Se reconoce que una Constitución define la estructura del Estado. Además, debe dejar en claro su relación con el soberano y con los ciudadanos. Esto no se reduce a los derechos que el Estado reconoce, sino que también debe precisar el modo en que los ciudadanos eligen a quienes ocupan esas estructuras.

Se reconoce que una Constitución define la estructura del Estado y su relación con los ciudadanos, lo cual no se reduce a los derechos que el Estado les reconoce, sino que también contempla el modo en que estos eligen a quienes ocuparán sus órganos de gobierno. Es decir, que la Constitución debe definir los límites del Estado ante los individuos (derechos negativos), pero también el modo en que una parte de ellos, los ciudadanos, disponen sus representantes en las estructuras estatales (derechos positivos).

Esto último suele ser pasado por alto hoy día, a consecuencia de que la práctica política ha terminado por imponer el pluripartidismo como la solución ensayada que menos se presta para la corrupción de ese derecho positivo. Al permitir la pluralidad de partidos, la Constitución en cuestión ya establece de modo tácito el modo en que los ciudadanos ejercen ese derecho positivo: la competencia de partidos.

Pero en el Estado unipartidista, donde una sola organización política tiene el monopolio del ejercicio de ese derecho positivo, como es el caso cubano, la competencia para designar a los individuos que ocuparán las estructuras del Estado está en manos de esa organización política, lo que genera una élite de poder excluyente del resto de los soberanos.

Es cierto que los detalles de la pluralidad de partidos deben definirse en la Ley Electoral, pero el fundamento, el mecanismo de cómo se hace, tiene que estar obligatoriamente en cualquier Constitución. Una Constitución que no establezca la competencia entre partidos políticos tiene que explicitar de manera necesaria cómo es que los ciudadanos nominamos y elegimos a nuestros representantes y mandatarios.

El proyecto de Constitución que se debate en Cuba y que será sometido a votación el domingo 24 de febrero, deja en claro que se mantiene esta restricción: los ciudadanos no podrán lanzarse a campaña política por candidatos de su elección diferentes a los del partido único.

Repito, si en las constituciones multipartidistas no es necesaria tal aclaración por evidente, ello no implica que en una como la que ahora se nos propone tampoco tenga que aparecer obligatoriamente el cómo se nomina y elige a los que integrarán las estructuras del Estado.

Tenemos que entender que puede admitirse que existan modos de nominar y de elegir no necesariamente multipartidistas, pero en ese caso la Constitución debe definir claramente los mecanismos por los cuales los ciudadanos ejercen su derecho positivo. Como hacía, por ejemplo, la Constitución norteamericana de 1787, en un tiempo en que todavía la solución multipartidista actual no andaba por la mente de ningún pensador político.

De hecho, lo esencial de cualquier Constitución es ese derecho a la participación política, a nominar y a elegir, claramente definido y no dejado en vagas declaraciones altisonantes, sin real fundamento, junto con los derechos llamados negativos por referirse a los límites que el Estado admite alrededor de los individuos. La Ley Electoral debe ser discutida y sometida a referendo, no relegado arteramente, como ahora nos proponen.

Venezuela ha sido en los últimos 20 años un laboratorio político, social y cultural en el que hemos visto, a veces de forma acelerada y caótica, procesos inquietantes pero también esperanzadores. Claro que para quienes sufren en carne propia el desastre propiciado por el chavismo, la idea del país como un laboratorio no puede resultar muy interesante. Los venezolanos han sido los conejillos de Indias de una oligarquía corrupta e incapaz que, con la coartada de la justicia social, ha jugado al aprendiz de brujo.

Por medio de la combinación de la retórica comunista con prácticas abiertamente fascistas, cruzando a veces la delgada frontera entre la política y el crimen, propulsando una hegemonía propagandística y un revisionismo histórico basado en la mentira, el chavismo ha pretendido imponerle a Venezuela un experimento anacrónico y destructor.

Sin embargo, en este laboratorio de la destrucción, la sociedad venezolana ha mostrado una capacidad de resistencia y una madurez que sorprenden a quienes han creído que el chavismo se impondría gracias a la chequera petrolera, el terror y sus maniobras contra las instituciones democráticas. Aunque el experimento no ha concluido, y los resultados de la lucha por la libertad que hoy lidera el presidente interino de la República Juan Guaidó están por verse, vale la pena resaltar algunas cosas que hemos observado en este Venezuela lab:

1. La palabra constituyente ha servido de coartada del régimen para ir desmontando la legalidad y las instituciones. Venezuela no es el único país en el que la coartada constituyente ha servido para destruir la democracia. El ejemplo más reciente es el de los separatistas catalanes, quienes esgrimen que ellos quieren unas elecciones constituyentes para desmontar las estructuras del Estado español y montar el marco jurídico de la república catalana. Ambos procesos, el chavista y el secesionista catalán, están influenciados por los ultrarradicales de izquierda, quienes se han inspirado de los postulados del profesor Michael Hardt y del exmiembro de la banda terrorista italiana Bandera Roja Antonio Negri. Estos dos autores decían en su libro Empire: «[…] la única estrategia disponible en las luchas [de los revolucionarios] es la de un contrapoder constituyente que emerja desde el mismo Imperio». Y así ha sido en Venezuela desde 1999, cuando Chávez convocó un referéndum de dudosa constitucionalidad para elegir una asamblea constituyente que redactó una nueva constitución y que abrió las puertas para una legalidad líquida o «legalidad emergente», que le permite al régimen hacer lo que quiera violando todas las leyes y las instituciones. Ese proceso continúa ahora con la inconstitucional elección de otra asamblea nacional constituyente, que se ha abrogado unos poderes supraconstitucionales para consolidar la dictadura militar que tiene como fachada civil a Nicolás Maduro.

2. A pesar de todo, la cultura democrática está vivita y coleando en el país, y es esta cultura la que le ha puesto algunas barreras al chavismo, y también a varios sectores de la oposición, para que no pasen ciertos límites. Ocurrió cuando Chávez perdió el referéndum de reforma constitucional en diciembre de 2007 (aunque después no respetara el resultado de este, propiciando su Estado comunal por medio de leyes anticonstitucionales). También pasó con el rechazo que produjo la llamada carmonada en abril de 2002, que secuestró un genuino movimiento ciudadano contra la ambición hegemónica del chavismo y lo instrumentalizó para montar una ópera bufa que le hizo un daño terrible a la opción democrática. Esa cultura democrática sigue vigente como lo ha demostrado el pueblo venezolano en las multitudinarias manifestaciones que se han visto en Venezuela y en varios países del mundo.

3. El chavismo ha pretendido imponer una estética que se nutre de atavismos y referentes que en ocasiones tiene elementos grotescos o esperpénticos (sobre eso escribí aquí y aquí). Esa estética convive con otras muchas estéticas que se sitúan en otros registros, en un país que sobrevalora la apariencia física, donde las mujeres se someten a todo tipo de procedimientos para lucir siempre jóvenes y sexis, pero que también aprecia las artes y ha sido, a pesar de todas las limitaciones y ataques contra la cultura, prolífico en la creación literaria, teatral, musical, plástica y cinematográfica.

4. El aparato de propaganda del chavismo, sustentado en un sistema de medios controlados por el gobierno y en una política de amedrentamiento de medios privados, ha tenido que lidiar con un ecosistema de comunicación difícil de meter en cintura en el que las redes digitales encuentran formas de superar la censura que quiere imponer el régimen. La riqueza y variedad de fuentes, opiniones y datos que circulan por las redes rompen el cerco rojo chavista (como lo ha calificado el comunicólogo Óscar Lucien).

5. La sociedad se ha organizado alrededor de diversas formas asociativas para defender los derechos civiles, políticos y sociales de los ciudadanos. Aunque el fenómeno no es reciente (existe desde que se empezaron a crear las llamadas asociaciones de vecinos en los años setenta del siglo XX), las organizaciones no gubernamentales han sido un bastión de resistencia y plataformas para proteger los intereses legítimos de enfermos, periodistas, perseguidos por razones políticas, presos, propietarios, estudiantes, profesores, entre muchos otros sectores. Publiqué un artículo académico sobre el tema con mi prematuramente desaparecido colega Mahmoud Eid que se puede leer aquí.

6. Nuevos actores políticos han emergido y comienzan de forma progresiva a asumir roles protagónicos en el parlamento y los gobiernos regionales y municipales. Un relevo generacional está en marcha, aunque representantes de otras generaciones siguen todavía gravitando en la vida política, bloqueando el necesario refrescamiento del liderazgo porque defiende intereses opacos asociados con la expansión brutal de la corrupción desde que se instaló el chavismo en el poder.

7. La intoxicación militarista de los últimos años ha puesto en la palestra el tema del papel que deben jugar la fuerza armada y los militares en una sociedad democrática. En el período de la llamada democracia representativa se vivió bajo la ilusión de que la amenaza del gobierno o la tutela militar había quedado en el pasado. El chavismo puso de nuevo a los militares en el centro del poder o, en las palabras de la escritora Ana Teresa Torres, le abrió la puerta a una casta armada para que reclamara la herencia de la tribu. Estos años probablemente han curado de espanto a la sociedad venezolana que de forma realista reconoce que la sombra militar gravita todavía sobre ella, y que un cambio político requerirá lidiar con esa amenaza.

8. En Venezuela se debate sobre narrativas que compiten y la necesidad de construir una narrativa alternativa a la del chavismo (el otro «cuento» ha dicho Alberto Barrera Tyszka). Se habla de la necesitad de construir una narrativa de la república civil donde se destaquen los logros de un período de 40 años que precedió al chavismo lleno de avances y aciertos, y que no repita los códigos y las mentiras que la dictadura repite ad nauseam (por ejemplo, calificar ese período como «IV república»). ¿Cómo se construye y difunde esa narrativa alterna? ¿Hay manera de escapar de lo mítico que el chavismo ha cultivado con esmero y disciplina? (sobre ese tema he escrito aquí). Pareciera que mito con hambre no dura y que el vínculo religioso con el comandante eterno es más frágil de lo que se podría pensar. El tiempo nos dirá, sin embargo, si la narrativa chavista prevalecerá, y si un nuevo relato sobre la república civil ayudará cambiar mentalidades y actitudes.

9. Estos años introdujeron una experiencia relativamente nueva para los venezolanos: la emigración. País tradicionalmente de inmigración, Venezuela vive ahora un proceso inverso, especialmente de los más jóvenes y de los más educados que buscan mejores horizontes en otros países. El impacto de esta emigración significativa no es claro, aunque ya empieza a estudiarse (por ejemplo, la investigación de Tomás Páez sobre la diáspora venezolana). El fenómeno ha generado nuevas dinámicas sociales, comunicacionales, políticas y culturales. Una ilustración de esto son los mercados internacionales con los que cuentan ahora comediantes y músicos venezolanos que pueden presentarse en varios países gracias a la existencia de comunidades de connacionales dispuestos a pagar para verlos en escena. En la esfera política, los venezolanos se han organizado en varios países y van aprendiendo el arte del lobby con el fin de promover el apoyo a la causa de la democracia en su país de origen.

10. La violencia desbocada que azota a los venezolanos es uno de los legados más nefastos que dejará el «experimento» chavista. No es que Venezuela fuera un paraíso sin violencia antes de llegada del chavismo al poder en 1999. Lo que sí está claro, según los estudios del padre Alejandro Moreno y del Observatorio Venezolano de la Violencia, es que el período chavista abrió las puertas del infierno para que el crimen impusiera su «ley» de asesinatos, robos y secuestros con casi total impunidad amparado en una cultura que promovió los valores subterráneos (es una expresión del psicólogo social Ricardo Sucre).

11. La economía venezolana ha entrado en una crisis profunda en los últimos años después de la caída de los precios del petróleo. El incremento del precio del petróleo en los tiempos de Chávez creó una ilusión de prosperidad que se desvaneció cuando el precio del barril cayó por debajo de los 50 dólares. La Venezuela bajo el chavismo recibió miles de millones de dólares, pero la corrupción, la expropiación de industrias y tierras, las políticas de controles de precios, la impresión de dinero inorgánico, se han traducido en una grave escasez de alimentos, medicamentos y otros productos, hiperinflación, caída de la producción y de la productividad, y la destrucción de la empresa petrolera estatal PDVSA. Sin embargo, el espíritu emprendedor de muchos venezolanos se ha sobrepuesto a las adversidades, y todos los días surgen iniciativas en áreas de tecnología, alimentación, textil y servicios. La crisis ha sido el gatillo de una gran creatividad que se potenciará aún más cuando la pesadilla chavista termine.

Venezuela lab es de una alguna manera la última frontera de un experimento en el que la Cuba castrista, acompañada de una mezcla muy particular de ultrarradicales, narcotraficantes, terroristas islamistas, corruptos variopintos y otros ejemplares de una fauna criminal le ha puesto la mano a un país para chuparle la sangre. Los venezolanos han decidido acabar con este experimento destructor. Como lo ha dicho repetidamente el presidente interino Juan Guaidó, para ello se ha trazado una ruta: cese de la usurpación del régimen ilegítimo de Nicolás Maduro, constitución de un gobierno de transición y convocatoria a elecciones libres.

El año 2018 estuvo marcado por una tendencia a la polarización, impulsada por la debilidad institucional de los partidos políticos y por la implosión de sistemas democráticos que se percibían como consolidados.

En medio de este panorama se realizaron seis elecciones presidenciales que dejaron a la región sin mujeres en la primera magistratura de los Estados y que provocaron un cambio significativo en la orientación ideológica de los gobiernos de muchos países.

Nuevas campañas electorales en América Latina es el más reciente proyecto editorial de la Fundación Konrad Adenauer en Montevideo. El libro coordinado por el politólogo Ángel Arellano aborda, desde enfoques multidisciplinarios, el complicado proceso político y electoral que experimentó la región durante el último año.

Los autores convocados aportan una visión excepcional sobre las campañas electorales, su desarrollo, los resultados que generaron y las nuevas estrategias digitales para intentar comprender y conectar con los electores.

La obra abarca desde el análisis del triunfo de Iván Duque en Colombia hasta la llegada de Manuel López Obrador a la primera magistratura de México, sin olvidar el complejo proceso político en Venezuela y las condiciones que provocaron el desconocimiento internacional a las elecciones en donde resultó victorioso Nicolás Maduro.

El impacto de los outsiders ante partidos y candidatos tradicionales se estudia con el caso de los comicios presidenciales de Costa Rica. Además, se ofrece un balance del complicado camino que llevó al senador Jair Bolsonaro a la presidencia de Brasil y el contexto histórico que permitió a Sebastián Piñera ocupar la primera magistratura de Chile.

La campaña presidencial de Mauricio Macri en Argentina y su futuro, además de la perspectiva de cambio desde la continuidad que se experimentó en Ecuador con la llegada al poder de Lenín Moreno también son objeto de análisis y debate, al igual que el fragmentado panorama político de Paraguay y el cuestionamiento a sus empresas encuestadoras.

Autores multidisciplinarios

Estos artículos son producto de un grupo multidisciplinario, que aporta enfoques muy valiosos para entender los procesos políticos de los últimos meses.

El análisis del caso colombiano y la forma en que Álvaro Uribe se convirtió en el político más efectivo del país es abordado por el doctor Carlos Andrés Pérez, director del Centro de Análisis y Entrenamiento Político con sede en Medellín y por el doctor Pedro Piedrahita, profesor de la Universidad de Medellín.

Las condiciones de las cuestionadas elecciones presidenciales de Venezuela son relatadas por el periodista y analista Eugenio Martínez, mientras el ascenso al poder de Manuel López Obrador es descrito por el periodista Sebastián Serrano y el filósofo y magíster en ciencia política Héctor Muñoz.

El camino electoral chileno fue abordado por los politólogos Eugenio Ortega y Luis Ruz, directores del Centro Democracia y Comunidad, mientras que la llegada al poder de la ultraderecha en Brasil es analizada por la consultora Gil Castillo, chairwoman de la Asociación Latinoamericana de Consultores Políticos. El legado de Mauricio Macri cuenta con la revisión del politólogo e internacionalista Emiliano Calvo.

La investigadora en comunicación política y especialista en herramientas digitales Iria Puyosa es la encargada de desarrollar el panorama político de Ecuador, mientras el mundo político paraguayo y la llegada al poder de Mario Abdo es descrito por la periodista Ana Rivas.

Sin embargo, el libro Nuevas campañas electorales en América Latina ofrece mucho más y regala a sus lectores tres textos temáticos.

Carmen Beatriz Fernández, investigadora invitada del Center for Internet Studies and Digital Life de la Universidad de Navarra, España, y experta en campañas electorales, examina la evolución del ciberactivisimo político en la región. Helena Bonomo, reconocida periodista reflexiona sobre el bigdata y los alter ego que aparecen en las redes sociales.

Por último pero no menos relevante, el papel de la mujer en la democracia latinoamericana también es valorado, en este caso, por la doctora Luciana Panke, investigadora de la Universidad Federal de Paraná, Brasil, que aporta su mirada a las campañas electorales centradas en mujeres.

La región está en constante cambio y el libro Nuevas campañas electorales en América Latina permite conocer y adentrarse en el complejo y diverso panorama político-electoral que nos rodea.

Desde el humanismo y, particularmente, desde el humanismo cristiano, frente al vaivén de fracasos y frustraciones entre el neoliberalismo y el populismo, afirmamos que es necesario y urgente innovar la política para recuperar la confianza perdida.

A ese fin, no para cerrar un debate, sino para abrir una discusión, sostenemos que son siete las llaves que abren el tesoro de cualquier democracia. A saber: 1) recuperar un Estado responsable, 2) recobrar una sociedad partícipe, 3) practicar algunos valores compartidos, 4) gestionar el desarrollo sostenible, 5) resolver los problemas prioritarios, 6) refundar un mandato controlado y 7) lograr una democracia receptiva. Todas ellas agrupadas en un mismo llavero: diseñar y gestionar políticas democráticas.

1. La llave del Estado responsable

El neoliberalismo promueve un Estado ausente, mientras que el populismo propicia un Estado omnipresente. Desde el humanismo cristiano, en cambio, sostenemos que, para recuperar la confianza perdida, hay que rescatar el rol del Estado como responsable principal del diseño y la gestión de las políticas públicas. La responsabilidad del Estado no implica un alegato a favor ni en contra de la estatización o la privatización de las obras o los servicios públicos. Un Estado responsable es un Estado subsidiario, que interviene cuando los actores privados y ciudadanos no pueden satisfacer sus necesidades y, en cambio, se abstiene cuando dichos actores pueden hacerlo. Siempre para fortalecer a la sociedad, nunca para debilitarla.

2. La llave de la sociedad partícipe

El neoliberalismo promueve una sociedad individualista, mientras que el populismo propicia una sociedad corporativista. Desde el humanismo cristiano, en cambio, sostenemos que, para recuperar la confianza perdida, hay que recobrar el rol de la sociedad como partícipe necesaria en el diseño y la gestión de las políticas públicas. La participación de la sociedad no implica la eliminación de la democracia representativa ni mucho menos su sustitución por una democracia participativa. La participación social debe mejorar la representatividad política, no boicotearla. Una sociedad partícipe debe ser una sociedad organizada, es decir, con disensos que deben respetarse y, también, con consensos que deben buscarse y encontrarse.

3. La llave de los valores compartidos

El pragmatismo neoliberal desprecia o menosprecia los valores, mientras que el dogmatismo populista impone los suyos. Desde el humanismo cristiano, en cambio, sostenemos que, para recuperar la confianza perdida, hay que reivindicar el valor de algunos valores compartidos como base de las decisiones y acciones, políticas y sectoriales. Los valores son una fortaleza, no una debilidad, tanto para gobernantes y administradores como para actores privados y ciudadanos. Dichos valores son la verdad, la libertad, la justicia y la solidaridad. Practicarlos implica diálogo político e intersectorial, responsabilidad empresarial y civil, reparación social y compromiso personal.

4. La llave del desarrollo sostenible

Como fórmula de desarrollo, el neoliberalismo cree en el derrame de los ricos, mientras que el populismo confía en el asistencialismo a los pobres. Desde el humanismo cristiano, en cambio, sostenemos que, para recuperar la confianza perdida, hay que gestionar el desarrollo sostenible, porque el derrame nunca llega y el asistencialismo nunca dignifica. El desarrollo es más que el crecimiento del PBI. Supone viviendas, obras de infraestructura y servicios de calidad. Una producción que genere más empleo y menos pobreza. Acceso a la educación y la salud, cuidado del ambiente. Una redistribución de los ingresos y de la riqueza, una lucha sin cuartel contra el delito y la violencia y una justicia independiente.

5. La llave de los problemas prioritarios

Como la solución a todos los problemas, el neoliberalismo cree en la eficiencia privada, mientras que el populismo confía en el designio mesiánico. Desde el humanismo cristiano, en cambio, sostenemos que, para recuperar la confianza perdida, hay que resolver los problemas prioritarios: ineficiencia económica, corrupción política, debilidad institucional y anomia social. A esos fines, las soluciones son más complejas. Suponen equilibrio fiscal, inversiones y desendeudamiento. Más y mejores controles, fin de la impunidad judicial y de la indiferencia social frente a los corruptos. Coordinación estatal, concertación intersectorial, capacitación y formación del personal. Cumplimento de las leyes y fomento del civismo.

6. La llave del mandato controlado

El formalismo neoliberal limita la representación a las formas de las instituciones representativas republicanas, es institucionalista, mientras que el personalismo populista restringe la representación a la voluntad del mandamás de turno, es voluntarista. Desde el humanismo cristiano, en cambio, sostenemos que, para recuperar la confianza perdida, hay que refundar un mandato controlado, a partir de los deberes de los representantes y los poderes de los representados. Eso supone elecciones competitivas, mejorar la organización y el funcionamiento de los partidos políticos y sistemas electorales. Mecanismos idóneos de rendición de cuentas, para que los representados controlen y evalúen a sus representantes.

7. La llave de la democracia receptiva

La democracia neoliberal parte del mérito de los individuos y termina aceptando las inequidades sociales, mientras que la democracia populista parte de los deseos o intenciones del líder o caudillo y termina admitiendo la obsecuencia política. Desde el humanismo cristiano, en cambio, sostenemos que, para recuperar la confianza perdida, hay que lograr una democracia receptiva, a partir de la sensibilidad y la efectividad de los gobernantes. La sensibilidad sin efectividad es sensiblería. Esta sin aquella es insostenible. Juntas, sensibilidad y efectividad pueden ganar el apoyo de los ciudadanos a los gobiernos de turno y, mediatamente, la convicción de los gobernados sobre la democracia como el mejor sistema y el mejor régimen.

Se profundiza la crisis en Nicaragua, el gobierno sigue cerrado al diálogo mientras la economía se hunde. Las presiones no hacen ceder a Ortega, que aprueba leyes y reformas bilaterales que traerán más pobreza e incertidumbre al país. ¿Podrá la crisis de Venezuela obligarlo a negociar?

Nicaragua cerró el año 2018 e inició el 2019 con la tensión, temor e incertidumbre que ha quedado como estela de la represión gubernamental iniciada en abril de 2018, y que, según organismos nacionales e internacionales de derechos humanos, después de nueve meses ha dejado un saldo de entre 350 y 520 fallecidos, 4000 heridos, 50.000 exiliados y 770 presos políticos, la gran mayoría jóvenes.

Los llamados de la OEA, la Unión Europea, la ONU, el Grupo de Lima, las internacionales políticas y muchos países y líderes políticos en carácter individual para que el gobierno convoque a un diálogo nacional y se encuentre una solución política y pacífica a esta grave crisis siguen siendo desoídos.

Una visita de once eurodiputados de todas las tendencias, a finales de enero, abrió un compás de esperanza, toda vez que insistieron fuertemente en un diálogo nacional y por primera vez se permitió que fueran visitados algunos presos políticos. La delegación del Parlamento Europeo inclusive pidió para ellos prisión domiciliaria por las condiciones infrahumanas de las cárceles; los eurodiputados lograron fotos y videos inéditos de algunos presos políticos y sus condiciones, y los divulgaron en sus cuentas y redes a nivel internacional. Esto causó el enfado del gobierno, que ordenó una segunda paliza a presas políticas y con ello ha indignado a Nicaragua entera.

Estados Unidos, tanto la Administración como el Tesoro y el Departamento de Estado, han anunciado sanciones para una decena de funcionarios de Ortega —incluyendo a su esposa y vicepresidenta del país, Rosario Murillo—, las que limitan seriamente sus movimientos financieros y relaciones con bancos e instituciones estadounidenses. Igualmente les fueron canceladas sus visas para entrar a Estados Unidos y congelados sus activos allí.

Sin embargo, no muestran señales de querer dialogar. Por el contrario, el régimen de Daniel Ortega y su esposa parece empecinado en negar una apertura democrática y prefiere resignar a la sociedad a un modelo socioeconómico de carácter estatista, regresivo, de mayor pobreza y sometedor de las fuerzas productivas a sus lineamientos sectarios.

Más que diálogo, el régimen ha tomado una serie de decisiones unilaterales, aprobando leyes como la de «Reconciliación y paz», e imponiendo una reforma a la seguridad social y una reforma tributaria que están profundizando la crisis y afectando seriamente la economía, el empleo y la calidad de vida de los nicaragüenses. La Ley de Reconciliación y Paz fue criticada por los organismos internacionales de derechos humanos, pues no contiene un solo elemento de lo que debería ser un proceso de reconciliación y de justicia transicional, luego de un conflicto tan grave como el sucedido en Nicaragua desde abril del año pasado.

Por otro lado, la represión no cesa y, si bien en los últimos meses no han habido enfrentamientos entre fuerzas policiales y ciudadanos, debido a la prohibición estricta de toda manifestación pública, difícilmente pasa un día en que no haya al menos un secuestrado por la policía, pues no son capturas con orden de juez, sino secuestros de jóvenes que participaron en las protestas de meses pasados.

Es tal la represión que hoy es delito portar una bandera nacional, sea en las manos, en los vehículos o en las puertas de las casas, pues son consideradas como símbolo de protesta y de exigencia de libertad y democracia.

Estados Unidos amenaza con más sanciones; el régimen chavista de Venezuela, principal mentor y financiador del régimen de Ortega, se encuentra en una profunda crisis de presión y aislamiento; continúan las presiones de la comunidad internacional; la Organización de Estados Americanos (OEA) podría expulsar a Nicaragua si se le aplica la Carta Democrática Interamericana, algo previsible en las próximas semanas.

Estos factores podrían quizás obligar a Ortega a buscar un diálogo o una negociación política para adelantar una solución pacífica y política de consenso a la grave crisis del país, pero el problema sigue siendo la voluntad personal del dictador, que no parece abrirse a un diálogo y muestra su tozudez por un supremo interés de aferrarse a su poder militar, político y económico, sintiéndose apoyado por potencias como China y Rusia y la asesoría de Cuba y de otros países de posiciones político-ideológicas semejantes.

Nicaragua necesita de suma urgencia un diálogo nacional, pero para el régimen de Ortega primero está quedarse en el poder y luego los intereses nacionales. La crisis se profundiza.

Panamá se prepara para la séptima elección general del periodo posinvasión. Las candidaturas por la libre postulación se convierten en una opción entre diferentes sectores para acceder a una posición política sin la mediación de un partido político.

La libre postulación es un mecanismo que se encuentra establecido en la Constitución Política de la República de Panamá, y de igual manera tipificada en el texto único del Código Electoral. En el año 2006 y luego en el año 2012 se abrió el compás a la libre postulación para cargos a diputados, alcaldes, concejales, representantes y por último a presidente. Esto sembró un precedente que marcaría en adelante la balanza en las decisiones del electorado, que ahora tiene una opción más variada. En vista del enorme descrédito de los grupos políticos, se podría interpretar que la mayor celeridad con la que en estas elecciones los candidatos a la libre postulación han conseguido las firmas juega en favor de esos candidatos. Sin embargo, debemos considerar que la posibilidad de que antiguos afiliados a los modelos partidistas también se vean beneficiados por la libre postulación es una opción, no solo como espacio sino como el mensaje simbólico que esto envía a los electores.

¿Pero qué pasaría de ganar un candidato por la libre postulación a la presidencia? ¿Qué condiciones tendría para el desenvolvimiento de sus funciones?, ¿cuáles serían las implicaciones?, ¿podría contar con la Asamblea Nacional?

Desde 1990, el Tribunal Electoral de Panamá ha convocado mediante decreto, en seis ocasiones (1993, 1997, 2002, 2010 y 2015), a una Comisión Nacional de Reformas Electorales para la revisión y redacción de mejoras a la legislación electoral del país, reformas que todavía ameritan ser profundizadas, especialmente en cuanto a las paridades en la difusión mediática de cada candidato o aspirante.

De acuerdo con el sociólogo Harry Brown, el sistema de partidos panameño ha ido reduciendo sostenidamente su número efectivo de partidos. Desde 1994 ha desaparecido un 71 % de los partidos que en algún momento han tenido registro legal, lo cual es una disminución espectacular que en buena medida explica que el sistema de partidos no tenga ninguna organización en la izquierda del continuo ideológico izquierda-derecha, desde 1989.

A mi juicio, la libre postulación representa una opción a tomar en cuenta frente a los modelos partidocráticos actualmente existentes, cuyos intereses son ajenos a la pluralidad nacional y solo representan intereses económicos y políticos de terceros. Tendremos que mirar con ojo clínico el desarrollo subsecuente de estas elecciones en Panamá, para profundizar sobre este tema, que empieza a tomar fuerza.

La confianza ciudadana ha sido y sigue siendo el tesoro de nuestras democracias. Sin esa confianza ciudadana, las democracias representativas y republicanas son un continente sin contenido o, dicho en otros términos, una forma sin fondo.

La mala política (ni vieja ni nueva, mala) ha perdido las llaves de ese tesoro. La buena política (ni nueva ni vieja, buena) debe buscarlas. A lo largo y a lo ancho de América Latina, eso es innovar la política: encontrar o reencontrar las llaves que abren el tesoro de la confianza perdida. Nada más y nada menos. De eso depende que las democracias formales sean, también, democracias reales, que los ciudadanos voten y, sobre esa base, que las personas mejoren la calidad de sus vidas.

Hoy por hoy, la gran mayoría de los latinoamericanos desconfía del Poder Ejecutivo (Gobierno) y del Poder Legislativo (Congreso o Parlamento). Tampoco confía en el Poder Judicial de sus respectivos países. Según las mediciones de Latinobarómetro (2018), apenas el 22 % confía en el Gobierno y el 21 % confía en el Congreso o Parlamento, mientras que solamente el 24 % confía en el Poder Judicial. A lo dicho sobre la inmensa desconfianza en los tres poderes del Estado, hay que agregar que el 79 % de los latinoamericanos perciben que sus respectivos países están gobernados por unos cuantos grupos poderosos en su propio beneficio.

Desde nuestro punto de vista, en América Latina la desconfianza ciudadana constituye una de las resultantes del péndulo entre el neoliberalismo y el populismo. Los países latinoamericanos han oscilado de un extremo a otro, sin solución de continuidad. Los defectos de los gobiernos neoliberales dan lugar a los populistas y, a su vez, los excesos de los gobiernos populistas dan lugar a los neoliberales. Aquellos ajustan los gastos porque estos derrocharon los recursos y, paradójicamente, estos derrochan los recursos porque aquellos ajustaron los gastos. Este vaivén de fracasos y frustraciones ha sido muy dañino para la eficiencia económica y el bienestar social de nuestros países.

La crítica al neoliberalismo no va en contra de la economía de mercado. En rigor, esta admite dos enfoques diferentes: la economía liberal de mercado y la economía social de mercado. Una cosa es aceptar al mercado como forma de organización económica de la sociedad y otra, muy distinta, es atribuir su configuración política y social a las fuerzas de la oferta y demanda de bienes y servicios. No se trata de negarlas, sino de regularlas legalmente, para que la libertad económica no provoque deslegitimación política ni inequidad social. El neoliberalismo profesa la economía liberal de mercado. Desde el humanismo cristiano, en cambio, adherimos a la economía social de mercado [1].

Asimismo, la crítica al populismo no va en contra de la noción de pueblo. Al contrario, es una reivindicación de lo popular. En los dichos, el populismo enaltece al pueblo. Pero, en los hechos, lo envilece. El pueblo es una comunidad organizada de personas que, a partir de sus diferencias, logran coincidencias. Por el contrario, para los populismos, el pueblo es una masa uniforme de individuos que siguen a un líder o caudillo, condenando al resto a la categoría de antipueblo. No hay coincidencias y diferencias: están ellos y los otros, sus enemigos. El populismo profesa la confrontación militante. Desde el humanismo cristiano, por el contrario, adherimos a la búsqueda del bien común [2].

El neoliberalismo al que criticamos promueve un Estado ausente, que se desentiende de las necesidades sociales, y una sociedad individualista, que elimina a la comunidad. El pragmatismo neoliberal desprecia o menosprecia los valores. El neoliberalismo cree en el derrame de los ricos como fórmula de desarrollo y en la eficiencia privada como la solución a todos los problemas. El formalismo neoliberal limita la representación a las formas de las instituciones representativas republicanas, es institucionalista. Finalmente, para los neoliberales la democracia parte del mérito de los individuos y termina aceptando las inequidades sociales como algo natural, al no garantizar igualdad de oportunidades.

El populismo al que criticamos propicia un Estado omnipresente, que se adueña de las necesidades sociales, y una sociedad corporativista, que suprime a la persona. El dogmatismo populista impone sus valores. El populismo confía en el asistencialismo a los pobres como fórmula de desarrollo y en el designio mesiánico como la solución a todos los problemas. El personalismo populista restringe la representación a la voluntad del mandamás de turno, es voluntarista. Finalmente, para los populistas, la democracia parte de los deseos o intenciones del líder o caudillo y termina admitiendo la obsecuencia política como algo lógico, al no garantizar la libertad de divergencias.

Frente al neoliberalismo y al populismo, es necesario y urgente innovar la política para recuperar la confianza perdida. Hay que rescatar un Estado responsable y recobrar una sociedad partícipe. Hay que practicar los valores del bien común: verdad dialogada, libertad responsable, justicia reparadora y solidaridad comprometida. Hay que gestionar el desarrollo sostenible y solucionar los problemas prioritarios: ineficiencia económica, corrupción política, debilidad institucional y anomia social. Hay que refundar las relaciones entre representantes y representados, como mandatarios y mandantes, y lograr una democracia receptiva, con gobernantes sensibles y efectivos y con gobernados convencidos de sus principios y realizaciones.

Notas:

[1] Resico, Marcelo F. (2010). Introducción a la economía social de mercado. Buenos Aires: Konrad Adenauer Stiftung, 384 p.

[2] Castillo, Carlos (2017). «Reivindicar lo popular para enfrentar al populismo», Diálogo Político, año 34, n.º 2, octubre, pp. 66-79.

El Salvador elige el presidente más joven en su historia y desafía al bipartidismo.

La primera señal es la acentuada ambición de este joven de ascendencia palestina, que llegó a ser alcalde del pequeño Nuevo Cuscatlán y luego de San Salvador, pero que no ha podido dejar de trabajar al lado de la —aunque fraccionada— clase política tradicional. Bukele, quien aún se considera de izquierda, no logró terminar sus estudios de Derecho y ha sido acusado de calumnia y plagiar sus planes de gobierno, pasó de ser joven promesa de la antigua guerrilla del FMLN a ser expulsado del partido y, tras intentar legalizar sin éxito su movimiento llamado Nuevas Ideas en 2017 y buscar presentarse bajo el Centro Democrático (CD), que no pudo mantener su personería tras las legislativas de 2018, reculó en la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), reducto de renegados derechistas de Arena.

La segunda señal es que el exalcalde de la capital, además de su escasa coherencia ideológica y de que será recordado como la persona que logró romper por el momento la hegemonía predominante en el sistema de partidos del FMLN y Arena, no cuenta con mayorías para gobernar. Si bien esto es posible en los sistemas presidencialistas, su gobierno enfrentará un gobierno dividido y un déficit de financiamiento que le dificultarán sus promesas de acabar con la corrupción y la violencia, impulsar la infraestructura de desarrollo y capitalizar el descontento con la política tradicional.

La tercera señal es su falta de lealtad y su arrogancia, que le pueden salir caras. Bukele, quien aseguró que no buscaría apoyos en la derecha pero se matriculó en ella, dice que gobernará con independencia de la agrupación que lo impulsó, dando a entender que se trata de un líder posmoderno acorde con los tiempos que corren de partidos en crisis, antipolítica y eventual caudillismo y populismo. Sus seguidores y GANA, partido que cuenta entre sus fundadores con el expresidente Elías Saca, encarcelado por corrupción, y el vicepresidente de la Asamblea Legislativa Guillermo Gallego, quien está en contra del aborto, aboga por la pena de muerte y el paramilitarismo para combatir a las pandillas, están advertidos.

Una última señal y la no menos curiosa de este antiguo empresario de pelo engominado y barba espesa, que ha sido definido como alguien de soluciones creativas y liderazgo arriesgado aun sin tener la razón, es que desprecia a los medios. Su campaña, al verse marginada y sin recursos, le dio la espalda a los medios tradicionales y se concentró en las redes sociales, llegando a tener 1,4 millones de seguidores en Facebook, cerca del 21 % de la población de un país de 6,5 millones de habitantes. ¿Serán suficientes estos apoyos para mantener a flote y en democracia al país más pequeño de Centroamérica? Esperemos, por el bien de todos los que admiran la capacidad de resiliencia de El Salvador, que así sea.

El gobierno de Tabaré Vásquez queda en la incómoda posición de presidir una de las pocas democracias históricas en el hemisferio occidental que se inhibe ante el reclamo democrático de las mayorías venezolanas. ¿Cuán viables son sus planteamientos ante los escenarios en liza?

La democracia uruguaya es uno de los más importantes regímenes políticos del continente. Tras las convulsiones decimonónicas posteriores a la independencia, Uruguay logró consolidar un sistema de partidos avanzado en la medida de las democracias de vanguardia, quedando para los manuales de ciencia política junto con las democracias escandinavas y de Oceanía como pionera de múltiples derechos civiles y sociales.

Su terrible y sombrío paréntesis dictatorial, expulsivo para miles de uruguayos a lo largo del continente, es aún una anomalía que rechazan todos los partidos políticos, y que los reúne en un espíritu republicano sin paralelo en la región. No por poco es Uruguay, a veces acompañado de Chile y Costa Rica, la única democracia latinoamericana consistentemente ubicada dentro del plano de los regímenes populares avanzados y las democracias plenas. Hay que decirlo, además, es el único país de la llamada marea rosa de la izquierda continental en la década anterior que contó con los contrapesos y la madurez política para no retroceder institucionalmente o reforzar sus tendencias autoritarias, más allá de las discusiones sobre las políticas públicas o la pureza administrativa de los gobiernos del Frente Amplio.

En ese sentido, no sorprende que Juan Guaidó, el joven presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela —encargado en funciones ejecutivas de acuerdo al Estatuto de Transición emanado de ese cuerpo, interpretando el artículo 233 constitucional—, ha indicado que la voz de Uruguay en esta etapa de la crisis venezolana es necesaria e importante. Es más, como indica en reciente nota, es frustrante para los demócratas venezolanos cómo este importante gobierno continental, y toda su auctoritas, haya sido hasta ahora tan indiferente con la lucha democrática de ese país. No se trata tanto de una deuda histórica —no obstante el apoyo de los gobiernos de la entonces democrática Venezuela a los exilados y presos políticos del Uruguay—, sino de la simple consecuencia de unos valores compartidos.

Y esto ha de reiterarse: la actual crisis venezolana, cuyo rasgo más ostensible es la compleja crisis humanitaria que ha expulsado a millones de compatriotas, tiene su origen efectivo en la concentración de poder y el subsiguiente abuso de poder ideológicamente celoso por parte del chavismo en las últimas dos décadas. Aquello que fue maquillado por el boom de las mercancías de hace unos años, permitió que, por medio de la destrucción institucional y el apoyo de mayorías estimuladas por la bonanza, se estructurase un aparato de control político, social y humano que sólo ha empeorado en su uso de fuerza desde el ascenso de Nicolás Maduro. Y esto tiene su cúspide en las elecciones de mayo pasado, consideradas fraudulentas por casi todo Occidente.

Si el caso de la postura de Uruguay correspondiese a sospechas de un gobierno moderado ordinario ante la imagen de una coalición internacional liderada por la potencia de Estados Unidos, acaso estas prevenciones serían tímidamente comprensibles. En esa franja de opinión, tratando de evitar un desenlace bélico —que parece provocar a cada coyuntura el chavismo—, se encuentra la posición de exigencia de la Unión Europea en su severidad, al exigir elecciones presidenciales en condiciones de competencia y supervisión que permitan restaurar la vigencia de la Constitución venezolana, facilitando un cambio de rumbo transicional que sea a la vez estable y democráticamente orientado.

Aunque el gobierno del presidente Vázquez se vio obligado a desmarcarse del Mecanismo Montevideo, que había planteado junto al nuevo gobierno de México un diálogo de agenda abierta, y ante este intento fallido hubo de vincularse a la posición al Grupo de Contacto de la UE —dirigido hacia el cambio político electoral—, lo hizo rechazando claramente que tales elecciones se hagan en condiciones de relativa apertura, negándose a las solicitudes de liberación de presos políticos, habilitación de partidos proscritos, creación de la circunscripción de emigrantes, autoridades electorales imparciales y observación independiente. Al contrario, el ministro Nin Novoa planteó que puso coto a pretensiones intervencionistas dentro del Grupo de Contacto. Es inevitable pensar que esta posición no responde solamente a principios de respeto al derecho internacional —aun si esto refleja una perturbadora contradicción con los valores republicano-democráticos de la región—, sino que viejas amistades ideológicas y nuevos vínculos materiales vinculan al Palacio Estévez con el Palacio de Miraflores. ¿Cómo podrá sostener Uruguay su pertenencia en el Grupo de Contacto promovido por Europa si se aleja del consenso mínimo en Occidente?

Dicho esto, permanece una gran incertidumbre en torno a las posibilidades de cambio político. Las expectativas de una transición política hacia la democracia sostenible y estable parecen precarias ante la política de extremos a la que el atrincheramiento de Nicolás Maduro y su statu quo invita. Al momento, el retorno de la democracia venezolana depende de actores que no están de manos de los demócratas venezolanos, sino de otros sectores, ya en un quiebre interno o en el aumento de una presión externa. El articular la posición de quienes proclaman la restauración democrática con aquellos factores de poder con intereses creados en torno a limitar esta apertura, se ha convertido en la cuadratura del círculo. Pero esto lo examinaremos en otra nota…

Dentro del agrio panorama, es reconfortante notar la confianza de los jóvenes demócratas venezolanos, y su claridad estratégica según la cual una transición responsable no puede crear un futuro que reedite la exclusión presente, atrayendo a potenciales aliados en la transformación del país. No está de más desear que un gobierno uruguayo pueda conciliar sus intereses con sus valores, y prestar una mano para la reconstrucción democrática de Venezuela.

A veces creemos que el poder es infinito, pero ¿es realmente esto cierto? A veces subestimamos la historia, pero ¿qué nos ha enseñado entre líneas? A veces creemos que el dictador siempre estará en esa posición, pero ¿acaso no existe el karma?

Nos quedamos estupefactos al ver a los Ortega manejar Nicaragua a su antojo. Las muertes pasan desapercibidas porque ¿a quién le interesa mucho lo que pueda suceder en ese minúsculo país de Centroamérica?

De repente, y si toma lugar un asesinato estrepitoso, hay cierta cobertura; en caso contrario, ni pensarlo. Daniel ocupa la presidencia, Rosario ocupa la vicepresidencia. La democracia, en tela de juicio. Como siempre se recalca, la culpa recae en aquellos que evaden la historia y no la aprovechan como un verdadero salvavidas para no cometer los errores de siempre. Esta relación difusa pareja-poder no es nueva y las historias pocas veces se salen del libreto que se ha repetido sistemáticamente.

Rumania tiene un capítulo en su historia donde el papel protagónico lo realizó Nicolae Ceaucescu. Nicolae, quien depositó en su esposa Elena la vicepresidencia del país. Tanto confiaba Nicolae en su pareja que incluso llegó a ser presidenta de la Comisión de Control del Partido. Sí, Elena era la mano derecha e izquierda del presidente rumano. ¿Y su gente? Los rumanos soportaron una represión monstruosa durante los años que se mantuvo en el poder, 15 años para ser exactos. Y con la represión también llegó un culto a la personalidad de los líderes sin precedente. Como si no fuera suficiente la destrucción del Estado, un genocidio catastrófico y un país que tocó fondo.

Se crea o no se crea en el karma, existe un consenso más o menos generalizado de que todas las acciones regresan. Como popularmente reza el dicho «todas se pagan en vida» y el dictador rumano no fue la excepción. La pareja presidencial fue ejecutada y su muerte quedó grabada en un video de 90 minutos transmitido por televisión nacional. El juicio, la ejecución y el entierro de los Ceaucescu llegó incluso a ser difundido en Francia simultáneamente y puede encontrarse todavía en algunos rincones de la web.

Ceaucescu, el todopoderoso dictador, cayó como cualquier delincuente o asesino. Él, que decidía quién vivía y quien moría, ahora lejos del poder, rezaba en su interior compasión. Lo que Nicolae no sabía, y todavía parecen no comprender ciertos políticos, es que, aunque el poder parezca infinito, en realidad no lo es. El poder se acaba, los aliados desaparecen y los favores por cobrar quedan extintos. La propaganda, por más masiva que sea, no logra ocultar la corrupción que afectó la médula de ciertos gobiernos. Ni el poder, por mucho que se haya tenido, alcanza para evadir la justicia. Ni la prepotencia, por más que sea intrínseca a un hombre, es suficiente para evitar el karma. Todo regresa, aunque tarde en llegar.

Publicado en Diario Expreso de Ecuador, el 27 de noviembre de 2018.

Las revoluciones mueren mucho antes de lo que sus líderes y herederos argumentan, pero como persisten en discursos e imaginarios, sus fantasmas siguen merodeando las vidas cotidianas. La cubana no solo merodea, sino que aparece con una insistencia enfermiza, lo que nos lleva a preguntarnos sobre la longevidad real de este fenómeno o, si se quiere, sobre cuándo terminó la revolución cubana.

Desde los noventa, cuando Cuba parecía hundirse en un terrible caos económico, se ha escrito al menos una decena de libros de crónicas —libros de viajeros que descubren algo y lo describen sutilmente— sobre el final de lo que llaman la Revolución cubana. Posiblemente el primero —un auténtico burlesque farandulero titulado La hora final de Castro— estuvo a cargo de Andrés Oppenheimer, y el último que he conocido —y que no he leído— ha estado a cargo de un intelectual chileno, Patricio Fernández, y se titula Cuba: Viaje al fin de la revolución. Lo que une a la mayoría de estos libros ha sido la apreciación —desde mi punto de vista errada— de identificar al régimen político con la revolución, es decir, el producto con el proceso. Y en consecuencia, hablar de ambos en presente, lo que considero un grave problema conceptual y práctico, pues la Revolución cubana no existe desde hace décadas y sería un sinsentido identificar algunos de sus escombros como el hecho en sí. Es un tema que cobra relieve en estos días, cuando al arribar a los 60 años del triunfo de la insurrección capitaneada por Fidel Castro, algunos celebran eufóricos la ocurrencia, otros la lamentan apesadumbrados, mientras que otros muchos se enteran ahora de que algo así ocurrió cuando aún no habían nacido.

Las revoluciones —no importa su signo— son hechos de aspiraciones transcendentales, y por ello, y porque sus élites lo requieren para consolidar sus nuevos órdenes, se consideran a sí mismas de muy larga duración. Los mexicanos, por ejemplo, siguieron refiriendo a la revolución su régimen corporativo —corrupto y represivo— por más de ochenta años. Y solo cambiaron el tono cuando el Partido Revolucionario Institucional perdió el poder y el ríspido NAFTA golpeó a toda la sociedad. Y los militares bolivianos que persiguieron y asesinaron al Che Guevara, lo hicieron argumentando el élan vital de una revolución que había estallado un cuarto de siglo antes y terminó desangrada a los pies del FMI a mediados de los cincuenta.

Pero, aconsejaba Marx, no se puede creer a los actores históricos por sus palabras. Las revoluciones mueren mucho antes de lo que sus líderes y herederos argumentan, pero como persisten en discursos e imaginarios, sus fantasmas siguen merodeando las vidas cotidianas. La cubana no solo merodea, sino que aparece con una insistencia enfermiza, lo que nos lleva a preguntarnos sobre la longevidad real de este fenómeno o, si se quiere, sobre cuándo terminó la revolución cubana.

Una primera respuesta —a la que siempre me he adherido— remite ese final a la culminación de los cambios que animaron a sus huestes a asaltar el cielo. Y si es así, 1965 parece una buena frontera. Entonces había sido destruida la dictadura precedente, se habían producido las principales medidas redistributivas, se había consolidado el Estado nacional frente a la injerencia norteamericana y, en consecuencia, no es casual que justo en 1965 se haya producido un primer amago de institucionalización. Pero ocurre que los años posteriores fueron de una efervescencia voluntarista (el voluntarismo es condimento de toda revolución) que se fue desvaneciendo en la primera mitad de los años setenta, ante repetidos fracasos económicos y de los focos guerrilleros latinoamericanos. Al comenzar los setenta los líderes cubanos solo tenían a la mano el nacionalismo militar y la experiencia socialista republicana de Chile, nada de lo cual tenía que ver con el foquismo castrista. Y en economía, solo les quedaba un recurso con un grave precio a pagar: el subsidio soviético.

çOptaron por este último, recibieron cuantiosos recursos, modelaron un régimen totalitario sin fisuras y proclamaron en 1976 una Constitución calcada de la que Stalin promulgó cuarenta años antes. Muchos opinan —con sobradas razones— que este viraje tan parco en atractivos revolucionarios fue el verdadero final. Pero habría que reconocer que fue desde entonces, y por varios lustros, que Cuba experimentó los mayores logros sociales —salud, educación, seguridad social, virtual eliminación de la pobreza, pleno empleo—, por lo que evaluando el asunto por sus resultados, la revolución —opinan otros observadores— revivió en esta utopía subsidiada.

Cuando en 1990 se desmoronaron los apoyos externos, la economía cubana sufrió una reducción del 40 % en un trienio y la sociedad vivió uno de los momentos de empobrecimiento más brutal del continente. Los cubanos, que habían estado emigrando a Estados Unidos desde los sesenta, arremetieron con más bríos que nunca y la isla comenzó a mostrar indicadores absolutos de despoblamiento. El bloqueo/embargo se hizo sentir con más fuerza y devino un argumento central de un discurso que apelaba a la resistencia numantina y localizaba en el fetiche de la revolución la clave de la salvación del país. Los dirigentes cubanos moldearon su discurso de tal manera que convirtieron el estropicio nacional que habían creado en fuente de virtud revolucionaria.

La revolución había vuelto, parecía decirnos la imagen de un Fidel Castro envejecido pero revitalizado por una alianza combativa de gobiernos izquierdistas encabezados por un líder populista decidido a consumar la revolución continental y con dinero suficiente para pagar por ello. Pero la biología manda. Fidel Castro tuvo que retirarse a un camastro de convaleciente, donde terminó sus días divagando sobre temas devaluados, y Chávez murió poco antes de que su proyecto comenzara a hacer agua según bajaban los precios del petróleo.

Con el retiro de su fundador, la alegoría revolucionaria perdió su última reserva de glamur. Su sucesor, Raúl Castro, siempre había sido un excelente hermano menor, y ahora, aunque sin hermano, seguía siendo menor. Ya no hay epopeyas internacionales, ni olimpiadas casi ganadas, ni discursos transcendentales, ni carisma. Los cambios que se hacen van dirigidos a abrir espacios a la economía privada en beneficio de la elite posrevolucionaria y sus herederos, y los logros históricos son cada vez más puestos en duda por una economía que no crece. Tampoco la política internacional persigue metas superiores, sino a duras penas créditos condicionados y alianzas políticas de dudosa solvencia moral que, como en los setenta, vuelven a colocar al país en torno a la órbita rusa.

Hoy Cuba es un país sin solvencia económica, en proceso de despoblamiento —sus generosos recursos humanos enriquecen a los países receptores—, sin democracia política, con un repertorio magro de libertades y retrasado en términos valóricos. Sin cambios estructurales, ni logros sociales, ni glamour, es difícil seguir imaginando la existencia de algo llamado Revolución cubana. Pero no imposible, y —contra todo razonamiento fundamentado— muchas personas seguirán invocando a una revolución viva que supuestamente ofrece un futuro.

Unos lo harán por conveniencia. Otros, por autocompasión. Y otros, finalmente, por inercia.

Publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 16 de enero de 2019.

En Latinoamérica no podemos dar un paso hacia delante sin dar un paso atrás. Con entusiasmo se recibió la noticia de que Costa Rica pasó de ser una democracia defectuosa a una plena, uniéndose a Uruguay como los únicos países de la región con esa calificación. Pero, por otro lado, es lamentable la caída de Nicaragua junto con Venezuela y Cuba.

Junto a un nuevo año vienen los balances y en Latinoamérica debemos admitir que durante el 2018 nuestros países en conjunto se siguen volviendo menos democráticos. Si nos basamos en el Democracy Index elaborado por The Economist, nuestra región en un año cayó a 6,24, una cifra lejana a la que tiene América del Norte, que con sus 8,56 ostenta ser la mejor ubicada en el ranking.

Para medir la calidad democrática de cada país este ranking mide cinco aspectos: cultura política, participación política, libertades civiles, proceso electoral y pluralismo, y el funcionamiento del gobierno (que tiene en cuenta transparencia y corrupción). Durante 2018, en América Latina subieron los primeros dos pero cayeron los últimos tres. Mezclando los resultados se puede ser de mayor a menor una democracia plena, una defectuosa, un régimen hibrido o un autoritarismo.

Parece que, como conjunto, en Latinoamérica no podemos dar un paso hacia delante sin dar al mismo tiempo un paso atrás. Con gran entusiasmo se recibió la noticia que Costa Rica pasó de ser una democracia defectuosa a una plena, uniéndose a Uruguay como los únicos países de la región con esa calificación. En este sentido, lo que marcó la diferencia fue el mayor apoyo público que los costarricenses dieron al sistema democrático. Pero, por otro lado, es lamentable la caída de Nicaragua formando una autoritaria trinidad junto con Venezuela y Cuba.

Vale recalcar el caso de Nicaragua. Poco le sirvió al presidente Daniel Ortega el poder que hacía años venía concentrando para impedir que una protesta de estudiantes contra las reformas en el sistema de pensiones termine transformándose en la mayor movilización que vivió el país desde los ochenta. Por el contrario, sí le fue de utilidad todo ese poder a la hora de ejecutar una terrible represión que tuvo como resultado más de 300 muertes y 500 prisioneros políticos.

Así las cosas, el 2018 fue un año particularmente desafiante a causa de los ocho cambios de gobierno que se vivieron en la región. En este apartado las noticias son buenas, ya que las rotaciones fueron pacíficas y con mayor cantidad de votos, lo que demuestra mayor participación ciudadana. Sin embargo, lo sorpresivo fueron los resultados. Cansados de corrupción, crimen y pobreza, los votantes de México y Brasil se decantaron por una vuelta a los populismos que muchos ya daban por muertos.

Ambos casos son distintos, y uno más peligroso que otro. A simple vista se puede tener la idea de que la presidencia del populista de derecha Jair Bolsonaro con su historial de comentarios racistas, misóginos y homofóbicos constituye una mayor amenaza a la democracia de su país que la del izquierdista López Obrador en el suyo. No obstante, el análisis que hace The Economist es que Bolsonaro tiene un poder muy limitado. Sólo cuenta con un 10 % del Congreso y va a estar obligado a formar acuerdos con otros partidos. En contraste, López Obrador tiene el potencial para transformarse en el amo y señor del Estado mexicano al contar con mayoría en ambas cámaras. Como si no fuera suficiente, promete hacer uso de consultas populares no oficiales que le permitirían pasar por alto al Poder Legislativo.

Desde la creciente desigualdad social hasta la arrolladora inteligencia artificial, a Latinoamérica se le presenta un futuro lleno de desafíos, entre ellos, el de resolverlos democráticamente. Costa Rica muestra que las mejoras son posibles, pero la permanente crisis de Nicaragua y Venezuela también revelan que el fondo no existe y que siempre se puede estar peor. Habrá que recordar que la democracia es algo que se construye día tras día, y que no podemos darla por descontada.

Publicado en el sitio web Análisis Latino, de CADAL, el 22 de enero de 2019.

El invierno en Estados Unidos está siendo particularmente duro. Y no lo digo por las antárticas temperaturas que estos días se han registrado en los estados de Wisconsin, Illinois o Michigan, sino por el largo cierre parcial de dependencias gubernamentales, apenas levantado unos días atrás, que sirvió de escenario para la batalla política entre el presidente republicano y la oposición demócrata en la Cámara de Representantes.

El segundo round de esta pelea se librará el 5 de febrero, en el Discurso sobre el Estado de la Unión que dirigirá Trump a toda la nación —en horario de gran audiencia televisiva— y cuya réplica correrá a cargo de Stacey Abrams, excandidata por su partido a la gobernación del estado de Georgia.

No sabemos cuánto más habría podido alargarse este cierre —el más largo en la historia del país y que dejó sin paga directa a unos 800.000 empleados federales y paralizando agencias hasta casi su totalidad, causando pérdidas económicas calculadas en unos 3.600 millones de dólares solo durante las tres primeras semanas—, pero lo cierto es que la presión social y económica creció a niveles riesgosos y, lo que quizás sea igual de importante, a Trump le fue arrebatada una de las palestras en las que se siente más a gusto.

Nancy Pelosi, portavoz demócrata de la renovada Cámara de Representantes, suspendía el tradicional discurso televisado sobre el Estado de la Unión (allí donde habitualmente se lleva a cabo) hasta que no concluyera el cierre parcial y el gobierno volviera a funcionar en su totalidad. Tras un breve ir y venir de golpes al hígado por parte de ambos contrincantes, Trump aceptó abrir el Gobierno sin haber recibido ni un centavo de los 57 millones de dólares que reclamaba —como parte del presupuesto aún no acordado que motivó este rifirrafe— para construir el muro.

Al igual que en las elecciones intermedias pasadas, las partes involucradas reclaman la victoria para sí, aunque lo cierto es que todos, demócratas y republicanos, la rama legislativa y la ejecutiva, han salido golpeados de este embate. Tomarán aire en sus respectivas esquinas y saldrán a la arena para el segundo round de un combate que se anuncia alargado (las elecciones del 2020 son el asalto final): el líder de la minoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer, anunció que la réplica al tradicional discurso sobre el Estado de la Unión correría a cargo de la excandidata a la gobernación de Georgia, Stacey Abrams.

La elección de Abrams es simbólica en varios sentidos. Primero, no son muchas mujeres las que han respondido al presidente, desde que se permitiera una réplica (apenas en 1966), pero ello no es de extrañar si pensamos que el ecosistema parlamentario norteamericano no se caracteriza por su paridad de género. Sin embargo, Abrams será la primera representante afroamericana en hacerlo. En un momento del país sumamente dividido y en el que el tema racial sigue siendo un elemento axial de muchas conversaciones, este detalle no es menor (recuérdese, si no, aquella inédita conferencia de prensa tras las elecciones intermedias en la que una periodista de ascendencia haitiana confrontó al presidente sobre si su descripción como nacionalista no habría envalentonado a la extrema derecha).

En segundo lugar, piense el lector que han sido las mujeres quienes —en tiempos del movimiento #MeToo— se han opuesto a la candidatura y presidencia de Trump desde el inicio (alrededor de un millón de mujeres salieron a las calles a marchar el mismo día que el republicano juró su cargo en la presidencia). En este sentido, y como punto tercero, si la (supuesta) ola azul tuvo lugar fue porque el colectivo femenino demócrata demostró una fuerza política inusitada. Si hay un cambio en la forma de hacer política en Estados Unidos es, sin duda, por el empuje de las mujeres. Stacey Abrams es una de las estrellas de esta renovada fuerza política.

Los días 2 y 3 de febrero de 1989 marcaron un hito histórico en el Paraguay con la caída del régimen presidido por Alfredo Stroessner.

Durante más de 35 años, Stroessner fue amo y señor de la vida política, social y económica del Paraguay. Fue una dictadura con apariencia democrática, solo en algunas formalidades, pero que respondía a la granítica trilogía partido, gobierno y fuerzas armadas que reprimió sin contemplaciones cualquier intento libertario u opinión divergente a los objetivos del gobernante.

Fue un ciclo oscuro que, aprovechando los tiempos de la doctrina regional de la seguridad nacional, coincidente con la guerra fría de la mitad del siglo pasado, impulsó regímenes militares en gran parte del continente. Estos impusieron similares condiciones de autoritarismo, desprecio de los derechos humanos elementales y la proscripción de las fuerzas políticas que se resistían a cumplir las reglas convenientes al poder de turno.

En ese clima transcurrieron los 35 años de Stroessner. El no te metás era la consigna para aquellos que deseaban no ver interrumpidas sus libertades o suspendidos sus derechos básicos. El miedo instalado era la herramienta de dominación y un sistema educativo que ignoraba o desalentaba el pensamiento crítico era el pilar de una tiranía que desconocía el Estado de derecho y sometía a sus designios a los demás poderes del Estado.

La cultura autoritaria, que responde a una matriz proveniente del fondo de nuestra historia, se desarrolló entonces de un modo exponencial. Este es probablemente el peor legado que nos dejó la dictadura. Cruzó transversalmente todos los segmentos de la sociedad, desde los más humildes hasta los más poderosos, y eso facilitó la perduración del sistema. Hasta nuestros días no pocos rasgos de esa cultura autoritaria siguen vigentes, e incluso reaparecen con más fuerza cuando el debate institucional apremia y exige soluciones republicanas y democráticas.

Si bien los acontecimientos de 1989 tienen más relación con un golpe palaciego vinculado a un choque de intereses que a un movimiento revolucionario transformador del sistema, no caben dudas de que existía en el corazón de la sociedad un hartazgo, que venía socavando la sostenibilidad del régimen, con la presión de algunos medios de comunicación y las luchas de estudiantes y de movimientos sociales y políticos. Pero también los conflictos internos habían deteriorado al régimen y, al final, estos encontraron el momento oportuno para derribarlo, con daños colaterales mínimos, si se tiene en cuenta que el control había sido ejercido hasta entonces de manera absoluta.

También contribuyó a un nuevo proceso paraguayo el resurgimiento democrático de la región, especialmente en los países vecinos, que generaron un ambiente propicio que, en primer lugar, obligó a Stroessner a admitir ciertas concesiones —inadmisibles años atrás— y a animar a las fuerzas políticas y sociales a la tarea de construir una alternativa válida que sustituyera a un sistema envejecido en la cronología y en las prácticas republicanas.

Así las cosas, se fue el dictador, sin pena ni gloria, prácticamente «pidiendo permiso» para refugiarse en el exilio eterno en el Brasil, porque no regresó nunca. Sus restos siguen enterrados en un cementerio de Brasilia, sin los destellos de aquellos 35 años, para recordarnos, una vez más, la transitoriedad del poder y de los dominios que le acompañan.

Muchos historiadores y analistas de la época afirman que no existió cambio en el país; que lo de 1989 fue un acto de gatopardismo para que continuaran las cosas por su mismo cauce, y que la administración del poder siguió con otros dueños, que presentaron una imagen renovada pero que, en el fondo, eran los mismos de siempre.

En parte existen razones para estos argumentos, mas también surgen efectos y gestos innovadores que pueden darnos otra perspectiva. En efecto, el general Andrés Rodríguez, consuegro de Stroessner y su inmediato reemplazante, promulgó su primera ley admitiendo la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la que fue incorporada al ordenamiento jurídico nacional como un gesto diferencial con el pasado, en el que poca importancia se atribuyó a la dignidad humana. Se convocó en 1992 a una Convención Nacional Constituyente, en un proceso inédito de debate político e institucional, que arrojó como resultado la vigente Ley fundamental que, con más virtudes que defectos, puede considerarse la primera Constitución genuinamente democrática que ha tenido el Paraguay.

Se inició un largo trayecto de transición a la democracia, un periodo con claroscuros, con avances y retrocesos. Fundamentalmente, por las debilidades de un sistema de justicia que marcha muy lentamente hacia la independencia judicial y por su consecuencia inmediata, un endeble Estado de derecho que afecta a todos los sectores de la sociedad. Así y con este contexto, también es justo reconocer que este proceso de tres décadas es el más extenso en la historia política del país con vigencia plena de las libertades públicas, con alternancias en el poder sin traumas, hechos que ratifican el crecimiento de una democracia electoral que,con sus luces y sombras, condujo hasta ahora el sostenimiento constitucional de la República.

Pasaron treinta años y el Paraguay, en términos formales y en ciertos aspectos de fondo, ha cambiado. Se instaló un proceso democrático pero con escaso contenido social. El progreso y los estándares de modernidad han alcanzado a sectores minoritarios de la sociedad. Tenemos un país muy desigual dentro del continente más desigual del planeta. Además, seguimos fragmentando la sociedad, aprovechando las grandes falencias del sistema educativo, con posiciones que polarizan desde los extremos del pensamiento político, ignorando que, desde los inicios de la civilización occidental, gran parte de la verdad se construye desde la virtud del justo medio, con medidas que equilibren las mejores opciones de las diversas corrientes para aplicarlas a favor de una sociedad cansada de tanta confrontación estéril y sin resultados directos que la beneficien.

Iván Duque trabaja junto a Sebastián Piñera en la creación de un nuevo órgano en el vecindario como instancia coordinadora de políticas públicas y que luche contra la dictadura de Venezuela.

El presidente colombiano Iván Duque ha tomado la iniciativa de dialogar con sus homólogos en el vecindario para integrar un nuevo bloque regional que tenga como punta de lanza la defensa de la democracia y especialmente el rechazo a la dictadura de Venezuela con miras a articular medidas de presión contra el régimen de Nicolás Maduro, no reconocido por buena parte de los países de América y Europa, y que disponga una bocanada de oxígeno para la acorralada oposición venezolana que lucha contra la persecución y el terror desplegado desde los órganos de seguridad controlados por el chavismo.

En ese sentido, es evidente que varios países de América Latina han cerrado filas contra el gobierno venezolano. Salvo Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Cuba, México y Uruguay, que han tenido una disposición de reconocimiento del nuevo gobierno de Nicolás Maduro, con representantes en su reciente toma de posesión ante el Tribunal Supremo de Justicia el pasado 10 de enero, el resto de la región condena la cuestionada reelección de Maduro y se desmarca de Venezuela. Como consecuencia, la sesión extraordinaria de la OEA convocada para tales efectos tuvo una histórica votación desconociendo a la administración chavista: 19 países a favor del desconocimiento, 6 en contra, 8 abstenciones y uno ausente.

Sin embargo, otras potencias sí reconocieron y saludaron a Nicolás Maduro, ninguna de ellas posicionada como defensora de la democracia: Rusia, China, Irán, Siria y Turquía. De todo este marco surgen diversas incógnitas producto de la incertidumbre de hacia dónde va Venezuela y su crisis que impacta duramente a toda la región con una inmigración de millones de personas que buscan refugio en Colombia, Brasil y demás territorios. ¿En medio del aislamiento regional, es suficiente el apoyo de estas potencias para mantener al chavismo en el poder?

¿Cuán efectivo es el accionar de la comunidad internacional y especialmente de los países vecinos? Esta última pregunta está directamente vinculada a las gestiones del presidente colombiano. Un nuevo bloque que defienda la democracia y condene la dictadura de Venezuela (y posiblemente, por qué no, la nicaragüense y la cubana). Que potencie el accionar opositor y democrático frente a la mano de hierro de los cuerpos de seguridad e inteligencia chavistas. Que sirva de bisagra para los apoyos en materia humanitaria ante la crisis migratoria en las fronteras de Colombia y Brasil. Pero que, además, deje en evidencia la debilidad de los bloques regionales instalados anteriormente. Un nuevo bloque versus la Unión de Américas del Sur (Unasur) creada al calor del carisma (y los ingentes recursos) de Hugo Chávez; versus la admisión de Venezuela en el Mercado Común del Sur; versus la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que sesiona en Cuba para hacer cohabitar el diálogo democrático en un territorio comandado por una férrea dictadura desde hace más de medio siglo; versus la Alianza Bolivariana para los Pueblos de las Américas (Alba) que terminó siendo una plataforma para conseguir afinidad política a través de gigantescas y cuestionadas donaciones de petróleo venezolano. Etcétera.

Un nuevo bloque que demuestra que la política de los bloques no ha sido lo suficientemente feliz y sí bastante costosa para los países, en especial aquellas que han sido toboganes de recursos para el favor político (Unasur, Celac, Alba).

¿Cuáles son las posibilidades de Prosur? ¿Cuáles sus retos? ¿Cómo puede coexistir este bloque en medio de otros tantos?

Siguiendo las declaraciones del presidente Iván Duque, Prosur, una Propuesta de Integración Sudamericana, sería un “mecanismo de coordinación de políticas públicas y defensa de la democracia” en reemplazo de la Unasur, órgano que por cierto desde el 22 de agosto de 2014 y hasta el 31 de enero de 2017 tuvo al ex presidente colombiano Ernesto Samper como secretario general, cargo que desde entonces se encuentra vacante y sin reemplazo a la vista con unas desoladas oficinas en Quito. Duque impulsa esta iniciativa junto al mandatario chileno Sebastián Piñera: «Hemos venido avanzando conversaciones con varios presidentes de América Latina para que Unasur llegue a su final y se inicie más bien la construcción de una etapa mucho más ágil, menos burocrática, más coordinada de cooperación».

Si bien la idea de Prosur puede dinamizar el debate en torno a la necesidad de reafirmar el compromiso con la democracia y presionar a aquellos países de la región que no cumplan con los acuerdos internacionales suscritos, fundamentalmente en defensa de las instituciones libres, la legalidad y los derechos humanos, ¿no deja también al relieve la inoperancia de los bloques creados hasta el momento, cláusula democrática mediante, y que terminan siendo clubes de presidentes y gobiernos afines y no instancias de cooperación serias que respetan sus propias normas? ¿Dónde queda el Grupo de Lima que se creó expresamente para luchar contra la dictadura de Venezuela?

Afirmó Duque que se buscará que Prosur, «más que una organización burocrática o al servicio de un gobierno particular, sea un mecanismo de coordinación suramericana de políticas públicas, en defensa de la democracia, la independencia de poderes, la economía de mercados, la agenda social, con sostenibilidad y concebida aplicación».

Es imposible no desear éxito a cualquier iniciativa que busque fortalecer la democracia en una región que muestra números alarmantes y que ha sido terreno fértil para el ascenso de discursos populistas que tensionan al extremo el debate público y polarizan a las sociedades erosionando el centro y la moderación que exige el mundo para afrontar los grandes retos del presente. No obstante, ese éxito, hoy más que nunca, debe estar curado de espantos para no rayar en la ingenua mirada de que una Latinoamérica mejor es posible si no se sincera el panorama de los bloques regionales y se sintetiza un compromiso serio alrededor de la defensa de la democracia y la libertad, anclada en la legalidad y no en la retórica romántica, como garantía real de avance y desarrollo.

Enrique Krauze entabla un diálogo en el que la literatura, la filosofía y la historia se completan con la anécdota y el testimonio personal, para con esa suma dar forma a un libro que llama a recuperar y defender el primer gran valor de la democracia: la palabra expresada en libertad.

La figura del caudillo se sitúa en la historia latinoamericana como una sombra que, de manera intermitente, reaparece cada tanto y toma la forma de cacique, guerrillero, sacerdote, líder sindical, militar o político: una presencia que desde la verticalidad del poder pretender encarnar la voluntad de sus gobernados y asumirse él solo su representante único e infalible.

Esta pretensión, que combina autoritarismo y mesianismo, no reconoce límites geográficos y hunde sus raíces en la tradición prehispánica, que se actualiza cada tanto con un nuevo nombre en la ya larga lista de dictadores presentes a lo largo y ancho del continente. Y es ese modo de entender y ejercer el poder al que el historiador mexicano Enrique Krauze dedica el libro El pueblo soy yo (Debate, 2018), un recorrido a través de lo que, si bien podría ser parte de una tradición, es ante todo uno de los mayores lastres que han enfrentado y padecen las democracias de la región.

Para hallar los orígenes del caudillo en la historia, el autor retoma al académico estadounidense Richard M. Morse y su obra El espejo de Próspero, de la que destaca el modo en que el tomismo, a través de la escuela de Salamanca —con los teólogos Francisco de Vitoria y Francisco Suárez a la cabeza— intenta dar forma a un Estado bajo los valores del humanismo y que se encuentra en tensión constante con aquellos que encarnan Nicolás Maquiavelo y Thomas Hobbes, dos modelos que van dando forma a una cultura política que se desarrolla con altibajos y vaivenes a lo largo de la colonia.

Este primer capítulo, «Anatomía del poder en América Latina», es así el análisis de un legado que avanza hasta el siglo XIX y que va del establecimiento y caída del orden monárquico, con su tendencia a seguir identificando al pueblo con el monarca, bajo una nueva figura —la del caudillo—, pasando por el nacimiento de las nuevas repúblicas y los grandes teóricos y actores políticos de aquellas primeras democracias: Simón Bolívar, Faustino Sarmiento, Benito Juárez, Andrés Bello… Un diálogo que al mismo tiempo recupera otra tradición, la liberal, y la ruta que siguió para echar raíces en la región.

La introducción sirve asimismo para construir el marco teórico del análisis que Krauze desarrolla en el segundo y tercer apartados («Populismo y dictadura», «Fascista americano»), una recopilación de ensayos y artículos publicados con anterioridad en diarios como El País (España), Reforma (México), The New York Times, y las revistas Letras Libres y The New York Review of Books, donde aborda la llegada al gobierno o la labor política de populistas en Venezuela, España, México y Estados Unidos, así como el caso del régimen dictatorial cubano.

Dos conclusiones destacan de esas reflexiones realizadas entre los años 2005 y 2018: en primer lugar, el resquebrajamiento que causan a las instituciones aquellos que se definen encarnación de la voluntad de un pueblo al que asumen como unidad monolítica y cohesionada en torno a su propia persona, así como la tendencia, presente en todos los casos, a contraponer a seguidores y detractores, en un maniqueísmo inconciliable y sin lugar para puntos medios; en segundo lugar, el daño que han proferido al debate público estadounidense, a partir del surgimiento de Donald Trump, las teorías de Samuel Huntington, fuente de argumentos y justificaciones para un discurso que explota la división, la cerrazón y el miedo al otro como recursos de promoción política.

A manera de cierre, El pueblo soy yo voltea hacia la república romana a través de la obra de William Shakespeare Coriolano, en la que encuentra un modelo de líder antipopulista, que elige la virtud cívica ahí donde «abundan quienes ganan los votos […] con engaños, insidia, mentira y manipulación» (p. 255), crítica puntual contra la demagogia que, también en diálogo con la Atenas clásica, es revisada a detalle como causa de la caída de la primera democracia de la historia de la humanidad.

Enrique Krauze entrega así un libro que se sirve de los recursos acumulados tras una vida intelectual dedicada a la defensa de la libertad: la literatura, la historia, la filosofía y la antropología, los viajes y los testimonios, la anécdota y la reflexión profunda, suma de medios encauzados hacia el llamado urgente a proteger, mejorar, corregir y sobre todo defender la democracia de quienes pretenden debilitarla desde el primero de sus cimientos, la palabra que permite el diálogo, el diálogo que es la posibilidad abierta de convencer o de rectificar, punto de encuentro para quienes desde distintas ideas pueden construir un espacio de convivencia que permite y potencia la pluralidad.

Ficha técnica

El pueblo soy yo
Enrique Krauze
México: Debate, 2018
ISBN 978-607315396-6

Caracas, la ciudad a la que la crisis económica fue acostumbrando a quedarse sola cada vez más temprano, experimenta en las últimas semanas las consecuencias de la incertidumbre política.

Las rejas de los negocios comienzan a cerrarse a las 4.00 pm. Nadie lo ha ordenado, no existen eventos de orden público que ameriten esta acción. Es simple precaución.

La mayoría de los trabajadores deben regresar a sus hogares en zonas populares de la ciudad y la caída de la noche es sinónimo de enfrentamientos y represión.

Según el último balance de las organizaciones no gubernamentales que hacen seguimientos al respeto a los derechos humanos, entre el 21 y el 28 de enero se han contabilizado 40 asesinatos y 976 detenciones en todo el país. Entre los detenidos, se encuentran al menos 80 niños y adolescentes. Todos con medidas privativas de libertad.

No se sabe si las detenciones son consecuencia de las últimas protestas contra Maduro o constituyen ajustes de cuentas por los eventos de 2017. Lo que si queda claro es el patrón de las detenciones a menores de edad. En su mayoría pertenecen a familias que participan activamente en la política.

«¿Quién es Juan Guaidó?». La pregunta se repite constantemente esta semana. La respuesta es complicada de difundir. La mayoría de los espacios radiales del país que aún son críticos a Nicolás Maduro no se han logrado escuchar en los últimos días. La orden (no escrita) de la autoridad de telecomunicaciones del gobierno de Maduro sugiere y exhorta a no analizar los eventos de la actual coyuntura política. También se exige no mencionar los argumentos que llevaron a Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, a juramentarse como presidente encargado de la República. Quien difunda la información se expone a provocar el cierre del circuito radial en donde trabaja.

Entonces son escasos los espacios en donde se menciona que el presidente de la Asamblea Nacional se juramentó como presidente encargado de la República.

Una postura similar mantienen los únicos dos periódicos nacionales que aún circulan y las tres televisoras de señal abierta del país. Entender el día a día para los ciudadanos es cada vez más complicado.

Cadenas de audio en WhatsApp, reportes informativos en las esquinas, intentos de replicar un noticiero de televisión en el transporte público, boca a boca y redes sociales son los mecanismos para que la gente trate de entender lo que ocurre.

El último video viral es el de la jueza Ediluh Guedez, con el cargo de juez primero de control del estado Yaracuy, en el que reconoce haber dictado privativa de libertad a 11 adolescentes coaccionada por las amenazas de muerte que recibió de los militares venezolanos.

Sin embargo, el video se acumula entre los muchos que circulan sobre torturas y actuaciones extrajudiciales. Para el ciudadano es imposible consumir y digerir tanta información, que se confunde en la mayoría de los casos con datos falsos, exagerados o simplemente rumores.

«Esto es un golpe de Estado. Guaidó se autojuramentó». La hegemonía comunicacional del gobierno de Maduro avanza cada día. Ningún canal de televisión en señal abierta transmitió el cabildo abierto en donde Guaidó se juramentó como presidente. La tesis del golpe de Estado se repite constantemente en los medios oficiales y privados. Una argumentación diferente está limitada cada día a menos espacios.

Pero los ciudadanos deben lidiar con otros problemas. La inflación diaria alcanza al 5% y cada vez es más evidente la diferencia social entre quienes tienen acceso a divisas y aquellos que para sobrevivir dependen de los bolívares que ganan y de los alimentos subsidiados por el gobierno de Maduro.

Si se quiere decir que en Venezuela está en normalidad, la ciudad aún ofrece espacios para sustentar esa tesis. Restaurantes y lugares de vida nocturna que subsisten para la clase social que tiene acceso a divisas son el mejor ejemplo para demostrar que nada ocurre en el país. Bodegones con productos importados en donde la moneda de uso común es el dólar describen un país en donde todo funciona.

La «normalidad» incluso es impuesta, so pena de cárcel. Antes de la final de beisbol profesional entre los equipos Leones del Caracas y Cardenales de Lara, los jugadores de los Leones decidieron no salir al campo en protesta por los fallecimientos y detenciones en las actividades conmemorativas del 23 de enero. Pero luego de tres horas, el encuentro finalmente se jugó: si los jugadores no salían al terreno de juego, serían encarcelados. Nunca se precisó el delito que se les imputaría, pero la amenaza fue suficientemente creíble para los peloteros.

Este hecho refleja muy bien lo que ocurre en Venezuela. No se trató de un rumor, ni de informaciones interesadas. El propio Maduro reconoció en una alocución el lunes 28 de enero que su Gobierno tuvo que intervenir para evitar que se boicoteara el beisbol profesional.

¿A cuanto está el dólar en el mercado negro? Es la pregunta que domina las conversaciones. Incluso, es más importante que el debate jurídico y constitucional sobre las acciones de Guaidó. ¿Se juramentó o se autoproclamó presidente? El debate en medios internacionales y entre abogados constitucionalistas pasa desapercibido en esta coyuntura, o queda reducido a los ciudadanos que consumen información a través de Twitter, Facebook o Instagram.

Si el bloqueo a los canales digitales lo permite, los ciudadanos podrán escuchar al constitucionalista José Ignacio Hernández explicar que «de acuerdo a la Constitución, no es posible hablar de autoproclamación en este caso». Según Hernández, autoproclamación sería «cuando una persona asume el ejercicio de determinado cargo por su propia voluntad, sin contar con la autoridad legal para actuar de esa manera. En otras palabras: cuando toma el poder por sus propias manos y no en virtud de un título jurídico legítimo». Según Hernández, la juramentación de Guaidó está fundamentada en el texto constitucional, especialmente en el artículo 233 de la Carta Magna de 1999: «El presidente encargado lo dijo así textualmente: juro para formalmente asumir las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela para lograr el cese de la usurpación, un gobierno de transición y tener elecciones libres». Sin embargo, es difícil que la opinión de Hernández pueda sea leída, escuchada o vista por la mayoría de los ciudadanos.

La vida de los venezolanos sigue a pesar de la represión y la incertidumbre. La programación en los medios oficiales demuestra que nada es diferente a los últimos cuatro años, aunque la realidad comienza a alcanzarlos.

A través de los canales digitales Asdrúbal Oliveros, director de la firma Ecoanalítica, advierte: «Me preocupa que una parte importante de la población no entienda lo que está por venir si este conflicto político no se resuelve rápido y las implicaciones que tiene que, por ejemplo, prácticamente el régimen de Maduro está bloqueado en Estados Unidos».

Pocos ciudadanos entienden la gravedad de lo que ocurre. Sobrevivir en un país con limitaciones importantes de alimentos y medicina es la prioridad para la mayoría.

Abundan teorías de lo que podrá suceder en los próximos días. La mayoría son impulsadas por el desconocimiento. Sin embargo, al día de hoy está claro que Maduro desea negociar concesiones políticas y económicas, pero no su permanencia en el poder. Esa es su respuesta a la actual coyuntura. La única certeza que tienen los venezolanos es que es importante llegar a sus hogares temprano porque esta noche habrá más represión y mañana será otro día para lidiar con la hiperinflación.

La democracia y el reconocimiento de los Estados como asunto regional en América Latina.

El pasado 10 de enero Nicolás Maduro asumió por segunda vez como presidente de Venezuela. El acto estuvo acompañado de una vívida discusión entre países de la región y, más allá de esta, sobre la procedencia o no de reconocer su mandato, surgido de unas elecciones en mayo de 2018 que según los oponentes del jefe de Estado venezolano carecían de los estándares mínimos de un comicio democrático. Estados Unidos y la Unión Europea negaron su reconocimiento a esta nueva presidencia de Maduro, igual que la Organización de los Estados Americanos (OEA) y el Grupo de Lima, que comprende 14 Estados de la región. Estos, en una declaración aprobada unos días antes por todos sus integrantes con la excepción de México, «instan a Nicolás Maduro a no asumir la presidencia» y piden que «respete las atribuciones de la Asamblea Nacional y le transfiera, en forma provisional, el poder ejecutivo hasta que se realicen nuevas elecciones presidenciales democráticas».

Esta posición contrasta con la de otros países como Uruguay, cuyo ministro de Relaciones Exteriores afirma que su país «no reconoce gobiernos, sino que reconoce Estados» y que «no se puede tipificar un gobierno» de legítimo o ilegítimo. El mismo gobierno venezolano expuso «su mayor perplejidad ante la extravagante declaración» del Grupo de Lima, calificándola de «hecho sin parangón en la historia de la región».

El objetivo de las líneas que siguen no será juzgar la naturaleza del actual gobierno venezolano ni la pertinencia o no de reconocerlo. Se tratará de esclarecer si la actual controversia es realmente algo insólito en la historia de la región, o si, por el contrario, la tensión entre el principio de no intervención por un lado y el apoyo regional a la democracia por el otro, son rasgos permanentes de la política exterior en este subcontinente.

Las declaraciones del ministro uruguayo aluden a una concepción tradicional y rígida del principio de no intervención, ligado a la idea de la soberanía de los Estados, que se estableció como un pilar del sistema internacional después de la Paz de Westfalia en el siglo XVII: los Estados reconocen y respetan mutuamente su existencia y se abstienen de interferir en los asuntos internos de los demás. Prestándose este concepto como escudo de los Estados menos poderosos contra los más potentes, no es de extrañar que haya jugado un papel importante en América Latina, región de países afectados, prácticamente desde su independencia, por intentos no siempre pacíficos de las potencias europeas y de los Estados Unidos de hacer valer sus intereses políticos y económicos en esta parte del Nuevo Mundo. Desde mediados del siglo XIX intelectuales y políticos latinoamericanos desarrollaron el principio de no intervención e intentaron anclarlo en declaraciones y acuerdos internacionales e interamericanos, acumulando muchos fracasos y algunos éxitos, como el Tratado de Montevideo de 1933 y su Protocolo de Buenos Aires de 1936, en el que Estados Unidos accedió a reconocer explícitamente este precepto. Este también figura en la Carta de la OEA, fundada en 1948, y guió notoriamente la política exterior de algunos países de la región, como la de México a partir de 1930, bajo el nombre doctrina Estrada.

Sin embargo, también la idea de la democracia y su defensa a nivel regional es un motivo que se puede rastrear hasta el siglo XIX en América Latina. Ejemplos tempranos de ello son el chileno Pedro Félix Vicuña y el argentino Juan Bautista Alberdi. A principios del siglo XX, el político ecuatoriano Carlos R. Tovar, en clara contradicción con lo que después se llamaría doctrina Estrada, había hecho un llamamiento a no reconocer los gobiernos de facto, surgidos de actos de fuerza contra el poder constitucionalmente establecido, para así defender la legitimidad democrática. Unas décadas después, terminando la Segunda Guerra Mundial y sentándose las bases de lo que hoy es la OEA, fueron representantes de Guatemala y —precisamente— de Uruguay y Venezuela quienes abogaron por una política de no reconocimiento de los gobiernos no democráticos e incluso por interpretar la ruptura del orden democrático en un país de la región como amenaza regional. En Venezuela, esta posición iba asociada con el nombre de su entonces presidente Rómulo Betancourt, quien volvería a este cargo, con el mismo concepto, en 1959.

Durante el apogeo de las dictaduras militares, esta política perdió fuerza, pero solo para resurgir a partir de los años ochenta y, todavía más, desde los noventa. En 1991, la Asamblea General de la OEA creó en Santiago de Chile un mecanismo regional de reacción ante una ruptura del orden constitucional democrático en un país miembro, afirmando que «la democracia representativa es la forma de gobierno de la región». Un año después, con el Protocolo de Washington, los integrantes de la OEA (con excepción de México) establecieron que tal ruptura podía llevar incluso a la suspensión de un país de la organización. En 2001, se aprobó la Carta Democrática Interamericana. Su primer artículo reza: «Los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus gobiernos la obligación de promoverla y defenderla». El documento va más allá de los de la década anterior y habilita la acción regional no solamente para casos de ruptura repentina del orden democrático, sino también para situaciones de socavamiento paulatino de este desde el propio gobierno. Constatado tal escenario y frustradas las gestiones diplomáticas, la organización no solo puede tomar, sino que «tomará la decisión de suspender» al Estado afectado de sus derechos de participación.

En los últimos tres decenios hubo múltiples casos en los que se discutió aplicar todas estas nuevas herramientas. Por ejemplo, la OEA actuó con relativa unanimidad al suspender a Honduras luego del derrocamiento del presidente Zelaya en 2009 y al declarar que no se reconocería ningún gobierno surgido de ese acontecimiento, con Venezuela al frente de los que demandaban decisiones contundentes y también con Uruguay, en ese momento, con más ánimos de tipificar gobiernos. En muchas otras instancias, las posturas fueron más divergentes, dificultando la actuación regional, sobre todo en aquellos casos en que la presunta amenaza contra el orden democrático provenía del propio gobierno. Sirva como ejemplo la reacción —o falta de ella— ante diferentes pasos emprendidos por el entonces presidente peruano Alberto Fujimori.

La reciente discusión en torno al acto de asunción en Caracas tiene de todo, menos de novedoso. Es, eso sí, un ejemplo de libro de un tema que ha ocupado la diplomacia de la región muchas veces antes, con sus diferentes posiciones de principio y todo un abanico de intereses políticos y económicos —a veces explícitos, a veces más opacos— que moldean la postura de cada gobierno.

El 13 de octubre 2016, cuando la Asamblea Nacional mediante acuerdo decidió desconocer, de conformidad con los artículos 7 y 333 de la Constitución, la autoridad y vigencia de los actos del Poder Ejecutivo y de las sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que fueran contrarias a los valores, principios y garantías democráticas y lesionaren los derechos fundamentales, expresamente delegó en la junta directiva del Parlamento la responsabilidad de liderar un proceso de consulta y organización de la sociedad venezolana, a los fines de procurar un gran movimiento cívico nacional en defensa de la Constitución, la democracia y el voto.

Ese mismo año, pero un 23 de octubre, a través del Acuerdo para la restitución del orden constitucional de Venezuela, la Asamblea Nacional reiteró su compromiso de convocar al pueblo de Venezuela, «en virtud de los preceptos constitucionales, en especial el artículo 333 de la Constitución, a la defensa activa, constante y valiente de la Constitución, de la democracia y el estado de derecho, hasta lograr la restitución del Orden Constitucional».

Es oportuno destacar que fue en ese acuerdo del 23 de octubre 2016, cuando la Asamblea Nacional declaró formalmente la «ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de estado continuado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y del Pueblo de Venezuela».

Nuevamente, el 2 de mayo de 2017, la Asamblea Nacional reiteró el llamado a los venezolanos para asumir el artículo 333 de la Constitución, como mecanismo de defensa del orden constitucional, a través de un acuerdo mediante el cual rechazó la convocatoria a la asamblea constituyente.

Y, luego, el 22 de mayo del 2018, la Asamblea Nacional, en el acuerdo mediante el cual desconoce las elecciones del 20 de mayo de 2018, nuevamente hizo un llamado «a todos los actores políticos, funcionarios públicos, y representantes de la sociedad civil para unir esfuerzos a los fines de diseñar una estrategia unitaria para promover un cambio político en Venezuela, orientado al restablecimiento efectivo del Estado de Derecho y de la democracia constitucional, tal y como lo ordena el artículo 333 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela».

Es evidente que desde el 2016, la Asamblea Nacional ha sido coherente y sistemática en recordar y convocar a los venezolanos de todos los sectores a participar activamente en el proceso de cambio político que el país reclama. Además, en cada oportunidad que ha tenido, los acuerdos de la Asamblea Nacional han destacado al 333 como el fundamento constitucional en el cual debemos inspirarnos para interpretar el papel que tenemos como sociedad civil en la restauración del orden constitucional y democrático.

Es oportuno destacar que en el 2017, la coordinación de la consulta popular del 16 de julio y la conformación del Frente para la Defensa de la Constitución y la Democracia en ocasión a la convocatoria de la fraudulenta constituyente, representan dos hechos políticos en los que se concretó a nivel nacional la alianza coyuntural de la Asamblea Nacional y la sociedad civil en general, sin lograr que esos esfuerzos fueran sostenibles en el tiempo a los fines de materializar el 333 de la Constitución.

En esas experiencias del 2017 hay aprendizajes que hoy deben ser asumidos como lecciones aprendidas, que podrían ser útiles para estos momentos cuando la Asamblea Nacional encabeza un liderazgo muy importante en la crisis venezolana.

Cuánta falta hicieron en 2016, 2017 y 2018 los cabildos abiertos que hoy se están convocando, a los fines de procurar un proceso de pedagogía política y social, a través de la divulgación oportuna y el debate político de los acuerdos más emblemáticos que dictó la Asamblea Nacional. Tal vez, ese ejercicio hubiera podido mantener niveles básicos de cohesión en la sociedad democrática venezolana.

El diputado Juan Guaidó, en sus palabras como presidente de la Asamblea Nacional, el 5 de enero 2019, nuevamente recordó el papel de la sociedad civil en este proceso de cambio, al afirmar que el mismo no debe ser una concesión, sino que, por el contrario, debe ser el resultado de la exigencia del pueblo, de la comunidad internacional, del apoyo político y de la Fuerza Armada Nacional.

La comunidad internacional ha respondido, es el momento del apoyo político y de buscar el apoyo de la Fuerza Armada Nacional.
En el caso del pueblo, es oportuno recordar que cada vez que éste ha sido llamado, ha respondido y con muchas esperanzas. Aguarda en esta oportunidad por una dirigencia capaz de ofrecer una hoja de ruta viable para el cambio político, en la cual la sociedad civil sea parte activa de ese proceso de cambio.

Luego de la juramentación fraudulenta de Nicolás Maduro como presidente de Venezuela, el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, fue contundente al afirmar que el papel constitucional que le corresponde asumir no puede ser efectivo con el solo hecho de apegarnos a las normas constitucionales. Por el contrario, advirtió que se necesita el respaldo efectivo de la sociedad civil organizada, de la Fuerza Armada y de la comunidad internacional para lograr la conformación de un gobierno de transición, fundamentado en los artículos 233, 333 y 350 de la Constitución.

La única Asamblea Nacional que desde 1999 se ha puesto al servicio de la democracia y de los ciudadanos hoy tiene el enorme desafío de concretar esa labor para lograr el reencuentro con la democracia. Ya no hay tiempo para más convocatorias formales al pueblo soberano, es el momento de escribir en páginas blancas la interpretación práctica del 333 con el acompañamiento del pueblo soberano a que hace mención el artículo 5 de la Constitución y, principalmente, para exigir a la Fuerza Armada Nacional una respuesta responsable apegada a la Constitución Nacional de 1999.

La propuesta de Ley Marco de Estatuto para la Transición Política y Restitución de la Constitución, el Plan País y las iniciativas de los cabildos abiertos, son instrumentos que hoy están al servicio de los venezolanos para construir la ruta hacia el cambio político. En consecuencia, el desafío inmediato es cómo hacer uso de esos instrumentos para lograr restaurar la confianza suficiente para asumir con espíritu unitario una hoja de ruta hacia el cambio político.

La capacidad de nuestra dirigencia política –precisamente de dirigir este proceso político con responsabilidad y visión de futuro, con un espíritu de unidad superior– será, sin lugar a dudas, decisivo.

Pero, para ser exitosos, tenemos la tarea de defender, sin vacilar, a la Asamblea Nacional como único bastión de la democracia y de nuestra historia republicana. Es el momento de ser facilitadores de un proceso de encuentro con los diputados, de concretar cada cabildo abierto en compromisos concretos con una hoja de ruta descentralizada y efectiva, que permita a cada uno, desde nuestros espacios habituales, ser promotores del restablecimiento del orden constitucional y democrático en Venezuela.

Nota publicada en Polítika UCAB, revista del Centro de Estudios Políticos y de Gobierno (CEGYP), de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB), Caracas

La guerrilla del ELN ejecuta el acto terrorista reciente más importante en Colombia.

Y sí: el ELN hizo trizas las posibilidades de un acuerdo de paz. Al menos, por ahora, la puerta está cerrada. Una detonación de 80 kilos de pentolita a bordo de una camioneta, conducida por un kamikaze miembro de la guerrilla más antigua de Colombia en actividad, sembró de terror la Escuela General Santander y sus alrededores en Bogotá, donde se forman jóvenes cadetes de policía y desarrollan actividades académicas y deportivas.

El atentado perpetrado en la mañana del 17 de enero dejó 21 fallecidos (aunque el causante de la tragedia esté incluido) y cerca de 70 heridos. Y más allá del dolor causado a las víctimas directas y familiares, provocó una respuesta masiva de repudio y solidaridad en la ciudadanía. Las marchas, demostraciones y cubrimientos de los últimos días, liderados por el presidente Iván Duque, muestran a un país cansado de la violencia pero que, a pesar de haber logrado el acuerdo de paz con las FARC en el gobierno previo de Juan Manuel Santos, aún se resiste a ser pacificado por completo.

Y es aquí donde surge la pregunta central: ¿Colombia debe volver a la guerra frontal contra la amenaza guerrillera o, por el contrario, debe seguir intentando consolidar un proceso de negociación de paz estable y definitivo?

Por el momento la respuesta es la polarización y endurecimiento hacia el mal llamado Ejército de Liberación Nacional y su devenir violento, que está marcado no solo por medio siglo de desprecio a los derechos humanos (con cinismo ya reivindicaron la autoría del atentado y su ignorancia sobre el derecho internacional humanitario y los protocolos adicionales de Ginebra), sino por el desgaste de su discurso político desde hace décadas, su proximidad a la Venezuela chavista, sus vínculos con el narcotráfico, el secuestro y la afectación al medioambiente.

Pero esto no basta, porque los conflictos se suelen terminar por derrota o negociación, y Colombia ha demostrado —como sucedió en Vietnam y en tantos ejemplos— que la guerra irregular tiene la capacidad de extender su crueldad en el tiempo. Por eso, ante los fallidos intentos de negociación y la dificultad de encontrar un interlocutor, este siniestro evento se enmarca en la lógica de una guerrilla desesperada por llamar la atención. Y lo logró.

Ahora que Colombia ha procedido a reclamar a Cuba la entrega de los representantes del ELN que están en la isla como delegados en las exploraciones de paz, parece que prima más la molestia que la razón cuando se obvia un protocolo de salida para estos casos. Y lo es en el sentido que debe concentrarse en el legítimo llamado de Duque a la unidad, pero decidiendo de una vez por todas si es por la guerra total o la paz. Y, cualquiera que sea el caso, la lógica indica que lo único que queda por hacer es avanzar en un nuevo ciclo de enfrentamiento que eventualmente obligue a la guerrilla a sentarse al diálogo.

Ruanda está a la cabeza y Papua Nueva Guinea al final del listado. Estos son los países con mayor y menor participación femenina en sus parlamentos.

El mundo habla hoy de alcanzar gobiernos paritarios, donde el hombre y la mujer tengan igual impacto en las altas decisiones del ejecutivo; pero ¿qué pasa en el poder legislativo? ¿Existen escaños femeninos suficientes en el mundo?

Lo cierto es que, según las cifras del Banco Mundial, solo existen dos países en el mundo con mayor porcentaje de mujeres que hombres en sus congresos, y dos más que están en el punto medio, con porcentajes casi iguales.

Además, se encuentra que, según estos datos, de entre los 25 países con mayor porcentaje de mujeres congresistas, nueve son en África, seis en Latinoamérica y ocho en la Europa de la zona Euro. En este tema el liderazgo numérico lo tienen Ruanda (63%), Bolivia (53%) y Cuba (49%).

Los 25 países con mayor participación femenina en su poder legislativo, en porcentajes

La evolución en el tiempo

Esos datos del Banco Mundial también realizan un comparativo con la situación de la mujer en los congresos en el año 1990, lo que permite identificar la evolución de cada democracia en este aspecto.

Y al comparar las cifras actuales de los tres países con mayor participación de mujeres en los congresos con las de hace tres décadas, se observa que de estos tres, es Cuba el país que ha tenido una evolución más pareja, pasando de 34% en 1990 a 49% en 2017; mientras Ruanda tenía solo 17% y Bolivia 9%, lo que expresa que en estas naciones han planteado políticas públicas para fomentar la participación femenina en el legislativo.

Colombia pasó de tener 9% de participación femenina en 1990 a 19% en 2017. En el congreso de 2018 se avanzó, y la cifra actual es de 21,5% de mujeres congresistas (el aplicativo del Banco Mundial no ha actualizado aún a 2018).

Los países con menor porcentaje femenino

Así mismo, se indica que en la actualidad los países donde la mujer tiene desventaja en la participación política pertenecen, en su mayoría, al mundo árabe. En este listado también aparecen un país americano (Haití) y dos africanos.

Los 25 países con menor participación femenina en su poder legislativo, en porcentajes

Nota publicada originalmente en la página web de la revista Estado.

Desde la llegada al poder de Donald Trump, un modelo de política exterior de orientación antiglobalista expresa una nueva visión del escenario internacional. ¿Caso aislado o tendencia global?

A continuación, algunas claves para entender el giro de Estados Unidos.

Dentro de las distintas tradiciones de la política exterior norteamericana retratadas por Walter Russel Mead, la de Donald Trump podría ser calificada como jacksoniana. Andrew Jackson ha sido considerado como el primer presidente populista de Estados Unidos (1829-1837), con un discurso cargado de retórica nacionalista que podría compararse con el America First de Donald Trump. Los jacksonianos creen que la política exterior debe subyugarse a la política interna y no buscar deliberadamente la hegemonía en el escenario internacional, sino más bien concentrarse en el bienestar económico de sus ciudadanos.

En esta misma línea, Trump se declara además en contra de la ideología globalista que estuvo presente en el escenario internacional desde la caída del muro de Berlín, y se posiciona como un defensor acérrimo de la tradición y la cultura de cada país. En uno de sus discursos ante la Asamblea General de Naciones Unidas, el presidente norteamericano criticó fuertemente a instituciones internacionales como la Corte Penal Internacional, e incluso cuestionó implícitamente a la ONU.

Sin embargo, esta tendencia antiglobalista o iliberal no es un fenómeno únicamente estadounidense, sino que también ha cobrado gran fuerza en algunos países europeos como Polonia, Italia, Hungría o Eslovenia, llegando incluso a alcanzar el poder. Asimismo, estos planteamientos han inspirado ideológicamente al brexit y se han convertido en la tendencia dominante en los partidos de extrema derecha que preocupan, entre otros, a Francia, Austria, Suecia y Alemania.

Todo líder internacional posee una determinada visión de cómo debería ser el mundo. El orden internacional al que aspira Trump podría definirse como iliberal y antiglobalista, algo que resulta una reacción ante los avances de la globalización y el liberalismo económico de los últimos 25 años.

La estrategia liberal, planteada por Estados Unidos desde 1945, pretendía lograr un orden internacional basado en reglas y administrado por una serie de instituciones multilaterales encargadas de garantizar el libre comercio y la movilidad de bienes, servicios y personas. Así, los Estados nacionales de los años 1940 se transformaron progresivamente en democracias multiculturales que irían cediendo su soberanía en algunos aspectos a las instituciones internacionales.

No obstante, el mundo trumpiano es muy distinto a este. No hay un verdadero interés por exportar la democracia y mucho menos los valores liberales. Se puede identificar una defensa irrestricta de la soberanía nacional por encima de las instituciones internacionales y una reivindicación de las identidades, el patriotismo y los valores locales en contraposición al multiculturalismo. En términos económicos, un mundo mucho más proteccionista, que restringe el comercio internacional y busca impulsar la producción local.

Pero esta tendencia no constituye solo una visión aislada de un líder político muy particular como lo es Donald Trump, sino que conforma una nueva forma de entender el mundo, hija de la crisis financiera de 2008 y cada vez más extendida en Europa. ¿Cuál será su alcance real? Por lo pronto, ya está haciendo tambalear las bases mismas de la Unión Europea y del orden internacional tal y como lo conocemos.

La negativa del gobierno mexicano a suscribir la condena del Grupo de Lima a Nicolás Maduro, la incapacidad de garantizar el abasto de combustibles y un centralismo que atenta contra los contrapesos democráticos marcan giros radicales en la política mexicana.

La presidencia de Andrés Manuel López Obrador, en apenas unas cuantas semanas y desde su toma de protesta como titular del Ejecutivo, ha implementado un viraje radical en el desempeño de la administración pública mexicana.

Destaca en ese sentido la falta de planeación para implementar cambios y reformas comprometidos durante la campaña, atractivos en el discurso y sin duda necesarios —sobre todo en lo referente a la corrupción y a la austeridad del gobierno—, pero que al momento de llevarse a la práctica han resultado incompletos, opacos en cuanto a la rendición de cuentas y en ocasiones con consecuencias graves para la sociedad.

El actual desabasto de gasolina en la región centro del país, fruto del intento de combate al robo de combustible de los ductos, es un ejemplo claro de esa incapacidad que demuestra, además, una tendencia a la improvisación, que intenta suplir la generación de resultados con una retórica que no logra salir de la narrativa de la campaña presidencial; así, una idea valiosa pero sin estrategia ni técnica para llevarse a la práctica ha terminado por generar un problema mayor, sin miras a solucionarse en lo inmediato y que ya cobró la vida de más de 70 personas que perecieron a causa de la explosión de un ducto abierto, del que extraían combustible de manera ilegal.

La política exterior es asimismo otro de los flancos donde la presidencia de López Obrador ha dejado ver cambios profundos, que generan más dudas que certezas respecto al rol del Gobierno y su capacidad de asumirse como un actor internacional a favor de los derechos humanos, las libertades y el fortalecimiento de la influencia de México en la región.

Si bien durante la administración anterior la postura del país respecto de la dictadura en Venezuela fue enfática al condenar y señalar los abusos, arbitrariedades y actos de represión encabezados por Nicolás Maduro, López Obrador ha tomado una ruta opuesta que, aduciendo el principio de no intervención, se negó a suscribir el documento del Grupo de Lima que desconoce el nuevo e ilegal mandato de un gobierno cada vez más aislado, que ha sumido a su pueblo en la carestía, la violencia, la hiperinflación y el desabasto de medicinas y alimentos.

A la ambigüedad del argumento, que se escuda en razones más cercanas a la complicidad y a la negativa de asumir un papel preponderante en Latinoamérica, hay que añadir la cercanía de una fracción importante de Morena, el partido del presidente de México, y algunos de sus aliados, a espacios como el Foro de San Pablo, del que son asiduos participantes, así como al régimen castrista de La Habana, señalados no pocas ocasiones como ejemplares y modelos a seguir.

Resulta pues preocupante este cambio en el modo en que México y su gobierno conducen la política exterior, no solo por ambas situaciones sino además por la decisión del propio López Obrador de no participar en la edición 2019 del Foro de Davos, lo que refuerza una tendencia a restar protagonismo internacional a su gobierno, a volver a una visión nacionalista y cerrada de las relaciones con otras naciones, y a aislarse en su compromiso solidario con otros pueblos, como el venezolano, el nicaragüense o el cubano, que hoy son respaldados por una parte importante de la comunidad internacional frente a autoridades tiránicas y asesinas.

Destaca, además, otro giro clave del régimen lopezobradorista: un centralismo que busca reforzar la figura presidencial, y que se ha manifestado también en importantes reducciones presupuestales a organismos autónomos y otros contrapesos como la propia Cámara de Diputados, la autoridad electoral, las comisiones encargadas de conducir y evaluar la política energética o la política educativa, entre otros.

A ello se suma la reciente creación de la Guardia Nacional, un nuevo cuerpo de seguridad que formaliza la militarización de las labores policiales a nivel nacional, atenta contra el federalismo y, a través de cambios constitucionales aprobados por Morena y el PRI en la Cámara de Diputados, contradice la promesa de sacar el ejército de las calles, uno de los principales ejes de la campaña del actual titular del Ejecutivo.

Esta tendencia a socavar contrapesos incluye asimismo la descalificación que hace el presidente de México de aquella prensa crítica con su gobierno, a la que en su cotidiana rueda de prensa matutina ha reprobado con motes que ridiculizan su labor, que cuestionan la veracidad de sus investigaciones y que denuestan el trabajo de reporteros y periodistas, fortaleciendo así una narrativa que polariza y se sirve de la búsqueda de enemigos para construir una retórica que contribuye a una muy populista tendencia a dividir la realidad entre buenos y malos.

A casi dos meses de que López Obrador asumió la presidencia de México, estos tres giros radicales en la política son una muestra de que la estrategia del nuevo gobierno está anclada en el centralismo, la cerrazón y el ataque a los contrapesos de la democracia: un camino que exige, ante todo, una alianza, una agenda y una organización que permita a la oposición frenar y revertir decisiones riesgosas.

Los castristas insisten en que Cuba antes de la llegada de Fidel era un infierno y que la revolución representó el pasaje al paraíso. Los hechos sin embargo contradicen la propaganda del régimen. Para 1958, Cuba seguía siendo considerada por las mediciones internacionales como el país más desarrollado de América Latina junto con Argentina y Uruguay. La dictadura de Batista era lamentable, pero suponer que toda la historia de Cuba se redujo a los seis años de este señor, es un error o un acto de mala fe.

Hace sesenta años, el dictador Fulgencio Batista anunciaba en la fiesta de gala celebrada en su palacio que dejaba el poder. Para entonces el desprestigio de la dictadura era absoluto. Las clases medias, el movimiento obrero organizado, profesionales, estudiantes e intelectuales lo repudiaban sin vacilaciones. La corrupción del sistema era escandalosa, pero reducir la historia de Cuba a la corrupción o al exclusivo régimen de Batista es un error premeditado por la propaganda castrista. Batista después de todo era un dictador con seis años en el poder, una bagatela a los sesenta años que cumplió el castrismo. Con Batista había prostitución, y ausencia de libertades. Con los Castro la prostitución y las persecuciones se multiplicaron geométricamente.

Sesenta años después, los castristas insisten en que Cuba antes de la llegada de Fidel era un infierno y que la revolución representó el pasaje al paraíso. No hace mucho tiempo un amigo simpatizante del castrismo admitía algunas críticas, pero observaba que Cuba, gracias a la revolución, ya no era Haití o Santo Domingo. Le señalé que Cuba nunca en la vida había sido Haití o Santo Domingo y que, si alguna comparación había que hacer, ésta debería hacerse con países como Costa Rica o Puerto Rico, comparación que dejaría a la actual Cuba muy mal parada.

Presentar a Cuba como un infierno y titularse su salvador fue una de las grandes maniobras publicitarias del castrismo. Los hechos sin embargo contradicen la propaganda del régimen. Para 1958, Cuba seguía siendo considerada por las mediciones internacionales como el país más desarrollado de América Latina junto con Argentina y Uruguay. Por supuesto que había pobreza, explotación y una formidable corrupción política, pero esos datos no pueden excluir el hecho cierto de que los niveles de alfabetización eran altos, como lo probaban la existencia de treinta y cuatro mil escuelas públicas y alrededor de mil escuelas privadas, en una de las cuales estudió el propio Fidel Castro.

La dictadura de Batista era lamentable, pero suponer que toda la historia de Cuba se redujo a los seis años de este señor es un error o un acto de mala fe. Las cifras disponibles no mienten: para esos años había un auto por cada cuarenta personas, un teléfono cada treinta y ocho habitantes y un aparato de televisión cada veinticinco personas. Cuba estaba considerada como el primer consumidor de energía eléctrica de América Latina. Su estructura social era también llamativa, como lo probaba la existencia de una aguerrida y amplia clase media integrada por profesionales, empresarios, empleados públicos e intelectuales que representaban un treinta y tres por ciento de la población. Ninguna de estas cifras pueden ser exhibidas por Haití, Paraguay o Santo Domingo.

Es que la constitución de Cuba como nación y la organización de su Estado fue un proceso histórico mucho más rico que el que sugiere la mirada interesada y manipuladora del castrismo. Ya para fines del siglo XIX —por ejemplo— el país tenía niveles de alfabetización más altos que España. La tacita de plata del Caribe había crecido y se había desarrollado como colonia española a niveles muy superiores que los de sus países vecinos. El devenir histórico fue más complejo, como resultado de la independencia de España y también de la independencia de los Estados Unidos, una independencia condicionada institucionalmente por la famosa enmienda del senador Orville Platt derogada en 1934, que le otorgaba a Estados Unidos roles de tutoría que muchos cubanos aceptaron de buen grado y no pocos yanquis dijeron que era innecesaria.

En Cuba, la mujer empezó a votar casi veinte años antes que en la Argentina; el ferrocarril circuló por su territorio antes que en España; fue el primer país en América Latina en disponer de una línea telefónica propia. Para mediados de los años veinte contaba con una universidad autónoma y prestigiada por la presencia de docentes de alto nivel e intelectuales que se destacaban por su militancia social. El régimen de Batista, por ejemplo, era detestable, pero al momento de dejar el poder existían en Cuba cincuenta y ocho diarios y veintiocho canales de televisión.

Solo en un país con esos niveles de desarrollo puede explicarse la presencia de intelectuales del nivel de Martí o Mella. Para los años cuarenta, el Teatro Tacón de La Habana era considerado uno de los más calificados del continente. La presencia de un campeón mundial de ajedrez como Capablanca es elocuente, porque Capablanca es el producto de una sociedad que estimulaba y alentaba esas actividades.

Una prueba acerca de las posibilidades de una nación la da el nivel de flujos migratorios. Está claro que nadie va a vivir a un país que no funciona y, por el contrario, multitudes se precipitan a países que ofrecen posibilidades. Pues bien, Cuba, en la primera mitad del siglo veinte, era la nación que más inmigrantes había recibido en el mundo. Al momento del derrocamiento de Batista estaban esperando la visa, por ejemplo, alrededor de doce mil italianos. Pero antes, cientos de miles de españoles cruzaron el océano, entre ellos un señor gallego que se llamaba Ángel, futuro padre de dos caballeritos que se llamarían Raúl y Fidel; Fidel Castro, se entiende.

En la actualidad nadie va a vivir a Cuba. Desde la revolución, los únicos que viajaron a la isla fueron aspirantes a guerrilleros, algún que otro empresario contratado por el régimen y funcionarios diplomáticos. Por el contrario, el país que tenía la mayor tasa de inmigración hoy exhibe el porcentaje de exiliados más alto del mundo. Dos millones de cubanos son un testimonio político, pero además constituyen el testimonio de un fracaso como nación.

«La tragedia de nuestro pueblo ha sido no tener patria. Y la mejor prueba de que no tenemos patria es que miles y miles de hijos de esta tierra se van de Cuba». La opinión no es la de un despreciable gusano de Miami, sino de Fidel Castro; pero claro, de un Fidel Castro que en 1956 se presentaba como demócrata y liberal, prometía la plena vigencia de las garantías constitucionales y aclaraba en todas las entrevistas que él no era ni fascista ni comunista ni peronista. Interesante.

Es verdad que la revolución mejoró los índices de alfabetización y salud. La lógica igualitaria del régimen apuntaba en esa dirección, pero con algunos inconvenientes. Con relación a la educación, la revolución partió de un piso educativo elevado que luego amplió, iniciativa que le permitió, entre otras cosas, divulgar desde la más tierna infancia la obra del régimen y la idolatría a sus titulares. También en Cuba, en las cartillas escolares se enseña la letra F de Fidel, C de Camilo o Ch de Che.

Pero el otro inconveniente estructural que ha tenido la revolución ha sido su incapacidad para financiarse. A los formidables subsidios rusos se les sumaron los desopilantes errores económicos que llevaron, entre otras bondades, a liquidar la propia industria azucarera. Antes de la revolución, la tragedia cubana era el monocultivo. Después de la revolución, el monocultivo concluyó porque lo que vino fue la nada, la nada financiada por los rusos, los venezolanos después, más el sistemático incumplimiento de todas las deudas, tema del que los argentinos algo sabemos, porque también fuimos víctimas del comportamiento moroso de la dictadura.

Aquella revolución iniciada hace sesenta años languidece y en algún punto agoniza. Lo único que ha sobrevivido del régimen es el despotismo. Y su horizonte inmediato es más despotismo porque el régimen es incapaz de trabajar otro tipo de salida. La promesa de una nueva constitución es más un fraude que una promesa. La habilitación de actividades económicas privadas alcanzan a duras penas al alquiler de un cuarto o la habilitación de un comedor a los turistas, iniciativa a la que ahora se sumó la audaz decisión de privatizar la actividad de payasos en los cumpleaños infantiles. Alternativas al estilo Vietnam o China son miradas con escepticismo porque Cuba es hoy el paraíso no de la felicidad o el hombre nuevo, sino del cinismo, desencanto, la corrupción y el sálvese quien pueda.

Nota publicada en analisistatino.com, de CADAL, el 4.1.2019.