Conceptos que antes pensábamos solo nuestros, como populismo o democracias iliberales, son utilizados para describir la situación en muchos países del norte. Frente a estos desafíos, América Latina tiene los propios. En nuestros países ni los mercados, ni las instituciones, ni los sistemas de orden público se caracterizan por la eficiencia y el universalismo.

Hasta hace poco tiempo los problemas de América Latina eran vistos a través de los anteojos de los países desarrollados. Básicamente hacíamos inventarios de nuestras carencias, de lo que tendríamos que avanzar para alcanzar lo que idealizábamos como democracias plenas.

Hoy en día la situación se barajó. Conceptos que antes pensábamos solo nuestros, como populismo o democracias iliberales, son utilizados para describir la situación en muchos países del norte. Ciertamente, la forma en que se presenta tiene características nacionales, pero la crisis actual de la democracia tiene aspectos globales. Me concentraré en algunos aspectos más generales sin poder entrar en las características específicas que asume en nuestra región.

Las democracias hoy enfrentan cinco grandes desafíos y cuatro enigmas, los cuales, si no surgen respuestas creativas, colocarán en riesgo el proyecto democrático.

El primero son las relaciones entre democracia y capitalismo. Sabemos que el capitalismo es el único modo de producción en sociedades modernas donde floreció la democracia. Pero también sabemos que no es una relación automática ni naturalmente armónica. Por el contrario, las expectativas igualitarias de la democracia exigen formas de regulación pública que limiten la desigualdad social y sociedades donde el poder económico extrapola su esfera de actuación puede llevar a plutocracias. Las varias formas de liberalismo social o socialismo liberal, que produjeron ejemplos virtuosos de desarrollo capitalista inclusivo, están en crisis, y el horizonte se muestra nublado.

El segundo es la relación entre democracia y nacionalismo/globalización. El diseño de la democracia fue realizado para Estados nacionales, donde partidos compiten en torno a programas diferentes. El espacio de la acción de los partidos en el campo económico se ha estrechado enormemente. Quedó el campo simbólico, de grupos identitarios en el campo progresista, con un fuerte componente cosmopolita, frente a los cuales hoy se contraponen las identidades nacionales, con coloraciones nacionalistas y a veces religiosas. El resurgimiento del nacionalismo xenófobo coloca en riesgo no solo las instituciones democráticas sino también el papel de las instituciones internacionales. Debemos ser capaces de colocar a la nación nuevamente en el mapa del pensamiento democrático, superando un cosmopolitismo insensible a las realidades nacionales.

El tercer desafío es la relación entre democracia y nuevas tecnologías. Esto incluye desde la colonización de las redes sociales por las fake news, la destrucción del espacio público por una cultura de burbujas, el declive relativo de la prensa colonizada por especialistas de la comunicación que usan sistemas sofisticados de bancos de datos y técnicas psicológicas que alimentan la polarización, con mensajes que demonizan el opositor. Igualmente, y quizás un tema más preocupante aún, el control de corazones, mentes y la organización de la vida social por el uso de instrumentos de inteligencia artificial que permiten la concentración de información sobre la vida de cada individuo, que tienen el potencial de transformar en amantes principiantes las viejas formas de totalitarismo.

El cuarto desafío es el de incluir el valor de la preservación del medioambiente como un componente central del pensamiento y la acción democrática. Esto incluye el pensar tanto los modelos de sociedades nacionales como de instituciones internacionales.

En quinto lugar se encuentra la relación entre democracia y geopolítica. La transferencia del eje de poder mundial a Asia, y particularmente a China, debilita el impacto y la capacidad de diseminación del modelo democrático. La democracia no se expande por automatismo, ella depende de que sea promovida por países con capacidad para hacerlo.

Frente a estos desafíos, América Latina tiene los propios. La región se está quedando cada vez más rezagada en la competitividad económica y tecnológica mundial, sus instituciones democráticas son más débiles y enfrenta problemas de seguridad pública que alimentan discursos autoritarios. En nuestros países, ni los mercados ni las instituciones ni los sistemas de orden público se caracterizan por la eficiencia y la universalización.

No se trata de caer ni en un pesimismo paralizante ni en un optimismo ingenuo. Pero sí de reconocer de frente los problemas y avanzar con respuestas realistas.

Publicado en el portal en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 18 de marzo de 2019.

La polarización es un motor genuino para el intercambio y la formulación de nuevas ideas. Sin embargo, pasado cierto límite puede transformarse en una fuerza centrífuga, caldo de cultivo para el surgimiento de movimientos autoritarios.

En una carta de 1814, el segundo presidente de los Estados Unidos, John Adams, dijo lo siguiente:

«Recuerde, la democracia nunca dura mucho. Rápidamente se consume y se destruye a sí misma. No ha habido en la historia nunca una democracia que no haya cometido suicidio. Las pasiones de los hombres en una democracia son las mismas que en la aristocracia y la monarquía. Están presentes en todas las formas de gobierno y, cuando no existe un contrapeso adecuado para ellas, generan los mismos efectos: corrupción, violencia y crueldad». («From John Adams to John Taylor, 17.12.1814, traducción propia)

La dureza y el pesimismo de estas palabras son una advertencia sobre los límites de tensión interna que todo sistema político puede resistir antes de colapsar. Y si bien el avance de la democracia en el mundo a lo largo del siglo XX ha sido notable, y este sistema de gobierno tiene ahora arraigo en todas las regiones del mundo, la problemática descrita por Adams no ha perdido su vigencia. Que la democracia haya podido desplazar a diversas formas de autoritarismo no implica que su desarrollo se deba a una lógica inherente a la historia. Solo hace falta mirar el caso de Venezuela para entender que este bien preciado puede perderse con mucha facilidad y, por ende, debe ser cuidado. Para ello, debemos comprender en qué consiste su fragilidad y cómo esta puede ser agravada por la polarización en dos formas fundamentales.

La primera tiene que ver con las formas y el lenguaje democrático. El lenguaje no es un medio neutral que describe la realidad, sino que la moldea y transforma. En el caso concreto de la política peruana, los últimos años se han caracterizado por una tendencia a etiquetar a los adversarios políticos en función a categorías binarias mutuamente excluyentes. Por un lado, la izquierda (caviares); por el otro, los conservadores (fachos). Detrás de estos usos y exabruptos, normalizados por una prensa que, en muchos casos, privilegia el escándalo por encima del análisis objetivo, se esconde una dinámica inherentemente destructiva para la democracia. Dos bandos definidos de esta forma maniquea no pueden, por definición, hacer política para el bien común, sino solo combatirse hasta que uno haya prevalecido. Esta temática fue explorada en el libro de Francisco Belaúnde Más allá de fachos y caviares: manual para un debate político que construya, no que nos destruya, editado por la KAS Perú en 2018.

La democracia requiere, por tanto, de un código de conducta, un compromiso que se expresa en el uso de un lenguaje para lidiar y dialogar con los adversarios y cuyo fin fundamental es preservar al sistema democrático como tal por encima de conflictos políticos coyunturales.

La segunda forma de polarización está vinculada con los límites de dicha cultura de diálogo. Una de las grandes debilidades de la democracia es la percepción que tienen los ciudadanos de que esta es un sistema donde se discute demasiado y se ejecuta muy poco. Un sistema, por ende, no al servicio de los ciudadanos sino básicamente ocupado en sí mismo, perdido en grandes ideas generales y mezquindades concretas.

Los enemigos de la democracia supieron siempre explotar esta debilidad. En su recuento de la Primera Guerra Mundial Sonámbulos: Cómo Europa fue a la Guerra Mundial en 1914, el historiador Christopher Clark (2014) describe a un joven Adolfo Hitler escuchando atentamente los debates en el Parlamento austrohúngaro: alemanes, checos, italianos: todos hablaban, cada uno en su idioma, y el Estado no asignaba el presupuesto ni para intérpretes ni traductores. A los pocos días Hitler habría dicho que ya había aprendido todo lo que necesitaba saber sobre el parlamentarismo.

La figura del político como hombre en acción, cultivada en los años treinta por el fascista italiano Benito Mussolini transmitió el poderoso mensaje —que resuena hasta nuestros días— de que solo un individuo decidido es capaz de lidiar directamente y sin vacilaciones con los problemas que realmente afectan a los ciudadanos, tales como la pobreza, la inseguridad y el acceso a los servicios básicos. Este individuo se pone en contra del sistema, de la clase política, de la elite y se ofrece como la única redención posible de todos los males de la sociedad.

Este tipo de polarización es especialmente peligrosa porque no ocurre dentro del sistema. No se da en lugar entre miembros de distintos partidos o fuerzas políticas. Es más bien una oposición entre la ciudadanía y el sistema mismo, el cual es puesto en tela de juicio. En Europa, los grandes debates actuales de fondo muchas veces ya no se producen entre conservadores, liberales, socialdemócratas y ecologistas. Por el contrario, estos grupos muchas veces se encuentran en un mismo bando, defendiendo al sistema que en el pasado les permitió expresar sus diferencias, frente a fuerzas que cuestionan la validez y utilidad de la democracia como forma de gobierno.

Hoy en día en Alemania hay un debate sobre el recrudecimiento del lenguaje político —en gran medida relacionada a las discusiones sobre migración de países musulmanes y el surgimiento de una fuerza política populista de derecha, la Alternativa para Alemania (AfD)—. Dicha agrupación política usa imágenes de lenguaje que apelan a nuestras fantasías y temores. La migración se transforma, así, en una ola de refugiados, los partidos tradicionales se convierten en partidos anticuados y los medios de prensa críticos en la prensa mentirosa.

La polarización y la democracia tienen, por ende, una relación paradójica. En dosis saludables —cuando aún puede ser denominada divergencia o, incluso, confrontación— es un motor genuino para el intercambio y la formulación de nuevas ideas. Sin embargo, pasado cierto límite puede transformarse en una fuerza centrífuga que lleve a las fuerzas políticas a atrincherarse en posiciones irreconciliables, las cierre al diálogo e impida que el Estado cumpla con sus funciones. De esta forma puede mutar en un caldo de cultivo para el surgimiento de fuerzas y movimientos autoritarios, que prometen a la ciudadanía reemplazar a una clase política egoísta y ensimismada por un grupo pequeño dispuesto a resolver los problemas «reales».

Es fundamental que los demócratas en los distintos países reflexionemos sobre estas dinámicas y comprendamos que la democracia es un sistema caracterizado por una tensión esencial e irresoluble, y que la única forma de mantener el equilibrio es a través de la acción de ciudadanos libres y comprometidos.

Referencias

Belaunde Matossian, Francisco (2018). Más allá de fachos y caviares: manual para un debate político que construya, no que nos destruya. Lima: Fundación Konrad Adenauer.

Clark, Christopher (2014). Die Schlafwandler: Wie Europa in den Ersten Weltkrieg zog. Múnich. pp. 103-104.

«From John Adams to John Taylor, 17 December 1814» (Carta de John Adams a John Taylor) (17.12.1814). National Archives. Disponible en: ‹https://founders.archives.gov/documents/Adams/99-02-02-6371›.

Así reza un dicho que intenta mínimamente explicar la difícil tarea de analizar la política de mi país.

No hay mejor ejemplo que el de la reforma de la seguridad social, por la dificultad en convencer al jefe de Gobierno de aprobar un proyecto enviado por él mismo al Congreso Nacional.

Las dos últimas semanas han sido incendiarias en las páginas políticas de los periódicos, no solo por las constantes crisis provocadas por el gobierno de Jair Bolsonaro, sino ahora también por la prisión (y luego la libertad) del expresidente de la República Michel Temer. Acusado de corrupción en las obras de la usina nuclear Angra 3 [1], junto con Moreira Franco, su exministro y también exgobernador del estado de Río de Janeiro, Temer fue llevado por la policía federal el 21 de marzo y estuvo detenido cuatro días en Río de Janeiro.

Concomitante, el 20 de marzo se divulgó la más reciente encuesta de Ibope que indaga la popularidad de Bolsonaro. Al principio de su gobierno, hace menos de 100 días, tenía un 49% de óptimo + bueno; ese número, a mediados de marzo, cayó al 34%, con la misma evaluación para la opción regular. Los que lo consideran malo y pésimo saltaron del 11% al 24%, es decir, más que doblaron. Los demás (8%) aún no saben qué responder.

Y para cerrar esta introducción, tenemos la tensa convivencia entre Bolsonaro y el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia. Este, antes garante de la reforma de la seguridad social, hoy dice que solo comandará los trabajos de manera institucional y que Bolsonaro tendrá que conseguir los más de 300 votos necesarios para lograr la aprobación del proyecto, tan necesario para el equilibrio de las cuentas públicas. Esto sucedió después de críticas perpetradas por el ministro de Justicia Sérgio Moro y por Carlos Bolsonaro, hijo del presidente, sobre la conducción de Maia en el trabajo de aprobación de otro proyecto, denominado antidelito, ideado por Moro.

La verdad es que Brasil aún no ha podido salir de la crisis política, financiera, ética y moral que lo asombra desde hace casi seis años, con el inicio de las jornadas de junio de 2013, cuando millones de personas fueron a las calles para protestar, en general, contra la clase política y la manera en que esta se ocupa de los problemas de la sociedad. Desde entonces, innumerables ciudades, principalmente Río de Janeiro, recibieron miles de millones de reales en inversiones, con motivo de la realización del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016, y lo que se ve es la profundización, cada vez mayor, de las noticias de corrupción y la detención de importantes actores políticos regionales y nacionales.

La prisión de Temer y la constante falta de diálogo del presidente Bolsonaro evidencian que el brasileño aún carece de una clase política alineada con los anhelos de la población. Y muestra además el quiebre institucional de la propia política, la que debería ser el camino de conversación y solución a los problemas de la nación.

Tenemos un presidente que prefiere gobernar a través de tuits o detrás de las vidas de Facebook, insultando a la prensa, llamándola mentirosa y propagadora de fake news. Es el mismo presidente que se niega a dialogar con el Congreso, representante máximo y legítimo del pueblo, diciendo que quien está allí «no quiere dejar la vieja política».

Los constantes ataques de Bolsonaro a la clase política pueden surtir algún efecto con sus electores, pero olvidan que la campaña electoral ya ha pasado y es hora de unificar el país, dejando de lado el viejo discurso de nosotros contra ellos. La tendencia —que ya se nota en la última evaluación de su gobierno— es que continuará derritiéndose por los próximos meses, a menos que pueda aprobar la reforma de la seguridad social y hacer que la economía crezca nuevamente.

Por otro lado, tenemos a dos fiadores del gobierno, los ministros Sérgio Moro (Justicia y Seguridad Pública) y Paulo Guedes (Economía). Ambos entraron en el equipo ministerial y ayudaron a robustecer el capital político, que ya era muy alto. Sin embargo, se han conocido algunos escándalos de corrupción, que incluso involucran a Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y actual senador por el estado de Río de Janeiro, y Moro no dijo muy bien a qué vino. Sus seguidores esperaban declaraciones en la prensa diciendo algo como «la corrupción debe ser barrida de la política nacional, duela a quien duela» mientras, en realidad, el superministro se limitó a decir que la Policía Federal investigará el caso. Un balde de agua fría para quien esperaba una acción más enérgica del eterno juez de la operación Lava-Jato.

Paulo Guedes es, hasta ahora, el ministro que se desempeña mejor, con declaraciones que suenan como música a los oídos del mercado y de las necesidades económicas del país. Sin embargo, como nadie es perfecto, recientemente dijo que, si la reforma de la seguridad social no es aprobada, es posible que salga del gobierno. Una pelota que pasó lejos del gol…

Después de estos tres meses de gobierno se esperaba un giro en la manera de construir Brasil, a pesar del discurso muchas veces dudoso y de tantas violentas y agresivas declaraciones proferidas por Bolsonaro. En su equipo vemos que la gran mayoría parece no saber muy bien lo que están haciendo con sus respectivos cargos. Las notas en los periódicos muestran que, actualmente, estar en Brasilia consiste más en intentar sobrevivir al fuego amigo que conseguir construir ideas y políticas públicas que beneficien a la población.

Michel Temer, que heredó una economía caótica de Dilma Rousseff, logró mínimamente colocar al país en los caminos del desarrollo. Pero, gracias a las denuncias de corrupción que lo involucraban, no consiguió aprobar más reformas. Fue arrestado, en una medida que los juristas dicen que fue injusta y exagerada, mientras que otros dicen que, independientemente de que sea justa o no, debía hacerse pues, al final, parece ser el líder de un gran esquema de desvío de fondos públicos. El proceso de salida de la prisión fue criticado por el juez Marcelo Bretas, que lo mandó arrestar, en una crítica que no tuvo el apoyo público que se esperaba.

Desde la redemocratización, Brasil tiene siete expresidentes; dos de ellos están o fueron arrestados, y otros dos salieron del cargo por impeachment; es decir, más de la mitad se vieron involucrados en algún tipo de participación criminal. Esto muestra que, a pesar de que estamos viviendo nuestro período democrático de mayor duración, todavía tenemos mucho que aprender para poner al país en los caminos del diálogo y de la convivencia armónica entre los poderes. Una tarea difícil pero necesaria, si Brasil quiere crecer no solo económicamente sino también política y socialmente.

Mientras tanto, seguimos no siendo para principiantes…

Nota:
[1] Brasil posee dos centrales nucleares para producción de energía eléctrica, ubicadas en el municipio de Angra dos Reis, a pocas horas de la ciudad de Río de Janeiro. Angra 3 es un proyecto que ya debería estar funcionando desde hace muchos años y hasta hoy no ha salido del papel.

La pregunta resuena en diferentes ámbitos y crece día a día.

Sin preocuparse por indagar demasiado, el mercado parece abrir el paraguas para el peor de los escenarios posibles, y suma otra capa de incertidumbre. A esta altura, la incógnita es una demanda popular pero escasean los pronósticos que se atrevan a dar una respuesta segura.

Las últimas experiencias electorales nos enseñaron a ser precavidos. En 2009, meses antes de los comicios, se afirmaba que el peronismo «no podía perder» en la Provincia de Buenos Aires. Perdió. Hasta un año antes de las presidenciales de 2011 se auguraba que Cristina Kirchner no podría recuperarse y ser reelecta. Ganó con el 54%. Y en 2015, finalmente, se decía que era imposible que una tercera fuerza, de origen municipal, se instalara en la Casa Rosada.

Las inercias se rompen y la excepción pone a prueba la regla. Todos y cada uno de los días. Philip E. Tetlock, politólogo de la Universidad de Pensilvania, dedicó su carrera al estudio de este axioma. En sus investigaciones descubrió que, si los politólogos afirmaban que un resultado político era imposible, este resultado terminaba ocurriendo alrededor del 15% de las veces.

A la habitual dificultad para hacer pronósticos, se suma el hecho de que los principales candidatos cuentan con probabilidades similares de ser elegidos. Cualquier mínimo movimiento parece capaz de inclinar la balanza. Apenas terminó marzo y ya pasamos de «gana el gobierno en primera vuelta» a «vuelve CFK». En este país nadie se aburre.

El año empezó con un gobierno desencontrado con la opinión pública y tratando de doblegar a una economía que no da tregua. Ya hemos analizado la parada oficial; ahora nos toca echar un vistazo a la otra cara de la moneda. ¿Cómo se perfila la oposición al gobierno? ¿Cuáles son los liderazgos con mejor posicionamiento? ¿Están dadas las condiciones para que el kirchnerismo controle la sucesión de poder? ¿Puede emerger un candidato tapado o un outsider?

Es muy difícil pensar la carrera electoral argentina desde los partidos. Es que la dinámica oficialismo-oposición sigue siendo la que mejor ordena las preferencias y las antipatías. No hay un solo partido de oposición que aglomere a la mayoría descontenta con el gobierno; en cambio, tenemos dos espacios que pujan por representar a ese electorado.

La primera oposición es la representada por CFK. Además de sus credenciales como rival favorita del gobierno, la expresidenta cuenta con un piso electoral sólido, que según diferentes analistas rondaría entre el 25 y 35% de la intención de voto. Su espacio tiene tres componentes claves: 1) es propio de CFK; 2) es resistente, lo que garantiza que no habrá sobresaltos antes de octubre; y 3) le da una capacidad de negociación inmejorable frente al arco peronista.

El despliegue territorial del kirchnerismo le permite sentarse en todas las mesas de negociación provinciales con cartas propias. Tiene un sello partidario reconocido, potenciales candidatos y un nicho bien claro de votantes potenciales. A sus seguidores históricos se han sumado gobernadores e intendentes ávidos por renovar sus cargos, y que ven en Cristina a la candidata opositora con el mayor caudal de votos garantizados. Esto mismo la obliga a decidirse y jugar con los apretados tiempos de las elecciones locales.

¿Qué problemas tiene? Así como el kirchnerismo cuenta con una buena base de apoyo, también sufre un rechazo amplio e intenso. Esto podría jugar en contra, especialmente si hay otro candidato peronista que pueda disputarle parte de los votos. La evolución del rechazo es uno de los elementos claves para seguir de cara al balotaje. ¿Se lo podrá reducir, apelando a un discurso de reconciliación nacional? ¿O se jugarán todas las cartas a intensificar el rechazo al gobierno?

El otro espacio opositor relevante congrega familias diversas: peronismo no kirchnerista, socialismo, sectores independientes. Sus anhelos electorales se centran en el tercio de la sociedad argentina que se muestra disconforme con las dos principales opciones. Este sería el trampolín para llegar al balotaje, y capitalizar el handicap de rechazo con el que juega el rival, sea este Macri o CFK. ¿Qué posibilidades tienen de lograrlo? Lo cierto es que el famoso tercio descontento existe y aparece en los sondeos de opinión, pero el actual crisol de liderazgos no ha logrado conquistarlo. La dificultad es que, lejos de existir una demanda monolítica común, esa tercera franja es un archipiélago de demandas, que muchas veces son divergentes, o incluso contradictorias.

A medida que pasa el tiempo, la oposición empieza a ordenarse y las opciones se reducen. Los tropiezos del gobierno le han dado un nuevo incentivo para buscar la cohesión. El objetivo de ganar las elecciones, que parecía difícil y lejano, empieza a tener un contorno discernible. Las conversaciones opositoras apuntan a un programa minimalista: dejar de lado las diferencias ideológicas para reducir la dispersión y maximizar la presencia territorial.

Con coqueteos, proyectos en ciernes y candidaturas sin declarar, los distintos espacios miran a las elecciones con la misma incertidumbre que embarga a la sociedad en general. La diferencia es que la política aprendió a navegar en la indeterminación, en lugar de dispersarla. Esconder las cartas hasta el último momento posible parece la mejor estrategia para confundir las estrategias ajenas y cubrir las propias debilidades.

Esta jugada fructífera, en el plano político, no es la mejor para hacer pronósticos, y tampoco para dejar crecer las expectativas. Estamos tratando de comprender una obra incompleta, escribiendo el epílogo sobre un mantel. El riesgo, según lo definió el economista Frank Knight, es una situación a la que se le puede poner precio. La incertidumbre, por otra parte, es el riesgo difícil de medir, y que por lo tanto no tiene precio. Hoy la Argentina no tiene precio.

En Venezuela, la falta de legitimidad es una de las causas de división y sumisión del país en la severa crisis en que se encuentra.

«Todo poder que no tenga límites no puede ser legítimo».
Montesquieu

El proceso de pérdida de legitimidad no se dio de la noche a la mañana, ha llevado tiempo y cada día empeora. ¿Hasta qué punto el régimen podrá seguir manteniéndose en el poder con la poca o nula legitimidad que posee?

Max Weber explica en El político y el científico (México, Alianza, 1992) que la legitimidad está relacionada con la dominación o autoridad, y que existen tres formas en las que esta se legitima. La primera forma es la tradicional, que se da por haber tenido desde siempre la autoridad. Weber lo describió como la autoridad del ayer eterno; es el caso de los títulos nobiliarios en las monarquías. Luego tenemos la autoridad carismática, que se basa en las cualidades que posee un individuo y en la devoción afectiva que se le tiene. Por último, tenemos la legitimidad basada en la legalidad, donde la obediencia a la autoridad proviene de la aceptación de un conjunto de normas o leyes.

En una democracia, se manifiesta predominantemente la forma de dominación legal o racional; la autoridad carismática también tiene presencia pero se desgasta más rápido y suele estar ligada a prácticas populistas. La legitimidad de una autoridad, entonces, tiene mayor importancia e incidencia por la vía legal.

En el caso de Venezuela, la autoridad debería tener su origen en elecciones libres, universales, directas y secretas. Y digo debería porque no es un secreto que, para la casi totalidad de la ciudadanía, el sistema electoral venezolano actualmente no tiene nada de creíble.

Esta falla en la credibilidad de las elecciones ha provocado una distorsión en la legitimidad de origen. Por ejemplo, las últimas elecciones presidenciales fueron convocadas por la llamada Asamblea Nacional Constituyente, un órgano que cuenta con nula credibilidad y que no posee la competencia constitucional para convocar a elecciones; su única función es la de redactar una nueva Constitución. Dichas elecciones fueron convocadas ocho meses antes de la fecha prevista, y casi todos los partidos de oposición se encontraban inhabilitados. Las irregularidades en ese proceso electoral fueron inmensas y sus resultados generaron el rechazo tanto a nivel nacional como internacional.

A pesar de que el régimen ha buscado todas las maneras de aparentar legitimidad, ya sus trucos son conocidos por todos. Su falta de legitimidad no solo tiene que ver con el origen de las elecciones; su desempeño ha aumentado el rechazo y ha afectado lo que se conoce como legitimidad de desempeño.

La Constitución venezolana abre la posibilidad de revocar los mandatos a mitad de periodo, esto con el objetivo de no seguir con un gobierno que no respete los intereses de la ciudadanía. Ya en ocasiones anteriores se ha intentado revocar un mandato pero, por técnicas aplicadas desde diferentes instituciones, ello no ha sido posible.

Los efectos de todo esto están a la vista. La comunidad internacional rechaza cada vez más al régimen de Maduro. Dentro del país, la ciudadanía está cansada y cada día aspira más a un cambio. Esto se ve reflejado en el apoyo que ha recibido el presidente de la Asamblea Nacional Juan Guaidó cuando asumió de manera constitucional la presidencia de la República.

Por el camino que va, el régimen de Maduro no podrá seguir aferrándose al poder. Solo le quedan el chantaje y la represión; el poco carisma que poseía se ha ido desvaneciendo y su legalidad está en entredicho.

Max Weber tenía razón: los Estados y gobiernos son más estables y crean mayor bienestar cuando su legitimidad se basa en la legalidad más que en la tradición o el carisma. La legitimidad será un factor clave para construir una nueva Venezuela; es importante que todos lo comprendamos. El futuro gobierno deberá preocuparse por la legitimidad y darle el enfoque que se merece.

Ungido por las urnas con el 55,13% de los votos válidos, Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) llegó al Palacio del Planalto con la promesa de renovar la política brasileña con prácticas y relaciones distintas de lo habitual, principalmente con el Congreso Nacional.

Desde la victoria de Bolsonaro, lo que se ha visto en la composición del gobierno, de hecho, ha sido la adopción de una nueva forma de diálogo con los parlamentarios y también entre sus propios colaboradores.

En el montaje de su gobierno, Bolsonaro ha nombrado cuatro grupos: 1) los militares, 2) los liberales, 3) los evangélicos y olavetes, 4) los políticos; y dividió el poder entre todos ellos. A continuación, una breve explicación sobre cada uno de los grupos.

Los militares son pieza fundamental en la composición ministerial; son responsables por casi un tercio de los ministros. Antes fueron una fuente de preocupación (principalmente para los sectores a la izquierda) por la duda sobre cómo sería su comportamiento político, pero es innegable que en estos primeros meses de gobierno son el eslabón de la sensatez y de la preservación de la democracia. Su personaje principal es el vicepresidente general Mourão, que durante la campaña se hizo famoso por sus polémicas declaraciones y ahora se aleja totalmente de la agenda de su compañero de chapa.

Los liberales son responsables por la economía y su principal personaje es el ministro de Economía Paulo Guedes, líder de los Chicago boys tupiniquins. Con una pauta totalmente orientada hacia la disminución del Estado, es la principal apuesta de Bolsonaro para el éxito de su gobierno. Prácticamente todo su equipo está compuesto por egresados de la Escuela de Chicago y defienden la privatización de servicios estatales, la desburocratización, la disminución de impuestos, entre otros tópicos de la cartilla liberal.

Los evangélicos, compuestos básicamente por representantes de las iglesias evangélicas, defensores de las pautas conservadoras, fueron uno de los principales bastiones de la campaña de Bolsonaro. Su principal personaje es la ministra de Derechos Humanos, Damares Alves. La pauta de costumbres es algo que, tras la posesión, quedó en segundo plano —al menos en el Congreso— en detrimento de la agenda económica, dada su prioridad en la recuperación de la crisis que ha llevado al país a tener 13 millones de desempleados. Los olavetes son aquellos que siguen al autoproclamado filósofo Olavo de Carvalho, famoso por sus polémicos videos publicados en redes sociales. Olavo posee una fuerte retórica anticomunista y tiene como sus principales adversarios al PT y al expresidente Lula. Uno de los principales personajes de este grupo es el ministro de Relaciones Exteriores Ernesto Araújo, que sugirió a sus subordinados leer menos el New York Times y más Machado de Assis. Ambos grupos se confunden en torno a la pauta conservadora y cristiana.

Por último, la clase política, que está muy poco representada en la Explanada de los Ministerios. Su principal personaje es el ministro de la Casa Civil, el diputado federal licenciado Onyx Lorenzony. El tratamiento dispensado por Bolsonaro a este último grupo será su principal problema ante el Congreso, que se siente irrespetado y poco escuchado junto al trabajo en el Palacio del Planalto.

Entre los cuatro grupos se expresa la heterogeneidad que compone el equipo ministerial. Con propósitos en general diferentes, el principal desafío de Bolsonaro no será hacer una nueva política, o colocar al país en los carriles, sino apagar incendios provocados por las chispas de los roces entre todos ellos y también los que son causados por su propia cuenta en Twitter. A continuación, detallo algunos de los conflictos previsibles entre los distintos grupos.

Los militares, con protagonismo impar desde el fin de la dictadura militar en 1985, están tutelando diversas áreas del gobierno para garantizar la defensa de los intereses nacionales, la soberanía y el pragmatismo necesario en ciertos momentos. En esta pauta entran, por ejemplo, la no privatización de ciertos sectores de la economía que son considerados estratégicos, y con ello entran en conflicto directo con los liberales.

Los evangélicos querrán pautar sus proyectos conservadores, en un momento en que hay un fuerte llamamiento a mantener ciertos derechos civiles, además de la cuestión del protagonismo en el Congreso, robado por la urgencia de la pauta económica.

Los olavetes ya entraron en conflicto con el grupo militar. El mejor ejemplo es la firma, por parte de Araújo, de un acuerdo del Grupo de Lima, donde se decía que cesarían las conversaciones entre militares brasileños y venezolanos. Dada la crisis política en el país vecino, el único canal de comunicación abierto entre ambos es precisamente el de las Fuerzas Armadas.

Más allá de la división de poder formal, está también la presencia de los hijos de Bolsonaro en las filas informales de Brasilia, que pueden producir un cambio en la calidad de la información, ya sea por las denuncias de corrupción que involucran a Flávio o por las polémicas declaraciones de Carlos, principalmente contra la prensa. Como dije, también están las declaraciones del propio presidente Jair; una de las más recientes de ellas, tras divulgar un video pornográfico, aludía a que el carnaval de la calle en Brasil se había convertido en ese tipo de escenas. Pocos días después, divulgó una noticia falsa, acusando a una periodista de querer destruir la carrera de su hijo Flávio.

En la actualidad, la cumbre del Congreso se esfuerza por evitar que todas estas crisis contaminen la agenda de votaciones y articula de manera acelerada los votos de la reforma de la seguridad social y de la enmienda constitucional que desvincula algunos ingresos del Presupuesto. Actualmente, cerca del 90% de lo que sale de las arcas públicas ya tiene destino obligatorio, lo cual reduce mucho la capacidad de inversión del gobierno federal.

Bolsonaro parece estar todavía todo el tiempo en campaña electoral, disparando sus tuits contra periodistas y la oposición. Esto acaba creando una constante esfera de preocupación y de falta de confianza en la capacidad de diálogo de algunos actores políticos de Planalto. Y es una pésima noticia, teniendo en cuenta la urgente reforma económica que necesita Brasil. En el Congreso, la base oficialista aún no está 100% ordenada; el propio líder del gobierno en la Cámara es saboteado por sus pares, mientras que la líder en el Congreso y el presidente de la Cámara de Diputados son los interlocutores preferidos por los diputados.

La historia brasileña muestra que un presidente sin apoyo parlamentario, a largo plazo, acaba sufriendo importantes derrotas, incluso la pérdida del mandato. En el pasado, João Goulart asumió el poder tras la renuncia de Jânio Quadros y luego fue derrocado por el golpe militar de 1964. Más recientemente, Fernando Collor y Dilma Rousseff sufrieron el proceso de impeachment, en 1992 y 2016, respectivamente.

Curiosamente, Collor prometió hacer una política parecida al discurso de Bolsonaro, con técnicos en su gobierno. Dilma no tuvo suficiente habilidad para lidiar con los líderes de los partidos. El primero fue expulsado por crimen de corrupción y la segunda por crimen de improbidad administrativa. Ambos intentaron, tarde, mantener contacto con sus bases. Sin éxito.

No quiero decir aquí que, necesariamente, Jair Bolsonaro va a sufrir un impeachment, ya que todavía es muy temprano para especular con algo de esta dimensión. Además, también es notorio que otro proceso similar sería un desastre para la política nacional, que está en crisis continua hace casi seis años. Los índices económicos recién se están recuperando, tras una serie de medidas macro y microeconómicas implementadas por el expresidente Michel Temer y la recuperación de la confianza del mercado.

Sin embargo, es importante resaltar que, aun con la responsabilidad del Congreso Nacional en querer votar las reformas y evitar dejarse llevar por las crisis provocadas por los diversos actores del Poder Ejecutivo, se necesita confianza entre ambos lados. Nadie quiere un gobierno tutelado por militares —o por ninguno de los otros grupos presentados, por mejores que sean sus intenciones—, sino un gobierno electo con la promesa de mejorar las condiciones de vida de la población brasileña, que es otro actor que viene perdiendo la confianza en el presidente.

La clase política viene siendo constantemente desacreditada y atacada por el presidente Bolsonaro, minando la credibilidad incluso de aquellos que se colocan como tabla de salvación. Históricamente, es sabido que quienes hacen política son los políticos; de lo contrario, el riesgo de autoritarismo y populismo, independientemente de los lados, es enorme. Sin duda, la clase política necesita cambios y entender la entrada de un nuevo mundo, pero no es por fuera de ella que se encontrarán las soluciones.

Por eso, por el Brasil, que él tanto dice defender, sería bueno que Bolsonaro aprendiera rápidamente a ejercer, de hecho, el cargo que le fue instituido. En caso contrario la crisis, que parecía estar llegando a su fin, continuará su proceso, y quien pagará esa cuenta será el descrédito de la población.

La tendencia es clara. Desde hace un par de décadas el mundo está presenciando el crecimiento de una derecha radical y populista.

Con Estados Unidos y Brasil la nueva derecha ha sumado entre sus socios nada menos que a la primera y a la novena economía mundial. El crecimiento global de estas formaciones y la consecuente erosión del centro político interpelan a los sistemas de partidos tradicionales.

En Europa, ese espacio político se ha expandido considerablemente. De representar en promedio el 14 % del electorado allá por el 2006, han crecido hasta alcanzar el 22 % en 2018, en un lapso de cuatro procesos electorales. Su irrupción y estabilización en los distintos sistemas de partidos ha forzado a que dejen de ser vistos como los parias del sistema. Están presentes en 17 parlamentos nacionales de la Unión Europea. Pero el ejemplo más claro de su ascenso lo constituye la entrada de algunos de ellos a sus respectivos gobiernos. Ya sea en solitario o en coalición, en seis países de la Unión Europea, formaciones de extrema derecha gobiernan o apoyan la coalición de gobierno; Austria (el FPÖ actualmente forma parte del gobierno y ya había gobernado en coalición en el período 2000-2006), Italia, Polonia, Bélgica y Hungría son los principales exponentes. En tanto, en Dinamarca, el Partido Popular Danés se ubicó como la primera fuerza del bloque de derecha que gobierna, con el 21% de los votos, aunque formalmente no entró en la coalición.

Naturalmente, no son formaciones políticas homogéneas, pero tienen notables similitudes si se las mira en perspectiva comparada. Se identifican por su marcado perfil nacionalista, populista y, a menudo, autoritario. Ello se refleja en demandas que son recurrentes y que siempre son patrocinadas por estas formaciones, tales como el combate a la inmigración, en muchos casos expresada a través de actitudes manifiestamente xenófobas. Se presentan como euroescépticos y, en varios casos, como antiglobalistas, contrarios al libre mercado y a los derechos de las minorías. Por ello es que desde el ámbito académico se lo define como una familia de partidos diferente a la derecha tradicional y a los grupos filonazis. Han colocado en agenda temas que no solían estar en el centro del debate público, y con ello han logrado incomodar a los partidos tradicionales. Cuestiones como la migración, creencias religiosas, nacionalidad o derechos de las minorías se definen como clivajes controversiales. Son asuntos profundamente polarizadores, que tienden a generar una mayor intolerancia y hostilidad.

¿Vamos hacia una polarización de nuevo orden? Puede que estemos avanzando hacia un nuevo orden en la competencia política o, simplemente, que estemos transitando por una etapa de turbulencias que requerirán la adaptación de los partidos de base socialdemócrata, democratacristianos, conservadores y liberales a una nueva configuración de demandas ciudadanas. Los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt (2018) ven en estos fenómenos populistas (sean de derecha o de izquierda) una anomalía que tiende a socavar las democracias liberales. Contrariamente, Steve Bannon (exasesor de Donald Trump) catalogado como uno de los estrategas más influyentes de la nueva derecha, tiene una visión política distinta. Señala que «el mundo se verá obligado a elegir entre dos formas de populismo: el de derecha o el de izquierda. El centro está desapareciendo».

Los triunfos de Trump y Bolsonaro son dos procesos asociables a la irrupción de la derecha populista. En este sentido, se evidencia que los puntos de conexión son claros. Por una parte, se evidencia en los estilos de campaña y plataformas programáticas que promueven. Esos son aspectos frecuentemente señalados en los principales medios de prensa. Pero además hay una dimensión de incipiente coordinación transnacional que debería ser estudiada seriamente. Así es que la nueva derecha se diferencia de otras vertientes ideológicas, se proyecta internacionalmente y apoya a partidos y candidatos que abogan por el populismo nacionalista. En Europa ese ámbito o plataforma se denomina The Movement, una suerte de internacional populista impulsada por Steve Bannon. La versión latinoamericana de ese proyecto es la incipiente Cumbre Conservadora de las Américas, que cuenta con el apoyo de Bolsonaro.

Es urgente trabajar en soluciones democráticas que restablezcan la política de consensos. La confrontación de extremos, pautada por la intolerancia, constituye un escenario del cual difícilmente las instituciones democráticas podrán salir ilesas.

Cambiemos quiere romper otra valla histórica: ganar la elección presidencial con una economía estancada. ¿Podrá? Es un gran interrogante que hace debatir al mundo del análisis político. A cinco meses del primer test electoral, la situación económica argentina está repleta de incertidumbres.

La inflación no responde ante las políticas oficiales y ha mermado la capacidad de compra de la población. El dólar y la capacidad de pago del país siguen siendo variables inciertas y vulnerables a shocks externos. Solo genera ciertas esperanzas oficiales el registro histórico de presidentes reelectos en América Latina. Desde la tercera ola de democratización, 23 de 20 de los presidentes que quisieron reelegirse lo consiguieron. La pregunta es cómo. Es que, fuera de este dato, hay pocos elementos a los que pueda aferrarse la confianza oficial.

La situación no es nueva, sí lo es su intensidad. El gobierno argentino entra a 2019 con los menores niveles de aprobación de sus cuatro años (entre 32 % y 38 % según diferentes encuestadores). El proceso viene de 2018, cuando el aspiracional montado por Cambiemos chocó con el muro económico. Luego de un 2017 donde obtuvo una buena performance en las elecciones de medio término (venciendo incluso a la expresidenta en el territorio más importante del país, la provincia de Buenos Aires), a fines del año pasado comenzaron los problemas. A un fallido intento de reforma previsional le siguió una devaluación con un desplome de aprobación de la gestión y las expectativas sobre el futuro del país. Las principales variables económicas (inflación, tasa de interés, dólar, tarifas) se volvieron inestables. De la felicidad esperada se pasó a la una decepción acumulada. Todo en poco menos de 6 meses.

A esta tensión económica acumulada es obligatorio añadir la compleja situación que vive el país, con un escenario político donde causas judiciales, denuncias y sospechas apuntan al gobierno anterior, al actual, a empresarios, a familiares, e incluso al propio poder judicial. Este combo ha degenerado en un creciente desencanto con la mediación política. Una buena parte de los votantes no confían en que los mismos actores que los llevaron al problema hoy puedan resolver su situación actual. Este creciente descontento explica por qué actualmente las antipatías políticas organizan mejor la distribución electoral que las simpatías partidarias.

Arranquen los motores

Así llegamos a marzo y la campaña se enciende. En las elecciones se hace presente un conjunto de elementos, ya sea la influencia de humores temporales, la presencia de esperanzas apasionadas o el firmamento de las antipatías vehementes. La última está marcando el ritmo del concierto electoral. Hoy la mayor parte de la sociedad argentina define su posición más por la resistencia a un espacio político que por el entusiasmo que le produce otro.

En este contexto, con pocas medidas de anclaje destacables que sostengan la aprobación de la gestión, el respaldo a Cambiemos se cimienta más en el rechazo al pasado que en las expectativas sobre el futuro. El gobierno da muestras de entender y abrazar esta premisa como paradigma exclusivo de su estrategia electoral. La polarización está en el centro de la estrategia oficial. El kirchnerismo pasará, una vez más, a cumplir dos funciones: ser la tragedia pasada y erigirse como la amenaza futura. La pregunta obligada es: ¿acaso la polarización será suficiente para retomar el predominio público del gobierno? ¿O también es necesaria una mejora del ciclo económico? ¿Polarización mata economía?

La apuesta oficial es que el contexto de polarización termine cohesionando su propia coalición electoral. La economía dejará de ser la esperanza electoral del gobierno, se buscará contener los impactos de la troika (inflación, tarifas y desempleo) y el contraste con el pasado tendrá centralidad. Sí la polarización está presente y se activan sus fuerzas centrífugas, el tercio descontento ni ni se vería forzado a elegir entre Cambiemos y el kirchernismo.

Como si el escenario no fuese sensible, hoy Cambiemos, como coalición electoral y de gobierno, se encuentra en una discusión interna que, lejos de brindar certezas, acumula interrogantes. También es cierto que este es un elemento constitutivo de Cambiemos; es una coalición que se ha construido con ayuda de las instituciones. La coalición de gobierno trabajó muchos meses para ser alternativa electoral en 2015. El ciclo electoral argentino, virtualmente de tres vueltas, la ordena como fuerza y la nutre como espacio electoral. Así, en la elección de 2015, la candidatura de Mauricio Macri obtuvo 24,5 % en agosto (primarias abiertas), 34,15 % (elecciones generales) en octubre y 51,34 % en noviembre (balotaje). En la elección legislativa del 2017 creció marcadamente entre las primarias y la general. Esta construcción institucional de una mayoría se vuelve a poner a prueba durante este año y supone ir recolectando del árbol caído entre turno y turno electoral.

El posicionamiento es, cuanto menos, minimalista: «No seremos contenedores de esperanzas propias pero podemos ser receptáculos de decepciones ajenas». Estrategia arriesgada, pero estrategia al fin (y sabemos que es mejor una mala estrategia que ninguna estrategia). Es altamente dependiente de que se encuentren electoralmente, cara a cara, Mauricio Macri y Cristina Kirchner. Un escenario final tan cantado que ni Hollywood se atrevería a tanta obviedad.

Con todo, el gobierno aún tiene alternativas más extremas. La opción rompa en caso de emergencia tiene nombre y apellido. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, mantiene mejores niveles de imagen y mayor probabilidad de voto a nivel nacional. Desde luego que una abdicación de Macri a la reelección no estaría exenta de costos y podría traer desenlaces inciertos. Todo está aún por verse.

Podría ser en las próximas semanas que, mediante la figura constitucional de «revocación de mandato», López Obrador abra la puerta a la reelección en México, siguiendo así la ruta del populismo latinoamericano.

Bastaron apenas cuatro días para que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en una doble operación precisa y bien instrumentada, diera pasos firmes hacia un centralismo en el que la figura presidencial pretende instalarse por encima de cualquier contrapeso que busque acotarla, incluida la labor crítica de la poca prensa libre que ha alzado la voz contra una tendencia que peligrosamente se aproxima al autoritarismo democrático. [1]

La estrategia comenzó con la aprobación, el jueves 14 de marzo, en la Cámara de Diputados, de los cambios a la Constitución que permitirían la figura de revocación de mandato, ardid con el que el propio Andrés Manuel podría aprovechar sus altos niveles de popularidad para influir en los resultados de las elecciones intermedias de 2021, en busca de una mayoría absoluta en el Poder Legislativo y que, eventualmente, abriría la puerta a la reelección presidencial en 2024.

Como una hoja de ruta inaugurada por Hugo Chávez en 1999, y emulada por Evo Morales en Bolivia y por Rafael Correa en Ecuador, el camino que emprende López Obrador sigue al pie de la letra las maniobras legales para perpetuarse en el poder que han de sobra demostrado no solo su perversa efectividad sino, sobre todo, una neutralización paulatina de equilibrios y detractores que lleva a la eliminación de la democracia.

Ese mismo día, el Ministerio de Hacienda, a través de su Unidad de Inteligencia Financiera, presentó una demanda ante la fiscalía de delitos electorales contra quien resultara responsable por la serie producida por Nacional Geographic, Populismo en América Latina, a la que calificó de «campaña negra» durante el pasado proceso electoral de 2018.

Y también ese 14 de marzo —ingenuo considerar coincidencia alguna—, apareció en un diario de la Ciudad de México un extenso reportaje en el que se señala al intelectual Enrique Krauze, uno de los más enfáticos y atinados críticos de López Obrador, como parte de un supuesto complot que intentó descarrilar la campaña del hoy presidente del país.

De la mano, la publicación de las memorias de la coordinadora de esa campaña, a cargo de la hoy diputada Tatiana Clouthier, y las declaraciones de un supuesto colaborador del Krauze, han demostrado una velada estrategia de descalificación y amedrentamiento contra quien que desde hace años ha dedicado no pocos textos, reunidos los más importantes en El pueblo soy yo (Debate, 2018), a señalar el peligro autoritario del populismo lopezobradorista.

Perversa estrategia pues la de atacar desde diversos frentes y en cuestión de horas a un crítico autorizado y reconocido. Más perverso aún el mensaje que entre líneas o veladamente afirma que se utilizará el poder del Estado para ir en contra de quien intente señalar los atentados contra la democracia que el gobierno mexicano y su partido perpetran de manera cotidiana: si es posible denostar al principal de los intelectuales, quienes se encuentran en una segunda o tercera línea saben a qué atenerse. El poder, en suma, que se ejerce demostrando su potencialidad y sus alcances.

Una última declaración de López Obrador, en esa secuencia estratégica y a todas luces programada, fue el afirmar el final del modelo neoliberal en México el pasado 18 de marzo, que a partir de lo demostrado en los primeros tres meses de gobierno apunta a desmantelar el orden democrático para reemplazarlo por uno centralista y presidencialista, que se acerca de manera peligrosa al autoritarismo y que busca marginar cualquier disidencia o voz crítica que intente oponerse, reducir contrapesos de la prensa libre y de la sociedad civil, y centralizar en la figura del presidente la totalidad de la toma de decisiones.

Será en las próximas semanas que el Senado mexicano avale o rechace la pretensión presidencial de someterse en dos años a una falsaria y alevosa revocación de mandato. Y, en palabras del propio Krauze: «mientras esto ocurre, un puñado de senadores tiene en sus manos frenar lo que podría abrir la puerta a la reelección del titular del Ejecutivo».

Nota:

[1] Sobre el término autoritarismo democrático y su manifestación en los regímenes populistas de nuestro tiempo, véase Del fascismo al populismo en la historia (Taurus, 2018), de Federico Finchelstein.

Si los votantes son racionales o no, pareciera ser una cuestión central de la ciencia política. Sin embargo, el debate tal vez debería girar en torno a otros asuntos, por ejemplo, cómo toman decisiones.

La cuestión de la racionalidad de los votantes está en el centro del debate de la comunicación política. Si el electorado es incapaz de actuar racionalmente, ¿cómo anticipar sus decisiones? O, lo que es más, ¿cómo crear plataformas de campaña que sean beneficiosas para un electorado aparentemente incapaz de tomar decisiones que sigan una lógica clara?

Así, lo que en primera instancia se necesita para saber si los votantes, en su conjunto, son racionales, sería definir qué es la racionalidad. ¿Se trata de algo que tiene sentido lógico para alguien? De ser así, la respuesta a la cuestión es simple: los votantes, como los humanos, son racionales porque cualquier decisión que manifiesten el día de la votación es el producto de una lógica que para ellos tiene sentido.

Desde esta óptica, cuando se elige un nuevo gobernante, esta es siempre una decisión racional porque cada elector, en su individualidad, llevó a cabo un análisis a través del cual se decantó por un candidato u otro porque pensó que esto haría que se maximizaran sus utilidades. Para ponerlo en otras palabras, cada voto representa lo que el ciudadano creyó que iba a hacer de su vida una más fácil o mejor.

Sin embargo, bajo la superficie de este argumento se encuentra otro gran factor de discusión que no ha sido tomado en cuenta en la teoría racional del votante: las repercusiones que tiene el voto para la sociedad y cómo las decisiones individuales pueden ser juzgadas como racionales o lógicas según los beneficios reales que generan. En otras palabras, si los votantes tomados como individuos son racionales, ¿lo son también como un grupo?

En este tema, economistas y politólogos han apuntado que, hablando de manera egoísta, los votantes no están cometiendo errores al elegir cualquiera de las opciones que tienen disponibles. Esto es precisamente porque, si se analiza como una decisión individual, un voto tiene tan pocas posibilidades de afectar el resultado de las votaciones que un egoísta racional elige no poner atención a la política y convertirse en un ignorante racional, de acuerdo con Bryan Caplan, teórico del tema y autor de El mito del votante racional.

Dicha ignorancia puede ser vista, por ejemplo, en las actitudes que el electorado toma ante aspectos cruciales como la economía. Si bien esta es una de las fuerzas principales detrás del bienestar popular y la estabilidad social, los votantes tienden a estar profundamente desinformados acerca de ella y, así, emiten votos que llevan a escenarios imprevistos por analistas, tales como el brexit y la presidencia de Donald Trump. Estos sucesos, a su vez, tendrán consecuencias a nivel macroeconómico potencialmente nocivas y repercutirán en el estilo de vida de quienes votaron para que sucedieran.

En este sentido, estudios empíricos respaldan la afirmación de que los votantes tienden a estar desinformados de lo que tenga que ver con la arena política. Por ejemplo, un estudio del Centro Pew de 2015 demuestra que el público en general en Estados Unidos tenía marcada dificultad para responder preguntas relacionadas con la política de ese país, así como sobre la composición de la Suprema Corte y qué partido tenía más escaños en el Senado. Estados Unidos está lejos de ser el único país con una ciudadanía de estas características. Situaciones similares se han documentado en Colombia, España e Italia, por mencionar algunos.

Este hecho crea una encrucijada que nos aleja del punto de la racionalidad contra la irracionalidad y nos acerca a la disyuntiva de la ignorancia contra el conocimiento. En este sentido, la política es un tema poco entendido y las malinterpretaciones como las señaladas llevan al electorado a tomar decisiones que en retrospectiva no son las más beneficiosas, sobre todo cuando las medimos contra consecuencias reales y tangibles, tales como las económicas.

Y es este último punto lo que debiera ser el centro de la atención de aquellos que diseñan y comunican políticas públicas. No se trata de si los votantes son capaces de actuar, en su conjunto, con racionalidad. En su lugar, el centro de la conversación debería situarse en qué información posee el electorado y cómo hacer que se interese por temas como la política o la economía, que normalmente son materias consideradas tediosas por la mayoría.

Finalmente, la política se trata de conflicto y es inherentemente emocional, pues en la lógica de la confrontación el consenso es difícil, si no imposible, de lograr. A pesar de esta naturaleza emocional, el hecho de que los votantes son capaces de actuar bajo cierta lógica, y que, por tanto, son racionales en el más básico de los sentidos, debiera ser algo sobrentendido en este ámbito. De lo contrario, la práctica de la comunicación política carecería de sentido, pues se estaría buscando establecer un diálogo con un grupo incapaz de entrar en la conversación.

El drama de una crisis que ya no incumbe solo a Venezuela.

Especulaciones de todo tipo circulan en torno a las causas del apagón general que tuvo a Venezuela sin suministro eléctrico por una semana. Ciudades a oscuras, comunicaciones caídas, comercios cerrados. Quien pudo, cargó su teléfono celular en el auto, buscó hielo por doquier, procuró bombonas de gas o intentó salvar del calor tropical los alimentos que tanto cuesta conseguir.

Con la moneda nacional convertida en un recuerdo o en un chiste, los dólares resuelven –para quien los tiene– las apresuradas transacciones de una economía de guerra; otros recurren al trueque, a mecanismos insólitos, o no resuelven. Venezolanos en el país y fuera de él, incomunicados como antes de que existiera internet… o el teléfono. Los aeropuertos suspenden vuelos y las fronteras terrestres están cerradas. Gritos, disturbios y saqueos se escuchan en algunas calles. Hospitales desabastecidos, a los que sus precarias plantas de energía no abastecieron por una semana, albergaban el llanto de quienes veían fallecer neonatos y enfermos delicados. Desesperación, zozobra, rabia, impotencia y desesperanza marcaron la víspera de la primera gran concentración convocada por Juan Guaidó tras su reingreso a Venezuela.

Nadie cree en los partes oficiales que hablan de un sofisticado ataque cibernético tramado por Trump y sus lacayos. Por un lado, los venezolanos saben (porque lo viven en carne propia) que desde hace años la red eléctrica nacional viene fallando de manera recurrente y profunda. Ciudades enteras se han acostumbrado a sobrevivir sin un flujo regular de luz. La hipótesis más natural es la de un fallo colosal, provocado por dos décadas de desatención, desinversión y un manejo tan corrupto como sectario de las empresas básicas. Otros imaginan cosas peores y especulan con lo que son capaces de hacer los castristas que, en efecto, forman una parte medular del régimen que preside Maduro. Se habría tratado, según ellos, de un golpe de mano para aterrorizar a la población y quebrar así el espíritu de resistencia que Juan Guaidó ha logrado encarnar.

Y esto es solo un capítulo más del atribulado año 2019 que le ha tocado a Venezuela, devenida terreno atractivo para el estudio, la interpretación y la especulación de propios y extraños. Venezolanos, venezolanistas y venezolanólogos debaten en las redes, en la prensa y en la academia, así como en los parlamentos de medio planeta, tratando lo que sucede y lo que podría suceder con este país. No es para menos. En muchos sentidos, el caso venezolano representa para nuestro tiempo lo que la guerra civil española, la Primavera de Praga o la crisis de Yugoslavia significaron en sus respectivos momentos: una crisis insólita y atroz que rompe esquemas y que confronta a Occidente con sus creencias y valores más profundos. Para la izquierda global, sobre todo, se ha convertido en un duro examen de conciencia.

Al día de hoy más de 50 gobiernos democráticos, tras largos meses de trabajo diplomático, han alcanzado acuerdos muy significativos sobre Venezuela. Este consenso incluye el desconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo, el reconocimiento de Juan Guaidó como presidente interino, la necesidad de ingresar ayuda humanitaria al país y la exigencia de prontas elecciones libres. Es un consenso casi sin precedentes, para propiciar el retorno a la democracia de una nación en ruinas de la que aún podrían salir varios millones de desplazados —emigrantes es un eufemismo— si las cosas no se enderezan. Por desgracia, antes de este éxodo gigantesco y de la salida de varios gobiernos de izquierda en la región no fue posible concitar semejante reacción multilateral. En todo caso, el amplio consenso occidental, sumado al de los propios venezolanos, se traduce ahora en un nítido mensaje a la Fuerza Armada Bolivariana: un giro suyo bastaría para cerrar el cuadro de una transición.

El chavismo, no obstante, se atrinchera. Ofrece dialogar, pero nunca ha respetado acuerdos. Y los militares no han cambiado su postura como bloque, aunque a título individual algunos se desmarquen; el terror a la justicia, a la venganza y al control de los órganos de inteligencia del castrismo parece bastar para impedir un viraje. Operan además en Venezuela organizaciones como Hezbolá y el ELN, mientras Rusia y China bloquean en la ONU todo lo que apunte a un cambio de régimen. Aunque Venezuela ya está invadida (Almagro y otros han dado detalles al respecto), nadie desea otra intervención armada para forzar un cambio. El Grupo de Lima y la Unión Europea descartan públicamente dicha posibilidad, aunque incrementan las sanciones a Maduro y compañía. Ante semejante panorama, la Casa Blanca maniobra para no quebrar el consenso multilateral y prefiere seguir apostando, por ahora, a una reacción interna.

Pero mientras los analistas analizan, los periodistas reportan y los diplomáticos exhortan, la economía venezolana se desploma, los esbirros reprimen y los demócratas se enfrentan a su propia impotencia. Y la gente, que lo intentó todo, que votó, marchó y luchó en las calles cientos y cientos de veces, no sabe ahora qué hacer ante una situación cada vez más opresiva y desesperada. Los venezolanos, en definitiva, están convencidos de que solos no podrán conjurar la muerte lenta que encarna un futuro inminente sin seguridad, ni agua, ni alimentos, ni medicinas, ni luz.

Fuertes similitudes hacen comparables el nacimiento de la dictadura de Anastasio Somoza García en los años treinta del siglo XX con el régimen Ortega-Murillo.

Diversas visiones se plantean sobre las causas de una y otra dictadura y sobre los diferentes pesos en cada una de las cuestiones políticas, la desigualdad económica, las condiciones internacionales, el incremento de la represión, el zancudismo, etc., así como sobre los disparadores del nacimiento de cada una de ellas.

Lo que merece rescatarse son las estrategias que pusieron en marcha tanto Somoza García como Ortega-Murillo para consolidar su poder político.

La crisis de los años treinta desató un fervor somocista en las elites de la época que derivó en la dictadura de Somoza García (1936-1956). Y, si bien algunas personas fueron críticas a ese proceso político, otros y principalmente la gran mayoría de los conservadores, intelectuales y sectores de la clase dominante y del gran capital de la época, se orientaron hacia un apoyo total a la naciente dictadura; aceptaron el poder autoritario que les permitía incrementar sus beneficios económicos y su seguridad empresarial.

En ese entonces, algunas personas señalaron los peligros que el autoritarismo suponía para el país y vaticinaron que, al final, todos íbamos a sufrir las consecuencias negativas de un régimen dictatorial, tal y como sucedió en la realidad. Sin embargo, aunque ninguno de los opositores al nacimiento de la dictadura de Somoza García fue escuchado, ellos siguieron convencidos de las consecuencias desastrosas para la nación, en el caso de continuar con el apoyo y consolidación de la dictadura Somoza García.

Las condiciones políticas y sociales que se produjeron entre 2007 y 2018 son parecidas a las arriba descritas: agotamiento de la política tradicional encabezada por la derecha clásica, modelo enmarcado en un proceso de flagrante desigualdad económica y social, desempleo, crecimiento insuficiente y pobreza en aumento, mientras la riqueza se concentraba en una minoría. Y parecieron repetirse las principales políticas rubricadas por Somoza García: democracia de fachada, desprecio a la ley, Estado botín, nepotismo, autoritarismo, represión, etc.

En nombre del pragmatismo o centrismo político se hacen alianzas espurias, negociaciones indecentes debajo de la mesa, abrazos inesperados en las recepciones diplomáticas, reconciliaciones insospechadas, corruptos condenados obtienen diputaciones o cargos importantes en el aparato del Estado.

Por la ruta del pragmatismo, los políticos tradicionales llegan a los conciliábulos menos imaginables, a los acuerdos o pactos más inverosímiles. Recordemos el pacto Somoza García-Cuadra Pasos en 1939; el pacto Somoza García-Chamorro en 1950; Somoza Debayle-Agüero Rocha en 1971, el pacto Alemán-Ortega en 1999, el pacto Montealegre-Ortega 2006 y el pacto Pellas-Ortega 2007-2009.

Ante este panorama ominoso, Ortega-Murillo se plantearon consolidar el control sobre las fuerzas armadas (con las reformas de las leyes respectivas) para tener bajo su mando directo al ejército y a la policía, por temor de un incremento de las protestas sociales, como sucedió a partir de abril de 2018.

El régimen Ortega-Murillo con su estilo alejado del consenso, y más bien de confrontación, no vive su mejor momento político; existe el peligro de que se desarrolle mayor inestabilidad con focos rojos, tanto internos como externos.

Mientras tanto, los viejos líderes empresariales, al igual que los políticos tradicionales, profesan las mismas y viejas ideas de la cultura política: el pacto.

Líderes empresariales, políticos tradicionales, sectores de la Iglesia católica encabezados por el nuncio apostólico buscan una salida a la crisis sociopolítica que no requiera un cambio profundo de esa forma, para no pagar las consecuencias de su apoyo al nacimiento de la dictadura Ortega-Murillo.

El monumental apagón que actualmente afecta Venezuela, y que fue declarado por Nicolás Maduro como una agresión imperialista, debe ser visto en el contexto del deterioro general de esta nación, tras dos décadas de chavismo.

Al grito de improperios y farfullantes maldiciones, los venezolanos recibieron el pasado jueves 7 de marzo la ausencia de servicio eléctrico, justo al final de la jornada laboral ordinaria. El incordio era el acostumbrado: perder trabajo inconcluso, angustiarse por el regreso a casa ante las falla del transporte masivo, el agotamiento de las baterías en teléfonos… Pero lo que parecía otro apagón más, iba revelándose en toda su magnitud a medida que corría la confusa información en redes sociales y en algunas pocas emisoras de radio aún funcionando, confirmándose que el suceso ocurría a escala nacional.

Al momento de redactar esta nota han pasado más de 96 horas de interrupción. Desde la primera noche, corrió la versión oficial ordinaria: un sabotaje —como es frecuente, denuncia sin aparentes culpables— pero en esta ocasión orquestado por operaciones de subversión dirigidas por los Estados Unidos y sus lacayos la Asamblea Nacional venezolana. Esta línea de Miraflores, si tenía eficacia alguna, se debía al casi perfecto monopolio de información en las pocas fuentes de información masiva disponibles, situación empeorada por las fallas en telecomunicaciones. Mientras, la meta de restauración se iba postergando, sin responsabilidad pública y con una agravante persecución política contra chivos expiatorios, amparándose esos abusos en la sombra de la noche impuesta.

Si no fuese por la impopularidad esencial del régimen, y su historia de ineficacia administrativa, la versión del sabotaje yanqui podría tener alguna credibilidad, aun si parece sacada de las páginas más truculentas de la guerra fría. Empero, los desperfectos de la industria eléctrica son de larga data. Desde el desmantelamiento de los esfuerzos privados y la meritocracia pública y descentralizada, pasando por la desinversión y la congelación de tarifas como medida populista, la centralización burocrática y politizada de las industrias vinculadas, la falta de mantenimiento más básica, sin mencionar la extraordinaria corrupción en torno a la compra de plantas energéticas que nunca fueron propiamente construidas, Venezuela pasó de tener una de las más penetrantes y productivas industrias de generación, transmisión y servicios eléctricos de América Latina durante el siglo pasado a ser la sombra de la región.

Este desastre autoinfligido se puede notar anecdóticamente en años de racionamiento eléctrico, en los daños recurrentes a equipos domésticos e industriales, en la oscuridad de calles y avenidas, y en la reducida vida de algunas poblaciones que se recogen al romper la noche cual si fuesen atrasados pueblos de crónicas decimonónicas olvidadas, pero bajo el acecho de la violencia urbana contemporánea. La perturbación sobre los modos de vida modernos, acostumbradas las grandes ciudades a eventos similares pero de menor duración, hunden aún más la situación de una sociedad cuya vida se muestra precaria y depauperada, distraída en labores esclavizantes que impiden un trabajo productivo continuo. Es cierto que, como espejo de la nueva desigualdad impuesta por la destrucción económica, los daños no afectan a todos por igual y hay un segmento de la sociedad que parece mejor pertrechado para estas emergencias. Pero el efecto sobre la vida general del país, y especialmente sobre las redes comercial, financiera, industrial y de servicios que aún persisten, puede ser irreversible a medida que se alarga la situación.

Desde la sociedad venezolana, independientemente de su signo político, la urgencia del cambio se hace perentoria. Es aún insondable la ruta hacia el cese de la usurpación y sus secuelas en corrupción, desidia y abandono de la dignidad humana; y son también inciertas las posibilidades reales de una transición política ordenada hacia la democracia o, cuando menos, hacia un Estado funcional. Mientras tanto, del legado de Hugo Chávez se proyectan sobre la vida de todos los venezolanos solo sombras, nada más.

Asistencialismo, estatismo y presidencialismo han marcado los primeros cien días de gobierno de López Obrador: modelos caducos que intentan socavar el orden democrático mexicano.

Han pasado cien días desde que Andrés Manuel López Obrador rindió protesta como presidente de México, periodo de gracia en el que, con niveles de aprobación cercanos al 80 %, se impulsan cambios profundos en la política mexicana que apuntan a una transformación en el sistema democrático.

Son cambios, no obstante, que miran mucho más hacia el pasado que hacia el futuro. Cambios que parecieran voltear hacia un tiempo cuando el Estado benefactor, protector y todopoderoso de los años setenta se asumía como panacea y salvaguarda de la vida pública.

El modelo que poco a poco se impone a partir de la decisión presidencial y con una clara mayoría en el Congreso, presenta tres características manifiestas en distintas acciones que permiten entrever la construcción de un autoritarismo a partir de una bien definida estrategia, que poco a poco se implementa y resulta riesgosa para la aún débil y poco enraizada democracia mexicana.

La primera tiene que ver con el modelo asistencialista, jamás abandonado del todo durante los casi veinte años de alternancia política pero que a partir del 1 de diciembre de 2018 ha sido reforzado a partir del desmantelamiento del enfoque subsidiario que distinguió a numerosos programas sociales.

Destaca, en ese sentido, la cancelación de los recursos al Programa de Estancias Infantiles para madres trabajadoras, implementado durante el gobierno de Felipe Calderón y que fomentaba la reconstrucción del tejido social, la cohesión ciudadana y la construcción de lazos de confianza, generaba empleos y sostenía pequeñas y medianas empresas.

En lugar de ello, la propuesta presidencial consiste en entregar apoyos económicos directamente a las madres, conformando así una red clientelar que se suma a otras que de igual modo se han construido bajo el mismo esquema, y que incluyen a adultos mayores, jóvenes sin estudios y sin trabajo (ninis) y otros sectores sociales.

La segunda característica del nuevo régimen tiene que ver con un modelo presidencialista que, a través de recortes presupuestales disfrazados de austeridad, mina las capacidades y funciones de organismos autónomos y contrapesos al poder central, para depositar el grueso de las decisiones y los controles en el propio López Obrador, erigido en la más clara tradición populista como líder máximo del Gobierno, portavoz único y dispuesto a mermar e inclusive desmantelar las instituciones que constituyen y hacen posible el equilibrio de poderes.

Ese presidencialismo que aspira, como fue en la «democracia» mexicana durante décadas, al líder único y supremo, que se asume como representante de la totalidad de la sociedad y para quien el pluralismo, el diálogo, la construcción de acuerdos, la prensa crítica o la sociedad implica un estorbo que debe someterse, descalificarse, relegarse o ignorarse, tal y como ha ocurrido durante estos primeros cien días de gobierno.

La tercera característica de la administración lopezobradorista tiene que ver con el estatismo, también heredado de una época en que la cerrazón frente al exterior y términos caducos y anacrónicos como autosuficiencia —alimenticia, energética, productiva, económica— fueron parte del discurso y de las políticas económicas que hundieron al país en crisis económicas que se sucedieron cada seis años entre 1976 y 1994.

Un estatismo que en su afán por controlarlo todo desde el ámbito político, terminó por volver disfuncional prácticamente todo aquello que tomó entre sus manos, como ya ha ocurrido con la escasez de gasolina en las últimas semanas. Un estatismo que contraviene en sus características pasadas el muy atinado y aplaudido discurso presidencial de frenar y acabar con la corrupción gubernamental, y que hace de la concentración de poder un potencial y riesgo.

Cien días después de que Andrés Manuel asumió la presidencia de México, la incertidumbre que acompañó los primeros días de gobierno, y que tenía que ver con promesas de campaña contradictorias, se esclarece poco a poco y devela un estilo de gobierno que desde el asistencialismo, el estatismo y el presidencialismo pareciera empeñarse en replicar un modelo fallido y agotado, pero útil para preservar el poder.

¿Cuál es la capacidad de acción de quienes resisten a la Revolución bolivariana? 

El sábado 23 de febrero el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela y las fuerzas democráticas de ese país intentaron ingresar ayuda por la frontera para aliviar la emergencia humanitaria compleja que sufrimos los venezolanos. La acción desató la violencia del régimen. En el borde con Colombia actuaron colectivos armados dirigidos por Iris Varela, ministra del Poder Popular para el Servicio Penitenciario. Se trata de grupos dirigidos y financiados por el Estado cuya misión es atacar a quienes se oponen al régimen. Fueron creados por Hugo Chávez en 2002 y desde ese momento actúan impunemente en todo el territorio nacional. En la frontera con Brasil ocurrió lo mismo: fuerzas de seguridad del Estado y colectivos atacaron a poblaciones indígenas que se oponen a la dictadura. Aún desconocemos el saldo oficial de esa jornada. Pero cifras extraoficiales publican catorce asesinados y más de trescientos heridos. Los hechos descritos en el párrafo anterior nos permiten hacer tres consideraciones: i. sobre la naturaleza del régimen bolivariano, ii. sobre la capacidad de acción de quienes le resistimos, y iii. sobre el futuro inmediato.

I.

Jeane Kirkpatrick fue embajadora de Estados Unidos en Naciones Unidas entre 1981 y 1985. Su participación en la administración Reagan supuso un cambio en la política exterior ese país. Antes de su llegada al Departamento de Estado se pensaba que todas las dictaduras eran iguales y debían ser atendidas de manera similar. Sin embargo, cuando Kirkpatrick se incorporó trajo consigo una actualización a la aproximación de los sistemas políticos: la distinción totalitaria-autoritaria. Para la política estadounidense las dictaduras de derecha son distintas a los totalitarismos comunistas. Las primeras son susceptibles a las presiones diplomáticas y a las movilizaciones de calle, mientras los segundos no. En resumen: las dictaduras de derecha podrían reformarse hacia la democracia, producto de presiones internas y externas, mientras que los totalitarismos de izquierda no.

En la reunión del Grupo de Lima que se realizó en Bogotá el pasado 26 de febrero se presentó un debate sobre la situación actual. Los cancilleres condenaron la acción de los grupos armados dirigidos por el Estado, animaron al pueblo venezolano a seguir movilizados y anunciaron la profundización de las sanciones diplomáticas. El pronunciamiento es complejo: de manera simultánea denunciaron la acción de los colectivos y alentaron a la población civil indefensa a permanecer en la calle. Sumado a esto, en el punto 16 «reiteran que la transición a la democracia debe ser conducida por los propios venezolanos pacíficamente y en el marco de la Constitución y el derecho internacional, apoyada por medios políticos y diplomáticos, sin uso de las armas».

En la doctrina Fitzpatrick hay claves que podrían ayudar a comprender la situación. Uno de los temas de fondo que encontramos en el debate y la posterior declaración del Grupo de Lima es la indefinición de la naturaleza del régimen: ¿Se trata dictadura militar como la de Augusto Pinochet o es un sistema totalitario como el castrocomunismo? Quienes vivimos puertas adentro y lo hemos estudiado encontramos que la realidad se aproxima más al segundo tipo. En tal sentido, el pronunciamiento del Grupo de Lima es insuficiente y preocupante. Limitado porque revela incomprensión y alarmante en dos sentidos: i) reconoce que existen grupos armados dispuestos a atacar población civil y simultáneamente animan a enfrentarlos; y ii) descarta explícitamente los medios de fuerza a sabiendas de los riesgos humanos descritos.

El pasado sábado 23 de febrero se cristalizaron los principales rasgos que revelan la naturaleza del régimen bolivariano. El desprecio absoluto por la vida humana, la activación de grupos armados dirigidos por altos funcionarios del Estado y la instauración del terror como mecanismo de control social. Tal como lo dijo Delcy Rodríguez, quien usurpa la vicepresidencia de la República: «Esto fue solo una muestra de lo que somos capaces de hacer».

II.

Frente a la situación descrita nos preguntamos: ¿cuál es la capacidad de acción de quienes resisten a la Revolución bolivariana? Abordaremos esta interrogante desde dos perspectivas: existencial y práctica. La primera refiere a la disposición del espíritu de quienes enfrentan a la dictadura y la segunda a los recursos políticos de que disponen.

Comencemos con lo existencial. Una de las grandes paradojas de la lucha antitotalitaria es el reconocimiento de la libertad personal en un entorno de dominación. El alma del político se entrena en el sufrimiento y aprende a encontrar en sus embates oportunidades para descubrir caminos de libertad que abren puertas a la acción personal y colectiva.

Este descubrimiento no es exclusivo. En testimonios de quienes han resistido a sistemas de este talante encontramos reflexiones similares. Vaclav Havel, Mart Laar, Milada Horakova, Lech Walesa, Oswaldo Payá, François-Xavier Nguyen van Thuan y miles de héroes anónimos se han encontrado con el gozo de la libertad en medio de la tortura y la persecución. Después de veinte años de revolución, los venezolanos hemos descubierto esta revelación universal de la lucha por la libertad. Solo a la luz de este hallazgo podemos explicar la valentía, el desprendimiento y la piedad patriótica que en tantas ocasiones han inundado las calles del país.

Pasemos ahora a la perspectiva práctica. Las fuerzas democráticas en Venezuela cuentan con cuatro recursos políticos fundamentales: las acciones de la Asamblea Nacional, la activación de la opinión pública nacional e internacional, la promoción de movilizaciones de calle y la solidaridad del mundo libre. El Poder Legislativo es el espacio legítimo con reconocimiento nacional e internacional en donde confluyen las fuerzas democráticas y desde donde se articulan las acciones concretas. La opinión pública, cada vez más limitada en el país, es fundamental para levantar la voz de quienes más sufren y animar la solidaridad de todos. A pesar de los riesgos humanos evidentes ya reconocidos por la comunidad internacional, las movilizaciones de calle son necesarias para evidenciar el descontento popular y los deseos de cambio. Por último, la solidaridad del mundo libre expresada en sanciones económicas es el mecanismo más eficaz de presión diplomática que podemos impulsar.

III.

Considerando lo expuesto en los apartados anteriores, finalizaremos el análisis con tres reflexiones sobre el futuro inmediato. Primero, la naturaleza del régimen bolivariano hace poco probable un género de liberación autocrática por vía de reformas. Pareciera que la cúpula militar —seguida de cerca por agentes de la dictadura cubana— no cederá ante las presiones y su respuesta frente al cerco internacional es administrar el ejercicio de la violencia con el propósito de reequilibrarse en el poder. En tal sentido, la aproximación al problema que ofrece el Grupo de Lima (por el momento) luce insuficiente.

Segundo, las acciones de las fuerzas democráticas venezolanas revelan una disposición existencial a la lucha política. Este talante permite advertir que frente al dilema entre sumisión y conflicto, los venezolanos nos decantaremos por lo segundo. Las últimas coyunturas han evidenciado que nuestra tradición republicana y nuestros deseos de libertad privan cuando se nos pretende imponer el miedo y el terror.

Tercero, el reconocimiento de la existencia de grupos armados que actúan bajo el amparo y la dirección del Estado venezolano con el propósito de reprimir las acciones de la oposición nos permiten advertir la posibilidad de una masacre en contra de población civil desarmada. Quizás este tercer aspecto sea el más preocupante. No se trataría de una guerra civil, sino del exterminio de civiles por razones políticas a manos de fuerzas oficiales y paraestatales que responden a la Revolución. Entonces, de llegar a ocurrir, se trataría de la crónica de una masacre anunciada. En tal sentido, nadie se podrá mostrar sorprendido ante la tragedia.

El nacionalismo vuelve a estar en auge en el mundo cuando se pensaba que era una ideología superada. Antes de criticarlo resulta esencial comprender las raíces profundas de su resurgimiento y dar respuestas políticas que hagan posible un nacionalismo liberal e inclusivo.

Hasta hace unos años parecía que el globalismo había llegado para quedarse como una forma de superación del Estado nación. La Europa sin fronteras era el ejemplo a imitar y la integración económica, comercial y cultural estaban en alza. La misma palabra nacionalismo generaba incluso connotaciones negativas.

Sin embargo, ante la incredulidad de la elite política, económica y mediática comenzaron a darse situaciones que pusieron en jaque esta idea. El brexit, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, el crecimiento del Frente Nacional en Francia y el surgimiento de partidos abiertamente nacionalistas y anti-UE en casi todos los países de la Unión han puesto al nacionalismo en el centro de la escena. Otra vez.

Lo que vemos como el auge del nacionalismo es más bien una necesidad de una parte de la población de reafirmar la propia identidad frente a los cambios frenéticos que nos presenta el mundo globalizado.

Si un ciudadano norteamericano puede almorzar comida árabe, mirar una película francesa, llamar a su novia latina usando su smartphone coreano y luego conducir a casa en su coche japonés mientras escucha música en español y viste con marcas de ropa italianas que fabrican en Vietnam, entonces ¿cuál es la identidad norteamericana? ¿Qué tiene en común esa persona con su bisabuelo que nació a principios de siglo?

Algunos responderán que efectivamente se compone de todas esas cosas, y que las identidades nacionales, al igual que la cultura, no son estáticas. Pero muchos otros no estarán de acuerdo y buscarán recuperar la identidad perdida refugiándose en partidos o agrupaciones políticas que canalicen su reclamo. Especialmente cuando estos partidos, en contextos de crisis, argumentan que sus problemas se deben a los inmigrantes y a la economía abierta.

Esto explica en parte por qué en Europa y Estados Unidos hemos asistido al auge del nacionalismo xenófobo, y generalmente asociado a la extrema derecha que ve a los inmigrantes como amenazas a la estabilidad económica y a la seguridad nacional. Además, esto no es únicamente una cuestión de las democracias occidentales. En estos momentos, India está experimentando un fervor nacionalista impulsado por el partido de gobierno, BJP, al igual que China y Japón en menor medida.

Atento a esta disyuntiva, y a su contexto político interno, Emanuel Macron argumentó en noviembre pasado que «el nacionalismo es la traición del patriotismo», entendiendo este último como el sentimiento de afecto de las personas por su tierra, sea natal o adoptiva.

Más allá del nombre que utilicemos, el nacionalismo no debe girar alrededor de la dicotomía ellos o nosotros, sino más bien ellos con nosotros o sencillamente nosotros, complementándonos y obteniendo lo mejor de cada quien. Esto se ve claramente en sociedades acostumbradas históricamente a recibir migrantes. Al fin y al cabo, es la diversidad la que enriquece a la nación.

¿Un nuevo nacionalismo desde América Latina?

En América Latina, el nacionalismo tiende a estar asociado al antiimperialismo y, a diferencia de lo que sucede en otras partes del mundo, a lo que llamaríamos la izquierda. Este subtipo de nacionalismo es igual o tan negativo como el xenófobo, por la sencilla razón de que ambos son expresiones egoístas que se concentran en las cuestiones negativas del otro más que en pregonar el afecto y respeto hacia la historia y la cultura del propio país.

En el último periodo también hemos visto algunos actos asociados a un nacionalismo antiinmigratorio. En sectores de Costa Rica y México se han visto protestas contra migrantes del resto de Centroamérica y en el norte de Brasil ha sucedido algo similar con los venezolanos. Como consecuencia, Jair Bolsonaro anunció que Brasil abandonaría el pacto migratorio de las Naciones Unidas.

Para evitar estas expresiones, la cuestión no está en combatir el nacionalismo —sea antiimperialista o xenófobo—, ya que esto solo provoca una disputa ideológica innecesaria. Lo que se debe promover es una versión inclusiva y liberal de la nación, algo para nada incompatible. El surgimiento mismo del nacionalismo está atado al liberalismo.

La tradición multicultural de los países de la región abre una ventana de oportunidad hacia un nacionalismo liberal, inclusivo y abierto al mundo. Líderes incluso muy diversos en cuanto a ideología política se encuentran ante el interesante desafío de demostrar al mundo que nacionalismo y liberalismo no son cuestiones incompatibles.

Bibliografía

Tamir, Yael (2019). Building a Better Nationalism: The Nation’s Place in a Globalized World. Foreign Affairs Magazine, marzo-abril.

Snyder, Jack (2019). The Broken Bargain: How Nationalism Came Back. Foreign Affairs Magazine, marzo-abril.

La idiosincrasia latinoamericana (paradójica, esquiva, ecléctica) podría llegar a definirse si se lograra esbozar una síntesis entre estos ensayos antagónicos. Tarea compleja. Del buen salvaje al buen revolucionario refuta todos los mitos, leyendas y clichés del imaginario americanista. La idea de que los Estados Unidos no son los responsables del fracaso de nuestros países, en múltiples contextos, sigue resultando antipática y apátrida. Carlos Rangel es uno de los pocos autores que conozco que, en el fragor de los años setenta, se atrevió a decir en voz alta que éramos unos pueblos acomplejados y frustrados, principales causantes de nuestro estancamiento.

El libro de Galeano, por otro lado, a pesar de su valor documental y estilístico, se ha convertido en un panfleto. Los usos políticos de Las venas abiertas de América Latina han transformado su argumento en una especie de populismo for dummies. Este es el relato del continente violado, ultrajado por enemigos inclementes. Muchos recordarán que, en alguna de tantas cumbres internacionales inútiles, en uno de sus habituales números circenses, Hugo Chávez le regaló este libro a Barack Obama.

El gesto populista degrada, en gran medida, el trabajo ensayístico de Galeano. Las venas abiertas… es una tesis de la que se puede discrepar, pero el texto no deja ser un resumen completo y necesario sobre una vasta tradición de pensamiento latinoamericano que muchos políticos inescrupulosos han explotado a conveniencia. Una comprensión general de América pasa por hacer una mesa redonda sobre estas dos posturas, en apariencia irreconciliables.

Ficha técnica

Del buen salvaje al buen revolucionario
Carlos Rangel
Caracas, MonteÁvila Editores, 1976 (1.ª ed.)

Las venas abiertas de América Latina
Eduardo Galeano
Siglo XXI Editores, 1971 (1.ª ed.)

El 7 de febrero de 1986 huyó hacia el exilio Jean-Claude Baby Doc Duvalier, quien desde 1971 gobernaba como presidente vitalicio, encabezando el régimen iniciado por su padre.

Treinta y tres años después, el pueblo haitiano se ha lanzado a las calles. Multitudinarias protestas por todo el territorio nacional exigen la renuncia del presidente Jovenel Moise, en el cargo desde 2017.

Al analizar las causas del estallido social, es preciso resaltar que se está hablando del país más pobre del hemisferio occidental, con un producto interno bruto per cápita de 765 dólares. Cuando a esta situación ya dramática le agregamos que entre enero de 2018 y febrero de 2019 el gourde (la moneda haitiana) perdió 29 % de su valor, que la inflación se ha mantenido en 15 % y que una auditoría del Tribunal de Cuentas apunta seriamente a la desviación de recursos provenientes del programa Petrocaribe para el enriquecimiento de altos funcionarios hoy oficialistas, lo que tenemos es una tormenta perfecta para la poblada estamos viendo.

En adición a los problemas económicos, Haití sufre por un sistema político poco funcional para su realidad, como el semipresidencialismo francés, el cual frecuentemente paraliza agendas reformistas por los choques partidaristas entre el Ejecutivo y el Parlamento. Más aún, la participación electoral es mínima. Esto se reflejó en los comicios que eligieron a Moise, quien ganó con el 56 % de los sufragios, pero solo 18 % de habilitados fueron a votar, dejándolo con un mandato sumamente débil.

Partiendo de una legitimidad cuestionada, los sectores críticos han descrito al jefe de Estado como lejano y poco dispuesto al diálogo. Este se ha negado a negociar sobre la base de una renuncia, resaltando los diversos gobiernos interinos que ha tenido su país en el pasado y que, según dice, solo produjeron «catástrofe». En cambio, ha buscado dirigir el descontento hacia el primer ministro Jean-Henry Ceant, insinuando que es este quien debe renunciar, de similar modo a lo sucedido en 2018 con la salida de Jack Guy Lafontant por la reacción adversa a la eliminación de subsidios al combustible. El premier esta vez se ha negado a ofrecerse en sacrificio y los protestantes no han sido receptivos a los gestos del gobierno, continuando con las demostraciones crecientemente violentas que incluso llevaron a la cancelación del amado carnaval.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) calcula en 26 los muertos durante febrero y alrededor de un centenar de heridos. Los efectos económicos igualmente se han sentido con hasta una semana de parálisis en la actividad comercial. Todo esto sin señal de avances hacia una salida de la peor crisis sociopolítica desde la segunda caída de Jean-Bertrand Aristide en 2004. Esto ha creado gran preocupación en la comunidad internacional, especialmente en la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Comunidad del Caribe (CARICOM), así como en los países donantes o limítrofes como lo es la República Dominicana.

Precisamente este país, donde reside el grueso de la diáspora haitiana y que es el principal socio comercial de Haití, es de los más afectados por la inestabilidad del otro lado de la frontera. En ese sentido, existe un interés especial de que el conflicto se resuelva pacíficamente y se fortalezcan las instituciones de la nación vecina.

Sin embargo, es importante que América Latina asuma un rol más activo, reconociendo que se trata de un problema regional. Una paz duradera estará más cerca si se consigue aunar criterios para la construcción de un Haití funcional, dejando atrás el mero subsidio al desorden y estableciendo en cambio una ruta con metas claras. Más allá de si el presidente Moise logre terminar su mandato o no, los actores internacionales deberán abordar las debilidades estructurales que hacen que estas situaciones se repitan, de modo de evitar el mismo círculo vicioso.

La propuesta de reforma constitucional del Partido Comunista de Cuba blanqueó lo que el castrismo siempre negó y la unanimidad en la cual la revolución decía legitimarse no es tal. Pero esto no es todo, pues la opacidad del proceso electoral del referéndum permite aventurar la idea de que el castrismo, al igual que le pasó al pinochetismo, no resistiría un plebiscito para mantenerse en el poder.

Tanto Fidel y Raúl Castro, como sus funcionarios y fanáticos defensores dentro y fuera de Cuba, siempre minimizaron a la oposición interna, calificándola de grupos minúsculos y mercenarios al servicio de una potencia extranjera, algo típico de estos regímenes. Sin embargo, ante la primera ocasión en que la revolución permitió votar a favor o en contra de una propuesta oficial de reforma constitucional, se encontraron con un rechazo superior al millón de votos, con todo y que la oposición es catalogada como una oposición ilegalizada.

Esta reforma constitucional fue planteada por Raúl Castro días después de ser reemplazado por Miguel Díaz Canel como jefe de Estado, y de la renovación total de la Asamblea Nacional del Poder Popular. La reforma fue sometida a consultas y el proyecto original produjo cambios, pero mantuvo siempre el régimen unipartidista y el carácter «irreversible» de la revolución. La convocatoria para votar la reforma se fijó para el pasado 24 de febrero (24F).

Esta nueva constitución, que reemplazará a la 1976, obtuvo 86,8 % de los votos, de cerca de ocho millones de votos registrados. Por su parte, el 9 % votó por el No y el 4,1% restante fueron votos en blanco o nulos. A su vez, la abstención alcanzó casi el millón y medio de ciudadanos habilitados para votar, entre los cuales estaban quienes rechazaron participar por considerar que se trataba de un fraude orquestado.

De acuerdo con el portal 14ymedio, «Un cálculo inicial arroja que la suma de votos por el No, los nulos y los que quedaron en blanco es de 1.032.174. Si se agrega la abstención (1.449.934), la cifra alcanza un total de 2.482.108 cubanos que no aprobaron la nueva Constitución, es decir, el 26,69 % del padrón electoral. La Carta Magna fue aprobada por el 73,31 % de ese registro de votantes».

De esta manera, la propuesta de reforma constitucional del Partido Comunista de Cuba (PCC) blanqueó lo que el castrismo siempre negó y la unanimidad en la cual la revolución decía legitimarse no es tal.

Pero esto no es todo, pues la opacidad del proceso electoral del referéndum permite aventurar la idea de que el castrismo, al igual que le pasó al pinochetismo, no resistiría un plebiscito para mantenerse en el poder en condiciones similares a las que se produjeron en Chile en 1988. En efecto, en el plebiscito que puso fin al régimen militar chileno la oposición pudo hacer campaña por el No, incluso en los medios públicos. Además, los padrones estuvieron depurados y los partidos que luego conformarían la Concertación de Partidos por la Democracia que en 1989 llevó a la presidencia a Patricio Aylwin pudieron fiscalizar el proceso electoral, al cual se sumó la Iglesia católica —que también era opositora a la dictadura militar—, así como acompañamiento puntual de la observación internacional.

En este referéndum constitucional en Cuba solamente hubo campaña oficial por el Sí y en el cuarto de votación se proporcionó ¡un lápiz! para marcar en la boleta por Sí o por No. Posteriormente, los resultados de una votación tan sencilla se difundieron 21 horas después del cierre de la votación.

¿Cuál habrá sido el verdadero resultado? Solo lo debe saber la jerarquía del PCC. Pero en cualquier caso ahora el costo político de sostener un régimen de partido y pensamiento únicos es más alto, dado que hay por lo menos un veinte por ciento de la población cubana que no los comparte.

El sucesor formal de Raúl Castro, Miguel Díaz Canel, conoce ya el resultado de esta suerte de encuesta sobre el apoyo a la revolución, la cual terminó convirtiéndose en una demanda de apertura política. Por su parte, a pesar de la represión y la falta de apoyo internacional, la oposición tendrá en las nuevas tecnologías una herramienta para burlar la censura y tratar de movilizar a ese millón de cubanos que rechazaron esta reforma constitucional.

Después de este referéndum constitucional ya nada será igual en Cuba. Asimismo, comenzará a cuestionarse la legitimidad del régimen cubano en el ámbito internacional, a lo cual el eventual retorno a la institucionalidad democrática en Venezuela le podría dar el golpe de gracia al único gobierno unipartidista de América Latina.

Publicado en el portal Análisis Latino, de CADAL, el 27 de febrero de 2019

Dos documentos recientes (surgidos de un organismo del gobierno uruguayo y de una organización social), acercan a la arena pública las transformaciones urbanas en contextos de precariedad urbana y las respuestas políticas en el Uruguay.

En el Uruguay del siglo XXI, el crecimiento económico y la reducción de la pobreza monetaria han signado una trayectoria donde las desigualdades socioespaciales persisten o se han reconfigurado.

En el año electoral, el debate sobre la ciudad y las inequidades urbanas merece un tratamiento acorde a lo que implica en términos de integración social, sostenibilidad ambiental y derechos humanos. Se trata de un debate multisectorial y multinivel, que requiere una urdimbre de acuerdos para lograr transformaciones efectivas sobre procesos cuyas causas exceden las dinámicas propias de la manifestación espacial de estos.

La agenda de políticas urbanas suele diluirse sectorialmente (hablamos de políticas de vivienda, transporte o infraestructura) y muchas veces los indicadores de condiciones de vida se leen desatendiendo la dimensión espacial. En otras ocasiones, las políticas territoriales se observan con sesgo excesivo según el nivel de gobierno que las diseña y ejecuta. Incluso el ordenamiento territorial (potenciado por la ley 18308 de 2008) tiene dificultades para posicionarse.

El Programa de Mejoramiento Barrial del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (PMB-MVOTMA) publicó el informe técnico Asentamientos recientes en Uruguay: un estudio exploratorio, en el que, articulando trabajo de campo y chequeo de registros y fotos satelitales, se caracterizan los 45 asentamientos surgidos en el país desde el último censo (año 2011) considerando aspectos urbanos, de hábitat o proceso de ocupación, al tiempo que se deslizan hipótesis sobre los factores que han incidido en este proceso.

En tanto, TECHO Uruguay presentó su relevamiento nacional de asentamientos 2019. A partir de datos del censo INE 2011, se recorrieron los 659 asentamientos detectados en el país, recabando información territorial y sus condiciones de vida y organizacionales. TECHO también presentó un observatorio de acceso público y planteó una agenda de acciones a corto plazo respecto a la problemática de los asentamientos.

PMB-MVOTMA considera que existe un escenario estable en cuanto a la cantidad de asentamientos en el país, destaca la persistencia del fenómeno en el área metropolitana y un incremento importante en algunas de las principales ciudades del Interior. En estos nuevos asentamientos, la localización periférica, la deficiencia infraestructural y de materialidad de las viviendas, la ubicación mayoritaria en lotes privados ocupados progresivamente mediando el negocio informal de tierra urbanizable pueden considerarse parte del fenómeno del crecimiento informal de la ciudad latinoamericana y de los propios asentamientos uruguayos. El trabajo de TECHO verifica estos aspectos generales de ubicación y conformación física.

Sin embargo, los principales aportes de estos trabajos abonan aspectos sociales hasta ahora no visibilizados: problematizan lo acumulativo e inercial de la creación de nuevos asentamientos y el emergente de organización colectiva de estos.

Aunque TECHO destaca la prodominancia de asentamientos de tamaño pequeño (menos de 40 viviendas), el PMB-MVOTMA subraya que un 62 % de los nuevos asentamientos está a menos de 500 metros de otro asentamiento irregular. Una lectura espacial muestra zonas del Montevideo metropolitano donde los asentamientos se suceden, a veces contiguos, y otras, próximos. De esta manera, al concentrarse territorialmente de manera acumulativa, se consolidan los procesos de segmentación espacial y social. A su vez, parte importante de la población de los nuevos asentamientos tiene origen migratorio en otro asentamiento, en el marco de estrategias de supervivencia familiar y acceso al suelo urbano que trascienden generaciones; ya sea como familias emancipadas o fruto del deterioro del entramado social por inseguridad y tráfico de drogas. A esa movilidad residencial se suman dinámicas demográficas diferenciales: población joven y con niveles de fecundidad mayores a los del país.

En las décadas de 1980 y 1990 primaban los desplazados de la ciudad formal, victimas de un empleo precarizado e ingresos inestables que no permitían mantenerse en el circuito formal de alquileres o pensiones, ni mucho menos acceder a préstamos hipotecarios. Hoy hablamos de un fenómeno transgeneracional y cultural:

«Más allá de las posibilidades económicas, la ocupación del suelo puede ser la única alternativa considerada al momento de establecerse en una vivienda. Esto puede ser particularmente válido para las personas que nacieron en asentamientos irregulares. En muchos casos, la irregularidad en la tenencia del suelo es parte de una forma de vida en la que predomina la irregularidad (empleo irregular, desafiliación educativa)» (PMB, 2018, p. 17).

TECHO, más allá de mencionar carencias en infraestructura urbana (agua potable, energía, saneamiento), hace un esfuerzo por visibilizar que tras esas viviendas precarias hay pobladores con sus historias y luchas. Y recoge a través de entrevistas a referentes barriales que uno de cada tres asentamientos del país tiene algún tipo de organización entre los vecinos para la gestión de proyectos que impactan en la calidad de vida del vecindario (generalmente, mejora de la infraestructura). En el caso de las principales ciudades del Interior (Salto, Paysandú, Maldonado, Rivera) este número llega a la mitad de los asentamientos. Esto es destacado como una importante plataforma sobre la que actuar con intervenciones de inversión pública territorializada.

Uruguay tiene un sólido marco normativo en hábitat y territorio articulado principalmente por las leyes de vivienda de 1968 y de ordenamiento territorial de 2008. Los planes quinquenales de vivienda e instrumentos de ordenamiento territorial tienen un rol fundamental en la apuesta por la ciudad formal. Figuras como el deber de uso, la policía territorial, la cartera de tierras o hasta el viejo impuesto al baldío lo hacen explícito.

En las últimas campañas electorales el hábitat precario ha sido abordado lateralmente pero con protagonismo creciente. La propuesta (instrumentada, y de acotadísimo impacto) del Plan Juntos (2009) y la emergencia habitacional declarada por el presidente Mujica en 2010 y, en 2014, la propuesta del candidato Lacalle Pou de «asentamiento cero» son muestras de ello.

La experiencia de la Ley de Vivienda Promovida (ley 18795, ex-Vivienda de Interés Social, 2009), la reciente ley que posibilita enajenar inmuebles vacíos y degradados (ley 19676, 2018) y hasta el decreto que consagra la existencia de una Estrategia Nacional de Acceso al Suelo Urbano (decreto 421/2018) hablan de nuevos marcos normativos que aún esperan su instrumentación o la evaluación de las transformaciones sociourbanas.

Mientras, la cantidad de asentamientos no disminuye (para el PMB el número general está estable, compensando realojos e intervenciones con nuevos episodios, y para TECHO, ha crecido) y los ya establecidos crecen o se densifican.

El país debe mirar sus barrios populares en clave de integración con la ciudad formal y revisar críticamente sus políticas de intervención en términos de implementación y trayectoria. La gestión urbana se vuelve central. Los aspectos materiales y sociales, analizados integralmente, deben alimentar un debate que no puede subestimar los leves crecimientos poblacionales del país. Siendo casi los mismos pobladores durante décadas, nos movemos en el territorio, generamos nuevos arreglos familiares y, en definitiva, ocupamos las ciudades de una forma diferente. ¿Las políticas han acompañado estas transformaciones? El Uruguay urbano asoma a la arena pública.

La postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador ante los hechos que se desarrollan en Venezuela demuestra una clara inclinación hacia regímenes y valores ajenos a la democracia, al equilibrio de poderes y a los derechos humanos.

En pocas horas, la indignación, la solidaridad y las expresiones de repudio frente a un régimen que en su desesperación elige inmolarse en el asilamiento y, con él, arrastrar a las llamas a un pueblo, se propagaron en redes sociales, noticieros, cuentas de Twitter y otros medios.

Junto a esas manifestaciones de apoyo, los rostros de Juan Guaidó y de los indígenas que fueron perseguidos y golpeados, así como las declaraciones de elementos de las fuerzas armadas venezolanas que renegaban del gobierno de Maduro, escribían una nueva página en una historia que, sin final claro aún, ha contado con protagonistas cruciales: Henrique Capriles, María Corina Machado, Julio Borges, Leopoldo López, Lilián Tintori, Antonio Ledezma y millones de mujeres y hombres que, desde el país o desde el exilio, tomaron en sus manos la defensa de la democracia, de la legalidad y de la pluralidad.

Hoy, y salvo posiciones extremas de ceguera, complicidad o conveniencia, al mundo no le queda duda de que más de veinte años de chavismo han traído consigo la casi total y sistemática destrucción de las instituciones, la economía y el entramado social de un país; hoy, además, son cada vez menos los gobiernos que no han expresado su respaldo a un proceso que detenga la usurpación del poder y convoque a elecciones libres.

Maduro y los suyos se encuentran cada vez más solos: como el animal acosado, lanzan embistes que reflejan el tamaño de su desesperación. Pero cuentan, no obstante, con el apoyo de esas naciones que han hecho del autoritarismo —democrático o dictatorial— una forma de perpetrar a un solo grupo en el poder. Ahí están, entre otros, Rusia, China, Cuba, Bolivia y, como nuevo aliado, el gobierno de López Obrador en México.

Desde el 23 de enero pasado, el mandatario mexicano se negó a reconocer a Guaidó como presidente interino. En cambio, a través del canciller Marcelo Ebrard, señaló su preocupación «por los derechos humanos y las libertades» e hizo un llamado a un diálogo que terminó en la presentación del Mecanismo Montevideo a principios de febrero, un infructuoso y abandonado hasta por Uruguay intento de depositar la confianza de una transición en quienes solo buscan aferrarse a como dé lugar al poder.

La justificación que las autoridades mexicanas han esgrimido para sostener hasta el día de hoy su postura tiene un nombre: la doctrina Estrada, un resabio de ambigüedades que, con notorias excepciones —ante las dictaduras de Franco en España y de Pinochet en Chile—, se utilizó en el pasado para mantenerse al margen de conflictos internacionales.

Así, detrás de la trinchera cómoda de los principios de no intervención, autodeterminación de los pueblos, solución pacífica de controversias y respeto a los derechos humanos que sostiene esa doctrina, se encontraba evitar que el propio gobierno del país fuese cuestionado por la simulación democrática distintiva del régimen encabezado durante más de setenta años por el Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Durante el siglo XXI y a partir de la alternancia democrática en México, esa postura poco a poco fue cediendo y dejada a un lado para asumir un papel mucho más protagónico en la región; por lo que refiere a Venezuela, tuvo su más destacada actuación en el impulso a la creación del llamado Grupo de Lima.

Hoy, sin embargo, se vuelve a apelar a una serie de justificaciones que cada vez son y serán menos efectivas para ocultar el hecho de que el gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador es cómplice del régimen asesino de Nicolás Maduro.

Y esa complicidad es a causa de un silencio que calla cuando hay que denunciar, que da la espalda cuando de manera cotidiana se atropellan los derechos humanos, que exige dejar de lado conveniencias o afinidades ideológicas tanto del partido del presidente —Morena— como de sus aliados, para poner en primer lugar la solidaridad frente a la realidad dolorosa y urgente de millones de venezolanos.

El mensaje que México arroja es uno y conciso: se da la espalda a las democracias occidentales y sus valores, y se voltea hacia alternativas que solo tienen en común una vía que termina en diversas formas de autoritarismo. Es pertinente y necesario entender, además, que esa ha sido de igual forma la ruta que hoy sigue la administración de López Obrador.

El viernes pasado (15 de febrero) Trump aceptaba firmar el acuerdo sobre el presupuesto federal.

En el acuerdo se contemplaron 1350 millones de dólares que el presidente de los Estados Unidos dispondrá para la seguridad fronteriza, esto es, para destinar a la construcción del tan añorado muro entre México y el país norteamericano. Al mismo tiempo, en una conferencia de prensa en los jardines de la Casa Blanca, Trump declaraba la situación en la frontera sur como de emergencia nacional y con ese recurso constitucional hacía posible desviar una serie de fondos adicionales (hasta 8000 millones de dólares) para el mismo fin.

En los días previos, políticos de ambas orillas, expertos y la prensa especializada conjeturaban sobre la pertinencia (o no) de que Trump echara mano de esa herramienta —aprobada por el Congreso en 1976 bajo el título de Acta de Emergencias Nacionales— si y solo si las dos Cámaras no llegaban a un acuerdo. Demócratas y republicanos alcanzaron el consenso horas antes de un nuevo cierre parcial de la Administración y aunque Trump expresó su descontento, anunció que firmaría el presupuesto. Las sombras que proyectaba la declaración de emergencia parecían desvanecerse en el horizonte… Pero solo por unas horas, pues más tarde el presidente declararía de todos modos la emergencia nacional arguyendo «la invasión del país —a través de su frontera sur— de drogas, traficantes, toda clase de criminales y pandillas».

Varios artículos explican qué es una emergencia nacional, cuántas veces antes los presidentes norteamericanos han echado mano de esta acta o bien qué características distinguen la declaración de Trump de otras anteriores. En este me gustaría, en cambio, plantear algunas interrogantes y señalar algunos rasgos que este gesto traza en la vida democrática del país norteamericano, de cara al futuro inmediato y más lejano.

1. Se sabía de antemano que la invocación de una emergencia nacional abriría un conflicto entre el poder presidencial y el parlamentario. Trump usurpa con este acto, al menos temporalmente, el control presupuestario al Congreso, santo y seña del poder legislativo. En la historia de los Estados Unidos es posible rastrear la tensión entre ambos poderes (el judicial en tercer término), y también un cierto equilibrio entre ambos. Estados Unidos está orgulloso de sus presidentes como líderes de la nación (es el único país que conozco que le dedica una celebración nacional al año) y al mismo tiempo ha fortalecido y protegido el trabajo de sus legisladores desde sus inicios democráticos. Las declaraciones de emergencias anteriores (muchas de ellas siguen, de hecho, vigentes) no parecían contravenir este equilibrio —por más que sea un recurso por el cual el presidente esquiva el proceso de aprobación parlamentaria—. A escasas horas de que Trump declarara la emergencia, 16 estados federados —casi todos gobernados por demócratas— presentaron una demanda penal contra la acción presidencial. No se trata de la única demanda activa (dos organizaciones públicas han presentado sendas demandas y se esperan otras más) lo que llama la atención sobre la naturaleza anómala de esta y, lo que es más importante, el desprecio que la actual Administración tiene ante el equilibrio democrático. En palabras de la senadora republicana por el estado de Maine: «Si el presidente puede reasignar para sus propósitos miles de millones de dólares en fondos federales que el Congreso ha aprobado para propósitos específicos y que se han convertido en ley, eso tiene el potencial de hacer que el proceso de apropiación no tenga sentido».

2. Durante el anuncio del viernes pasado Trump reconocía la batalla judicial que su declaración de emergencia enfrentaría. En realidad, no es la única vía de enfrentamiento disponible aunque sí la más plausible. Y es que aunque la Constitución contempla un recurso para contravenir la declaración —que se conoce como resolución conjunta de término para que venza el estado de emergencia—, dicho movimiento requiere del apoyo en ambas Cámaras y aun entonces el presidente podría vetar dicho recurso —en una enmienda al Acta de Emergencias Nacionales que data de 1981… de nuevo, la tensión entre ambos poderes—. Por ahora, los republicanos respaldan la declaración del presidente, mientras que los demócratas estudian si presentar una demanda propia o sumarse a alguna preexistente. ¿Los republicanos se han convertido en rehenes de la intemperancia de su presidente o defenderán a su pesar la separación e independencia de poderes? ¿Podrán los demócratas escapar de la caracterización de inmovilistas, con la que los califica Trump implícitamente con este movimiento —él, el presidente, actúa y mantiene sus promesas, mientras los demócratas están ocupados en el juego político?

3. La batalla en los juzgados que la declaración de emergencia enfrentará es opaca en cuanto a los resultados que deparará. Por más que el presidente norteamericano se jacte de que perderá las batallas en los tribunales locales pero ganará la guerra en el Tribunal Supremo de Justicia —donde recientemente asignó jueces conservadores cercanos a su persona—, no está claro que así sucederá. Se tratará, sin duda, de una larga pelea en los ámbitos del derecho administrativo y del derecho constitucional, pero Trump parece acostumbrado a vivir en medio de cientos de juicios en su contra sin que ello le quite el sueño. La mala noticia es que es imprevisible lo que sucederá si el caso llega al Tribunal Supremo, y lo que en el largo camino hasta allá modifique, resquebraje, debilite a su paso. Como dice el profesor de Derecho de la Universidad de Texas, Robert Chesney: «sabíamos que el presidente estaba tomando un camino arriesgado e impredecible. Resulta que está arrastrando a los tribunales con él».

4. El lunes 11 de febrero Trump se presentó en un acto de campaña en El Paso (Texas) en donde se podía leer una gran pancarta con el eslogan Finish The Wall (‘termina el muro’), que apuntaba ya la dirección que tomaría más tarde. Más allá de la pertinencia real de un muro como elemento nuclear y efectivo de la seguridad fronteriza, más allá de que Trump construya, solo alcance a renovar o añada algunos kilómetros más a la barda ya existente, la persistencia en el tema tiene el fin de situar el muro como narrativa central de su batalla contra el establishment político y su sincera obsesión por la seguridad nacional. Como he dicho en otra parte, Trump no está interesado en la realidad, los hechos o los datos concretos, sino en la percepción que sus gestos logren inocular en quienes lo apoyen. En una encuesta del canal de comunicación Fox News tras el anuncio de emergencia, el 63 % de los encuestados consideraron que la situación en la frontera es problemática o de emergencia. El 87 % valoraron la adicción a los opioides como de gravísima crisis de salud pública. El presidente norteamericano fue un paso más allá (del crimen y el flujo de drogas que en su narrativa conlleva la inmigración) y vinculó la construcción del muro con la bonanza económica: la positiva marcha de la economía norteamericana atraerá a miles de migrantes más, solo se podrá detener el inevitable efecto llamada de la bonanza económica mediante un muro total. El muro también como guardián de las esencias nacionales, presentes y futuras… Sea el caso que sea, Trump está siendo muy exitoso —entre sus bases y en la agenda electoral de cara al 2020— en speaking the wall into existence.

Antes de finalizar este texto me parece pertinente señalar tres breves apuntes más:

1. Trump ha sido consistente en el continuo desprestigio de las instituciones gubernamentales existentes, de las que depende el trabajo presidencial —sea el líder que sea quien ocupe la Oficina Oval—. Al afirmar, en el anuncio de emergencia, que los demócratas mentían al decir que el flujo de drogas se lleva a cabo principalmente a través de puertos de entrada establecidos y que un muro sería poco efectivo para atajar este problema, Trump no estaba siendo preciso. La información proviene de la oficina de Customs and Border Patrol (CBP), a la que solapadamente deja en descrédito.

2. Junto con la declaración de emergencia el presidente que la invoca tiene que explicar al Congreso de dónde piensa obtener los fondos para apuntalar dicha acción. En el caso actual, los 8000 millones de dólares mencionados saldrían de Departamento de Defensa (2500 millones), de un fondo para construcciones militares (3600 millones) y unos 600 millones adicionales del Departamento del Tesoro. Si a esto sumamos el uso del vocabulario castrense (la invasión que se avecina) en el anuncio, Trump caracteriza el muro como un fenómeno bélico. Solo Bush hijo recurrió a la declaración de emergencia bajo el mismo precepto, tras los ataques del 11S. Junto con la economía, la retórica militar y de seguridad nacional es el otro gran eje sobre el que pivota la administración actual. ¿De qué clase de nuevo militarismo estamos hablando ahora?

3. La larga discusión sobre si Trump invocaría o no la emergencia nacional para obtener los fondos que requiere la construcción de su particular muro fronterizo, al final ha tenido dos efectos perturbadores: si se tratara de facto de una emergencia, no habría tomado tanto tiempo tomar dicha decisión; pero también, y al mismo tiempo, esta discusión ha tenido un efecto somnífero entre los ciudadanos, a quienes no les parece interesar las consecuencias legales, políticas, éticas y sociales que desencadene este nuevo fantasma que recorre Estados Unidos.

El libro Arístides Calvani parlamentario, compilación de discursos en Cámara hechos por el prohombre referente de la democracia cristiana en América Latina, es un aporte que permite dimensionar la gigantesca contribución de este dirigente profundo y universal.

En el marco de la conmemoración de los 100 años del nacimiento del venezolano Arístides Calvani, quien en vida fuera abogado, profesor universitario, diputado, senador, ministro y canciller, el Instituto Fermín Toro suma a su colección La República de Todos este número, con el apoyo de la Fundación Konrad Adenuaer. El encargado de la selección y el estudio introductorio con un breve relato de la existencia de Calvani, es el doctor Ramón Guillermo Aveledo, antecedido por un prólogo del diputado Juan Miguel Matheus.

Esta obra reúne fragmentos valiosos del orador y congresista. Del Calvani dirigente de las leyes, que dejó un legado forjado con los valores humanistas que signaron su vida. Hace un repaso panorámico y acotado por el pensamiento político, social, económico y del derecho. Desde la autonomía municipal hasta el salario justo; desde la protección patrimonial de la familia a la importancia de considerar la fuerza psicológica igual de relevante que la fuerza física; desde la inmunidad parlamentaria como institución de la democracia hasta la guerra revolucionaria. Con una fina escogencia el profesor Aveledo nos permite mirar en profundidad el criterio de un dirigente clave en el socialcristianismo latinoamericano.

Calvani sobre la unidad en la región:

«Hablamos mucho en América Latina acerca de los vínculos que nos unen, de lengua, tradición, historia; pero son pocos los que luchan decididamente por obtener que este sueño se convierta en realidad. Pensar que pudiera serlo de una sola vez es utópico. Por eso, quienes luchan en forma concreta por ir realizando paulatinamente este sueño merecen todo nuestro apoyo y toda nuestra simpatía.»

La estatura de su participación en el proceso de paz de Centroamérica, su persistencia en la formación de nuevas generaciones de dirigentes bajo la construcción filosófica del cristianismo y el uso responsable del poder como instrumento para servir al prójimo son elementos que describen la carrera de este venezolano excepcional. Sintetiza Aveledo:

«Arístides Calvani, el político, como militante nacional e internacional, parlamentario, ministro, formador de jóvenes generaciones de cuadros, dirigente partidista, nos deja un legado, íntimamente ligado a aquellos principios operativos que machacaba en sus clases de los cursos de formación: una política realista con bases éticas es posible. No se trata de una contradicción irresoluble.»

Ficha técnica

Arístides Calvani parlamentario
Ramón Guillermo Aveledo (selección y estudio introductorio)
Juan Miguel Matheus (prólogo)
Caracas, Instituto de Estudios Parlamentarios Fermín Toro, Fundación Konrad Adenauer y AB Ediciones, 2018
ISBN: 978-980-244-898-2

Este fin de semana el mundo girará su atención hacia la frontera colombo-venezolana.

Juan Guaidó, presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela, anunció hace más de una semana que la ayuda humanitaria ingresaría al país el próximo 23 de febrero. Los días que siguieron a su declaración han estado marcados por expresiones de solidaridad internacional: países de la Unión Europea donarán 18 millones de dólares y 70 toneladas de ayuda, Estados Unidos envió insumos a Cúcuta y el multimillonario británico Richard Branson realizará el concierto Venezuela Aid Live con el propósito de recaudar fondos para aliviar la situación.

Sin embargo, mientras se unen esfuerzos para encontrar paliativos para la emergencia, Nicolás Maduro la niega. Quien usurpa el Poder Ejecutivo en Venezuela afirma que se trata de un «show de Donald Trump» y una estrategia «del Imperio» para hacerse de las riquezas del país. En este artículo presentamos cifras que describen las dimensiones de la emergencia, exponemos las causas que la provocaron y ofrecemos una breve dimensión política del problema.

I.

Resulta común transitar por cualquier calle de Venezuela y encontrar personas hurgando en la basura. Se ha vuelto cotidiano que algún niño muera por falta de medicamentos y que predominen las solicitudes de insumos a modo de servicio público. La crisis humanitaria en Venezuela es completa y transciende fronteras. Solo así se explica el fenómeno de los millones de personas que han salido de sus hogares huyendo de la miseria, sin más destino que el deseo de dejar el hambre atrás.

Las cifras describen lo que muestran las imágenes. La Encuesta Nacional de Hospitales (2018) indica que ocho de cada diez centros presentan fallas de medicamentos e insumos. Destaca que ningún laboratorio clínico presta servicio permanente. Denuncia que 96 % de los servicios de nutrición están inactivos y 66 % de las unidades de pediatría no cuentan con fórmulas para recién nacidos. Seis de cada diez camas de los hospitales están inactivas y más de la mitad de los pabellones están cerrados. El estudio realizado por la Asamblea Nacional y por Médicos por la Salud revela el colapso total del sistema sanitario y explica el fallecimiento de pacientes que presentan cuadros que no deberían ser mortales.

La crisis en materia de salud es extendida y se ve agravada por el aumento del índice de pobreza. La Encuesta Nacional de Condiciones de Vida —realizada por la Universidad Católica Andrés Bellos y otras casas de estudio— revela el incremento sistemático del indicador. En 2014 arrojó 48,4 % de pobreza. En 2015 aumentó a 73 %. El año siguiente subió a 81,8 % y en 2017 llegó a 91,3 %. Esto quiere decir que hace dos años nueve de cada diez hogares venezolanos eran pobres. La realidad lleva a pensar que esa cifra se ha incrementado en la actualidad.

Cuando revisamos la situación de la alimentación encontramos un panorama devastador. En 2018 Caritas de Venezuela alertó que durante ese año se podía prever el fallecimiento de 280.000 niños a causa de desnutrición. Su directora, Janeth Márquez, indicó que 11.4% de los niños menores de cinco años sufren de malnutrición moderada o severa. Por su parte, el Observatorio Venezolano de Salud, denunció que seis de cada diez niños presenta algún grado de desnutrición.

Las cifras citadas en este artículo son ofrecidas por la sociedad civil. La Revolución bolivariana no publica cifras oficiales. Cree que ocultando las estadísticas puede invisibilizar la realidad. Sin embargo, la crisis humanitaria en Venezuela es imposible de esconder. Trasciende fronteras y ha sido registrada por organizaciones no gubernamentales, universidades y comisiones del Poder Legislativo que se han dado a la tarea de llevar registro del drama humano que ha creado el socialismo del siglo XXI. Venezuela, después de veinte años de régimen chavista, es un país profundamente desigual, estructuralmente pobre y carente de libertad.

II.

Las dimensiones estructurales de la crisis humanitaria en Venezuela despiertan la inquietud de muchos. Es recurrente la pregunta: ¿cómo un país con tantos recursos naturales puede llegar a tales extremos de pobreza? Ángel Alvarado es diputado a la Asamblea Nacional por Petare, el sector popular más grande de Caracas. Es economista y explica que «la emergencia humanitaria compleja que sufrimos los venezolanos no es producto del azar ni del descenso de los precios del petróleo. Es consecuencia de un modelo político y económico que desconoce la propiedad privada, la iniciativa particular y los derechos económicos establecidos en nuestra Constitución. El socialismo del siglo XXI heredó los principios de dominación del socialismo real y por eso ha generado consecuencias similares a las grandes tragedias que ocurrieron en Europa del Este en el siglo XX».

«Las políticas expropiatorias de Hugo Chávez Frías a partir de 2007 destruyeron nuestra capacidad productiva. Eso generó que lo que se consumía en el país era mucho más de lo que se producía puertas adentro. Mientras los precios del petróleo estuvieron altos, el Estado venezolano se endeudó y suplió estas carencias con exportaciones. De hecho, Venezuela multiplicó su deuda durante los seis años de bonanza petrolera. Chávez llevó la deuda externa de 30.000 millones de dólares a 180.000 millones de dólares. Así, el Estado venezolano agotó su capacidad de endeudamiento. Cuando cayeron los precios del petróleo, la Revolución bolivariana optó por cancelar los compromisos adquiridos y suprimir la importación de alimentos y medicinas. Entre 2014 y 2016 las importaciones de alimentos cayeron 70 % y entre 2012 y 2016 la importación de medicamentos y equipos médicos cayó el mismo porcentaje», indicó.

Para el diputado de Primero Justicia el colapso simultáneo de las importaciones y de la producción local es la causa inmediata de la crisis. Ambos derrumbes —importaciones y producción— son consecuencia de un modelo político y económico que ejerce el poder alejado de la justicia y encuentra en cada persona un objeto para su dominación.

III.

Culmino este artículo con tres consideraciones políticas. La primera refiere al peso de las variables estructurales en los procesos de cambio político. La segunda alude a la importancia de la solidaridad democrática. Y la tercera propone soluciones reales al problema.

Primero: el caso venezolano confirma que las condiciones estructurales precarias no son variable determinante para concretar el cambio político. La pobreza, la desigualdad y la injusticia social crean condiciones que pueden propiciar un cambio de régimen, pero no lo garantiza. Tal como lo explican Mainwaring y Pérez Liñán (2013), los sistemas políticos pueden resistir condiciones estructurales adversas y lo que propicia el cambio es la cristalización de las preferencias normativas de los actores políticos.

Segundo: el caso venezolano destaca la importancia de la solidaridad internacional en materia política e humanitaria. Durante años la oposición venezolana alertó nacional e internacionalmente sobre el colapso económico que padecemos hoy. Entre 2016 y 2019 la Asamblea Nacional aprobó 16 acuerdos parlamentarios sobre el avance de la emergencia humanitaria compleja. La solidaridad política e humanitaria expresada por más de 50 países después del 23 de enero es el megáfono que ha ayudado a expandir la voz de quienes más sufren.

Tercero: la solución de fondo a la emergencia humanitaria compleja es el cese de la usurpación y la apertura hacia la democracia. La ayuda humanitaria será un paliativo para la grave situación que vivimos. Sin embargo, la verdadera solución al problema social se encuentra en el ámbito de lo político. Venezuela solo podrá volver a ser próspera si recupera el orden constitucional y restaura la democracia.