, 11.11.1947

La democracia encuentra su origen en el voto directo de la sociedad. El pueblo ejerce su soberanía cuando elige a quienes lo representarán en la noble tarea de gobernar. Sin embargo, los latinos creen cada vez menos en la democracia porque no es precisamente noble el adjetivo que acompaña al término en los últimos tiempos. El sistema ha estado fuertemente cuestionado estos años por el enriquecimiento ilícito de miles de políticos, muchos de ellos hoy encarcelados o buscados por la justicia, así como por el despilfarro de la bonanza con la que se inició el siglo o la ineficiente gestión de varias administraciones marcadas por el incremento de la delincuencia, el desempleo y el complicado panorama económico.

Los números del Latinobarómetro 2018 recogen una muestra del poco apoyo que tiene el sistema democrático en la región. En este contexto se desarrollarán varias elecciones, en las que se hace difícil vislumbrar a un favorito prometedor.

En marzo, El Salvador buscará un nuevo presidente. El tema central del debate político, nuevamente, es la lucha contra las bandas delictivas y la emigración que ha producido, desde hace años, la violencia en las calles. En mayo, los panameños renovarán el gobierno nacional estrenando nuevo código electoral y ajustes en el sistema de financiación política. En junio lo hará Guatemala, cuyo presidente actual Jimmy Morales, señalado en diversos casos de corrupción, impulsa la expulsión de la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Naciones Unidas.

Octubre será un mes especialmente movido en el área electoral. Tres países deciden su futuro: Bolivia, con la pretendida cuarta reelección de Evo Morales; Argentina, sumergida en complejos vaivenes económicos; y Uruguay, tras 15 años de gobierno de la coalición progresista Frente Amplio, con la inseguridad ciudadana y la desaceleración económica en el centro de la discusión política.

Todos estos países atraviesan sus respectivas turbulencias. Ninguno está a salvo de discursos estridentes emitidos desde el gobierno o desde la oposición.

Migraciones masivas

La agenda política estará atravesada, al igual que en la segunda mitad de 2018, por una crisis migratoria sin precedentes protagonizada en el sur por cientos de miles de venezolanos que huyen de la dictadura de Nicolás Maduro buscando refugio en países vecinos, y en el centro y norte del continente por hondureños, nicaragüenses y salvadoreños que tensionan la frontera entre México y Estados Unidos reclamando la entrada en carácter de refugiados a través de una gigantesca caravana de migrantes.

¿Cómo atender este desafío? ¿En bloque o de forma individual? Hay acuerdos preliminares, el accionar de la OEA, ONU, Acnur, OIM, UE… pero, ¿es suficiente? El norte de Brasil y la frontera colombo-venezolana son zonas de campamentos para refugiados venezolanos. En Tijuana, cientos de migrantes centroamericanos intentan saltar la valla fronteriza hacia Estados Unidos obteniendo como respuesta la reacción de las fuerzas policiales.

En palabras de Marta Lagos, la directora y fundadora de Latinobarómetro, citando a la reina Isabel de Inglaterra, 2018 fue un annus horribilis para la política. ¿2019 será así? ¿Más? ¿Menos?

Nota:

[1] Andrés Manuel López Obrador (13.11.1953). Inició su carrera política en 1970 militando en el Partido Revolucionario Institucional (PRI) de México y con cargos políticos en el gobierno de Tabasco, su estado natal. Estuvo en el Partido de la Revolución Democrática (PRD), fue gobernador del Distrito Federal y candidato presidencial en 2006 y 2012.
Jair Bolsonaro (21.3.1955). Militar de carrera en condición de reserva. En 1988 inició su vida política como concejal de la ciudad de Río de Janeiro y desde 1990 ha sido congresista federal de Brasil por nueve partidos políticos diferentes durante siete periodos legislativos ininterrumpidos.

. «Espero de corazón que allá, del otro lado del océano, puedan encontrar suelo firme. Eso sería un consuelo», escribía el abuelo Neitzert en su carta de despedida a su hijo y nuera que, con sus tres pequeños, partían hacia América del Sur. Otra historia de forasteros.

1. La gringa Erika

Eran épocas turbulentas en la Alemania de los años treinta. Inflación galopante, desocupación creciente y violencia en las calles teñían de desesperanza aquellos días. Muchos sospechaban que todo iba a empeorar y se embarcaron hacia el sur, donde tal vez sus hijos podrían crecer a salvo de lo que se avecinaba. Así llegaron miles de europeos a las costas de América.

Erika tenía ocho años cuando con sus padres y hermanos, tal vez por casualidad, llegaron al Uruguay después de dejar la Weimar natal. En el pueblito de Nueva Helvecia alguien les prestó una casa y allí fueron a la escuela y aprendieron español. Dicen que Erika cantaba tangos arrastrando la erre y que los vecinos del pueblo, encantados con la gringuita de trenzas, le pedían más canciones y le daban chocolate.

2. La niña de Guatemala

Jakelin Caal era una niña maya de siete años que partió con su familia desde su pueblito natal hacia el norte, a los Estados Unidos, ese país de las mil oportunidades. Pero fue detenida por la patrulla fronteriza y falleció poco después, probablemente deshidratada. «No hay palabras para describir el horror», comentó Hillary Clinton en su twitter. Es que a veces realmente no hay palabras.

3. Günther, el forastero

Günther nació en Berlín en 1935. Por ser judío tuvo que emigrar y también, tal vez casualmente, terminó en Uruguay, donde conoció a Lucero. Todos sus hijos cantan y uno de ellos le compuso una canción que habla de fronteras y del amor que salva las distancias. «Soy hijo de un forastero y de una estrella del alba», dice la canción. Y cuando la escucho, recuerdo que todos somos un poco forasteros persiguiendo una estrella fugaz.

4. La veneguayita

Sus padres partieron de Venezuela, tal vez escapando o también siguiendo una estrella. Forasteros. Y así es que Ana Lucía nació en Montevideo, y ahora se cría mirando el río, escuchando murga y candombe. Seguramente algún día también ella escuchará aquella canción, o muchas otras, y sentirá que su casa está en la frontera.

Desequilibrios económicos y sociales ligados al proyecto europeo sumergen en la desocupación a las clases medias y generan un caldo de cultivo propicio para movimientos extremos.

Las noticias lejanas

En Andalucía, hace dos años, un lector de noticias se sorprendía de que un maleducado y con propuestas beligerantes, xenófobas y antiglobalización llegaba al poder en Estados Unidos. Había tanto desconcierto como falta de explicaciones lógicas. Solo la «locura yanqui» podía justificarlo.

Meses después, los datos desagregados mostraron que el Rust Belt (cinturón industrial) de Estados Unidos fue la base electoral del triunfo. Lo explicaba una fuerte desocupación, hija de una desintegración industrial, a su vez producto de políticas de descentralización económica a la luz de la globalización.

Unos meses antes, la inesperada votación del brexit se ironizó como una pataleta inglesa. Nadie pareció prestar atención al protagonismo del Provincial England (la Inglaterra provinciana) con sus centros industriales estancados y su desigualdad con Londres, con su globalizado sector financiero y de servicios. Clases altas y medias votaron por la permanencia en la Unión Europea, pero los estratos populares votaron por la salida.

Alternativa para Alemania (AfD) crece basada en orígenes neonazis, odio al inmigrante y antiislamización. Otra vez, el análisis dice que ese crecimiento se concentra en el este, zonas subindustrializadas, no alcanzadas por incentivos durante la reunificación.

También Matteo Salvini debe al Mezzogiorno italiano (la Italia meridional) y el norte industrializado su ascenso fugaz.

Marie le Pen y su segunda vuelta muestran que en Francia hay más radicales (sumando extremos) que moderados, y que las clases bajas y los campesinos no votaron a Macron.

Las palabras nacionalismo, inmigrantes, antiislamismo, desocupación, xenofobia, indignados y antisistema se repiten casi en todos los escenarios.

Todas estas sorpresas tienen una explicación previa. Corresponden a desequilibrios económicos y sociales muy ligados al proyecto europeo. Se trata de clases medias con un pasado de alto poder adquisitivo, hoy sumergidas en la desocupación y pasando necesidades por los coletazos de la globalización, la robotización y los avances tecnológicos.

España en su laberinto

España amaneció el 2 de junio del 2018 con un nuevo presidente, que no fue votado como tal sino que surgió de la censura del anterior y encontró el camino del poder en los pasillos del recinto de Diputados gracias a los votos de los independentistas, y ahora depende de estos para sobrevivir.

Heredó el problema de Cataluña, una desigual distribución del ingreso y una ecuación electoral difícil de cerrar, ya que no tiene mayorías y eso le hace eludir posibles elecciones. Un discurso ambiguo con los inmigrantes agrava la confusión.

Los problemas españoles empiezan a girar sobre ejes relacionados con el nacionalismo, la inmigración y la xenofobia con el consiguiente antiislamismo. ¿Luces amarillas?

Andalucía y el despertar

Andalucía es la segunda comunidad autónoma de España y tiene una de las tasas más altas de desocupación. Y a sus costas llegan, cada semana, especialmente en verano, las pateras y barcos de migrantes que cruzan el Mediterráneo camino de Europa.

En 2014, desilusionados del PP convocaban apenas algunos cientos en sus mítines. La ideología de género, la inmigración y la socialdemocracia eran sus principales campos de batalla.

Bajo el nombre de VOX, sus recetas incluían: suprimir las comunidades autónomas (Cataluña, País Vasco y Navarra), derogar la Ley de Violencia de Género, ilegalizar los partidos separatistas, endurecer la política contra la inmigración (aumentando las deportaciones y la seguridad en la frontera) y defensa de la vida, traducida como una batalla contra el aborto.

Han obtenido 12 escaños de la nada, marcan agenda y su contagio al resto de España es inminente. Los andaluces, estancados por décadas, vieron al PSOE edificar clientelismo al abrigo del poder y promocionar políticas que perpetuaban su dependencia del sistema convirtiendo a un cuarto de sus habitantes en empleados públicos.

¿Todos los cisnes son blancos?

Los cisnes son blancos, pero Nicholas Taleb nos acostumbró a la idea de que hay cosas difíciles de predecir, sucesos fuera del ámbito de las expectativas normales y la imagen de un imposible cisne negro viene como anillo al dedo… hasta que aparece un cisne negro, y eso nos demuestra que lo imposible puede ser posible y la tarea luego consiste en explicarlo.

VOX es un cisne negro, según la casi unanimidad de los analistas, pero la repetición de conceptos en múltiples casos nos hace dudar.

Es cierto, España es particular y lo regional es relevante, pero la simpleza del mensaje de la ultraderecha no puede ser subestimada: ha demostrado ser enormemente atractivo para ciudadanos decepcionados de los partidos tradicionales. Incoherencias y expectativas incumplidas dejan un vacío que el populismo ocupa con rapidez.

El proyecto europeo se enfrenta a un 2019 al cambio de millones de personas al euroescepticismo, a una inmigración creciente, presupuestos de países no ajustados al estándar de Bruselas, transito de la banalización del fascismo a la naturalización de las derechas extremas, nacionalismos emergentes en medio de las elecciones y líderes fuertes que se jubilan, como Merkel.

Para Europa, el brexit será una pesadilla. El Reino Unido es su mejor gestor financiero, un 15 % del PBI de la UE, una potencia militar y miembro del G7. La Unión Europea necesita de un acuerdo de salida más que el propio Reino Unido.

La verdad es que Europa se debe una autocrítica profunda. Descuidó el equilibrio social, los fantasmas del “fascismo escondido detrás del árbol” dieron carta blanca a reformas de flexibilización laboral, a la disminución de impuestos a empresas, a la priorización de intereses del sector financiero, que no son malas per se pero indudablemente producen fragmentación social.

No hubo inversión en servicios de base en sectores no cosmopolitas en casi ningún país, sí en modernización de tecnología aplicada en centros de concentración de servicios (capitales, grandes ciudades) y esto causó un desbalance urbano-rural. No hay suficiente inclusión de jóvenes en procesos tecnológicos; esto fomenta su alienación y la consiguiente militancia por partidos de extrema derecha.

La inflación creciente y el bajo retorno financiero de inversiones del Banco Central Europeo harán cambiar su política monetaria expansiva. Tendrá gastos militares crecientes, ya sea para reposicionarse en la OTAN o bien para desarrollar soluciones de defensa europea autónomas.

Teniendo en cuenta todo este entorno, no cabe sorprenderse de los cisnes negros. En Holanda ya se organizan los chalecos rojos antisistema. Portugal no es inmune a un efecto contagio de VOX. Hungría, Polonia, Austria y Bélgica ya alzan su voz, mientras que en Rumania el sentimiento europeo no existe.

¿Será hora de hacer un análisis crítico del proyecto europeo, de la globalización, de los mamuts llamados mercados comunes, o seguiremos pensando en cisnes negros?

Hace tres años, a partir de la iniciativa de una organización no gubernamental, el debate presidencial llegó al suelo argentino. El impacto que tuvo fue tal que finalmente devino en ley. A pocos meses de las próximas elecciones, cabe plantearse cómo logró instalarse en el país y cuáles serán los efectos de su incorporación.

El 4 de octubre de 2015, cinco de los seis candidatos presidenciales que superaron el piso de votos fijado para las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) se ubicaron detrás de sus atriles, dispuestos a dar a conocer y defender sus propuestas ante los votantes argentinos. El acontecimiento marcó un antes y un después en la historia del país.

A lo largo de 2015, la Comisión de Asuntos Constitucionales trató nueve proyectos y elaboró un predictamen que no llegó al recinto. Lo que no logró el Congreso de la Nación lo consiguió la sociedad civil: la primera transmisión de este formato se debió a la iniciativa de la organización no gubernamental Argentina Debate. Fundada en septiembre de 2014, estaba integrada por un grupo de jóvenes provenientes de empresas familiares nacionales y el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC).

Uno de sus primeros pasos fue la creación de un comité estratégico, compuesto por representantes de la vida pública y el sector privado, para definir los lineamientos de la puesta en marcha. En cambio, la toma de decisiones rápidas fue delegada a un comité ejecutivo. Paralelamente, se dialogó con organizaciones de la sociedad civil, centros de pensamiento e investigación, e instituciones académicas. De igual forma, se tuvo en cuenta a un conjunto representativo de los medios de comunicación nacionales.

Por un lado, la conversación con los sectores radial y televisivo apuntó a la generación de una señal abierta, que podría ser transmitida por cualquier medio de comunicación que la solicitara. Por el otro, a partir de los contenidos surgidos de los intercambios con las organizaciones de la sociedad civil y los medios escritos se establecieron los ejes temáticos: desarrollo económico y humano, educación e infancia, seguridad y derechos humanos y fortalecimiento democrático.

A lo largo de 2014, Argentina Debate se reunió con los aspirantes al cargo de presidente de la Nación y sus respectivos equipos. Durante esos encuentros no solo se revisaron trabajos de investigación sobre políticas públicas que podrían incluir en sus campañas, sino que también se les anunció la intención de que al año siguiente se llevara a cabo el primer debate presidencial.

Después del 9 de agosto de 2015, día en que tuvieron lugar las PASO, se retomaron las reuniones con los equipos de los candidatos que competirían en la primera vuelta. Es decir, Daniel Scioli (Frente para la Victoria), Mauricio Macri (Cambiemos), Sergio Massa (Unidos por una Nueva Alternativa), Margarita Stolbizer (Progresistas), Adolfo Rodríguez Saá (Compromiso Federal) y Nicolás del Caño (Frente de Izquierda y de los Trabajadores). Al mismo tiempo, se trabajó en las reglas que más tarde fueron trasladadas a un manual de estilo.

En un determinado momento, el equipo de campaña de Daniel Scioli dejó de asistir a estos compromisos. Su ausencia puso en riesgo la realización del evento, ya que la organización no tenía certeza de si algún canal lo transmitiría. Unos días antes de que tuviera lugar, América TV, Canal 26, Canal 13 de Río Cuarto y Canal 9 de Mendoza se comprometieron a hacerlo.

El primer debate presidencial alcanzó picos de quince puntos de rating y obtuvo cerca de medio millón de tuits con el hashtag #ArgentinaDebate. Los resultados de los comicios generales del 25 de octubre de 2015 forzaron a una segunda vuelta electoral. Como Daniel Scioli y Mauricio Macri se mostraron dispuestos a asistir a una nueva edición, se puso como fecha el 15 de noviembre de ese año. De este modo, Argentina Debate se volvió a reunir con sus equipos de campaña para adaptar el reglamento.

La sede, los bloques temáticos y los moderadores fueron los mismos. Más de ciento sesenta medios de televisión abierta, de cable y digital, señales internacionales, radios privadas y comunitarias y portales web se encargaron de transmitirlo. Fue cubierto por más de trescientos periodistas y llegó a cincuenta y nueve puntos de rating. De este modo, superó la audiencia de la final de la Copa Mundial de Fútbol de 2014.

A principios de noviembre de 2016, el proyecto que establecía la obligatoriedad de los debates entre los candidatos presidenciales que ganaran las elecciones primarias, obtuvo media sanción en el Senado de la Nación. Para finales de mes, se aprobó la ley 27337 en la Cámara de Diputados.

El 17 de abril de 2018, la Cámara Nacional Electoral firmó un convenio de colaboración con Argentina Debate. Allí se estableció que la organización estará a cargo de la elaboración del reglamento, la elección de los nombres, los días, los lugares, las temáticas, la dinámica, la duración y los sorteos previos. Asimismo, tendrá la facultad de reunirse con apoderados partidarios, representantes de los candidatos, medios de comunicación, autoridades universitarias y cualquier otra entidad pertinente. Luego, la Cámara considerará lo elaborado y podrá proponer modificaciones.

Teniendo en cuenta las repercusiones que tuvo la llegada de este formato al país, el escenario actual despierta varias incógnitas: ¿qué efectos puede tener su incorporación para la democracia?, ¿habrá cambios en el diseño de las campañas electorales?, ¿los resultados de las urnas se verán afectados por el desempeño de los políticos en estos eventos? Más allá de las hipótesis que se puedan elaborar, queda esperar unos meses para determinar con seguridad en qué medida el debate presidencial definirá el futuro de la Argentina.

La campaña para las elecciones internas en Uruguay comienza a tomar color. Constituyen el filtro por el cual deben pasar todos los partidos en el mes de junio de 2019, para luego concurrir con un candidato único a la elección nacional, a realizarse en el mes de octubre. La gran mayoría de los candidatos están proclamados. Las redes sociales y portales webs comienzan a inundarse de pop-ups, al tiempo que los pasacalles y muros también anuncian que empezó la temporada electoral.

Los distintos sondeos parecen indicar que estos comicios serán en extremo competitivos. El Frente Amplio irá por su cuarto gobierno consecutivo, luego de arribar al poder en el 2005. El desgaste se siente y la oposición lo sabe.

Una de las novedades que presentará la contienda electoral es la concurrencia de tres candidatos outsiders. En estas latitudes, donde los partidos Nacional y Colorado han celebrado 182 años de existencia y el Frente Amplio es una coalición de partidos creada en 1971, los outsiders no dejan de ser una rareza.

No obstante, hay algunos antecedentes al respecto. Por ejemplo, Roberto Canessa, sobreviviente de la tragedia que sufrió un equipo uruguayo de rugby en los Andes, se candidateó a la presidencia en 1994 bajo su propio lema, el Partido Azul, y obtuvo un muy magro resultado. Posteriormente, otro candidato presidencial fue Víctor Lissidini, director de Aduanas en el gobierno de Batlle. Creó el Partido Intransigente y se postuló a la presidencia en 2004. Le fue un poco mejor que a Canessa, pero no llegó a 10.000 votos. Pero el outsider más pintoresco hasta el momento ha sido Domingo Tortorelli. Se presentó como candidato a la presidencia allá por 1942 con su propio partido. Propuso construir calles en bajada (para ahorrar combustible) y canillas para el abastecimiento de leche en las esquinas. Obtuvo poco menos de 50 votos, pese a su lucidez propositiva.

Con los nuevos outsiders el sistema político uruguayo se pone a tono con la región. Hace un año el porcentaje de indecisos, votos en blanco y anulados llegaba al 40 %. Hoy ese guarismo ha descendido pero, en términos comparados, sigue siendo alto para el período. Los casos de corrupción que han tocado a los principales partidos, y en especial al gobierno, inocularon la apatía sobre el electorado.

Este contexto revela que Uruguay asiste tarde, pero asiste, a las tendencias regionales de desafección política. Seguramente los propios outsiders ven en este contexto el alpiste necesario para hacer crecer sus oportunidades. Eso sí, tengamos en cuenta que las candidaturas se procesan a la modalidad uruguaya.

Veamos: hasta el momento son tres los outsiders que han lanzado su candidatura.

El empresario local Edgardo Novick fue el primero en dar el paso. En 2015 presentó su candidatura a intendente de Montevideo dentro de una coalición que agrupaba a blancos (Partido Nacional) y colorados (Partido Colorado) para competir en la capital. En esa ocasión dio la sorpresa al ser el segundo candidato más votado. Luego de esa elección fundó el Partido de la Gente. Es el único de los outsiders que ha decidido competir desde fuera de los partidos tradicionales. Sus filas se han nutrido de algunos legisladores que pertenecían a los partidos Nacional y Colorado, por lo cual hoy tiene una estructura política más consolidada.

Otro de los candidatos es el economista Ernesto Talvi. Tiene un marcado perfil académico, ha sido director de un centro de investigación independiente dedicado al análisis económico. Se ha presentado como un hombre cercano al expresidente Jorge Batlle. Optó por ingresar a competir dentro del Partido Colorado creando su propio sector, denominado Ciudadanos.

El tercer candidato es el multimillonario Juan Sartori. Es el menos conocido por la ciudadanía. A tal punto es desconocido que para su presentación se utilizaron una campaña de expectativas “¿Quién es Juan Sartori?”. De hecho, llegó a Uruguay abruptamente para participar en las elecciones. Es dueño de un cuadro de fútbol inglés y casado con la hija de un magnate ruso. Presentó su precandidatura presidencial dentro del Partido Nacional.

La irrupción de estos tres candidatos constituye una novedad y una verdadera prueba para el sistema político. El clima de apatía solo se ve disimulado por la obligatoriedad de votar en las elecciones nacionales. Pero no así en las internas, donde la participación no llega al 50% del electorado.

Por lo pronto, a diferencias de lo que se ha visto en Estados Unidos o en Europa, los outsiders uruguayos no llegan con discursos antisistema. Por el contrario, Talvi y Sartori se insertan amablemente en los partidos tradicionales. En tanto, Novick, si bien compite desde su propio partido, coquetea con su propuesta de coaligarse con blancos y colorados en una nueva estructura.

Para ir cerrando, a modo de anexo ilustrativo, dejamos algunas frases de los candidatos:

«Más gestión, menos política», Edgardo Novick

«La política no tiene dueños», Juan Sartori

«Soy liberal, soy progresista, soy internacionalista», Ernesto Talvi

La importante victoria en el referéndum abre la posibilidad de una fase de reformas.

En un referéndum celebrado el 9 de diciembre, la gran mayoría de los votantes apoyó las reformas propuestas por el presidente Martín Vizcarra. Si bien las implicancias de estas propuestas son limitadas, el impresionante grado de apoyo que obtuvieron, legitiman y fortalecen el mandato de Vizcarra, quien no fue elegido para el cargo. La prioridad ahora es utilizar el claro mandato que emana de los resultados del referéndum para superar la actual situación de bloqueo político, que ha impedido la implementación de reformas y ha estancado al país por los últimos dos años y medio. Para ello, el Ejecutivo deberá trabajar con los recientemente electos gobernadores regionales, algunos de los cuales han tenido problemas con la justicia.

El 9 de diciembre tuvieron lugar en Perú de forma paralela dos importantes procesos electorales. Por un lado, en 15 de las 25 regiones del país se celebró una segunda vuelta electoral para elegir gobernadores regionales. Por el otro, toda la ciudadanía debió votar por sí o por no a las cuatro propuestas de reforma planteadas en un referéndum. Los resultados de este son contundentes: más de 85 % de los votantes votaron de acuerdo con lo que el presidente había propuesto.

La primera pregunta estaba vinculada a la reforma del sistema de elecciones de jueces. En este caso, triunfó el sí con 89 % de los votos. Así, se conformará la Junta Nacional de Justicia para elegir a los magistrados de forma más transparente y meritocrática. Esta junta reemplazará al Consejo Nacional de la Magistratura, el cual, después de graves escándalos de corrupción, fue disuelto por el Congreso.

La segunda pregunta proponía una reglamentación más estricta en la regulación del financiamiento de los partidos políticos. En este caso, ganó también el sí con 85 %.

Con el mismo porcentaje fue aprobada la tercera propuesta del referéndum, que prohíbe la reelección inmediata de congresistas. Perú, así, se vuelve junto con Costa Rica el único país de la región que tiene esta prohibición, la cual estaba limitada a algunos funcionarios electos, como el presidente de la República y los gobernadores regionales.

La cuarta y última propuesta, que planteaba regresar a la bicameralidad –el Senado en el Perú fue eliminado durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori— fue rotundamente rechazada con un 90% de votos por el no.

Si bien Vizcarra había propuesto originalmente la restauración del Senado, el presidente retiró su apoyo a esta iniciativa, luego de que el Congreso hiciera cambios importantes a la propuesta original del Ejecutivo y, por ejemplo, eliminara la propuesta de dividir los escaños del Parlamento de forma equitativa entre hombres y mujeres. Adicionalmente, el Congreso introdujo cambios controversiales que dificultaban los mecanismos legales mediante los cuales el Ejecutivo puede disolver el Congreso.

Indignación con la labor del Congreso

El contenido de las cuatro preguntas fue discutido, antes de las elecciones, solo de forma superficial y en círculos especializados. Para gran parte de la población, el punto central fue la prohibición de la reelección de los congresistas. El Congreso cuenta con un muy débil 10 % de aprobación. Esta situación es en gran parte resultado del actuar desordenado y autodestructivo de los 73 (de un total de 130) congresistas con los que originalmente contaba la bancada del Partido Fuerza Popular (FP), [1] liderado por la hija del autoritario expresidente Alberto Fujimori. A causa de disputas internas, dicho número se ha visto reducido a 59. En un último incidente, FP expulsó de sus filas al presidente del Congreso, Daniel Salaverry, quien había ejercido sus funciones con independencia y muchas veces había criticado a su propia bancada. A esto se le suma la mala conducta pública de varios parlamentarios. A comienzos de diciembre dos parlamentarios de FP fueron acusados de acoso sexual. Asimismo, se descubrió que una parlamentaria de esta misma bancada habría pagado por obtener su título de escuela secundaria. Otros parlamentarios han sido descubiertos en presuntas situaciones de conflicto de interés.

Particularmente negativo para FP fue la sentencia de 36 meses de prisión preventiva dictada a inicios de noviembre contra Keiko Fujimori y miembros de su círculo más cercano, por los cargos de lavado de dinero en el marco del escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. Si bien ciertas personalidades cercanas a Fujimori conjeturaron sobre una persecución política, el fiscal a cargo de la investigación, José Domingo Pérez, fue aplaudido cuando acudió a votar en el referéndum.

Pareciera que para muchos ciudadanos el votar a favor de la prohibición de la reelección de congresistas constituye una vía para castigar a los parlamentarios impopulares. En este contexto, el argumento repetido por diversos especialistas de que es una tarea de la población elegir cuáles congresistas merecen ser reelegidos y cuáles no, pesó menos que la indignación popular contra el Congreso de la República.

A través de la propuesta de prohibir la reelección de congresistas, Vizcarra consiguió canalizar el descontento popular de tal forma que este pudiera manifestarse en el referéndum. Su aprobación en las encuestas era del 65% a mediados de noviembre, uno de los mejores resultados de un presidente desde el fin del régimen de Fujimori. Esta cifra, seguramente, aumentará después de los resultados del referéndum. En este contexto, estos resultados representan una victoria personal para Vizcarra, quien accedió al cargo debido a la renuncia del presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en marzo de este año.

El factor Alan García

En los días previos al referéndum, la atención pública estuvo fijada en el pedido de asilo del expresidente Alan García en Uruguay y la confrontación entre el exmandatario y el presidente Vizcarra. Poco después de que Vizcarra convocara al referéndum durante su mensaje a la nación por las fiestas patrias del 28 de julio, García, quien fue presidente de la República en 1985-1990 y 2006-2011, criticó duramente a Vizcarra afirmando que este no tenía legitimidad. Asimismo, García advirtió que el referéndum podría generar desorden e incluso el fin de la presidencia de Vizcarra.

Desde hace algún tiempo García es investigado por estar supuestamente involucrado en el escándalo de corrupción de la empresa Odebrecht. La Fiscalía lo ha acusado de haber recibido pagos ilegales para favorecer en la concesión de grandes proyectos de infraestructura, entre ellos, el del metro de Lima.

No obstante, García viajó desde Madrid (donde tiene un departamento) a Lima el 15 de noviembre atendiendo una citación de la Fiscalía. El 17 de noviembre la Fiscalía emitió un impedimento de salida contra García. Este inmediatamente fue a la residencia del embajador del Uruguay y solicitó asilo, alegando persecución política. Vizcarra se comunicó con el presidente uruguayo Tabaré Vázquez y le aseguró que el Perú es un Estado de derecho donde no hay persecución política. El 3 de diciembre Uruguay decidió no concederle el asilo a García. Vizcarra celebró esta decisión y afirmó que fortalece la lucha contra la corrupción en el Perú.

En este momento, García se encuentra en libertad. Tanto él como los congresistas de su partido APRA acusan al Gobierno de haber intervenido sus comunicaciones privadas. Sin embargo, dado que García cuenta con una aprobación de apenas 8 % y es uno de los políticos más impopulares del país, la confrontación solo ha beneficiado a Vizcarra y a su imagen de ser un luchador incansable contra la corrupción.

La esperanza de una agenda de reformas

A través del apoyo masivo a sus iniciativas en el referéndum, Vizcarra ha ganado legitimidad y es el único político que, en medio de un clima generalizado de desprestigio de la política, ha fortalecido su posición. De esta manera, el presidente, quien no proviene de las élites políticas tradicionales, ha probado empatizar con la sensibilidad del votante peruano promedio. Sin embargo, se puede afirmar, a modo de crítica que, para conseguirlo, Vizcarra se ha valido de una medida populista y poco constructiva, como lo es la prohibición de la reelección inmediata de congresistas. Aunque cabe también señalar que puede aprovechar la debilidad política de sus adversarios para impulsar reformas durante los dos años restantes de su mandato.

Una señal importante fue el anuncio, durante la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE), el 30 de noviembre, de reformar el mercado laboral para reducir los costos no salariales en el sector formal y, así, combatir la informalidad. En el Perú, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística (INEI), el 73 % del mercado laboral es informal. Algunos economistas señalan que el sector formal está de tal manera sobrerregulado que esto genera incentivos para el incremento del sector informal. Sin embargo, sobre todo debido a la acción de los sindicatos, no ha sido posible implementar una reforma del mercado laboral. Después del anuncio de Vizcarra, renunció Cristian Sánchez, ministro de Trabajo y crítico de la liberación del mercado laboral.

Algunas reformas claves sobre la mesa son la modernización de la deficiente infraestructura de transporte, una definición más clara de las competencias entre el gobierno nacional y los gobiernos regionales, una reforma profunda del sistema electoral, político y de la administración de justicia, así como el fortalecimiento de los mecanismos de prevención y lucha contra la corrupción, y la reducción de la brecha entre las ciudades y el campo. Además, se debe mejorar la calidad de los mecanismos de consulta previa para poblaciones originarias antes de la realización de proyectos de infraestructura. Solo así se podrá garantizar el desarrollo a largo plazo de estas comunidades y evitar conflictos sociales. Con relación a este tema, no le será fácil al Ejecutivo entablar diálogo con algunos de los controversiales gobernadores regionales que acaban de ser elegidos.

A pesar de la complejidad del sistema administrativo, el presidente Vizcarra tiene una oportunidad única de usar el capital político generado por la victoria del referéndum para impulsar una agenda de reformas que el país, después de una larga fase de bloqueo político, necesita con urgencia. Será interesante ver cuáles contenidos priorizará el presidente y cómo desarrollará su estilo de liderazgo.

Evo Morales sacrifica la democracia en pos de su cuarto mandato consecutivo.

El tribunal electoral boliviano (TSE), en un acto de sumisa complicidad, dio luz verde a una nueva candidatura del presidente Evo Morales, lo que constituiría no solo su posible cuarto mandato consecutivo, sino el derrumbe de la democracia en su país.

Eduardo Posada Carbó, intelectual colombiano radicado en Oxford, ha recordado que por más que existan líderes políticos en todo el mundo proclives a la longevidad —indígenas o no—, otra cosa es el peligroso juego de acomodar las instituciones al servicio del caudillismo, como ha venido sucediendo en Latinoamérica en las últimas dos décadas, encontrando en la reelección presidencial el mecanismo favorito como lo ejemplifican hasta consagrarse en el autoritarismo la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, y la Nicaragua de Daniel Ortega. Además, Posada cita las sabias palabras de Juan Linz, quien precisó que la esencia de la democracia es el gobierno de tiempo limitado.

¿Pero de qué sirve la teoría democrática y la separación de poderes cuando quien está en el poder lo utiliza para empoderarse y perpetuarse en el gobierno? Como ha dicho uno de los opositores y derrotado electoralmente por Morales, Samuel Doria Medina, «esta es la más grave afrenta a la democracia desde su reconquista en 1982». Y es que no podemos olvidar que el oficialismo está desestimando el resultado del referéndum de 2016, el cual negó a Morales la posibilidad de una cuarta postulación y que ha desatado —con justa razón— protestas, marchas y huelgas, destacando el plantón pacífico que un grupo de jóvenes instauró a las afueras del TSE en La Paz y los sectores aimaras contrarios a Evo Morales.

La pretendida candidatura, inconstitucional por donde se la mire, violatoria de la propia carta que estableció el régimen en su bucólico intento de desmarcarse del republicanismo, demuestra dos cosas: que los caudillos populistas adoran los mecanismos de la democracia directa solo cuando sus resultados les convienen (¿qué pasaría si el aspirante a reelegirse indefinidamente fuese un líder de una orientación diametralmente opuesta, de derecha, como en Colombia lo intentó Álvaro Uribe?), y que el presidente de Bolivia ha decidido de una vez por todas ser un gobernante iliberal, cuando en medio de su imperdonable ignorancia ha afirmado que «la separación de poderes es una doctrina norteamericana».

Ante este panorama solo queda esperar que la oposición boliviana no claudique y configure una candidatura unificada, sea en manos del expresidente Carlos Mesa, el empresario Óscar Ortiz, el propio Doria o quien sea, para que las elecciones generales de octubre de 2019 cumplan su cometido y no dejen caer de nuevo en vano la advertencia de Linz.

¿Cómo recuperar la memoria de lo doloroso? ¿Cómo dar voz al silencio? ¿Cómo rebelarse contra la impunidad?

Las memorias colectivas han sido —por mucho tiempo— marcadas por instituciones mayormente estatales. La historia se presenta en museos, es guardada en archivos polvorosos y se exhibe en grandes monumentos en el espacio público. Muchas veces, esta representación de los acontecimientos históricos ha servido para promover una cierta versión de lo ocurrido y para fundamentar la base histórica del Estado nacional. Con la digitalización progresiva, los archivos tradicionales se están transformando y, con ello, la también función que cumplen en la sociedad. Por largos períodos la memoria pública fue construida como un bien de consumo para la población. Hoy en día toca a los ciudadanos participar de manera activa en la construcción de la memoria colectiva.

Un archivo digital que quiere dar voz a los no escuchados es el proyecto Quipu, en el Perú. Este proyecto registra las voces de personas, mayormente mujeres indígenas, que fueron víctimas de esterilizaciones forzadas bajo el régimen de Alberto Fujimori (1990-2000).

272.028 mujeres y 22.004 hombres fueron esterilizados entre 1996 y 2000, en el marco del Programa de Planificación Familiar, con el objetivo de limitar el crecimiento demográfico en zonas rurales del país. Muchos de los afectados declararon que el procedimiento fue llevado a cabo sin su consentimiento informado. La mayoría de ellos son analfabetos o hablantes del quechua sin conocimiento del español, un hecho que les dificulta mucho la accesibilidad a las instituciones del Estado peruano que funcionan casi exclusivamente en español.

El proyecto Quipu se inició en 2013 como una documentación interactiva. Fue una cooperación entre académicos de Londres y socios peruanos, encabezada por la directora de escena chilena María Court, residente en Londres, y la científica belga Rosemary Lerner, quien actualmente es profesora de filosofía en la Pontificia Universidad Católica del Perú. El proyecto está dedicado a la difunta abogada y activista por los derechos humanos Guilia Tamayo, quien fue la primera en publicar y denunciar las esterilizaciones forzadas, en 1998.

El proyecto lleva el nombre quipu como referencia a la cultura quechua, a la que pertenece la mayoría de los participantes. Quipus eran instrumentos para guardar informaciones, consistentes en cuerdas de diferentes colores, marcados con nudos. Entre otras cosas, sirvieron para contar historias de la memoria colectiva de los pueblos.

Para difundir el proyecto, actores indígenas lo presentaron en reuniones públicas y distribuyeron flyers con pictogramas que explicaban su funcionamiento. Los afectados pueden llamar gratis desde cualquier teléfono a un cierto número y contar su historia. De esta manera pueden participar en el proyecto sin mucho conocimiento técnico y desde su propia comunidad. Luego, si es necesario, estos testimonios son abreviados y transcritos en quechua, español e inglés. Y se publican como audios en la página web del proyecto, ya accesibles al público global.

Los usuarios que visitan la página también pueden participar de manera directa en el proyecto dejando comentarios orales a los testimonios. Estos comentarios llegan desde distintos países del mundo y expresan mayormente admiración por el coraje de las mujeres peruanas —también participan en el proyecto unos pocos hombres—. Ellas pueden escuchar las respuestas y así reciben un primer reconocimiento, ya que sus historias finalmente son escuchadas fuera de sus pueblos.

Las mujeres eligen el idioma en que se registra el testimonio y deciden qué quieren revelar y qué no. Así se respeta su autodeterminación y se permite apreciar el plurilingüismo existente en el Perú, que lamentablemente no se refleja en las instituciones oficiales peruanas, donde todavía manda el castellano.

Las mujeres que participan con sus testimonios en este proyecto viven una situación de marginación. Primero por ser mujeres en un sistema patriarcal, segundo por vivir en zonas rurales andinas, lejos de Lima, el centro del poder, y tercero por ser indígenas y sufrir, por ende, el racismo y el clasismo que prevalece en la sociedad peruana.

El proyecto permite a las mujeres convertirse en actores, alzar la voz y ser escuchadas. Les da la oportunidad de luchar contra la impunidad, contra el olvido, y de participar en la construcción de una memoria colectiva que diverge de la memoria promovida por el Estado peruano.

El papel fundamental que ocupa internet como medio de memoria personal y de memoria colectiva nos abre nuevas posibilidades. Con la creación de archivos digitales y plataformas interactivas, los ciudadanos son capaces de contar sus historias y difundir versiones alternativas sobre acontecimientos históricos y políticos. Eso entraña el riesgo de la difusión de fake news y de un mero aumento de contenido web que puede resultar difícil de ordenar y calificar. Pero establece una nueva pluralidad de actores y narrativas, logros importantes que promueven el sistema democrático y ayudan a las personas marginadas a liberarse de su estigma. La memoria digital nos abre puertas. Deberíamos pasarlas, para abarcar nuevos espacios.

Sobre el Pacto Mundial para la Migración Segura de Naciones Unidas.

Hace unos meses había visto un video en donde sectores que se oponen al aborto ironizaban con que el canal de parto es un «pasaje mágico» que otorga derechos humanos. La idea central era algo así como que «mientras estamos dentro del vientre de la madre no somos humanos y, por lo tanto, no tenemos derechos, pero al pasar el canal de parto, gracias a un extraño poder del más allá, nos volvemos personas y adquirimos derechos humanos».

Usualmente no recurro a ese tipo de recursos para defender mis argumentos, pero ese video lo compartí en mis redes sociales porque evidenciaba algo tan obvio como que la condición humana no varía intra o extravientre y que el derecho a la vida debe ser defendido en todas sus etapas.

Recientemente con la aprobación del Pacto Mundial para la Migración Segura, de Naciones Unidas, y la llamativa indignación de algunas personas sobre este compromiso internacional tan importante y necesario, me vino al recuerdo aquel video, pues los argumentos esgrimidos con fanatismos radicales y fake news tenían en este caso como idea central la de que cada persona tiene derechos solo en su país de origen, y que cruzar una frontera o permitir que otros la crucen es tan peligroso y nefasto que deberíamos seguir catalogando de ilegales a personas que sin haber cometido delitos están fuera de su territorio nacional en busca del desarrollo de su proyecto de vida.

¿Qué factor de mi condición humana cambia al ingresar a un territorio distinto al de mi país de origen? ¿Por qué al estar fuera de mi país debería yo perder mi derecho a la libertad, la vida digna, y todo ese maravilloso cuerpo normativo de derechos humanos? ¿Soy menos humana fuera que dentro de las fronteras nacionales?

El pasado 10 de diciembre, en Marrakech, vio la luz el primer pacto internacional sobre migración. Tras casi tres años de negociaciones, 164 países lo adoptaron, reafirmando la premisa de que los desafíos que plantea la migración no pueden ser abordados de manera aislada y que tanto los derechos humanos universales como las libertades fundamentales no se pierden al cruzar la frontera de un país.

Es un pacto que se basa en 23 objetivos que, si bien hacen énfasis en la protección de los migrantes, ponen un gran acento en que los Estados se comprometan a trabajar arduamente para evitar la migración forzada, atacar las causas, literalmente, en el origen. Garantizar los derechos de las personas migrantes pero, sobre todo, darles el derecho a no tener que migrar.

Hace referencia a los derechos humanos en general, al combate a la trata de personas de manera mancomunada en la comunidad internacional, al interés superior del niño para el caso de menores migrantes, entre otras cuestiones que no hacen más que definir y reafirmar esfuerzos en defensa de la vida digna plasmados previamente en varios tratados internacionales.

Aborda además la agilización y facilidad para el envío de remesas, así como también la posibilidad de que los migrantes puedan realizar aportes jubilatorios para que gocen de seguridad social durante la vejez, una gran necesidad para quienes trabajan en el exterior pero planean pasar la vida adulta en su país de origen, y que es una realidad recurrente de muchos latinos, por cierto.

Hace énfasis también en que las personas migrantes tengan un documento identificatorio, aunque este no necesariamente les confiera ciudadanía ni residencia, con el fin de garantizar la seguridad y ser una herramienta de recolección de datos.

Aborda además una cuestión sumamente útil para toda persona que salga de viaje eventualmente de su país de origen y es reconocimiento universal de los documentos de viaje con el fin de combatir la usurpación de identidad y la falsificación de documentos, mediante la digitalización y el refuerzo de los mecanismos para el intercambio de datos biométricos.

El pacto se firmó en concordancia con los setenta años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y constituye una respuesta de Naciones Unidas a un fenómeno mundial que viene creciendo de manera sostenida. Lastimosamente, este importante compromiso tiene detractores, muchos de los cuales defienden su postura con discursos radicales, populistas y que sacan a relucir cuestiones que dábamos por superadas como la xenofobia, la discriminación por raza, nacionalidad, religión u orientación sexual, e incluso satanización del multiculturalismo. Es muy importante que, con una mirada objetiva y sobre todo solidaria, entendamos cuán errados y peligrosos son esos discursos que nos llevan a pendular de un extremo a otro.

La migración nos abre un inmenso abanico de oportunidades de aprendizaje y experiencias enriquecedoras, desde la gastronomía, pasando por el arte y nuevas culturas hasta el conocimiento. Hay pasaportes que tienen más beneficios que otros, es verdad, también hay países que ofrecen mejores condiciones de vida que otros, hay diferencias económicas, idiomáticas, pero también hay una historia compartida y de similitudes que nos recuerda cuán humanos y consecuentemente cuán parecidos somos. Nos pasa mucho a los latinos cuando, a pesar de hablar el mismo idioma, tenemos connotaciones distintas del lenguaje y a veces no logramos entendemos, pero seguimos el ritmo de bailes desconocidos como si fuésemos todos compañeros del mismo elenco de danza.

Volviendo al Pacto, es sustancial entender el limitado alcance del compromiso, que no es vinculante, pero, a la vez, la importancia del espíritu con el que se ha creado.

Dejando un poco de lado los tecnicismos y buscando una perspectiva más espiritual, me permito citar al papa Francisco, quien se ha referido al abordaje del tema migratorio con cuatro verbos: acoger, proteger, promover, integrar, recordándonos además que este es un fenómeno que ha existido siempre y que la integración de migrantes es un proceso bidireccional. Entonces, cuando analizamos este pacto a la luz del derecho internacional y, sobre todo, a la luz de las situaciones que se presentan en el mundo actual, pensemos qué podemos exigir nosotros como sociedad a un migrante; pero también pensemos qué podemos nosotros esperar si nos toca migrar. ¿Qué esfuerzos debo hacer yo para adaptarme a una sociedad? La migración nunca debería ser fruto de la desesperación pero, cuando lo es, ¿qué hacemos?

Si el contenido del Pacto es tan importante y sus motivaciones tan legítimas y debidamente fundamentadas, ¿por qué hay personas que se oponen? ¿Por qué hay países que no lo firman?

Algunos esgrimen una pérdida de soberanía y sobre el punto es importante señalar que el pacto tiene como principio rector transversal cuanto sigue:

Soberanía nacional: El Pacto Mundial reafirma que los Estados:

«[…] tienen el derecho soberano a determinar su propia política migratoria y la prerrogativa de regular la migración dentro de su jurisdicción, de conformidad con el derecho internacional. Dentro de su jurisdicción soberana, los Estados podrán distinguir entre el estatus migratorio regular e irregular, incluso al decidir con qué medidas legislativas y normativas aplicarán el Pacto Mundial, teniendo en cuenta sus diferentes realidades, políticas y prioridades, y los requisitos para entrar, residir y trabajar en el país, de conformidad con el derecho internacional».

Otros, como el presidente de Chile, Sebastián Piñera, dicen que el Pacto «incentiva la migración». Resulta que la migración está en ascenso desde mucho antes de la firma de este pacto y es precisamente ese aumento el motivo de la redacción y adopción del documento. Un error en la relación causa efecto por parte del Presidente.

Otros más pragmáticos o simpatizantes del libre mercado dicen que si Trump no lo firma, «debe ser por algo». Pues bien, he aquí un detalle: Trump puede ser bueno con las finanzas del país, redujo el desempleo y aparentemente está reactivando la economía, entonces sí, puede ser un exponente interesante cuando hablamos de cuestiones económicas (aclaro que no lo es para mí), pero, ¿de verdad vamos a tomar como referente de regulación migratoria a una persona que ha hecho un tema de campaña electoral la construcción de un muro para evitar el ingreso de migrantes? ¿Es en serio?

Una postura no menos importante es la del futuro canciller de Brasil, quien ha comunicado vía Twitter que «la inmigración debe estar al servicio de los intereses nacionales» y que «la inmigración no debe ser tratada como una cuestión global». Curiosamente, en el último párrafo del comunicado hace alusión a que «continuarán con la acogida de migrantes venezolanos», un hecho que está ocurriendo en decenas de países al mismo tiempo. ¿Acaso los venezolanos migran pensando en los intereses nacionales del país que les dará acogida? ¿Pretenden que algo ocurra en varios lugares del mundo y al mismo tiempo no se vuelve global? Al parecer, el señor Ernesto Araújo no se leyó el preámbulo del Pacto para ponerse en contexto.

Finalmente hay una respuesta que engloba muchas otras y es un sentimiento básico del ser humano: el miedo. Miedo a lo desconocido, miedo a lo que podría pasar, y se ve magnificado por grupos fundamentalistas que plantean escenarios imaginarios y fantasiosos que van desde invasiones violentas hasta la pérdida de la cultura de cada país.

Es deber de cada uno de nosotros preservar nuestra cultura y permitir que otros puedan hacer lo mismo con la suya, como los paraguayos que transmiten el idioma guaraní a sus hijos así residan en el Polo Norte.

Nadie repudia más la violencia que aquel que tuvo que dejar su hogar huyendo de esta. Nadie con más deseos de superación que una persona que creyendo que todo estaba perdido encuentra una oportunidad de empezar de nuevo. Nadie más agradecido que aquel que estando lejos de los suyos encuentra una mano solidaria que le recuerda que tiene el derecho y la obligación de ser feliz, porque para eso venimos al mundo y eso nos hace mucho más iguales de lo que a veces notamos. Por eso cruzamos ese canal de parto: para ayudar y para ser felices, más allá de las fronteras.

Puede acceder aquí al texto del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.

Deja su existencia terrena don Belisario Betancur Cuartas (1923-2018), humanista, jurista y político colombiano, quien fuera presidente de ese país a inicios de la convulsa década de los ochenta.

Con la muerte de Belisario Betancur se cimenta un legado de vocación trascendente en la política latinoamericana. Definido por sí mismo como un «campesino que quería ser tipógrafo, poeta y librero; y un librero que llegó a ser presidente», Betancur se elevó desde un origen improbable hasta la cima política de su país. Nacido en El Morro de la Paila, municipio de Amagá (Antioquia) en 1923, estudió primeras letras en el seminario de Misiones de Yarumal y se graduó de bachiller en el colegio de la Universidad Católica Bolivariana —luego Universidad Pontificia Bolivariana— de Medellín, donde cursó Derecho y Economía. Desde los años cuarenta, y en plena violencia, se uniría desde una perspectiva social católica al Partido Conservador de su departamento natal.

Con esta vocación iniciaría una carrera nacional: fue valiente diputado opositor en la Asamblea Constituyente impuesta por el general Rojas Pinilla en plena dictadura militar, solicitando la restauración de la presidencia constitucional, y dirigiendo en desafío de la clausura a El Nuevo Siglo. Con la restauración democrática y el Frente Nacional, se perfiló como una figura en auge del nuevo conservatismo, aunque su inconformidad con la visión social refractaria de este lo hizo vincularse al Partido Social Demócrata Cristiano.

No siendo de las familias tradicionales del poder en Colombia, intentó, con fórmulas de disidencia conservadora, alcanzar la presidencia en dos oportunidades durante la década de los setenta. Su empeño tendría frutos en una coalición crítica al Estatuto de Seguridad y la política exterior del gobierno del liberal presidente Turbay. El propósito de la presidencia de Betancur fue, ostensiblemente, la búsqueda de un diálogo con los diversos grupos armados emergentes durante aquella década, y dio pasos audaces en esa dirección. Sin embargo, cuando Betancur culminó su presidencia en 1986, cerraba una carrera política activa entre el desencanto y la desesperanza. Su mandato fue eclipsado por la crisis de la deuda, y cerraba con dos dramáticos eventos: la sangrienta toma del Palacio de Justicia por el M-19, y la trágica erupción del Nevado del Ruiz, que sepultó a la población de Armero. Las imágenes de ambos hechos corrieron por el mundo, en uno de los puntos de mayor pesadumbre de la historia contemporánea de Colombia.

Su país, y la región entera, fueron reexaminando con los años su legado principista. Colaborador de la línea internacional de diálogo para la paz centroamericana a través del Grupo Contadora, fue uno de los artífices de los acuerdos de Esquipulas. Reconocido por diversas academias de su país, desde la editorial Tercer Mundo hizo de los nuevos estudios sociales y políticos una referencia regional. Afecto a la cultura vanguardista, su sensibilidad cultural lo acercó al mundo de artistas y escritores, combinando su patriotismo paisa con una inagotable curiosidad cosmopolita.

La palabra de Betancur era tenida como una de las voces de mayor autoridad moral de su país, por lo que reconocía también las carencias de sus propios esfuerzos y los de muchos de sus sucesores en el logro de la paz. Esto es así porque la concepción de una paz integral, que no solo permita la cesación del conflicto sino de sus causas profundas, tuvo en el fallecido mandatario una trascendencia especial. Desde la inspiración de la doctrina social, no dejó de pregonar Betancur sobre la importancia del cambio institucional y material para dar soporte a una sociedad abierta, pacífica y más próspera para más colombianos. Como expresó a los obispos latinoamericanos a los pocos años de su ocaso político, no podía haber paz sin cambio social:

«He dicho que la paz es tejido de filigrana que exige un bordado preciosista en el que hay que tener presentes los hilos de las pasiones humanas, la idiosincrasia de los pueblos, los sentimientos y los resentimientos históricos e, incluso, las motivaciones sociales y económicas que sirven de fondo y de pretexto (en ocasiones de algo más que pretexto) a los conflictos… En el juego de las alternativas, la cuestión no se plantea como diálogo o guerra… El dilema es más grave: guerra o transformación social; porque si algo falta por ensayar dondequiera —y eso sí va al fondo— es la voluntad de cambio en la situación de injusticia estructural reconocida por tirios y troyanos. Al momento en que la política asuma, lidere y realice las grandes transformaciones, cederán las tentaciones de la violencia…» [1]

Tres décadas más tarde, Colombia se debate las duras y complejas medidas del proceso de paz en torno a la cesación militar del conflicto, la política de desarrollo agrario integral, el impulso a la participación política en las localidades afectadas, la solución al problema de las drogas ilícitas y el reconocimiento y atención a las víctimas derivadas de los largos conflictos. Conflicto que hoy no se apaga del todo, mezclado con los retos internos y externos que enfrenta el presidente Duque. Acaso una pista útil para el reencuentro de un país polarizado que persigue una «paz todavía incompleta pero en camino hacia su completitud» [2] se encuentre en el legado de Belisario.

Notas:

[1] «La voz que aproxima», conferencia ante el CELAM, 1988. Recogida en Aveledo, Ramón Guillermo (2002). Humanismo cristiano y Parlamento. Santiago: ODCA/KAS, pp. 377-378.

[2] «Usted señor Presidente está en la historia», la carta de Belisario Betancur a Santos, en Las2orillas, 30.6.2017.

«Cuando decidí hacerme miembro de la CDU en 1981, este partido era un faro de luz que con un discurso de coraje, optimismo y confianza en el futuro trajo de vuelta al centro a personas que se encontraban en diversos lados del espectro político.»

Estas fueron algunas de las palabras con las que el 7 de diciembre Annegret Kramp-Karrenbauer, nacida en 1962, obtuvo el voto de confianza decisivo y se convirtió en la nueva presidenta de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) y la sucesora de Angela Merkel a la cabeza del partido de gobierno alemán.

Durante su discurso, la coloquialmente llamada AKK recordó sus inicios en la política con apenas 19 años, a fin de trazar un paralelo entre la historia y el presente, y recordar a sus oyentes que, precisamente, en los momentos de crisis y polarización es cuando la política debe restablecer consensos y luchar contra las fuerzas centrifugas de la radicalización.

En 1981, Annegret Kramp-Karrenbauer, criada junto a cinco hermanos por un director de escuela y una ama de casa en el estado federado del Sarre (en el suroeste de Alemania), veía la progresiva decadencia de la alguna vez floreciente industria del acero de su ciudad Völklingen, el aumento del desempleo y un pesimismo generalizado en la sociedad alemana occidental a causa de las enormes tensiones entre los países de la OTAN y el comunista Pacto de Varsovia. La CDU se volvió su hogar porque defendió con convicción un proyecto político que permitiría superar las tensiones de la guerra fría y asegurar la reunificación de Alemania.

Kramp-Karrenbauer consolidó su carrera política en su estado federado natal, donde fue miembro de su Parlamento regional entre 1999 y 2018. Asimismo, durante este período ocupó los cargos de ministra regional de Familia, Educación y del Interior; en esta última cartera fue la más joven en la historia de la República Federal. El 2011 fue electa primera ministra del Sarre, cargo en el cual fue reelecta dos veces y al que renunció en 2018 para enfrentar un nuevo reto.

El 2018, AKK fue elegida secretaria general de la CDU y se estableció como una de las candidatas más fuertes para reemplazar en la presidencia de la Unión a Angela Merkel, quien en octubre de este año anunció que dejaría ese cargo. En la junta nacional de la CDU se impuso por un estrecho margen a los otros dos candidatos: el veterano exportavoz de la CDU en el Parlamento alemán, Friedrich Merz, y el joven actual ministro federal de Salud, Jens Spahn.

Uno de los mayores desafíos para Kramp-Karrenbauer es construir una agenda que se apoye en los valores y el legado de Angela Merkel (quien seguirá siendo canciller hasta finalizar su período en 2021), pero que, al mismo tiempo, responda a las grandes inquietudes que hoy en día permanecen abiertas para muchos alemanes, como es el auge del partido de derecha populista Alternativa para Alemania (AfD). Casada con un ingeniero de minas y madre de tres hijos, Kramp Karrenbauer apeló en su discurso a las clases medias, piedra angular de la economía social de mercado y componente esencial del tejido social alemán, y les aseguró que los valores fundamentales del trabajo, el ahorro y la educación son las claves para asegurar una vida prospera y garantizar un futuro aun mejor para las generaciones venideras.

En este contexto, sin embargo, la desigualdad entre las clases sociales, pero también las legítimas preocupaciones de la ciudadanía sobre la inmigración y la identidad cultural —instrumentalizadas por ciertos sectores políticos— jugarán un rol preponderante en la forma en la que Unión se define a sí misma y hace política. Para enfrentar estos desafíos, la Unión fortalece su liderazgo con nuevos cuadros como Paul Ziemiak, de 33 años y líder de las juventudes del partido quien ha sido nombrado nuevo secretario general.

Asimismo, la nueva presidenta de la CDU recordó los retos a los que se enfrenta la Unión Europea y la enorme responsabilidad que Alemania tiene a fin de impulsar el proyecto político más notable de la historia moderna europea desde las revoluciones liberales de 1848. La capacidad de apelar a los intereses y convicciones de los distintos sectores de la sociedad alemana será clave para construir la narrativa de una Europa unida, no a pesar, sino gracias a su diversidad y pluralidad de voces.

Dr. Andrés Hildebrandt
Doctor en Filosofía por la Universidad Albert Ludwig (Alemania). Ha trabajado en el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú y actualmente es coordinador de proyectos en la Oficina Perú de la Fundación Konrad Adenauer.

El 10 de diciembre de 1948 en la ciudad de París se aprobaba la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sin duda una de las mayores hazañas de la humanidad.

Considerar al menos 30 derechos como básicos e inherentes al ser humano era un gran paso luego de haber soportado las atrocidades dejadas por las dos guerras mundiales. Parecía que se había logrado concientizar a los Estados sobre la importancia de tener un marco regulatorio mínimo en cuanto a los derechos para las personas, de forma universal y con garantías.

La mayoría de los Estados latinoamericanos votaron favorablemente por esta declaración, junto a Estados Unidos y Canadá. Fue un logro que marcaba un antes y un después. Hoy en día se podría hacer una evaluación sobre el respeto de los Estados a estos derechos universales y podríamos concluir que sin duda hemos mejorado en comparación con el siglo XX. El holocausto, el genocidio armenio, el genocidio en Ruanda y el Holodomor de la Unión Soviética, donde millones de personas fueron asesinadas, son escenas impensables en el siglo XXI. Sin embargo, los regímenes autoritarios y el abuso de los Estados han logrado mejorar sus formas para cometer delitos contra la humanidad y hoy en día existen Estados que violan los derechos humanos frente a los ojos de la sociedad internacional.

Las organizaciones multilaterales han conseguido sentar a los Estados en un foro donde dirimir las diferencias con diálogo y negociaciones. Sin embargo, falta mucho camino por recorrer en cuanto a la capacidad de regular el comportamiento de los gobiernos en la conducción de los Estados. En Latinoamérica existen diversos foros que llevan adelante la tarea de protección a los derechos humanos; se destacan la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos y la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, ambos órganos de las Organización de Estados Americanos, OEA.

Además, en el año 2001 los Estados miembros de la OEA aprobaron la Carta Democrática Interamericana, un instrumento más en función de la lucha por el respeto de los derechos fundamentales y la democracia. Es un instrumento que evalúa y podría juzgar el comportamiento de un gobierno en el manejo del Estado.

El marco jurídico en nuestro continente está muy bien estipulado y redactado; sin embargo, la realidad de su cumplimiento no es tan favorable como se quisiera. En pleno siglo XXI vemos cómo se han constituido Estados ilegítimos que utilizan la fuerza pública para atentar contra los ciudadanos, utilizan las instituciones para acumular poder y manipulan la voluntad de los ciudadanos en elecciones poco transparentes. Nicaragua y Venezuela son ejemplo de esto. Estos Estados se han unido para orquestar un modelo político donde sus gobiernos carecen de legitimidad y se caracterizan por ser gobiernos autocráticos, mientras Cuba sigue siendo una tarea pendiente. Daniel Ortega, como jefe de Estado de Nicaragua, ha propiciado la violación de los derechos humanos con la desaparición y el asesinato de civiles que por una u otra razón han salido a las calles a protestar en contra de sus políticas. Para esto ha utilizado las armas y el poder del Estado.

La organización Human Right Watch ha acusado directamente al gobierno de Nicaragua de «brutal represión» contra la población civil y de incluso premiar con ascensos de rango a los funcionarios que han liderado los comandos de la fuerza pública que cometieron abuso de autoridad y uso de las armas del Estado, demostrando que reprimir a los ciudadanos es lo que deben hacer para progresar en sus carreras profesionales.

Venezuela se ha convertido en un punto de referencia de atrocidad, incompetencia, corrupción y crisis. Incontables denuncias a los derechos humanos han surgido de ese país. La instauración de un modelo político neofascista con gran capacidad económica, gracias al petróleo, gas, coltan, uranio, oro y otros minerales que tiene este país, han llevado a los ciudadanos al límite. Los índices de pobreza son mayores al 80%, la inflación se cuenta en millones, la devaluación es galopante, mientras los ciudadanos deciden abandonar el territorio venezolano por mar, aire y tierra. Estos últimos son los más afectados, pues deben caminar kilómetros para llegar a algún territorio que les dé protección. La Organización de las Naciones Unidas contabiliza en más de 3.000.000 la migración venezolana. 

Luis Almagro, secretario general de la OEA, ha dedicado buena parte de su labor a investigar y denunciar las violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Ha emitido tres informes donde detalla casos específicos con pruebas. Sin embargo, un grupo de Estados miembros de la OEA han preferido omitir estos informes y mostrarse indiferentes en las votaciones cuando se propone la discusión del tema Venezuela, especialmente porque reciben petróleo o dinero directamente del régimen venezolano. Es oportuno rescatar que otros Estados miembros de la OEA sí han tomado el rol de defensa de los derechos humanos en Venezuela y conformaron grupos de trabajo, como el Grupo de Lima.

Cuba, una tarea pendiente. El régimen cubano ha logrado algo impensable, la normalización de la violación a los derechos humanos frente a la sociedad internacional. Las libertades individuales se perdieron hace mucho tiempo y los presos políticos se cuentan por cientos; sin embargo, la sociedad latinoamericana mira a Cuba con poco interés y en muchas ocasiones ha reconocido al régimen y sus representantes, aun cuando estos carecen de legitimidad y legalidad.

La realidad latinoamericana tiene por delante un largo camino por recorrer en cuanto a la protección de los derechos humanos. Los Estados deben reconocer a estos derechos como fundamentales y universales. No se puede justificar la inacción con la excusa del respeto a la soberanía y menos aún a la autodeterminación de los pueblos, ya que un pueblo sin libertades fundamentales no puede elegir. Los mecanismos regionales están, la tarea debería ser fortalecerlos, profundizarlos, activarlos y respetarlos. En una región pacífica no se puede permitir la instauración de regímenes de poder que llegan a utilizar al Estado contra los ciudadanos. Es necesario que la sociedad internacional latinoamericana desconozca a estos regímenes y a sus representantes, de forma orquestada como lo propone la doctrina Betancourt, y así dar muestra real de interés por la promoción y la defensa de los derechos humanos. Los discursos en las cumbres no son suficientes.

Después de 70 años, como humanidad hemos avanzado, como latinoamericanos hemos avanzado. Necesitamos seguir luchando para que a cada ciudadano del mundo se le respeten sus derechos fundamentales. En nuestra América es necesario consolidar la libertad, ya que convivir con regímenes violadores de derechos humanos nos profundiza en el subdesarrollo como región. Hoy es un día para celebrar sin olvidar nuestras tareas pendientes.

Conmemoración de los 35 años del Acto del Obelisco y la reafirmación de la democracia.

Esto no empezó hoy. Hablamos de un hito, acaso uno de los sucesos más importantes en los últimos años en la historia del Uruguay: conmemoramos los 35 años del Río de Libertad.

Fue en 1983, posterior a la victoria del no en el plebiscito del 80, saliendo de la dictadura que azotaba el Uruguay. La población entendía que un país sin democracia no es nada y que las libertades del pueblo deben estar garantizadas siempre.

Ante un marco de 400.000 personas, Alberto Candeau leyó la proclama escrita por Gonzalo Aguirre y Enrique Tarigo, en la que se encontraba un claro mensaje: «Democracia, libertad y ninguna exclusión».

En el Uruguay —país ejemplo de cooperación— se entendía que no era sostenible el sometimiento de la ciudadanía. Todos los partidos políticos activos a la fecha, por medio de Jorge Batlle, propulsaron la celebración de un acto político de magnitud tal que haría eco en todos los rincones de América Latina.

La iniciativa tomó fuerza luego de una declaración que los partidos tradicionales le efectuaron a las fuerzas armadas, en la que establecieron condiciones para retomar el diálogo. Habían pasado meses y del otro lado no hubo señal de cooperación, solo silencio.

La gesta política se elaboró en conjunto entre el Partido Colorado, el Partido Nacional, con posterioridad la Unión Cívica y la representación del Frente Amplio, contactado por medio del Partido Demócrata Cristiano.

Se esperaba, con ilusión y convicción, dar un mensaje claro: la dictadura no era una opción, no se debía volver nunca más; la libertad no era algo negociable por nada y volver a perderla no pasaba por la mente de nadie.

La memoria de quienes estuvieron presentes en esa oportunidad —quien esto escribe aún no había nacido— acredita que en aquel momento ni los propios políticos daban crédito a lo que veían, esto es, aquella ola de gente que de todos lados acudió al lugar. La muchedumbre desembocaba en el Obelisco. En la contratapa del semanario Aquí una foto tomada por José Pla inmortalizó aquel río de libertad.

Hoy, a 35 años de aquel suceso, la Juventud del Partido Nacional, a través de su presidente, invitó a un diálogo más fluido entre las juventudes de todos los partidos con representación en las Cámaras de Representantes y Senadores.

La primera cita tuvo lugar en la casa del Partido Nacional. Asistieron juventudes del Partido Independiente y el Partido Colorado. No concurrieron la juventud del Frente Amplio ni la de Asamblea Popular; esta última no asistiría a ninguna de las reuniones.

En esa primera instancia se acordó seguir manteniendo el diálogo y el trabajo en conjunto. Se conformó la Mesa Interpartidaria, ya con la participación de la Juventud del Frente Amplio. Allí surgió la idea de celebrar los 35 años del famoso Acto del Obelisco, conmemorar la lucha de aquel entonces. Las Juventudes entendieron que la democracia podría verse afectada por algunos personajes emergentes en la política con ciertos discursos de odio, como sucede en países inmersos en dictaduras en la actualidad.

Luego de un debate, se decidió homenajear el acto del 83 en la explanada del Palacio Legislativo, el mismo día 27 de noviembre en que Candeau leyó la proclama. Y se escogió también a una oradora sin representación política para leer la proclama escrita por las juventudes de todos los partidos. Belén Barreto, ganadora del premio de la NASA a estudiantes, fue la encargada.

Allí mismo se reafirmó el compromiso de nunca más dictaduras y sí siempre a una democracia fuerte y sostenida por partidos políticos. Los jóvenes somos el sostén y los promotores fundamentales de este compromiso para las generaciones futuras. ¡Viva la Patria!

Situación política en el país sudamericano a falta de menos de un año del comienzo del ciclo electoral.

Las próximas elecciones en el Uruguay serán «las más reñidas de la historia». Así lo cree Lucía Topolansky, vicepresidenta de la República y esposa del expresidente José Pepe Mujica. Así lo creen muchos analistas políticos y las explicaciones son múltiples.

Cuando en el año 2020 el presidente Tabaré Vázquez le pase la banda presidencial a su sucesor, el Frente Amplio, la coalición de partidos de izquierda que gobierna el país, cumplirá 15 años en el poder. Se trata de un ciclo político particular, inédito en la historia reciente, entre otras cosas, porque lo ha hecho con mayorías parlamentarias absolutas. En buen romance, contó con todo el poder que otorga la democracia uruguaya: el Poder Ejecutivo y el Legislativo en sus manos.

Por primera vez en este ciclo, las encuestadoras empiezan a mostrar un desgaste marcado que sufre el oficialismo. Un ejemplo: en la encuesta de septiembre de 2018 de la consultora Equipos, la gestión del presidente era reprobada por un 52 % de la ciudadanía. Son las cifras más altas de desaprobación de los últimos 15 años, e incluso hay que remontarse al último gobierno del Partido Colorado, con Jorge Batlle en la Presidencia y en plena crisis del año 2002, para encontrar guarismos de este calibre.

Otro dato que refleja el desgaste que sufre el Frente Amplio es la comparación a un año previo de las elecciones de 2014, con el mismo lapso de tiempo para los comicios de 2019. Las principales encuestadoras mostraban que la adhesión al partido gobernante tenía un piso del 40 % en aquel momento. Hoy, ese piso cae al 30 %, aproximadamente.

La inseguridad es el tema que más preocupa a los uruguayos, que han visto crecer de manera alarmante todos los indicadores delictivos: en el último semestre los homicidios aumentaron un 66% y las rapiñas un 56%, según cifras oficiales del Ministerio del Interior. Por su parte, el desempleo se incrementó en 2017 y se ha transformado en otro factor de descontento.

A esto se suman las tarifas de los servicios públicos, como los combustibles o la electricidad, que son de las más caras del continente y el sector productivo reclama por una mayor competitividad. El costo de vida es una de las quejas constantes de los ciudadanos. Con la educación y la salud pública bajo la lupa por malos resultados y la aparición de varios casos de corrupción que, entre otras cosas, llevaron a la inédita renuncia del vicepresidente Raúl Sendic, se explica en gran medida el desgaste mencionado anteriormente.

A menos de un año para las elecciones internas, unas primarias no obligatorias, donde los electores de los partidos eligen quién será el candidato que competirá por la Presidencia, al Frente Amplio le ha costado encontrar representantes atractivos para salir a la cancha y esto se convirtió en un dolor de cabeza para sus dirigentes.

A sus 83 años, el expresidente José Mujica sigue siendo uno de los políticos más populares del país. Sin embargo, el veterano líder ha dicho más de una vez que no piensa en volver a ser candidato, argumentando que «está viejo y se viene una nueva era». En la coalición no tiene unanimidades: para muchos es el único que puede asegurarle una cuarta victoria consecutiva al oficialismo; para otros, es momento de que dé un paso al costado.

Sin Mujica ni Vázquez en la carrera electoral y con la declinación a candidatearse del actual ministro de Economía, Danilo Astori, los tres líderes históricos de la izquierda por primera vez no estarán en la primera línea de fuego y el partido gobernante debe apostar a la renovación.

Quien mejor marca en las encuestas dentro del Frente Amplio es el intendente de Montevideo, el ingeniero Daniel Martínez, del Partido Socialista. El jefe comunal fue presidente de la petrolera estatal Ancap, ministro de Industria en el último año del primer gobierno de Tabaré Vázquez y senador de la República.

De 61 años de edad, representa un liderazgo moderno. Pragmático en la gestión, alejado de discusiones ideológicas y moderado en sus posturas, capta un amplio radio del centro del espectro político. Es, además, de los pocos dirigentes oficialistas que logra simpatía por fuera de su partido. Cuenta con el apoyo de la mayoría de los partidos que conforman la coalición de izquierda, aunque no logró el respaldo del Movimiento de Participación Popular (MPP), el grupo electoral mayoritario del Frente Amplio, liderado por Pepe Mujica, que definió apoyar a Carolina Cosse, actual ministra de Industria. Entre ellos se dará la competencia más fuerte.

Los otros candidatos frentistas que disputarán la elección interna, pero sin demasiadas adhesiones, son Óscar Andrade, dirigente sindical de la construcción y miembro del Partido Comunista, y el ahora expresidente del Banco Central del Uruguay, el economista Mario Bergara.

La vereda de enfrente

¿Qué ocurre con la oposición política en el Uruguay? Si la mitad del electorado se ha volcado por el Frente Amplio en las elecciones de 2014, casi la otra mitad votó por partidos opositores. La cuestión radica en que es una oposición difuminada en por lo menos cinco colectividades políticas, que van de la extrema izquierda a la derecha, en distintas expresiones. No hubo, ni hay en la actualidad, un proyecto común que aglutine a las fuerzas opositoras, que han intentado en las instancias del balotaje votar unidas, sin lograr el éxito.

Según las encuestas, el único partido con chances de desplazar a la izquierda del gobierno es el Partido Nacional, uno de los más antiguos del mundo, con 180 años de vida y ubicado en el centroderecha del mapa político. Su caudal histórico de votantes ronda el 30 % del electorado, por lo que debe tejer alianzas si pretende acceder al gobierno.

La interna del partido blanco, como también se lo conoce, tiene dos liderazgos bien marcados: los de Luis Lacalle Pou y Jorge Larrañaga. El primero consiguió un sorpresivo triunfo frente al segundo en las internas de 2014. Perdió luego la elección nacional con Tabaré Vázquez. Hijo del expresidente Luis Alberto Lacalle, que gobernó entre 1990 y 1995, heredó gran parte de la estructura política de su padre pero pudo conformar un espacio más amplio dentro de su partido, algo que le permitió ser el líder opositor más votado. El presidente Vázquez lo señaló como su adversario político predilecto y la confrontación entre ambos ha sido constante en el último período. El senador, de 45 años de edad, tiene un discurso liberal, centrado en la eficiencia del Estado y en la apertura comercial. Según las encuestas, es el mejor posicionado para suceder a Vázquez. El segundo se presenta nuevamente a la elección interna buscando una oportunidad.

Además de Lacalle Pou y Larrañaga, otros competidores de la interna nacionalista son Verónica Alonso, actual senadora del partido, el intendente del departamento de Maldonado, Enrique Antía y Carlos Iafigliola, un militante activo contra el aborto. A la oferta blanca se suma el sorpresivo y enigmático multimillonario Juan Sartori, un outsider de la política que regresa a su país tras varios años en el exterior, desconocido para el gran público pero que ya generó un sacudón en el partido al lanzarse como precandidato.

El otro partido tradicional del Uruguay es el Colorado, fuerza que gobernó el país la mayor parte de su historia. La crisis económica de 2002 lo sacó del gobierno y lo dejó en su peor votación. Desde aquel momento, su adhesión en las urnas varió entre el 10 y el 17 % de los votos, relegado al tercer lugar de las preferencias. Nunca pudo recuperarse de aquella debacle y buscará en las próximas elecciones jugar un rol decisivo en la segunda vuelta. Generalmente, los partidos Blanco y Colorado han votado juntos en la instancia del balotaje.

Aunque aún niega que vaya a presentarse como precandidato colorado, el expresidente Julio María Sanguinetti (1985-1990 y 1995-2000), es quien mejor marca en las encuestas. Con él pasa algo similar a lo de Pepe Mujica: a sus 81 años ya se encontraba prácticamente retirado de la actividad política. Sin embargo, los buenos números en los sondeos, más el entusiasmo que genera en muchos colorados, hacen que haya comenzado una gira por todo el país. Cuando las empresas de opinión pública lo proponen como candidato, su partido sube cuatro o cinco puntos, llegando al 16 % de las preferencias. En su círculo más íntimo confían en que se lance al ruedo en 2019.

Otros candidatos colorados son el economista Ernesto Talvi y el senador José Amorín Batlle.

En la oposición política se encuentran también el Partido Independiente, un grupo de centroizquierda con dirigentes que se fueron desencantados del Frente Amplio. Tiene un senador y tres diputados. También opositor, pero de izquierda radical, es la Unidad Popular, otro grupo que abandonó en su momento al FA por entender que «traicionó» todos los postulados de la izquierda tradicional. Cuenta con un activo diputado. Sin representación parlamentaria, el Partido Ecologista Radical Intransigente (PERI) y el Partido de los Trabajadores (PT), intentarán aumentar sus caudales de votantes.

El Uruguay no escapa a la tendencia global de la aparición de outsiders, ni a la mala evaluación general que tiene la ciudadanía sobre los políticos tradicionales. Por eso, genera mucha incertidumbre la performance electoral que podría tener el novel Partido de la Gente, liderado por el millonario Edgardo Novick, que tiene un discurso confrontativo, antisistema y de mano dura con la delincuencia y la corrupción. Sin haber participado en las elecciones de 2014, cuenta con algunos legisladores que abandonaron los partidos Nacional y Colorado para unirse a la flamante organización. Novick tuvo una muy buena performance en las elecciones por el gobierno del departamento de Montevideo en 2015, cuando quedó en el segundo lugar de las preferencias.

La política es una de las grandes pasiones de los uruguayos, que tendrán en el 2019 un año de mucha intensidad y discusión rumbo a las urnas.